Una Estrategia para América Latina en los 90: Informe Santa Fe II
L Francis Bouchey
Comité de Santa Fe
Roger Fontaine
Comité de Santa Fe
David C. Jordan
Comité de Santa Fe
Lt. general Gordon Summer
Comité de Santa Fe
es
32-39
01/04/1989
01/04/1989
En mayo de 1980, en vísperas de la administración de Ronald Reagan, el llamado Comité de Santa Fe hizo público un informe -el Informe de Santa Fe I- que contenía una evaluación de la situación latinoamericana de entonces y un conjunto de recomendaciones para que el gobierno norteamericano formulara su política hacia América Latina. Ese informe sirvió de guía en varias ocasiones para orientar muchas de las principales decisiones políticas de Estados Unidos en nuestra región.
En los inicios de la administración de George Bush, de nuevo el Comité de Santa Fe elaboró y publicó su análisis y las correspondientes recomendaciones sobre la situación de nuestro continente. Este trabajo ha sido diseñado por el mismo equipo intelectual de Santa Fe I. El documento-"Una estrategia para América Latina en los 90"- es revelador. Muestra los alcances del pensamiento conservador norteamericano con respecto a Latinoamérica e indica la forma en que influyentes ideólogos norteamericanos perciben los problemas de América Latina y sus posibles soluciones. En este caso, incluimos apartes del mencionado documento de valor para el país.
Las Américas están aún amenazadas. Nosotros advertimos de este peligro en 1980**. El ataque se manifiesta como subversión comunista, terrorismo y tráfico de drogas. La capacidad de las democracias latinoamericanas en su lucha para combatir estos ataques ha sido minada por el estancamiento económico producido en toda la región por la agobiante deuda externa. Las resultantes de violencia política y de mayor pobreza han producido una crisis migratoria creciente, tanto dentro como desde la región misma. A pesar de los esfuerzos iniciales de la administración Reagan para solucionar estos problemas y sus causas fundamentales, la situación no es menos sino más grave ahora que los Estados Unidos se encaminan hacia la última década del siglo XX. Mucho de la falta de progreso se puede atribuir a que no se ha logrado un acuerdo bipartidista que solucione de una manera coherente y efectiva los problemas que enfrenta América Latina**.
La subversión comunista y la red terrorista abarca desde Chiapas en el sur de México hasta Chile, haciendo de toda la costa del Pacífico, a partir del Río Grande, un escenario de conflicto abierto. Es claro que la estrategia comunista para esta región es la de lograr el poder, o por lo menos, involucrar a las fuerzas de seguridad
** "Una nueva política interamericana para los ochenta". Comité de Santa Fe. L. Francisco Bouchey, Roger Fontaine, David Jordán, Gordon Summer y Lewis Tambs, editor.
Por ejemplo, el Congreso tardó en apoyar o articular una alternativa a la iniciativa para la cuenca del Caribe (retraso de 2 años y medio), a Radio Martí (tres años), a la ayuda para El Salvador (casi tres años) y todavía hoy cuando escribimos no ha construido una política bipartidista sobre Panamá.
occidentales en operaciones simultáneas prolongadas en varios países. La magnitud de este objetivo tiene la implicación estratégica de reducir las obligaciones adquiridas por los Estados Unidos en la mayor parte de los países de Europa y Asia y así intensificar la capacidad de presión soviética. Esto es así, aunque se diera una reducción de las fuerzas nucleares estratégicas soviéticas por el acuerdo sobre control de armas. Al mismo tiempo, la estrategia soviética obliga a Estados Unidos a aumentar su capacidad para abarcar sus responsabilidades globales.
En la década pasada, esta amenaza subversiva-terrorista ha crecido, no ha disminuido. Nicaragua y Cuba, satélites de los soviéticos en el hemisferio, se han involucrado en el comercio de drogas y han avanzado hacia relaciones de cooperación y posiblemente de dominio con las mafias de la droga en Colombia; Los abundantes recursos que el narcotráfico produce han aumentado la capacidad de la amenaza subversiva más allá de lo inicialmente concebible. La posibilidad de tener que involucrar fuerzas militares americanas para combatir este peligro es hoy objeto de debate público ante comités del Congreso.
