LAS NEGOCIACIONES DE PAZ Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS GUERRILLAS COLOMBIANAS EN EL NARCOTRÁFICO
María Eugenia Mujica
Investigadora, Centro de Estudios Internacionales, Universidad de los Andes.
Francisco Thoumi
Fellow, Woodrow Wilson Center for International Schools, Washington, DC.
es
41-47
01/10/1996
01/10/1996
Desde que el embajador estadounidense Lewis Tams afirmó, en 1984, que existía una conspiración "narcoguerrillera" (Gugliotta y Leen, 1990; Thoumi, 1994, cap. 4), la relación entre la subversión y el narcotráfico ha sido objeto de debate político, y un elemento más en la compleja amalgama de las negociaciones de paz. El objetivo de este ensayo es explicar la naturaleza y evolución de los vínculos de estos actores ilegítimos, de manera tal que se arrojen algunas luces que enriquezcan la agenda y el proceso de las negociaciones de paz. La relación entre el narcotráfico y los grupos guerrilleros armados es sumamente complicada debido a que incluye una multiplicidad de actores que interactúan simultáneamente de maneras diversas; tiene una naturaleza cambiante, y muchas veces el intento de precisarla se desvirtúa por las acciones de los grupos guerrilleros para mantenerla en secreto. Estas razones llevan a que sea muy difícil poder incorporar dicho vínculo, como elemento claramente identificado, en la agenda de negociación. La relación comúnmente esperada corresponde a movimientos de lucha armada que persiguen sus fines políticos financiándose ampliamente con el dinero de la droga y que cuentan a veces con el apoyo de campesinos productores de coca (Gros, 1992:6). También se puede dar otro tipo de interacciones. Reyes (1995c) menciona dos: en el primer tipo, que corresponde al panorama del Caquetá, Guaviare y Meta, las guerrillas ejercen su influencia sobre los campesinos cocaleros y los narcotraficantes, quienes pagan un impuesto a cambio de que los grupos armados mantengan el orden. En el segundo, los narcotraficantes adquieren grandes áreas de tierra dominadas por grupos armados que están bajo su control. Por otro lado, hay regiones en las que la guerrilla organiza a los campesinos para que obtengan mayores precios frente a los compradores privados, mientras que en otras compite con los carteles, llegando a enfrentarse, a veces violentamente, con ellos. En general, las relaciones entre la guerrilla y el narcotráfico tienden a ser conflictivas en las zonas rurales donde no hay narco-agroindustria, pero en las que los narcotraficantes han invertido sus capitales. Son menos conflictivas en las áreas de producción de drogas ilegales donde éstas se venden a los carteles exportadores.
No sólo la relación narcoindustria-guerrilla es compleja y múltiple, sino que ello mismo ocurre al interior de los movimientos guerrilleros. Para empezar, existen varias organizaciones guerrilleras, con diversos grados de cohesión, metas y actitudes hacia las drogas. Esto hace que la capacidad de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras para lograr que sus diversos frentes cumplan sus órdenes a cabalidad varíe sustancialmente. Además, el papel de las drogas entre y dentro de las organizaciones guerrilleras también varía:
por ejemplo, los grupos guerrilleros, en particular las FARC, desarrollan actividades de regulación de la producción y establecen contribuciones forzosas a los participantes en el mercado ilegal. El ELN no tiene un comportamiento unificado en torno al asunto: en algunas regiones se beneficia del comercio y de los cultivos, mientras que en otras promueve su erradicación y el control de las actividades de los productores (Barragán y Vargas, 1995: 48).
A pesar de estas divergencias, para una parte importante de las organizaciones guerrilleras, las drogas cumplen una función dual: son una fuente importante de recursos financieros y una forma de atacar al imperialismo por dentro.
