LOGROS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE COLOMBIA: 1998 – 2002
Guillermo Fernández De Soto
Exministro de Relaciones Exteriores.
es
76-93
01/09/2001
01/09/2001
Al realizar un balance de la gestión de la administración del presidente Andrés Pastrana Arango, en materia de política exterior, se debe indicar que Colombia logró alcanzar los objetivos propuestos en la Diplomacia por la Paz: recuperar la presencia internacional del país, internacionalizar el proceso de paz de Colombia, obtener una mayor cooperación y solidaridad política por parte de los demás países, y conseguir una comprensión objetiva por parte de la comunidad internacional, sobre las características y acciones de los grupos al margen de la ley que operan en territorio colombiano.
El país logró fortalecer sus relaciones bilaterales con las naciones consideradas estratégicas para el país y conseguir un alto posicionamiento en los principales foros multilaterales.
A su vez, el gobierno construyó un amplio consenso nacional sobre las metas de política exterior, gracias al importante apoyo y consejo permanente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
La tarea de construcción de la paz se constituyó en un propósito prioritario del presidente Pastrana y, con ese sentido, la política exterior de Colombia se dirigió a conseguir perspectivas y enfoques realistas del acontecer nacional y de las especificidades y dinámicas de nuestro conflicto interno, al igual que del accionar de los distintos actores que pretenden desestabilizar la democracia colombiana.
Las acciones que se desplegaron ante los estados y organismos internacionales considerados como estratégicos, hicieron que cambiara en forma efectiva la percepción tradicionalmente favorable, a nivel internacional y especialmente en algunos países de la Unión Europea, que existía sobre algunos grupos al margen de la ley en Colombia, contribuyendo a forjar un apoyo político a la tarea de la construcción de la paz. Igualmente, se fue generando una conciencia creciente sobre las infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas por dichos grupos.
Se alcanzó un consenso sólido sobre la necesidad de respaldar políticamente a la democracia colombiana y a la búsqueda de la paz, lo cual vino a traducirse en la configuración de un Grupo de Países Facilitadores —Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela— del proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un segundo grupo, denominado de Países Amigos —Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza—, prestó su concurso en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la medida en que los grupos insurgentes no correspondieron con gestos de paz a la voluntad positiva del gobierno nacional, la comunidad internacional continuó acompañando a Colombia y exhortó en múltiples ocasiones a dichos grupos al margen de la ley para que avanzaran efectivamente en el proceso.
Paralelamente, se expresó en forma categórica el rechazo al secuestro, a la extorsión, a los ataques terroristas contra la población civil y, en general, a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DHI). Cuando el gobierno, el día 20 de febrero de 2002, tomó la determinación de suspender las negociaciones con las FARC se produjeron manifestaciones internacionales que reflejaron una comprensión de las razones históricas que condujeron a esta decisión, por la cual se mostró un solidario respeto y apoyo.
En el ámbito hemisférico, esta comprensión y respaldo quedaron consignados en la reunión del Grupo de Río, en Costa Rica, celebrada los días 11 y 12 de abril de 2002, y en la reciente reunión de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, realizada en Madrid, el 17 y 18 de mayo de 2002. En el escenario de San José, los países latinoamericanos manifestaron su solidaridad con Colombia en su empeño por defender su democracia y reiteraron su voluntad de asumir la responsabilidad que a cada uno compete en el combate contra el problema mundial de las drogas, al igual que el imperativo de actuar coordinadamente en la lucha contra el terrorismo, de acuerdo con las disposiciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En la ciudad de Madrid, América Latina y el Caribe y Europa rechazaron consensualmente, en esta la Cumbre birregional, los actos terroristas llevados a cabo contra la población civil en Colombia, el secuestro y toda práctica que vaya en detrimento del respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
A su vez, la Unión Europea incluyó, en junio de 2002, a las FARC en su lista de organizaciones, personas, grupos y entidades terroristas. Este resultado fue producto de la alta credibilidad internacional del gobierno de Colombia.
En el ámbito político quedan abiertos vastos espacios de legitimidad para que la diplomacia colombiana continúe desplegando su actividad en la actual etapa histórica de defensa de la institucionalidad democrática frente a los violentos y de lucha contra el terrorismo. Existe un amplio reconocimiento a los esfuerzos dedicados en este periodo a la solución del conflicto interno. Pero es necesario subrayar que se logró construir una clara conciencia del carácter terrorista del accionar de los grupos al margen de la ley, de su indiferencia frente al DIH y de sus vinculaciones con el negocio ilegal de las drogas. Ha quedado también nítidamente establecido y aceptado que la solución del conflicto colombiano pasa por un ejercicio efectivo de responsabilidad compartida de los estados en materia de drogas ilícitas y terrorismo.
El Plan Colombia, como programa integral de desarrollo social y fortalecimiento institucional, fue ampliamente promovido y divulgado a nivel internacional para conseguir la cooperación financiera y técnica, como complemento al aporte nacional. Para ello se contó con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz que se reunió sucesivamente en Londres (junio 19 de 2000), Madrid (julio 7 de 2000), Bogotá (octubre 24 de 2000) y Bruselas (abril 30 de 2001) y que fue seguido por misiones técnicas de identificación de proyectos, tanto de la Comisión Europea como de países latinoamericanos.
El gobierno de los Estados Unidos formó parte activa de este grupo de apoyo e igualmente, de forma bilateral, ha sido el mayor aportante a la estrategia. Cabe destacar que su apoyo no se concentró exclusivamente en la lucha antinarcóticos y en ayuda militar, sino que su contribución se extendió significativamente al campo social, en áreas como el desarrollo alternativo, el fortalecimiento de la justicia, la preservación del medio ambiente, los derechos humanos, el mejoramiento del sistema carcelario, entre otros. El reinicio de las actividades de la USAID en nuestro país fue fundamental para el capítulo social del Plan Colombia.
