Discurso del Presidente de la República de Colombia, Virgilio Barco Vargas ante el Congreso de los Diputados. Madrid, España, 31 de mayo de 1988.
Virgilio Barco Vargas
Presidente de la República de Colombia
es
21-24
01/04/1988
01/04/1988
Excelentísimo Señor Presidente del Congreso de los Diputados, Don Félix Pons, Señorías:
Es un honor dirigirme al Congreso de los Diputados de España. Aquí están presentes quienes, con su dedicación, prudencia y buen juicio, han contribuido a edificar y enriquecer la democracia española. En algo más de una década este país ha dado lecciones de respeto a las libertades, de innovación en la concepción del estado de derecho y de imaginación en la búsqueda de la igualdad y de la justicia social. Que las expresiones democráticas perduren y progresen aquí en esta parte del mundo tan cercana a nuestros afectos.
Las Cortes han cumplido una tarea trascendental en la preservación y consolidación de la democracia española. Así, pues, este foro es el más apropiado para hacer algunas reflexiones sobre la democracia en un país como Colombia.
Colombia se enorgullece de tener una de las democracias más estables y sólidas de América Latina y del mundo. Sus raíces se remontan a principios del siglo XIX. La Constitución que nos rige hoy, en proceso de revisión, tiene más de cien años de vigencia, interrumpida solamente en dos ocasiones por regímenes autoritarios de corta duración. Nuestra tradición electoral exhibe una continuidad semejante como que desde las vísperas de la independencia se realizan elecciones libres que han ido incorporando gradualmente diversos sectores de la población: la mujer en 1957 y los jóvenes mayores de 18 años en 1978.
La constitucionalidad de las leyes y decretos está celosamente guardada por normas y tribunales ampliamente acatados. Cualquier ciudadano, sin necesidad de ser abogado ni de probar un interés particular en el caso, puede solicitar de las instituciones judiciales competentes que se invalide cualquier ley o un acto administrativo. No tengo que resaltar la importancia de" una justicia constitucional independiente y poderosa. La meritoria labor desempeñada por el Tribunal Constitucional Español es la mejor prueba de ello.
Sin embargo, la democracia colombiana tiene grandes deficiencias. Por esta razón, el Gobierno que presido ha puesto en marcha un ambicioso programa de cambio político, dirigido a ampliarla y fortalecerla. Pretendemos hacer más responsables a los gobernantes y dirigentes políticos, crear nuevos canales de participación popular para superar las limitaciones de la democracia representativa, y hacer más eficiente la acción del Estado, encaminada tanto a convertir en realidad los ideales de la igualdad y la justicia social como a defender los derechos humanos.
Permítanme que exponga brevemente cómo estamos haciendo este gran cambio político. Una breve referencia a nuestra historia reciente sirve para entender el contexto de esta transformación. A mediados de este siglo, Colombia fue azotada por un sangriento período de violencia. En 1957 se puso fin a la lucha insensata y las dos grandes fuerzas políticas acordaron compartir la responsabilidad del Gobierno. Se consagró en la Constitución, por un lapso limitado, una distribución paritaria del Gabinete, la Administración y los Cuerpos Colegiados. En 1959, no sé si inspirados de alguna manera por el principio de "turno pacífico" adoptado en España en 1875, bajo el liderazgo de Cánovas de Castilla y Práxedes Mateo Sagasta, el partido liberal y el partido conservador pactaron por un período limitado, un sistema de alternación en la Presidencia de la República. Con posterioridad se estableció, también constitucionalmente, la representación de las fuerzas políticas en el órgano Ejecutivo, en proporción que refleje, a juicio del Presidente, la magnitud de las fuerzas de los partidos.
El contundente resultado electoral que me llevó a la Presidencia desató un proceso político que, finalmente, le devolvió a Colombia las características de una democracia competitiva. En la actualidad el Consejo de Ministros, y todas las posiciones de responsabilidad política, son ejercidas por miembros del Partido Liberal. Los demás partidos están en la oposición, pero ocupan numerosas e importantísimas posiciones técnicas y financieras, y sus seguidores forman parte de todos los niveles de la Administración Pública. No necesito explicar, a esta selecta audiencia la importancia de este cambio político para actualizar y hacer más abierta nuestra democracia; para promover la responsabilidad política de los gobernantes y mejorar su comunicación con los gobernados; para revitalizar el valor del sufragio y del debate de ideas contradictorias; para modernizar los partidos y darles mayor capacidad de acción, para fortalecer el Congreso de la República como foro natural de la discusión política.
