La sociedad colombiana y los problemas del narcotráfico CEI ANDI Discurso del doctor Carlos Ángel Rangel en el seminario sobre "Una visión norteamericana de las drogas", Bogotá, junio 27-28 de 1995, CEI-ANDI.
Carlos Ángel Rangel
es
39-46
01/04/1995
01/04/1995
Como es conocido de la opinión, las nuevas realidades geopolíticas han conducido a que se configure una agenda de las relaciones internacionales, con un contenido sustancialmente diferente del que prevalecía en la época de la guerra fría. Dentro de la actual, ocupan un lugar destacado los problemas asociados a la producción, transformación, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, así como los relativos a la protección de los derechos humanos y del ambiente.
Se trata de temas en torno a los que la sensibilidad internacional no cesa de aumentar, no sólo porque alrededor de ellos girarán crecientemente las relaciones multilaterales y los compromisos de las diferentes sociedades nacionales para su superación, sino porque a ellos están asociados otros, constitutivos también de la agenda mundial, tales como la democracia, la seguridad, la justicia, la paz, la equidad y las libertades económicas.
Aunque el narcotráfico es un problema global, la verdad es que afecta más a unos Estados que a otros, dado el protagonismo incontrovertible de aquéllos. Tal el caso de Colombia, un país en entredicho en el concierto de las naciones, porque algunos de nuestros compatriotas juegan un papel sustancial a nivel mundial y porque, a los ojos de la comunidad internacional, se trata de una actividad que explica, en buena medida, el aceptable desempeño de su economía.
Es grave, sin duda, esta situación. Tanto, que si los colombianos no damos muestras fehacientes de que estamos comprometidos a contribuir decidida y persistentemente en la reducción y eliminación de este perturbador, inquietante, complejo y desafiante fenómeno, corremos el riesgo de vernos sometidos a un creciente aislamiento, a algunas sanciones y a otras potenciales e imprevisibles consecuencias políticas y económicas.
Preocupados por estas circunstancias, pero fundamentalmente conscientes de la necesidad de esclarecer el complejo nudo de problemas asociados al narcotráfico, hemos decidido reunir esfuerzos con quienes tratan de comprender el intrincado laberinto económico, social, cultural, político y ambiental en que se ha convertido la industria de las drogas psicoactivas ilegales en nuestro país y en el mundo.
Frente al acelerado avance de la producción, transformación, comercialización y consumo de sustancias psicotrópicas ilegales, ante las crecientes y enmarañadas relaciones de estas actividades con otros problemas que afectan sustancialmente la gobernabilidad de nuestra nación, dada la escasa y fragmentada conciencia que los colombianos tenemos de sus consecuencias y de las responsabilidades que nos corresponde enfrentar, no nos queda otra alternativa que multiplicar los esfuerzos de toda la sociedad, con la esperanza de vislumbrar una solución duradera a las causas que originaron esta situación que hoy nos amenaza.
Que este es un asunto que concierne también a la sociedad civil, es algo en torno a lo que no nos queda la menor duda, así no hayamos todavía encontrado las formas de contribuir a su solución. Quizás ocupándonos del tema e invitando a otros a que también lo hagan, podremos ayudar a comprenderlo y, paralelamente, trabajar para suplir ese déficit de civilidad, que solemos atribuirnos cuando se irrita nuestra volátil inclinación hacia la autocrítica.
Es inaplazable que aunemos esfuerzos para que en nuestro medio aflore una conciencia crítica, pero responsable y constructiva, así como un programa coherente y ambicioso de acción, que trascienda la tradicional y limitada retórica y las simples acciones represivas de las autoridades. Es decir,un conjunto de tareas que conduzcan a identificar con toda claridad las verdaderas dimensiones del fenómeno, las alternativas para enfrentarlo y las responsabilidades de los diferentes actores del desarrollo.
