Teoría de las Relaciones Internacionales como discurso político: El caso de la guerra de las drogas

Adrián Bonilla

Miembro de FLACSO, Ecuador.

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18-25

01/07/1991

01/07/1991

Apartes de una ponencia presentada para el XVI Congreso de LASA realizado en Washington, en abril de 1991.

 

En el año de 1982 el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, declara la guerra a las drogas y convierte un tema que normalmente era tratado como parte de los programas de salud pública y prevención, más bien un componente de la agenda doméstica, en un conflicto internacional que alcanza las dimensiones de reto a la seguridad nacional. Una vez que se conceptualiza así, las decisiones toman un cauce que involucra no solamente a las agencias policiales y de aduanas, sino al mismo ejército y a las fuerzas armadas de los países en los cuales se produce la droga. La guerra de las drogas se ha librado ya por más de nueve años, ha causado bajas, ha incidido en los sistemas políticos de varios países del continente, ha justificado una intervención militar directa, la ocupación de un país extranjero y el derrocamiento de su gobierno, ha incrementado la presencia naval estadounidense en el Caribe, ha resaltado la influencia militar en varias naciones sudamericanas, pero aparentemente no ha podido triunfar.

Esta clase de acercamiento era desconocida en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, pues en la percepción tradicional de la seguridad, los gobiernos estadounidenses habían estado buscando básicamente tres propósitos u objetivos: la prevención de amenazas o de presencia militar extracontinental -fundamentalmente de la Unión Soviética- el acceso a materias primas estratégicas y la estabilidad política y social de la región, o sea el desarrollo económico de esas naciones[1]. Las crisis más importantes en política exterior, a lo largo de la posguerra, en las cuales Estados Unidos intervinieron abiertamente en la región, pueden ilustrar esta visión: en 1954, Arbenz es derrocado en Guatemala, el peligro venía de la presencia comunista minoritaria en el gabinete. En 1961 y 1962 la invasión a Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, ambas explicadas por la presencia soviética. En 1965, la República Dominicana es invadida porque la existencia de una coalición que incluía a comunistas fue vista como la amenaza de otra Cuba. En 1973 la inteligencia estadounidense se entusiasmó con las acciones encubiertas en contra del presidente socialista Allende. Desde 1974 el apoyo logístico, económico y de entrenamiento a la guerrilla antigubernamental en Nicaragua fue política oficial, y el caso más patético de la perspectiva que ponía la seguridad estadounidense en el conflicto bipolar, fue probablemente la invasión de Grenada en 1983 para derrocar un gobierno radical que ampliaba un aeropuerto.

Con estas premisas el tema de la seguridad antisoviética subordinaba al de las drogas, aun cuando éste envolvía gobiernos o funcionarios que cooperaban con los Estados Unidos[2]. Sin embargo, a lo largo de los años ochenta la guerra contra las drogas se constituye con agenda propia, no sólo por la dimensión de sus complejidades, el conflicto generado fuera de las fronteras y la cantidad de recursos destinados para su combate, sino también porque el fenómeno de la adicción crece en los Estados Unidos y porque los medios de comunicación y la opinión pública ven en el tráfico de drogas uno de los puntos centrales de atención para el consumo de información.

Dentro de la peculiar lógica que rodea los conceptos de seguridad nacional, se plantea que la interacción entre los valores de la sociedad y el ambiente doméstico e internacional define los intereses de la nación. En el caso de Estados Unidos, éstos se podrían resumir vagamente en libertad, sobre vivencia y prosperidad. La seguridad nacional cumpliría el papel de proteger y extender dichos valores en contra de adversarios potenciales.[3]

Lo que ha ocurrido en el caso de la guerra de las drogas es que los valores mismos se encuentran en debate dentro del ambiente social doméstico respecto de la libertad, porque en cuanto a sobrevivencia y prosperidad se tendría que hilar muy fino para encontrar una amenaza real.

Desde un punto de vista complementario, la seguridad nacional estadounidense descansaría en la invulnerabilidad territorial de la nación, en el bienestar económico, en la promoción de un orden mundial favorable, básicamente pacífico, y en sus valores. A partir de estos objetivos se definiría la intensidad de los intereses, su permanencia o transitoriedad, para concluir que ellos son: de sobrevivencia, cuando hay la amenaza de destrucción de la nación o de su territorio; vitales, si la amenaza a la sobrevivencia puede gestarse o ser respondida dentro de cierto período de tiempo; mayores, cuando son importantes pero no cruciales y pueden ser negociados, dependiendo del grado de tolerancia que el reto implique; y periféricos, cuando no afectan el bienestar nacional, aunque sí el de intereses privados[4].

