El Tema de los Derechos Humanos en la Política Exterior de la Administración Barco
Adriana de la Espriella
Investigadora del Centro de Estudios Internacionales, UNIANDES.
Juan Gabriel Tokatlian
Director del Centro de Estudios Internacionales, UNIANDES.
es
3-8
01/04/1988
01/04/1988
Uno de los aspectos de la política interna que influyen, significativamente, en el diseño de las relaciones internacionales de la administración del Presidente Virgilio Barco Vargas es la situación de precaria estabilidad y creciente polarización que vive el país.
El entrecruzamiento y retroalimentación de diversas manifestaciones de violencia determinan un escenario doméstico incierto y altamente conflictivo. Desde la perspectiva gubernamental, varias de dichas "violencias" —la proveniente de los alzados en armas, la generada por el terrorismo y la emanada del tráfico ilegal de drogas— tienen relación con factores y/ o actores externos que, mediante sus influencias o acciones, pueden provocar consecuencias internas en cuanto a la intensidad y el alcance de los actos violentos adelantados por distintos agentes sociales. En forma concomitante, las críticas o reacciones de algunos o varios estados y actores no gubernamentales respecto a los niveles de violencia local y a la capacidad oficial para hallar respuestas a ésta dentro de los marcos constitucionales y democráticos, pueden conducir a crear condiciones de presión diplomática e internacional sobre las gestiones del gobierno. También, según la administración, estas presiones —a pesar de la buena intencionalidad de los agentes que las generan— no necesariamente contribuyen, siempre, a una mayor distensión doméstica pues incluso pueden exasperar la situación de radicalización y polarización que aqueja al país.
En ese contexto, el tema de los derechos humanos ha comenzado a gravitar notablemente en la formulación de las políticas interna y externa de la presente administración y ha surgido como una dimensión fundamental que impacta las conductas y los movimientos del ejecutivo en ambas esferas.
En lo doméstico, el Presidente Barco ha reiterado que "la protección de los derechos humanos no es solamente una obligación constitucional. Es además un deber político. Donde no se protegen los derechos humanos podrá "haber un conglomerado pero no una comunidad, podrá haber gobierno, pero no democracia, podrá haber desarrollo, pero no progreso social, podrá haber orden pero nunca normalidad y pacífica convivencia".[1]
Junto a reiterados pronunciamientos en favor de la defensa de los derechos humanos, el mandatario liberal ha adoptado diferentes decisiones en esa dirección: la promulgación de un Tribunal Especial para investigar crímenes políticos (que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema); la creación del Instituto para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos "Guillermo Cano" en el marco de la E.S.A.P.; el nombramiento de un reconocido intelectual democrático vinculado a la cuestión de los derechos humanos, Álvaro Tirado Mejía, al frente de la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos; el cambio de un Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas militar por uno civil; la escogencia de un Procurador General de la Nación encargado (luego del trágico asesinato del ex-Procurador, Carlos Mauro Hoyos, a manos de narcotraficantes) del ala progresista del partido de gobierno, Horacio Serpa Uribe; y la concreción de diversas medidas especiales para fortalecer la rama jurisdiccional, la procuraduría y la policía judicial, entre otras.
Pero, paradójicamente, y en forma casi paralela, escogió en un momento complejo y difícil de su gestión, un Ministro de Justicia de la "línea dura" del partido liberal, José Manuel Arias Carrizosa, quien apoyó la creación de grupos de "autodefensa" (y quien tiempo después debió renunciar por el "affaire" del Rolls Royce); estableció un Estatuto para la Defensa de la Democracia, más conocido como "Estatuto Antiterrorista" (que para varios sectores rememoraba el draconiano Estatuto de Seguridad del ex-Presidente Julio César Turbay Ayala); nombró un Jefe Militar especial y con amplios poderes para la convulsionada región de Urabá, entre otras medidas. Al tiempo que no pudo detener los asesinatos de centenares de militantes y representantes políticos con cargos legislativos y municipales de la Unión Patriótica, ni se ha avanzado concretamente en el juzgamiento y castigo de individuos o grupos comprometidos, directa o intelectualmente, con la muerte de miembros de dicho partido (como en el caso de su líder y excandidato presidencial, Jaime Pardo Leal), de voceros de los derechos humanos y líderes estudiantiles y de base.