Pero permítanme explicarles más detalladamente, por qué consideramos relevante para Colombia conocer la opinión de ilustres e informados norteamericanos, como quienes nos visitan en esta ocasión, sobre este complejo conjunto de fenómenos. Es decir, cuáles fueron las razones que nos condujeron a convocar este seminario, quizás un poco singular, la primera de una serie de actividades que emprenderemos en torno al mismo tema.
Los Estados Unidos juegan un papel hegemónico en la definición y conducción de la agenda internacional y hemisférica. Tan incontrovertible como ésta, es la realidad de que pertenecemos al continente americano y que aquel país ha jugado, juega y jugará un papel decisivo en nuestro destino, bien que se mire en términos políticos, comerciales o incluso culturales. De otro lado, en el contexto mundial somos un país pequeño, con una limitada capacidad de convocatoria, que poco puede hacer por afectar la agenda y las prioridades establecidas. Sería ingenuo ignorar estas realidades geopolíticas.
Los Estados Unidos han identificado como prioridades, en materia de seguridad, controlar el consumo de psicotrópicos prohibidos, evitar las transacciones monetarias ligadas al tráfico de éstos y a las actividades conexas, expropiar la riqueza originada en éstas y aquél, y castigar a quienes participen de todo ello. Creen, igualmente, que una manera de evitar el consumo es controlar la producción, sobre todo si está concentrada geográficamente y en manos de un número limitado de organizaciones. Es claro, en consecuencia, que Colombia está en el núcleo de las preocupaciones de los estadounidenses y, por esta vía, de la comunidad internacional.
Como también sucede entre nosotros, ellos tienen diferentes percepciones y posiciones frente al narcotráfico. Indiscutiblemente, es fundamental que los colombianos la conozcamos. Ese es el objetivo central de esta reunión. Cómo piensan y valoran estos problemas, cuáles son sus diversas posiciones, cómo afecta este fenómeno a la economía y a la sociedad norteamericana, qué tipos de políticas han implementado y cuáles el balance actual, qué tanto pesa en la agenda externa del país y, por tanto, en la agenda internacional. Interrogantes que, estamos seguros, serán abordados a lo largo del seminario.
Pero ahí no termina nuestra pretensión. Es necesario que los colombianos reconozcamos que en nuestro medio han prevalecido unas visiones estrechas, parroquiales casi, irresponsables a veces, ingenuas en muchas circunstancias. Que nuestras posiciones alrededor del tema han estado precariamente informadas, que hemos elaborado un discurso estrictamente defensivo, sobre la base de que los otros no hacen casi nada mientras nosotros ponemos las víctimas, cuando la realidad, tal como es percibida externamente, muestra un panorama diferente.
Creemos que es inaplazable enriquecer sustancialmente nuestra percepción y discurso. Éste y aquélla se harán notoriamente más complejos y completos, cuando consideremos el entorno mundial, las nuevas realidades geopolíticas y la actual agenda internacional. En este proceso de reinterpretación de una realidad compleja y esquiva, de poco nos sirven ingenuos y oportunistas nacionalismos. Tampoco nos ayuda mucho la fragmentada, incompleta y diversa información de que disponemos. Menos el hecho categórico de que, en materia de narcotráfico, derechos humanos y protección al ambiente, exhibimos un desempeño que deja mucho que desear.
En nuestro caso, son más los interrogantes que las respuestas. Quisiera, como preámbulo a lo que sigue, proponerles algunas reflexiones, más preguntas abiertas que acabadas elaboraciones. Creo que puede ser de alguna utilidad poner de presente algunas de las razones por las cuales Colombia participa activamente de este negocio, cuáles son sus dimensiones e impactos, su magnitud, qué se ha hecho y qué deberíamos hacer a futuro.
La industria de las drogas ilícitas se desarrolló en Colombia por la combinación de una serie de circunstancias de diverso orden. Las razones que sugiere la economía son esenciales para la comprensión del fenómeno y, por cierto, una buena cantidad de las políticas requeridas pertenecen a su ámbito. Pero otros elementos, de naturaleza diferente, contribuyen a formar el explosivo coctel en que se ha convertido el problema del narcotráfico.
