Los desafíos de la política internacional colombiana en los noventa
Diego Cardona
Coordinador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.
Juan Gabriel Tokatlian
Director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.
es
3-10
01/04/1991
01/04/1991
El inicio de una nueva década coincide, en el caso Colombiano, con el comienzo de una nueva administración: la del presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994). En medio de un sistema internacional en transición, marcado por la incertidumbre y la complejidad y un escenario interno caracterizado por la inestabilidad y la fragilidad, el nuevo mandatario liberal tomó posesión el 7 de agosto de 1990. Tanto durante la campaña electoral que lo condujo a la Casa de Nariño como en su discurso inaugural, Gaviria afirmó su intención e interés de otorgar permanencia y profundidad a las líneas generales de acción que identificaron la gestión de su antecesor, Virgilio Barco Vargas.
Al cabo de diez meses de gobierno es posible observar una continuidad relativa, así como algunos matices de cambio en la política exterior de Colombia.
Respecto a lo primero, existen algunos aspectos notorios. En efecto, por una parte, la actual cabeza de la misma, el presidente Gaviria, fue ministro de Hacienda y luego de Gobierno en el cuatrienio anterior; el actual ministro de Relaciones Exteriores, Luís Fernando Jaramillo, fue ministro de Obras Públicas durante el mandato de Barco; dos de los asesores presidenciales del ex mandatario liberal se encuentran ahora en cargos de dirección y consejería importantes, en sus calidades de viceministro de Relaciones Exteriores (Rodrigo Pardo) y Consejero Presidencial para Asuntos Internacionales (Gabriel Silva); el ex presidente Barco ejerce funciones de embajador en Londres; el ex canciller Julio Londoño preside la misión colombiana ante la OEA; el ex ministro de Gobierno y luego de Comunicaciones, Fernando Cepeda, está a cargo de la representación del país en Naciones Unidas en Nueva York. Por su parte, el anterior titular de este último cargo, Enrique Peñaloza, preside la Comisión Nacional Preparatoria de la Reunión de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Unced, que se efectuará en Brasil en 1992.
Se mantiene, además, un discurso muy semejante en materia de política exterior, con énfasis en asuntos económicos, en especial los referentes a la internacionalización necesaria del país comenzando por la economía, la apertura hacia el mundo exterior, la necesidad de modernización y la continuación de la defensa del derecho internacional. De igual forma, el proceso de modernización de la Cancillería con el objeto de afinar los instrumentos de política internacional, que había comenzado en el período de Barco-Londoño, continúa en la administración de Gaviria. Al efecto, la ley 11 de reorganización de la Cancillería, firmada por el presidente en enero del presente año, sienta las bases para establecer algunos mecanismos esenciales de coordinación en materia de política exterior y relaciones económicas externas.
Adicionalmente, el énfasis en la diplomacia económica, notorio en la administración anterior, parece preservarse y ahondarse. Al respecto, la serie de medidas vinculadas a la apertura económica, entre las cuales se prevé la puesta en marcha de un Ministerio de Comercio Exterior, y el sentido pragmático frente a los logros económicos indispensables al momento de juzgar la labor de las delegaciones diplomáticas, son elementos de interés.
En cuanto a la política multilateral, se ha dado vigor a iniciativas que comenzaron con cierto éxito en el período anterior, especialmente el impulso otorgado al Grupo de los Tres (con Venezuela y México), con miras a un eventual acuerdo de libre comercio; al Grupo Andino, con una nueva y quizá definitiva fijación de plazos para desgravación arancelaria y facilidades a la integración; y, al instrumento de concertación por excelencia en el continente, el Grupo de Río, cuya presidencia pro tempore ha asumido Colombia a partir de comienzos de abril de 1991.
También ha continuado sin variaciones la política activa en el Grupo de Cairns, los No Alineados, el GATT, y en las diversas instancias de Naciones Unidas.
En la perspectiva bilateral, las relaciones con Venezuela están en este momento en un nivel más armónico y menos tenso gracias a la continuación de la política emprendida desde la segunda parte de la administración previa, con énfasis en los puntos de convergencia entre los países, sobre lo que puede distanciarlos. El proceso de distensión bilateral es evidente y creciente, y la constitución real de las bases de una integración que vaya más allá de la retórica, parece tener un dinamismo poco usual en las relaciones colombo-venezolanas.
