El Nuevo Rumbo de las Relaciones Colombo-Venezolanas en 1989: Una Aproximación

Liliana Obregón

Investigador asistente del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.

Carlo Nasi

Investigador asistente del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.

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3-11

01/10/1989

01/10/1989

Este artículo es un avance de la investigación que sobre las relaciones colombo-venezolanas vienen adelantando los autores con la Fundación Friedrich Ebert de Colombia -FESCOL- y con el apoyo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes -CEI-

INTRODUCCIÓN

En los primeros meses de 1989, las relaciones colombo-venezolanas comenzaron a tomar un nuevo rumbo. Se dio origen a un proceso de cooperación que se venía gestando desde el año anterior, a raíz de ciertos contactos de Pedro Gómez Barrero, -en ese entonces embajador de Colombia en Venezuela— con Carlos Andrés Pérez, el entonces candidato presidencial por Acción Democrática. Como fruto de los acercamientos hubo un trabajo previo de análisis de lo que podría ser un nuevo intento de proyecto de integración bilateral. Esto permitió que en 1989 se entrara directamente a desarrollar las propuestas previamente estudiadas.

La iniciativa conjunta, formalizada en un acuerdo presidencial, se fundamentó en la integración de tres comisiones. En virtud de lo dispuesto en el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial, suscrito entre Colombia y Venezuela en 1939, se reintegró la Comisión Permanente de Conciliación. A esto se agregó el nombramiento de cuatro Altos Comisionados y de veinticuatro miembros de las llamadas Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos (o Comisiones de Vecindad), organismos no previstos en el convenio mencionado. Antes de abordar directamente lo que atañe a dichas entidades, conviene mirar brevemente las circunstancias que facilitaron su surgimiento.

ANTECEDENTES

En contraste con lo ocurrido durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, el tema del diferendo volvió a ocupar un lugar privilegiado en la agenda internacional colombiana, en el transcurso de la administración Barco Vargas. Hubo acciones dirigidas específicamente a hallar una solución a la prolongada disputa por las áreas marinas y submarinas localizadas en el golfo de Venezuela. A finales de 1986, la administración Barco sometió a consideración del gobierno del presidente de Venezuela Jaime Lusinchi, "una propuesta que contemplaba varias instancias y pasos consecutivos: un período de negociaciones directas, acudir a un mecanismo de conciliación y, por último, utilizar una vía jurídica internacional para dirimir la disputa"[1] De manera inexplicable, el gobierno venezolano no emitió ninguna respuesta al respecto hasta el momento del así llamado "incidente de las corbetas" en agosto de 1987[2].

En mayo de 1987 se realizó un nuevo intento, cuando el gobierno colombiano propuso reintegrar el organismo de conciliación previsto en el tratado de 1939. Sin embargo, la administración Lusinchi manifestó que dicho tratado no era aplicable para la resolución del diferendo, dado que, a la luz del artículo segundo de la convención, no eran competencia del organismo de conciliación, los asuntos referentes a los intereses vitales y la integridad territorial de los Estados[3]. Cabe anotar que tampoco en este caso, hubo una respuesta del gobierno venezolano que siguiera los conductos oficiales. La posición de la administración Lusinchi, se conoció a raíz de una rueda de prensa convocada por el mandatario del vecino país con motivo del incidente de agosto[4]

En los meses sucesivos, se llegó incluso a elevados niveles de tensión en la relación bilateral, debido a una sangrienta incursión del ELN en el vecino país, y al ya citado enfrentamiento naval entre la corbeta ARC Caldas y el buque ARV Libertad, en aguas del golfo de Venezuela[5]5.

Al deterioro de los vínculos entre los dos países, se agregó el inicio de las campañas electorales en Venezuela a comienzos de 1988, 1o que determinó la suspensión de todo un intento de arreglo del diferendo. Cualquier pronunciamiento o determinación que adoptara Lusinchi, podía ser utilizada por los partidos de oposición como medio para capitalizar votos, con nefastas consecuencias colaterales. La administración Barco mantuvo un prudente silencio mientras se adelantaban las campañas políticas en el vecino país, lo que no significó un abandono de la cuestión limítrofe. Sencillamente se esperaba la llegada del momento oportuno.

