GLOBALIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES INTERNAS EN COLOMBIA
Ann Masón
Directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
es
94-110
01/09/2001
01/09/2001
A continuación se transcriben las intervenciones de Ann Masón, Arlene Tickner y Luis Jorge Garay en el marco del foro "La crisis política colombiana: más que un conflicto armado y un proceso de paz", organizado por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
Voy a hablar de uno de los temas sobre el cual expuso el profesor Rosenau esta mañana, lo cual es bastante arriesgado de hacer con él presente en este auditorio, pero seguramente si cometo algún error de interpretación él me va a corregir.
Uno de los debates más turbulentos que ha estimulado a la ciencia política a partir de la finalización de la Guerra Fría tiene que ver sin ninguna duda con el futuro del estado nación. Desde mi área de estudio, las relaciones internacionales, se han dedicado muchos análisis al tema de las implicaciones de las nuevas fuerzas globalizadoras sobre el estado soberano.
Corriendo el riesgo de minimizar las importantes diferencias entre la multitud de posiciones, las posturas fundamentales pueden resumirse de la siguiente manera. Por un lado están quienes afirman que el estado puede contar los días que le quedan de vida, pues el mercado global, la revolución tecnológica, los procesos sociales transnacionales, la defunción de los particularismos culturales, las instituciones globales, etc., son elementos que se presentan como las causas de debilitamiento del poder del estado, de su capacidad y de su relevancia. La conclusión aquí es que el estado está siendo eclipsado como la principal fuerza que organiza, regula y da significado a la vida social, política y económica, abriendo espacios a actores, mercados y procesos sin fronteras, que progresivamente lo superan.
Frente a aquellos que están preparando el epitafio del estado con entusiasmo, están quienes asumen una posición más cautelosa. Los realistas argumentan que el estado, a pesar de que nunca logró consolidarse como el ideal westfaliano, se ha mantenido bastante inmune a estas transformaciones globales. A través de la historia moderna el estado ha sido sujeto de asaltos en su territorio, su competencia, sus instituciones y su soberanía, y aun así, se ha probado a sí mismo ser altamente elástico sin que haya emergido ninguna unidad política viable que pueda reemplazarlo. Según esta posición, el estado puede sobrevivir bastante bien lado al lado de la globalización.
Algunos, los que rechazan la visión del estado como víctima de la globalización, señalan que los estados en realidad han sido agentes activos de este proceso; otros, incluyendo a Michael Mann, han argumentado que algunas características del nuevo orden mundial pueden de hecho generar que el estado y sus instituciones se fortalezcan. Consideran también que la transnacionalización social y la competencia global pueden significar más, no menos, regulación estatal.
Por supuesto, la verdad probablemente se encuentra en algún punto entre estas dos posiciones distantes, y puede ser la que sostiene que las fuerzas globales cambiantes han ocasionado más bien la reconfiguración del estado. Incluso acreditando que la institución del estado ha sido bastante estable, éste por sí mismo, como construcción sociopolítica, ha sufrido un constante proceso de movimiento y adaptación a través de la historia moderna, así que ésta, la época global, no es más que otro momento de transición durante el cual las condiciones imperativas mundiales nuevas han estimulado cambios importantes en las formas y funciones del estado. A mí me interesa una dimensión particular de esta reconstrucción del estado, y es la forma en que los cambios globales y la estructura de la gobernabilidad global están afectando el componente de la autoridad de la soberanía estatal. En el caso de Colombia, sugiero que los cambios relacionados con las funciones reguladoras de la gobernabilidad, como en el área de derechos humanos y seguridad, y la explosión de nuevos actores (como James Rosenau lo mencionó en su ponencia), han generado que las jurisdicciones no correspondan a fronteras territoriales y esto ha diluido el principio de exclusividad en el que descansa la soberanía estatal. Esta dinámica ha creado nuevas esferas de autoridad global con importantes implicaciones para el ejercicio de la autoridad política en Colombia.
Comenzaré esta discusión con una breve mención de la autoridad soberana y luego trataré de relacionar mi argumento con el caso de Colombia. La autoridad es la esencia de la soberanía. Un estado es soberano en virtud del reconocimiento por parte de otros estados de su derecho de existir y de representar a la población dentro de su jurisdicción territorial. El reconocimiento compartido entre los estados del mundo de que no hay autoridad superior que aquella del estado, y por lo tanto, la exclusión mutua de actores externos de las estructuras domésticas de autoridad es lo que constituye el sistema moderno descentralizado de estados.
En el ámbito interno, la autoridad política del estado para validar y hacer cumplir las reglas del control social relacionadas con el uso de la fuerza, la resolución de conflictos, la administración de justicia y la extradición, es idealmente monopolística: actores, instituciones y reglas subestatales pueden ejercer influencia y ordenar lealtad dentro de la sociedad, pero estos agentes están subordinados a la autoridad política del estado. Desde este punto de vista se podría interpretar el conflicto interno en Colombia como consecuencia de los intentos, por parte de actores no estatales domésticos, por establecer focos alternativos de autoridad que desempeñen las mismas funciones del estado. Es obvio que este reclamo de exclusividad se da más en teoría de lo que es en la práctica.
De otro lado, el hecho de que el estado ostente una autoridad soberana no imposibilita las restricciones externas. De hecho, fuerzas externas penetran al estado con frecuencia, particularmente estados débiles cuyas capacidades y estrategias para responder a presiones globales son limitadas. En el caso de Colombia hay muchos ejemplos de la influencia de fuerzas externas: el paquete de ajuste del Fondo Monetario Internacional, la política antinarcóticos (y ahora antiterrorista) de los Estados Unidos, los mismos mercados mundiales de la droga, las actividades domésticas de Amnistía Internacional, e ideas disponibles en el internet, son algunos ejemplos. ¿Hasta dónde es posible hablar acerca de la exclusión de autoridades externas? Me refiero al reclamo por una autonomía interna y una independencia externa, reconocida como legítima, por otros estados que son constituidos como soberanos en la misma forma. Es decir, todos los estados en el mundo comparten la norma de esferas de autoridad exclusivas. La autoridad del estado se encuentra entonces en el cruce de los dominios domésticos -internacionales, define el orden del mundo internacional estableciendo territorios discretos cuyos espacios políticos están normativamente protegidos de actores externos y, al mismo tiempo, designa los instrumentos del estado como recurso final de poder y control legítimo dentro de una jurisdicción. Para mí, uno de los cambios más dramáticos que está siendo forjado actualmente por la globalización en el estado, es la clara y notable irrupción en estas exclusivas esferas de autoridad, y eso es precisamente el tema sobre el cual James Rosenau ha escrito mucho y del que habló esta mañana.