Las razones que explican por qué Colombia desarrolló una ventaja competitiva internacional en esta industria son materia de discusión entre los expertos. Muchas han sido expuestas en diversos escenarios y ocasiones. La estratégica localización del país es una muy poderosa. La posibilidad de un fácil acceso al principal mercado, si se desarrollaba, como en efecto sucedió, un eficiente sistema de transporte y distribución, es un argumento de peso; pero otros países, México por ejemplo, estarían en mejores condiciones en lo que a esto se refiere.
Se han señalado otros, tales como las facilidades asociadas a la existencia de grandes masas boscosas, ideales para camuflar los laboratorios; las habilidades empresariales y la reconocida recursividad de los colombianos; la existencia de una numerosa y marginal comunidad de colombianos en los Estados Unidos; la ausencia del Estado en vastas zonas de la geografía nacional; la reconocida corrupción de las burocracias públicas, etcétera.
Explicaciones como las señaladas muestran facetas diferentes del fenómeno, que en ocasiones son más consecuencias que causas. No obstante, contribuyen al proceso de comprensión del mismo y son dignas de consideración, así no sean ellas mismas suficientemente esclarecedoras. Al respecto, Francisco Thoumi ha señalado que muchos de esos factores no son singulares a Colombia. Argumenta que las causas por las cuales se desarrolló en el país una ventaja competitiva en esta industria, deben buscarse en torno al hecho de que su alto valor agregado está asociado a su carácter ilegal y a la naturaleza de los riesgos inherentes a la actividad, considerada con todos sus encadenamientos. Es alrededor de ello que hay que buscar las explicaciones, concluye.
Señala, igualmente, que Colombia ofrece condiciones que permiten minimizar tales riesgos. Entre éstas destaca: el proceso de deslegitimación del régimen y el consecuente debilitamiento del Estado, que tiene una larga historia, asociada a la de la violencia en sus diversas manifestaciones, circunstancia que sí es singular a nuestro país; la pérdida de valor de la vida humana, ligada a cierta inclinación a resolver violentamente y por las vías de hecho los conflictos. Factores éstos, sin duda, relacionados con la existencia de algunas prácticas ilegales, pero permitidas y toleradas, como el contrabando de importaciones y exportaciones. Con independencia del poder explicativo que tengan los argumentos esbozados, la verdad es que algo de cada uno de ellos es cierto y que el conjunto configura un cuadro que difícilmente se repite en otros países.
Pero lo anterior apunta a establecer por qué se dio en nuestro medio. Ahora, tal vez tendría sentido preguntarse qué tan duradera puede ser esta ventaja. Sin duda, la respuesta depende de la reacción de la sociedad colombiana frente a este fenómeno que, al alcanzar las actuales proporciones, está amenazando seriamente la supervivencia de la nación. Qué podemos hacer para erosionar estas ventajas y, alternativamente, construir unas más sólidas alrededor de actividades lícitas, social e internacionalmente aceptadas, constituye un acuciante interrogante, que quisiéramos contribuir a resolver.
Es posible que requiramos una comprensión más global, más científica e ilustrada. Las dificultades existentes para disponer de este valioso recurso no son insalvables. Tampoco se trata de un conocimiento que esté ahí, flotando en el ambiente. Para construir un cuadro actual, coherente e integral, de esta esquiva realidad, hay que convocar disciplinas diversas, habilidades diferentes, destrezas escasas, experiencias de distinto tipo e información no siempre a nuestro alcance. Pero sobre todo, es decisivo que exista voluntad política para esclarecer todas las dimensiones e implicaciones del fenómeno. Se trata de una tarea de envergadura. Basta una rápida mirada para corroborarlo.