La Unión Europea (UE), por su parte, escogió contribuir con los proyectos sociales del Plan Colombia. Es necesario subrayar la lentitud de ésta en el diseño de los proyectos y en los desembolsos para los programas de redención económica y social de las zonas afectadas por la violencia y los cultivos ilícitos. Sin embargo, hay que reconocer que la voluntad de cooperación de la UE siguió adelante después de la ruptura del proceso de paz con las FARC, lo cual constituye una señal de compromiso con el país.
Algunos países como el Canadá reforzaron la cooperación ya existente en áreas como los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Naciones como Costa Rica, Brasil, Argentina y Chile se unieron a la estrategia a través de proyectos de cooperación técnica horizontal, principalmente en el campo del desarrollo alternativo y de la protección al medio ambiente.
La circunstancia histórica del sensible deterioro de la relación con los Estados Unidos exigió su normalización, a través de un diálogo político del más alto nivel con el Ejecutivo y el Legislativo de los Estados Unidos y la creación de mecanismos institucionales de cooperación.
Después de cuatro años de recuperación de la relación, hemos podido cimentar una alianza estratégica para la defensa de la democracia en Colombia, la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas, la protección del medio ambiente y la creación de espacios de oportunidad para el comercio y la inversión.
Hemos logrado que la política exterior de los Estados Unidos hacia Colombia sea la expresión de una política de estado bipartidista y se erija en una elocuente demostración de su interés en fortalecer y diversificar sus lazos de cooperación con Colombia.
Los dos últimos encuentros con el presidente George W Bush —noviembre de 2001 y abril de 2002— son una demostración del excelente estado de las relaciones bilaterales. Las reuniones del mecanismo bilateral de alto nivel y la fluida comunicación con el Congreso de ese país, han permitido un trabajo conjunto en las iniciativas de interés común.
El apoyo de los Estados Unidos al Plan Colombia se constituye en un eje central de la cooperación bilateral en esta etapa, en su componente de lucha contra las drogas, fortalecimiento institucional y desarrollo social, lo cual se convierte en un hecho sin precedentes que manifiesta un histórico respaldo a la Diplomacia por la Paz.
La ayuda de los Estados Unidos ha sido decisiva en la implementación de los distintos componentes del Plan Colombia, incluyendo los relativos al fortalecimiento institucional y desarrollo social y a la lucha contra el problema de las drogas. Esta cooperación se ha complementado con los recursos aprobados para nuestro país en el marco de la Iniciativa Regional Andina.
A comienzos del año 2001, la administración Bush planteó la idea de que la solución al problema de las drogas requería una aproximación regional y propuso la Iniciativa Andina contra las Drogas como enfoque integral para abordar la problemática del combate de las drogas en nuestra región, tomando en consideración los asuntos relativos al desarrollo social, el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento económico.
El gobierno de Colombia apoyó esta idea en cuanto constituye un complemento a la acción desplegada dentro del Plan Colombia. En todo momento se respaldó dicha iniciativa y se consideró un aporte que contribuye a mejorar los esfuerzos de cada estado de la subregión en la lucha contra este flagelo.
El gobierno de Colombia en razón del cambio de condiciones en nuestro país después de la ruptura del proceso de paz con las FARC, y debido a los continuos ataques terroristas de los grupos al margen de la ley y de sus vínculos con el narcotráfico, ha venido trabajando con el Ejecutivo y con el Congreso de los Estados Unidos para cambiar las restricciones que actualmente existen en la legislación norteamericana, con el objetivo de redireccionar parte de los recursos antinarcóticos en la lucha contra el terrorismo.
Esta ayuda presupuestal adicional se destinará al entrenamiento de las unidades antisecuestro de la Policía, al batallón que protegerá el oleoducto Caño Limón-Coveñas, y a las unidades de la Policía Nacional que brindarán seguridad para la construcción de nuevas estaciones de policía en áreas de conflicto.
La renovación y ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) concedidas a los países de la región (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) por sus esfuerzos en la lucha contra el problema mundial de las drogas, fue prioritaria dentro de la agenda económica y comercial con los Estados Unidos, por sus efectos positivos en el desarrollo económico, la generación de empleo y la reducción de las actividades ilícitas. El gobierno de Colombia promovió este tema tanto con la administración como con los miembros del Congreso de los Estados Unidos, buscando su prórroga a partir del 4 de diciembre de 2001 con efectos retroactivos, así como su extensión para que incluya textiles, confecciones, artículos de cuero, atún enlatado, entre otros, productos que anteriormente no estaban cubiertos por esta ley de preferencias arancelarias.
Con este propósito, se diseñó una estrategia coordinada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior, la Embajada de Colombia en Washington y la Oficina Comercial de Colombia en esa ciudad, con el apoyo del sector privado.
Igualmente, Colombia lideró al interior de la Comunidad Andina las gestiones conjuntas para el logro de este objetivo compartido de los países beneficiarios del ATPA.
Colombia logró la institucionalización de este mecanismo, por primera vez en la historia diplomática de la relación colombo-estadounidense, el cual está diseñado para el diálogo político sobre los temas fundamentales de la agenda bilateral. Está dirigido por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, y se reúne periódicamente con el objetivo de revisar distintos aspectos de la agenda conjunta para su efectivo seguimiento, lo que se ha logrado gracias a una estrecha coordinación interinstitucional en los dos países.