Tal y como mencioné anteriormente, en la práctica esto ha sido menos ideal, pero excepto por ciertas voces aisladas, la norma de que el estado no comparte la autoridad siempre se consideró predominante pero tal vez en la actualidad esto ya no se cumple. Los estados simplemente han dejado de ser soberanos en el sentido tradicional de ese término, ya que el surgimiento de posterritorialismos significa que los estados no pueden ejercer una autoridad final exclusiva sobre sus propias jurisdicciones. La expansión de instituciones transnacionales, regímenes multilaterales y leyes globales refleja un cambio general del estado hacia mecanismos de gobernabilidad global, es decir, se ha generado una estructura de agencias supraestatales cargadas de funciones de gobierno que ejercen presión sobre todos los estados o grupos de estados, y que generaron la creación de múltiples sitios de gobernabilidad que actúan mano a mano o que pueden incluso competir con el estado. Ahora, estas organizaciones internacionales no son propiamente nuevas, después de todo el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las instituciones económicas del Brettón Woods, nacieron después de la segunda guerra mundial, pero el mayor crecimiento institucional y la formación de nuevos instrumentos legales han sucedido en las últimas dos décadas. El marco regulatorio de esas instituciones sobrepasa ampliamente las primeras instituciones internacionales originalmente concebidas, sus reglas y competencias son de alcance global desatendiendo los espacios de jurisdicción territoriales, y ahora van mucho más allá de transacciones económicas para abarcar aspectos políticos de la gobernabilidad global.
Otro rasgo del nuevo paradigma pluralista del orden global es que los estados también tienen que lidiar con una plétora de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros representantes de la sociedad civil global que están siendo considerados cada vez más como autoridades competentes en áreas tan diversas como derechos humanos, derechos indígenas. Como otros han argumentado, los nuevos arreglos institucionales y las repetidas prácticas de los actores institucionales globales están creando un nuevo marco de normatividad caracterizado por una cierta erosión en la autoridad soberana del estado-nación y el creciente reconocimiento de que instituciones y normas globales representen otra fuente de autoridad para las sociedades domésticas. Bien, ¿entonces qué significa todo esto para Colombia y en qué forma esta reestructuración a nivel global a afectado la crisis interna?
Para mí todavía esta es una línea de argumentación bastante preliminar, sin embargo, quiero plantear algunas ideas con respecto a cómo veo esa dinámica manifestándose en Colombia.
En primer lugar, esta intromisión de las estructuras de autoridad global sí se hace evidente en Colombia al igual que en otros estados, particularmente en el área de derechos humanos y seguridad. Uno de los cambios políticos más importantes de nuestro tiempo es el desarrollo de un régimen mundial en derechos humanos y el giro correspondiente hacia normas y reglas globales. Aunque la idea de la universalidad de los derechos humanos no deja de ser debatida, hay una amplia aceptación entre los miembros de la comunidad internacional de que los estados soberanos están ciertamente sujetos a estándares supranacionales en lo que respecta al tratamiento de sus propios ciudadanos. Este proyecto global de derechos humanos ha propuesto un claro reto a la concepción tradicional de autoridad estatal exclusiva, en la medida en que la responsabilidad por la provisión de seguridad y la protección de los derechos humanos ahora incluye representantes de la sociedad civil global. Los marcos legales expandidos, el reconocimiento del papel de las ONG, y el rol que juega la ONU y organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz, la resolución de conflictos y las intervenciones humanitarias ilustran este cambio.
El conflicto armado en Colombia, la situación devastadora de derechos humanos y orden interno, han llevado a un aumento notable en la presencia y en la mira de actores externos, organizaciones internacionales y entidades del tercer sector en Colombia (intentamos conseguir la cifra actual de cuántas ONG se encuentran si no con sede, por lo menos trabajando el tema de Colombia, y para nosotros fue imposible conseguir esa cifra). Entonces, en un primer nivel, se halla internacionalizado tanto el conflicto armado como el proceso de paz, en el sentido de que las nuevas normas del régimen global de derechos humanos y seguridad han puesto este asunto doméstico en la agenda global y han hecho a Colombia más permeable. Pero además, tanto la sociedad civil como el estado colombiano han aceptado en mayor grado actores e instituciones globales como agentes legítimos con respecto a lo que anteriormente se consideraba como asuntos domésticos. La manera en que los ciudadanos están siendo llevados cada vez más hacia relaciones globales más complejas evidencia un redireccionamiento o un desplazamiento de los sentimientos de libertad de la sociedad colombiana hacia actores e instituciones globales. Los cambios mundiales han legitimado nuevas relaciones entre las sociedades civiles y los actores no estatales, particularmente en situaciones tales como la aguda crisis interna colombiana donde el estado ha demostrado ser menos que competente en la solución de sus problemas internos. En Colombia hay un creciente número de ciudadanos que se acercan a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones internacionales, e incluso a otros estados que son percibidos como más instrumentales y posiblemente como más legítimos que su propio gobierno. Grupos cívicos, poblaciones desplazadas y víctimas de la violencia política rutinariamente pasan por alto al estado colombiano al llevar sus apelaciones directamente a la Alta Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, la Cruz Roja Internacional, Unicef, Amnistía Internacional, cortes de apelación de distritos de los Estados Unidos y la Unión Europea, para mencionar sólo algunos. La esperada ratificación del Tratado de Roma que establecería una corte criminal internacional permanente con jurisdicción global y con autoridad para sobrepasar la ley doméstica pasa por alto estados soberanos. Sin discutir el loable progreso que la Corte Penal Internacional significaría para la protección de los derechos humanos, vale la pena señalar que este cambio hacia un cuerpo legal global significa otro reto al estado colombiano. Es importante acordarse de que hay una posibilidad real de juicios en La Haya no solo a los líderes de la guerrilla y a los paramilitares, sino también a oficiales del gobierno colombiano y miembros de las Fuerzas Armadas. Creo que las actividades de esa política global de derechos humanos facilitan la fusión de la sociedad doméstica colombiana con la sociedad civil global y relaciones de autoridad global, pues en la medida en que colombianos acudan a estas instituciones legitiman las estructuras globales de gobernabilidad. Otra vez ese desarrollo no es necesariamente bueno o malo pero sí reta el principio de la exclusividad de la autoridad soberana.