En la sección II del presente ensayo se explican algunas semejanzas y conflictos entre la guerrilla y el narcotráfico con el objetivo de ilustrar la naturaleza variada y cambiante del vínculo entre ambos grupos. La sección III presenta la evolución histórica de la relación entre la industria de drogas ilegales y los grupos subversivos, y resume la evidencia recopilada por algunos estudios que han tratado el tema. La última sección identifica y discute los problemas que puede crear la participación de la guerrilla en la industria ilegal en relación con los procesos de negociación de la paz.
La "identidad entre guerrillas y coca (...) se basa (...) en el hecho natural de la oposición irrecusable del Estado a unos y otros" (Molano, 1988:35).
La ausencia y la debilidad del Estado —como proveedor del orden interno y servicios básicos, y como supervisor de marcos regulatorios generales— en amplias zonas del país contribuyen a la presencia de la guerrilla y el narcotráfico en estas áreas. En este sentido, se puede afirmar que las semejanzas entre ambos grupos radican en la fortaleza y la capacidad estatal. En otras palabras, ambos grupos se nutren y se fortalecen de la debilidad del Estado y de su poca o nula presencia; asimismo, éstos contribuyen a desestabilizar el régimen (Molano, 1989a). Al igual que en los albores de la independencia, cuando la falta de Estado fue reemplazada por la proliferación de caudillos y caciques, en la época actual la guerrilla y el narcotráfico vienen a representar nuevas formas de caciquismo. De hecho, el surgimiento de ambos movimientos es sintomático del proceso de deslegitimación del régimen colombiano y de los problemas sociales del país. En situaciones extremas, cuando se crean fuertes vínculos entre los dos grupos, ambos obtienen utilidades de la producción y la exportación de productos ilegales.
En el caso de la guerrilla, su inserción en las bases campesinas le otorga una mayor capacidad para garantizar el orden que a los representantes del Estado. Éstos apelan frecuentemente al soborno, mientras que aquélla cobra impuestos.
La diferencia radica en que cuando los funcionarios del Estado intervienen no se obtiene la seguridad necesaria a cambio del soborno. No hay normas fijas y claras que reglamenten el soborno porque éste es un lucro personal y particular regido por la ley de la oferta y la demanda, por la ley del máximo lucro posible. En cambio, las tarifas de las guerrillas son fijas y las contraprestaciones, claras e inflexibles (Molano, 1987: 75).
Por otro lado, el soborno o el impuesto legalmente cobrado por el Estado, y el "gramaje" cobrado por la guerrilla, pueden ser percibidos de igual manera por la población. Finalmente, el colono y el comerciante saben que de todas maneras tienen que pagar tributo a uno de estos dos grupos, a cambio de la seguridad y libertad de tránsito y funcionamiento (Molano, 1988: 34). Se llega al extremo de que el colono se siente más identificado con las guerrillas debido a factores históricos de sensación de injusticia ("el Estado siempre ha sido un arma de los ricos"), de pertenencia (muchos guerrilleros operan en sus regiones de origen, mientras que los soldados son fuereños), y algunos más actuales y coyunturales, como el hecho de que la presencia de los movimientos armados y la coca dan continuidad a su proceso de acumulación. En este mismo sentido, a ambos, tanto a algunos miembros del ejército como de la guerrilla, les conviene desplazar al otro de las zonas de producción de coca para maximizar sus beneficios, puesto que los colonos y comerciantes pagan por su libertad de acción.
Por otro lado, los intereses de los capitalistas de las drogas ilegales son ambivalentes con relación al Estado[1]. Para operar la industria (agricultura, manufactura, transporte, mercadeo y lavado de activos), el crimen organizado requiere un Estado débil y, a su vez, contribuye a debilitar al régimen. Pero en contraposición a la guerrilla, una vez que los activos son lavados, el crimen organizado necesita que el Estado mantenga un nivel mínimo de legitimidad y poder para garantizar los derechos de propiedad y facilitar la inversión de los capitales acumulados ilegalmente. En este sentido, la industria ilegal no tiene como meta destruir el régimen y construir una sociedad más justa, sino lograr asimilarse a la estructura social existente y obtener poder dentro de ella (Krauthausen y Sarmiento, 1991; Thoumi, 1994).