Durante la administración del presidente W. Bush, este mecanismo ha continuado su activa dinámica, a través de encuentros con el secretario de estado, Colin Powell; el secretario de estado adjunto, Richard Lee Armitage; el subsecretario de estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, entre otros.
Colombia logró profundizar las relaciones bilaterales con aquellos países de la región considerados como estratégicos y amplió el diálogo político en temas de interés nacional. En este sentido, y en el marco de la estrategia colombiana de desarrollo social y fortalecimiento institucional —Plan Colombia— se ejecutaron importantes programas de cooperación horizontal en diversas áreas, especialmente en desarrollo alternativo y protección al medio ambiente. Se destaca el generoso apoyo de Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica en estos programas.
Así mismo, se crearon mecanismos de cooperación y se fortalecieron los ya existentes, en materia de seguridad y justicia con países como México, Jamaica, Costa Rica y el Perú, entre otros, con los cuales se hacía necesario reforzar una acción conjunta en la lucha contra el problema mundial de las drogas y, después del 11 de septiembre, contra el flagelo del terrorismo y sus delitos conexos.
Desde 1990 y durante más de diez años, Colombia y Venezuela han edificado con gran esfuerzo una relación constructiva y de mutuo beneficio, mediante la institucionalización de mecanismos que permitieron dinamizar la agenda bilateral y facilitar la integración. Los dos mecanismos políticamente más significativos han sido la Comisión Presidencial Negociadora y la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos.
Para Colombia, Venezuela es un socio estratégico en la subregión andina y con el cual compartimos intereses comunes: defensa de la democracia y las libertades civiles y promoción del libre comercio, la integración andina y del desarrollo social. Es por ello, que en estos últimos cuatro años, nos hemos unido bilateral y multilateralmente al respaldo al orden constitucional en Venezuela y esperamos que prevalezca un espíritu de diálogo nacional en dicho país.
Colombia ha logrado una constructiva dinámica de las Comisiones de Asuntos Fronterizos y de Negociación. Igualmente, y ante el sensible tema de la seguridad fronteriza, propusimos —sin respuesta todavía— la conformación de una Comisión de Verificación, la cual estaría integrada por personalidades de ambos países para prevenir la recurrencia de este tipo de situaciones en la zona fronteriza.
En el mismo orden de ideas, Colombia ha manifestado reiteradamente su interés en promover la coordinación entre las fuerzas públicas de ambos estados para atender con transparencia los asuntos que afectan la seguridad en las zonas de frontera y con ese propósito ha reiterado al gobierno de Venezuela la necesidad de que la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) continúe sus trabajos, a la mayor brevedad.
En el plano económico, uno de los más grandes logros ha sido el notorio incremento de los flujos del comercio global bilateral que ascendieron de US$ 596 millones en 1992 a US$ 2.520 millones en 2001, lo cual ha contribuido a fortalecer nuestros vínculos bilaterales y la complementación económica.
En síntesis, durante estos cuatro años, el gobierno de Colombia atendió de forma prioritaria los siguientes temas con Venezuela:
i. Fortalecimiento del diálogo político de alto nivel: este se ha mantenido a nivel presidencial y ministerial, en toda circunstancia.
ii. Preservación de los mecanismos vigentes para el manejo de los temas sensibles que están pendientes entre los dos países.
iii. Manejo de la seguridad fronteriza.
iv. Diálogo para el manejo y superación de las restricciones comerciales y la consolidación de la integración binacional.
La peculiar dinámica del conflicto interno en Colombia ha hecho que en la agenda con los países vecinos figure de forma prioritaria el desarrollo fronterizo, al igual que la seguridad y la preocupación de dichos estados por las incidencias que pueda tener en ellos nuestro conflicto interno. Para el manejo de este tema tan sensible, se ha desarrollado un diálogo proactivo al más alto nivel político y se han diseñado mecanismos, con la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que permiten atender los casos de desplazamiento y el refugio de nuestros connacionales; así mismo se ha impulsado la coordinación entre las autoridades militares y policiales, y la colaboración entre las autoridades judiciales.
El diálogo político, impulsado por el gobierno de Colombia, ha permitido indicarle a los países vecinos que la situación de seguridad está determinada por la complementariedad de las economías ilícitas en la zona fronteriza, el crecimiento de estructuras delictivas binacionales y la existencia de una situación de orden público que atañe a las naciones que comparten fronteras.
De forma complementaria, el gobierno de Colombia ha buscado impulsar, con el firme convencimiento de que un mayor desarrollo económico y social contribuye a la seguridad fronteriza, la celebración de las Comisiones de Vecindad (Colombia-Ecuador, Colombia-Venezuela, Colombia-Panamá, Colombia-Perú y Colombia-Brasil) y el diseño y ejecución de medidas y programas de desarrollo fronterizo en beneficio de las comunidades asentadas a uno y otro lado de las fronteras comunes.
Se ha promovido el comercio y la inversión, mediante la celebración de encuentros y misiones empresariales, auspiciadas por nuestras embajadas y las oficinas de Proexport.
Desde el comienzo del mandato del presidente Pastrana, el acercamiento a los países de la Unión Europea y a sus órganos comunitarios, tales como la Comisión y el Parlamento Europeo, han sido un objetivo estratégico en nuestra agenda. La UE y otras naciones de ese continente han sido solidarias con Colombia.
Varios estados de la Unión —España, Francia, Italia y Suecia— formaron parte de los grupos de países facilitadores de los diálogos con los grupos insurgentes. A raíz de la ruptura de los diálogos de paz, la Unión Europea ha expresado su comprensión y solidaridad frente a los nuevos desafíos que se le presentan a Colombia.