Colombia está aprendiendo a vivir bajo este nuevo esquema. El último 13 de marzo, pasó con éxito la primera gran prueba. En ese día se realizaron las elecciones de alcaldes, Concejales Municipales y Diputados de las Asambleas Departamentales en forma ejemplar. El volumen total de votos depositados fue el más alto de toda la historia del país y los partidos de oposición han reconocido la imparcialidad y limpieza de los comicios.
Otro elemento de este gran cambio político es la creación de nuevos escenarios y canales de participación popular. Se trata de establecer un saludable complemento a la democracia representativa, dándole más participación al hombre común. Más poder para expresar sus opiniones, para actuar en la toma de decisiones, para influir en la atención de sus necesidades. Queremos mantener una democracia cuya vida y vigor estén animados por una gran actividad pública de todos y cada uno de sus habitantes, tal como sucede y se puede apreciar espléndidamente en esa España abierta, llena de dinamismo y entusiasmo.
Guiados por este objetivo, hemos creado nuevos foros para la participación ciudadana, tanto en las entidades estatales que prestan servicios públicos como en los organismos locales ejecutores de los planes sociales de lucha contra la pobreza absoluta y de rehabilitación de zonas marginadas. Hemos impulsado un ambicioso proceso de descentralización política, administrativa y fiscal que revitalizará la participación popular en la toma de decisiones a nivel municipal. Hemos formulado radicales propuestas de reforma, con el ánimo de convertir a Colombia en una democracia participativa, en la cual los ciudadanos, al tiempo que se benefician de los resultados de progreso, asumen responsabilidades y luchan como protagonistas por el bienestar de todos. He propuesto introducir el referéndum, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato con el objeto de hacer realidad el paso de la democracia representativa a la de participación.
Las disposiciones que no son compatibles con estos propósitos deben desaparecer. Son normas que, en una u otra forma, limitan la creación de otros canales de participación popular, o reducen la capacidad del Estado para responder eficientemente ante las nuevas exigencias derivadas de esta transformación política. Después de un encendido debate público, se ha creado un consenso acerca de la conveniencia de reformar algunos aspectos fundamentales de la Constitución vigente. Ese es el desafío que hemos asumido los colombianos: enmendar las reglas de juego fundamentales para ampliar nuestra democracia y hacer más eficiente el Estado. Buscamos ajustar las instituciones para que estas sirvan como escenario de la manifestación libre de todos los sectores de una sociedad que en 30 años se ha transformado radicalmente. Soy optimista respecto al éxito de este otro aspecto del ambicioso cambio político que estoy impulsando y que tropieza con la resistencia de quienes pretenden perpetuar los privilegios.
En esta faceta del cambio político, la experiencia constitucional española es, sin duda, una fuente significativa de reflexión. La Constitución Española de 1978 es una de las más modernas del mundo. A pesar de su corta vida, no son pocos los expertos en derecho público que se han inspirado en ella para proponer algunas reformas. En Colombia se han estudiado con especial cuidado las partes concernientes a los derechos y deberes fundamentales, al Defensor del Pueblo, al tribunal constitucional y al funcionamiento de estas Cortes. El sistema de grupos parlamentarios adoptado por las Cortes Generales le ha dado una gran orden y una notable eficacia al trabajo de las Cámaras. Esto, como otras reglas dirigidas a fortalecer el control político de la administración y a agilizar la tramitación de los proyectos de ley, han convertido a estas cortes en un parlamento moderno, mejor preparado para cumplir a cabalidad sus funciones y para responder en forma más apropiada a los desafíos del Siglo XXI.
Por otra parte, a pesar del desarrollo que ha tenido nuestra economía en las últimas décadas, cerca del 50% de los habitantes de Colombia tienen necesidades básicas insatisfechas. Esta deplorable situación no sólo es propicia para que el descontento sea aprovechado por grupos extremistas, sino que, además, es incompatible con los valores de igualdad y justicia social, en los cuales se funda nuestra democracia. Por ello, el segundo aspecto de nuestra estrategia de cambio es la Política Social. Se trata, en primer lugar, de la canalización de los recursos del Estado hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres y de los habitantes de las regiones marginadas del progreso.
