Glifosato y política: ¿Razones internas o presiones externas?

Juan Gabriel Tokatian

Director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.

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01/04/1992

01/04/1992

A finales de enero de 1992, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) comunicó a la opinión pública su determinación en favor de la fumigación manual y por aspersión aérea controlada de cultivos de amapola con el herbicida glifosato, indicando, al mismo tiempo, que se fiscalizarían las acciones mediante una auditoría ambiental[1]. Ocho años antes, durante el mandato del presidente Belisario Betancur, el 14 de mayo de 1984, el CNE apoyó la erradicación de marihuana con productos químicos y recomendó su aprobación final por parte del Consejo de Ministros. El 22 de mayo, este último ratificó el procedimiento de fumigación con glifosato. El lo. de junio, el Ministerio de Justicia, en cabeza de Enrique Parejo González, dio la orden al entonces director general de la Policía Nacional, general Víctor Delgado Mallarino, para fumigar los cultivos de marihuana.

El 4 de julio, el CNE autorizó la fumigación experimental de dos hectáreas. Sin embargo, entre julio y septiembre de 1984, se inició una fumigación masiva de la producción marihuanera. La historia se repite y la valiosa experiencia recogida parece quedar en el olvido. Ahora se pontifica técnicamente sobre el glifosato, intentando despolitizar el debate en torno al herbicida. Varios organismos científicos oficiales, desde el ICA hasta el Ministerio de Salud, coinciden en señalar la toxicidad del glifosato, así como el alto grado de desconocimiento sobre sus efectos a largo plazo en el hombre, la fauna, la flora y las aguas. No obstante, como el glifosato comercializado con los nombres de Roundup, Rodeo, Shackie, Vision, Accord o Polado se aplica sobre cultivos comerciales lícitos sin consecuencias dramáticas para la población y el ambiente, su aplicación sobre la amapola resulta legitimada[2].

Ahora bien, como no creo en "teorías conspiratorias de la historia", no pienso que la decisión gubernamental de utilizar el herbicida, un mes antes de la Cumbre presidencial antinarcóticos de San Antonio, obedezca a la expectativa de una especie de quid-pro-quo frente a Washington, en espera de unos supuestos dividendos diplomáticos o económicos[3].

Por un lado, los Estados Unidos no ubican la asistencia económica destinada a Colombia en un lugar de privilegio: entre 1989 y 1991, la ayuda militar directa (US$73.1 millones para 1989, US$93.2 millones para 1990 y US$52 millones para 1991) y la dirigida al lavo enforcement (US$50 millones en esos tres años) superó significativamente, con un total de US$268.3 millones, al aporte económico —US$54.7 millones en ese trienio[4]. Por el otro, el respaldo comercial norteamericano al país como resultado del compromiso colombiano en la lucha antinarcóticos ha tenido resultados ambiguos. El Congreso estadounidense, a instancias del Ejecutivo, aprobó en diciembre de 1991 el Andean Trade Preference Act que favorece, potencialmente y a mediano plazo, nuevas exportaciones anuales de Colombia a Estados Unidos por US$250 millones aproximadamente. Sin embargo, el monto de esta ganancia tentativa es casi idéntico al que en realidad pierde el país anualmente desde el colapso del Pacto Cafetero Internacional en julio de 1989. En pocas palabras, más que la creación de un mayor intercambio bilateral, lo que resulta es una compensación por las pérdidas ocasionadas por la caída del precio del café.

Además, Washington no tenía mucho que mostrar, en términos de sus logros internos, como para presionar más a Bogotá. El número de consumidores habituales de cocaína descendió de 2.9 millones en 1989 a 1.6 millones en 1990, pero se elevó a 1.9 millones para 1991. El total de adictos a la heroína creció en un 75% hacia 1991, pasando de casi 490.000 a aproximadamente 800.000. Los porcentajes del presupuesto norteamericano antidrogas destinado al combate contra la oferta, la lucha contra la demanda y la realización de investigaciones, no se alteraron a pesar de la retórica de un mayor control del consumo: 70.3%, 25.9% y 3.8% respectivamente en 1988; 69.9%, 26.6% y 4.1% en 1990; y 68.6%, 27.2% y 4.2% para 1992[5].

Así pues, mi impresión es que el gobierno del presidente César Gaviria se alarmó ante las dimensiones actuales y potenciales del negocio de la heroína en Colombia y optó por perder tiempo y formular una política represiva como única vía de acción. Enceguecimiento conceptual y parálisis creativa se combinaron para propiciar un nuevo ensayo de la vieja política del garrote. Atrás quedaron la comunicación societal, el intercambio de criterios, el balance de alternativas. No al azar afirma el ex ministro de Justicia, Fernando Carrillo: "Hay una especie de manto de complicidad que se está tejiendo con argumentos ambientalistas, haciéndole el juego a los intereses del narcotráfico"[6].

Y si de mano dura se trataba, la administración parecía saber cómo proceder; atacó frontalmente el eslabón menos decisivo de la parafernalia de las drogas, pero con más incidencia social (sobre el campesinado y la población indígena) y de menor impacto sobre el empresario de las drogas: el cultivo de amapola. El Ejecutivo formuló su política antidrogas contra alguien; diseñó una táctica dirigida a "reprimir" —supuestamente— una parte o fase del negocio ilícito, todo ello en lugar de elaborar una estrategia dirigida a reducir daños y a evitar mayores dificultades adicionales. En sentido anglosajón, el gobierno prefirió el criterio de vigorous enforcement por sobre el de harm minimization[7].