El combate al narcotráfico percibe una amenaza que difícilmente puede ser considerada un reto a la integridad territorial; el tráfico de drogas no es un fenómeno premeditado por actor alguno, ni tiene la capacidad de montar un operativo a largo plazo para desestructurar la sociedad estadounidense; no hay posibilidades de negociar su solución, porque el consumo es un patrón de conducta nacional y, aunque afecta los intereses privados de los ciudadanos, no obedece a una lógica de interacción con unidades políticas nacionales. Por lo mismo, los intereses en juego no son de sobrevivencia, no son vitales, no son mayores y difícilmente alcanzan la categoría de periféricos. Aun así, la guerra a las drogas se trata como un problema que merece la intervención en otros Estados y la movilización de la Inteligencia y de los militares. La dimensión otorgada por los gobiernos republicanos al problema ha sido una gran crisis con América Latina y los enemigos identificados o son ubicuos, o no existen. El análisis realista falla en la descripción del problema y los actores, pero el discurso es exitoso porque sigue reproduciéndose, prácticamente sin cambios, y alimentando la estrategia antidrogas de Estados Unidos. Hay una dinámica entonces, que trasciende las palabras, que convoca adhesiones, que construye consensos y que sirve para expresar relaciones de poder, no sólo en dirección de América Latina, los gobiernos de los países andinos, las guerrillas y los carteles, sino también hacia adentro de la formación social estadounidense.

Los objetivos de los gobiernos republicanos que combaten las drogas en América Latina pueden resumirse en tres puntos, todos dirigidos hacia la reducción de la oferta: presionar a la demanda (los consumidores) para rebajar la incidencia del abuso de psicotrópicos; disminuir el nivel de crimen organizado en las calles de las ciudades de Estados Unidos; y, apuntalar la estabilidad de los gobiernos amigos, amenazados por la influencia de este negocio ilícito; esto último, a su vez, ayudaría a prevenir el consumo en dichos países, a minimizar el poder y corrupción de las organizaciones de narcotraficantes, a elevar la imagen de esas naciones en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a preservar las relaciones bilaterales con Estados Unidos[5].

La estrategia para enfrentar el problema en el ámbito internacional, básicamente la producción de cocaína está dirigida a destruir en los países productores la estructura para el procesamiento y el transporte hacia Estados Unidos. Esta estrategia buscaría tres objetivos a corto plazo:

1. Fortalecer la capacidad institucional y la decisión política de los gobiernos de Colombia, Perú y Bolivia para enfrentar a los narcotraficantes. Esto supondría asistencia, principalmente en materias de seguridad y de entrenamiento militar, y subsecuentemente ayuda económica con el fin de respaldar la persecución, la extradición y el castigo de los narcotraficantes, lo cual, de alguna manera, supone respaldar también a jueces y funcionarios civiles.

2.Incrementar la eficiencia de la ley, las tareas de represión y control, las actividades militares, el control de carreteras y ríos, el bloqueo de precursores químicos y otras operaciones en los tres países.

3.Infringir un considerable daño a las organizaciones del narcotráfico con el fin de desmantelar sus operaciones, focalizando la acción en los cabecillas y sus lugartenientes[6].

En realidad los tres objetivos se reducen a uno: la presión física y militar sobre el narcotráfico, porque se supone que esa estrategia reducirá la producción y por lo tanto el consumo. No existe en los años noventa una variación respecto de la política ejecutada a lo largo de la década de los ochenta. Los objetivos y los mecanismos usados han sido más o menos los mismos, pero los datos hacen pensar que no han funcionado, a pesar de los progresivos aumentos presupuestarios para reforzar la interdicción. Efectivamente, la DEA estima que mientras en 1989 entraron a Estados Unidos 695 toneladas métricas de cocaína, en 1990 esta cifra ascendió a casi 900 toneladas métricas[7]. A pesar de esto, el precio de la hoja de coca en los países productores continúa bajando, al igual que el de la cocaína en Estados Unidos, lo cual implica que probablemente el negocio tenga que producir más para mantener la tasa de ganancias; pero no existen indicadores que comprueben que el tráfico haya disminuido, de modo que el objetivo nacional no se ha conseguido y la estrategia general ha sido un fracaso. Aún en el supuesto de que la oferta haya crecido en mayores proporciones que la demanda; otra de las metas, la disminución de la violencia callejera relacionada a las drogas en Estados Unidos no ha sido cubierta, entre otras causas por la lucha entre los narcotraficantes para dominar los mercados ilegales y la abundancia de la fuerza de trabajo disponible, especialmente entre los jóvenes.[8]