Prosiguen en términos generales los objetivos fijados por la administración Barco, en el sentido de otorgar mayor importancia a los procesos de obtención y mantenimiento de una relativa autonomía en el escenario internacional, la maximización del poder negociador nacional y la diversificación no ideologizada de las relaciones internacionales. En cuanto a la vinculación entre procesos externos e internos, la interconexión temática es cada vez más amplia y compleja, no sólo por lo que se refiere al tratamiento del fenómeno de la insurgencia interna sino también en materias como derechos humanos, drogas y ecología. En este sentido, las contrapartes internacionales son concebidas como actores para negociar objetivos y metas que ayuden a la solución de diversos problemas domésticos, pero no en términos ideológicos, sino utilizando un lenguaje y un enfoque más realistas, ambos notorios en el discurso tanto presidencial como de la Cancillería.
Sin embargo, pese a la continuidad enunciada podemos apreciar ciertos cambios de matices en varias dimensiones de la agenda externa del país. En primer lugar, se mantiene el compromiso colombiano respecto del Grupo Andino, pero se otorga mayor interés y recursos diplomáticos al Grupo de los Tres y a la asociación más estrecha y eficaz con Venezuela y Ecuador. Al efecto, no sólo se ha evidenciado un renovado vigor en el trabajo y logros de las comisiones de vecindad con Venezuela, sino que también se han puesto en marcha aquéllas con Ecuador. Cabe mencionar que las visitas presidenciales a América Latina han tenido relación con estos dos ejes: México por un lado, y Venezuela y Ecuador por el otro.
En segundo lugar, aunque se ha buscado la multiplicidad y la densificación en términos de la inserción económica del país (relaciones con Estados Unidos, Europa Occidental, el ex bloque socialista, y el Pacífico, en especial) se otorga claramente una mayor preeminencia a los vínculos comerciales y financieros con Estados Unidos que continúa siendo el mayor socio comercial individual de Colombia. De la misma manera, el acercamiento a la Europa comunitaria se ha visto estimulado por las preferencias comerciales otorgadas al país por cuatro años en relación con la lucha contra el narcotráfico.
Paralelamente se ha mostrado menor interés en la reestructuración del pacto cafetero trasladando la atención de la diplomacia económica a asuntos comerciales más globales, incluyendo los problemas de acceso a mercados tradicionales con nuevos productos, la apertura de mercados, el fortalecimiento de una necesaria base productiva y exportadora en el plano energético, y un manejo multilateral en cuanto a bienes no tradicionales. Un indicador en esa dirección es la importancia otorgada por la administración a la reciente reunión de mandatarios centroamericanos, efectuada en la isla de San Andrés, por convocatoria del presidente Gaviria, para discutir los problemas del mercado bananero. A propósito, cabe indicar que América Central permanece dentro de la agenda del país, pero con una decreciente importancia política y con mayor preponderancia en términos económicos; ello, a su vez, en el marco de la diplomacia del Grupo de los Tres y, también, como consecuencia de buscar no "contaminar" con la experiencia salvadoreña el proceso de negociación interna con los grupos guerrilleros aún activos en la nación.
El carácter central del narcotráfico en la política internacional de Colombia, en especial frente a Estados Unidos, se mantiene aunque con cierta diferencia respecto al gobierno de Barco: existe en la actual administración una tendencia apreciable a compartir en menor grado el diagnóstico norteamericano, tendiente a convertir al país en el teatro de operaciones por excelencia de la "guerra contra las drogas"; en la actualidad se hace mayor énfasis en soluciones internas a problemas de carácter institucional y judicial, prosiguiendo en forma concomitante la política de responsabilidad compartida en la solución global de la problemática de los narcóticos. En el mismo sentido, es más marcada en la presente administración la búsqueda de una "desnarcotización" de la agenda frente a Washington.