De alguna manera, esta dualidad de fenómenos expresa la existencia de una suerte de "empate", a nivel del gobierno, entre dos líneas de interpretación frente a la problemática de violencia política y en cuanto a los instrumentos idóneos y efectivos para asegurar la defensa de los derechos humanos. Por ello, las recientes transformaciones (10 de Junio) operadas en el gabinete deberían evaluarse a la luz de sus efectos sobre la política de paz y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, el prolongado impasse en la correlación de fuerzas (en el gobierno y por fuera de él) entre sectores con más vocación de apertura y otros más inclinados a cerrar el sistema político, afecta la imagen interna y externa en cuanto al compromiso de la administración respecto al tópico de los derechos humanos y en términos de la voluntad oficial para encontrar respuestas operativas y no coactivas, dentro del respeto de las libertades públicas y civiles, a una ascendente vorágine de violencia. La permanencia del Canciller Julio Londoño al frente de su cartera alienta la posibilidad de continuar una línea de acción internacional en el terreno de los derechos humanos y en relación a la búsqueda de la pacificación y el diálogo en el conflictivo cuadro centroamericano.
En efecto, el ministro Londoño ha guiado una diplomacia dinámica en esos campos. Es claro que si un estado escoge preservar la paz interna y la estabilidad política, resulta clave la necesidad de fortalecer el frente internacional mediante una política activa y consecuente. En ese sentido, (a) se torna imperioso promover la atenuación (en vez del agravamiento) de las posibles tensiones externas; (b) evitar eventuales intentos de desestabilización por parte de diversos actores foráneos; (c) deslindar el potencial o real conflicto local de su probable internacionalización; (d) actuar en forma realista y no ideológica; (e) no reproducir, nacional o regionalmente, la disputa Este-Oeste; (f) aislar al máximo posible la problemática de violencia interna del entorno global para hacerla más manejable y, a su vez, más factible de mitigarse mediante mecanismos pacíficos y consensuales; y (g) propiciar una actitud decidida en el área de los derechos humanos. En relación a los seis primeros puntos, la política hacia Centroamérica, Panamá, Estados Unidos y Cuba, en el caso colombiano, tiene un efecto significativo en términos de la situación política interna.
Alianzas ideológicas automáticas y estrechas, respaldo a acciones de fuerza o de corte militarista, in activismo ante signos preocupantes de intervención foránea y manipulación del derecho internacional, errores en el cálculo de los verdaderos intereses nacionales en juego, una visión hiper-ideologizada de la seguridad externa e interna, y la carencia de una aproximación estratégica a favor de la distensión regional e internacional, entre otros factores, pueden impactar negativamente sobre el proceso doméstico. En gran medida, el despliegue internacional del actual gobierno frente a los actores mencionados —con base en un accionar pragmático, de no alineamiento, de respaldo consistente a la disminución de tensiones a nivel subregional y global, de defensa de los principios básicos del derecho internacional y a favor de salidas negociadas y políticas a diversas crisis cercanas al país— le ha permitido, hasta el momento, despejar el fantasma de la internacionalización de la violencia nacional y frenar la exacerbada ideologización (y el conflicto abierto y ciego) que emanaría de colocar a Colombia dentro del área de los así denominados "conflictos regionales".
En referencia al último punto —las iniciativas en torno a la temática de los derechos humanos— las acciones emprendidas en meses recientes, en particular, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, han sido de gran relevancia.[2] Quizás el hecho más importante lo haya constituido la actuación de Colombia en el seno del 44vo. período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reunido en Ginebra durante febrero-marzo de este año.
Tal como aconteció en 1987, la delegación norteamericana elevó una resolución condenatoria de presuntas violaciones de los derechos humanos en Cuba, mientras este último país presentó una del mismo carácter respecto a Estados Unidos. En aquella oportunidad, ambas mociones fueron derrotadas. La estadounidense fue rechazada por 19 votos en contra, 18 a favor y 6 abstenciones. Actuando conjuntamente, 5 miembros del Grupo de los Ocho —México, Venezuela, Perú, Argentina y Colombia— no respaldaron la propuesta norteamericana ni tampoco la cubana.