Quienes han abordado este asunto a nivel cultural hacen ciertas aseveraciones que, consideradas tanto individualmente como en conjunto, configuran un preocupante cuadro. Veamos:
— el narcotráfico ha generado conductas derivadas de su poder corruptor, que han alterado los procesos culturales, especialmente los de socialización, privilegiando los valores de la individualidad, en la medida en que impone a cualquier precio sus intereses individuales;
— se ha dado una notoria influencia del narcotráfico en la vida cotidiana, que afecta el trato, el lenguaje, el gusto, la estética, las costumbres, la ética, la moral. Esto ha producido un explosivo fenómeno de disfunción y transmutación cultural, que ha afectado a todos los sectores sociales;
— algunos hablan, incluso, de una cultura del narcotráfico o mafiosa, de una narcocultura, consistente en un conjunto de formas de vida auspiciadas y alentadas por el narcotráfico;
— esta actividad ha conducido a un acelerado quiebre de las interrelaciones amistosas y familiares, y a una reafirmación de la seguridad, basada en la posesión de dinero con independencia de la forma como se obtuvo;
— también, a una paradójica reactivación de una religiosidad contradictoria y ancestral, consistente en invocar ayuda celestial, trátese del negocio o de un asesinato.
En suma, asistimos a un trastocamiento y transmutación de la cultura, que no es casual ni coyuntural, y que bien puede dejarnos en una especie de limbo, si no encaramos decididamente la tarea de superar estos problemas.
Describir, en una apretada síntesis, las principales manifestaciones de lo que se podría denominar la "narcorrealidad" colombiana, no es tarea fácil, pero las siguientes pueden ser algunas de ellas:
— incremento y diversificación de la producción de sustancias psicotrópicas: de la bonanza marimbera a la eclosión de la amapola, pasando por la cocaína;
— incremento sustancial del consumo interno, que hace que el país clasifique, en términos relativos al tamaño de su economía y población, entre los principales demandantes de sustancias psicotrópicas, aspecto que solemos minimizar y que debe estar incidiendo en los problemas de convivencia que enfrentamos los colombianos;
— enriquecimiento ilícito en escala ampliada y creciente informalización de la economía, fenómenos de tal magnitud que dificultan enormemente su control por las autoridades;
— terrorismo, corrupción, infiltración de las fuerzas de seguridad y de los organismos de control, armamentismo, etc., hechos todos que han generado un gasto exagerado, distrayendo los recursos que deberían destinarse al desarrollo social;
— concentración de la propiedad rural y urbana, mecanismos a través del cual se ha lavado dinero proveniente del narcotráfico;
— utilización de las diversas infraestructuras de la nación para el contrabando de narcóticos;
— fallas protuberantes en los sistemas de defensa, seguridad y justicia;
— ausencia de control gubernamental y falta de presencia del Estado en amplias regiones del territorio nacional y, justo es reconocerlo, algo de permisividad, tolerancia y colaboración.
Independientemente de si está completo o no, el cuadro es alarmante, por decir lo menos. Pero quizás más preocupante aún es el hecho de que los colombianos no consideran el narcotráfico como un problema grave para el país. De acuerdo con una encuesta realizada recientemente por la firma Gallup, sólo el 8% así lo creemos (El Espectador). Esto significa que la población no relaciona los diferentes actos ligados al tráfico de drogas ilegales, tales como consumo, homicidios y venganzas, corrupción, inmoralidad, terrorismo, lavado de dinero, secuestro, asedio a indígenas, colonos y campesinos, deterioro ambiental, etc. Por el contrario, parece verlos como hechos aislados.
Sin duda, los medios de comunicación tienen mucho que ver con esta ausencia de una conciencia clara acerca de la magnitud e implicaciones del narcotráfico en nuestro país. Por ello, al convocarlos también a que participen en esta reunión, estamos haciéndoles un llamado para que reflexionen acerca de que su función no es sólo informativa, sino también social, educativa, cultural y orientadora, para que no se limiten a describir y narrar la espectacularidad de unos hechos violentos o no, de modo descontextualizado y sin un mínimo de análisis. Para que asuman, de una vez por todas, la responsabilidad que tienen frente a la nación y el mundo.
