Documento para el Temario Preliminar Ampliado de la Cumbre de Cartagena
Gobierno de EE.UU
es
25-30
01/01/1990
01/01/1990
Memorando elaborado por el gobierno de EE.UU. en diciembre de 1989 con la agenda de puntos y compromisos posibles antes de la Cumbre del 15 de febrero de 1990 (Traducción No Oficial)
Los presidentes consideran que todo planteamiento que comprometa a las partes a poner en práctica o a consolidar un programa general e intensificado contra los narcóticos, ha de tomar en cuenta la reducción de la demanda y del consumo, y comprender entendimientos acerca de la cooperación económica y del desarrollo alternativo, la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, y las iniciativas diplomáticas y públicas.
Los presidentes se dan cuenta de que éstas son cuestiones conexas que se refuerzan mutuamente. El progreso que se logre en una de ellas contribuirá al progreso en las otras, y el fracaso en cualquiera de ellas amenazará el avance en las restantes. El orden en que van mencionadas aquí no pretende asignarles una importancia determinada. En efecto, la cooperación económica y las iniciativas internacionales no pueden resultar eficaces a menos que vayan acompañadas de unos programas enérgicos en contra del tráfico de drogas ilícitas.
Las partes negociarán acuerdos bilaterales en los que se harán constar sus responsabilidades y compromisos con respecto a la cooperación económica y a la aplicación de la ley.
El lucro ilícito de la coca, aunque deforma muchísimo la economía de las partes andinas, contribuye a la entrada de divisas y a la generación de empleos y de ingresos. Por lo tanto, la supresión del comercio de la coca causaría trastornos graves, inmediatos y prolongados, no sólo en las regiones donde se cultiva la coca sino en todos los países productores. Las cuatro partes se dan cuenta de las consecuencias de inestabilidad que acarrearía la eliminación de una fuente principal, aunque ilícita de ingresos. El gobierno de los Estados Unidos pedirá al Congreso que permita nuevos fondos para el programa durante los años fiscales de 1991 a 1994, con el fin de asistir a las tres partes andinas en sus esfuerzos para rectificar los trastornos económicos a corto y a largo plazo que ocurrirían como consecuencia de la aplicación de medidas eficaces contra los narcóticos. Cada año, el aporte de la cooperación económica del gobierno de los Estados Unidos dependerá de la eficacia de las medidas contra los narcóticos que lleven a cabo las partes andinas. Las tres partes andinas se dan cuenta de que la solidez de su política económica será condición esencial de la cooperación del exterior y del aprovechamiento eficaz de la ayuda para el desarrollo. Los Estados Unidos están, así mismo, dispuestos a colaborar con las tres partes andinas en una diversa gama de iniciativas para el desarrollo, el comercio exterior y la inversión, a fin de fortalecer y sostener a largo plazo el ajuste económico y el crecimiento.
A medida que las tres partes andinas lleven a la práctica unos programas eficaces de interdicción de la corriente de narcóticos y de erradicación de sus cultivos, les será necesaria una ayuda de rápido desembolso que mitigue los costos sociales y económicos, tanto de pequeña como de gran escala. Las partes colaborarán para averiguar la clase de ayuda que se requiera. Los Estados Unidos están dispuestos a conceder apoyo a la balanza de pagos, a fin de costear importaciones y de contribuir al servicio de las deudas contraídas con las instituciones financieras internacionales. Los Estados Unidos así mismo considerarán el financiamiento de programas sociales de emergencia, tales como el exitoso programa boliviano, que facilita alimentos, oportunidades de empleo, etc., a la población rural pobre más directamente afectada por la lucha contra los narcóticos.
Tenemos la intención conjunta de que la lucha contra los narcóticos perturbe el mercado de la cocaína y reduzca el precio que se paga por la hoja de coca. A medida que esta lucha tenga éxito, los que se dedican al cultivo de la coca y a su primera elaboración buscarán fuentes supletorias de ingresos, bien sea por sustitución de cultivos o por cambio de empleo. Las partes colaborarán a fin de hallar actividades para ingresos alternativos financiados por el exterior. Los Estados Unidos están dispuestos a considerar el financiamiento de actividades tales como la investigación, la divulgación, el crédito y otros servicios de apoyo a la agricultura; la estructuración de mercados, y el respaldo a iniciativas dirigidas por el sector privado para la formación de pequeños comercios y de agroindustrias.