Mi tercer y último punto es que este desarrollo puede agravar el ya notable déficit de legitimidad del estado colombiano, contribuyendo al gradual proceso de debilitamiento del estado. Varios de los panelistas en los últimos dos días han comentado que la legitimidad del estado colombiano ya se encuentra severamente erosionada, tanto en cuanto a su legitimidad de in put, medido por su representatividad y participación, como en términos de su legitimidad de out put en términos de su desempeño mediocre, los efectos distribucionales desiguales, pocos procedimientos de rendición de cuentas y niveles bajos de acatamiento. Yo planteo que esta crisis de autoridad colombiana también ha sido exacerbada por esos desarrollos globales, porque si bien la intromisión de procesos globales relacionados con los derechos humanos y seguridad en Colombia implica una erosión en su autoridad soberana, también afecta su autoridad interna dado que la legitimidad facilita el desempeño de las funciones instrumentales del estado relacionadas con el control territorial, estabilidad y orden interno, extradición, y también establece un contexto de normatividad dentro del cual la sociedad civil y las instituciones públicas interactúan. La dispersión de sentimientos de libertad hacia nuevos focos de autoridad puede dificultar que el estado cumpla con sus funciones básicas. Entonces, como en un círculo vicioso, la autoridad interna reducida en gran medida por el pobre récord de gobernabilidad hace que la labor del estado sea más difícil, lo que a su vez contribuye a un pobre desempeño. Esto incide en la creciente legitimación de fuerzas alternativas de autoridad tanto internas como globales y hacia los actores no estatales vistos como autoridades competentes dentro de Colombia, esto puede exacerbar las ya precarias relaciones de autoridad y por lo tanto, minar aún más la fortaleza del estado.
Terminaré remontándome a mis primeros comentarios referentes a la manera como la globalización está afectando al estado-nación, donde dije que es más preciso discutir esos cambios en términos de adaptación y evolución que en términos del decaimiento del estado. El estado colombiano no se está debilitando sino que está haciendo ajustes difíciles a las transformaciones globales. La crisis interna y la misma debilidad del estado hace a Colombia relativamente más vulnerable a estas nuevas reglas de gobernabilidad global. Esto también significa que el régimen global de derechos humanos y seguridad ha tenido un impacto potencialmente mayor en Colombia que en otras sociedades. Es importante señalar que cualquier discusión de la relación entre la globalización y el estado tiene que tomar en cuenta lo que debería ser muy evidente: que los efectos de los cambios globales son muy disparejos y varían según las diferencias que se encuentran entre los estados. Entonces, mientras que los Estados Unidos probablemente no ratificará, ni reconocerá la autoridad del CCI, si Colombia no lo hiciera arriesgaría ser estigmatizada como un país premoderno y un país violador de los derechos humanos. Lo paradójico es que este desdibujamiento entre la autoridad doméstica y la gobernabilidad global seguramente tendrá un impacto mucho mayor en Colombia que el que tendría en Estados Unidos.
Termino afirmando que el eje de la crisis del estado colombiano es una profunda pérdida de legitimidad. Esta no fue causada ni va a ser resuelta por la globalización, pero en la medida en que el paradigma pluralista de orden global ofrece alternativas al ciudadano colombiano desilusionado a legitimar nuevos actores o instituciones que rigen más allá de sus fronteras, la autoridad soberana del estado colombiano continuará deteriorándose, contribuyendo a su problema de autoridad política interna.
Yo, al contrario de Ann Masón y del profesor Rosenau, voy a hacer una presentación más bien visual y mucho menos teórica y conceptual, pero que creo complementa tanto la charla del profesor Rosenau como las observaciones que ha hecho Ann. En mi breve presentación voy a tratar de adoptar más bien una perspectiva semi-estadísta para argumentar que el conflicto que vivimos en Colombia en la actualidad sí se ve afectado por relaciones entre estados, en particular por el papel muy negativo, desde mi punto de vista, que viene ejerciendo Estados Unidos en el país y por la inserción inevitable de la crisis interna en la lucha global contra el terrorismo.
Históricamente las relaciones de Colombia con el mundo han sido circunscritas a sus relaciones con Estados Unidos, primer motivo para pensar en la forma en que Estados Unidos afecta la situación actual. Esta tendencia hoy día se va reafirmando por varios motivos: el 42.7% de las exportaciones de Colombia van hacia Estados Unidos, país que ha tenido una creciente intervención en la situación doméstica colombiana en los últimos años, en particular, a partir de su participación en el Plan Colombia y, como mencioné al comienzo, Colombia evidencia una preocupante inserción en lo que ya son lógicas globales, no solamente las que señala Ann sino las que se remiten a la lucha global antiterrorista, en torno a la cual Estados Unidos centra su actual política exterior. En esta medida, aproximarnos a lo que yo llamaría los peligros, retos y limitaciones de la política internacional colombiana, así como su política doméstica en la próxima administración, obliga a entender las relaciones de este país con Estados Unidos en la actualidad. Tal vez hay un último motivo para tener esto en cuenta dentro de la campaña electoral en la que estamos, y es que yo creo —y tanto Rosenau como Ann lo han mostrado— que tal vez jamás en la historia del país dependía tanto la evolución de nuestra crisis interna de lo que es el entorno global y de profundas limitaciones que se evidencian ahí. Una aproximación preliminar a este tema, que me interesa llegar a mostrar, pasa necesariamente por una breve evaluación de lo que ha sido la relación bilateral con Estados Unidos durante la administración Pastrana. Yo lo llamo un balance ambiguo en el mejor de los casos por varios motivos: la política exterior de Colombia durante estos últimos cuatro años ha priorizado una serie de temas, entre ellos: la normalización de las relaciones bilaterales e internacionales después del período muy problemático de Samper; ejercer una diplomacia por la paz, o sea, priorizar la paz como eje de la política exterior colombiana; de la mano con esto, imponer el Plan Colombia que entra a reemplazar el plan de desarrollo dentro de este período; fortalecer las relaciones comerciales, en particular, a través de instrumentos como el Tratado de Preferencias Arancelarias (ATPA), y mejorar la situación de derechos humanos. Si miramos uno por uno podríamos señalar, como digo al comienzo, resultados bastante ambiguos en el mejor de los casos. La normalización de las relaciones con Estados Unidos y el mundo se dio efectivamente, pero tal vez a costo de la conversión de Colombia en país problema, o sea, si durante Samper era un país pario en el contexto internacional, hoy día es un país problema con tendencia a ser, como señalaré al final, un país contaminante del resto del hemisferio.