Colombia durante los años 89 y 90 fue sacudida por una ola de violencia terrorista que debilitó las instituciones: tres candidatos presidenciales fueron muertos, centenares de bombas explotaron y miles de ciudadanos perdieron sus vidas como consecuencia del proceso político nacional, en el cual el narcotráfico interviene como variable fundamental. En Perú, la articulación de las guerrillas de Sendero Luminoso con un rol específico de protección campesina, en el proceso general de la economía política del narcotráfico, sumada a la débil institucionalidad estatal y a la crisis económica, han dejado al país en la más crítica situación de su historia, sin soluciones posibles a plazo razonable. Todo lo anterior para citar solamente los dos ejemplos más dramáticos en términos de resultado. Mientras en Estados Unidos el fracaso de la política antidrogas de los gobiernos republicanos es evidente, en el mundo andino sus efectos han sido desastrosos; pese a ello, el discurso de la seguridad y de la militarización continúa levantando solidaridades, lo cual ilustra nuevas variables que generan una reflexión paralela acerca de si la función de la política antidrogas es combatir el narcotráfico para erradicar el consumo o simplemente levantar adhesiones, hipótesis que no puede dejar de considerarse ante los hechos.

En cuanto al efecto ideológico del discurso antidrogas, puede argumentarse que ante la conciencia de los consumidores del discurso, el narcotráfico pudo haber sustituido a la noción de un fenómeno maligno y extraño cuyas fuerzas buscan socavar la sociedad estadounidense y que en su tiempo representó el comunismo[9]. Esto fue más evidente en la década de los años ochenta cuando se asoció bajo la misma denominación al narcotráfico y a las insurgencias latinoamericanas, creándose el fenómeno de la "narcoguerrilla" cuya indefinición podía ocultar una referencia por negación a todo lo que el discurso oficial afirmaba[10].

El realismo considerado como paradigma se fundamenta en tres premisas: a) los Estados-nación o sus decisores políticos son los actores más importantes en el sistema internacional; b) hay una clara distinción entre política doméstica y política exterior; c) las relaciones internacionales se definen en la lucha por la paz y por la guerra[11]. Si se lo considera como el conjunto de supuestos de un programa de investigación científica, al estilo de Lakatos, es: 1. Estado céntrico; 2. los Estados son racionales y unitarios; 3. los Estados tienen como objetivo la búsqueda del poder[12]. El ambiente internacional así concebido imagina una situación anárquica, similar a la visión licantrópica de la sociedad que tenía Tomás Hobbes, en la cual la seguridad de un Estado depende de su autosuficiencia, básicamente de medios militares. El poder es la posibilidad que un Estado tiene de imponer a otro sus propias políticas y objetivos a través del uso potencial de la fuerza. Si este conjunto de ideas conforma la política antidrogas norteamericana, la solución al problema del narcotráfico está enfocada hacia el lado de la provisión de drogas ilegales y dependería de que los gobiernos de Colombia, Perú, Bolivia, México, Centroamérica y el Caribe, cumplieran con la estrategia diseñada por los polio/makers estadounidenses.

Sin embargo, esta percepción tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, además de los Estados, la producción, distribución y consumo de psicotrópicos involucra a una serie de diversos actores que van desde las mafias domésticas norteamericanas, hasta las organizaciones de narcotraficantes, sin hablar de las empresas financieras, bancos e industrias que participan en el negocio de lavado de dinero, o de grupos subnacionales como las guerrillas sudamericanas[13].