La reelección de Carlos Andrés Pérez a la presidencia venezolana significó un vuelco positivo en las relaciones bilaterales en varios aspectos. Desde antes que se posesionara el mandatario venezolano hubo declaraciones conducentes a un mayor entendimiento. Barco se refería a Pérez en términos de un "interlocutor inmejorable" indicando, de esa manera, que se esperaba que las relaciones en adelante pudieran tener una nueva dimensión. Pérez, por su parte, manifestaba intenciones de lograr, con su similar colombiano, proyectos de integración fronteriza[6]

Todo esto configuraba un ambiente favorable para el acercamiento. Asimismo, se pueden señalar otros factores que tuvieron incidencia en los intentos de cooperación. Al margen de la lenta recuperación de los flujos económicos que se estaban produciendo a partir de 1986, que puede influir en el proceso, es posible plantear algunas variables de índole política. En el momento, para los dos mandatarios resultaba importante reivindicar logros en sus respectivos programas de gobierno. El presidente Barco se hallaba en las postrimerías de un cuatrienio caracterizado por múltiples dificultades. Con "el sol a las espaldas" y un panorama interno poco alentador, con índices de violencia más que alarmantes y muchos programas bandera del gobierno bloqueados o sin mayores proyecciones, al mandatario colombiano le resultaba por lo menos muy útil, mostrar algo positivo en el ámbito externo.

En forma concomitante, Carlos Andrés Pérez reconocía que se iba a jugar desde el comienzo buena parte de su capital político electoral, con las férreas medidas económicas que habría de tomar a finales del mes de febrero. Se ejecutarían normas abiertamente impopulares (que a la postre produjeron el tristemente célebre "Caracazo"[7]), con lo que resultaba necesario un contrapeso positivo.

No se trata de establecer un determinismo directo, en el sentido de explicar el impulso dado a la cooperación de los dos países, en función de los respectivos acontecimientos internos. Sin lugar a dudas, la solución de los problemas bilaterales y la obtención de mayores niveles de concertación era un propósito claro de los dos mandatarios. En todo caso, la conciencia de situaciones difíciles condujo a potenciar objetivos internacionales, que se perfilaban exitosos, dada la relativa convergencia de visiones.

Por último, cabe anotar que la necesidad de una integración latinoamericana ha cobrado nuevamente fuerza a raíz de algunos acontecimientos ocurridos en el contexto internacional. Los países que conforman la Comunidad Económica Europea (CEE) así como los Estados Unidos con Canadá y México, están impulsando proyectos de cooperación en los que se tiende cada vez más a la consolidación de bloques o macro-unidades autosuficientes en el plano económico. La concreción de un sistema de preferencias para los productos de los países integrantes de cada bloque hace prever, en un mediano plazo, una mayor restricción para los mercados latinoamericanos tradicionales.

Estos eventos han resaltado la importancia de buscar mayores niveles de intercambio y acercamiento intra latinoamericano. En el seno del Grupo Andino, Venezuela y Colombia bien podrían liderar un proceso que intente amortiguar los efectos de una crisis de las exportaciones.

LAS COMISIONES

El clima de distensión que se gestó con la reelección de Carlos Andrés Pérez permitió que los acontecimientos se desarrollaran con una inusual rapidez. El presidente Barco, invitado a asistir a la posesión de Pérez, antes de viajar al vecino país convocó a los expresidentes Misael Pastrana y Julio César Turbay Ayala (jefes máximos del Partido Social Conservador y del Partido Liberal respectivamente), con el propósito de enterarlos de su visita a Caracas y de los temas por tratar con el nuevo mandatario. Este acercamiento significó, de acuerdo con la interpretación social conservadora, un retorno a la consulta bipartidista[8] en materia de las relaciones exteriores[9].

