Declaración de Uruguay
RAÚL ALFONSIN
Presidente de la República Argentina
JOSÉ SARNEY
Presidente de la República Federativa del Brasil
VIRGILIO BARCO
Presidente de la República de Colombia
MIGUEL DE LA MADRID
Presidente de los Estados Unidos de México
ALAN GARCÍA
Presidente de la República del Perú
JULIO MARÍA SANGUINETTI
Presidente de la República Oriental del Uruguay
JAIME LUSINCHI
Presidente de la República de Venezuela
es
23-28
01/10/1988
01/10/1988
Declaración emitida por los Jefes de Estado de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela, países miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, durante su Segunda Reunión realizada en Punta del Este, Uruguay, los días 27, 28 y 29 de octubre de 1988.
Hemos examinado la situación política y económica del mundo y de nuestra región desde el compromiso de Acapulco hasta la fecha, así como la gestión del Mecanismo en sus tres objetivos fundamentales: la concertación política; la seguridad latinoamericana basada en la paz, la democracia y el desarrollo; y la integración regional.
Desde nuestra última reunión en Acapulco se han producido un conjunto de hechos excepcionales que modifican la naturaleza de las relaciones políticas a nivel mundial: los acuerdos de desarme entre las superpotencias, la consecuente distensión y el inicio de solución de numerosos conflictos regionales. Este nuevo cuadro mundial facilita la consolidación de la paz y puede liberar una extraordinaria masa de recursos que deberá ser aplicada para un orden mundial socialmente más justo.
Creemos que esta nueva situación, para ser estable, requiere el desarrollo del Sur. Hoy resulta claro que ese desarrollo no es sólo una cuestión de justicia universal, sino también una necesidad para el Norte y la estabilidad global.
Para alcanzar la paz y el desarrollo es necesario superar la tendencia a dividir al mundo en zonas de influencia. La plena vigencia del principio de democratización en la toma de decisiones internacionales y el respeto de las soberanías nacionales son condiciones de estabilidad para un mundo cada día más interdependiente. Esta interdependencia hace imprescindible que, por un lado, se consoliden la actual revalorización de la negociación y el multilateralismo como medio para resolver los conflictos y, por otro lado, impone la búsqueda de nuevas formas de diálogo.
Un nuevo sistema de relaciones internacionales se produce precisamente cuando América Latina está experimentando una vigorosa transformación en su estructura política, tanto por su proceso de creciente democratización, como por la puesta en marcha de los nuevos mecanismos de concertación regional.
Por lo tanto, en un mundo que cambia y a partir de una región que se transforma, insistimos en la necesidad de dialogar ampliamente sobre un nuevo enfoque de las relaciones políticas y económico-financieras internacionales.
De conformidad con nuestros objetivos de paz, seguridad, democracia y desarrollo, hemos establecido el siguiente conjunto de prioridades para nuestras acciones:
—El diálogo político con los países industrializados, con América Latina y el Caribe;
—El fortalecimiento de los organismos regionales;
—La resolución pacífica del conflicto centroamericano;
—El combate eficaz al narcotráfico;
—El fortalecimiento de la integración latinoamericana;
—El financiamiento para el desarrollo y deuda externa;
—La participación de América Latina en el comercio internacional y la lucha contra el proteccionismo;
—La protección del medio ambiente.
En el año transcurrido hemos intensificado nuestra concertación política a través de las reuniones de Cancilleres celebradas en Cartagena de Indias, Oaxaca, Brasilia y Nueva York, y de consultas directas al más alto nivel. Asimismo, se ha afianzado la presencia del Grupo en el escenario mundial, tanto a través de la coordinación de posiciones en los foros regionales e internacionales, como mediante encuentros celebrados con terceros países y grupos de países.
En este período fortalecimos nuestra cooperación con los demás países de América Latina y el Caribe y estamos dispuestos a continuar intensificando nuestros esfuerzos impulsando un proyecto común de desarrollo para la región.
Es nuestra intención iniciar un nuevo diálogo con las naciones industrializadas, en la búsqueda de un sistema de relaciones internacionales más equitativo.
En este contexto, es necesario dialogar y proponer nuevos encuentros entre nuestros países y los de las Comunidades Europeas, así como con los de otras regiones del mundo, entre ellos, los Países Socialistas, Canadá, Japón, el Consejo de los Países Nórdicos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Organización de Unidad Africana.
