Resumen de las Recomendaciones del Diálogo Interamericano
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37-40
01/04/1993
01/04/1993
El Diálogo Interamericano es un centro independiente de análisis políticos en Washington, DC, dedicado a las relaciones interamericanas, primordialmente entre Estados Unidos y América Latina.
En nuestro informe se examinan los tres principales desafíos para el hemisferio en la década de los noventa: forjar lazos de cooperación económica regional a fin de mejorar la postura frente a la competencia mundial, proteger y fomentar el progreso democrático de la década pasada y promover la justicia social y económica. Proponemos un temario de directrices comunes para los países de América y ofrecemos recomendaciones concretas que pueden transformar dicho temario en una acción conjunta y eficaz y sentar las bases de una auténtica comunidad de democracias del hemisferio occidental.
El proceso ya está en marcha: durante los años venideros, las naciones del hemisferio occidental tendrán la oportunidad de crear una comunidad económica que abarcará todo el continente americano y que, en el plazo de una generación, podría englobar a casi mil millones de personas. En un hemisferio económicamente integrado, cada nación podría ser más productiva y competir mejor en la economía mundial.
Proponemos un programa de seis puntos para aprovechar esta oportunidad, un programa de integración económica de alcance hemisférico, completo en cuanto a su cobertura y arraigado en la justicia social y el ejercicio de la democracia.
1. Estados Unidos, México y Canadá deberían ratificar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, cerciorándose de que este acuerdo u otros paralelos presten la debida atención al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores. El rechazo del Alcan en esta etapa destruiría las bases de futuros acuerdos comerciales hemisféricos.
2.Los gobiernos de América Latina y el Caribe deberían intensificar sus esfuerzos para celebrar acuerdos comerciales subregionales viables, manteniendo al mismo tiempo los procesos internos de reforma económica y liberalización comercial. Estas medidas son imprescindibles para avanzar hacia la integración económica hemisférica.
3.Los integrantes del Alcan deberían empezar las consultas con otros gobiernos del hemisferio a fin de establecer criterios, procedimientos y plazos para convertirlo en un acuerdo de libre comercio del hemisferio occidental. La comisión del Alcan propuesta en el texto del acuerdo podría iniciar dichas consultas en nombre de los tres gobiernos. Además de ciertas condiciones económicas básicas, uno de los requisitos para incorporarse a un Alcan ampliado sería un compromiso con el gobierno democrático; debería excluirse a los gobiernos autoritarios.
4.Se deberían comenzar negociaciones cuanto antes para que los países que cumplan las condiciones para el ingreso puedan incorporarse al Alcan. Es probable que Chile sea el primer candidato, en vista de su situación económica, su acuerdo actual de libre comercio con México y la promesa de Estados Unidos de que será el próximo país con el cual iniciará negociaciones de este tipo.
5.Estados Unidos, México y Canadá deberían trabajar con los países de Centroamérica y el Caribe a fin de allanar el camino para su participación en conversaciones sobre libre comercio. Es probable que el Alcan ocasione algunas pérdidas inmediatas a estos países; por consiguiente, cuanto más pronto puedan beneficiarse de una integración más amplia, tanto mejor.
6.Los gobiernos de América deberían establecer una nueva organización multilateral que oriente y coordine el progreso hacia una comunidad económica del hemisferio occidental. Las organizaciones económicas regionales existentes, como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, de las Naciones Unidas, deberían desempeñar una función preponderante en el nuevo órgano coordinador, junto con las empresas privadas, los sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales, ONG.
Existe un movimiento, todavía incipiente pero claro y creciente, hacia la formación de una comunidad de democracias del hemisferio occidental. Casi todos los países de América tienen ahora gobernantes civiles elegidos por el pueblo. Ha surgido una red democrática de instituciones que fomentan la participación popular, de la cual forman parte partidos políticos, grupos de defensa de los derechos humanos, sindicatos, asociaciones profesionales y empresariales, medios de comunicación, organizaciones femeninas y grupos de defensa del medio ambiente. Las naciones del hemisferio se han comprometido colectivamente a promover la democracia y a actuar en forma conjunta a fin de defenderla en los casos en que se vea amenazada o violada. La democracia en cada país americano se ha convertido en motivo de preocupación para todos.