El 3 de febrero de 1989, fecha en la que se produjo la trasmisión del mando, Barco y Pérez suscribieron el Acuerdo de Caracas, que determinaría el desarrollo de las relaciones bilaterales en los meses siguientes. Dicho acuerdo, preparado de manera conjunta por Gonzalo Barrios -dirigente del Partido Acción Democrática y Pedro Gómez -entonces embajador de Colombia en Venezuela—, preveía cuatro puntos. El texto de la declaración es el siguiente:

Los presidentes de Venezuela, Carlos Andrés Pérez y de Colombia, Virgilio Barco, reunidos en Caracas con ocasión de la transmisión del mando presidencial, animados por las ideas bolivarianas que inspiraran las relaciones entre los dos países y decididos a promover acciones francas, fecundas y dinámicas en los ámbitos bilateral y multilateral

ACUERDAN:

Primero. Establecer permanente y activa coordinación de los gobiernos tendiente a lograr acciones más efectivas en los foros regionales referentes a la integración latinoamericana dentro de los principios de independencia y democracia que orientan la política internacional de ambos Estados.

Segundo. Adelantar las consultas recíprocas conducentes a la reintegración de la Comisión de Conciliación prevista en el Tratado sobre no Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial suscrito hace 50 años.

Tercero. Designar dos altos comisionados por cada país, quienes en breve plazo harán un inventario de las principales cuestiones por examinar entre ambos países y propondrán a los dos gobiernos una metodología adecuada a su tratamiento y solución.

Cuarto. Se excluye de la consideración de los altos comisionados la preparación y estudio de los convenios y tratados de índole política, jurídica, económica y de seguridad relativos al desarrollo económico y social de las áreas fronterizas, para lo cual los dos gobiernos procederán de inmediato a designar sendas comisiones, las cuales con los asesores y técnicos que estimen convenientes, presentarán a consideración de ambos gobiernos el informe contentivo de sus recomendaciones en el plazo de seis meses[10].

La firma del Acuerdo de Caracas produjo reacciones más o menos simétricas a los dos lados de la frontera. Hubo apoyo en los respectivos partidos de gobierno y críticas de los dos principales partidos de oposición: el PSC en Colombia y el COPEI en Venezuela. El jefe de la colectividad social conservadora, Misael Pastrana, calificó el acuerdo como "un retroceso", en la medida en que estableció consultas previas a la integración de la Comisión de Conciliación Permanente, que ya había sido designada por Colombia dos años atrás[11]. Se trató de una crítica exagerada y apresurada, por cuanto como se vio en apartados anteriores, en 1987 apenas se había formulado una propuesta de acudir al tratado de 1939, que fue rechazada por Venezuela. Los acercamientos previos entre el presidente Barco y el líder del Partido Social Conservador, no habían sido suficientes para generar unanimidad con respecto al tema.

Por otra parte, a pesar de que el presidente Barco en su viaje a Caracas había buscado un acercamiento con la dirigencia del COPEI con el propósito de distensionar las relaciones (hay que recordar que dicho partido fundamentó su campaña política en no hacer ningún tipo de concesiones a Colombia[12]), también hubo una reacción negativa de ese partido. El secretario general del COPEI, Eduardo Fernández, criticó el acuerdo tildándolo de "fuente de futuros roces y conflictos" a la luz de los mecanismos previstos en el Tratado de 1939[13]

Al margen de los esperados ataques de la oposición cabe anotar que el Acuerdo de Caracas se prestó a diversas interpretaciones en cuanto a su alcance y aplicabilidad, generando confusión y opiniones contradictorias. Por ejemplo, no era claro si el Tratado de 1939 podía aplicarse a la solución del diferendo limítrofe.

También hubo malentendidos en lo que respecta a las funciones de las Comisiones de Vecindad, a pesar de que se puso énfasis en diferenciarlas de la de Altos Comisionados. Con el Acuerdo de Caracas apenas se había formulado una propuesta teórica, que todavía era necesario perfeccionar en la práctica.