Al mismo tiempo, las economías latinoamericanas han venido quedando rezagadas con tasas de crecimiento positivo sólo marginales. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) en su informe preliminar para 1987, hace notar que en términos per cápita el PIB de la región subió solamente 0.5% en 1987, comparado con el ya débil 1.4% de incremento en 1986. El informe concluye que estas cifras significan que "el deterioro del nivel de vida sufrido por la mayoría de las economías relativamente más pobres de América Latina continuó en 1987". Además, ha habido un incremento en la tasa de inflación. A la cabeza están: Nicaragua con 1.226%, Brasil con 338%, Argentina con 178% y México con 144%. Lo más preocupante es la alta tasa de inflación en las tres naciones más grandes de América Latina, que son también las que tienen deudas más elevadas. Cuando se señala que el total de la deuda externa subió más del 4% respecto a 1986, es obvio que el problema del servicio de la deuda se agravará en la próxima década.
La mayoría de los norteamericanos mira el asunto de los emigrantes latinoamericanos como un problema migratorio de Estados Unidos. Cómo aceptar o desalentar a los millones de desplazados que vienen hacia los Estados Unidos es la preocupación prioritaria. La respuesta inicial, y probablemente sólo la primera de muchas fue la ley Simpson-Rodino. Esta ley espera absorber a los inmigrantes ilegales que puedan probar, que comenzaron a vivir en los Estados Unidos antes de 1982 y desanimar más migraciones a través de la imposición de multas a los empleadores que a sabiendas contratan a inmigrantes ilegales desde que se aprobó el proyecto el 6 de noviembre de 1986. Sin embargo, el problema no es meramente la atracción hacia los Estados Unidos de inmigrantes voluntarios, sino el desplazamiento de millones de personas por la violencia marxista, la pobreza, la mala administración gubernamental y el crecimiento general de la anarquía y la corrupción en América Latina. La fuente de este problema está en las presiones que produce la emigración.
Si estas tendencias continúan, es evidente que nos enfrentaremos con:
-más actitudes hostiles en América Latina;
-más estados pro-soviéticos;
-más subversión;
-grandes amenazas al Sistema Financiero Internacional;
-más crimen y narcotráfico, provocado por la subversión;
-más olas de emigrantes;
-y finalmente, grandes probabilidades de un involucramiento militar de Estados Unidos.
Observamos que persiste aún una actitud de indiferencia estratégica, de la que ya advertimos en el primer informe de este Comité en 1980. No habrá perspectiva de cambio de estas tendencias mientras los Estados Unidos no enfrenten el problema de la región de una forma coherente, seria y bipartidista. Los costos para dirigir cada uno de los síntomas ya son altísimos y el precio que los Estados Unidos pueda verse forzado a pagar excederá todo lo que hemos enfrentado en los 200 años de nuestra historia.
El mayor triunfo de la administración Reagan en América Latina fue el retorno a la democracia. Pero este logro, aún con apoyo bipartidista, puede ser mucho más frágil de lo que actualmente se considera. Debemos prestar atención a las vulnerabilidades del régimen democrático.
Nuestro concepto de régimen significa tanto el gobierno temporal como el permanente. En la democracia, el gobierno temporal es el oficialmente elegido. El gobierno permanente son las estructuras institucionales que no cambian con el resultado de las elecciones: la institución militar, la judicial y la civil. Para ser democrática la sociedad debe apoyar un régimen responsable de esa democracia. Esto nos lleva a. una mayor comprensión de la verdadera naturaleza del estatismo.
Existe estatismo cuando la sociedad está perdiendo o ha perdido la capacidad de sostener un régimen responsable. En América Latina el estatismo es un problema persistente y profundo. Tocqueville reconoció la persistencia del estatismo en Francia a pesar de la revolución. El señaló que el ancien regime se aferraba al poder aún después de que la revolución había sustituido aparentemente, de forma permanente, el gobierno monárquico por la Asamblea Constituyente: "No nos maravillemos al ver con qué sorprendente facilidad fue restablecida la centralización en Francia a comienzos de este siglo. Los hombres del 89 habían derrocado la estructura, pero sus bases se mantuvieron aún en las mentes de sus destructores, y sobre esas bases fueron capaces de reconstruirla pronto y con más solidez de la que nunca había tenido antes".