La participación de la guerrilla en el narcotráfico tiene diferencias fundamentales con la del crimen organizado. La filosofía original de la guerrilla y del narcotráfico no sólo no concuerdan sino que además son opuestas, excluyentes y conflictivas. La guerrilla estuvo inspirada originalmente por la búsqueda de justicia social para los campesinos desposeídos de tierra y desplazados por la violencia. El involucramiento de la guerrilla con las drogas, especialmente en el caso de las FARC, ocurrió una década después de la consolidación de las guerrillas campesinas, a principios de los años sesenta. Para ellas, las drogas ilegales eran un síntoma de la descomposición del capitalismo mundial y una oportunidad para contribuir al colapso del sistema colombiano, para atacar al imperio por dentro ("metiéndole droga a los gringos") y para desarrollar una red de apoyo entre los campesinos en las zonas de reciente colonización.
Por otro lado, para el crimen organizado, las drogas son simplemente un buen negocio que permite acumular grandes fortunas rápidamente y ascender en el escalafón social. Los empresarios del narcotráfico son una expresión del capitalismo, en el cual la motivación económica prevalece sobre cualquier otro fin.
En síntesis, se argumenta que para la guerrilla tradicional el futuro ideal es el socialismo, aunque se puede argumentar que dicha meta ha perdido gran parte de su sustento, a raíz de la caída del muro de Berlín. Para el crimen organizado la panacea es el poder económico y político en manos propias y, cuando esto no es posible, en las de sus descendientes. Estas dos metas no pueden menos que chocar a largo plazo, aunque en el corto plazo haya situaciones que produzcan relaciones de cooperación entre ambas organizaciones.
La desmembración de la Unión Soviética y la crisis económica cubana produjeron caos y vacío en toda la izquierda latinoamericana. En el caso de la guerrilla colombiana, ésta fue afectada de varias formas. En primer lugar, a pesar de que no es posible determinar los grados de dependencia financiera de la Unión Soviética y Cuba de algunos grupos guerrilleros, sí se sabe que éstos tuvieron que ser reemplazados de alguna manera. En segundo lugar, el mantenimiento del fervor ideológico y la meta de una sociedad socialista, en vista del fracaso comunista a nivel mundial, ha sido difícil. Ambos procesos han llevado a algunos grupos guerrilleros a parecerse al crimen organizado, pues han apelado al secuestro, la extorsión y el negocio de las drogas ilegales para financiarse, en un momento en el que sus fines políticos parecen desdibujados.
Sin embargo, hay autores para los que la financiación de la guerrilla por medio de las drogas no ha sido el resultado de la eliminación de fuentes de financiamiento externo, afirman que estos movimientos se han beneficiado de las drogas ilegales desde antes del colapso del comunismo mundial (Molano, 1987: 75).
La afirmación original del embajador Tams se basó en información obtenida por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos con respecto a la participación de la guerrilla colombiana en la protección de los laboratorios del narcotráfico en la selva amazónica y los Llanos Orientales. A pesar de ello, existe evidencia de que la relación entre narcotraficantes y guerrilleros ha tenido momentos difíciles. Por ejemplo, hay pruebas de los intentos de la guerrilla de extorsionar a los narcotraficantes. Relacionado con ello, se afirma que el secuestro con fines de lucro de Martha Nieves Ochoa, en noviembre de 1981, llevó a la formación del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS).
El MAS es un grupo paramilitar creado para prevenir el secuestro y para atacar a quienes, dándose cuenta de las grandes ganancias potenciales de secuestrar a los empresarios de las DPSI (Drogas Psicoactivas Ilegales) y sus familiares, se habían atrevido a hacerlo (Thoumi, 1994: cap. 3).
Poco después,
algunos miembros del M-19 fueron secuestrados y asesinados por el MAS y Martha Nieves Ochoa fue liberada después de que el M-19 contactara al MAS y se estableciera una tregua aparente (Thoumi, 1994, cap. 3).
