EL IMPACTO DE LAS CRISIS POLÍTICAS EN COLOMBIA, VENEZUELA Y MÉXICO EN EL DESARROLLO DEL GRUPO DE LOS TRES

Ana Marta Iturralde

Politóloga Universidad de los Andes.

Sonia Peña

Politóloga Universidad de los Andes

Diana Rojas

Politóloga Universidad de los Andes

56-75

01/04/1998

Con el fin de la Guerra Fría, marcado por sucesos como la desintegración de la URSS, el ocaso del "socialismo real" en Europa Oriental y la unificación de Alemania, entre otros, se ha venido configurando un nuevo orden mundial, que apunta hacia las integraciones regionales, las cuales

plantean el debilitamiento progresivo de los Estados-Naciones y la globalización de los acontecimientos, dado el desarrollo de las comunicaciones y la interdependencia de megabloques industrializados y competitivos —Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón[1].

En este contexto, América Latina, por el contrario, se encuentra aún sin resolver el problema de la deuda externa y sin superar las crisis socioeconómica y política, a causa de la ausencia de un modelo de desarrollo lo suficientemente eficiente. Los intentos de integración en América Latina reflejan esta realidad, ya que existe una falta de concertación política para introducir a esta parte del continente en la ola de cambio mundial. Por esto,

la integración en América Latina es una necesidad no sólo desde el punto de vista regional sino también internacional, para evitar más décadas perdidas[2].

Dentro de esta percepción, la integración se perfila como un medio que podría, a largo plazo, mermar la crisis financiera, promover el desarrollo industrial y disminuir la dependencia y vulnerabilidad económicas.

Frente a este panorama global, en el plano regional, la integración sigue siendo un imperativo de la política latinoamericana. La consolidación de diferentes bloques económicos en el mundo obliga a los países latinoamericanos a adoptar una estrategia similar de "supervivencia" como forma de integrarse en el mercado mundial, por un lado, y de generar un poder de negociación significativo, por el otro.

La constitución y el desarrollo del Grupo de los Tres (G-3) responde, de esta manera, a la tendencia hemisférica general de aceleramiento y promoción de los procesos de liberalización comercial y de integración regional que se despliegan a finales de la década del ochenta...[3].

Desde su conformación en 1989, el G-3 se ha convertido en una instancia de diálogo político y un mecanismo de integración y cooperación económica entre los países miembros (Colombia, Venezuela y México). Colombia, Venezuela y México han tratado de avanzar en la consolidación de un acuerdo de libre comercio entre los tres y, al mismo tiempo, afianzar la cooperación económica con Centroamérica y el Caribe. Es fundamental aclarar que el proceso seguido por el G-3 hace pensar en un grupo de integración "suave", esta última basada en un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) y no en un Mercado Común. Dicho proceso ha buscado una integración creciente hacia un mercado común entre Colombia y Venezuela en el marco del Pacto Andino y una integración suave a la manera de un ALC entre los miembros del G-3[4]. De hecho, en 1997 los miembros del G-3 acordaron darle un nuevo impulso al Tratado de Libre Comercio vigente desde 1995. Las tres partes se mostraron optimistas sobre el avance comercial, pese a los inconvenientes en materia económica y financiera que experimentaron Venezuela y México.

Sin embargo, es importante tener claro que el papel del G-3 no se limita a un proceso creciente de intercambio y apertura comercial, articulación financiera e integración energética, sino que se extiende a un rol de progresiva proyección subregional como eje de los procesos de integración y cooperación política en el continente[5]. En el proceso integrador el papel del comercio es fundamental, a pesar de que éste ha mostrado un movimiento fluctuante en los últimos años entre los tres países. No obstante, el G-3 ha buscado profundizar en la integración de áreas distintas al comercio, tales como energía, transporte marítimo, transporte aéreo, telecomunicaciones, finanzas, turismo, cultura y la cooperación con Centroamérica.

Pero a pesar de los esfuerzos y avances por alcanzar un tratado de libre comercio y una integración económica, se han presentado desajustes y asimetrías en el plano económico, que se articulan con diferencias significativas en los procesos de reforma y modernización de los respectivos sistemas políticos sobre la base de su reciente evolución. Por otro lado, si bien el G-3 ha presentado una serie de dificultades en la consecución de sus objetivos con miras a la integración política y económica de estos tres países, a causa de las diferencias y divergencias entre los mismos, éste tiende a

reafirmar la importancia de enfocar la integración subregional desde una perspectiva holística que no se limite a considerar los diversos imperativos económicos vinculados a una inserción más competitiva en el sistema económico internacional, sino también las dimensiones políticas, sociales y geopolíticas de la dinámica subregional[6].

Además, las ventajas arancelarias y la integración en general son beneficiosas para el comercio, pero este último sólo es posible si se desarrolla en condiciones de equidad. Eso es precisamente lo que le falta al G-3 y lo que habrá que adicionarle si se quiere que éste funcione como un mecanismo efectivo de integración a largo plazo.

Durante los últimos años el Grupo de los Tres se ha visto "desmejorado" y muchos han llegado hasta a afirmar que éste ha caído en un profundo letargo[7]. Como dijo alguna vez el canciller venezolano Miguel Ángel Burelli Rivas en una entrevista publicada en el diario El Tiempo,

el G-3 es un pacto entre países y los países no se mueren. Pero los programas y el entusiasmo se paralizan... El grado de avance puede sufrir y en efecto está sufriendo. Ya uno de los efectos "tequila" que se mencionan es que hay una desaceleración en el ímpetu inicial del G3, por el temor de que los productos mexicanos, con la caída del peso, invadan los mercados y sean muy competitivos[8].

Se hacen entonces evidentes una pérdida de horizonte y un distanciamiento de los objetivos para los que fue creado el G-3, a raíz de los últimos acontecimientos en el interior de cada uno de los países en cuestión.

Una posible explicación a esta pérdida de horizonte del Grupo de los Tres puede ser la situación interna de cada uno de los países miembros y, más específicamente, la crisis política (y económica en México y Venezuela principalmente) que han tenido que enfrentar estos países en los últimos años. Hasta el momento, las grandes expectativas que se tenían con respecto al G-3, se han visto opacadas por los pobres resultados logrados a lo largo de su corta trayectoria. Teniendo en cuenta el estudio que hasta ahora se ha realizado acerca del tema, se hace evidente que, por un lado, el Tratado de Libre Comercio de este acuerdo es la parte que más funciona, a pesar de que el intercambio comercial no ha llegado a los niveles esperados y, por otro, los Grupos de Alto Nivel, distintos al GAN de Comercio, no han avanzado en los proyectos y programas que se han propuesto. De ahí que pueda afirmarse que el Grupo de los Tres se encuentre pasando por un período de estancamiento, que podría responder a los efectos negativos que han sufrido las economías nacionales de Colombia, México y Venezuela, como consecuencia de la crisis económica, social y política.