La forma de pensar de muchos pueblos latinoamericanos es tal que, aunque las formas gubernamentales puedan cambiar el régimen, tanto en el gobierno permanente como en el temporal persiste el estatismo. Los gobiernos pueden ser inestables y cambiar, pero todos tienden a incrementar el papel del Estado durante su período de mandato. El poder expansivo y absorbente del Estado está presente en todos los países donde esta perspectiva domina la cultura política.
Si los gobiernos electos no van acompañados tanto de un cambio de estructuras como de un cambio en la cultura política, los Estados Unidos y América Latina se distanciarán cada vez más. No debe ser, como parece, una sorpresa el que la Unión Soviética haya recibido tan calurosa aceptación entre los gobernantes recién elegidos. Pero sí causan sorpresa las abundantes informaciones de los periódicos de Estados Unidos que señalan el incremento de los contactos soviéticos con los nuevos gobernantes electos de América Latina. Las nuevas conquistas soviéticas incluyen el acuerdo firmado por el ministro Edward Shevardnadze para un intercambio cultural y de cooperación económica con Brasil y Uruguay en 1987; la negociación de la deuda con Perú, donde Moscú encargó 80 barcos comerciales y de pesca de los astilleros de la marina peruana como parte del plan para reducir la deuda; y el primer gran acuerdo pesquero entre Moscú y Argentina en 1986.
No es una ironía el que los esfuerzos soviéticos para establecer vínculos con estas naciones latinoamericanas hayan sido apoyados por la nueva ola de gobiernos electos que ha avanzado en toda la región. Esto no es sólo resultado de los esfuerzos de los nuevos gobernantes por distanciarse de los gobiernos militares que han reemplazado, los cuales en muchos casos ya habían tenido trato con los soviéticos. Tampoco esto ha sucedido simplemente por aplacar a los partidos de izquierda pro-soviéticos. Ni tampoco es una respuesta natural al cambio de táctica soviética hacia los países del Tercer Mundo.
Todos estos factores han incidido, pero lo más importante es que el régimen latino es estatista por tradición aun cuando esté presidido por gobernantes democráticamente elegidos. El régimen dirigista va siendo sustituido crecientemente por la iniciativa del ciudadano, reduciendo así su autonomía sobre la sociedad civil. El régimen soviético es más compatible con el estatismo latino que el de los Estados Unidos. En muchos casos, esto es cierto, aun cuando el régimen latino sea democrático. El incremento de las becas soviéticas para estudiantes latinos es una señal del reconocimiento de Moscú de que la educación soviética y el estudio en las instituciones del Estado soviético son apropiados para penetrar los regímenes estatistas latinos. En 1978, Moscú ofreció 2.900 becas; una década después el total fue triplicado a casi 10.000. La voluntad soviética de intercambiar y construir enormes proyectos en sectores públicos encaja en las mentalidades estatistas de las culturas latina y soviética.
Además, la voluntad de Moscú de comprar computadoras y software brasileños está abriendo una puerta hacia el país más rico de Latinoamérica. Esto coincide también con las ofertas para establecer cooperación en el negocio del ferró manganeso, y para promover el programa espacial del Brasil. Estas iniciativas, a su vez presionan a Argentina a cooperar más con los soviéticos, pues Moscú sigue estando preocupado por el desequilibrio comercial que le resulta de la compra masiva de granos argentinos.
Pero el problema de fondo es cultural. Se trata de la lucha sobre qué régimen es mejor. El asunto, por lo tanto, no es solamente sobre las formas y procesos de elección de los dirigentes. El enfatizar el proceso electoral empaña los demás requerimientos esenciales de una democracia. Existe la tendencia en Estados Unidos de enfatizar las elecciones hasta el punto de excluir otras exigencias. Se ve a menudo el estatismo como una forma de beneficio social. Lo que no se comprende es que un régimen estatista en Latinoamérica socava la independencia de la sociedad como comunidad activa y autosuficiente que puede pedir cuentas y las pide a los representantes que eligió. Régimen democrático es aquel en el que es responsabilidad del gobierno preservar la sociedad de un ataque externo o de la intromisión del aparato estatal.