En el caso de la Diplomacia por la Paz, efectivamente la administración Pastrana ha sido muy activa en la promoción (o fue antes de la ruptura del proceso), de la necesidad de una ayuda internacional al proceso, en particular en Europa y, como voy a señalar después, tal vez los resultados en este campo tampoco son tan positivos en términos de la ayuda tangible que logra en el viejo continente.
En términos de Plan Colombia, efectivamente este gobierno fue muy exitoso en la garantía de altas cantidades de ayuda, en especial de Estados Unidos, pero como también voy a argumentar, a un precio muy costoso, en particular la militarización del contexto doméstico.
En términos de las relaciones comerciales estamos todavía por ver si el Congreso estadounidense ratifica la extensión del ATPA y la ampliación a incluir productos como textiles y confecciones. La inclusión es algo que no sabemos si se va a dar, y es muy improbable que se dé en la actualidad.
En el campo comercial esto se combina con una decreciente inversión extranjera en el país durante estos últimos cuatro años; en el último año, tenemos más bien una situación de desinversión extranjera en Colombia, o sea tasas negativas de inversión, una deuda externa que ha ascendido a niveles muy preocupantes (52% del PIB), razón por la cual, como ustedes sabrán, la empresa calificadora de riesgos Moody's acaba de bajar su calificación a Colombia de estable a negativa.
En términos de derechos humanos, como mostraré también, se ha afirmado que las Fuerzas Armadas han mejorado su récord de respeto por los derechos humanos, pero resulta que la situación de derechos humanos y de violaciones en el país sigue más o menos inmune a estos supuestos cambios.
Hechas estas observaciones muy generales quisiera concentrarme por unos instantes en dos aspectos específicos de esta situación. El primero tiene que ver con lo que llamo los efectos perversos de la política antidrogas en Colombia, y después lo que son otros efectos del Plan Colombia en el país.
En lo que respecta con la ayuda militar entre el año 1996 y el período 2000-2001, hay una ascendencia enorme en el año 2000 (ésta se ha multiplicado quince veces, pasando de US$ 67.2 millones a US$ 1.005.7 millones) que corresponde al paquete de ayuda que Estados Unidos dio para el 2000-2001 para el Plan Colombia. Lo que quiero mostrar es que de la mano del crecimiento de los cultivos ilícitos en el país (en el mismo período los cultivos aumentaron de 67.200 a 169.800 hectáreas) la ayuda militar de Estados Unidos ha ascendido, o sea que parecería haber una correlación muy enfermiza o perversa entre los montos de ayuda militar y el crecimiento de los cultivos. Con la fumigación de los cultivos, sucede algo muy similar en el sentido de que la fumigación también asciende constantemente entre el período 1996-2001 (para 1998 se incrementó en un 50% el número de hectáreas fumigadas con respecto a 1997, en el 2001 la Policía Nacional fumigó casi dos veces más de cultivos que el año anterior); parecería que entre mayor fumigación, mayor número de cultivos vemos en el país. De hecho, la Policía Nacional colombiana ha aducido que para el año 2001 fumigó dos veces más de cultivos que en el año 2000, y si bien hay discrepancias en las cifras, pues la policía dice que descendieron los cultivos 11% y la CIA dice que aumentaron 25%, que es la cifra que uso, podemos concluir que los cultivos en el año pasado aumentaron a pesar de todos los esfuerzos ejercidos tanto por Estados Unidos como por Colombia.
Otros indicadores para el período 20002001 también son muy preocupantes. Primero que todo, se registra un incremento de cultivos ilícitos y precios de hoja de coca en Perú, país que se suponía ya había superado este problema a partir de estrategias de desarrollo alternativo. Segundo, también parece haber estabilidad en los precios de cocaína en las calles de Estados Unidos, que es uno de los objetivos principales de este país en su lucha contra las drogas en países como Colombia y, por último, pocos avances en Colombia en los proyectos de desarrollo alternativo a pesar de que esto constituya un eje del Plan Colombia, tal como se presentó originalmente.
Aparte de estos fracasos propios de la guerra contra las drogas, el Plan Colombia y específicamente la política de Estados Unidos han generado otros "efectos colaterales", como los llamo yo tal vez de manera un poco sarcástica. En primer lugar, como señalé anteriormente, la situación de derechos humanos se ha tornado cada vez más crítica, y a pesar de leyes como la Enmienda Leahy las ayudas para el 2000-2001 cuentan ya con un waiver que significa esencialmente que el gobierno colombiano no ha cumplido con las metas impuestas por Estados Unidos en materia de derechos humanos, en particular en lo referente al castigo y juicio de militares que participan en violaciones, y la ruptura de vínculos con los grupos paramilitares y su persecución, grupos que cometen en la actualidad más o menos el 70% de las violaciones de derechos humanos en la país. Hay un crecimiento en el desplazamiento forzoso, el cual no señalaré en este momento por razones de tiempo.
De otro lado, la fumigación en el sur del país, en particular, ha generado problemas de salud pública que ya se han documentado desde la academia y otros tipos de organizaciones, al tiempo que la destrucción de cultivos ilícitos ha ido de la mano de destrucción también de cultivos lícitos, incluso en aquellas comunidades que han firmado los llamados pactos con el gobierno colombiano. El conflicto se ha "derramado" hacia los países vecinos y éstos han respondido con una creciente militarización de sus fronteras, tema que voy a retomar al final. Y, por último, la Diplomacia por la Paz que lentamente se fue marginando a favor del Plan Colombia, es vista en Europa, en particular, como un plan de militarización de parte de Estados Unidos. Yo añadiría a estos temas negativos la insostenibilidad del Plan Colombia, afirmación proveniente de la misma Contraloría General de la Nación que hizo una evaluación el año pasado de lo que fue su evolución.