La cooperación de la Unión Europea para el programa Laboratorio de Paz del Magdalena Medio nos llena de entusiasmo y quisiéramos que los aportes anunciados en las Mesas de Aportantes que realizaron en Madrid, Bogotá y Bruselas, pudieran concretarse en breve, a través de los desembolsos de recursos para la ejecución de programas que contribuyan a la redención económica y social de las zonas afectadas por la violencia y los cultivos ilícitos.
Existe en el ámbito europeo un espacio abierto para la defensa de la democracia colombiana y un campo de acción propicio para profundizar la cooperación en la lucha contra las drogas y el terrorismo.
El tema de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, conjuntamente con la búsqueda de una solución política del conflicto, seguirán ocupando un lugar fundamental en el manejo de la relación con la UE, cuya presidencia es ejercida por Dinamarca a partir del mes de julio.
En el ámbito comercial, Colombia junto con los países andinos trabajaron conjuntamente y lograron la prórroga del Sistema General de Preferencias (SGP) andino para el período 1999-2001 y 2001-2004. Para este último período, la UE realizará un monitoreo de carácter laboral y ambiental.
En el plano de la inversión extranjera, se considera conveniente activar la negociación o revisión de los acuerdos de promoción y protección de inversiones, a la luz de la reforma del artículo 58 de la Constitución Nacional, como herramientas de seguridad jurídica para la inversión europea en Colombia.
Los esfuerzos para vincular de forma más estrecha el país con Asia y los países ribereños de la cuenca del Pacífico han sido continuos. En tal sentido, se promovió la participación de Colombia en los organismos regionales de cooperación económica y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Hemos participado activamente en el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), en el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), en el Foro de Cooperación Económica en el Pacífico (APEC), así como en los encuentros de los grupos de trabajo del Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este (FOCALAE), cuyos resultados servirán de base de trabajo para la reunión de altos funcionarios de ese organismo que se llevará a cabo en Colombia, en el próximo mes de octubre. Igualmente, es de resaltar que Colombia realizará la coordinación de América Latina en el FOCALAE, en el período 2002-2003.
El desarrollo de la política exterior de Colombia hacia esta área, durante los últimos cuatro años, ha permitido generar nuevas oportunidades comerciales, de inversión y de cooperación con Malasia y la India, así como con otros importantes estados de la región.
Durante el año 2000, Colombia asumió la Secretaría Pro-Témpore del Grupo de Río y afrontó el reto de coordinar la concertación de un grupo recientemente ampliado con la entrada a título individual de los países de Centroamérica y República Dominicana.
Colombia escogió, como tema de su Secretaría Pro-Témpore, la agenda de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas y logró coordinar una posición conjunta de América Latina y el Caribe frente a los principales temas planteados en este foro multilateral. Este consenso regional fue presentado por el presidente Andrés Pastrana en Naciones Unidas, como aporte de la región a los temas prioritarios de la agenda global.
Igualmente, se trabajó en la relación con la Unión Europea en temas prioritarios como intervención humanitaria, concertación en la lucha contra en el problema mundial de las drogas, derechos humanos y derecho internacional humanitario, tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras, y comercio internacional. Colombia desempeñó un rol central en estos diálogos, y en especial en la IX Reunión Ministerial de Vilamoura, Portugal, celebrada el 24 de febrero de 2000, en la cual la vocería de América Latina y el Caribe estuvo a cargo del canciller de Colombia, Guillermo Fernández De Soto.
Complementariamente, Colombia logró liderar y alcanzar, por primera vez en la historia del Grupo de Río, una vocería única de este mecanismo de concertación y consulta en el marco de la Cumbre de las Américas.
Colombia ha continuado siendo un actor destacado en el marco subregional de la integración y en el contexto de la concertación latinoamericana. Ha trazado como una de sus prioridades en política exterior el tema de la integración regional, abordada desde un enfoque multidimensional que amplía el concepto de integración más allá de los aspectos estrictamente comerciales y económicos, extendiéndolos a los políticos y sociales.
Con este enfoque, Colombia ha mantenido una posición clara y de liderazgo en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). No sólo como Secretaría Pro-Témpore, cargo que desempeñó en el período 1998-1999 y donde éste fue planteado, sino también en los años siguientes en desarrollo de las grandes áreas y compromisos de la integración andina.
En efecto, durante la celebración de la XI Cumbre del Consejo Presidencial Andino, realizado en Colombia en 1999, que coincidió con la celebración del trigésimo aniversario de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, se propuso concretar la adopción de políticas para el establecimiento del mercado común, la puesta en marcha de la política exterior comunitaria y la implementación de una agenda social.
Es de resaltar que este encuentro de los Jefes de Estado fue precedido por reuniones interministeriales, que lograron comprometer el esfuerzo de todos los actores involucrados en la nueva agenda multidimensional del proceso subregional andino.
Las recomendaciones, los planes de acción y los cronogramas de ejecución de estas reuniones fueron recogidos en la Declaración Presidencial de Cartagena, dándoles así un carácter vinculante.
A su vez, el 30 de enero de 2002, los presidentes de la Comunidad Andina se reunieron en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para lograr un mayor compromiso con el fortalecimiento del proceso de integración, tanto en el campo político como en el económico, destacándose aquellos aspectos relacionados con la conformación de la Zona de Libre Comercio y de la Unión Aduanera, al mismo tiempo que se lograron significativos acuerdos para impulsar la dimensión política del Grupo.