Varios autores se han dedicado a tratar de establecer, desde una perspectiva económica, el tamaño de este conjunto de actividades por la vía de medir la magnitud del ingreso que generan. Aunque existen grandes dificultades para realizar un cálculo razonablemente apropiado, se habla de que las ganancias de los empresarios colombianos de las drogas ilícitas fluctúan entre 2.000 y 5.000 millones de dólares por año. Diversas razones permiten pensar que estas cifras están apreciablemente subestimadas. Lo cierto del caso es que aún es bastante precaria nuestra capacidad para cuantificar la verdadera dimensión del negocio y la forma como afecta la macroeconomía y las finanzas del país.
Aun, si sólo se considera la más conservadora de las estimaciones, el capital asociado al negocio ilícito, acumulado dentro y fuera del país, es de una magnitud significativa en relación con el tamaño de la economía colombiana. Esto hace que los empresarios de esta actividad ilegal estén en condiciones de convertirse fácilmente en un grupo económico dominante. En este sentido se han pronunciado las Naciones Unidas que, con base en un reciente estudio, señalan: que los beneficios asociados al narcotráfico en Colombia oscilan entre un 3% y un 13% del PIB de 1991; que esta actividad genera el 0,4% del empleo de la PEA; que el ingreso de los narco traficantes equivale al 20% de la oferta monetaria del país; que su capacidad de inversión es similar a la de todo el sector privado en su conjunto; que estos empresarios tienen intereses en cerca de 500 empresas relacionadas con actividades legales; que alrededor de ellos se ha generado un importante proceso de concentración de tierras.
Desde luego, el trabajo de las Naciones Unidas sólo muestra una faceta del fenómeno, la relativa a los beneficios asociados a la industria de drogas ilegales. No señala, por el contrario, cuáles serían los costos en que hemos incurrido los colombianos, en términos de crecimiento a largo plazo, y cuáles los impactos sobre las actividades que se realizan dentro del marco legal vigente. Al respecto, han empezado a aparecer algunos estudios que se ocupan de este otro lado del problema. Sólo quisiera destacar dos de los más recientes y compartir con ustedes algunas de las conclusiones a las que han llegado sus autores.
En su trabajo Economía política y narcotráfico, Francisco Thoumi plantea que "el desarrollo de la industria de las drogas psicoactivas ilegales ha tenido efectos que han permeado la economía colombiana. El más importante de ellos ha sido el efecto catalítico que estimuló un mayor desprecio por la ley y las normas sociales. Este efecto multiplicador no puede juzgarse como positivo o negativo, sin emitir fuertes juicios de valor sobre los cambios que ha causado en la estructura de poder social y en la distribución del ingreso", afirma.
Señala, igualmente, que "la industria de las drogas ilegales ha trastornado el desarrollo de varias regiones, en las que generó un fenómeno de enfermedad holandesa. Ha bloqueado los intentos del gobierno por distribuir tierras en áreas rurales. Ha hecho más compleja la política macroeconómica y más incierta la política del gobierno. Ha forzado una redistribución del gasto gubernamental, de la promoción del crecimiento hacia la seguridad y el armamento. Ha estimulado una mentalidad de enriquecimiento rápido. Ha seleccionado inversiones con base en la necesidad de lavar y ocultar capital. Ha promovido una fuga sustancial de capital limpio. Estos y otros efectos y características de la industria han contribuido a una declinación de la tasa de crecimiento del PIB del país", concluye.
Alrededor de este último aspecto se ha venido generalizando un consenso, al punto que podría afirmarse que "no hay dudas de que a la economía colombiana podría irle mejor sin la industria de las drogas ilegales que con ella". Esto queda claro cuando se estudian las causas por las cuales la economía colombiana se alejó de la senda de crecimiento que siguió hasta los años setenta. Según investigaciones recientes, estarían asociadas a fenómenos en principio extraeconómicos, tales como los relacionados con el crimen, la inseguridad y los problemas relativos al funcionamiento de las instituciones.