Las razones que se pueden considerar para explicar dicho letargo son varias. Primero, los variados intereses de los países miembros en el Grupo. Para Colombia, por ejemplo, el Grupo de los Tres es una de sus prioridades en su política exterior, el segundo acuerdo en importancia después de la Comunidad Andina. Para México es un acuerdo más, mucho menos importante que el NAFTA. Para Venezuela no es un acuerdo tan significativo, si se tiene en cuenta la manera como se negoció[9]. Segundo, la falta de voluntad política reflejada en el débil impulso por parte de los gobiernos de cada uno de los tres socios, y en el poco continuismo de los proyectos que se da en lo interior de cada uno de los organismos encargados de manejar cada uno de los Grupos de Alto Nivel, como cancillerías y ministerios. Tercero, a nivel comercial, las asimetrías entre los tres países, que se evidencian en el nivel de desarrollo y de productividad de sus economías, ponen en desventaja a Colombia y Venezuela frente a México. Cuarto, factores tales como las diferencias culturales y la forma de negociar también han afectado el desarrollo del G-3. Aunque en los tres países se habla el mismo idioma, pertenecen a un mismo continente y cuentan con antecedentes históricos similares, existe un profundo desconocimiento con respecto a la manera de pensar, de actuar, así como de las preferencias y del mercado mismo de cada uno. Por último, las crisis económicas, los desajustes sociales y los eventos políticos configuraron un escenario desfavorable en los tres países.

Durante los últimos años, la implementación del modelo neoliberal, que se hacía necesario dentro de los nuevos esquemas y procesos de globalización mundial, significó para América Latina una ampliación de la brecha entre ricos y pobres. En consecuencia, el aumento de los desajustes sociales, la inequidad, el desempleo, la pobreza, el descontento social y la violencia. Así mismo, en los países que no estaban preparados para competir en el mercado mundial y en los cuales se implementó un proceso de apertura muy agresivo, se afectaron los sectores artesanales, agrícolas y de la pequeña industria. Por ejemplo, las microempresas que se ven involucradas dentro de un mercado que tiene grandes competidores, quienes, por alcanzar un mayor crecimiento toman medidas demasiado agresivas, no sobreviven ya que no alcanzan estos altos grados de competencia. Además, la apertura ha hecho que las importaciones de algunos productos manufacturados, e incluso agrícolas y materias primas, resulten más baratas, y eso ha afectado al sector productivo del país, el cual constituye el eje central del crecimiento económico de una nación. Por último, tanto los desajustes sociales como los económicos que ha traído consigo el neoliberalismo han socavado los procesos de consolidación democrática, los cuales han caracterizado el escenario político de los noventa, que a su vez evidencia la incapacidad del Estado y sus instituciones para satisfacer las demandas y para proveer bienestar social a la mayoría de la población. Así, la esfera política latinoamericana se ha visto marcada por una crisis de legitimidad y de gobernabilidad.

Colombia, Venezuela y México no han sido la excepción a este panorama. En efecto, las instituciones del Estado, en la esfera política, y las empresas, en la económica, no se han modernizado lo suficiente para responder al acelerado cambio social y a los desafíos de la apertura en general. Definitivamente, la internacionalización de la economía en estos tres países se ha realizado en un contexto de crisis económica, social y política. Por último, cabe anotar que no basta que los indicadores económicos y sociales, en un momento dado, hagan aconsejable un cambio de modelo económico, pues un cambio de tanta envergadura requiere además un alto grado de legitimidad. De esta manera, los problemas socioeconómicos, la falta de gradualidad en la implementación de la apertura y la ausencia de legitimidad política en los tres países, hicieron que se desdibujaran los beneficios que prometía el nuevo modelo de desarrollo económico implementado a inicios de la década de los noventa.

En el caso mexicano, de acuerdo con cifras preliminares, su economía creció 4,5% en 1996, el mejor resultado desde 1990, luego que la crisis de 1995 influyera directamente sobre el crecimiento del PIB hasta alcanzar valores negativos (-6,6%)[10]. En 1994, México entró en una crisis económica provocada por un alto déficit fiscal que alcanzó los 30.000 millones de dólares, un 8% de su producto interno bruto[11], lo cual lo llevó a devaluar su moneda frente al dólar. Esta devaluación masiva del peso mexicano, en diciembre de este mismo año, que dio origen a una de las peores crisis económicas en México, estremeció economías emergentes como las de Argentina y Brasil, y al mismo tiempo que creó una distorsión y un desequilibrio del comercio con países como Colombia y Venezuela[12].

Ante esta severa crisis económica, el gobierno mexicano aplicó un programa de emergencia basado en una estricta restricción fiscal y en una política monetaria contraccionista que contó con la ayuda de la comunidad internacional, particularmente con los créditos del FMI y los créditos otorgados por Estados Unidos[13].

Como consecuencia de la crisis, la demanda interna se redujo y, paralelos a una menor afluencia de capitales externos, los componentes de la demanda agregada, a excepción de las exportaciones, experimentaron un fuerte retroceso. En 1995, la inflación alcanzó niveles muy altos (52%). La tasa de desempleo mostró una tendencia incrementista desde 1992 y en 1995 alcanzó 6,3%, a pesar de los reajustes del salario mínimo realizados en enero, abril y diciembre del mismo año[14]. Para 1996, la inflación bajó a 27,7% y creció el número de asegurados permanentes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 661.024 trabajadores, variable que representa un buen indicio de que el desempleo disminuyó[15]. Así mismo, la industria de la maquila generó 90.915 nuevos puestos de trabajo en 1996, y por ello al final del año empleó un total de 881.613 trabajadores. La tasa de desempleo urbano pasó de 6,3% en 1995 a 5,7% en 1996, cifra que aún supera los niveles históricos[16]. Teniendo en cuenta que México es el país más desarrollado del TLC G-3 y que, por lo tanto, una crisis en su economía significaría un efecto negativo y retardante en el desarrollo de este último, se podría pensar que la recuperación de la economía mexicana traería un impulso significativo para el grupo en general.

De acuerdo con los criterios generales de política económica, establecidos para 1996, el gobierno conjugó medidas tributarias y de composición del gasto público orientadas a incentivar una mayor inversión y consumo privados, dentro de un contexto de equilibrio fiscal. Se otorgaron estímulos fiscales y se reorientó el gasto fortaleciendo los sectores de servicios básicos e infraestructura; además, se decretaron fuertes incrementos en los precios de bienes públicos, se reforzaron los programas de fiscalización y se retrasó la nueva ley de seguridad social. Como resultado al control en la política fiscal, el balance del sector público registró un déficit de -0,1% del PIB.^{^[17]}

La política monetaria fue moderadamente restrictiva y se orientó a estabilizar el tipo de cambio para neutralizar la inflación. La demanda de crédito continuó frenada debido al mayor endeudamiento del sector privado y a las elevadas tasas reales de interés. La tasa de interés fue utilizada para atraer capital externo, junto a factores como las mayores divisas provenientes del superávit comercial, la inversión extranjera y las colocaciones de deuda pública en los mercados externos de capital, los cuales influyeron en la estabilización nominal del peso mexicano frente al dólar[18]. Con esto se buscaba revaluar el peso mexicano; eso disminuiría la desconfianza de Colombia y Venezuela, y a su vez les permitiría adquirir mayores compromisos con México dentro del marco del TLC G-3. Esto constituiría un factor más para romper con el lento desarrollo del grupo.

La apertura de la economía mexicana, cuyo comercio exterior representa el 46% Del PIB, paralela al crecimiento de la economía estadounidense, le permitieron a México equilibrar la depresión del mercado nacional, producida luego de la devaluación de 1994. Por último, el balance comercial de México alcanzó un superávit de USA 6.429, 8 millones en 1996. El dinamismo de las exportaciones fue el factor que más contribuyó a la recuperación de la economía mexicana^{^[19]}, sin desconocer el papel que desempeñó Estados Unidos en la misma. Finalmente, teniendo en cuenta el caso mexicano, podría decirse que este último ha empezado a superar la crisis y, por lo tanto, ya no se constituye en una amenaza para el G-3. No obstante, México tiene centradas sus prioridades en el NAFTA y no en este último, por lo que se esperaría que el impulso inicial lo dieran Venezuela o Colombia.