De otro lado, los gobiernos de los países fuente en el tráfico de cocaína no están en capacidad de controlar su propio territorio, no solamente por la presencia de retos insurgentes, sino también porque las condiciones sociales y económicas que rodean a sus sistemas políticos han determinado la existencia de una institucionalidad fundamentalmente débil, en donde la premisa de que el Estado ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza simplemente no existe. Más aún, la experiencia histórica parece demostrar que la militarización del conflicto y su elevación al rango de problema de seguridad nacional, y las consecuentes medidas de interdicción y control, han desplazado el centro de producción de drogas e incluso han influenciado los patrones de consumo. A la represión del tráfico de marihuana proveniente de México en los años 70, le sucedió el boom de cocaína originaria de Colombia en los años ochenta, que derivó en el súper adictivo crack. El uso unilateral de la fuerza, que se desprende de la autosuficiencia realista, ha abierto la posibilidad de que se elaboren drogas sintéticamente o de que la fabricación se traslade a otros países que no han sido tradicionalmente productores. En la medida en que el problema internacional, a la luz de esta suerte de análisis, es procesado por actores unitarios y racionales, la intervención en el lado del consumo es secundaria.

Particular importancia dentro de la política antidrogas tiene el papel de los militares, que, si bien puede ser concebido como participación en un conflicto de baja intensidad, se enfrenta a un enemigo difícilmente identificable en un área gigantesca, en donde los objetivos serían controlar las fronteras estadounidenses mediante el dominio de las costas y de los límites terrestres, así como del espacio aéreo y de los puertos de entrada. Esto supone la incorporación de dimensiones superiores a las de la Segunda Guerra Mundial, en un conflicto para el cual los militares no están preparados ni forma parte de su objetivo profesional. Aparentemente, serían otras entidades -aduanas, guardacostas, etc.- las que deberían cumplir la tarea con el apoyo logístico, si se requiere, de las Fuerzas Armadas.[14] Más aún, los militares, dados los vagos parámetros de su misión y la falta de referencias para la evaluación, pueden volverse vulnerables a acusaciones de ineficiencia sin contar con que la presencia fuera de sus fronteras, en América Latina, no solamente ha levantado sentimientos antiestadounidenses en la región, sino que se ha demostrado inútil, precisamente porque la prioridad de la seguridad está mal definida[15].

La estrategia realista ha fracasado. El mercado de drogas se ha extendido, la política prohibicionista ha ampliado las ganancias del tráfico, complicando el panorama político y retando la frágil institucionalidad de los países fuente. La violencia en Estados Unidos no se ha detenido y se ha potenciado terriblemente en las naciones productoras. De manera simultánea se ha expandido la capacidad de reproducción de los carteles que se han internacionalizado aún más; la producción se dispersa hacia zonas no tradicionales y, finalmente, se han tensionado las relaciones (con diferentes grados de intensidad) con los gobiernos latinoamericanos. La evidencia de todos estos puntos es más que contundente: es abrumadora[16].

A nivel latinoamericano, la constitución de la hegemonía estadounidense pasa también por el discurso antidrogas, pero más allá de eso y de las solidaridades que las necesidades económicas de las naciones y de sus élites domésticas, así como de reproducción del sistema político puedan brindarle a Estados Unidos, están los riesgos que ha generado y una coalición creciente de intereses divergentes que no se representan en todos los gobiernos de esos países. De todas maneras, los actores latinoamericanos no votan para presidente de Estados Unidos, de modo que tendrán que esperar hasta que haya una crisis de verdad y el realismo pueda informar de una "realidad" más parecida a la que se imagina.

Una aproximación en el terreno de la hegemonía

El efecto ideológico del realismo, concebido como discurso político, ha sido el de interpelar a los diversos actores y portadores de intereses en un conflicto de carácter internacional. Este papel puede ser estudiado a la luz de los conceptos posgramscianos de hegemonía, aplicados a las relaciones internacionales.

Probablemente la dimensión más importante del pensamiento de Gramsci, en este sentido, haya sido analizar los fenómenos políticos desde una perspectiva no determinista ni mecánica: la misma que, en última instancia, cuestiona el edificio ideológico del marxismo clásico, el rol otorgado a las clases sociales y la noción escatológica de la historia firmemente asociada a la idea de progreso que ha atravesado la cultura de Occidente desde sus antecedentes griegos. La clave de tal revolución teórica parece encontrarse en la ubicación de la sociedad civil, el plano las relaciones sociales atinentes a la reproducción individual material, en la "superestructura" de la sociedad, mientras que Marx supone su existencia en la "base"[17].