Colombia le ha otorgado una prioridad especial a la promoción del respeto de los valores y principios democráticos en la subregión. Se propuso, el 7 de agosto de 1998, con motivo de la toma de posesión del presidente Andrés Pastrana, la creación de un Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, que estableciera las medidas a ser adoptadas por los países ante una eventual ruptura del orden democrático en un país miembro.
Esta iniciativa se llevó a término con la firma de todos los países miembros de la CAN del protocolo Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia, cuyo contenido determina la eliminación progresiva de los derechos para cualquier país miembro que sufra una ruptura en su ordenamiento democrático.
En la Cumbre Presidencial de los países beneficiarios del ATEA y Venezuela, celebrada en Cartagena el 18 de abril de 2001, Colombia impulsó el establecimiento y el desarrollo de una estrategia andina de lucha contra el problema mundial de las drogas, que ratifica el carácter integral de este flagelo y la validez del principio de la corresponsabilidad.
Se buscó, a su vez, incorporar activamente al sector empresarial al proceso de integración y se consiguió crear el Consejo de Comercio e Inversión CAN-USA (junio de 1999).
Las relaciones entre la CAN y la Unión Europea fueron objeto de especial atención para lograr la renovación del SGP Andino, para el período 2001-2004, y dar pasos hacia una nueva asociación con la UE, siguiendo etapas similares a las surtidas por países de nuestra región, tales como México y Chile.
Colombia ha proyectado igualmente como una prioridad su participación en el proceso de construcción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), teniendo como principal norte integrar los beneficios comerciales y el aumento de los flujos de inversión a nivel hemisférico con el fortalecimiento de los procesos de integración subregional.
El ALCA debe ser parte integral de la agenda social y económica de las Cumbres de las Américas. De esta manera, dentro de la Comunidad Andina, Colombia ha participado en los nueve grupos de negociación, los dos comités, el Grupo Consultivo de Pequeñas Economías, el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) y las reuniones ministeriales, gracias a lo cual ha podido tener un mayor peso y consolidarse como uno de los bloques importantes dentro de la negociación, junto con el NAFTA y el Mercosur.
A partir de julio de 2002, Colombia ocupa de nuevo la Secretaría Pro-Témpore de la CAN, para cuyas tareas se está preparando el grupo de trabajo de integración y concertación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la actualidad el proceso de integración, contando con una institucionalidad comunitaria derivada del Protocolo de Trujillo, debe avanzar en forma decidida hacia un mercado común. Para ello es necesario completar la unión aduanera que permitirá avanzar con buenas perspectivas en el ALCA.
Sin embargo, es innegable que se requiere mayor voluntad política de los gobiernos para fortalecer a la Comunidad Andina. Hay tendencias al proteccionismo en medio de una desaceleración económica subregional e internacional, y de alguna manera hay carencia de un compromiso real de cumplir con las obligaciones adquiridas, e incluso con las cuotas de financiación necesarias para el sostenimiento de la institucionalidad regional.
Colombia en el campo multilateral actuó sobre la base de dos concepciones fundamentales: el respeto irrestricto de los principios del derecho internacional, los cuales orientan el funcionamiento de todos los organismos multilaterales, y la promoción y defensa del multilateralismo, como herramienta fundamental de los países en vía de desarrollo para el logro de un orden internacional más justo.
Estas consideraciones básicas orientaron nuestro accionar en los foros multilaterales en los cuales participamos de manera constructiva, como es el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así mismo, y como reflejo de esa actitud, distinguidos colombianos han ocupado y ocupan posiciones claves en importantes instancias internacionales, como es el caso, en el momento presente, de la Organización Internacional del Café, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Permanente del Pacífico Sur, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Comité del Pacto de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.
A su vez, Colombia buscó conseguir en los foros multilaterales la aceptación del principio de la responsabilidad compartida como base para el tratamiento y manejo de los temas globales que nos afectan directamente: principalmente el problema mundial de las drogas ilícitas, el terrorismo y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.
Hemos defendido de manera sistemática, a nivel mundial, el manejo integral y equilibrado de la lucha contra las drogas ilícitas, con el propósito de que cada una de las etapas del fenómeno sea asumida, reconocida y atendida por los estados, según la cuota de responsabilidad que les corresponde, de acuerdo con las distintas fases que los afecte.
En el ámbito de la OEA, y especialmente de la CICAD, el manejo multilateral del problema de las drogas, a través del Mecanismo Multilateral de Evaluación (MEM), nos ha permitido establecer equilibrios y cuotas de responsabilidad en la lucha contra este flagelo, superando las dificultades de la evaluación unilateral.
Los trágicos sucesos del 11 de septiembre 2001 generaron una etapa de las relaciones internacionales para el naciente siglo XXI, que está determinada por un manejo multilateral del terrorismo sin precedentes en la historia, al producir decisiones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU, asumidas a la luz del Capítulo VI de la Carta, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para los estados.
Consciente de los nexos entre el narcotráfico y terrorismo, el gobierno de Colombia asumió una actuación protagónica en el Consejo de Seguridad para el diseño de estas decisiones y participó activamente en la Vicepresidencia del Comité contra el Terrorismo, encargado de evaluar los esfuerzos desplegados por los estados.
A nivel de la OEA, Colombia lideró la negociación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la Asamblea General de Barbados, el pasado mes de mayo, y actúa en el Grupo de Trabajo sobre Controles Financieros, creado en el marco del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).
En la utilización adecuada de los espacios que se abren en la lucha multilateral contra el terrorismo, se ofrecen oportunidades de coordinación y solidaridad efectiva para la defensa de la democracia colombiana.
Igualmente, se ha trabajado en otros temas de alto interés para Colombia como el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, el establecimiento de la Corte Penal Internacional y la protección al medio ambiente.