En esta ocasión, se reprodujeron las fuertes presiones estadounidenses que habían caracterizado ya la 43va. reunión de la Comisión. También, en este caso, Estados Unidos y Cuba introdujeron iniciativas condenatorias de la respectiva contraparte. La norteamericana aseveraba, en su preámbulo, las "continuas y extendidas violaciones de una amplia gama de derechos humanos básicos y libertades fundamentales" en la isla y se basaba en "acusaciones" previamente establecidas. En su parte dispositiva instaba a que el gobierno cubano permitiera "el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones cubanas" y no de una delegación de la Comisión, como hubiera correspondido.[3]
En una versión posterior y modificada, la representación norteamericana intentó moderar el lenguaje (por ejemplo, ya se hablaba de "informes" en vez de "acusaciones") y solicitó la creación de un grupo de trabajo de la Comisión para viajar a examinar la situación de los derechos humanos en Cuba. Pero, aclaró que dicho examen no sólo debía incluir una visita a Cuba, sino que también se fundamentara "en toda la información que solicite y obtenga de todas las fuentes", sin explicar si estas serían las existentes en Cuba (oficiales y/ o no gubernamentales) y/o en otros países. Es decir, no sólo quedaba abierta la posibilidad de encontrar y corroborar evidencias en la isla, sino además otras que se obtuvieran por fuera. Y esto, obviamente, se refería a las que pudiera suministrar el gobierno estadounidense; con lo cual ningún informe "in situ" sería suficiente o del total agrado del gobierno norteamericano por cuanto podría argüir que sus informaciones eran más precisas y valederas. En pocas palabras, en buena medida, la administración estadounidense podría ser, al mismo tiempo, fiscal y juez del estado de los derechos humanos en Cuba. Eso resultaba inadmisible para el resto de las delegaciones en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y distorsionaba el sentido y propósito de las investigaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos que se efectúan en un país, cualquiera que fuese el régimen político de éste.
En realidad, nunca existió una mayoría concluyente ni abrumadora a favor de la resolución norteamericana (ni en su primera y segunda versión)[4]. En especial, los representantes europeo-occidentales y latinoamericanos buscaron siempre una salida equilibrada que no polarizara el debate, ni transfiriera al seno de la Comisión una nueva arista de la confrontación Este-Oeste. Al mismo tiempo, no se entendía la desmesurada insistencia que, en su último año de mandato —y cuando las relaciones cubano-norteamericanas no se encontraban en su punto más áspero o tensionante— la administración Reagan demostraba frente a esta cuestión, con una actitud tan radical y exasperante.
Finalmente, por amplio consenso fue aprobado un proyecto de decisión patrocinado por Argentina, Colombia, Perú y México que, aceptando una invitación del gobierno cubano, designaba un comité de cinco miembros de la Comisión para viajar a Cuba "a fin de observar la situación en materia de derechos humanos" para luego elaborar y presentar un informe al respecto.[5]
Con esta solución se lograban varios objetivos: entre otros, comprometer a Cuba en la aceptación de una visita formal de la Comisión; no convertir el debate en el marco de la ONU en un campo de batalla ideológico; reivindicar una fórmula latinoamericana para resolver cuestiones que interesan y competen, prioritariamente y no aisladamente, a la región; y asegurar, mediante una acción creativa y de respaldo unánime, el no veto norteamericano.
El gobierno de Colombia, en particular, conseguía afirmar tres tesis que luego se reiterarían en la respuesta oficial al informe de Amnistía Internacional (A.I.) sobre la situación nacional: la no politización de posturas y discusiones en torno a temas tan fundamentales, sensibles y complejos como el de los derechos humanos; la no condena anticipada antes de evaluar, en forma sopesada, y verificar, en términos concretos, la realidad sobre los derechos humanos en un país; y el hecho de que las visitas de prestigiosos organismos internacionales y/o no gubernamentales para analizar el estado de los derechos humanos en un país deben realizar una tarea abierta, franca y responsable para contribuir al mejoramiento de la situación interna y no para exacerbar posiciones que pueden, más allá de la voluntad de dichas instituciones, conducir a una mayor polarización doméstica.