Desde esta perspectiva, el campo de lo político, el espacio de las contradicciones societales que se refieren al poder, si bien ligado a una explicación histórica, no se encuentra determinado absolutamente por las relaciones económicas entre los grupos sociales de acuerdo con su papel en torno a la producción. Al contrario, la base opera, cobra vida, solamente a través de las dinámicas de la superestructura. Aquí se puede encontrar la confluencia con el análisis discursivo postestructuralista: la única realidad para analizarse es aquélla de la práctica. Las estructuras son abstracciones. Los modos de producción y las relaciones de producción no dejan de ser esto último.

Precisamente, el elemento que articula y cohesiona la sociedad alrededor del poder es el proceso de construcción de la creencia, que puede ser pensado como una práctica societal que cumple funciones hegemónicas. La aproximación realista en el caso de la guerra de las drogas logra reunir distintas perspectivas valorativas respecto del uso de sustancias psicotrópicas, desconocidas para el grueso de la sociedad, y fundirlas con la visión del mundo que conforma la política exterior de Estados Unidos como potencia global.

El consenso que se genera reproduce políticamente la coalición en el poder dentro de la nación, a la par que consolida la presencia de la sociedad que esta coalición representa- fuera de sus fronteras. De hecho, en esta dinámica la producción de consenso envuelve a los actores internacionales externos. Prácticamente todos los gobiernos de los países fuente de la droga adhirieron a la política del presidente Reagan de control y prohibición durante la segunda mitad de la década de los años ochenta. No solamente eso, la perspectiva estadounidense del problema también se convirtió en el discurso oficial de las sociedades andinas. La televisión, la radio, la prensa, y desde luego los voceros gubernamentales, reproducían (y siguen haciéndolo) programas y cortos musicales, en los cuales la adicción y el abuso -conflicto societal estadounidense- se plantea como el problema fundamental que afecta a las sociedades andinas. La realidad, desde otra lectura puede ser diferente, tiene que ver con el reto a la institucionalidad en los países fuente de la droga, con la fractura de la sociedad política, con la articulación de movimientos de participación política violenta, emergencia de nuevos actores sociales y crisis económica, sin dejar de reconocer que ha existido un aumento notable en el consumo como consecuencia lógica de los roles productivos.

Gramsci no subordina lo político a la dimensión de lo económico, ni reduce la unidad de la realidad histórica a la sobredeterminación de la base como causa metafísica, pero no dejade tomar en cuenta la existencia de dinámicas articuladas entre ambas dimensiones que pueden explicarse históricamente. Lo político-social se convierte, entonces, en un equilibrio de instituciones; unas que despliegan funciones coercitivas y otras con funciones hegemónicas, que tienen que ver con la globalidad de la reproducción del sistema.

La hegemonía es un proceso histórico -no solamente un hecho político- protagonizado por un sector social fundamental que, además de controlar la sociedad política, ha logrado imponer su visión del mundo y sus objetivos estructurales al conjunto de la sociedad. Supone, por lo tanto, una conjunción de coerción y consenso que a largo plazo se constituye en un "sistema de dominación" que se fundamenta en el dominio físico y en la capacidad de reproducción ideológica del grupo en el poder. Con estos antecedentes, las posibilidades interpelativas del discurso tienen existencia real. La ideología es un hecho factual e histórico que se remite al análisis estructural y a los intereses que en esa dimensión de la sociedad se generan[18].

Como se ha anotado, la articulación del problema de las drogas a la percepción tradicional de la seguridad estadounidense en América Latina resultó en la asimilación de fenómenos de diverso origen histórico y social, especialmente durante la década de los años ochenta. El narcotráfico, las guerrillas y el terrorismo aparecieron ante los ojos de la conciencia pública como la manifestación de una contradicción estratégica con el entonces llamado imperio del mal. El "americanismo", fundamentado en los principios liberales de propiedad privada, libertad individual y economía de mercado[19], supone una visión del mundo, una ideología, un discurso, funcional para aquellos sectores cuyos intereses estructurales generan un clima político y moral para reproducirse societalmente. Es precisamente la defensa de los valores americanos lo que posibilita la política antidrogas. Sin hacer énfasis en si es bueno o malo, parece obvio que en una sociedad de tales características haya un segmento de la población que legitima su posición hacia adentro, y que la expande representando a la nación en una economía interdependiente y asimétrica, consecuencia inevitable del mercado de libre competencia.