Las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos transcurren por una etapa de desafíos, que exige el ejercicio de una renovada capacidad política y una firme voluntad de entendimiento. Diferencias de intereses y percepciones no han permitido aprovechar cabalmente las oportunidades para una cooperación amplia y equitativa.
Es necesario, por lo tanto, alentar un clima de confianza y entendimiento. Para ello, proponemos un diálogo inmediato sobre los problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan.
También hemos acordado proseguir los esfuerzos destinados a fortalecer el papel de la Organización de los Estados Americanos como foro político e instrumento para el entendimiento y la cooperación interamericanos.
El concepto de la seguridad regional que planteamos en Acapulco exige preservar la democracia y promover el desarrollo económico y social de nuestros países.
El desarrollo garantiza la paz, afianza la estabilidad institucional de nuestros países y contribuye a la seguridad global de la región.
La crítica realidad económico-social de la región dificulta los esfuerzos políticos para consolidar la democracia, los procesos de pacificación y la solución de los conflictos en el área.
En desalentador contraste con el proceso de distensión y alivio de diversos conflictos regionales no se han alcanzado condiciones para una paz justa y duradera en Centroamérica.
En el pasado, los avances hacia la paz y la democratización en Centroamérica sólo fueron posibles mediante el diálogo y la negociación que culminaron en los Acuerdos de Esquipulas II. A la vez, la evolución de la crisis ha demostrado que la amenaza y el uso de la fuerza alimenta el conflicto bélico y la inestabilidad, en violación de los principios y normas de derecho que rigen la convivencia internacional.
Reafirmamos nuestra convicción de que los principios que inspiran las acciones de los Grupos de Contadora y de Apoyo para lograr una solución latinoamericana a la crisis mantienen hoy, más que nunca, su vigencia y estamos dispuestos a preservar en estos esfuerzos para cooperar en su aplicación. Es necesario procurar nuevas vías de negociación que comprometan la voluntad política de los gobiernos en conflicto aprovechando la experiencia y el marco institucional de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
La revitalización del proceso de paz requiere que la comunidad internacional intensifique su aporte a la reconstrucción política, económica y social de los países de la región, ahora también afectada por desastres naturales. Por ello, exhortamos a las naciones con mayores recursos a participar activamente en esta tarea solidaria.
La producción, el tráfico ilícito y. el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas está asumiendo proporciones que afectan la estabilidad de las instituciones en algunos de nuestros países y, de manera creciente, la seguridad de la comunidad de naciones.
Debe reconocerse la importancia determinante que para el incremento del narcotráfico significa la creciente demanda en los países con alto nivel de consumo. Además, los vínculos que se han establecido en algunos de nuestros países entre narcotraficantes y de éstos con terroristas y con otros tipos de delincuencia, se ven reforzados por el tráfico ilícito de armas producidas fundamentalmente en los países industrializados. Asimismo, el enorme lucro resultante del narcotráfico circula y se legaliza a través de plazas financieras internacionales.
Por lo tanto, para hacer frente a estos problemas se requiere el esfuerzo simultáneo de las naciones altamente industrializadas en los planos educativo, preventivo y represivo. Los países con áreas de producción ilícita, por su parte, deben continuar sus acciones para controlar las fuentes de producción y promover la sustitución de cultivos, todo lo cual requiere un costoso esfuerzo que exige la cooperación financiera internacional. A la vez, los países afectados por el tránsito deben continuar sus empeños para combatirlo.
Se requiere igualmente el establecimiento de controles eficaces sobre el comercio ilegal de precursores químicos.
Afirmamos nuestra voluntad de conformar un frente común y de cooperar con todas las naciones afectadas, en la efectiva erradicación de este flagelo.
Acordamos concertar posiciones con la finalidad de propiciar que las negociaciones que se realizan para la suscripción de una Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes culminen en la aprobación de un instrumento jurídico eficaz que permita combatir por igual y de manera simultánea las actividades del consumo, la producción y el tráfico ilícitos y que coadyuve a preservar la seguridad y los legítimos intereses de nuestros países.
Reconocemos que nuestro desarrollo depende fundamentalmente de nosotros mismos. Nuestra región afronta la más grave crisis de su historia con responsabilidad y firmeza. Cada uno de nuestros países ha puesto en ejecución programas de reforma económica profundos, dirigidos a transformar sus estructuras productivas y a vincular más estrechamente sus economías al mercado mundial. Sin embargo, no vemos un esfuerzo correspondiente por parte de los países desarrollados.
La estabilidad y el desarrollo económico y social de América Latina se ven amenazados por los graves problemas de la deuda y la evolución desfavorable del comercio internacional, que en gran medida son producto de factores externos a la región.