Esta es una expresión de nuestra lucha por la defensa y protección de los derechos humanos sociales y económicos de grandes sectores de la población. Este es el propósito del Plan Nacional de Rehabilitación y de los Programas de Erradicación de la Pobreza Absoluta y de los Hogares de Bienestar Infantil, que se basan en la participación de todas las fuerzas sociales para decidir las inversiones de fondos destinados a la satisfacción de sus necesidades prioritarias. Como un simple ejemplo de estos empeños quiero citar el programa de cuidado y nutrición infantil, que se inició con 120.000 niños entre los dos meses y los seis años, edad crucial para su adecuada formación. El Programa crecerá a un ritmo tal que permitirá incorporar 300.000 niños anualmente, lo que arrojará un total de más de un millón de niños atendidos, al finalizar el actual período presidencial.
Estos planes gubernamentales están construyendo una Colombia justa y solidaria. Estamos trabajando para hacer realidad el principio del Estado Social y Democrático de Derecho que sabiamente fue consagrado en la Constitución Española de 1978.
A pesar de estos programas progresistas que están cambiando radicalmente la orientación de nuestro desarrollo, algunos grupos persisten en la utilización de la violencia. Frente a ellos, se ha adoptado una política de mano tendida y pulso firme. Mantenemos el diálogo, con el objeto de crear las condiciones que permitan la desmovilización y el desarme de los guerrilleros. Estamos aplicando todo el peso de la ley a los que insisten en recurrir a la violencia y al terrorismo. Las gentes comprenden que el Estado les garantiza progreso y que los guerrilleros sólo les ofrecen sangre y destrucción.
Narcotraficantes, grupos de extrema izquierda y extrema derecha, delincuentes tradicionales y terroristas, todos se han conjugado para darle a la violencia una fisonomía compleja y difícil de erradicar, incomprendida y a veces estimulada por observadores nacionales e internacionales que, en aras de preservar y defender los valores democráticos, los debilitan y erosionan. Diversas fuerzas de tendencias contradictorias vienen actuando con el ánimo de impedir el éxito del Gobierno en la batalla para profundizar la democracia y asegurar la vigencia de los derechos humanos.
Periodistas que han tenido el coraje de desafiar a los narcotraficantes, han sido asesinados por ellos. Otros están amenazados. Algunos han optado por abandonar el país. Grupos guerrilleros extorsionan a las personas enriquecidas por el tráfico de drogas, que han invertido su dinero mal habido en la compra de tierras en las zonas de colonización y de conflicto. En retaliación, ante la dificultad de vencer a los guerrilleros de la zona, estas personas ordenan dar muerte a supuestos "amigos" de la guerrilla o a los dirigentes políticos que legítimamente, siguiendo las reglas del juego democrático, están promoviendo todo tipo de ideas y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. A esto se suma el enfrentamiento entre pandillas y mafias vinculadas al narcotráfico, disputas entre alzados en armas, cultivadores y procesadores de coca por la repartición de utilidades económicas en determinadas localidades y el surgimiento de grupos organizados para ejercer justicia por propia mano.
El Gobierno está librando una lucha frontal para proteger los derechos humanos, castigar a quienes recurren a la violencia para tramitar sus conflictos y capturar a los narcotraficantes. Utilizó los limitados poderes de crisis que le confiere la Constitución para crear juzgados de instrucción y tribunales especiales de investigación de estos delitos, para establecer nuevos cargos judiciales dentro de la estructura de la jurisdicción penal ordinaria para juzgar estos crímenes atroces, para dotar a los organismos de investigación de herramientas adecuadas para cumplir su labor, para facilitar legalmente la consecución de pruebas y para limitar la capacidad de acción de estos delincuentes. Pidió y logró que el Congreso de la República le confiriera facultades extraordinarias para fortalecer y modernizar la Administración de Justicia. Integró comisiones de estudio de la violencia y de la situación de los derechos humanos, para que recomendaran fórmulas de solución. Creó una Consejería Presidencial para la protección de los derechos humanos la que, además de organizar actividades de promoción y defensa de estos derechos, puede denunciar a las autoridades competentes violaciones a los derechos humanos y solicitar a todas las entidades estatales información relevante para cumplir sus funciones. Fortaleció la Procuraduría General de la Nación y registró complacido el nombramiento de un civil en el cargo de Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y de Policía. Obtuvo en el Congreso la ratificación de un convenio internacional contra las diferentes formas de tortura.