Para fomentar las oportunidades ampliadas de empleo y de ingresos las tres partes andinas requieren la cooperación económica externa y una sólida política económica que conduzca a un crecimiento sostenible a largo plazo. Los Estados Unidos respaldarán las medidas dirigidas a estimular el desarrollo rural de amplia base, fomentar exportaciones no tradicionales, construir una infraestructura productiva, etc. Las partes determinarán la asistencia económica y las reformas normativas internas que se requieran para asegurar el ajuste económico y el sostenimiento del desarrollo alternativo. Los Estados Unidos están dispuestos a financiar actividades de desarrollo de esta clase, en cooperación con instituciones bilaterales y multilaterales.
Las iniciativas para el comercio exterior y la inversión también son esenciales para facilitar el crecimiento económico sostenido y para contribuir a compensar los trastornos económicos que resulten de un programa eficaz contra los narcóticos. Los Estados Unidos ya cooperan en este sentido, puesto que procuran reconocer los posibles beneficios derivables del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) y buscan estrategias para fomentar la exportación. Entre las iniciativas para el comercio exterior que se ofrecerán se encuentran la asistencia técnica para mejorar el rendimiento del comercio exterior; la exploración de posibilidades de expansión del comercio textil; la atención preferente a la negociación de un nuevo acuerdo internacional del café, que resuelva las dificultades fundamentales del acuerdo viejo; la negociación acelerada con los participantes andinos de la Ronda del Uruguay, acerca de las tarifas aduaneras y de las medidas no arancelarias, y el respaldo a las gestiones de los bancos multilaterales de desarrollo encaminadas a alentar la reforma significativa de la política del comercio exterior.
Es necesario atacar el comercio de drogas ilícitas en todas sus etapas: la producción, el transporte y el consumo. Al mismo tiempo hay que cortar todos los pasos de la corriente de dinero que va de los consumidores a los productores, a fin de que a los traficantes les resulte más difícil transferir sus beneficios por medio de los sistemas bancarios internacional y nacional, disfrutar de esos lucros mal habidos, comprar hoja de coca a los agricultores y pagar a los elaboradores que la refinan. El gobierno afectado también ha de poder identificar, apresar y al final confiscar, los haberes de los traficantes, las sustancias que utilizan para refinar el producto, y los barcos y las aeronaves que emplean para transportar los narcóticos. Estas medidas, a fin de que surtan efecto, han de llevarse a cabo de manera simultánea, vigorosa y coordinada, haciendo uso de la policía, las fuerzas militares, los fiscales y los tribunales.
Las gestiones contra los narcóticos, para que tengan éxito, deben respetar plenamente los derechos humanos. Nada socavaría más esta lucha que el desprecio por los derechos humanos de parte de quienes están empeñados en combatir las drogas ilícitas. El respeto por tales derechos debe tenerse por una ventaja poderosísima, aunque intangible en la guerra contra los narcóticos. Desde esta perspectiva resulta que, para un planteamiento victorioso, es indispensable que haya vigilancia para asegurar que en la práctica se guarde el debido respeto por los derechos humanos y se tomen medidas para impedir los abusos.
La batalla contra un producto ilícito ha de hacer hincapié en el comercio de ese producto. Es esencial interrumpir la corriente de cocaína que se dirige del productor al consumidor. Esta labor será más eficaz donde haya mayores cantidades de ese producto y donde esté más expuesto. Para cuando llega a las calles para su reparto -ya sea en Lima o en Los Ángeles, en Bogotá o en Birmingham- un esfuerzo equivalente de parte de la policía y de los tribunales da menos resultados. Es necesario que cooperen los países productores, consumidores y de tránsito. Las partes se comprometen a vigorizar las medidas que toman dentro de sus países para interrumpir la corriente de drogas ilícitas, y a aumentar la coordinación y cooperación entre ellos, a fin de facilitar esta batalla, pero guardando siempre el debido respeto por las normas internacionales de los derechos humanos. Los Estados Unidos están dispuestos a cooperar aún más en equipar y capacitar a los agentes de policía de las tres partes andinas.
En la guerra contra las drogas ilícitas hay que apelar a todos los recursos. Aunque por lo general, las medidas para hacer cumplir las leyes penales de cada nación debieran dejarse a los servicios policiales, ocurre que muchas veces los narcotraficantes poseen más recursos que la policía, o actúan en zonas donde, ya sea por su lejanía o por la presencia de insurrectos, son imposibles de realizar las funciones normales de la policía. Las fuerzas militares pueden disponer de medios de transporte y pueden patrullar los ríos y las costas, proteger contra los insurrectos, y atacar directamente las grandes concentraciones de traficantes y sus laboratorios. Las fuerzas militares estadounidenses ayudarán a sus propios servicios de policía y de justicia a interrumpir el paso a las drogas ilícitas que se dirigen hacia los Estados Unidos por las aguas y los espacios aéreos internacionales. Según el éxito que tengan las operaciones de hacer cumplir la ley de las tres partes andinas, el gobierno de los Estados Unidos solicitará al Congreso que permita una mayor cooperación policial y militar con ellas. Esta cooperación servirá para respaldar los ataques de los militares contra las guerrillas que estén en proximidad geográfica a los narcotraficantes, o que estén aliadas con ellos de facto.