Al respecto, en su interesante estudio Crimen y crecimiento en Colombia, el investigador Mauricio Rubio, sobre la base de supuestos en extremo conservadores, "estimó en un 15% del PIB el monto anual de los recursos que el sector productivo colombiano transfiere a quienes actúan por fuera de la ley. Adicionalmente, encontró que el costo del crimen en términos de crecimiento perdido era superior al 2% del PIB de cada año, sin contar efectos más duraderos sobre la productividad de los factores y la formación de capital. Así, estimó que el efecto total de las actividades delictivas sobre la estructura productiva, sería superior a lo que anualmente invierte el país... La magnitud del fenómeno es aterradora", concluye el investigador.
He ahí dos evidencias recientes de que no estamos frente a un fenómeno de poca monta. Sin embargo, valdría la pena preguntarse qué tanto sabemos de esto, qué se ha dicho y qué falta por decir, qué debemos saber. Sin duda, son aún preliminares los esfuerzos por conocer, en sus verdaderas dimensiones, el negocio de las drogas ilícitas y los efectos de todo tipo, tanto positivos (si pudiera hablarse de ello) como negativos, asociados a aquél. Existen significativos vacíos de conocimiento, del lado de la oferta y de la demanda. No es claro qué tanto controlan los colombianos ligados a estas prácticas ilícitas, ni cuáles los apoyos que reciben en el exterior, para la comercialización y para la incorporación de los recursos movilizados al torrente financiero mundial. Tampoco el papel que juegan los nacionales de otros países involucrados en la producción, tráfico, consumo y actividades conexas. No existen evidencias suficientes acerca de la naturaleza de los efectos perversos ligados a la adicción, ni es claro que los prohibidos sean más nocivos que los psicoactivos socialmente aceptados. Estamos, pues, casi en un punto de partida, con la complicación adicional de que está plagado de prejuicios, que sólo enrarecen el ambiente y dificultan la comprensión de la verdadera magnitud del fenómeno. En consecuencia, cualquier demora para acometer la inmensa tarea de aproximarse más racional y científicamente a su entendimiento, puede ser tan gravosa como desentenderse del asunto.
Para quienes se han ocupado de estudiar el narcotráfico, debe ser difícil emitir un juicio sobre las políticas hasta ahora implementadas. Pienso sobre todo en el caso colombiano, dada la inmensa tragedia asociada a la lucha contra estas actividades ilegales. Es precisamente en torno al qué hacer, que se han suscitado las mayores controversias y discrepancias. Por ello, al realizar un balance, se corre el riesgo de incurrir en alguna injusticia, de omitir algo de verdad importante. De otro lado, si bien es creciente el consenso en el país, en el sentido de que el narcotráfico ha traído más perjuicios que beneficios, estamos lejos de haberlo logrado en materia propositiva.
De acuerdo con Francisco Thoumi, quien ha realizado una minuciosa y juiciosa revisión de las diferentes medidas implementadas y de las razones que las originaron, "el gobierno colombiano ha seguido políticas muy cuestionables e inconsistentes, basadas en la penalización y en la represión. Estas han sido consistentes con las de los Estados Unidos y han fracasado en ambos países: el consumo y la oferta han aumentado y la violencia ha alcanzado proporciones epidémicas en Colombia y en los guetos de (aquel país). La mayoría de las políticas antidrogas, seguidas por el gobierno colombiano... han sido muy costosas (para el país) y no han tenido efectos significativos sobre la oferta de cocaína. De hecho, durante la guerra contra las drogas se han desarrollado nuevos productos y la industria de psicoactivos ilícitos floreció, se diversificó y se hizo más refinada. Los costos sociales de la drogadicción y de las políticas de penalización han aumentado dramáticamente y no aparece una solución clara en el horizonte".
El cuadro anterior pone en evidencia que es imperativo que, ante el fracaso y los altos costos de las vías seguidas, investiguemos la posibilidad de adoptar políticas menos onerosas y más efectivas. Pero para avanzar en esta dirección, es necesario reconocer la urgencia de un cambio de actitud generalizada. Es cierto que se han alcanzado logros significativos, en el pasado y recientemente, pero no lo es menos que, dada la forma y velocidad como se han extendido estas actividades, los esfuerzos realizados están lejos de ser suficientes, máxime si se considera que hasta el momento han carecido de la necesaria persistencia y continuidad, de la integralidad requerida y que no existe aún una voluntad generalizada de la nación para combatirlas y erradicarlas.