La lucha contra el narcotráfico, quizás el principal promotor, de las violaciones de los derechos humanos, está produciendo buenos resultados. Hemos hecho enormes sacrificios. Con recursos limitados estamos enfrentando este crimen organizado, de origen y de dimensiones multinacionales. Desde 1984 hasta principios de mayo de este año se han destruido 3.157 laboratorios de procesamiento de coca; se han capturado 17.380 personas vinculadas al tráfico de drogas; se han incautado más de 43.700 kilos de cocaína y 1.710.869 kilos de marihuana, se han destruido 3.889.141 matas de coca, se han inutilizado 172 pistas de aterrizaje y se han decomisado 147 aeronaves y 102 embarcaciones.
Los elevados costos de esta decidida acción estatal no son bien conocidos por la opinión pública internacional. Es cierto que se sabe que han sido asesinados en 1984, el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y en 1988 el Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos; diez y seis Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, once de ellos en la tragedia del Palacio de Justicia; el Director de un diario nacional y el subdirector de un diario regional. Un ex Ministro de Justicia, Enrique Parejo, sobrevivió milagrosamente a un atentado cometido en Budapest. Pero se desconoce que, además de esas víctimas, desde 1985 hasta el 30 de abril de 1988 los narcoterroristas han segado la vida de 197 policías y de distinguidos oficiales, entre ellos el Coronel Jaime Ramírez Gómez, exdirector de la Policía Antinarcóticos.
Si hay algo claro es que el Gobierno y la sociedad colombianos están haciendo todo lo que está a su alcance para combatir el narcotráfico y defender los derechos humanos. Y lo están haciendo y lo seguirán haciendo contra viento y marea, incluso contra la incomprensión de entidades internacionales y observadores nacionales y extranjeros que tratan de demeritar lo que se está realizando en estos campos, pasando por alto, con su silencio selectivo, comportamientos criminales, de cuya vileza no existe duda.
Pero hay otra conclusión clara, Honorables Diputados. Sin la colaboración internacional, será muy difícil combatir un comportamiento criminal que por su naturaleza desborda los límites y las capacidades de una sola Nación. No se puede dejar en manos de un país, buena parte de la tarea de librar una batalla contra un enemigo de toda la humanidad con ramificaciones en diferentes naciones del viejo y del nuevo continente. Si los países consumidores no asumen toda la responsabilidad que les corresponde, los éxitos parciales se desvanecerán y el crimen saldrá fortalecido. Y todos los sacrificios habrán sido en vano.
El narcotráfico es una productiva actividad criminal administrada por una inmensa red multinacional. No es justo, por ello, que mientras unos pagan los costos humanos, materiales y morales, de la lucha, otros sean tolerantes con el consumo, el lavado de dólares, la producción de materias primas, o los crímenes que se cometen para detener la acción de la Justicia. Al fin y al cabo, el origen del problema se localiza en los millones de consumidores que existen en todo el mundo, pero especialmente en los países desarrollados.
Tampoco tiene sentido recurrir exclusivamente a instrumentos represivos tradicionales para manejar esta situación, porque no estamos ante un crimen que utiliza mecanismos y organizaciones tradicionales. Debemos idear fórmulas alternativas que sean más eficaces que las convencionales. Por esta razón, el intenso debate que se está llevando a cabo en los Estados Unidos sobre la urgencia de replantear la política contra el narcotráfico, es un avance que todos debemos apreciar y estimular. Y esas fórmulas alternativas sólo serán realmente efectivas cuando todos los países involucrados en esta red de producción, procesamiento, transporte y consumo de drogas se sienten juntos a la misma mesa a discutir pragmáticamente qué es posible hacer y cómo hacerlo.
La magnitud del desafío así lo exige. Ustedes, Honorables Diputados, lo comprenden muy bien: lo que está en juego es la defensa de la dignidad humana y de la paz, dos pilares de la democracia, de la cual se enorgullecen España y Colombia.
España ha superado con éxito situaciones de extrema gravedad, España da ejemplo de convivencia y civilización política. España no permite que su democracia sea puesta en peligro por los violentos. Desde América Latina celebramos la consolidación de sus instituciones y admiramos su significativo progreso económico.
Formulo sinceros votos por su continuada prosperidad, y por el bienestar de todo su pueblo y de sus gobernantes. Es la expresión del sentimiento sincero de un miembro de la ancha familia hispánica. Es la voz solidaria de un dirigente, que como ustedes, tiene profundo apego por los principios de la democracia.
Muchas gracias