Los Estados Unidos han recuperado su poder. Hemos reconquistado el orgullo y el sentido de los objetivos que construyeron este país y lo convirtieron en la gran potencia que es hoy día. Pero ser poderoso también tiene sus responsabilidades. Los Estados Unidos no pueden darse el lujo de tropezar o equivocarse. La Unión Soviética es un adversario que no enfrenta el mismo tipo de responsabilidad hacia sus ciudadanos que la que enfrenta nuestro gobierno. La estructura de poder en Moscú permite al buró político realizar una política exterior efectiva, concertada y a largo plazo. Los políticos norteamericanos tienen que enfrentar el hecho de que los intereses soviéticos son contrarios a los nuestros, no sólo en términos geopolíticos, sino porque la ideología y los valores que promueven son fundamentalmente antagónicos con la libertad y la democracia. Los políticos norteamericanos deben ser capaces de reconocer la amenaza que significan los soviéticos y luego contraatacarla. Esto significa que los programas de objetivos específicos tienen que ser coordinados con los intereses y metas nacionales a largo plazo de los Estados Unidos; y que esos intereses y metas deben mantenerse nítidamente definidos.
Además de enfrentar la amenaza soviética, las naciones latinoamericanas confrontan muchos problemas que son internos y también estructurales. Los Estados Unidos pueden ayudar a estos países para que se ayuden, al garantizar que cualquier esfuerzo para promover la democracia será recompensado. No podemos dejarlos a merced de los traficantes de drogas, los terroristas y de un Estado expansivo, como tampoco podemos permitir que se extienda la tiranía imperial soviética. No podemos detenernos a contemplar que la superación de la pobreza sea bloqueada por políticas miopes sobre la deuda o por políticas económicas que destruyen la economía. Los políticos norteamericanos deben enviar el siguiente mensaje claro y firme: el buen vecino ha regresado, y vino para quedarse.
Los pilares claves de las estructuras gubernamentales permanentes de los regímenes latinos son las fuerzas armadas y el poder judicial. La política prodemocrática de un régimen debe reconocer que tanto los militares como las instituciones judiciales llevan el peso de la responsabilidad en la conducción de los conflictos de baja intensidad y del narcotráfico, a la vez que se van acostumbrando a los requerimientos democráticos que cada administración temporal tiene para ser responsable ante la sociedad. Las iniciativas bilaterales norteamericanas para fortalecer dichas instituciones deberían ser apoyadas multilateralmente a través de la OEA.
El Congreso norteamericano ha reconocido la creciente amenaza que los conflictos de baja intensidad representan contra los débiles regímenes democráticos y ha decretado el apoyo norteamericano a las fuerzas armadas de la región que enfrentan este desafío. El poder Ejecutivo debería de tomar medidas rigurosas para llevar a cabo esta disposición legislativa.
La mayoría de los regímenes latinos se enfrentan a lo que ha sido identificado en Washington como conflictos de baja intensidad. Este término, cada vez más empleado, se utiliza para describir una forma de lucha que incluye operaciones sicológicas, desinformación, terrorismo y subversión cultural y religiosa. El Congreso ha dispuesto una respuesta razonable a este problema ampliamente reconocido. El Ejecutivo, sin embargo, ha sido extremadamente vacilante al poner en práctica dicha legislación.
En 1986, el Congreso aprobó y el presidente firmó la Ley Goldwater-Nichols de reorganización del Departamento de Defensa. Esta ley se aprobó porque el Departamento de Defensa no estaba apoyando adecuadamente las operaciones especiales ni enfrentando decididamente las consecuencias de los conflictos de baja intensidad. Además, se le añadió una enmienda en la cual se encargaba a los Estados Unidos de formar un comando de operaciones especiales. Esta ley requería a un nuevo subsecretario de Defensa para operaciones especiales y conflictos de baja intensidad. Se creó también un nuevo comando unificado con amplias responsabilidades en entrenamiento y promoción, único entre los ya existentes comandos unificados. Al comando se le otorgó por ley su propio programa en el presupuesto de defensa, MDF-11. El Congreso quería que la planificación de los conflictos de baja intensidad estuviera a la par de la planificación global estratégica. El Congreso ha mantenido su apoyo a la ley a pesar de las fuertes críticas hacia ella. La nueva ley debería proporcionar mejores mecanismos para encarar otros asuntos críticos y de la misma índole, como el terrorismo, el tráfico de drogas y las operaciones sicológicas y de inteligencia del enemigo. Los creadores de la ley reconocen que los Estados Unidos son vulnerables a otras formas de lucha además del conflicto armado a gran escala.