Entre otros importantes efectos, la conducta cíe Colombia le permitió que fuese escogida en la representación de cinco miembros de la Comisión que viaja a Cuba. El embajador colombiano ante la Comunidad Económica Europea, Rafael Rivas Posada, fue nombrado en la delegación que irá a la isla a mediados de este año. En forma concomitante, el prestigio y reconocimiento ganados por el país mediante una ardua y hábil diplomacia en el caso cubano, contribuyó a que después de un viaje que realizara el Canciller Londoño a La Habana a finales de mayo, para un encuentro del Buró de Coordinación de los No Alineados, Colombia lograra un significativo apoyo del bloque latinoamericano para su postulación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en enero próximo.
Sin embargo, en el marco de una creciente "guerra sucia" interna —cuya demostración más evidente la constituyen las reiteradas matanzas de campesinos a manos de sicarios; los asesinatos, entre muchos otros, del alcalde popular electo por la Unión Patriótica en Remedios (Antioquia), Elkin Martínez, y del Procurador de la Nación, Carlos Mauro Hoyos; la proliferación de actos terroristas; las recurrentes prácticas de extorsión y boleteo por parte de grupos guerrilleros; los secuestros del ahora alcalde social conservador de Bogotá, Andrés Pastrana, y el excandidato presidencial conservador, Álvaro Gómez Hurtado; las incontroladas acciones de grupos paramilitares y la mayor violencia generada por sicarios vinculados al narcotráfico— las violaciones de los derechos humanos se fueron incrementando vertiginosamente en lo que va de 1988. En el mes de abril, se sucedieron una serie de hechos importantes que influyeron en el desenvolvimiento del tema, su discusión interna y su proyección internacional.
Por un lado, el pleno del Parlamento Europeo condenó enfáticamente las múltiples matanzas de campesinos y trabajadores en Mejor Esquina (Córdoba), Urabá (Antioquia) y San Alberto (Cesar); exhortando al gobierno a tomar medidas urgentes para frenar la ola de violencia política pero manteniendo la vigencia y respeto de las libertades públicas.[6] Por el otro, un encuentro de la Unión Interparlamentaria Mundial (al que asistieron congresistas de los partidos colombianos, (incluida la Unión Patriótica) elogió el esfuerzo gubernamental en defensa de los derechos humanos y lo alentó a seguir en esa dirección.[7]
Pero fue a mediados de abril cuando se produjo el hecho más importante, debido a su gran impacto interno e internacional: Amnistía Internacional dio a conocer su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Con anterioridad a su presentación, el Consejero Presidencial Tirado Mejía había dicho respecto de A.I.: "Yo creo que Amnistía Internacional es una entidad respetable que hace una labor humanitaria muy importante en el mundo. No estoy de acuerdo con. la forma sesgada como se ha mirado a esa entidad. De suerte que me parece una entidad respetable. Pero al mismo tiempo (le) digo que como toda entidad es susceptible de cometer errores".[8]
De cierta manera, estos comentarios traslucen el hecho que el gobierno no estaba mal predispuesto (como había acontecido durante el período de gobierno del Presidente Turbay) frente a esta institución ni desconfiaba de su credibilidad, pero abrigaba dudas acerca de si A.I. elaboraría un informe comprehensivo sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, con todas las combinaciones de violencia y la multiplicidad de fuentes en las que ésta se origina.
La publicación del informé de Amnistía tuvo repercusiones que trascendieron al terreno internacional. En aquel, A. I. fue enfática y explícita al culpar' directamente a las fuerzas militares y de policía por graves violaciones a los derechos humanos más esenciales; acusándolas de permitir —o inclusive, de promover sistemáticamente— prácticas tales como la tortura, el desaparecimiento de personas y las ejecuciones extrajudiciales. Según Amnistía, tales prácticas forman parte de la política oficial —o por lo menos, militar— para combatir, no sólo la subversión armada, sino también la oposición al gobierno. De allí que se inicie el documento, sosteniendo: "Existen convincentes pruebas de que las fuerzas armadas colombianas han adoptado una política de terror para intimidar y eliminar a la oposición sin necesidad de procedimientos legales".[9]
El informe reseña varios casos de violaciones a los derechos, humanos fundamentales, y especialmente el derecho a la vida, cometidas supuestamente "por las fuerzas del gobierno o con su autorización" contra distintos grupos de individuos: campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, líderes sindicales y políticos, voceros de los derechos humanos, miembros de los partidos de izquierda y guerrilleros. Para A.I., los "escuadrones de la muerte" —a quienes el gobierno atribuye la autoría de muchos de los asesinatos políticos— están, en realidad conformados por "personal policial y militar y sus auxiliares civiles, bajo la autoridad del alto mando militar". Amnistía fundamenta esta afirmación en el hecho de que todos esos crímenes permanecen en la impunidad y de que los tribunales militares encargados de investigar y juzgar a los miembros de las fuerzas armadas no se han pronunciado al respecto. Por lo tanto, para esta entidad, "la única conclusión posible es que las violaciones de derechos humanos a gran escala no son meramente toleradas por las fuerzas armadas colombianas, sino que se inscriben en una política deliberada de asesinatos políticos".