Lo anterior es parte de una modificación perceptible en la relación general frente a Estados Unidos. Se intenta preservar un mínimo margen de autonomía en el manejo del problema del negocio de las drogas, mientras que en otros temas de la agenda se trata de continuar el esquema previo de "disensos" y "consensos" puntuales, evitando roces y fricciones innecesarios. Colombia ha sido receptiva a la idea, aún no realizada, de la Iniciativa Andina, surgida a raíz de la reunión presidencial de Cartagena en febrero de 1990, en la cual estuvo presente el primer mandatario norteamericano. En cuanto a la Iniciativa del presidente Bush para las Américas, se ha mostrado bastante interés. En la actualidad se está a la espera de que la propuesta inicial vaya seguida de consideraciones concretas por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, así como de las instancias políticas del caso, en especial el Congreso. La firma de un acuerdo marco por parte de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, constituye un buen principio desde la óptica gubernamental.
Un cambio de énfasis organizativo de la administración Gaviria, en lo relacionado con la política exterior, resulta del nuevo modelo de asesorías adjuntas a la Cancillería en temas de crucial trascendencia para la gestión diplomática del país. Es así como se han creado mecanismos internos de evaluación y seguimiento en cinco áreas: derechos humanos, política hacia Venezuela, relaciones económicas internacionales, narcotráfico y medio ambiente. Podemos distinguir en este sentido ciertas estrategias diferenciadas según el área temática. Existe una visión de carácter defensivo-reactiva ante la posible imagen de Colombia en materia de derechos humanos, con el propósito de impedir que el país sea aislado o sancionado internacionalmente. En otros asuntos hay una mezcla entre una actitud reactiva y una aproximación más activa, por ejemplo en materia de narcóticos, en donde se ha considerado necesario explicar e insistir en los nuevos planteamientos internacionales del país, que están acordes con las nuevas decisiones asumidas en el plano interno; un ejemplo son los sistemas previstos por la legislación nacional para la entrega de narcotraficantes sin la aplicación de la extradición. Otros tópicos son abordados desde una perspectiva más dinámica, preparando una mejor labor externa en un tema fundamental para la presente década, como es el caso del medio ambiente. Ello, no sólo de cara a la conferencia mundial de 1992 en Rio de Janeiro, sino también por la creciente significación mundial y doméstica del tema para los actores estatales y no gubernamentales. La tarea del estudio atento de los vínculos con Venezuela y el esfuerzo a favor de un mayor papel protagónico de la Cancillería en los asuntos económicos externos, se ubican en la perspectiva de otorgar un tratamiento más estratégico y planificado a ambos temas de la política exterior colombiana.
Si bien es cierto que en el frente externo se verifica la permanencia de varios funcionarios en las administraciones Barco y Gaviria, dicha continuidad debe matizarse si pensamos que se trata de "jugadores" en diferentes posiciones. Algunos de los funcionarios hoy situados en el sector de la política exterior eran asesores gubernamentales a nivel presidencial en la administración anterior, pero no en ese campo específico. Sabido es que el manejo de la mayor parte de los problemas relativos a la política internacional corresponde al ministro de Relaciones Exteriores, al tiempo que la Presidencia asume directamente aquellos asuntos de interés especial para el primer mandatario. En ese sentido, podría pensarse que, pese a su posición, individuos antes cercanos al presidente no necesariamente colaboraban en la formulación de la política exterior, salvo en contados temas. De tal manera, su labor actual en cargos directamente relacionados con el ámbito internacional no siempre otorga continuidad a la tarea llevada a cabo durante la administración Barco. Algunos cambios de orientación del gobierno de Gaviria pueden parcialmente explicarse por esta circunstancia.
Un hecho interesante de evaluar hace referencia a la política colombiana hacia la Cuenca del Pacífico. En la administración Gaviria se ha verificado un menor perfil discursivo en esta dimensión, si se le compara con los múltiples planteamientos hechos durante el período Barco respecto a la importancia de dicha área, por su potencial económico, para las relaciones exteriores de Colombia. Sin embargo, lo que se observa es quizás un abandono del tema en la retórica, pero no en la realidad. Incluso si se aprecia debidamente la magnitud de las realizaciones de la administración anterior en esta materia, se comprueba que no fueron muy relevantes. Posiblemente el discurso se ha acoplado a una situación concreta de intercambios todavía muy limitados: menos del 7% de las exportaciones e importaciones totales del país y un bajo flujo de recursos financieros.