Sin duda, las autoridades deben superar sus posiciones defensivas, el discurso de que los otros no hacen lo suficiente para controlar el consumo o el lavado de dinero. También es fundamental que el gobierno produzca una serie sostenida de hechos concretos y significativos en la lucha contra el conjunto de actividades ligadas a la industria de las drogas ilegales y contra el enriquecimiento ilícito a ella asociado. Que se depuren las instituciones del Estado, que el Congreso de la República limpie su imagen ante el país y el mundo, que el sistema judicial, que ha visto minada su credibilidad, aumente su eficiencia, que las fuerzas armadas de la nación, así como los organismos de inteligencia, infiltrados en más de una ocasión, respondan con hechos a quienes, sin faltarles a veces la razón, han cuestionado su eficacia, constituye un imperativo inaplazable.
Debemos, también, superar la idea de que el problema es de imagen y que se resuelve con costosas y quizás no tan eficaces campañas, destinadas a modificar la que existe del país en el exterior. Es necesario que nos quede claro que sólo modificando la realidad modificaremos dicha imagen. Iniciar este proceso no da espera, ya que hay que lograr cambios significativos en relativamente poco tiempo. Igualmente, erradicar la narcocultura, que ha invadido progresivamente al país, pasa por realizar un enorme esfuerzo en materia educativa. Este problema, que limita las capacidades de desarrollo, se toca aquí con otros, por supuesto diferentes y no directamente relacionados, como la capacidad de generar las innovaciones requeridas para desarrollar las actividades lícitas, de las que dependerá que Colombia se inserte exitosamente en un mundo crecientemente globalizado.
En otra perspectiva, como ha planteado recientemente Juan Gabriel Tokatlian, es la hora de la cooperación. Yo quisiera, hoy, aquí, hacer eco de sus juiciosas propuestas. Es probable que los acontecimientos recientes le permitan un cierto respiro al país, pero debemos aprovecharlo para "asumir un despliegue diplomático más propositivo y asertivo, para afianzar la política antinarcóticos a través de una ofensiva internacional que incremente el poder negociador doméstico e internacional del Estado frente a la narcocriminalidad organizada, que asegure la búsqueda de... solución(es) efectiva(s) al fenómeno de las drogas ilícitas y evite el relativo aislamiento y la enorme vulnerabilidad a la que se ha visto sometido el país, tanto económica como políticamente".
Compartimos la apreciación de Juan Gabriel, en el sentido de que "es la ocasión para avanzar propuestas, medidas y decisiones estratégicas... serias, claras y rigurosas, basadas en el conocimiento, en la cooperación, en la eficacia y en la legitimidad... (También), para dejar de lado ambiciones autárquicas en el manejo de los narcóticos, sostenidas por tesis soberanistas extremas y por criterios de autonomía absoluta". En este sentido, creemos que vale la pena apoyar la iniciativa de crear un Comité de Investigación Independiente, compuesto por nacionales y extranjeros, que actualice un diagnóstico riguroso sobre el emporio de las drogas, que presente una serie de recomendaciones al gobierno y a la opinión pública, que contribuya a preservar y ampliar las relaciones interestatales e intersocietales. Alrededor de él podrían funcionar unos grupos de estudio, que realicen trabajos científicos en los distintos campos, que se nutran de la experiencia internacional, que establezcan las verdaderas dimensiones del fenómeno, que identifiquen políticas viables.