En síntesis, las acciones de violencia de la guerrilla contra el crimen organizado llevaron a que los narcotraficantes establecieran sus propios grupos armados para proteger sus actividades productivas, especialmente sus laboratorios. Sin embargo, es probable que en algunas zonas hayan continuado utilizando los servicios de grupos guerrilleros.
La guerrilla tiene ventajas claras para arraigarse en zonas de cultivo de plantas ilegales. Refiriéndose al Caguán, Cubides (1989: 250) explica que
La necesidad de un ordenamiento mínimo de la vida social, que se va haciendo más y más consciente a medida que aumenta el poblamiento y se propaga el cultivo de la coca, no podía ser resuelta por las Juntas de Acción Comunal existentes antes del arribo de la coca y antes de la penetración de la guerrilla.
El vacío de poder dejado por el Estado en el Caguán fue llenado por la guerrilla, a pesar de la voluntad popular de enmarcarse en la legalidad:
todos los hechos son demostrativos del fortalecimiento progresivo de ese poder local, que no existe en contraposición ni en sustitución del poder del Estado central, pero que suple aquellas de sus funciones básicas que van siendo necesarias en una región de tan rápido poblamiento como ésta (Cubides, 1989: 259).
El trabajo de Molano (1987) subraya el arraigo y la importancia de la guerrilla en el desarrollo de los cultivos de coca en el Guaviare. La migración original hacia el Guaviare fue, en gran parte, resultado del desplazamiento de campesinos en los años cincuenta y sesenta, debido a la violencia y los intentos del campesinado por obtener cambios sustanciales en las condiciones de tenencia y empleo en zonas del Tolima y Cundinamarca (Chaparral, Villarrica, Sumapaz y Viotá). Esta misma violencia está en la raíz de las FARC, organización que cumplió un papel protagónico en el establecimiento de muchas de las comunidades de la región. Dicha similitud lleva a que la guerrilla sea parte integrante de la comunidad campesina y que tenga un fuerte arraigo dentro de la misma.
Los estudios de Molano (1989b, cap. 5) y Gros (1992) sobre la zona del Guaviare resaltan la relación cambiante entre la guerrilla y el narcotráfico. Las primeras plantas de coca fueron introducidas en este lugar a fines de la década del setenta, cuando la presencia de la guerrilla (que impulsó la colonización del lugar durante la época de la Violencia) era muy débil. De acuerdo con la historia oral relatada por Molano, el Guaviare experimentó una bonanza cocalera hasta aproximadamente 1983, año en que los precios de la coca cayeron abruptamente[2]. Durante la bonanza, la región recibió migrantes de las zonas esmeraldíferas, quienes contribuyeron a generar un alto nivel de violencia:
Aquí organizaron una cuadrilla para cultivar la hoja, se asociaron con los grandes y Marcelino, Toño y Lucas se volvieron matones perdonavidas. Decretaban quién podía vivir y a quién se debía liquidar. Tenían una socia para hacer morrocos. Quien necesitara un fulano finado conversaba con ellos y asunto arreglado (Molano, 1989b: 280).
La falta de presencia del Estado fue aprovechada por la guerrilla: "Un buen día fue apareciendo otra ley, la ley de los muchachos, la de las guerrillas" (Molano, 1989b: 284). La guerrilla impuso el orden: prohibió el abigeato, el robo, la embriaguez, el abuso a las esposas y los niños, estableció sistemas de resolución de conflictos[3], prohibió el pago de salario en basuco, y tomó una posición draconiana respecto al consumo de esta droga, llegando a ejecutar a algunos adictos (Molano, 1989b: 284-290)[4].