Hecho este balance quisiera dedicar el resto de mi tiempo al análisis del impacto del 11 de septiembre en las relaciones bilaterales y en el contexto nacional. Aquí simplemente miro muy por encima algunas de las repercusiones generales del 11 de septiembre en la política exterior de Estados Unidos: cambios dramáticos en la identificación de prioridades de política exterior, obviamente un predominio de estrategias militares después de que pensáramos que con el fin de la Guerra Fría éstas habían llegado a ocupar un segundo plano, una polarización del sistema internacional de estados que se asemeja paradójicamente al contexto mismo de Guerra Fría a través de ideas como "justicia infinita" y "cero tolerancia" para los grupos terroristas. La misma idea de "imperio del mal" o "eje del mal" que evoca la administración de Bush en este momento, se parece bastante a lo que era el contexto de Guerra Fría y produce en el sistema cierta polarización. Más importante para el caso de Colombia es el énfasis (dada la situación de Afganistán) que se ha puesto en los nexos existentes entre terrorismo, drogas y armas. Sabemos y siempre hemos sabido que entre estos tres flujos hay íntimos vínculos e interrelaciones y la guerra mundial contra el terrorismo tiende a recalcar esta relación.
Por último, está también la aparición del narcoterrorismo de la mano del terrorismo como nuevo enemigo en el escenario global. De lo anterior se desprende muy obviamente de qué manera Colombia se encaja dentro de estas nuevas realidades globales que ya todos saben. Primero que todo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son identificados como grupos terroristas por el Departamento de Estado. De hecho, las AUC fueron colocadas en la lista el 10 de septiembre, un día antes de la llegada del secretario de estado Colin Powell a Colombia (viaje en el cual supuestamente iba a presionar al gobierno para empezar a tomar acción frente al fenómeno del paramilitarismo en el país); tal parece que el 11 de septiembre tiende a revertir este proceso. Segundo, los tres son señalados por derivar ingresos significativos de su participación en el negocio de las drogas. Según la DEA, si bien todos los grupos armados participan en distintas etapas de la cadena productiva de drogas, son las FARC y las AUC las que más inmersas están en este negocio: mientras que la DEA señala que las FARC cobran esencialmente impuestos e intercambian drogas por armas, acusan a los paramilitares de una participación mucho más íntima en lo que es la comercialización de la droga, o sea, desde la misma DEA podríamos decir que las AUC (algunos sectores en particular), tienen una relación mucho más íntima con lo que es el narcotráfico en tanto fenómeno global.
Por último, la ruptura del proceso de paz, como todos sabemos, insertó de manera irremediable al país dentro de la lógica de lucha contra el terrorismo. Las FARC, de hecho, nunca fueron calificadas como terroristas antes del 20 de febrero, día en que se rompe el proceso, y lo que voy a mostrar después es que paradójicamente los paramilitares y el ELN todavía no han sido calificados como tales de parte del gobierno colombiano, mientras que de parte del estadounidense parcialmente sí.
¿Cómo se traduce esta inserción de Colombia dentro de la lucha global antiterrorista en políticas concretas de parte de Estados Unidos? Antes que todo, Colombia, de parte de Estados Unidos, es vista hoy a través de la lente de la cruzada antiterrorista. Tanto en el país, como formuladores de política de Estados Unidos, tiene que plantear el problema de Colombia en estos términos, porque toda la política exterior estadounidense necesariamente pasa, en este momento, por ese filtro. Un dato curioso que acabo de señalar es que básicamente las FARC se han convertido en el eje principal de esta estrategia, tanto desde el lado colombiano como desde el lado estadounidense.
Para Estados Unidos las FARC han asesinado ciudadanos estadounidenses mientras que otros grupos armados no lo han hecho, cosa que hace más fácil argumentar a favor de la lucha antiterrorista en el país, más cuando el ELN está en una negociación y los paramilitares lamentablemente luchan contra un enemigo común, cosa que hace mucho más difícil entrar a calificarlos como terroristas.
El segundo aspecto tiene que ver con la distinción entre "lucha antidrogas" y "lucha contra la insurgencia". Éste, que había sido el eje de la política estadounidense, tiende a borrarse en la actualidad. En este momento la administración Bush tramita en el Congreso estadounidense, como parte de una propuesta de emergencia, 27 mil millones de dólares argumentando que las ayudas recibidas por Colombia hasta el momento deben ser utilizadas para la lucha contra la insurgencia, que se equivale en este momento a la lucha contra el terrorismo o el narcoterrorismo, como quieran verlo. La estrategia estadounidense en Colombia, que se había andinizado para el año 2000, tiende a volver a colombianizarse también para el paquete de ayuda del 2003, en función de la lógica antiterrorista. Países como Ecuador que son tan preocupantes en términos del derrame del conflicto, por ejemplo, recibirán en el actual paquete que solicita Bush solamente 37 millones de dólares en el año 2003 y por último, la ayuda que va a recibir Colombia en el año 2003 tiene orígenes no relacionados con la lucha contra la droga. Este es un fenómeno importante que no tiene antecedentes en el período de postguerra fría (100 millones de dólares casi para proteger el oleoducto Caño Limón-Coveñas, un recurso estratégico tanto para Colombia como para Estados Unidos y 400 millones de dólares adicionales solicita la administración de Bush para la lucha contra el terrorismo en el país).
Quería hacer una similitud entre la política estadounidense, tal como va evolucionando, y la colombiana, por la forma como los medios de comunicación han representado enemigos, en particular el narcoterrorismo. El discurso que he mencionado constituye realmente un solo aspecto del problema; los medios de comunicación también participan, como lo hacen los gobiernos, en la construcción de escenarios en los que las relaciones entre países evolucionan.