Durante los meses de febrero y marzo de 1989, en Colombia y Venezuela se adelantaron gestiones y contactos con el propósito de establecer quiénes iban a ser los comisionados[14]. Barco sostuvo reuniones con varios dirigentes políticos de los partidos tradicionales y llegó a un compromiso con el jefe de la colectividad social-conservadora, Misael Pastrana, en términos de que habría intercambio de información y criterios sobre lo atinente a las relaciones colombo-venezolanas. En este contexto, hubo protestas de parte de la Unión Patriótica (UP) por su exclusión, y la falta de representación del Tratado de 1939 dice que "Las Altas Partes Contratantes constituirán una Comisión Permanente de Conciliación. Cada una de las Partes designará dos de esos miembros, de los cuales solo uno puede ser nacional del Estado que los nombra. El quinto será el presidente y su designación se hará de común acuerdo entre las Partes Contratantes. El quinto miembro no debe pertenecer a ninguna de las nacionalidades ya representadas en la Comisión". de la izquierda en las relaciones internacionales del país[15]. Esto motivó al gobierno a incorporar posteriormente a representantes de dicho sector en la Comisión Nacional de Asuntos Fronterizos. En Venezuela también se le concedió representación a los distintos grupos políticos. En las comisiones se incluyeron voceros de Acción Democrática, del COPEI, del MAS, como también algunos independientes.

El 28 de marzo, los presidentes Pérez y Barco sostuvieron una segunda reunión formal en el puente internacional "Francisco de Paula Santander", en la que suscribieron la llamada Declaración de Ureña. Fue entonces cuando se nombraron a los miembros de las distintas comisiones, y se avanzó un paso más en la delimitación de algunas de sus funciones[16]

En lo que se refiere a estas funciones hubo avances relativos. Se conformó definitivamente la Comisión Permanente de Conciliación, prevista en el Tratado de 1939. Su convocatoria e intervención está contemplada sólo para ciertas controversias, en la medida en que las partes no lleguen a un acuerdo por vías amigables, o a través de los canales diplomáticos ordinarios [17]. En todo caso, dado que en lo que va corrido del año no se han producido desacuerdos graves, o incumplimientos significativos en los tratados, la Comisión no ha tenido que actuar.

Sobre las funciones de los Altos Comisionados, tampoco hubo mayor novedad. Fuera de hacer un inventario de cuestiones por examinar entre los dos países, y proponer fórmulas de tratamiento y solución, se aclaró que tendrían la misión de recomendar un modus operandi para la solución del diferendo[18].

En lo que sí hubo avances significativos, fue en la definición de las labores de las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos, más conocidas como las Comisiones de Vecindad. Su trabajo se limitó al estudio de convenios sobre el tránsito de personas, bienes y vehículos, integración económica fronteriza, planificación conjunta del desarrollo urbano, uso y preservación de los recursos naturales. Fuera de eso, se elaboró un listado de proyectos, a los que las Comisiones deberían dar preferencia: generación de energía eléctrica y navegación en el Orinoco; exploración de la formación precámbrica denominada escudo de Guyana; interconexión eléctrica de regiones fronterizas; crecimiento e interconexión de las áreas urbanas de Cúcuta y Villa del Rosario -en Colombia, y San Antonio y Ureña -en Venezuela-; un proyecto agroindustrial azucarero entre el Norte de Santander y el Estado de Táchira. Las Comisiones se encargarían de hacer los estudios de factibilidad correspondientes, para luego preparar convenios y tratados que serían sometidos a la consideración de los dos gobiernos[19].

El 31 de marzo se posesionaron y recibieron instrucciones los Altos Comisionados por Colombia y los miembros de la Comisión Colombiana de Vecindad, ante el Canciller Julio Londoño Paredes[20]

El 3 de abril, algunos miembros de la Comisión Venezolana de Vecindad acompañaron al Canciller Enrique Tejera, en su visita oficial a Bogotá. Esto permitió un primer encuentro informal entre las Comisiones de Vecindad de los países, en el que se discutió un posible plan de trabajo para los meses siguientes[21].