Con un esfuerzo mayor contra el narcotráfico de parte de la policía y las fuerzas armadas, resultará decisivo que estén mutuamente coordinados, a fin de evitar la duplicación de funciones y los enfrentamientos involuntarios entre ambos, con el objeto de que su lucha contra los narcotraficantes resulte más eficaz. Los Estados Unidos han de dirigir su cooperación adecuadamente y colaborar con otros donantes para ese mismo fin: eso es, facilitar la coordinación entre la policía y los militares.
La cooperación en materia de inteligencia multiplica el efecto de las otras gestiones. Esta cooperación es necesaria tanto entre los países como dentro de cada uno. Como es natural, la información delicada ha de controlarse adecuadamente para evitar que se expongan operativos de interdicción y aplicación de la ley, se ponga en peligro la seguridad del personal policial y militar, y el procesamiento de los traficantes. Las cuatro partes se comprometen a mejorar la coordinación de la información reservada entre ellos y dentro de cada país.
La erradicación de la coca ha de ser parte esencial de la lucha de cada país contra el narcotráfico. En cada caso hay que estudiar cuidadosamente los programas de la erradicación aérea y manual, midiendo su posible efecto en la producción total del país, sus costos y beneficios marginales relativos a otros medios de lucha contra los narcóticos en el mismo país o zona, y sus probables consecuencias políticas. Cuando los estudios ambientales demuestran que la erradicación por medio de herbicidas es inocua, ha de comenzar la fumigación aérea. Las partes respaldan los programas de erradicación y, además, acuerdan procurar seguir suprimiendo el cultivo de la coca -después de la erradicación- mediante el impedimento activo de nuevas plantaciones. La erradicación, voluntaria o involuntaria, resulta una empresa sin fin cuando queda anulada por la aparición de otras plantaciones de coca. Hay que alentar nuevas oportunidades económicas (como se indica en la Parte A), a fin de disuadir a los agricultores de la expansión de las plantaciones y disuadir la incorporación de nuevos agricultores al cultivo de la coca.
Las fortunas ingentes que generan los narcóticos hacen que los traficantes sean capaces de introducirse en los mercados comerciales, tanto los lícitos como los ilícitos, incluso hasta llegar a dominarlos, de corromper a los gobiernos y a las fuerzas de orden, y de desestabilizar a los gobiernos. Las partes acuerdan buscar, seguir, congelar y confiscar los ingresos procedentes de las drogas ilícitas en sus países respectivos, y atacar el lado financiero del narcotráfico, mediante la adopción de medidas enérgicas para penalizar el lavado de dinero, para luego procesar eficazmente a los narcotraficantes y blanqueadores de dinero, quienes emplean los sistemas financieros, ya sea el internacional o los nacionales, para ocultar y trasladar los fondos que obtienen de sus delitos.
El cumplimiento de las leyes contra los narcóticos se ve muy obstaculizado por las ineficacias de la justicia penal, así como por la intimidación que ejercen y los sobornos que reparten los narcotraficantes. Las partes acuerdan dar prioridad a averiguar cuáles son las reformas normativas e institucionales necesarias para revigorizar la justicia penal, asegurar el procesamiento pronto y eficaz de estos delincuentes, y colaborar para la puesta en práctica de estas medidas. Las partes reconocen que la cooperación internacional es valiosa para consolidar la administración de la justicia, incluida la protección del personal judicial y de los fiscales que participan en causas de narcóticos, y que esa cooperación es soporte indispensable de las instituciones democráticas.
La industria de la cocaína depende mucho de las armas y del transporte aéreo y marítimo en toda la cadena de cultivo, producción y distribución. Las partes convienen en reforzar su fiscalización del movimiento de armas ilícitas y de la venta, reventa y registro de aeronaves y navíos. Las tres partes andinas acuerdan establecer unos programas de control, con la cooperación y asistencia de los Estados Unidos, en los que estarían comprendidos el registro de aeronaves y navíos, leyes eficaces de decomiso que aseguren el éxito de los procesamientos y de la confiscación de aeronaves y navíos, fiscalización de la concesión de licencias de vuelo y de la capacitación de los pilotos, registro de los campos de aviación, y regulación del acceso al combustible y otras sustancias fungibles. Los Estados Unidos acuerdan contener las exportaciones ilícitas de armas de los Estados Unidos, haciendo uso eficaz de las leyes ya existentes para fiscalizar la exportación de armamento de fabricación estadounidense a los narcotraficantes de la región andina.