En este caso simplemente quiero recalcar el papel de los medios en la construcción de enemigos, cosa que ya he hecho en el pasado. Películas como Peligro inminente, Prueba de vida, Daño colateral, son clara evidencia de cómo Hollywood ha construido enemigos colombianos (sean estos narcotraficantes, sean guerrillas) que secuestran, consumen y trafican drogas o sean, como en el caso de Daño colateral, narcoterroristas que atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es importante en la medida en que incide en la forma en que Colombia es vista, así como en la posibilidad de cambiar estrategias políticas. Realmente se puede ver cierta coincidencia entre las posturas oficiales y la forma como Hollywood mismo va representando la crisis colombiana.
Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Colombia han lanzado campañas publicitarias que complementan la construcción hollywoodense del enemigo narcoterrorista, y en esta medida señalo que los gobiernos utilizan estrategias mediáticas para lograr sus objetivos. En una de las imágenes que han salido en Estados Unidos en función de la lucha contra el consumo de drogas y su relación con el terrorismo a escala global se puede leer: "Este fin de semana lavé mi carro, me reuní con unos amigos y ayudé a matar a una familia en Colombia. Vamos, era una fiesta", y hay una serie que se llama: "Yo ayudé entonces a matar policías, familias, jueces, enseñar a los niños a matar, a explotar edificios", y esto va haciendo la conexión entre drogas y terrorismo. La campaña se llama La verdad, la antidroga. Esto puede ser bueno en la medida en que busca concientizar al público estadounidense que consume droga, pero al mismo tiempo impide cualquier discusión sobre las causas reales del problema, algunas de las cuales se originan necesariamente en la política antidrogas de los Estados Unidos. De hecho, cuando hablamos de La verdad, la antidroga no permitimos en los medios verdades ni discusiones alternativas.
El gobierno de Colombia no ha sido ajeno a este proceso, pues también ha hecho una campaña publicitaria en Estados Unidos, que pude conseguir hasta hace unos días. Comentaré algunos apartes de los textos de cuatro propagandas. En la primera se muestra todo el cúmulo de logros en materia de la guerra contra las drogas, incluidos los implementos destruidos; en otra se puede leer "Fuerzas Armadas colombianas entrenadas: mejor balance en derechos humanos"; en una tercera se habla de los niños y cómo estos deben estar en el colegio y no en los campos de cultivos; y por último, tal vez la más llamativa, se puede leer "Colombia es el lugar en donde la campaña global contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, se está luchando en América Latina".
Debajo de todos los avisos va un anuncio en el que se lee: "en un año el Plan Colombia ha sido exitoso en la reducción del tráfico ilícito de drogas, en mejoramiento de las instituciones públicas y la revitalización de la economía colombiana". En todos estos tres frentes realmente lo que han mostrado los estudios es que la campaña ha sido menos que exitosa.
Antes de terminar, quisiera mencionar cuáles son los peligros, retos y limitaciones de la política internacional de Colombia en función de lo que vengo mencionando. La inserción de Colombia en la lógica antiterrorista constituye para mí un peligro en este momento por varios motivos. Primero que todo, grupos armados que cometen actos terroristas no son iguales a grupos terroristas que toman a los Estados Unidos como blanco militar. Y esta es la asociación que empieza a surgir tanto en los discursos oficiales como en las propagandas que los dos gobiernos van publicando. En segundo lugar, hay una simplificación de la situación local que reduce dramáticamente los márgenes de maniobra de Colombia y los espacios que otros países tienen para acercarse al país de una forma más positiva. Colombia se va reafirmando ya no como país problema sino como país contaminante, y esto lo vemos claramente de parte de los países vecinos y de parte de otros países a nivel global. Salió en El Tiempo un editorial que señala que en 162 países los colombianos deben tramitar visas, hasta incluso en Ecuador y Panamá existe la posibilidad de que esto suceda. Esto reafirma la necesidad de aislar a la crisis colombiana, mas no de colaborarle a Colombia en la resolución de su crisis. Tercero, hay una disminución dramática de los espacios de maniobra para la negociación política, ya que simplemente no se puede negociar con actores terroristas. En la medida en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se van clasificando como grupo narcoterrorista por encima de los otros grupos armados, se vuelve muy difícil justificar un proceso de negociación con ellos.
Por último, y con esto termino, Colombia para la próxima administración se enfrenta a una reducción dramática de márgenes de autonomía para el manejo de su política doméstica y para el manejo de su política internacional. A todo lo que ya han señalado el profesor Rosenau y Ann Masón, se suma la inserción en la lógica antiterrorista y la manera en que esta tiende a limitar los espacios con los cuales Colombia puede reorientar tanto su política doméstica como su política internacional.
La globalización es un proceso social en estricto sentido de la palabra, que abarca las instancias económicas, política, social y cultural en una sociedad.
En la instancia económica evidentemente la globalización impone el desarrollo de una forma de relación en la sociedad a través del mercado, y del mercado rector, especialmente en el contexto global. El mercado, como nos lo enseñaron hace ya varios siglos, es una construcción social. Colombia adolece de serias, graves y estructurales falencias tradicionales para haber desarrollado un verdadero mercado en el país, mercado que cruza las relaciones en todos los ámbitos en una sociedad. La década de los noventa en Colombia es el caso más dramático de la disfuncionalidad en diferentes ámbitos, no sólo políticos sino institucionales, regulatorios de manejo de política económica y obviamente productivos estructurales que atentan seriamente con un proyecto de construcción nacional.