En relación con el tema del diferendo, el Canciller Tejera fue enfático en establecer que no era el único tema en la agenda, existiendo muchos otros de importancia. En todo caso, confirmó que estaba incluido entre las asignaciones de los Altos Comisionados, y dijo que se resolvería por negociaciones directas entre las partes[22]

El 13 de abril, se produjo en Caracas, el primer encuentro oficial de los Altos Comisionados de los dos países, en el que se acordó la realización de reuniones quincenales conjuntas, alternando la sede en Colombia y Venezuela. También se elaboró un borrador del inventario de temas por examinar, que sería divulgado un tiempo después[23]

Hacia finales de abril, la Comisión Colombiana de Vecindad inició labores, al emprender un recorrido por la frontera colombo-venezolana con el propósito de elaborar un diagnóstico de los problemas de la región.

Entre el 26 y el 28 de abril, se realizó en Bogotá el segundo encuentro de los Altos Comisionados. Los representantes colombianos anunciaron la existencia de propuestas de solución a temas específicos, pero se abstuvieron de divulgarlas. Lo que sí trascendió fue un inventario de diez temas, elaborado de manera conjunta y presentado oficialmente el 29 de abril, que incluía: a) migraciones; b) cuencas hidrográficas internacionales; c) delimitación de áreas marinas y submarinas; d) ríos internacionales; e) terminación de los trabajos de demarcación y densificación de los hitos; f) transporte internacional; g) metodología y tratamiento para la utilización de los recursos nacionales transfronterizos; h) tráfico de estupefacientes; i) sistema de control para evitar la sustracción de medios de transporte, y procedimiento para su recuperación; j) cooperación y asistencia mutua en casos de emergencia y para la preservación de ecosistemas[24]

El 22 de mayo se reunieron por tercera vez en Caracas los Altos Comisionados de ambos países para perfeccionar la propuesta de modus operandi y continuar discutiendo los tópicos del itinerario propuesto. Sin embargo, no se difundieron las conclusiones específicas de este encuentro[25]

El 28 y el 29 de junio se llevó a cabo en Caracas la primera cumbre bilateral de Altos Comisionados y Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos, con el propósito de unificar agendas[26]. El Canciller Londoño estuvo presente en esta reunión y anunció la oferta de asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 300.000 dólares para cada país, para financiar el trabajo de las comisiones[27]

Inmediatamente después de la anterior reunión, se encontraron en Cartagena los Altos Comisionados para su cuarta sesión de trabajo. Con base en el paquete de los diez temas acordados anteriormente, los comisionados unificaron criterios sobre las propuestas de solución.

La segunda cumbre bilateral de las Comisiones de Vecindad se realizó en Bogotá el 28 de julio. Los temas definidos en la agenda fueron:

1.El problema agroindustrial de la región nortesantandereana y del Estado del Táchira.

2.La interconexión del sistema hidroeléctrico del Orinoco y algunos asuntos energéticos y mineros de la zona fronteriza.

3.El manejo ecológico de la zona fronteriza.

4 La habilitación de la ruta terrestre entre Cúcuta, Puerto Santander, Boca de Grita y Maracaibo.

5. Problemática del agua en la alta Guajira.

o. Creación de un centro de atención y albergue para el tráfico vehicular entre las poblaciones fronterizas que estará ubicado en Villa del Rosario, Cúcuta.

Adicionalmente, se informó sobre la materialización de cuatro propuestas debatidas previamente: la creación del Centro Nacional de Frontera, organismo encargado de dar una integración de los servicios de frontera; la expedición de visas múltiples por parte de Venezuela para ciudadanos colombianos, otorgadas por los cónsules evitando así el trámite ante el ministerio de Relaciones Exteriores; la interconexión telefónica entre Norte de Santander y el Estado del Táchira; y la derogación del Decreto 1795 de 1987 relativo a la eliminación de restricciones al tránsito de bienes en la zona fronteriza[28]

La quinta reunión de Altos Comisionados se efectuó el 29 de julio. De nuevo, los comisionados se reservaron las conclusiones.