Por su parte, Venezuela, como la mayoría de los países de la región en la década de los noventa, dio un giro hacia la liberalización de su economía. Carlos Andrés Pérez, el presidente en aquel momento, impulsó medidas del tipo neoliberal con el fin de aumentar la inversión extranjera y de dinamizar la economía venezolana, haciéndola menos dependiente del petróleo. Al asumir la presidencia en 1994, Rafael Caldera buscó reversar las reformas económicas comenzadas por su antecesor bajo el lema de que el neoliberalismo, la corrupción y Pérez habían traído más pobreza y miseria al país. El programa de Caldera prometió revocar las políticas de libre mercado que Pérez había puesto en marcha, y reemplazarlas por un desarrollo económico basado en la justicia social. Para 1995, Caldera había reestablecido una fuerte intervención del Estado en la economía y, en efecto, había acabado, en gran parte, con el paquete neoliberal de la administración anterior. Sin embargo, la crisis financiera no terminó; la inflación siguió en ascenso; la escasez se hizo más frecuente a medida que los productores reducían su producción al no obtener suficientes dólares del gobierno para pagar la materia prima importada; la inversión privada disminuyó; el desempleo aumentó, al mismo tiempo que un mayor número de trabajadores, especialmente jóvenes, estaban siendo empujados hacia la economía informal; los índices de criminalidad aumentaron; los impuestos también se incrementaron; y, finalmente, los servicios públicos, que se suponía debían mejorar con el aumento de los impuestos, fueron más deficientes que antes.

A su vez, los indicadores económicos no eran muy motivantes. Para este mismo año, la inflación se aceleró rápidamente, creando un descontento público cada vez más evidente. El sector de inversión extranjera se vio muy afectado, ya que las políticas adoptadas por Caldera eliminaban toda posibilidad de flujo de capital extranjero al país, inclusive de la inversión privada y la ayuda financiera masiva de agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial[20].

A principios de 1996, cuando el gobierno de Caldera llevaba dos años en el poder, el malestar social se había hecho cada vez más agudo, traduciéndose en una serie de protestas sociales que evidenciaban que la situación de la economía seguía siendo crítica.

Las cifras hablan por sí solas: un desempleo del 10,5%, una pobreza del 80%, una inflación del 57% y un salario mínimo mensual congelado desde hacía dos años de sólo 15.000 bolívares, 52 dólares al cambio oficial de 290 bolívares[21].

Sin embargo, 1996, significó para la economía venezolana un gran paso hacia su recuperación. Si bien el año comenzó con pesimismo, inestabilidad, devaluación y recesión, terminó con optimismo, estabilidad, revaluación real y perspectivas de crecimiento.

Este cambio se debió a la mejora de los ingresos petroleros y al programa de ajuste convenido con el FMI, el cual consistió en elevar los ingresos del gobierno, desregular los precios y permitir un gran ajuste cambiario. Entre septiembre y diciembre, las canastas de precios de referencia para el petróleo venezolano conllevaron a un alto ingreso de recursos a tal punto que hubo un superávit del sector público consolidado del 7% del PIB. Además, las reservas internacionales crecieron en US$ 5.533 millones[22].

Para octubre de 1997, el plan de ajustes aplicado desde abril del año pasado, conocido como la "Agenda Venezuela", que incluyó duras medidas como un aumento del 500% del precio de la gasolina y la liberación de controles de precios y del tipo de cambio, con la consiguiente devaluación del bolívar en un 42%, comenzó a mostrar sus primeros éxitos. Oficialmente, las cifras de las reservas internacionales pasaron de 9.000 millones a más de 18,6 mil millones de dólares en sólo 17 meses; el crecimiento económico fue del 4% sólo en el primer semestre del año, la inflación acumulada a septiembre de este año fue del 21,8%, cifra substancialmente inferior al 59,7% registrado para la misma fecha en 1996 y la estabilidad de la tasa cambiaria mantuvo el tipo de cambio por debajo de los 500 bolívares por dólar[23]. Muchos analistas han coincidido en afirmar que el "milagro venezolano" se logró gracias al dominio del sector petrolero, que presentó una bonanza sin precedente, que hasta el momento ha generado ingresos por 5.000 millones de dólares entre 1996 y lo que va de 1997[24]. Al igual que con México, se esperaría que esta recuperación de la economía venezolana reportara beneficios para el G-3.

Por su parte, Colombia, al comenzar la década de los noventa, inició un proceso de reformas en su economía, tanto políticas con la Constitución de 1991, como económicas con la adopción del nuevo estatuto cambiario y las reformas comercial, financiera y laboral adoptadas en ese mismo año. A grandes rasgos, la reforma cambiaria permitió la liberalización del mercado dentro de ciertas franjas; la comercial redujo aranceles y eliminó todo tipo de barreras cualitativas y cuantitativas a la importación, al mismo tiempo que desaparecieron los subsidios a la exportación; en materia laboral se flexibilizó el régimen de contratación; mientras que la reforma financiera hizo posible que se fusionaran una serie de instituciones en el campo del comercio exterior y aduanero[25]. Todo este proceso de reformas estructurales estaba encaminado a permitir que Colombia se preparara económicamente para enfrentar el proceso de internacionalización de la economía.

A pesar de que, hasta ese período, tanto el contexto económico como el social eran positivos en el país, esto no significaba que los problemas básicos de desempleo, una tasa de 10,3% en 1990, o de pobreza, 40% estaba por debajo de la línea de pobreza, no continuaran siendo una de las principales preocupaciones del gobierno nacional[26]. Tampoco se puede decir que la tasa de crecimiento, el volumen de las exportaciones o la productividad tuvieran a todos completamente satisfechos. De ahí que se hiciera necesario implementar un nuevo modelo que reemplazara al anterior, con el fin de apaciguar los desequilibrios y descontentos sociales.

La apertura impulsada por el entonces presidente César Gaviria estuvo acompañada por un proceso de reevaluación de la tasa de cambio, y esto afectó a los sectores con mayor valor agregado, privilegiando los que utilizaban las materias primas importadas y poca mano de obra nacional. Adicionalmente, los sectores que mayores beneficios recibieron de la apertura fueron el comercial y aquellos con bajo valor agregado nacional como el automotor y los bienes no transables como la construcción^{^[27]}.

En 1994, Ernesto Samper llegó al poder basándose en una propuesta de gobierno con miras a frenar la "agresividad" de la apertura gavirista. Esto se vio reflejado en su Programa de Desarrollo "El Salto Social" que buscaba disminuir la inequidad, aumentar las posibilidades de empleo, impulsar el sector agrícola, proteger a la pequeña y mediana industria, entre otros. En este contexto, el gobierno implemento medidas proteccionistas como el incremento de los aranceles con el fin de hacer más gradual el acondicionamiento de las industrias colombianas al proceso de internacionalización de la economía y, así, frenar el descontento de los empresarios, y para equilibrar la balanza comercial deficitaria y, así, disminuir las desventajas frente a México en el Grupo de los Tres, tales como la alta diferencia entre las balanzas comerciales y el bajo crecimiento económico, entre otros.