El gobierno de Colombia, acompañado por el esfuerzo y la iniciativa de países seriamente afectados por el flagelo del tranco ilícito de armas, lideró el proceso que permitió convocar por primera vez una Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos, la cual se celebró en julio del año 2001, en New York.
Esta Conferencia, presidida por el representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra, embajador Camilo Reyes, permitió ratificar la validez del principio de la responsabilidad compartida para combatir este flagelo, así como fortalecer las normas, legislaciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para alcanzar a nivel global, un control estricto del comercio de armas.
Sus conclusiones y decisiones contribuirán en grado sumo a garantizar el éxito de las acciones que se emprendan en la lucha contra el fenómeno del tráfico ilícito de armas. Sin embargo, es necesario continuar con el estudio y liderazgo asumido por el país en este tema, así como mantener vigente el proceso de seguimiento, que incluye la celebración de reuniones cada dos años y la realización de una Conferencia de Examen en el año 2006.
En un esfuerzo conjunto del Ejecutivo y el Legislativo se adelantó el proceso de reforma constitucional que permitió la aprobación, por parte del Honorable Congreso de la República, del proyecto de ley del Estatuto de Roma. Esta ley fue sancionada por el Presidente de la República el día 4 de junio de 2002 y fue sometida al respectivo estudio de la Corte Constitucional.
De esta forma, Colombia podrá unirse a las actividades de la Corte Penal Internacional, tribunal que se encargará de desarrollar el derecho penal internacional y de procesar a los responsables de crímenes graves de trascendencia internacional, como es el caso del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
En el campo ambiental multilateral se destaca la participación de Colombia en la Séptima Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (Marruecos, noviembre de 2001), la celebración del Séptimo Período de Sesiones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), el Tercer Foro de Ministros del Medio Ambiente, y la activa participación en el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.
Se participó también en la negociación de los acuerdos de Marruecos sobre cambio climático, los cuales reglamentaron el funcionamiento del Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL) contemplado en el Protocolo de Kioto.
Durante el séptimo período extraordinario de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA y el Tercer Foro de Ministros del Medio Ambiente realizado en la ciudad de Cartagena de Indias en febrero de 2002, Colombia impulsó la consolidación del concepto de "ética ambiental" en el ámbito global con el fin de impulsar su desarrollo en el marco de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, la cual se llevará a cabo en Sudáfrica en septiembre de 2002.
Gracias a una intensa y exitosa gestión diplomática, la candidatura de Colombia al Consejo obtuvo la más alta votación que hayamos obtenido en este foro, con 168 votos a favor. Es de resaltar que esta es la sexta vez que Colombia es elegida para integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Históricamente, Colombia ha mantenido una política de estado coherente y uniforme, sustentada en la defensa de principios y valores y en el respeto por las normas del derecho internacional, así como una actuación consistente con los compromisos políticos que se derivan de la pertenencia al Movimiento de Países No Alineados.
En el año y medio transcurrido como miembros del Consejo, la tradición de la política exterior de Colombia se ha reflejado en el tratamiento de los diversos temas abordados en el Consejo, entre los que se destacan:
Presidencia del Consejo de Seguridad. En agosto de 2001, Colombia ejerció la presidencia. Durante ese periodo, impulsó y negoció una Declaración Presidencial de apoyo a los logros obtenidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos.
Medio Oriente, incluida la cuestión Palestina: Colombia ha mantenido la posición tradicional de defensa de los derechos del pueblo palestino, su reconocimiento y autodeterminación.
Comité de Sanciones de Afganistán: Colombia ejerció durante su primer año la presidencia del entonces Comité de Sanciones contra la facción Talibán. Con posterioridad a los hechos del 11 de septiembre y a la operación adelantada por el ejército de los Estados Unidos en Afganistán, se replantearon las funciones del comité mediante la Resolución 1390 (2001), la cual establece las condiciones de manejo por parte del Consejo de Seguridad en la lucha internacional contra las organizaciones de Al Quaeda, Talibán y sus remanentes. Colombia ha seguido presidiendo este comité.
Comité Contra el Terrorismo-CCT. Colombia se viene desempeñando como uno de los tres vicepresidentes de este Comité, que fue establecido por el Consejo de Seguridad, y su tarea se dirige a coordinar la revisión de los informes que presentan los estados a esta instancia, relacionados con el cumplimiento de Resolución 1373.
Temas transversales. Colombia ha participado constructivamente en la negociación y aprobación de varias resoluciones y declaraciones presidenciales sobre los llamados "temas transversales", que incluyen áreas centrales de la agenda global como la prevención de conflictos, la protección de los niños en los conflictos armados, la consolidación de la paz después de los conflictos y las operaciones de mantenimiento de la paz.
El conflicto interno en Colombia ha generado una compleja situación en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que ha afectado significativamente a la población civil y ha suscitado la preocupación de la comunidad internacional.
El gobierno del presidente Pastrana mostró un firme compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos en nuestro país y le otorgó al tema una atención prioritaria dentro de la acción gubernamental. El deseo de superar esta situación y de obtener la cooperación internacional a favor de los sectores más afectados y vulnerables de la población explica la presencia en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya permanencia se amplió por un año más, de acuerdo con el convenio suscrito en diciembre de 2001.
La actitud del gobierno ha sido la de una total cooperación con el sistema de protección de los derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas, igualmente con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para atender en forma cada vez más efectiva los requerimientos derivados de los compromisos internacionales vigentes, se creó una Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, oficina que además de hacer un seguimiento de los casos y situaciones en el marco de la coordinación interinstitucional, colabora activamente en el diseño y seguimiento de la política nacional en estas materias.