Para analizar de manera adecuada las tendencias de la administración Gaviria es necesario tener en cuenta los cambios generales y regionales acaecidos durante el último bienio. Las restricciones y condicionantes externos, tanto económicos como políticos a los que deben hacer frente América Latina y Colombia, han ido incrementándose. En ese contexto, para explicar correctamente los matices diferenciales entre el actual y el anterior gobierno liberal, es necesario distinguir las prioridades de largo plazo y las exigencias de corto plazo. Así, la administración Barco intentó establecer unos parámetros de acción con miras a ampliar los escenarios de inserción de Colombia en las esferas diplomática y comercial, lo cual era posible a mediados de los años ochenta, cuando no era tan categórico el fin de la guerra fría ni América Latina había "perdido" una década de crecimiento y desarrollo.
El presidente Gaviria confrontó una realidad internacional vertiginosamente cambiante, y de lo que se trataba era de buscar una inserción en los mercados mundiales a la mayor brevedad posible, porque un país como Colombia no puede darse el lujo de esperar pasivamente transformaciones que en algún momento beneficien o satisfagan sus intereses. Esto no significa que en el actual presidente predomine la improvisación o sólo la política de corte inmediatista. Desde su perspectiva, las alternativas de corto plazo son escasas, prioritarias y deben ser aprovechadas. Además, los temas domésticos (desde la Asamblea Nacional Constituyente hasta el diálogo con la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar y la entrega de narcotraficantes a la justicia nacional, entre otros) acaparan la atención del Ejecutivo.
Las consideraciones anteriores nos permiten introducir un tema que ha estado en el centro de los debates sobre la política exterior colombiana por varias décadas y que constituye punto de controversia y reflexión, no sólo entre académicos, sino también a nivel de "tomadores de decisiones". Sabido es que a partir de la pérdida de Panamá, a comienzos del presente siglo, el ministro de Relaciones Exteriores y luego presidente, Marco Fidel Suárez, llegó a la conclusión de que para Colombia era necesario y preferible asociarse estrechamente con Estados Unidos, intentando obtener de dicha asociación (subordinada) beneficios para el país. Designó dicha doctrina con el término réspice polum, es decir, "mira al polo", haciendo alusión al Norte
Décadas más tarde, siendo canciller durante el período presidencial de Carlos Lleras Restrepo, el expresidente Alfonso López Michelsen insistió en la urgencia y viabilidad de asumir una política dinámica hacia los países latinoamericanos y del Tercer Mundo, disminuyendo la significación excluyente de una relación preferencial (para Colombia) con Estados Unidos. Denominó a esta política como réspice similia, es decir, "mira a los que son semejantes". En muchos de los escritos sobre política exterior colombiana durante los años ochenta se argumentó que se destacaba una nítida dicotomía entre las dos posiciones y que podía caracterizarse a los diversos gobiernos nacionales según fueran del tipo réspice polum o réspice similia.
Un examen atento de las tendencias de las últimas dos décadas y de su proyección en los años noventa muestra que las dos concepciones no eran tan contradictorias o antitéticas como se presumía, salvo en períodos concretos y breves, y que los gobiernos habían actuado de una u otra manera según temas y problemas de la agenda externa del país, de acuerdo con las contrapartes internacionales implicadas y en razón a consideraciones de orden global, regional y doméstico.
Las actuales agendas internacionales, tanto multilaterales como bilaterales, varían en sentido espacial y temporal, y son altamente mutables según las relaciones de fuerza predominantes, la posición de los actores en diversos "tableros" diplomáticos y económicos, y otros factores. En ese sentido, no se trata para los años noventa, y menos para el siglo próximo, de mirar al polo o a los semejantes como una expresión de "deseo" voluntarista. Lo que parece requerirse es mirar y evaluar con atención la multiplicidad de los temas, las coaliciones estatales y no gubernamentales siempre cambiantes según el asunto, y sus variaciones de acuerdo con su inserción y grado de centralidad en la agenda mundial y nacional; es decir, hay que distinguir las líneas de fuerza, los contenidos temáticos y sus transformaciones en el caleidoscopio compuesto por los grandes escenarios regionales e internacionales. Por ello, de lo que se trataría sería de proyectar y consolidar el réspice varia et tnutabilia ("mira a lo que es diverso y cambiante"), como la conducta probablemente más óptima y audaz en el actual concierto global. Habría que mirar los diversos y cambiantes tópicos y no lo rígido y lo únicamente estatal. Mirar con atención (réspice), con criterios amplios de variación y cambio (varia et mutabilia), y referente a temas, problemas y agendas más que a países o polos. En esa dirección, la administración actual en materia de política internacional ha comenzado por efectuar una evaluación de algunas de las tendencias de la política de Virgilio Barco, observando el efecto real y medible de algunas iniciativas.