Colombia pasó de un superávit a un déficit fiscal, que se explica por los menores recaudos y por el hecho de que se incrementó el gasto público, especialmente en funcionamiento, y porque se crearon gastos permanentes que no fueron respaldados por ingresos del mismo orden. De la misma manera,

el nivel de empleo creció hasta finales de 1995. La inflación ha venido disminuyendo, colocándose por debajo del 20%, la tasa de cambio se ha revaluado significativamente. A nivel externo, se pasó de balanzas comerciales positivas a más de 4.000 millones de dólares de déficit comercial y de cuenta corriente en 1995^{^[28]}.

Los años de 1996 y 1997 marcarán un hito en la historia económica colombiana en el sentido de que es la primera vez en muchos años que se da una recesión. En efecto, el pobre desempeño de la economía durante los dos últimos años se ha reflejado en un índice de desempleo que, en el mejor de los casos, se mantendrá en su actual tasa de 13,4%, una situación fiscal que podría llevar al país a una crisis cambiaría en los próximos años, el orden público fuera de control, explicado en buena parte por el descontento y el malestar social ante la creciente desigualdad en el interior de la sociedad colombiana y una economía que apenas crece un 2,5%, cuando en los últimos años el crecimiento estuvo entre el 4 y el 6% aproximadamente. Para algunos analistas, la mala situación económica ha sido el resultado del estancamiento de la producción petrolera, el incremento de las importaciones de bienes de consumo, el improductivo y desmedido gasto público y el desplazamiento de la inversión privada, la cual genera una mayor cantidad de puestos de trabajo[29].

Cabe anotar que el comportamiento económico no debe ser analizado sin contextualizarlo dentro de una coyuntura política, ya que esta última puede explicar el deterioro y estancamiento de las economías de países que habían presentado altos índices de crecimiento, los cuales iban siempre en constante aumento. Si bien no se puede afirmar que la crisis política de Colombia, Venezuela y México hayan afectado directamente el funcionamiento del Grupo de los Tres, y especialmente el del TLC G-3, indudablemente éstas sí han tenido un impacto en las economías de cada uno de los tres países, lo que a su vez ha incidido indirectamente en los compromisos adquiridos con el Grupo por parte de cada uno de los miembros, lo cual ha implicado que este último no traiga los beneficios y ventajas esperadas. De la misma manera, se puede esperar que la situación política de cada uno de los países miembros afecte al G-3, ya que una situación política desfavorable y un régimen político deslegitimado trae consecuencias negativas para la economía nacional. En efecto, una crisis política contribuye, por una parte, a que disminuya sustancialmente la inversión extranjera, lo que genera incertidumbre dentro de los sectores privados y los gremios económicos del país disminuyendo los índices de comercio exterior y, por otro, a que el Estado le dé un mayor énfasis a los problemas domésticos, debilitando la atención y voluntad política para cumplir con las metas y objetivos del G-3.

La crisis política, según Stephen D. Morris[30], rondó a México en la mayor parte de la década de los ochenta y lo persiguió en los noventa. Durante este período, se desarrollaron las presiones internas y externas causadas por el cambio político, aumentó la oposición electoral de la derecha y la izquierda, se hicieron evidentes la ruptura e inestabilidad dentro del partido oficial, y los abusos en materia de violencia política y derechos humanos aumentaron en gran escala. Siguiendo un patrón de declive electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió su peor actuación el 6 de julio de 1997, al perder por primera vez en las elecciones parlamentarias frente al Partido Revolucionario Democrático (PRD). En ese momento, muchos presagiaron el "principio del final" del sistema autoritario de un único partido dominante. Por varias razones, el proceso electoral del 6 de julio de 1997 da inicio a una nueva etapa en la vida política, económica y social de este país. Por primera vez los partidos políticos enfrentaron una competencia más fuerte y más pareja, que dio como resultado una nueva correlación de fuerzas políticas, cuyo reflejo inmediato es la desaparición de las mayorías absolutas en la Cámara de Diputados. A pesar de que el PRI logró mantener la mayoría relativa en el Palacio Legislativo, ya no cuenta con los asientos suficientes para sacar adelante por sí solo tanto las iniciativas presidenciales como las propias. En adelante se prevé que el ejercicio del gobierno se fundará en una real negociación política y en el establecimiento de consensos.

La crisis política zapatista tuvo un alto grado de influencia sobre el margen de credibilidad del sector financiero, lo cual dio paso a una disminución alarmante en el índice de inversión extranjera. Además de esto, el "efecto tequila" y la devaluación masiva del peso mexicano crearon una distorsión y un desequilibrio del comercio con Colombia y Venezuela, hecho último que evidenció las condiciones de asimetría en los programas de desgravación y liberación acordados en el G-3. Esto hace necesario la corrección de tales deficiencias con el fin de ajustar no sólo la economía mexicana, sino también la colombiana y la venezolana, a los procesos que están viviendo estos países actualmente dentro del marco de la globalización mundial. Así mismo, se hace necesario separar el efecto de esa devaluación del de la negociación de las mencionadas condiciones de asimetría entre las economías de los tres países miembros. Todo esto provocó una desaceleración en el ímpetu inicial del G-3, por el temor de que los productos mexicanos, con la caída del peso, invadieran los mercados y fueran mucho más competitivos que los colombianos y los venezolanos.

Según Gert Rosenthal (secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL), estos problemas son superables y, por esta razón, no hay que ver estas situaciones de una manera desesperada. En 1995, estimó que la crisis mexicana podría ser superada en un corto plazo, con el severo programa de ajuste implementado por Ernesto Zedillo en marzo de ese mismo año. "Si bien el programa de ajuste es fuerte y es un gran sacrificio para los mexicanos, está dando resultados"^{^[31]}.

Además, Stephen D. Morris resalta que la crisis política contemporánea emerge de una serie de factores interrelacionados. El debilitamiento del régimen desafió a los líderes políticos de esta nación a forjar un nuevo consenso y reestructuración de las bases sin que se perdiera el control. Al respecto cabe anotar que el presidente Ernesto Zedillo afirmó, al clausurar la reunión anual de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en Veracruz, el mes de octubre de 1995, que actualmente

en México no hay vado de poder ni crisis política, como creen quienes sienten nostalgia por el viejo autoritarismo de caudillismo y arbitrariedades. En estos momentos, añadió el jefe del Ejecutivo, es ya inaceptable e inviable una estabilidad sustentada en el poder vertical, pero hay quienes confunden evolución democrática con crisis política y el despliegue de la participación social con vacío de poder. Quienes padecen esta confusión, porque añoran al viejo depositario del poder omnímodo, que es arbitro para todo, decide por todos y avasalla a todos, se han equivocado sistemáticamente, porque soslayan la madurez y firmeza de los valores de la sociedad mexicana. El presidente pidió que no se confunda el protagonismo con la representatividad, porque en la democracia no tiene más poder quien con sensacionalismo se esmera en conseguir más atención[32].

No obstante, las declaraciones del presidente Zedillo, México viene de "superar" una aguda crisis política y, además, se enfrenta a un período de transición hacia la consolidación política y económica, lo cual podría desviar su atención de los objetivos y fundamentos del G-3, sin desconocer su inminente preocupación e interés por el TLCAN, ya que es un acuerdo de mayores magnitudes del que hace parte Estados Unidos, país con el cual no ha solucionado aún el problema de la deuda externa.