La idea de crear una Comisión Binacional colombo-estadounidense sobre drogas nos parece plausible y estamos dispuestos a impulsarla. Se trataría de un mecanismo de seguimiento, evaluación y coordinación de las políticas de ambos países, frente a los problemas asociados a la producción, tráfico y consumo de narcóticos ilegales. También nos parece importante que Colombia promueva una nueva Cumbre de Alto Nivel Sobre Drogas, que permita asegurar estrategias consistentes, prácticas y simétricas, en cuanto a la demanda y la oferta, entre las partes más afectadas y comprometidas con este conjunto de problemas. La reactivación del Consejo Empresarial Colombo-Estadounidense podría contribuir al propósito, en la medida en que ayude a desnarcotizar las relaciones binacionales.
En fin, debemos aprovechar la actual coyuntura para estructurar una política antidrogas eficaz. Pero para ello tenemos que evitar repetir viejas y frustrantes historias. Es necesario que podamos formular y articular un Plan Integral de Acción a Largo Plazo, debidamente fundamentado e identificados todos sus elementos, que cuente con el compromiso y participación de los distintos estamentos organizados de la sociedad, cuyos objetivos sean concretos y verificables, con prioridades claramente definidas, suficientemente garantizada la continuidad en los propósitos y en el tiempo, dotado de mecanismos idóneos de seguimiento y evaluación, identificadas y ciertas las fuentes de recursos para su implementación.
No puedo hablar, la verdad sea dicha, en nombre de toda la sociedad colombiana, pero sí de una significativa parte de los empresarios de nuestro país. Creemos que es inaplazable que quienes conformamos la sociedad civil, nos comprometamos más decididamente en la búsqueda y concreción de soluciones al intrincado nudo de problemas asociados al narcotráfico. Es necesario que evaluemos la posibilidad de crear algunos mecanismos que nos permitan una participación activa. También, que demos muestras evidentes de que no seremos tolerantes ni complacientes con la ampliación y profundización de este fenómeno. Debemos ser conscientes de que si no lo hacemos, nuestro propio campo de acción se verá aceleradamente reducido.
Convertirnos en grupos de presión, para que los organismos constitucionales del Estado actúen de manera concordante con los objetivos señalados y con los mecanismos identificados para resolver los problemas que le plantea al país su inserción exitosa, la más lograda pero la menos deseable, en el mundo de los negocios ilícitos, es una posibilidad. Hacer este tipo de eventos e introducir en nuestro discurso la preocupación por estos asuntos, no obstante los riesgos y dificultades inherentes a su tratamiento, constituye otra alternativa. También es posible contribuir a esclarecer las posiciones que deben asumir los diferentes estamentos de la sociedad, en un proceso al cual no pueden ser ajenos.
Consideramos importante que la clase económica dirigente participe en la búsqueda de alternativas de solución. No obstante, debe quedar convenientemente claro que no se trata de involucrar, en ningún caso, a los empresarios colombianos en la lucha contra el narcotráfico desde el punto de vista represivo. Sí, en la búsqueda de alternativas que hagan que este fenómeno no siga incidiendo negativamente en nuestro desarrollo económico, social y cultural, y en nuestras relaciones con la comunidad de las naciones.
En suma, estamos persuadidos de la importancia de que la sociedad como un todo empiece a buscar otras salidas, diferentes quizás, complementarias tal vez, de las que se han identificado y utilizado hasta ahora. En lo que a nosotros concierne, el mensaje más claro que podemos emitir hoy es que la cuestión nos preocupa, que estamos empezando a reunir elementos que nos permitan tener una comprensión más clara, más acabada, más cabal, más completa, que creemos que es un asunto que no escapa a la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil y que estamos dispuestos a contribuir en la búsqueda de alternativas que conduzcan a consolidar un compromiso serio y estable frente a la necesidad de superar el fenómeno del narcotráfico.
Al hacerlo así, podemos comunicar, con realismo y objetividad, a la comunidad internacional que no seremos ni narcodemocracia ni narcoeconomía, que tampoco estamos dispuestos a tolerar que en nuestro país campeen el delito y la impunidad, que si hemos sido negligentes o permisivos eso es ya un asunto del pasado y que en lo sucesivo comprometeremos nuestro esfuerzo para sacar al país de la encrucijada, en la que hemos sido colocados también por circunstancias ajenas a nosotros mismos.