El 13 de agosto se reunieron en Cúcuta las Comisiones de Vecindad con el objetivo de dedicarle una sesión especial al estudio de los elementos necesarios para la creación de las "áreas metropolitanas binacionales" o "ciudades bisagra".

El progreso en la concertación de propuestas y en la discusión de soluciones indicaban la necesidad de realizar una cumbre conjunta entre Altos Comisionados y Comisiones de Vecindad. El 26 de agosto en Maracaibo se realizó esta reunión que tuvo tres objetivos principales: diferenciar los temas coincidentes en las dos agendas, intercambiar información y opiniones sobre lo estudiado y hacer un balance de las gestiones realizadas hasta entonces. Como temas principales se discutió sobre la "Zona de Integración Progresiva" y la creación de las ya mencionadas "ciudades bisagra"[29]

La segunda cumbre de Altos Comisionados y Comisiones de Vecindad se realizó en Bogotá el 1 y 2 de septiembre. En esta reunión se discutió la evolución del proceso y estimó los resultados que serían presentados el 5 de octubre.

Las primeras conclusiones del proceso de concertación, se elaboraron en dos informes presentados a los mandatarios de Colombia y Venezuela el 5 de octubre, en el tercer encuentro presidencial, que se realizó nuevamente en el puente internacional "Francisco de Paula Santander". El primer informe fue entregado a Barco y Pérez por las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos. En él, se señalan los logros obtenidos, las recomendaciones hechas que fueron acogidas e incorporadas como directrices presidenciales para los organismos ejecutores del gobierno, los acuerdos presidenciales sobre el desarrollo específico de proyectos determinados y tres actas de entendimiento sobre: el estudio conjunto del aprovechamiento integral y conservación de los recursos hídricos del río Carraipía; la reconstrucción y operatividad del equipo de trabajo binacional para el río Arauca; y un acuerdo administrativo entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia y el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) de Venezuela[30]

A los Altos Comisionados correspondió la presentación del segundo informe. Por el carácter confidencial que se le ha dado al trabajo de esta comisión no se informó públicamente su contenido[31]. Sin embargo, la prensa logró obtener el documento, y lo reveló en parte. Según la información del diario El Espectador, los Altos Comisionados "definirían a finales del próximo mes de noviembre los primeros modus operandi para la solución de algunos de los diez asuntos pendientes entre Colombia y Venezuela". Se avanzó principalmente en los proyectos referentes a las cuencas hidrográficas y migraciones y al parecer se propondría la conformación de una comisión especial que se encargaría de tratar el tema a través de las negociaciones directas. Finalmente se consideró que podrán culminar sus labores en breve plazo[32]

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

A escasos ocho meses del nombramiento de los Altos Comisionados y los integrantes de las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos, resulta importante hacer un balance tentativo de este esfuerzo bilateral. Se puede afirmar lo siguiente:

En primer lugar, con la posesión de Carlos Andrés Pérez y la conformación de las distintas comisiones, ha variado de manera sensible el ambiente de las relaciones bilaterales. Los términos de confrontación han cedido terreno a la cooperación e integración, buscándose un máximo aprovechamiento de las ventajas y capacidades mutuas.

Dentro de esta tónica se explican los esfuerzos por "desgolfizar" las relaciones. El espinoso tema del diferendo, se ha desplazado en forma deliberada a un lugar secundario, ya que ha tenido efectos nocivos sobre otras cuestiones. Más aún: al parecer la estrategia consiste en lograr un aumento significativo de los niveles de cooperación, coordinación e integración binacional, que tenga como corolario la resolución del diferendo. En la medida en que se deje de sobredimensionar la disputa en el golfo, y se perciban las ventajas de una integración efectiva, será menos problemático remover el tradicional obstáculo de las relaciones colombo-venezolanas.

Sin embargo, una excesiva "desgolfización" de las relaciones, también tiene sus riesgos.