En suma, pese las declaraciones del actual presidente, la crisis política mexicana es una crisis de carácter estructural, caracterizada por una crisis de gobernabilidad y legitimidad, que se traduce en la incapacidad del régimen de responder a las demandas de la sociedad, así como para dirimir la inequidad existente, la cual se ha constituido en uno de los más graves problemas actualmente. Por último, la violencia política y la crisis del partido hegemónico PRI son dos elementos relevantes que han tenido incidencia en aspectos tanto políticos como socioeconómicos de la actual situación mexicana. Todo esto, sumado a los efectos del "tequilazo", se podría pensar, ha traído efectos negativos para la economía de este país, lo cual se ha visto reflejado en los índices de inversión extranjera, lo que a su vez ha tenido incidencias negativas para el G-3 en general.

Por su parte, la crisis venezolana empezó con el llamado "Caracazo", la peor revuelta popular de la historia democrática de este país, el 27 de febrero de 1989. En esa ocasión los venezolanos salieron a protestar un aumento del precio de la gasolina, entre otras medidas de ajuste, anunciadas por el entonces mandatario Carlos Andrés Pérez. El clima de inconformidad continuó y en 1992 el presidente Pérez tuvo que pasar por un intento fallido de golpe de Estado. Cuando aún no se había recuperado, se produce un segundo intento de golpe de Estado que logra ser dominado. En 1993, Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción y es suspendido de su cargo. A finales de ese mismo año se posesiona Rafael Caldera como nuevo presidente de Venezuela. Sin embargo, su gobierno no ha gozado de la estabilidad que se esperaba, y siete años después de ese primer estallido, Venezuela aún temía otro levantamiento similar. En 1996, la inestabilidad económica de este país y la posibilidad de otro estallido social, sumados a los reveses políticos de Caldera, fomentaron un clima de incertidumbre a nivel interno y externo[33].

Algunos observadores y estudiosos del caso venezolano han coincidido en afirmar que la elección de Caldera reflejó el inmenso vacío que padece Venezuela en materia de liderazgo, ideología e instituciones. En el momento en que Caldera fue elegido prácticamente no existía otra alternativa civil.

El presidente Caldera llegó a la Presidencia con un programa que iba en contra de las reformas neoliberales propuestas y puestas en marcha por Carlos Andrés Pérez y que, según él, eran las causantes de la pobreza y la miseria que vive Venezuela. Pretendía, a su vez, volver a la "austeridad" que se vivía en el país antes del primer gobierno de Pérez. Por otro lado, Caldera propuso acabar con la corrupción que carcomía al sistema político venezolano pero sus propuestas en general no eran claras.

Lo que ha demostrado la experiencia venezolana es que un país como éste no puede ir en contra de la tendencia general de abrir los mercados e impulsar políticas neoliberales de apertura que promuevan la entrada de inversión extranjera y abran las puertas a nuevos mercados.

Para 1995, la economía venezolana estaba en muy mal estado. La economía se encontraba estancada y la inflación crecía rápidamente al igual que el descontento público. Las políticas adoptadas por la administración Caldera eliminaron la posibilidad de flujo extranjero al país y hasta frenaron la ayuda financiera masiva de agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial[34].

A pesar de que el sistema político venezolano ha sido capaz de responder a las demandas sociales y asegurar un desarrollo progresivo de los niveles de vida por medio de la renta petrolera, la organización de la sociedad civil ha sido escasa, y, en general, todas sus organizaciones son apéndices de los partidos políticos y no ha existido una administración de justicia social y políticamente imparcial[35].

Adicionalmente, el sistema electoral venezolano está hecho a imagen y semejanza de la alianza dominante, no existen verdaderos mecanismos de control en manos de los electores sobre los elegidos, y la estructura del sistema político es vista como una alianza de cúpulas. Así mismo, los partidos son los que distribuyen las cuotas de poder en todo el aparato estatal, por lo que se ha considerado al Estado venezolano como un Estado "partidizado"[36].

Según el Contralor General que estaba posesionado del cargo para 1995, Eduardo Roche, la dolencia del Estado venezolano

es el resultado de años, donde una cierta manera de concebir al sector público como simple distribuidor de la renta petrolera y de prebendas clientelares, de los que muchos se aprovecharon, y no sólo los partidos políticos... nos impidió crear un Estado sólido, institucional y eficiente y hoy pagamos con creces esa inconsistencia e imprevisión[37].

El deterioro institucional en Venezuela, según algunos analistas, se basa en la partidocracia, oligarquización, y consecuente corrupción del sistema político. Todo esto ha frenado posibles reformas estatales y ha aumentado el sentimiento de incertidumbre de la sociedad venezolana. Además, el progresivo deterioro de las condiciones económicas, es decir, del empobrecimiento y el dramático aumento de las desigualdades, ha generado un descontento popular que se constituye como una amenaza de quiebre democrático.

El "Caracazo", hace algunos años, por ejemplo, demostró la incapacidad de la democracia para responder efectivamente a las demandas de la sociedad. Hoy el descontento general continúa, aunque no tan agudo como antes. La falta de "piso político" del gobierno venezolano ha reforzado la inestabilidad económica y el malestar social. En general, se tiene la duda sobre la verdadera consolidación de la democracia venezolana. El gran reto del gobierno de Caldera es el de buscar la manera de restaurar la legitimidad y la credibilidad de la democracia. El vado que se presentó después del fracaso de la democracia rentista del petróleo no ha encontrado aún un nuevo modelo que lo llene, a excepción del modelo neoliberal tan maltratado durante el actual gobierno.

La liberalización del comercio y las políticas de libre mercado son un punto importante de partida para una verdadera solución a la crisis de Venezuela, pero éstas son sólo el principio. Venezuela debe reconstruir sus instituciones y eso sólo puede hacerlo el pueblo venezolano[38].

Venezuela es un país que cuenta con abundantes recursos naturales para establecer una economía próspera pero sus gobernantes no han sabido aprovecharlos. Los partidos políticos, en general, como se dijo, han perdido su legitimidad y credibilidad ante el pueblo venezolano y el vacío resultante no ha sido llenado por alternativas prometedoras y que sean del agrado del pueblo en general.

Los reveses económicos por los que ha tenido que pasar Venezuela han significado igualmente una disminución de la inversión extranjera por la ausencia de garantías para los inversionistas, lo que obviamente se vio reflejado en el poco impulso y la baja importancia que se le dio al G-3. Además, debido a que el sector privado se vio excluido de las negociaciones del Acuerdo, se creó una visión negativa del mismo, al que injustamente se le tomó como uno de los factores de deterioro y estancamiento de la economía venezolana. Por su parte, el apoyo político al Grupo ha sido muy precario y desorganizado. En efecto, cuando este país estuvo a cargo de la Secretaría Pro-Tempore, el avance alcanzado fue mínimo, ya que no siguieron trabajando en pro de sus intereses con los proyectos que se venían adelantando, dándole prioridad a otros nuevos.

Por último, la crisis que hoy experimenta Colombia ha sido motivada en gran medida por la acumulación de diversos problemas, tales como la concentración de la riqueza en pocas manos, la continua violencia que ha marcado siempre al país, la debilidad de la justicia y la impunidad, el clientelismo y la corrupción política y, la fragilidad del Estado, entre otros.