Los Estados Unidos deben prepararse para extender sus programas de ayuda a los militares latinoamericanos como parte de su reconocimiento de que las insurrecciones locales son azuzadas desde el exterior. La complejidad de este reto requiere de una respuesta comprensiva de nuestra sociedad.
Si se mantienen las tendencias actuales, los Estados Unidos continuarán enfrentando la exportación de la revolución nicaragüense en la década de los 90. Una política de contención no será barata y no funcionará a largo plazo. Los Estados Unidos tendrán que apoyar la democratización de Nicaragua o si no, pagar exorbitantes costos para combatir la subversión en los países vecinos de Nicaragua.
Una política de democratización de Nicaragua requerirá de un desarrollo sofisticado de la doctrina del conflicto de baja intensidad. El aspecto más importante de este desarrollo estará en la educación de los medios de comunicación y del- público norteamericano para que comprendan la tendencia de los regímenes comunistas nacionales de Latinoamérica a subvertir a sus vecinos con el apoyo velado de la Unión Soviética.
Las instituciones públicas y privadas de los Estados Unidos deben empeñarse en educar a los líderes comunitarios y de los medios de comunicación sobre la naturaleza de la estrategia marxista-leninista adaptada por los nacionalistas a temas del subdesarrollo. El matrimonio del comunismo con el nacionalismo en América Latina proporciona el mayor peligro enfrentado hasta ahora por la región y por los intereses norteamericanos.
Los latinoamericanos pueden revertir la tendencia comunista en sus países, lograr la democracia en la región y satisfacer sus aspiraciones de autodeterminación con el apoyo bipartidista entre el Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos.
El bloque soviético proyecta exitosamente su poder ante cada país del hemisferio y todo indica que esta tendencia continuará. Es lamentable pero cierto que las mayores potencias económicas del mundo libre no se han comprometido plenamente a apoyar la libertad y la democracia en el hemisferio occidental. Los Estados Unidos deben ir a la cabeza dando más recursos a las amenazadas sociedades latinas. Es imperativo que los militares latinoamericanos se den cuenta de que los gobiernos elegidos pueden hacer frente al reto de la subversión y el terrorismo.
Para ayudar a las sociedades latinas a combatir el tráfico de drogas y el terrorismo los Estados Unidos deberían apoyar con asistencia técnica y financiera el desarrollo de un sistema judicial independiente. Los Estados Unidos deberían también dar ejemplo reduciendo la demanda interna de drogas.
Al apoyar un poder judicial independiente los Estados Unidos pueden ayudar a América Latina a enfrentar con éxito los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el terrorismo. Si las autoridades judiciales tienen los medios para reaccionar con efectividad y entereza ante estos delitos podrían entonces prevenir una amenaza creciente, que pone en peligro la legitimidad de las democracias en lucha.
Además, los Estados Unidos deben dar el ejemplo con su propio aparato judicial reduciendo la demanda en nuestro país. Dentro de los Estados Unidos la ejecución de la ley debería reducir las ganancias de los vendedores e incrementar sustancialmente los riesgos de los compradores. De esta forma, los Estados Unidos pueden proporcionar un modelo tanto de reducción de la demanda como de firmeza judicial. La posesión de narcóticos debe ser motivo de sentencia carcelaria y su venta debe ser causa de graves penas sin dar lugar a la libertad condicional. Después de establecer un ambiente de aplicación firme de la ley, se podría iniciar y probar un programa de legalización limitada, que esté unido a la rehabilitación y educación.
Los Estados Unidos deberían dar más énfasis al trabajo con los miembros de la OEA con respecto a los problemas mutuos de seguridad militar (conflictos de baja intensidad), tráfico de drogas, inmigración y deuda.
Los Estados Unidos demostrarían sensibilidad hacia los problemas que contribuyen a la emigración latinoamericana y a la inmigración hacia los Estados Unidos trabajando con la OEA propuestas sobre la deuda en conjunto con el BID, el Banco Mundial, el FMI y el Tesoro.
Hablar sobre la OEA provoca a menudo aburrimiento en el aparato de política exterior de este país. No debería ser así. La falta de interés de facto de la administración Reagan en esta organización ha sido un grave error. La promesa de cumplir plenamente el compromiso financiero con la OEA y el rechazo posterior a hacerlo dañó seriamente la credibilidad norteamericana.