Sería aconsejable no relegar demasiado la cuestión del diferendo, de manera que se constituya en una parte complementaria importante de la agenda bilateral. Así, se reduciría su condicionamiento y dependencia, del éxito de las políticas integracionistas.

En segundo lugar, ha sido positiva la inclusión de los distintos sectores políticos de los dos países en las Comisiones de Vecindad. Con ello se ha facilitado una mayor concertación en las iniciativas, que puede prevenir que sean atacadas o utilizadas electoralmente en el futuro. Obviamente, es posible que surjan desacuerdos al interior de las comisiones. Sin embargo, ningún sector político querrá cargar con la responsabilidad del fracaso de las iniciativas, de un organismo del cual formó parte.

Los gobiernos de los países incluso podrían buscar involucrar en mayor medida a los diferentes partidos en el proceso, de manera que resulte disfuncional y costoso en lo técnico y lo político, desmontar las actuales iniciativas. Esto se podría lograr con un mayor intercambio de criterios, que conduzca a una suerte de acuerdos y compromisos, bien sea formales o informales.

En tercer lugar, en lo que respecta al trabajo concreto en las distintas comisiones, se han dado algunos pasos significativos. A pesar del sigilo existente, se sabe que las frecuentes reuniones sostenidas por los Altos Comisionados han tenido por objeto el diseño de los lineamientos generales de las políticas de cooperación.

En este marco, dichos funcionarios han realizado una intensa labor de consulta con varios sectores políticos, entidades económicas y organismos técnicos, a fin de sondear las posibilidades de adelantar distintas políticas integracionistas, y recibir sugerencias para el tratamiento de cuestiones conflictivas como la de la disputa en el golfo de Venezuela.

Los Altos Comisionados son entonces una instancia intermedia, en el sentido de que su trabajo ha sido desarrollar ciertas directrices presidenciales generales, pero sin caer en el particularismo propio de las tareas de las Comisiones de Vecindad.

Los Altos Comisionados deberían publicitar más los esfuerzos realizados en favor de una mayor concertación bilateral. Por la investidura que tienen -y sin necesidad de revelar asuntos confidenciales-, deberían constituirse en la principal instancia de divulgación sobre la permanencia de una voluntad política integracionista.

Por el contrario, el trabajo realizado por las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos o Comisiones de Vecindad no ha tenido mayores reservas ante la opinión pública. Las Comisiones de Vecindad de ambos países, inicialmente efectuaron un recorrido a lo largo de la frontera, para detectar los problemas y necesidades regionales. Posteriormente, elaboraron un diagnóstico, con base en el cual presentaron un paquete de propuestas que podría significar un impulso importante y creativo al desarrollo de la zona fronteriza, y en aras de una mayor integración bilateral.

El paquete de propuestas consta básicamente de una serie de recomendaciones, que se han sometido a consideración de los respectivos gobiernos, ministerios y otras entidades oficiales, que finalmente son los encargados de llevar las iniciativas a la práctica.

Dado el grado de conocimiento adquirido por los integrantes de las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos sobre la problemática de la región, sumado al hecho de que han presentado propuestas de solución, valdría la pena que se le diera continuidad a sus labores. Las comisiones se deberían convertir en órganos supervisores de la ejecución de iniciativas; adicionalmente, podrían constituirse en un canal de comunicación permanente entre los representantes de los distintos sectores sociales de la zona, y las altas instancias del gobierno. Así se daría un seguimiento de los proyectos, en concomitancia con los requerimientos y necesidades reales de los pobladores de la frontera.

En cuarto lugar, se puede destacar como un hecho positivo, la coordinación en el trabajo de las Comisiones de Vecindad de los dos países, y con los respectivos Altos Comisionados. Se alcanzó una unidad de criterios que permitió elaborar una agenda bilateral común.