Voy a concentrarme básicamente en lo económico. Antes de los noventa y del proceso de apertura a la competencia externa en el país, y lo que se ha llamado corrientemente, aunque no es preciso, la etapa actual de la globalización de las economías latinoamericanas, Colombia vivía un proceso estructural de desactivación productiva. Colombia bajo el modelo tradicional también había sufrido serios problemas de un proceso de desindustrialización, desagriculturización y terciarización perversa. Con eso se quiere decir que Colombia en su estructura productiva ha venido sufriendo una anomalía perversa de la incapacidad creciente del aprovechamiento de los recursos humanos, naturales y de capital para la reproducción social, y eso se ve claramente delineado por el hecho de que a través de las décadas, antes de la apertura, el país fue perdiendo progresivamente factores o motores de crecimiento sostenido dentro de los marcos de un mercado capitalista. Por el contrario, desde mediados de los setenta Colombia empieza a usufructuar un conjunto de bonanzas de índole legal o ilegal que ocultan un fenómeno estructural mucho más profundo que es la pérdida de motores de crecimiento de la economía. En los noventa muchos de estos procesos eclosionan, fruto en parte, de la competencia internacional, pero obviamente parte del desarreglo institucional, político y económico dentro de las exigencias del marco de la globalización. En el campo económico voy a ilustrarlo con algunas características básicas de lo que llamamos o podemos llamar crisis en el manejo institucional y la conducta económica de Colombia de cara a la apertura. La década de los noventa marca en el país algo muy novedoso. Por primera vez en muchas décadas Colombia se distingue por una altísima inestabilidad en el comportamiento económico y algo más contundente, por una altísima inestabilidad en la conducción macroeconómica del país. Es paradójico que en medio de la globalización, según los principios rectores del mercado, la intervención de la política económica no solo pierde autonomía sino que debe seguir ciertos hilos rectores para acomodarse a la competencia en el mercado mundial. Sin embargo, tanto Colombia como América Latina en general avanzan en un proceso de apertura en medio de una profunda dislocación del mercado mundial. No sé si ustedes recuerdan, a comienzos de los noventa se producen unas crisis financieras internacionales que llevan a que en medio de la apertura de las economías latinoamericanas haya una inundación masiva de excedentes financieros de los países desarrollados, entre otros Estados Unidos, que ayudan a desestabilizar el manejo económico y obviamente las condiciones de competencia de los países latinoamericanos. Eso fue el primer ciclo de crisis macroeconómica en América Latina en medio de la apertura. Colombia no fue ajena a ello, de hecho, el país fue mucho más allá en esta apertura que muchos vecinos latinoamericanos, no solo con la liberalización de las importaciones, sino algo muy fundamental, con la apertura de cuentas de capital y simultáneamente con una legalización implícita de capitales legales e ilegales en el exterior, en contravención al decreto 444 o Estatuto de Capitales vigente en el país desde 1968. Eso llevó a una presión inflacionaria y desestabilizadora en inicios de los noventa, en plena apertura, que profundizó muchas de las falencias ya críticas de la economía colombiana previas a la apertura económica. Esta afluencia y abundancia de capitales de toda índole en el país, generó una progresiva revaluación y, algo desconocido en el país desde la posguerra, una explosión o crecimiento de la demanda interna financiada con todos estos capitales, durante cuatro o cinco años, que vino a eclosionar hacia el año 1997 al llegar a la crisis financiera sin precedentes en el país, y por primera vez en setenta años, a tener una caída del producto bruto a finales de los noventa.
Colombia en los noventa, cuando se exige según libro de texto mayor estabilidad en el manejo macroeconómico y mayor estabilidad en la macroeconomía, sufre claramente el período donde se observa la mayor inestabilidad desde que hay datos económicos. Pero ese es uno de los elementos por los cuales uno puede concluir que la configuración de la sociedad colombiana y del mercado colombiano no está adecuado a las exigencias de la globalización. Pero quiero, dado este panorama económico, mencionar lo que está en el trasfondo a nivel de lo institucional, regulatorio y social. Obviamente la configuración de un mercado requiere un progreso decidido en la inversión social para que los ciudadanos sean participes no solo en el mercado sino también como ciudadanos de una sociedad. Colombia infortunadamente es una de las sociedades más excluyentes del mundo y, obviamente, de Latinoamérica. Entendida la exclusión social como una multidimensión, es claro que Colombia tiene una altísima proporción de su población que no participa en el mercado ni tampoco en la sociedad propiamente dicha. Y es claro que Colombia tiene hoy niveles sin precedentes de pobreza: el 60% o más es pobre; de nivel de indigencia nunca, desde que había estadísticas, ha logrado el nivel que tiene hoy más o menos el 26% de la población es indigente, y se han acentuado problemas serios en la exclusión social. El tema es: ¿ello es fruto de la globalización únicamente, o de la apertura de la economía colombiana? o ¿es fruto de la confluencia de un conjunto de factores de índole estructural agravados por la globalización o por la apertura económica?
Nosotros pensamos que es obviamente la segunda. Colombia en lo productivo no ha desarrollado una verdadera cultura empresarial capitalista que pueda enfrentar debidamente la competencia externa. Sólo vale mencionar lo siguiente: la agricultura y la industria hoy, respecto al producto interno bruto, han perdido respectivamente tres puntos en el último decenio en favor del crecimiento de los servicios financieros y de la construcción. Colombia en esta situación no tiene ningún motor de crecimiento visible claro para poder abordar o enfrentar la competencia externa en los próximos años. Uno de los problemas centrales es que no solo no hay proyectos productivos sino que no hay las condiciones político-económicas y sociales para la construcción tan siquiera de un verdadero mercado interno. Obviamente, aún en globalización, es fundamental avanzar en la construcción del mercado interno.
En segundo lugar, la crisis social del país no tiene precedentes por lo menos desde que se cuenta con estadísticas claras. En los noventa y en medio de la apertura, Colombia avanzó en el gasto social a tal punto que hoy el gasto social es más o menos el 17% del PIB (que es el doble del inicio de los noventa), sin embargo, las necesidades sociales en Colombia han aumentado más que proporcionalmente a ello y esto exige, dentro del marco del estado social de derecho, una profunda reconfiguración de la administración pública y de la gestión pública, obviamente de las prioridades públicas y de la gestión política de los intereses colectivos. En un panorama visual sobre Colombia en la presente década veríamos que Colombia no solo no podrá crecer a más de tres puntos porcentuales al año, lo cual implicaría en el mejor de los casos la manutención del producto per cápita, sino que tampoco tal como está, podría tener la disponibilidad de recursos ni tampoco la voluntad política para avanzar en la resolución de algunos de los problemas sociales básicos.