Por las consideraciones anteriores, se puede apreciar que la crisis colombiana es la de un régimen político en el cual la sociedad civil no confía, es decir, una crisis de credibilidad y de legitimidad. Ésta se ha derivado de la persistente debilidad política del Estado y de su falta de capacidad para canalizar y resolver los diferentes conflictos que surgen en la sociedad. Es importante resaltar que durante este período de inestabilidad, las acciones del narcotráfico cumplieron un papel fundamental en su aceleramiento y profundización^{^[39]}, ya que los dineros provenientes del mismo se infiltraron en la administración pública a través de políticos corruptos, como también lo hicieron en todos los niveles de la sociedad, dándole a los narcotraficantes un gran margen de acción. La guerra del Estado contra este fenómeno se hacía cada vez más difícil en la medida en que las actividades y las influencias del narcotráfico en la sociedad colombiana inhibían todo esfuerzo por combatirlo.

Además, cabe anotar que los esfuerzos adelantados por el entonces presidente César Gaviria, quien presentaba un perfil neoliberal y había adelantado un programa de gobierno dentro del cual la política exterior, y más particularmente la internacionalización de la economía, constituían el eje de su mandato, se vieron truncados por el mal desempeño del presidente Ernesto Samper Pizano, quien se vio envuelto dentro de un proceso penal, acusado de haber recibido dineros del narcotráfico en su campaña para la Presidencia en 1994. Por esta misma razón, el Grupo de los Tres perdió el protagonismo que se le dio durante el gobierno de Gaviria, para pasar a un segundo plano en el de Samper, quien, descuidando el frente externo, se dedicó a resolver los problemas internos del país y a defenderse del escándalo dentro del cual él se encontraba inmiscuido. De esta manera, la gestión del expresidente César Gaviria dejó por alto la imagen de Colombia en el escenario internacional, aumentó la confiabilidad de los sectores privados y los gremios económicos en la economía nacional y en el gobierno, al mismo tiempo que atrajo capitales extranjeros al país. Dentro de la política exterior de la administración Gaviria, al G-3 se le dio un gran impulso y reconocimiento internacional. Por todos los factores anteriores, se tenía la idea de que Colombia, gracias a su pertenencia a este grupo, era, después de Chile, el país latinoamericano más opcionado para ingresar al NAFTA. Por el contrario, durante la administración Samper, los pasos adelantados por Gaviria con respecto a la apertura, a la internacionalización de la economía y, por ende, a los acuerdos internacionales como el G-3, se vieron frenados por la aguda situación interna, la cual obligó a Samper a adelantar proyectos sociales en detrimento de los avances realizados en el plano internacional y a defenderse para permanecer en el poder y mejorar su deteriorada imagen tanto interna como externa.

Dentro de esta perspectiva, la crisis se relaciona con el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Samper con dineros del narcotráfico y la permanencia de Samper en el poder. La campaña presidencial del primer mandatario se dio en un período en el que la continua injerencia del narcotráfico en la política nacional ya era criticada en el país y en las esferas oficiales norteamericanas. Debido a esto, la cuantiosa suma aportada por el cartel de Cali a esta campaña, con el fin de "comprar" conciencias para evitar la extradición y mantener la complacencia con sus actividades ilícitas, lo que hizo fue "detonar" la crisis. Este hecho, desencadenó un eslabonamiento de acontecimientos que dieron lugar al famoso y confuso Proceso 8.000. Éstos dejaron en claro que a la campaña presidencial samperista ingresaron dineros del narcotráfico y, que, en esta operación, estuvieron vinculados los altos directivos de la campaña liberal, quienes en buena parte ya configuraban la estructura del alto gobierno. Ante la gran cantidad de pruebas y cuestionamientos, el presidente Samper respondió que "todo había sucedido a sus espaldas"[40].

La saturación de hechos vinculados a este proceso implicó el descuido de los temas de la agenda gubernamental. Consecuentemente, el narcotráfico, la guerrilla y los demás actores en conflicto se aprovecharon de la debilidad del Ejecutivo, intensificando su protagonismo y fortaleza. Más violencia, continuos paros, huelgas y protestas en todo el país, se sumaron a lo anterior, oscureciendo aún más el panorama nacional. Adicionalmente, y como consecuencia de lo anterior, aumentó la imagen negativa de Colombia en el exterior; las exigencias y presiones de Estados Unidos en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y, posteriormente, la descertificación por parte de Washington a nuestro país, agudizaron la crisis.

Finalmente, se puede afirmar que, contrario a lo que sostiene el presidente Samper, la tasa de desempleo aumentó, la inversión disminuyó, el crecimiento económico también cayó y la recesión se ha constituido en una dura realidad de la economía colombiana. Como consecuencia de todo esto, se evidencia un ambiente de malestar e insatisfacción general en la mayoría de la población colombiana.

De esta manera, se puede afirmar que la crisis que se vive hoy día es fundamentalmente una crisis coyuntural que se ha hecho evidente en la falta de gobernabilidad y de legitimidad del gobierno en el poder[41]. Esta crisis, sumada a la actual situación económica, que ha traído una recesión por primera vez en muchos años, la disminución de la inversión extranjera y una balanza comercial deficitaria, y sumada al problema del narcotráfico, que ha desacelerado el proceso de exportación por los problemas en las aduanas, ha generado un efecto negativo en el desarrollo del G-3. Esto se explica por el aumento de las asimetrías y desventajas, y el "síndrome de inferioridad" de Colombia frente a México, lo que hace que se refuercen las relaciones bilaterales en detrimento de las relaciones trilaterales en el marco del Grupo de los Tres.

CONCLUSIONES

Como se ha visto, se puede hablar de un impacto de la situación política en Colombia, Venezuela y México en las economías de los mismos, lo que por su parte ha repercutido en el desarrollo del G-3 que en la actualidad se encuentra en un estado de estancamiento o "letargo". La influencia de la situación política sobre la economía es particularmente visible en el funcionamiento del TLC-G-3, que no ha arrojado los resultados esperados en cuanto a un aumento significativo de los índices comerciales, de la inversión extranjera y del intercambio comercial entre los tres países en general. Muchas veces, los gobiernos se limitan a avalar las acciones del sector privado quien es el que, en su mayor parte, les da el impulso a los acuerdos del Tratado.

A su vez, los desequilibrios políticos hacen que los países se centren más en la solución de los problemas domésticos, lo que hace que disminuya la voluntad política para cumplir con los compromisos adquiridos por fuera del TLC-G-3, los cuales no obligan a los tres socios comerciales al no tener status de ley. Los deseos e intentos de integración y concertación a todo nivel se han visto desdibujados por esta falta de voluntad política, que se puede explicar por la coyuntura descrita anteriormente.