Con estos elementos, es posible pensar en la identidad del actor que logra representar los valores mayoritarios de la sociedad en una coalición o bloque histórico, que toma la forma de un partido en ejercicio del poder: el republicano. Su discurso contra las drogas, a la vez que convoca adhesiones hacia su política antinarcóticos dentro de los Estados Unidos, le sirve para legitimar tanto la presencia de los decisores y del partido en el gobierno, como el conjunto de políticas que puedan emitirse y que interpelan a distintos ámbitos de la sociedad y del orden internacional, sin que esto quiera decir que el discurso antidrogas haya sido concebido con dicho propósito. Ésa ha sido su realización política. De ahí que no haya importado tanto el fracaso en, prácticamente, todos los objetivos de la lucha contra el narcotráfico, porque tanto la sociedad estadounidense, como aquellas formaciones sociales relacionadas con este conflicto, han estado permanentemente movilizadas alrededor de esta convocatoria, hacia el conjunto de decisiones de la administración republicana a lo largo de diez años.

El consenso para Gramsci, es una forma política y cultural de la hegemonía como contenido ético del Estado[20]. En este caso, no sólo que las drogas son moralmente perversas, sino también que la mejor manera para combatirlas es a través de mecanismos de represión, control y prohibición, idea que a su vez es un instrumento para producir el consenso necesario para llevar a cabo una política tanto exterior como doméstica acorde con los intereses de los emisores del discurso[21].

Esta perspectiva plantea el análisis de los procesos internacionales en tres niveles: a) el Estado (internacionalizado) referente a la política doméstica y a la génesis de las políticas institucionales, a la constitución del bloque histórico en el poder y a cómo los procesos internos definen en la generación de la hegemonía específica, los temas internacionales; b) la producción, que es definitivamente global y hace relación a los patrones de acumulación, a la estratificación social, a la forma de distribución del excedente, a los límites estructurales de una formación social que actúa como nación, sobre la que opera el Estado con funciones reguladoras y normalizadoras, así como de representación de intereses; y, c) el nivel del orden mundial, que es el plano en donde confluyen, se transforman e interactúan las relaciones productivas y políticas de las formaciones sociales[22].

Esta perspectiva abre la posibilidad de trazar puentes hacia la teoría de la interdependencia con el fin de explicar la economía política de las relaciones internacionales, porque se considera la presencia de actores sub y transnacionales, aparte de los Estados-nación, así como la ausencia de jerarquía en la agenda respecto de los temas: la seguridad no es excluyente, existen múltiples relaciones y canales de comunicación, de lo cual se deduce que la hipótesis del equilibrio de poder no es suficiente para dar cuenta de la complejidad del mundo de lo político y de sus correlaciones económicas en el orden internacional.

Reflexión final

Para concluir, diremos que el análisis del discurso realista en la política antidrogas estadounidense, a nivel estatal, plantea la legitimación de una coalición en el poder en los Estados Unidos, el actor más importante en este conflicto, la misma que subordina o influye determinantemente las políticas de los otros Estados interpelados, concretamente los países fuente de la droga, y en forma subsiguiente aquellos que sirven de puntos de tránsito o estaciones de lavado de dinero. A nivel productivo, los valores resultantes de una economía transnacionalizada de mercado y las circunstancias históricas que la produjeron encuentran en el narcotráfico una referencia contradictoria con la idea de nación y sociedad que está detrás de esos valores, lo que permite la articulación de un conjunto de políticas cuyo objetivo pretende ser la defensa del modelo societal; y en el plano internacional, la legitimidad producida por el discurso realista revela la asimetría del sistema interamericano y el papel dominante de los Estados Unidos. Este conjunto de relaciones constituye una forma de hegemonía que se manifiesta en el plano local e internacional, y que se reproduce mediante la producción de un consenso que involucra espacios dentro y fuera de las fronteras, marcando la existencia de una estructura económica y política contemporánea de carácter global en la que, tanto el plano doméstico como el de la política internacional, interactúan en determinados asuntos.