La OEA, en contraste con la ONU, ha probado ser un cuerpo mucho más amistoso. Aunque los Estados Unidos han sufrido golpes en la OEA, especialmente con la crisis de las Falkland /Malvinas, que continúa encendiendo los ánimos en todo el hemisferio, existe menos antagonismo y más cooperación en la OEA que en la ONU.
El embajador norteamericano ante la OEA debería estar a cargo de la coordinación con los representantes de la región en Washington, de iniciativas multilaterales con respecto a las áreas mencionadas arriba. Como primer paso, los Estados Unidos deben de pagar su contribución a la OEA para demostrar que sí toman en serio sus responsabilidades.
El involucramiento de la OEA en asuntos de seguridad y tráfico de drogas proporciona a los Estados Unidos el mejor camino para librar una guerra exitosa en contra de los imperios criminales que amenazan a todo el hemisferio.
La próxima administración necesita definir sus prioridades. Nuestra agenda y la de América Latina no son necesariamente incompatibles. Si la OEA está adecuadamente financiada y encaminada en buena dirección, ésta puede servir a los intereses mutuos.
Es de especial interés un mayor estímulo al papel de la OEA para promover mayor cooperación entre sus miembros en la lucha contra el narcotráfico. La conferencia de Río y el creciente reconocimiento de que la región enfrenta el problema del tráfico de drogas, indica la voluntad de sus miembros en particular en operaciones internacionales conjuntas.
Son mucho más preferibles las operaciones de paz de la OEA en Centroamérica que los esfuerzos de los No Alineados o los esfuerzos hostiles que pueda montar la ONU en esta área tan sensible. Con el involucramiento de la OEA, sus miembros estarán más al tanto de la amenaza externa que enfrenta la región y la cooperación multinacional contribuirá a la legitimación y a una percepción internacional de los esfuerzos de paz. Pero los esfuerzos de la OEA requieren de dinero, algo que hoy necesita desesperadamente la organización.
Claramente, la próxima administración tendrá que tomar decisiones básicas sobre qué es lo que quiere conseguir con su apoyo a los organismos internacionales. Esa decisión decidirá el futuro de la OEA. Los Estados Unidos necesitan fomentar la cooperación en todos los asuntos que afectan al hemisferio. En cuanto sea posible, los Estados Unidos necesitan recalcar su compromiso con la cooperación, la autodeterminación, las responsabilidades mutuas para combatir el narcotráfico, la asistencia para resolver el problema de la deuda y el de las presiones sobre la población latinoamericana, que huye de la pobreza, el crimen, el terrorismo y la guerra. La OEA es un foro donde los Estados Unidos pueden hacer ver sus puntos de vista a toda la región y de forma constante.
Los Estados Unidos deben prepararse y prestar especial atención a cinco países que con sus crisis internas constituyen un ejemplo significativo en Latinoamérica: México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá.
La nueva política para Latinoamérica en la década de los 90 debe prestar especial atención a la amenaza general que enfrentan las frágiles democracias latinoamericanas y obstaculizan la difícil transición de regímenes autoritarios o totalitarios. Los cinco países que mencionamos proporcionan ejemplos de problemas que son compartidos hasta cierto grado por la mayoría de los otros países latinoamericanos. Uno de ellos, México, constituye un régimen autoritario que enfrenta una crisis y no parece ser capaz de incorporar al régimen a partidos legítimos de oposición. Dos de ellos, Colombia y Brasil, son democracias, y los dos restantes, Cuba y Panamá, son regímenes totalitarios y autoritarios en decadencia. Los Estados Unidos necesitan prestar mucha atención a estos países como un ejemplo de los problemas más generales de la región.
Los Estados Unidos deben ir más allá de fortalecer el actual sistema judicial colombiano y apoyar tribunales especiales bajo el control conjunto del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas para hacer frente a la amenaza de la subversión y el narcotráfico, que representan una guerra abierta contra el régimen democrático.
Estos tribunales deben tener el poder necesario para juzgar, sentenciar o enviar a centros especiales de detención, controlados por el ejército, a los subversivos y a los traficantes de drogas, que operan en contra de la soberanía del pueblo colombiano. El problema de El Salvador se podría repetir en Colombia a gran escala si no se toman pronto medidas firmes. Un apoyo norteamericano a tiempo y un financiamiento adecuado podría prevenir más revueltas y guerras civiles.