La desviación de sustancias del comercio lícito resulta indispensable para la producción de cocaína. No sólo es necesario mejorar los controles estadounidenses sobre la exportación, sino también fiscalizar la importación y distribución de las sustancias precursoras, a fin de evitar que se desvíen a la producción de cocaína. Las partes convienen en que se debe hacer hincapié en interrumpir el movimiento de productos químicos que ya han entrado en el país (legal o ilegalmente) y que se desvían para la elaboración de la coca. Para ello hay que dominar los puntos críticos: las confluencias importantes de los ríos, las instalaciones portuarias, los campos de aviación, y los servicios de reparto y transporte de productos químicos. Además, hay que establecer unos programas de investigación y vigilancia, en estrecha colaboración con todos los organismos de cumplimiento de las leyes de las partes. Las tres partes andinas acuerdan también elaborar un sistema interno para seguir la pista a las sustancias químicas, desde su venta o reventa hasta su entrega al usuario definitivo. Las partes convienen en cooperar bilateralmente y multilateralmente para facilitarse mutuamente la información necesaria para seguir el movimiento nacional e internacional de las sustancias químicas precursoras, con el propósito de fiscalizar su venta y vigilar su circulación.
Un programa de decomisos, bien elaborado y administrado, rendirá beneficios importantes, monetarios y políticos, a los gobiernos y a los organismos de la ley. Tal programa habrá de incluir los mecanismos para la confiscación, y a la larga, la pérdida legal de las propiedades y de los bienes que, o proceden de delitos vinculados a las drogas ilícitas o se emplean para perpetrarlos. Los haberes sujetos a pérdida han de comprender tanto los bienes muebles como los inmuebles, y el equivalente de los bienes procedentes de los delitos vinculados a las drogas ilícitas, incluidos el lavado de dinero. Las partes se comprometen a tomar las medidas necesarias para promulgar leyes pertinentes y llevar a la práctica programas eficaces.
Las partes se comprometen a ratificar la Convención de Viena sobre Estupefacientes de 1988, y a aplicar con diligencia las disposiciones relativas a la penalización de todos los aspectos del tráfico de narcóticos, del lavado de dinero y de los delitos afines (incluidos los delitos por asociación ilícita); la asistencia mutua en materia judicial; la confiscación de bienes y su distribución, y medidas conexas.
Las partes se comprometen a llevar a la práctica eficazmente los tratados de extradición en vigencia y los arreglos afines, incluido el Artículo 36 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972. Para adelantar este objetivo, unos grupos jurídicos pertinentes de cada país se reunirán con sus colegas, según sea necesario, para discutir los mecanismos apropiados y eficaces de extradición.
Las partes se comprometen a cooperar en compartir las pruebas, de manera admisible, en los procedimientos judiciales, por medio de mecanismos informales de colaboración y, cuando fuera necesario, por medio de los acuerdos bilaterales apropiados.
El flagelo de la droga no conoce fronteras, amenaza la seguridad nacional e internacional, y desgasta la estructura económica y social de nuestras naciones. Resulta esencial que todos los pueblos y gobiernos se den cuenta de este grave peligro y que lancen una respuesta política y económica que cumpla el objetivo de reducir la demanda de narcóticos, reprimir la producción ilícita, y destruir a las bandas de traficantes. A este fin, las partes se comprometen a usar toda oportunidad y toda institución posible para llevar a la práctica las medidas destinadas a alcanzar nuestro objetivo. Uno de los programas más importantes consiste en reforzar la cooperación y coordinación en materia de narcóticos entre los países donantes y los países beneficiarios.
Para eliminar la amenaza de los narcóticos en los países consumidores, productores y traficantes hace falta disponer de una abundante información y ejercer una activa diplomacia pública, a fin de que el público se dé cuenta cada vez más de los peligros personales y sociales del consumo de narcóticos, y de la amenaza que su producción y tráfico representan para la seguridad de las naciones. Los cuatro presidentes han consagrado sus gobiernos a una mayor cooperación en las gestiones para reducir la demanda de drogas ilícitas. Han convenido en intensificar la elaboración de programas mutuos para informar mejor al público; en intercambiar ideas, información y especialistas en esta materia, y en compartir cuanto aprendan acerca de la disminución de la demanda. Las partes también exhortan a todos los países a que colaboren en establecer una campaña internacional de concientización pública que destaque la realidad de las redes de traficantes de drogas ilícitas, y logre el respaldo político y financiero que hará falta para hacer una guerra internacional eficaz contra los narcóticos.