La inclusión del tema del DIH en la estructura de la Cancillería, ha permitido impulsar medidas de aplicación de las normas humanitarias en el orden interno —a nivel legislativo, administrativo, de difusión y capacitación— y mantener una estrecha coordinación interinstitucional, especialmente con el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República.
A su vez, el gobierno nacional creó en el año 2000 la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y su Grupo Técnico Intersectorial, que tienen la misión de coordinación interinstitucional de alto nivel y de interlocución con la Oficina de Naciones Unidas, con las organizaciones no gubernamentales, y se han constituido en una herramienta de la mayor utilidad en la implementación de las recomendaciones que la comunidad internacional formula al estado colombiano.
En el contexto regional se han atendido las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentamos el seguimiento de casos individuales que la misma Comisión había escogido con antelación y que reflejó el interés permanente del estado por garantizar la aplicación y protección de los derechos humanos, a pesar de la situación de conflicto armado que vive el país.
Invitamos también a la Comisión a visitarnos en diciembre de 2001. En aquella oportunidad tuvieron la ocasión de entrevistarse con autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que tienen su sede en Colombia, con el fin de verificar los progresos realizados en materia de derechos humanos y establecer, entre otras, los desafíos que enfrenta el estado colombiano. Al concluir su visita, la Comisión emitió un comunicado de prensa que presentaba un balance positivo de la disposición del gobierno a favorecer los programas de protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como los esfuerzos que adelanta para impulsar la administración de justicia y por instaurar un proceso de paz.
Durante esta administración, se han adoptado varios instrumentos internacionales de derechos humanos entre los que resulta pertinente destacar los relativos a la protección de los Derechos de los Niños, la Desaparición Forzada de Personas y la Discriminación contra Personas con Discapacidad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores continuó vigilando el cumplimiento de los tratados vigentes sobre límites y asuntos territoriales de la República, atendiendo los incidentes fronterizos y adelantando las tareas de demarcación y densificación de hitos en las fronteras terrestres.
En efecto, se avanzó con las labores de demarcación, densificación y estudios técnicos afines, de manera conjunta, en varios sectores fronterizos con Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. Se efectuaron actividades unilaterales para establecer la situación en algunos tramos de la frontera común con Venezuela, Panamá y Ecuador. Igualmente, se verificó y se realizaron las gestiones pertinentes en relación con las denuncias de las comunidades o autoridades sobre los incidentes que ocurren en nuestras fronteras.
Conforme con el objetivo del gobierno nacional de asumir el desarrollo fronterizo como una estrategia que tiende a mejorar el nivel de vida de los habitantes de frontera, se creó la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo que reúne por primera vez a los ministros de las distintas carteras relacionadas con el tema. Con la colaboración de los gobiernos locales y las comunidades de frontera se definieron en el documento Conpes 3155 los "Lineamientos para el desarrollo de la política de integración y desarrollo fronterizo", de enero de 2002.
Esta estrategia nacional se complementa con las Decisiones de la Comunidad Andina sobre las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), que fortalecerán los procesos de integración binacional vigentes.
Igualmente, se ha continuado con el proceso de fortalecimiento de las Comisiones de Vecindad y en este sentido vale la pena destacar la realización de las Comisiones con Venezuela, Brasil, Ecuador y Jamaica. Sus resultados, sin duda, fortalecen la relación con los países vecinos, en beneficio de las comunidades fronterizas.
Con el objeto de promover las tareas binacionales de integración fronteriza, se creó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Integración y Desarrollo Fronterizo, mediante el Decreto 2105 del 8 de octubre de 2001, la cual se ha constituido en Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo.
Para Colombia la ejecución de una política clara y definida encaminada a culminar la delimitación de sus áreas marinas y submarinas con los países que son nuestros vecinos en ambos mares ha sido una prioridad de la política exterior durante estos últimos cuatro años.
En este marco, la ratificación del Tratado de Delimitación Marítima con Honduras (diciembre 20 de 1999) constituye un logro de la mayor trascendencia en la historia diplomática de Colombia y en la ejecución de una política exterior, que dentro del marco de la Diplomacia por la Paz, ha buscado defender nuestra soberanía y avanzar en el afianzamiento de nuestra jurisdicción en el Caribe.
Igualmente, avanzamos en forma sustantiva con San José al llevar a cabo el 29 de mayo de 2000, un canje de notas entre los cancilleres de Colombia y Costa Rica que permitió dar trámite legislativo al Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Colombia y la República de Costa Rica, suscrito el 6 de abril de 1984, referente a las áreas en el Océano Pacífico, con lo cual consolidamos nuestra jurisdicción.
Con respecto al tratado referente a los espacios marítimos correspondientes a los dos países en el mar Caribe, cabe destacar que dicho instrumento ha venido cumpliéndose de buena fe y así ha sido reconocido por el gobierno de Costa Rica.
Las pretensiones de Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, que forman parte de la demanda presentada por ese país contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), son objeto de un cuidadoso estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este será sin duda, en los próximos años, uno de los temas de mayor cuidado, dedicación y responsabilidad de la política exterior colombiana.
Al respecto, debe subrayarse que nuestro país está listo para defender y hacer valer sus legítimos derechos frente a la República de Nicaragua. Con ese propósito, el canciller Guillermo Fernández De Soto constituyó un grupo, coordinado por el excanciller Julio Londoño Paredes, actual embajador de Colombia en Cuba, que está conformado por connotados expertos nacionales e internacionales. El grupo está adelantando, bajo la dirección del Ministro de Relaciones Exteriores, las consultas y estudios técnicos y jurídicos que se han estimado pertinentes.