Colombia enfrenta una doble amenaza a su seguridad y a sus instituciones democráticas fundamentales. Una de ellas es la insurgencia comunista, la cual creció en tamaño y alcance en la década del 80. Si esta tendencia continúa, Colombia se convertirá en otro El Salvador a mediados de la década del 90, si no antes. Pero a diferencia de la pequeña nación centroamericana, Colombia enfrenta también otro enemigo: los poderosos carteles del narcotráfico acuartelados en las ciudades colombianas de Cali y Medellín.
Los narcotraficantes ya han destruido eficazmente el sistema legal colombiano a través del soborno y la intimidación al poder judicial y a la policía. Estos grandes señores del narcotráfico pueden fácilmente mantener su posición privilegiada a través de recursos tan grandes como el producto de ventas que alcanzan los 9 mil millones de dólares por año. Estas ventas ilícitas de narcóticos se realizan mayoritariamente dentro del país. Para agravar más esta situación la guerrilla colombiana y los carteles de la cocaína trabajan juntos para hacer avanzar sus, a veces, contradictorios objetivos.
En contraste, el gobierno colombiano ha montado, a lo más, una débil campaña en contra de estas dos amenazas. Las fuerzas de seguridad son muy reducidas y no están muy bien equipadas. El gobierno anterior del presidente Belisario Betancur redujo el presupuesto de defensa por la mitad en los difíciles años del comienzo de la década del 80. La administración del presidente Virgilio Barco ha sido más realista, pero sólo ha restaurado parcialmente la cantidad, y a pesar de que se han tomado algunas medidas en contra del terrorismo y el tráfico de drogas, todavía no se anuncia un plan estratégico nacional. Mientras tanto, los esfuerzos del gobierno para conseguir la paz a través del diálogo y la negociación están en ruinas.
El papel norteamericano no ha sido de mucha ayuda. Aunque la administración Reagan ha presionado fuertemente por la extradición de conocidos traficantes de drogas, redujo recientemente el programa de asistencia de seguridad para Colombia. Esta decisión fue un grave error porque ha socavado la capacidad de Colombia de tomar medidas drásticas en contra de sus dos amenazas.
Por lo tanto, si la actual tendencia continúa y no se detiene, Colombia sufrirá una gran crisis en la década del 90, lo que afecta directamente a los Estados Unidos, especialmente por el incremento del flujo de narcóticos que llegaría hasta nuestras costas como resultado de los disturbios. La Colombia de los años 90 podría perfectamente empequeñecer lo que ha sido el principal problema de política exterior de este país en los años 80: Centroamérica.
Colombia y, en Centroamérica El Salvador, son ejemplos claves de la necesidad de una reforma judicial. La reestructuración del papel de la ley es un elemento necesario para obtener la estabilidad en estos dos países afectados por la guerra. El colapso del poder judicial en Colombia y El Salvador se convierte en una burla para el padre de la nación colombiana, Francisco de Paula Santander, quien dijo: "Las armas nos dieron la independencia, pero la ley nos dará la libertad".
En El Salvador, los terroristas comunistas y los delincuentes derechistas han destruido por el asesinato y la intimidación la capacidad de los tribunales para juzgar y condenar a los que quebrantan la ley. En la década del 80 las guerrillas comunistas y los narcotraficantes lograron conseguir algo similar, pero a mayor escala, en Colombia. En ambos países es ahora casi imposible condenar a cualquier terrorista o traficante de drogas. Los pistoleros derechistas han quedado al margen de los jueces, quienes viven atemorizados cuando no han sido comprados por los criminales o los rebeldes.
Ya es muy tarde para Colombia y para El Salvador. Muchos creen que la guerra contra los narcotraficantes ya está perdida en Colombia. Sin embargo, los Estados Unidos no pueden permitir que esto quede así para siempre. La próxima administración necesita reconsiderar radicalmente sus programas de asistencia legal. Se gastará más dinero en tribunales especiales y en la protección de los mismos. Esto es un elemento clave si estas instituciones tienen que llevar a cabo su misión. Si no la cumplen, el quebrantamiento de la ley y el orden se esparcirá por todo el hemisferio, incluyendo a los Estados Unidos.