Así mismo, para mantener y profundizar esta marcha hacia la comunidad democrática es necesario hacer frente a dos desafíos fundamentales. Primero, es necesario lograr que las instituciones democráticas de América, tanto públicas como privadas, sean más eficaces, estén más listas para responder a las situaciones que se presenten y se mantengan más abiertas a la participación popular. Segundo, las naciones del hemisferio deberían reforzar su resolución y su capacidad para responder a las interrupciones del orden constitucional.
Proponemos una estrategia de nueve puntos para que la comunidad interamericana haga frente a esos desafíos:
1.Las naciones del hemisferio deben promover activamente la solución negociada de los conflictos guerrilleros que todavía existen en América Latina con miras a poner fin a la violencia y a la represión que socavan las instituciones y los valores democráticos. Deben trabajar también para acabar con los abusos de los derechos humanos, llevando a la práctica enérgicamente las conclusiones y recomendaciones de organizaciones no gubernamentales oficiales y creíbles dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
2.Los gobiernos hemisféricos deberían encarar desde una nueva perspectiva la misión, el tamaño, las armas y el costo de sus fuerzas armadas, a fin de someterlas a un firme control civil. Debería capacitarse a civiles para que manejen la política de seguridad, y debería instarse a organismos internacionales a que vigilen el gasto militar.
3.La comunidad interamericana debería fortalecer las instituciones básicas de la democracia en cada país. En los casos en que las elecciones nacionales se vean en peligro debido al fraude o la violencia debería presionarse a los gobiernos para que acepten observadores internacionales. Debería brindarse asistencia no partidista para fortalecer las legislaturas y los sistemas judiciales, y proporcionar ayuda a las organizaciones no gubernamentales, que expresan las reivindicaciones de ciudadanos.
4.Cada país debería realizar un esfuerzo sostenido, en forma tanto individual como colectiva, para reducir las marcadas desigualdades y la pobreza generalizada que exacerban otras amenazas al gobierno democrático.
5.La comunidad interamericana debería responder rápidamente a las interrupciones del proceso democrático, conforme a las resoluciones adoptadas por la OEA en Santiago. Todas las naciones del hemisferio deberían condenar enérgicamente la usurpación ilegal del poder y trabajar colectivamente para restablecer el proceso democrático.
6.Se debería fortalecer la capacidad de la OEA para desempeñar una función de liderazgo en situaciones de interrupción del proceso democrático. Es necesario ampliar la nueva Unidad para la Democracia, de la OEA, y dotarla de mayores recursos. La Unidad debería cooperar estrechamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con muchas otras organizaciones pertinentes, públicas o privadas, multilaterales o nacionales, regionales o subregionales.
7.La comunidad interamericana no debería tratar de imponer una solución preestablecida después de una interrupción del proceso democrático. En algunos casos, una acción decisiva bien podría revertir una toma ilegal del poder. Sin embargo, si un vuelco rápido parece improbable, los esfuerzos interamericanos deberían dirigirse a fomentar las negociaciones entre las fuerzas nacionales contrarias a fin de restablecer el orden constitucional. En situaciones en las cuales el orden interno esté amenazado o donde la represión se haya generalizado, la OEA debería presionar a las autoridades para que permitan el establecimiento de una misión civil importante en el país con el fin de facilitar el restablecimiento de la democracia.
8. Si un gobierno ilegalmente constituido se niega a entablar negociaciones para restablecer el orden democrático y rechaza una misión civil, la comunidad interamericana debería considerar la posibilidad de aplicar sanciones más severas. Sin embargo, la selección, la secuencia y la intensificación de las sanciones no deberían ser automáticas, sino que habrían de basarse en las circunstancias de cada caso. Deberían estar encaminadas a la consecución de objetivos políticos específicos y respaldadas por el consenso de los miembros de la OEA.
9. El principal objetivo de la acción hemisférica colectiva debe ser restablecer el proceso democrático cuanto antes. Por más desagradable que sea, quizá se necesite una fórmula conciliatoria que tenga en cuenta por lo menos algunas de las exigencias de los usurpadores del poder.