Otra explicación al ímpetu inicial del G-3 y a su posterior "estancamiento" se puede ver a la luz de quién esté en el gobierno y cuál sea su política. En efecto, la firma de este Acuerdo coincidió con las reformas neoliberales implementadas en los países miembros por tres presidentes de corte muy similar. César Gaviria, en Colombia; Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, y Carlos Salinas de Gortari, en México, eran defensores acérrimos de la apertura como la única vía de modernizar las instituciones e insertarse a la economía mundial. En este panorama, la integración, por medio de acuerdos regionales a todo nivel, constituía uno de los pilares de la política exterior de cada uno de los tres países y, por ende, el G-3 gozaba de una mayor importancia y "prestigio", a nivel institucional, del que goza actualmente. Por el contrario, hoy, en Colombia y Venezuela, los presidentes Ernesto Samper y Rafael Caldera, respectivamente, han querido "frenar" los acelerados procesos de apertura económica con el fin de sacar adelante las economías nacionales, haciendo más énfasis en la importancia de solucionar las desigualdades sociales dentro de cada país y no en la necesidad e importancia de internacionalizar la economía. Sin embargo, la inevitabilidad de mantenerse al margen de los procesos de la globalización mundial y el interés del sector privado por impulsar el comercio exterior han hecho que se acepte el G-3 y las virtudes que éste puede traer consigo, como un acuerdo más que hay que mantener para no quedarse al margen de un proceso más grande de integración de megabloques comerciales.

En suma, se puede afirmar que la situación política incide de manera negativa e indirecta en el desarrollo del Grupo de los Tres, en la medida en que ésta afecta la economía de cada uno de los países, lo que a su vez no permite que se tenga la voluntad política para asumir compromisos a nivel trilateral, y adicionalmente ello repercute en sectores como el de la inversión extranjera, los cuales son claves para el crecimiento del comercio entre los tres países. No obstante, cabe anotar que la crisis política y económica es sólo un factor entre otros para analizar el «letargo» del G-3.

Si bien el balance del G-3 no es tan óptimo como se esperaba, esto no significa que este acuerdo no tenga posibilidades de convertirse en un proceso de integración más dinámico y más amplio que vaya más allá del TLC y que no se limite al campo económico. De esta manera, la integración en Latinoamérica se debe replantear en términos más abarcantes, es decir, que no se limite al simple hecho de negociar aranceles y acuerdos económicos, sino que también se incluyan aspectos políticos, sociales y culturales. Además, la integración no debe ser un tema exclusivo de los negociadores, ni de los interesados en este tópico, sino que debe convertirse en debate público y de interés general.

Es fundamental que para el buen funcionamiento del Grupo se dé una coordinación entre las cancillerías y ministerios encargados de la Secretaría Pro Témpore, con el fin de que haya continuidad en las políticas que se establezcan y de que se le dé prioridad a los objetivos del Acuerdo en general, y no de los intereses particulares de los países miembros. Así mismo, debe existir coordinación y continuidad al interior de las instituciones de cada país, para evitar que los avances logrados se obstaculicen por la falta de comunicación, conocimiento e información entre los ministerios y entre las mismas personas encargadas.

Finalmente, en la actualidad los países no pueden quedarse al margen de todo el proceso de globalización e internacionalización de la economía, razón por la cual, las buenas relaciones internacionales, los acuerdos y tratados de integración son fundamentales para que las naciones puedan insertarse y surgir dentro del nuevo escenario mundial. Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, Venezuela y México deben hacer un esfuerzo por rescatar al G-3, que como mecanismo de integración e inserción no debe dejarse en el olvido.

AGÜERO, Felipe. "Venezuela y Perú: Baches en la democratización", en Revista Cono Sur, no. 4, vol. 11, julio-agosto, 1992.

ARDILA, Marta. "Conclusiones", en El Grupo de los Tres en el Gran Caribe. Ministerio de Relaciones Exteriores, Corporación Andina de Fomento (CAF). Bogotá: Fondo Editorial Biblioteca de San Carlos, 1996.

ARIAS, María Francisca. "Colombia y el Grupo de los Tres", en Revista de Cancillería de San Carlos, no. 8. Bogotá, julio, 1991.

BANCO MUNDIAL. "Anuario Estadístico de América Latina", en ONU Demographic Yearbook. Reporte de 1990.

BARRERA, Cristina. Crisis y Fronteras. Relaciones Fronterizas binacionales de Colombia con Venezuela y Ecuador. Bogotá: Cerec, Ediciones Uniandes, Cider, 1989.

CARDONA, Diego y Juan Gabriel Tokatlian. "El sistema mundial en los noventas", en Colombia Internacional, no. 13. CEI, Universidad de los Andes, enero-marzo, 1991.

CARDONA, Diego. "El Grupo de los Tres: una lectura política", en Colombia Internacional, no. 17. CEI, Universidad de los Andes, enero-marzo, 1992.

CARDONA, Diego. "Qué es finalmente el G3?, en Colombia Internacional, no. 25. CEI, Universidad de los Andes, enero-marzo, 1994.

CARVAJAL, Leonardo. Integración, Pragmatismo y Utopía en América Latina. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993.

CELIS ALBÁN, Francisco y María Victoria Cristancho. "Que nos una todo, que nada nos separe", en El Tiempo, agosto 13 de 1995, p. 10A.

CEPEDA ULLOA, Fernando. Dirección política de la reforma económica en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994.

CRISTANCHO, María Victoria. "Caldera, amargo aniversario", en El Tiempo, febrero 2 de 1996, p. 12A.

CRISTANCHO, María Victoria. "Venezuela luce su mejor pinta para el FMI", en El Tiempo, octubre 6 de 1997, p. 16B.

CRISTANCHO, María Victoria. "Fantasma del 'Caracazo' aún asusta en Venezuela", en El Tiempo, febrero 27 de 1996, p. HA.

El Financiero, octubre 5 de 1995, p. 4.

El Tiempo. "Reforzar Seguridad Fronteriza: Venezuela", en El Tiempo, mayo 4 de 1996, p.9A.

El Tiempo. "Empresarios en busca de negocios", en El Tiempo septiembre 4 de 1997, p.6B.

El Tiempo. "Economía: dos años perdidos", en El Tiempo, octubre 17 de 1997, pp. IB y 7B.

FAZIO VENGOA, Hugo. "América Latina y los procesos de globalización", en Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo (coords). Colombia: entre la inserción y el aislamiento. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, IEPRI, Universidad Nacional, 1997.

FURTADO, Celso. Economía Mundial. Transformación y Crisis. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1990.

GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. "A propósito de la política de la política de comercio exterior de Colombia. Una nota sobre su contexto internacional. Retos-Prioridades". Mimeo. Bogotá, 1992.

KEOHANE, Robert O. y Joseph S. Nye. Poder e Interdependencia: La Política Mundial en Transición. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1988.

La Prensa. "El Estado venezolano en estado grave", en La Prensa, mayo 11 de 1996, p. 4.

La República. "Piden excluir sector automotor de libre comercio con México", en La República, julio 18 de 1992, p. 1A.

La República. "Avanza estudio para negociar libre comercio con México", en La República, mayo 5 del992, p. 9A.

LEAL BUITRAGO, Francisco y Luis Alberto Restrepo. "Alcances y dilemas de la crisis política". "El Ejecutivo en la crisis: dimensiones, antecedentes y perspectivas", en Gabriel Murillo (ed.). Hacia la Consolidación democrática andina. Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, 1993.

LONDOÑO JARAMILLO, Patti. "Integración en América Latina: ¿Qué modelo?", en Colombia Internacional, no. 14. CEI, Universidad de los Andes, abril-junio, 1991.

MADROÑERO, Luz Dary. "Venezuela: No todo es color de rosa", en El Espectador, marzo 29 de 1997.

Ministerio de Comercio Exterior. Revista Economía Abierta, no. 7. Bogotá, agosto, 1997.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Grupo de los Tres. Secretaría Pro-Témpore Colombia. Bogotá, marzo, 1993.