Como ha sido la tradición de nuestro país en estos temas, el gobierno ha actuado y actuará, concertada y solidariamente, por encima de cualquier consideración diferente de los intereses de la patria. Frente a este caso, Colombia toda tendrá una sola voz.
El gobierno nacional ha dado un renovado impulso a la modernización y fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de tres componentes básicos: el cambio de su estructura (Decreto 2105 de 2001), la regulación del Servicio Exterior (Decreto 274 de 2000) y el impulso brindado a la Academia Diplomática de San Carlos.
Esta iniciativa cumplió con el objetivo de profesionalizar la Carrera Diplomática y Consular y adaptar la estructura del Ministerio a los nuevos retos que impone las relaciones internacionales en un mundo globalizado. Se realizó pensando en la permanente actualización y capacitación de los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular. Para ello se propuso fortalecer la Academia Diplomática y definir sus nuevas funciones, tratando de situarla a la altura de los nuevos requerimientos en política exterior.
Hoy, la Academia Diplomática de San Carlos, en su continua labor de formación de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dirige a mantener una diplomacia sólida, estructurada y adecuada. Y con este propósito, ha continuado convocando el concurso público anual de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular y realizando el curso anual de formación diplomática.
La Academia dirige en coordinación con el gobierno de Francia y la Universidad Externado de Colombia, el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, en el que se realiza la Maestría en 'Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos". Asimismo, ha sido relevante la tarea desarrollada por ésta en la actualización permanente de los funcionarios diplomáticos.
El gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango adelantó, en estos últimos cuatro años, una política exterior de estado que, bajo un estricto y amplio consenso nacional, se ha dirigido a contribuir sustancialmente a la promoción de la paz en Colombia, al fortalecimiento de sus instituciones democráticas y al desarrollo de sus gentes.
En esta tarea de preservar y promover los intereses de Colombia a nivel internacional, y a través del ejercicio de la Diplomacia por la Paz, deseo resaltar que el trabajo realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dejado, como legado para la diplomacia colombiana, los siguientes elementos:
La recuperación de la presencia digna de Colombia a nivel internacional.
La internacionalización del proceso de paz.
El reconocimiento de la comunidad internacional sobre las características y acciones de los grupos al margen de la ley en Colombia.
La normalización, diversificación y consolidación de las relaciones con los Estados Unidos.
El logro del más alto nivel histórico de cooperación económica, política, militar y social entre los Estados Unidos y Colombia.
El entendimiento a cabalidad de la Unión Europea de la verdadera realidad colombiana y la definición de una agenda de cooperación con Colombia.
La obtención de la solidaridad política de múltiples países y de una mayor cooperación internacional con Colombia.
El fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas.
El desarrollo y la ejecución del Plan Colombia.
La construcción de una dinámica agenda bilateral con los actores centrales del escenario internacional, tales como Unión Europea, Japón, India, Canadá, Brasil, México, Chile, Costa Rica y Venezuela.
El fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas y comerciales con la Cuenca del Pacífico.
La conquista de un lugar privilegiado y de respeto de Colombia en los foros multilaterales.
La consolidación de la posición del país en temas centrales de la agenda multilateral: terrorismo, drogas ilícitas, medio ambiente, armas pequeñas y ligeras, y derechos humanos y derecho internacional humanitario.
La aceptación de la comunidad internacional del principio de la responsabilidad compartida en la lucha contra el problema de las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el combate al terrorismo.
La reelección por unanimidad del expresidente César Gaviria para la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
La elección de Colombia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la más alta votación que hayamos obtenido en este foro.
La actuación ejemplar y eficaz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Secretaría Pro-Témpore del Grupo de Río y la Secretaría Pro-Témpore de la Comunidad Andina.
La contribución a la definición y el desarrollo de una agenda multidimensional en la Comunidad Andina.
La extensión y ampliación del ATPA con los Estados Unidos y del SGP andino con la Unión Europea.
La implementación de un nuevo marco legal para promover la inversión extranjera (reforma del art. 58 de la Constitución).
La definición de una nueva política de integración fronteriza y la creación de una Comisión Intersectorial para promover el desarrollo socioeconómico en las regiones fronterizas.
La ratificación y entrada en vigor del Tratado sobre Delimitación Marítima con Honduras, que permitió consolidar nuestra jurisdicción marítima en el Mar Caribe.
La ratificación y entrada en vigor del Tratado sobre Delimitación Marítima en el Mar Pacífico, que permitió consolidar nuestra jurisdicción marítima en el Pacífico.
En síntesis, los logros obtenidos en materia de política exterior, en el período 1998-2002, se constituyen en un efectivo aporte a los más altos intereses de Colombia y permitirán continuar construyendo una nación que privilegia la paz, la democracia y la justicia social.
La labor desarrollada por el Ministerio de Relaciones Exteriores se constituye en un ejemplo de diplomacia efectiva que defendió los más altos intereses nacionales y en la cual no hubo espacio para la improvisación. La tarea emprendida cumplió con los objetivos de la Diplomacia por la Paz, fortaleció las relaciones bilaterales con los países considerados estratégicos para el país y consiguió un alto posicionamiento en los principales foros multilaterales.
A la vez, el gobierno construyó un amplio consenso nacional sobre las metas de política exterior, gracias al importante apoyo y consejo permanente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
Hoy, en el ámbito político, la administración del presidente Pastrana deja abiertos amplios espacios de legitimidad para que la diplomacia colombiana continúe desplegando su actividad en la actual etapa histórica de defensa de la institucionalidad democrática frente a los violentos y de lucha contra el terrorismo.