Frases como esa produjeron reacciones enérgicas a nivel oficial y rechazo entre personas pertenecientes a diversos sectores. Por ejemplo, el Consejero Presidencial Tirado Mejía calificó las afirmaciones de Amnistía como "inexactas" y "tendenciosas", además de perjudiciales para la defensa de los derechos humanos: ". por una errónea interpretación de nuestra realidad o asaltada en su buena fe por grupos interesados en manipularla ideológicamente, Amnistía contribuye a la polarización interna y facilita el trabajo de quienes han pretendido enfrentar la sociedad civil con las instituciones del Estado".[10] El Ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, afirmó que las acusaciones de Amnistía eran "odiosas e injustas".[11] El Procurador Serpa Uribe, por su parte, dijo que el informe era "exagerado" y sostuvo que "las fuerzas armadas no patrocinan la violación de derechos humanos".[12]
No obstante, aunque la tendencia inicial y más marcada fue de crítica a las acusaciones del documento, algunos sectores de la opinión pública —entre ellos, los miembros de la U.P. y de organizaciones que actúan en la defensa de los derechos humanos— consideraron que aquel simplemente confirmaba sus permanentes denuncias.
Si bien en ocasiones anteriores Amnistía ya había denunciado la práctica reiterada de torturas, desapariciones y asesinatos en Colombia, ninguno de sus informes había producido tantas reacciones y discusiones. En su informe sobre 1986 y en referencia a la última porción de la administración del Presidente Betancur Cuartas, A.I. mencionaba' ciertos indicios de "complicidad oficial" en la violación a los derechos humanos.[13] Pero en esta oportunidad, Amnistía Internacional es contundente al afirmar que las prácticas mencionadas no son esporádicas o atribuibles a miembros individuales de las fuerzas armadas, sino que constituyen la política institucional y deliberada de las fuerzas de seguridad al amparo del gobierno civil. Paralelamente, en el último informe no se condenan como en anteriores las violaciones cometidas por civiles, ni se hace reconocimiento alguno de los esfuerzos gubernamentales para buscar la protección y promoción de los derechos humanos. A diferencia de otros trabajos efectuados por instituciones como Americas Watch que en sus dos informes ha dedicado una sección especial a las violaciones de los derechos humanos por parte de la guerrilla y ha buscado incluir, más expresamente, el fenómeno de violencia generado por el tráfico de drogas, el documento de A.I. no parece recoger en toda su dimensión la intrincada y contradictoria trama de violencia política y las acciones de actores no estatales contra los derechos fundamentales del hombre.[14]
De cualquier forma, parece ser que el informe de Amnistía tuvo mayor impacto internacional que las críticas que recibió a nivel doméstico. A pesar de las airadas protestas de algunos miembros del gobierno, que incluso llegaron a pedir que Amnistía rectificara públicamente sus afirmaciones, Colombia sigue siendo vista como un país en guerra "no declarada". Resta aún conocer las conclusiones de una misión especial, presidida por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que visitó recientemente el país y prepara en estos momentos su informe final. De todas maneras, en un contexto interno donde se carece de culpables claramente identificados, y menos aún sancionados, el peso de culpabilidad unilateral sobre el gobierno que emana del trabajo de A.I. no deja de aparecer exagerado y excesivamente concluyente. En todo caso, sí le cabe al gobierno la responsabilidad de garantizar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de los habitantes de la nación. Pero la voluntad de frenar los actuales niveles de violencia no es un acto singular que dependa exclusivamente del ejecutivo sin involucrar al resto de fuerzas sociales en el país que buscan la apertura democrática y no la salida autoritaria. Sin duda, el contraste entre el discurso oficial sobre los derechos humanos y la realidad de su violación parece aún más amplio si se analiza la distancia entre la retórica y la práctica de su defensa más allá de la esfera gubernamental. Las diversas alocuciones presidenciales sobre esta materia indican que, para la administración, en un escenario socio político agudamente polarizado, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil deben surgir las voces, las acciones y los compromisos que no lleven al país al abismo y que14. aseguren el respeto y la protección de las libertades ciudadanas fundamentales. En realidad, hay un principio cardina) en juego: la búsqueda de la paz o el aliento hacia la guerra.