La economía latinoamericana en la década de los 80 se ha caracterizado por el retroceso en su ritmo de crecimiento, como lo prueban el descenso, a un nivel inferior al de 1978, del ingreso promedio de sus habitantes y la transferencia neta negativa de más de cien mil millones de dólares en los últimos cinco años.
Debe reconocerse que se ha agotado la etapa del tratamiento aislado de cada uno de los problemas que nos afectan: la deuda, el proteccionismo y otros obstáculos al comercio internacional, la insuficiencia del financiamiento para el desarrollo y otros de igual importancia. Es indispensable buscar un tratamiento integral de estos problemas.
El desarrollo de nuestros pueblos debe ser un objetivo compartido por los países altamente industrializados, pues de él derivarán ventajas para sus economías y un aporte sustancial para la paz y la seguridad internacionales.
La estabilidad política se afianza con el desarrollo y éste requiere el aumento significativo de corrientes de financiamiento a la región, la apertura de los mercados internacionales a sus exportaciones y el establecimiento de reglas de juego estables y equitativas que permitan el aumento del comercio internacional en forma sostenida y transparente.
Los avances alcanzados en materia de deuda externa desde el Compromiso de Acapulco son escasos. Se ha observado un reconocimiento de ciertos aspectos políticos del problema, pero se sigue perdiendo de vista su efecto sobre los procesos democráticos de los países del área. De igual forma, la corresponsabilidad de las partes involucradas no se ha traducido en medidas efectivas.
La Cumbre de Toronto representó un cierto progreso en la consideración del problema para algunos de los países más pobres, dejando al margen, entre otros, a los de América Latina, que tienen pesadas cargas de endeudamiento. A este respecto, reafirmamos la necesidad de crear un marco general para la reducción de la deuda y reconocemos como positivas algunas de las propuestas que han surgido, incluso en los propios países industrializados.
El problema de la deuda externa se ha convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo de la región, dada la masiva traslación neta de recursos hacia las naciones industrializadas. Al transferir una proporción importante de su ahorro interno, los países latinoamericanos han reducido su capacidad de invertir y, en consecuencia, de crecer, con grave deterioro para las condiciones de vida de sus pueblos.
La condicionalidad de los programas de ajuste, de los créditos sectoriales y de los acuerdos de reestructuración, incluye a menudo medidas inadecuadas y contradictorias entre sí, dificultando el manejo de las políticas económicas en una coyuntura extremadamente difícil.
A la luz de lo anterior y en cumplimiento de los principios y propósitos del Compromiso de Acapulco, consideramos indispensables nuevos enfoques para la solución del problema de la deuda dentro de un contexto político que permita superar las comprobadas limitaciones de las estrategias hasta ahora utilizadas. Por ello, hemos decidido convocar una reunión de Ministros de Finanzas a realizarse antes del fin de 1988 en Río de Janeiro, con el objetivo de proponer mecanismos para la reducción de la deuda y el incremento de los flujos financieros imprescindibles para el desarrollo de nuestros países.
Los resultados de la Reunión de Ministros deberán constituir la base para una concertación más estrecha entre los países de la región, así como para el diálogo con otras partes interesadas, sobre los caminos para una solución efectiva del problema de la deuda externa.
En el comercio internacional persiste y tiende a agravarse el deterioro de los términos del intercambio en perjuicio de los países en desarrollo. En violación del compromiso de "statu quo" asumido en la declaración de Punta del Este, medidas restrictivas, contrarias al GATT, limitan el acceso de nuestros productos a los grandes centros de consumo y distorsionan el proceso negociador de la Ronda Uruguay. El proteccionismo, frecuentemente discriminatorio, y los subsidios a las exportaciones, particularmente en el sector agrícola, con efectos altamente negativos para la competencia en terceros mercados, se acentúan en los países altamente industrializados.
Las negociaciones en las nuevas áreas de los servicios, la propiedad intelectual y las inversiones relacionadas con el comercio deberán tomar en cuenta la situación especial de los países en desarrollo y sus necesidades de consolidar una base industrial y tecnológica compatible con sus objetivos de desarrollo.
Reiteramos que no deben aplicarse medidas coercitivas y represalias incompatibles con el orden jurídico internacional y reafirmamos el propósito de defender nuestros derechos y proteger nuestros intereses en los foros internacionales pertinentes.