MONETA, Carlos. "Hidrocarburos y política exterior latinoamericana", en Gerhard Drekonja y Juan Gabriel Tokatlian. Teoría y práctica de la política Exterior latinoamericana. Bogotá: Fescol, Fondo Editorial Cerec, 1983.

MORRIS, Stephen D. Political Reformism in México, Estados Unidos: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1995.

MUÑOZ, Eduardo. "Avances del Acuerdo Comercial del G-3", en El Grupo de los Tres en el Gran Caribe. Ministerio de Relaciones Exteriores, Corporación Andina de Fomento (CAF). Bogotá: Fondo Editorial Biblioteca de San Carlos, 1996.

MURILLO, Gabriel y Rubén Sánchez. "Procesos y factores determinantes de la Recurrencia de la crisis gubernativa en Colombia", en Gabriel Murillo (ed.). Hacia la Consolidación Democrática Andina. Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, 1993.

ORTIZ, Eduardo. "El Grupo de los Tres y el nuevo contexto de la integración en América Latina", en Andrés Serbín y Carlos Romero. El Grupo de los Tres: Asimetrías y Convergencias. INVESP, Fundación Friedrich Ebet de Colombia. Venezuela: Editorial Nueva Sociedad, 1993.

PUYO, Hernán. "El G-3 y sus desventajas", en El Grupo de los Tres en el Gran Caribe. Ministerio de Relaciones Exteriores, Corporación Andina de Fomento (CAF). Bogotá: Fondo Editorial Biblioteca de San Carlos, 1996.

RAMÍREZ, José Luis. "Colombia y Venezuela, profundizar la vecindad sin permitir el conflicto", en Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo (coords). Colombia: entre la inserción y el aislamiento. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, IEPRI, Universidad Nacional, 1997.

REINA, Mauricio y Sandra Zuluaga. "El Acuerdo del Grupo de los Tres", en Colombia Internacional, no. 28. CEI, Universidad de los Andes, octubre-diciembre, 1994.

RESTREPO, Luis Alberto. "Hacia un nuevo orden mundial", en Análisis Político, no. 14, septiembre-diciembre, 1991.

ROJAS, Laura. "Efectos del G-3 en el patrón de especialización de Venezuela", en Móníca Lanzetta Mutis (coord.). Agenda de Largo Plazo. Cámara de Comercio e Integración Colombo-Venezolana, Corporación Andina de Fomento (CAF). Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1997.

ROMERO, Carlos. "La política exterior de Venezuela en el contexto del Grupo de los Tres", en Andrés Serbín y Carlos Romero. El Grupo de los Tres: asimetrías y convergencias. INVESP, Fundación Friedrich Ebet de Colombia. Venezuela: Editorial Nueva Sociedad, 1993.

SERBÍN, Andrés y Carlos Romero. El Grupo de los Tres: asimetrías y convergencias. INVESP, Fundación Friedrich Ebet de Colombia. Venezuela: Editorial Nueva Sociedad, 1993.

SERBÍN, Andrés. "Las transformaciones globales y hemisféricas en el Grupo de los Tres", en Andrés Serbín y Carlos Romero. El Grupo de los Tres: asimetrías y convergencias. INVESP, Fundación Friedrich Ebet de Colombia. Venezuela: Editorial Nueva Sociedad, 1993.

SOSA, Arturo. "El dilema del sistema político venezolano, autoritarismo o democracia", en Revista SIC, no. 516, julio, 1989.

SWEENEY, John. "Venezuela otra vez", en Semana Dinero, no. 26, julio, 1995.

TOMASSINI, Luciano. "Una visión postmoderna de las relaciones internacionales", en Estudios de América Latina. Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina, 1991.

VACCHINO, Juan Mario. "Esquemas latinoamericanos de integración", en Pensamiento Latinoamericano, no. 15, 1989.

[1] Patti Londoño Jaramillo. "Integración en América Latina:"¿Qué Modelo!", en Colombia Internacional no. 14 abril-junio 1991. Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes, p. 24.

[3] Serbin, Andrés y Carlos Romero. "El Grupo de los Tres: asimetrías y convergencias." INVESR Fundación Friedrich Ebet de Colombia, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1993, p. 23.

[4] Ver Cardona, Diego. "¿Qué es finalmente el G-3?", en Colombia Internacional, no. 25, CEI, enero-marzo 1994, p. 4.

[5] Op. cit. Serbín y Romero, p. 227.

[7] "Grupo de los Tres toma impulso", en La República, agosto 8 de 1996, p. 9A.

[8] Celis Alban, Francisco y María Victoria Cristancho. "Que nos una todo, que nada nos separe", en El Tiempo, agostol3 de 1995, p. 10A.

[9] En Venezuela el G-3 se negoció sin tener en cuenta la opinión y los intereses de los gremios y en general, del sector privado, lo que hizo que éste fuera visto como ilegítimo y, al mismo tiempo, rechazado. Entrevista con Diego Cardona, exviceministro de Relaciones Exteriores.

[10] Revista Economía Abierta. Ministerio de Comercio Exterior., op. cit., p. 79.

[20] John Sweeney. "Venezuela Otra Vez", en Semana Dinero, no. 26, julio de 1995, pp. 146-152.

[21] María Victoria Cristancho. "Caldera, amargo aniversario", en El Tiempo, febrero 2 de 1996, p. 12A.

[22] Luz Dary Madroñera. "Venezuela: No todo es color de rosa", en El Espectador, marzo 29 de 1997.

[23] María Victoria Cristancho. "Venezuela luce su mejor pinta para el FMI", en El Tiempo, octubre 6 de 1997, p. 16B.

[26] Fernando Cepeda Ulloa. Dirección política de la reforma económica en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994, p. 55.

[29] "Economía: dos años perdidos", en El Tiempo, octubre 17 de 1997, pp. IB y 7B.

[30] Stephen D. Morris. Political Reformism in México. United States: Lynne Rienner Publishers Inc., 1995.

[31] Francisco Celis Albán y María Victoria Cristancho. "Que nos una todo que nada nos separe", en El Tiempo, agosto 13 de 1995, p. 10A.

[32] El Financiero, octubre 5 de 1995, p. 4.

[33] Cristancho, María Victoria. "Caldera, amargo aniversario", en El Tiempo, febrero 2 de 1996, p. 12A.

[34] John Sweeney. "Venezuela otra vez", en Semana Dinero, no. 26, julio de 1995.

[35] Arturo Sosa. "El dilema del sistema político venezolano. Autoritarismo o democracia", en Revista Sic, no. 516, julio 1989.

[36] Felipe Agüero. "Venezuela y Perú: Baches en la Democratización", en Revista Cono Sur, no. 4, vol. 11, julio- agosto 1992.

[37] "El Estado venezolano en estado grave", en La Prensa, mayo 11 de 1996, p. 4.

[38] John Sweeney. "Venezuela otra vez", op. cit., p. 152.

[40] Francisco Leal Buitrago y Luis Alberto Restrepo. "Alcances y dilemas de la crisis política". "El Ejecutivo en la crisis dimensiones, antecedentes y perspectivas", op. cit., pp. 22-24 y 48-51.

[41] Murillo, Gabriel y Rubén Sánchez. "Procesos y factores determinantes de la recurrencia de la crisis gubernativa en Colombia", en Hacia la consolidación democrática andina. Gabriel Murillo (ed.). Universidad de los Andes. Departamento de Ciencia Política. Colombia, 1993.