De acuerdo con Gros (1992: 7), cuando la mafia regresó, como consecuencia de la recuperación de los precios en 1984, se encontró con que la guerrilla había asumido las funciones de mantenimiento del orden público y de organización de la producción, ambas abandonadas por el Estado, y, como consecuencia, se dio la negociación narcoguerrilla. Si bien las metas del narcotráfico eran contrarias a la filosofía guerrillera, esta última aceptó la producción de coca para sacar provecho financiero y asegurar su inserción en las bases campesinas (Gros, 1992). Como retribución, el crimen organizado debió aceptar el control territorial armado, el monopolio de las armas, un impuesto equivalente al 8% de las ventas a los comerciantes y 10% a los productores, y la prohibición del pago en basuco a los raspadores (Gros, 1992; Molano, 1988).
Molano (1988: 33) afirma que el apogeo de la coca produjo discusiones interminables al interior de los frentes guerrilleros. Si bien el cultivo de la coca podía permitir que los campesinos finalmente se insertasen en un proceso de acumulación, ello iba en contra de la politización que los guerrilleros deseaban desarrollar y era opuesto a su ideología. Este autor afirma que fue el pragmatismo del M-19 —para él las oportunidades presentadas por el narcotráfico constituyeron el vehículo para cambiar el esquema de lucha urbana por lucha rural— el que finalmente acabó con las discusiones.
Posteriormente, las FARC también aceptaron el negocio de la coca (Molano, 1988:33). No hay evidencia de que los acuerdos narcoindustria-guerrilla hayan sido explícitos, ni de que haya habido una negociación formal entre organizaciones de este tipo por un periodo prolongado. Más bien, "la solución y los acuerdos debieron haber sido locales y sobre los hechos cumplidos" (Molano, 1988, 33), debido a que el cultivo de coca se expandió rápidamente en las zonas de colonización con fuerte presencia guerrillera. La transacción formal ocurrió una vez que las guerrillas consolidaron su autoridad local y adquirieron prosperidad militar (Molano, 1988: 35).
De acuerdo con Gros (1992: 7), a fines de los años ochenta hubo una ruptura en la relación narcoindustria-guerrilla. Según este autor, la mafia —en la figura de Rodríguez Gacha— no toleró el control de las FARC sobre sus tierras ni los actos de bandidaje realizados en su contra. El asesinato de Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica, y los ataques contra otros miembros políticos del grupo armado marcaron la ruptura del vínculo y el inicio de una relación destinada a la destrucción del otro. Otros factores que contribuyeron a la disolución de esta unión por conveniencia fueron la presión del ejército y la policía, los éxitos logrados en la lucha antinarcóticos, los abusos cometidos por ambas partes y la caída del precio internacional de la coca (Molano, 1988: 36). Como consecuencia, muchos laboratorios de procesamiento del producto fueron trasladados a Perú y Brasil. El gobierno aprovechó la coyuntura para lanzar el Plan Nacional de Rehabilitación y así consolidar su participación en las zonas de conflicto por medio de políticas de sustitución de cultivos y medidas para debilitar a la guerrilla (Gros, 1992: 8).
Gros analiza la relación narcoindustria-guerrilla en otras zonas del país. Este autor afirma que en el Magdalena Medio, por ejemplo, a inicios de la década del ochenta, se desarrolló una relación amistosa entre militares y paramilitares —financiados por los ganaderos— en contra del abuso de poder de la guerrilla en la zona. Durante el gobierno del presidente Betancur, esta zona se convirtió en una especie de república independiente (Gros, 1992: 9), por lo que la mafia del Cartel de Medellín incursionó en la zona. En este caso, el crimen organizado no se alió con la guerrilla —debido a la mala experiencia en el Guaviare— sino con los ganaderos que financiaban los grupos paramilitares. En este sentido, se forjó un nuevo vínculo (igualmente ilegal) denominado narco-paramilitarismo (Gros, 1992: 10) con el objetivo de atacar y eliminar a los movimientos guerrilleros.