Destacamos la importancia de que la reunión a nivel ministerial a realizarse en Montreal en diciembre culmine con un firme compromiso de avanzar en el cumplimiento de los principios y objetivos de la Ronda Uruguay, preservando el carácter global de las negociaciones y asegurando la obtención de resultados equilibrados aceptables para todos los participantes.
En este sentido, consideramos prioritario que se cumplan cabalmente los compromisos de congelación y desmantelamiento de obstáculos al comercio incompatibles con el GATT; que se definan el alcance y las formas de aplicación del principio del trato especial y más favorable a los países en desarrollo en todas las áreas y modalidades de la negociación; que el reconocimiento del vínculo existente entre la deuda externa y el comercio se traduzca en acciones concretas; y que se amplíe y estabilice el acceso de los productos de los países en desarrollo a los mercados mundiales.
Hemos acordado concertar posiciones y fortalecer las iniciativas latinoamericanas en la Ronda Uruguay. De igual forma, coordinaremos acciones en los foros pertinentes, en relación a la legislación comercial recientemente aprobada por Estados Unidos.
Ante un escenario internacional que se caracteriza por una creciente interdependencia y por la existencia de unidades económicas formadas por grupos de países y basadas en la ampliación de mercados, nos proponemos, conforme a lo que señalamos en Acapulco, continuar impulsando la integración regional para hacer más eficiente nuestra participación en la economía mundial.
Los avances en el proceso de integración permitirán a América Latina transformar y modernizar su actual estructura productiva, utilizar en forma más eficiente los recursos de la región y lograr la captación y creación de nuevas tecnologías. Estamos de acuerdo en adoptar fórmulas que complementen los enfoques comerciales y que faciliten también el avance en las áreas de financiamiento y pagos, complementación económica, industrialización, transporte, telecomunicaciones e integración fronteriza.
Los criterios generales que aplicaremos en materia de integración económica son, entre otros: dar prioridad a la ALADI como el principal instrumento dinamizador de la integración regional, a través de la plena utilización de sus mecanismos multilaterales y bilaterales; ampliar el comercio recíproco sobre una base equitativa de equilibrio dinámico que asegure la expansión sostenida de las exportaciones intrarregionales; aplicar efectivamente un tratamiento diferencial y más favorable a los países de menor desarrollo económico relativo de la región; y acelerar la ejecución de los compromisos pendientes en la Rueda Regional de Negociaciones.
El proceso de integración requiere el establecimiento de mecanismos para intensificar la cooperación cultural y educativa de nuestros pueblos y salvaguardar sus identidades.
Hemos decidido establecer, como objetivo prioritario para una mayor integración nacional y el desarrollo regional, la pronta erradicación del analfabetismo. Por ello convinimos en promover un programa de cooperación para el logro de este objetivo.
En ejecución del "Programa de Asociación y Cooperación en Ciencia y Tecnología" acordado en Acapulco, se han iniciado acciones en sectores tales como la formación de recursos humanos; la creación de una red de servicios de apoyo al desarrollo científico y tecnológico; y la utilización plena y coordinada de los recursos de los organismos internacionales. Todo ello se orienta a la estructuración de proyectos conjuntos que sumen las capacidades pública y privada de investigación y desarrollo con miras, en particular, a la producción de bienes y servicios con aplicación intensiva de tecnología. Valoramos estos avances registrados y decidimos intensificar la instrumentación del Programa.
Las acciones recomendadas con relación a la integración económica, cultural, educativa y científica tecnológica están contenidas en los capítulos correspondientes del Programa de Acción.
Conscientes de la necesidad de dar adecuada atención a la prevención y control de los impactos que sobre el medio ambiente puedan originar los proyectos de desarrollo, sostenemos que los propósitos de desarrollo nacional e integración regional deben conciliar el avance económico, científico y tecnológico con la preservación y recuperación del medio ambiente.
Estamos convencidos de que el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales contribuirá de manera esencial a prevenir el deterioro ambiental y de los ecosistemas.
Nos proponemos aunar nuestros esfuerzos para fortalecer la cooperación e integración regional intergubernamental y coordinar nuestras acciones en los organismos competentes.
Complementariamente hemos acordado los Lineamientos para la Acción que orientarán las actividades del Mecanismo en la próxima etapa.
Hemos realizado la Segunda Reunión de Presidentes del Mecanismo de Concertación Política en Punta del Este, gracias a la fraterna hospitalidad del Uruguay, y convenimos en reunimos nuevamente en el Perú, en el segundo semestre de 1989.
29 de octubre de 1988