Tanto la posición asumida por Colombia en el seno de la ONU y otros foros internacionales, como las reacciones que produjo el informe de A.I., sumadas a las medidas que ha intentado ejecutar el gobierno con el objeto de salvaguardar los derechos humanos, reflejan que la administración Barco tiene un interés prioritario en asumir su defensa y promoción.
En este sentido, es notorio el contraste entre este gobierno y el que presidió en su momento el mandatario Turbay Ayala. En efecto, aunque ambos han sido períodos caracterizados por situaciones de orden público difíciles y altos grados de violencia política, la actitud asumida por el gobierno de turno para enfrentarlas ha sido claramente distinta.
En el caso de la administración Turbay se adoptó una política decididamente de "mano dura" que estaba amparada por el llamado Estatuto de Seguridad Nacional; el cual se aplicó en forma indiscriminada contra toda manifestación de descontento social. En ese momento, la instrumentación de mecanismos para la protección de los derechos humanos no constituía una preocupación central. Más aún, una actitud pro derechos humanos no se consideraba legítima dadas las condiciones políticas y las circunstancias de lucha antisubversiva. Al mismo tiempo, en el contexto internacional se hacía evidente un clima de creciente interés y compromiso con el respeto de los derechos humanos. La consideración de este aspecto de la política exterior en la administración del Presidente Jimmy Cárter y el significado de esta dimensión en la conducta externa de países europeos gobernados por líderes socialistas y socialdemócratas era evidente y ponía en tela de juicio la opción represiva ante el orden público asumida durante 1978-82.
La relación entre política interna y escenario internacional, en materia de derechos humanos, es muy diferente para el caso de la actual administración. A pesar de la adopción del Estatuto para la Defensa de la Democracia —más conocido como Anti-Terrorista— el gobierno no ha llevado a cabo con él una política indiscriminada que reprima todas las legítimas protestas ciudadanas y que acalle la expresión de las fuerzas de izquierda legalmente activas en el país. Ello no obsta para asumir una posición de alerta para evitar que el nuevo estatuto, como señala un observador, "en vez de defender la democracia, continúe recortándola, como lo ha hecho en forma cada vez más grave la guerra sucia".[15]
Al mismo tiempo, la situación de orden público es mucho más compleja en la actualidad en la medida que nuevos y poderosos factores desestabilizadores han comenzado a jugar un papel preponderante: tales son los casos del narcotráfico y del creciente número de actos terroristas selectivos. Ello añade variables aún más radicales y polarizantes a la situación de violencia política interna.
A nivel internacional, también, la situación se ha modificado. Aunque la defensa de los derechos humanos sigue formando parte de la retórica norteamericana (por ejemplo, utilizada en la reciente visita del Presidente Ronald Reagan a Moscú en el marco de una nueva cumbre entre las superpotencias), los hechos no muestran acciones decididamente encaminadas a lograr grandes avances en este campo ni a identificar a la administración republicana como la abanderada internacional de su protección y promoción. Por otra parte, varios países europeos han comenzado a vivir a partir de esta década las consecuencias de una expansión del fenómeno terrorista, tanto nacional como internacional. Con él lo, han adoptado actitudes más enérgicas pero han buscado no recortar las libertades básicas. Para el caso colombiano, esto significa que se han comprendido mejor las dificultades para mantener un nivel deseable y efectivo de protección de los derechos humanos frente a los requisitos de una mayor seguridad para no quedar inermes ante la proliferación de actos terroristas. La problemática del narcotráfico, que no constituye una simple "cuestión colombiana" ni una mera consecuencia de constituir el país un "punto de oferta", ya afecta tanto a los Estados Unidos como a Europa Occidental. Los efectos de este fenómeno sobre los niveles de criminalidad y su incidencia sobre la violación a los derechos humanos ha sido mejor captada en los centros de consumo y financieros que, por su razón de existir, hacen más próspero y violento el negocio ilícito de los estupefacientes.