De allí que resulte esencial identificar las líneas de continuidad y discontinuidad real entre los gobiernos de Barco y de Gaviria. Por ejemplo, es notorio que en la administración Barco Vargas existió identificación (no sin roces) con la posición norteamericana en materia de narcotráfico, y un distanciamiento en otros temas (relativo en los económicos, y más amplio en los clásicos de tipo político-diplomático). En la actualidad se percibe un intento de alejamiento respecto del diagnóstico norteamericano frente al fenómeno de las drogas y la búsqueda de menores fricciones o controversias en otros aspectos de los vínculos bilaterales. Sobresale así mismo en las dos gestiones liberales una clara continuidad en el manejo de la política económica externa. Se manifiesta una profundización de temas y metas ya abordados entre 1986 y 1990: apertura e internacionalización de la economía, interés y compromiso con la integración gradual y selectiva con países afines y geográficamente cercanos, y mayor perfil en las negociaciones comerciales bilaterales (con Estados Unidos y Europa Occidental) y multilaterales (a través del GATT). No obstante, es posible que la agenda política (en especial frente a Estados Unidos) concentre mayores esfuerzos y recursos para el gobierno del presidente Gaviria en el futuro cercano, tal como terminó ocurriendo con su antecesor. Voluntad y deseo muchas veces no coinciden con las realidades internas y externas.
Pese a las modificaciones y reordenamientos de las diversas variables internacionales y de los distintos actores estatales y no gubernamentales, la principal contraparte oficial de Colombia, así como del resto de América Latina, sigue siendo Estados Unidos. Sin embargo, Colombia también posee referentes económicos y políticos específicos a nivel regional y global, luego de un largo proceso de universalización, diversificación y desideologización de sus relaciones internacionales. En este contexto lo que caracteriza al país, comenzada la última década de este siglo, es una triple adscripción o identificación.
En primer lugar, Colombia, como los países del área, "pertenece" a Occidente en dos direcciones: culturalmente, por el hecho de compartir valores fundamentales, en especial los relativos a la defensa de la democracia, el pluralismo, la convivencia y la posibilidad de disentir; y económicamente en la medida en que se inserta en el modelo capitalista. En segundo lugar, Colombia (al igual que el resto de América Latina) "pertenece" a la periferia del sistema mundial. En tercer lugar, a diferencia de la mayoría de los países de la región, Colombia ocupa un rango "medio": es un poder regional en el hemisferio, debido a su capacidad recursiva y demográfica y a sus indicadores socioeconómicos, su producción y nivel de exportación, su ubicación geográfica singularmente relevante, entre otros. No obstante, respecto a otros países "medios" como México y Brasil, Colombia no hace parte del estrato superior de las naciones intermedias, pero tampoco se encuentra en declinación como Perú y Argentina. Colombia emergió como país "medio" en los años setenta, se proyectó en los años ochenta y puede consolidarse como tal en los años noventa, gracias -en gran medida- al menor deterioro relativo de su economía y a su diversificación productiva y exportadora. Sin embargo, para realmente asegurar su status regional, el país requiere de una capacidad científica y tecnológica endógena significativa, sin la cual le será dificil mantener e incrementar el nivel alcanzado, a la vez que se necesita de un ordenamiento interno más equitativo y equilibrado en lo económico y político para garantizar la estabilidad y el desarrollo nacional.
En forma concomitante y en sentido más específico, de orden geopolítico, Colombia participa de una cuádruple inscripción en el esquema latinoamericano: es un país andino, pertenece a la Cuenca del Caribe y a la Cuenca del Pacífico, y es al mismo tiempo un país amazónico.