Trabajos más recientes (Hernández, 1995; Uribe y Mestre, 1995; Barragán y Vargas, 1995) afirman que las guerrillas han continuado jugando un papel protagónico en las zonas de cultivo de coca, marihuana y adormidera, en las cuales llevan a cabo funciones claves de sustitución del gobierno. Estos estudios muestran que los cultivos y la manufactura de las drogas ilegales son una fuente de financiación de la guerrilla a través de los impuestos que cobra a los participantes en el negocio. Sin embargo, dichos trabajos no presentan evidencia respecto a una posible participación de las organizaciones guerrilleras en la exportación y el mercadeo internacional de las drogas ilegales.
Hernández (1995), por medio de entrevistas a individuos que han participado en la industria ilegal o tenido relaciones con su gente, presenta evidencia de intentos del M-19 de lucrarse del mercadeo internacional de cocaína. Según este autor, a mediados de los años ochenta el M-19 envió una célula a Nueva York con el propósito de localizar a los distribuidores de cocaína colombianos, robarles la mercancía y el dinero, revender la mercancía y financiar así sus actividades en Colombia. De acuerdo con el informante, este intento resultó fallido pues los distribuidores identificados movían volúmenes relativamente pequeños, y el costo de mantener la célula en Nueva York resultó ser muy alto con relación a los ingresos generados. Informes más recientes de naturaleza periodística (Semana, 1996: 14) indican que en otras zonas del país, especialmente en Urabá, la guerrilla sí está involucrada en la exportación de drogas ilegales. Más aun, estos informes alegan que la razón principal de la violencia experimentada en esa zona durante los últimos años es el resultado de la lucha por el control de las rutas de exportación de drogas e importación de armas y otros artículos de contrabando entre organizaciones paramilitares, apoyadas por los carteles de las drogas, y las guerrillas. Además, por medio de estas relaciones comerciales, la industria ilegal y las guerrillas tienen la oportunidad de relacionarse con organizaciones criminales internacionales y participar en el creciente y rentable crimen organizado mundial. De acuerdo con estadísticas de la policía antinarcóticos, la guerrilla cobra a los grandes narcotraficantes aproximadamente 30% de la inversión en producción; $10 millones semanales por el funcionamiento de los laboratorios; $13 millones por permitir el uso de las pistas de aterrizaje; $10 millones mensuales por hectárea custodiada; $5.000.000 por kilogramo procesado; $20.000.000 por kilogramo embarcado; y $1.000.000 por el transporte de cada galón de insumos (Reyes, 1995b: 69).
Las inversiones en finca raíz rural han sido una fuente continua de conflicto entre los empresarios de las drogas ilegales y las organizaciones guerrilleras. Reyes (1995a) muestra que dichos empresarios o sus testaferros han comprado áreas sustanciales de terrenos rurales y que estas compras han aumentado notablemente durante los años noventa. Reyes estima que actualmente los empresarios de la industria de drogas controlan aproximadamente 4 a 5 millones de hectáreas de tierras dedicadas al ganado. Estas inversiones de la industria ilegal han promovido la financiación de grupos paramilitares que se han enfrentado a las guerrillas y a los campesinos simpatizantes de ellas. Las zonas de mayor enfrentamiento entre estos dos poderes han sido el Magdalena Medio, Urabá, y partes del Sinú. Además, el potencial de enfrentamientos futuros es muy fuerte puesto que una de las metas claves de la actividad guerrillera ha sido la redistribución de tierras rurales. Durante el último año, la influencia de las guerrillas en las zonas productoras de coca y adormidera ha sido evidente; su capacidad de movilización campesina se ha reflejado en las marchas de protesta contra los programas de fumigación aérea y otros sistemas de erradicación de cultivos ilícitos. La presencia de la guerrilla como elemento catalizador de las movilizaciones se debe a la necesidad de consolidar su inserción o arraigo en las bases campesinas. Sin embargo, Reyes (1995b) presenta un escenario en el que la guerrilla se distancia de todo lo relacionado con el narcotráfico para evitar la asociación narcoguerrilla. En este sentido, el mismo autor señala que el respaldo a los paros cívicos del Guaviare y el Putumayo no fue hecho por la guerrilla sino por los traficantes de la región (Reyes, 1995b: 71).