En parte, la intención del gobierno parece ser la de utilizar el tema de los derechos humanos con el propósito de proyectar una imagen internacional favorable a su política interna y para fortalecer su frente externo. Sin duda, el mandatario liberal reconoce que necesita apoyo internacional en esta esfera. La misma, inclusive, le puede servir para hacer frente a sus críticos más acérrimos que solicitan más "manu militari" para el tratamiento de la violencia nacional. Para algunos de estos, la fórmula de aislar al país y, por ejemplo, reforzar el alineamiento con Estados Unidos para recibir apoyo económico y militar, serían los ingredientes "exteriores" para emprender una cruzada contra la guerrilla, el terrorismo y el crimen organizado. En la lógica presidencial, esos mismos dos elementos serían los que potenciarían los conflictos existentes. Ante el agravamiento de la situación de orden público interno, se requiere más y no menos activismo y más y no menos independencia diplomática. En gran medida, esto explica la permanencia del actual ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño, como respaldo a su gestión internacional.
Tal vez, la repercusión más importante de todos los hechos descritos ha sido que el escenario internacional se ha convertido en el foro de debates sobre los derechos humanos en Colombia. En otras palabras, puede decirse que ha habido una "internacionalización" de la política nacional en esta materia. Esto no es, a priori, ni bueno ni malo ni favorable o desfavorable. Lo fundamental y lo que aún está por verse es su ventaja para una mayor y más real defensa de los derechos de los colombianos.
[1] Ver, "Mensaje del Presidente de la República Virgilio Barco al Congreso Nacional. 20 de julio de 1987", en Virgilio Barco Vargas, £1 cambio: hacia una Colombia nueva. Bogotá: Presidencia de la República, 1987, p. 75.
[2] En esa dirección de privilegiar el tema de los derechos humanos en la agenda de las relaciones internacionales recientes del gobierno, se deben ubicar el viaje a Portugal, España e Italia del Presidente Barco a finales de mayo y principios de junio, y las varias labores diplomáticas desplegadas por el Consejero Tirado en foros multilaterales y ante gobiernos europeos y regionales.
[3] Ver, "Proyecto de Resolución presentada por Estados Unidos sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en Cuba. No. E/CN.4/1988/L.26", Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social, Naciones Unidas.
[4] Ver, la versión modificada del anterior proyecto (Nota 3) bajo la denominación E/CN.4/1988/L.26/Rev. I.
[5] Ver, la propuesta latinoamericana, convertida en la resolución finalmente adoptada, bajo la denominación E/CN.4-/1988/L. 103.
[6] El Espectador, 16 de abril de 1988, p.5.
[7] El Tiempo, 22 de abril de 1988, pp. I y 8.
[8] Ver reportaje de Alberto González M. en El Mundo al Consejero Presidencial Álvaro Tirado Mejía el 6 de diciembre de 1987.
[9] Amnistía Internacional, Colombia: Una crisis de Derechos Humanos. Madrid: Notigraf. 1988, p.1.
[10] El Tiempo, 28 de abril de 1988, p. 8.
[11] Conferencia pronunciada en el seminario sobre "40 Años de la Declaración Americana de los Derechos Humanos". Universidad Javeriana, 27 de abril de 1988
[12] El Tiempo, 5 de mayo de 1988, p. 3
[13] Ver, El Espectador, 30 de septiembre de 1987, p. 7.
[14] 14. Ver, Americas Watch, The Central-Americanization of Colombia? Human Rights and the Peace Process. New York: Americas Watch, enero de 1986, pp. 135-141; y Americas Watch, Human Rights in Colombia as president Barco Begins. New York: Americas Watch, Septiembre de 1986, pp. 44-47.
[15] Eduardo Matyas Camargo. 'Estatuto de Defensa o Viacrucis de la Democracia", en Cien Días vistos por Cinep. No 1. enero-marzo de 1988, p. 12.