En la Cumbre de los Siete, celebrada en París en julio, se estableció un Grupo de Trabajo de Acción Financiera, en el que no sólo están representados los países de la cumbre, a fin de averiguar cómo los gobiernos pueden facilitar la cooperación y la acción eficaz contra el lavado de dinero obtenido de las drogas ilícitas. Las partes exhortarán a los países de la Cumbre de los Siete y a los demás participantes en el Grupo de Acción Financiera a dar la mayor importancia al estudio de aquellas medidas económicas que ayuden a reducir el cultivo ilícito y a levantar las instituciones judiciales y de derecho de los países más afectados por el cultivo ilícito y el narcotráfico. Los Estados Unidos serán los anfitriones de la próxima Cumbre Económica, que se celebrará en Houston, Texas, en julio, y aprovecharán esa oportunidad para colocar la batalla contra los narcóticos en un lugar prominente del temario.
Para el ajuste económico y el crecimiento económico sostenido harán falta más cooperación económica y mayores incentivos para la inversión y el comercio exterior de los que pueden proporcionar los Estados Unidos solamente. Las partes concertarán sus gestiones para lograr el apoyo de las instituciones multilaterales y de otros socios económicos, a medida que las tres naciones andinas llevan a la práctica un programa eficaz contra los narcóticos y una sólida política económica. Los Estados Unidos ya han presentado, en diciembre de 1989, un planteamiento en este sentido a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, a través de su Comité de Asistencia para el Desarrollo, así como a muchos de sus socios europeos. Las partes instarán a los organismos multilaterales e internacionales a que elaboren un planteamiento estratégico del programa andino contra los narcóticos, a fin de asegurar que dichas instituciones participen al máximo nivel posible; ese planteamiento habrá de tomar en cuenta las necesidades particulares, en materia económica y de desarrollo, de las partes andinas.
Las Naciones Unidas han reconocido que el azote de las drogas ilícitas representa una amenaza principal para la seguridad internacional y la estabilidad económica. Las Naciones Unidas han exhortado a que se llegue a un Plan de Acción Mundial contra los Narcóticos, a fin de estimular a aquellos organismos de las Naciones Unidas que tienen deberes de fiscalización de las drogas ilícitas. Se celebrará una sesión especial de las Naciones Unidas del 20 al 30 de febrero de 1990 para considerar la magnitud del azote mundial de las drogas ilícitas. Las partes instan a que, durante esta sesión especial, las Naciones Unidas den prioridad a reconocer los programas de efecto práctico que reafirmen la reacción multilateral a la cuestión que los narcóticos, según dispone la Resolución L.36 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En la Conferencia Trilateral de Madrid de noviembre de 1989, España e Italia hicieron ofertas generosas de respaldo a Bolivia, Colombia y Perú, para actividades policiales relativas a la lucha contra los narcóticos. Como complemento de esta reunión, Italia y España abogaron por un aumento de la cooperación financiera europea con los países andinos durante la reunión de Trevi celebrada en París en diciembre. Las partes procurarán buscar coordinadamente aquellas otras medidas necesarias para elevar al máximo el nivel de la cooperación europea en la lucha contra los narcóticos.
Las drogas ilícitas dirigidas a los países consumidores, muchas veces se transportan a través de países de tránsito, y la corrupción de los narcóticos ha comenzado a socavar las instituciones de esos países, así como las de los productores y consumidores. Para que la estrategia de interdicción de los suministros de drogas ilícitas resulte eficaz se requiere la cooperación con estos países y su respaldo. Las partes se comprometen a cooperar con los países de tránsito en la represión del flujo de drogas ilícitas. Van comprendidos en esa cooperación los servicios de especialistas y la asistencia a sus autoridades policiales para que reconozcan y sigan el movimiento ilícito de narcóticos a través de su territorio.
Para perseguir los objetivos convenidos en la Cumbre y velar por el compromiso duradero de continuar la lucha que tienen nuestros países, las partes piden que se celebre una reunión de seguimiento en un plazo de seis meses, a fin de reunir a aquellas naciones que se han consagrado a la eliminación del consumo, del tráfico, y de la producción ilícita de drogas narcóticas.