No obstante, se pueden formular una serie de inquietudes acerca del futuro de las iniciativas de corte integracionista en las relaciones bilaterales. Las propuestas y sugerencias sobre medidas y proyectos elaborados por los Altos Comisionados y las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos, en su mayoría, hasta ahora están siendo estudiadas por los órganos ejecutores de los dos Estados. Muchos proyectos deben pasar por un análisis previo de factibilidad, que tomará en cuenta los recursos disponibles, y dependiendo de los resultados, se llevarán o no a la práctica.

A pesar de que varias iniciativas no presentan mayores dificultades en cuanto a su aplicación, todavía existe incertidumbre acerca de lo que subsistirá del paquete de propuestas. Por el momento, se ha manifestado más que todo una serie de intenciones, y unas formulaciones teóricas y genéricas, faltando el largo trecho de las realizaciones concretas.

El panorama se complica en relación con propuestas de gran envergadura, que requieren cuantiosos recursos. Todavía no hay claridad sobre la financiación de proyectos, a pesar de que se han iniciado gestiones ante organismos internacionales. De esto, depende en gran medida el que se alcancen resultados positivos.

Paralelamente se observa una paradoja: con la reciente dinámica integracionista, se ha puesto énfasis en la realización de proyectos e inversiones conjuntas. Sin embargo, las economías de los dos países están pasando por un período crítico. Con el rompimiento del Pacto Cafetero, se ha reducido el ingreso de divisas a Colombia. Además, el Estado recientemente se ha embarcado en una "guerra" contra el narcotráfico, que al parecer conlleva una creciente desviación de atención y recursos, de los sectores productivos y de inversión social, hacia el fortalecimiento del aparato represivo del gobierno.

Por su parte, en el mes de febrero de este año, el gobierno venezolano adoptó una serie de medidas de ajuste, destinadas a sanear en el mediano y largo plazo su economía nacional. Se eliminaron varios subsidios estatales, se devaluó el bolívar, se incrementaron drásticamente los precios de la gasolina, se encarecieron los servicios públicos, entre otros. Esta "terapia de "choque", por más que tenga posibles resultados benéficos en el futuro, por ahora ha acentuado la crisis económica venezolana. Con lo anterior, crecen las dudas sobre si se pueden hacer las adiciones presupuéstales necesarias para llevar a cabo las propuestas de las comisiones, e inclusive, de que los gobiernos les otorguen cierta prioridad a las iniciativas integracionistas.

Adicionalmente, para que las proyecciones de integración y concertación bilateral tengan éxito, es básico un entendimiento de las entidades de planeación de las dos naciones. Hasta ahora, no se ha avanzado de manera sustancial en esta dirección, lo que puede significar poca coordinación en la elaboración, financiamiento y ejecución de proyectos binacionales.

En forma paralela, se debería involucrar a más sectores no gubernamentales de ambos países ya que su aporte sería significativo para una política realista de integración. El enfoque de las comisiones se centra casi exclusivamente en el sector oficial. Valdría la pena incentivar la participación del sector académico, que a través de estudios y seminarios puede hacer aportes a la dinámica de este proceso. Así mismo, la empresa privada puede brindar sugerencias y directrices para aumentar la productividad de las regiones fronterizas, así como el comercio y la integración bilateral. Más importante aún es la vinculación directa y participativa de la población de la región, y especialmente del sector laboral.

Finalmente, la continuidad de los proyectos se puede ver afectada por la terminación de la administración Barco. A mediados de 1990 se dará un cambio de gobierno, lo que podría eventualmente significar un viraje en el manejo de la política exterior. A pesar de que los convenios e iniciativas se dan entre gobiernos y no entre personas, el marcado presidencialismo que existe en Colombia al igual que en Venezuela, puede dar origen a un cambio relevante

en las prioridades de la agenda internacional en el siguiente cuatrienio. Lo fundamental, para lo que resta de la administración Barco, es generar una política de Estado frente al tema de Venezuela, que evite los vaivenes de los reemplazos cuatrienales de gobierno. Se requiere una política estratégica y de visión de largo plazo, para consolidar lo logrado y darle una continuidad más allá de la coyuntura. Allí se ubica el gran desafío de la presente administración liberal.