En otras palabras, los traficantes son depredadores del ambiente al talar bosques y montes y al degradar las aguas por medio de químicos. Sin embargo, el gobierno no puede estimular aún más esta práctica con la imposición de una política que sólo conduce a un traslado físico y a un movimiento geográfico del cultivo. Su responsabilidad es contener y disminuir el costo ecológico y ciudadano de las drogas, buscando no reproducir la perversa lógica de incrementar —mediante sus acciones— la expansión territorial y mercantil de este fenómeno.

Para ello, los ejemplos nacionales e internacionales deberían ser tomados en cuenta en forma realista y no dogmática. Analicemos algunos. Entre 1984 y 1985 se destruyeron en Colombia 5.546 hectáreas de marihuana con 11.418 galones de glifosato[8]. La gran victoria contra la marihuana fue pírrica: el cultivo se trasladó de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perijá al departamento del Cauca; al mismo tiempo, el rendimiento por hectárea se incrementó de 1.1 toneladas métricas por hectárea a 3.5 con dicho movimiento; y el componente alcaloide de THC de la marihuana nacional se elevó. La represión sirvió como incentivo al negocio y no como disuasivo. Más adelante, entre 1986 y 1987, se destruyeron 22.368 hectáreas de marihuana con cerca de 50.000 galones de glifosato[9]. No obstante, para 1988 Colombia se convirtió (nuevamente) en el principal exportador de marihuana a los Estados Unidos con una producción aproximada de 8.000 toneladas métricas[10]. Si más tarde descendió la oferta de marihuana colombiana al mercado estadounidense, ello se debió principalmente a que en los Estados Unidos se expandió el cultivo, con eficiencia y calidad, de la variedad sin semilla, cinco veces más potente que la colombiana en su componente de THC y por lo tanto más atractiva para los consumidores norteamericanos, y no tanto a la fumigación de cultivos en el país, la cual, a efectos prácticos, concluyó entre 1989 y 1990.

En relación con la amapola ha sucedido algo semejante. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) anunció en 1991 que existían 2.500 hectáreas cultivadas[11]. La Policía Antinarcóticos, en su balance de actividades del año pasado, informó sobre la destrucción, en forma manual y sin herbicidas, de 1.406 hectáreas[12]. La autorización para fumigar con glifosato, emanada del CNE en enero de 1992, cubría 2.900 hectáreas. En marzo de 1992, el director de la Policía Antinarcóticos, brigadier general Rosso José Serrano Cadena señaló que la producción amapolera nacional alcanzaba las 10.000 hectáreas[13]. Para abril ya se hablaba de 20.000[14]. Por lo tanto, si la erradicación manual no evitó la proliferación del negocio, ¿por qué la fumigación con glifosato habría de lograrlo?

De manera concomitante, a nivel internacional, se cita el éxito del glifosato para eliminar el cultivo de amapola en Guatemala como ejemplo digno de considerar y emular. Ello es, por decir lo menos, dudoso. En 1990, Guatemala tenía una producción neta de amapola (luego de fumigar con herbicidas) de 845 hectáreas, mientras que en 1991 dicha producción (después de aplicar más glifosato) pasó a 1.145 hectáreas. El total de heroína producida en Guatemala creció del siguiente modo: en 1988, 8 toneladas métricas; en 1989, 12 toneladas métricas; en 1990, 13 toneladas métricas; y el 1991, 17 toneladas métricas[15]. Como lo señalara Peter Reuter, el efecto de la mayor severidad (toughness) exclusivamente coactiva contra el negocio de las drogas no parece ser su disminución, sino el crecimiento de la violencia ligada al fenómeno, el aumento de los incentivos para la corrupción, la elevación de los ingresos de los traficantes y el incremento de los riesgos para la salud de los consumidores[16].

De ninguna manera se debe desconocer la gravedad del problema de la heroína en Colombia. Por ejemplo, como ya se dijo, el año pasado se incrementó en un 75% el número de consumidores de heroína en los Estados Unidos; el precio mayorista del kilo de heroína en ese país oscila entre US$80.000 dólares y US$240.000 dólares (entre cuatro y diez veces más que el kilo de cocaína). Además, existe una alta propensión entre los que se inyectan heroína a adquirir el SIDA (sólo en Nueva York, el 65% de los heroinómanos altamente adictos son HIV positivo). Por último, las mafias que hacen parte de la red internacional de este producto conforman agrupaciones cerradas y extremadamente violentas (que mantienen contactos comprobados con los traficantes colombianos).

Al decir de un especialista, la heroína tiene la facultad de "anular todo aspecto doloroso de la vida psíquica... valga decir que crea una percepción del mundo donde está ausente toda preocupación... [por eso] es una novia perfecta que satisface nuestros anhelos más profundos y precisamente por esto nos lleva a una progresiva pasividad"[17]. No se trata, en consecuencia, de tornarnos pasivos espectadores de la evolución del emporio de la amapola como si estuviéramos bajo el influjo del opiáceo. El problema es tan grave, que, desconocerlo o tratarlo erróneamente puede conducir al establecimiento de una narcocracia en el país. Sin embargo, la solución no se reduce a fumigar el país con herbicidas.