La participación colombiana en el Pacto Andino parece replantear en esta nueva década los objetivos básicos de la integración subregional. Dentro de ese marco, se tiene en cuenta la situación real de los países andinos antes que abogar retóricamente por la integración per se. Colombia lleva a cabo un proceso de apertura económica y de reorganización política, en especial a partir del establecimiento de una Asamblea Constituyente. No es claro que procesos semejantes se den en todos los países vecinos. Por ejemplo, la propia viabilidad del Estado-Nación en Perú se encuentra en una encrucijada, mientras que Bolivia casi que monopoliza su comercio exterior latinoamericano (aproximadamente un 90%) con Brasil y Argentina. En esta dirección, quizás la vocación andina de Colombia para los años noventa parece tender a orientar sus relaciones muy particularmente hacia Venezuela y secundariamente hacia Ecuador. En breve, si el Pacto Andino no marcha al ritmo en que están empeñadas las aperturas económicas colombiana y venezolana, el futuro del Acuerdo de Cartagena se verá probablemente comprometido.
El Pacífico sigue suscitando altas expectativas y pocas concreciones en términos de la gestión internacional del país. Es claro que esa región tiene una importancia enorme, tanto en la actualidad como de cara al siglo XXI, pero no hay en el caso de Colombia una posibilidad inmediata de "jugar" significativamente en ese espacio internacional, ni como parte de una estrategia nacional que le pueda servir a los países del área (en particular a Japón) para entrar en el mercado norteamericano, ni como parte de la estrategia estadounidense para elaborar productos en Colombia y ubicarlos en la Cuenca del Pacífico. Posiblemente el comercio individual colombiano hacia esa zona se acelere relativamente en esta década, en especial hacia Japón, China y Corea. La mayor parte del intercambio exterior del país se da en este momento con el conjunto de países europeos occidentales. Sin embargo, la creciente importancia de los países del sudeste asiático ha motivado un despliegue diplomático más activo respecto al Pacífico; lo cual ha contribuido a un mejoramiento importante de los lazos políticos, demostrable en instancias y foros internacionales donde Colombia ha recibido un apoyo externo significativo a diferentes tesis importantes del país por parte de los gobiernos del área.
En la perspectiva colombiana hacia el Caribe, la estrategia de asociación estrecha con Venezuela y México vía el Grupo de los Tres, tiene un doble propósito en relación con la región. No sólo existen, de manera creciente, intereses económicos y diplomáticos de estos tres países en América Central y el Caribe, sino que también las posibilidades de una mejor asociación comercial y energética entre los miembros de dicho Grupo requiere de fluidez comercial en la totalidad de la zona, ello sin contar con la indispensable estabilidad en Centroamérica. Además, Colombia con sus dos costas y su cercanía al Canal de Panamá, tiene, como es obvio, intereses estratégicos permanentes en relación con la seguridad de ese país. En efecto, la estabilidad interna panameña y la seguridad del tránsito ininterrumpido por el Canal son aspectos centrales en la política colombiana hacia el país vecino.
Colombia también tiene intereses en la Amazonia, por su calidad de región fronteriza y por representar un recurso ecológico de enorme significación. Empero, existen dificultades objetivas que impiden de momento el establecimiento de mejores vínculos con los países de dicha cuenca. Lo inadecuado de la infraestructura de comunicaciones y el bajo poblamiento de la región entorpecen las relaciones y cualquier posible integración de políticas globales, por lo menos en el corto plazo. Es importante que Colombia asuma la trascendencia de los recursos de la subregión, y en consecuencia busque adoptar una diplomacia concertada con los países "amazónicos" como un mecanismo útil de maximización del poder negociador frente a terceros países.