La lucha contra la falta de equidad socioeconómica es el desafío más difícil para los países de América en la actualidad. La extrema pobreza y las profundas desigualdades en materia de ingresos ponen en peligro el progreso realizado en la consolidación de la democracia, la reanudación del crecimiento económico y el avance hacia la integración económica del hemisferio. Para que la democracia perdure debe arraigarse en la justicia social. Una de las condiciones para tener una economía pujante es que todos los sectores de la población trabajen en forma productiva.
Una auténtica comunidad del hemisferio occidental podrá concretarse sólo sobre la base de comunidades nacionales firmes, en las cuales todos los ciudadanos participen en la vida política y disfruten los beneficios del progreso económico. El desafío para América es construir un futuro que todos sus habitantes compartan.
Proponemos siete medidas para hacer frente a este desafío:
1.Los países de América deberían dar tanta prioridad al alivio de la pobreza y a la reducción de las desigualdades como a la promoción del crecimiento. Ambas metas son paralelas.
2.Todos los gobiernos deben mantener una política macroeconómica sensata y orientada hacia el crecimiento. El gasto público debe mantenerse a la par de los ingresos tributarios y debe controlarse la inflación. La inflación alta y el crecimiento bajo, que deprimen los salarios, destruyen fuentes de trabajo y obligan a reducir el gasto social, socavan invariablemente las iniciativas para combatir la pobreza.
3.Las estrategias para combatir la pobreza deberían hacer hincapié en los esfuerzos para aumentar la productividad de los pobres, especialmente de las mujeres. Lo que se necesita es aumentar las inversiones en salud, educación y otros programas que mejoren los conocimientos especializados y los recursos de capital de los grupos de bajos ingresos. Estas inversiones en capital humano sacan permanentemente a individuos y familias de la pobreza, reducen las desigualdades en materia de oportunidades e ingresos y contribuyen al crecimiento nacional.
4.Los programas de transferencias de ingresos deberían dirigirse a los grupos más necesitados y vulnerables de la población. Al orientar estos programas a destinatarios específicos puede aumentarse la asistencia a los sectores muy pobres, reduciendo al mismo tiempo el costo para el gobierno.
5.Los gobiernos deben mejorar la calidad de los programas para los pobres. Los gobiernos locales, los grupos comunitarios, las empresas privadas y las asociaciones profesionales deberían participar activamente en la planificación y gestión de los servicios sociales. Debería hacerse todo lo posible para aprovechar las oportunidades de colaboración entre los sectores público y privado.
6.Los programas para reducir la pobreza y las desigualdades tienen que ser compatibles con la estabilidad macroeconómica; por tanto, deberían financiarse con una combinación de un aumento de impuestos, la reasignación de gastos existentes y ayuda externa. Por encima de todo, para ofrecer nuevas oportunidades a los pobres es necesario que los sectores más adinerados paguen sus impuestos.
7. Las organizaciones externas deberían colocar presiones financieras, intelectuales y políticas tras los programas nacionales para combatir la pobreza. El Banco Mundial y el BID deberían asignar por lo menos un tercio de los préstamos destinados a América Latina a actividades para reducir la pobreza. Estas instituciones, así como otras organizaciones de asistencia para el desarrollo más pequeñas y ONG, deberían prestar atención prioritaria a la pobreza y la desigualdad sistemáticamente, no sólo gastando fondos o imponiendo condiciones a los préstamos, sino también mediante programas de investigación y publicaciones, discursos de sus funcionarios y comunicaciones privadas persistentes con los líderes políticos y económicos mundiales. Además, los organismos internacionales deberían cooperar en el establecimiento de un sistema de recopilación y análisis de datos con los cuales se puedan preparar informes sobre el progreso realizado por cada nación en cuanto a la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Creemos que las naciones de América tienen una oportunidad sin precedentes para construir colectivamente su futuro común. Se tardará varios años, pero ya se ha dado un primer paso importante hacia la formación de una comunidad política y económica en el hemisferio. Ahora hay que seguir adelante y profundizar el progreso, para beneficio de todos los americanos.