La participación de las guerrillas en el negocio de las drogas ilegales condiciona y hace más compleja la agenda de cualquier proceso exitoso de negociación de paz. De hecho, las implicaciones del vínculo narcoguerrilla hacen improbable el éxito de las negociaciones, pues éste requiere muchas concesiones que el Estado probablemente no estará dispuesto a otorgar. En este sentido, se afirma que la negociación tendrá mayor probabilidad de éxito si un solo modelo de dominación —de relación narcoindustria-guerrilla— prevalece. Por lo tanto, en la situación actual, caracterizada por vínculos complejos, múltiples y cambiantes, los escenarios de éxito de las negociaciones de paz son muy reducidos.
Las negociaciones deben tratar el tema de la participación de la guerrilla y las fuerzas antiguerrilleras en el negocio ilegal. En las zonas de influencia guerrillera, en las que hay cultivos ilícitos, las negociaciones deben tener en cuenta que: (i) la eliminación de los cultivos ilícitos no se puede lograr fácilmente sin la colaboración guerrillera, y (ii) la guerrilla se beneficia de los cultivos mencionados. En estos casos, es necesario buscar formas que permitan que los miembros de la guerrilla obtengan un ingreso legítimo que les sea satisfactorio. Además, dada la influencia de la guerrilla sobre las sociedades campesinas, es necesario lograr que ésta participe en el control de los cultivos ilícitos. Es difícil que se dé la primera de las condiciones, y, en el caso de la segunda, resulta poco probable que la guerrilla la cumpla pues la tentación de expandir los cultivos a zonas aledañas es muy fuerte.
En zonas donde hay enfrentamientos entre la guerrilla y los empresarios de las drogas, el problema es también muy complejo. La concentración de propiedad en manos de la industria ilegal y la lucha por las rutas del contrabando hacen que las negociaciones de paz deban enfrentar los temas de la redistribución de tierras y del control de los grupos paramilitares que han enfrentado a las guerrillas; ambos presentan obstáculos graves a la obtención de acuerdos que realmente se puedan hacer cumplir.
Por otro lado, es necesario incorporar a los colonos en las negociaciones de paz, aun en los casos en los que la mafia organizada es propietaria de vastas extensiones de tierra. Ello se debe a que, para el colono, la mafia y la guerrilla se convierten en "dos reivindicaciones, una de carácter económico y otra de carácter político" (Molano, 1989a: 68). En este sentido, para poder llegar a acuerdos de cumplimiento factible, el proceso de paz no debe incorporar sólo aquellos sectores a los que se desea destituir de ilegalidad, sino también a todos los grupos de la sociedad civil involucrados. Así se sentarán las bases para crear la paz desde abajo, lo cual dotaría las negociaciones de mayores probabilidades de éxito y sostenibilidad.
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[1] Cada sociedad establece límites a la búsqueda de utilidades y a la libertad de mercado cuando los bienes producidos o transados pueden tener efectos sociales nocivos, tales como el material radiactivo o pornográfico, las armas y las drogas psicoactivas. La mayoría de estos controles al comportamiento son impuestos por instituciones sociales diferentes al Estado: la familia, la escuela, la religión, entre otras. En Colombia, el fracaso de estas instituciones para imponer restricciones al comportamiento ha producido capitalistas para quienes las repercusiones de sus acciones sobre el resto de la sociedad son totalmente irrelevantes (Kalmanovitz, 1989; Thoumi, 1987; Herrán, 1986). Ello ha constituido una de las razones más importantes por las cuales la industria de drogas ilegales se estableció en Colombia.
[2] Las causas de esta caída no están claras.
[3] Los problemas de linderos probablemente eran los conflictos más comunes.
[4] Esta última medida crea una contradicción interesante puesto que la guerrilla, que ha prohibido el uso de la droga en las zonas que controla, se ve en dificultades para defender las cosechas y la manufactura de drogas ilegales, las cuales se pueden justificar sólo como armas para atacar al enemigo.