El narcotráfico continúa siendo un tema crucial en la agenda entre Bogotá y Washington. El criterio colombiano al respecto ha insistido en procurar la "desnarcotización" de las relaciones. Dicho esfuerzo significa: 1) no supeditar la agenda bilateral y multilateral común al tema de las drogas; 2) no ligar negativamente dicho tópico a otros de igual o superior importancia; es decir, que no exista un linkage negativo y desfavorable para el país como resultado del tratamiento político-diplomático de dicho asunto; 3) enfatizar la necesidad de una vinculación mutuamente beneficiosa tanto en lo comercial como en lo financiero; 4) no condicionar los lazos intergubernamentales a que Colombia continúe asumiendo el peso exclusivo y excluyente de la denominada "guerra contra las drogas"; 5) distribuir costos y beneficios entre ambos países en el combate contra el tráfico ilegal de narcóticos. Paralelamente, la posición colombiana frente a Estados Unidos ha sido nítida. Ha demostrado históricamente su adscripción y apoyo al conjunto de valores que identifican a Occidente. Colombia comparte culturalmente los pilares del pensamiento y de la conducta occidental: búsqueda de la paz, respeto al pluralismo, defensa de la democracia, consolidación de la convivencia entre los pueblos. Pero no pretende asegurar su identificación mediante actitudes y posturas ideologizantes que, bajo el criterio de su supuesta salvaguarda, vulneren esos mismos valores que constituyen los core valúes de la cultura occidental. A la hora de demostrar dicha pertenencia, Colombia lo hizo por ejemplo votando contra Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero siempre buscando una alternativa negociada no cruenta en la medida en que ello fuera posible De allí la conformación de un grupo ad hoc con otros tres países del Movimiento de los No Alineados en el seno del Consejo de Seguridad (Cuba, Yemen y Malasia), para presentar una fórmula de arreglo pacífico de la controversia.
De lo anterior se desprende otro argumento colombiano con referencia al asunto de las drogas. El país comparte con Estados Unidos y el sistema internacional un objetivo común: erradicar el problema de los narcóticos. Sin embargo, también reconoce que posee intereses nacionales propios en juego en dicha empresa. Estos no necesariamente son similares o idénticos a los de otros países, sean del centro o de la periferia. El esfuerzo colombiano ha sido el de propiciar la probable convergencia de sus propios intereses con los de distintas contrapartes. Dos criterios básicos han guiado, entonces, la política antinarcótica de Bogotá. Primero, evitar conflictos estériles que erosionen el compromiso mundial contra las drogas y, segundo, alentar la cooperación multinacional activa en esta área temática, reivindicando la protección autónoma de sus intereses nacionales. Por lo tanto, a través de la diplomacia se ha apoyado la búsqueda de opciones individuales eficaces que redunden en beneficios conjuntos para la comunidad mundial en su enfrentamiento contra las drogas, exigiendo al mismo tiempo cooperación y colaboración, no por simples motivos morales o éticos sino por razones prácticas de eficacia, simetría y operatividad.
Un nuevo criterio aplicado por la administración Gaviria al problema de las drogas se refiere a un tratamiento dual del mismo, mediante la eliminación del narcoterrorismo y la reducción del narcotráfico. Se ha comprendido que la estrategia más viable no es la "guerra" irrestricta sino contener el fenómeno, vale decir: controlar su expansión, revertir su consolidación y evitar su evolución.
La posición del gobierno norteamericano ha sido la opuesta: continuar trasladando los costos de la lucha contra las drogas a Colombia, seguir convirtiendo este asunto en el centro de la agenda entre los Estados y estimular la utilización permanente de medidas represivas. Frente a esta diferencia de intereses y visiones, el gobierno nacional ha pretendido generar relaciones maduras, transparentes y creativas entre las partes para traducir el conflicto en cooperación y no en confrontación. No obstante, lo más probable es que las tensiones y roces entre los dos países continúen y se incrementen luego de concluir el proceso de redacción de una nueva Constitución, a partir de julio del presente año.
En síntesis, la diplomacia y los análisis de política exterior colombiana parecen requerir, con urgencia, captar y asimilar las nuevas realidades internacionales y regionales, y actuar audazmente frente a ellas. Debería prevalecer la atención en torno a los temas diversos y modificables de la agenda global y latinoamericana, por sobre las antiguas consideraciones de preferencia por uno u otro país o conjunto de países. Por ello, quizás se hayan dado las condiciones para repensar el objetivo de la "mira" exterior del país: el réspice varia et mutabüia bien podría ser el punto de inflexión y de nuevo comienzo. Ahora bien, la política interna seguirá dictando los márgenes y alcances de esta nueva posible aproximación a la política exterior de Colombia.