Los Estados Unidos y el sistema interamericano enfrentan tremendos problemas en América Latina. La crisis en Centroamérica sigue sin resolverse y las corrientes turbulentas en Suramérica son ignoradas poniéndonos en peligro. La deuda, el terrorismo, las drogas, los estados corruptos, las grandes migraciones, la insurgencia comunista y la corrupción, son solamente parte del escenario. Santa Fe II es una estrategia para enfrentar estos problemas y promover la democracia, la libertad y la oportunidad económica en toda la región de una forma activa en lugar de reactiva.
Cuando la administración Reagan asumió el poder, América Latina y la política exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica tenían un aspecto similar; ambas estaban en quiebra. Santa Fe I, publicado en 1980, se diseñó para enfrentar algunos de los problemas más inmediatos que tenían los Estados Unidos. Ayudó a orientar las percepciones norteamericanas sobre cómo se debe ver a la América Latina en un contexto geoestratégico, advirtió sobre la crisis de la deuda externa, motivó el impulso por la democracia e hizo surgir programas como la iniciativa para la cuenca del Caribe y Radio Martí.
Pero no todas las propuestas de Santa Fe I fueron retomadas adecuadamente ni se pudieron resolver todos los problemas en solamente ocho años. Esta es la razón de Santa Fe II, que además de seguir la línea innovadora del anterior documento, es también producto de la necesidad. Igual que hace ocho años, el sistema interamericano, especialmente la OEA, continúa siendo subutilizado y ha experimentado un mayor deterioro en los años recientes. Los autores de Santa Fe II han buscado cómo ofrecer estrategias para regímenes que vayan más allá de la sola creación de un sistema electoral. Si son retomadas por la siguiente administración, podría traer estabilidad a la situación política, volátil y tambaleante. Específicamente esto significará la consolidación de organizaciones independientes dentro de la sociedad latinoamericana, la educación del pueblo y la lucha contra los marxistas y otras fuerzas estatistas, culturales y políticas.
El documento de Santa Fe II enfoca con especial atención la economía, argumentando que la democracia requiere de un grado de racionalidad política en la esfera económica. Los sistemas socialistas, dirigidos centralistamente, no producen ni riqueza ni igualdad. No es suficiente crear planes para que las naciones deudoras paguen el interés de sus deudas. Se tienen que diseñar estrategias que les permitan escapar del ciclo de la deuda y generar ahorros reales y crecimiento. Se condena el estatismo, el gigantesco aparato burocrático y la nacionalización, a la vez que se estimula la formación de mercados de capital nacional, liberalización de las leyes económicas, la privatización y desmantelamiento de las empresas estatales existentes. Además de estar a favor de las ventajas de la libre empresa, al contrario del capitalismo de Estado, los autores también proponen medidas que van desde la prolongación de la iniciativa para la cuenca del Caribe hasta la preservación de los bosques tropicales.
Los problemas del terrorismo, insurgencias, drogas y la migración e inmigración se identifican como factores desestabilizadores, que contribuyen a la volatilidad y falta de seguridad de los regímenes democráticos latinoamericanos, y en menor o mayor grado nos afectan también a nosotros.
La red terrorista se extiende desde Chiapas, México, hasta el sur de los Andes en Chile. El año pasado, los norteamericanos gastaron más dinero en drogas ilegales procedentes de América Latina que en comida. Estos son problemas que obviamente no desaparecerán. Para poder comenzar a enfrentarlos, los políticos norteamericanos tienen que reconocer la crisis que atravesamos y estar preparados para dar pasos extraordinarios. Los primeros pasos, sin embargo, deberían darse para construir la capacidad normal y legítima de los sistemas judiciales nacionales que tienen que soportar directamente el peso de esa crisis.
La última sección da un vistazo a los problemas y oportunidades que se presentan en algunos países latinos especialmente importantes: México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá. Se examinan cuidadosamente cada uno de estos países en los asuntos específicos que los políticos norteamericanos tendrán que enfrentar para formular respuestas a sus turbulentas políticas.
La crisis en América Latina no ha sido resuelta. Los problemas han cambiado, pero son tanto o más graves que en 1980. Hemos sido testigos del fracaso en la comunicación y de la persistente confusión y este fracaso debe terminar. Los políticos norteamericanos deben informar al pueblo de lo que está sucediendo, los que toman decisiones necesitan estar claros y especificar los problemas que enfrentan los Estados Unidos y lo que intentan hacer para resolverlos. Santa Fe II es una guía en la senda que deben de seguir.