Colombia como nunca antes se encuentra enfrentada a unos trade off fundamentales, políticos y económicos. A manera de ilustración: Colombia en medio de la agudización del conflicto armado ha tenido que aumentar crecientemente los recursos públicos para enfrentar el conflicto armado. En los últimos diez años la sociedad en su conjunto, la defensa, la seguridad, y la seguridad ciudadana, ha triplicado el esfuerzo respecto al producto interno bruto. Quiere decir que actualmente Colombia, la sociedad colombiana, le dedica más de ocho puntos por ciento del PIB para financiar la fuerza militar, las fuerzas policiales, y todo este innumerable andamiaje de seguridad privada legal en el país. Si se suma lo que la sociedad paga directa e indirectamente a lo legal e ilegal, diríamos que la sociedad gasta hoy igual en seguridad que en gasto social, lo cual plantea en medio de la agudización del conflicto serios problemas de economía política y de política propiamente dicha. Colombia se enfrenta como sociedad, entonces, en medio de la globalización, a los siguientes desafíos críticos.
Primero, avanzar a la construcción de una democracia. La democracia no solo se avanza con la configuración de derechos civiles y políticos, que de hecho son fundamentales. La democracia sólo es posible mediante la formación, construcción, y legitimación de ciudadanos. La ciudadanía solo es realmente actuante en la medida que disponga de las condiciones básicas para el desarrollo de sus libertades. Una sociedad como la colombiana, con los niveles de exclusión mencionados, es inviable para avanzar en la democracia social. En ese sentido, avanzar hacia un verdadero proyecto de estado social de derecho, implicaría para Colombia que la sociedad en su conjunto asumiera el reto de dedicar buena parte de los exiguos excedentes, a gastos sociales directamente relacionados no sólo con una función asistencialista del estado sino como una función promotora de derechos por parte del estado colombiano. Y quisiera hacer entonces, simplemente, un cuadro de contabilidad y aritmético para que vean qué tipo de problemas enfrenta el país en medio de la globalización. Colombia tiene hoy una de las estructuras tributarias con mayor regresividad de muchos de los países del tercer mundo, en dos sentidos: uno, no sólo la sociedad, o sea los que tienen disponibilidad de recursos, pagan lo suficiente porque el esfuerzo neto que hace la sociedad colombiana es menor que el promedio latinoamericano, sino que existe una serie de prebendas fruto de la estructura política del país que favorecen a menos de 150 grupos o personas naturales y jurídicas, con un monto de recursos hoy equivalente a lo que el país gasta en educación. Es decir que las prebendas altamente distribuidas que tiene la sociedad, que superan el 4% del PIB, van a un número muy reducido de grupos cuando simultáneamente, fruto de la precaria legitimidad e institucionalidad representativa del estado, la conducción de asuntos públicos y de recursos públicos en el país se ve agobiada seriamente por problemas de corrupción pero, más grave aún, por fallas en la administración del estado. De cálculos que se están elaborando en un proyecto de la Contraloría General se encuentra que hoy el país en hechos no abiertamente corruptos que es el caso menos frecuente, sino en casos de fallas de la administración de recursos públicos, fruto de una inadecuada regulación e institucionalización del manejo de recursos públicos a cargo de privados, estaría perdiendo más o menos cuatro puntos del PIB. O sea, que entre el esfuerzo tributario escaso que hacen los capitalistas, más las prebendas que reciben los capitalistas, más el uso indebido de recursos públicos, Colombia tendría más o menos la capacidad de abordar seriamente las funciones sociales básicas para estipular la universalidad y la gratuidad del acceso a servicios básicos de toda la población pobre del país.
El segundo elemento es el conflicto armado y la decisión política y social que ha de tomar el país para enfrentarlo, yo estoy hablando sólo de economía. Si Colombia decidiera seguir por la ruta de un progresivo robustecimiento de las finanzas y de la profesionalización y modernización de las fuerzas militares, en cinco años estaría gastando en seguridad, en total, alrededor de 15 puntos del PIB, lo cual sería absolutamente inédito e injustificable social y democráticamente. Por lo tanto, el conflicto armado hoy más que nunca, como no lo fue hasta hace tres o cuatro años, se ha convertido seriamente en un problema profundo financiero y en un problema de economía política inescapable al país. El país debería con mayor razón debatir este tema con mucha más claridad de la que tenemos.
Tercer punto: lo productivo. Colombia infortunadamente no sólo ha avanzado en una desactivación productiva que carece de motores para crecer, por lo tanto para competir, por lo tanto para distribuir, y por lo tanto para insertarse en el mercado mundial; no sólo adolece de esos motores, sino que fruto de los procesos de inestabilidad macroeconómica y de prebendas que ha habido tradicionalmente y en particular en la última década, está en unas condiciones de empobrecimiento aún mayores, que le impiden todavía avanzar en un proceso de modernización con mayor severidad. Sólo quiero mencionarles tres casos que evidencian cómo ocurre esto. Colombia hoy es un país que es inviable para garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad colombiana. Si Colombia quisiera avanzar en la seguridad alimentaria del país en términos razonables, tendría que hacer una profunda recomposición del ordenamiento territorial no sólo en propiedad de tierras, que no es quizá la única y más importante, sino que el setenta de la tierra cultivable hoy del país tendría que ser redistribuida entre usos y fuentes ya que gran parte del territorio está produciendo lo que no es apto para producir. En el país el 34% de su tierra cultivable está dedicada a la ganadería extensiva, en un alto porcentaje del narcotráfico y de grupos ilegales, en tanto que los productos, aquellos precarios con los cuales puede garantizar su seguridad alimentaria, está replegada sólo a las laderas de más baja productividad del pequeño campesino. Aquí hay un problema político, de seguridad nacional y social.
Colombia, dentro de esta estructura de precarización productiva y una creciente lejanía a la construcción de una verdadera cultura empresarial, tiene las siguientes características: no sólo la productividad laboral no ha subido como en otros países latinoamericanos, sino que se ha producido en el país un cambio profundo en la composición laboral por el hecho de que la economía se ha desviado de los sectores productivos a los sectores financieros perversos, y los pocos sectores productivos para poder competir, obviamente, tienen que aumentar la productividad, la mano de obra calificada, generando problemas estructurales en pobreza y desempleo. Todo lo anterior se ve reflejado en que la inversión extranjera, fuera de recursos naturales no sólo no ha sido importante y no lo va a ser, sino que fundamentalmente la inversión privada en el país viene sufriendo un deterioro estructural a través de las últimas décadas. Hoy día Colombia tiene los niveles de ahorro y de inversión más bajos de América Latina, por lo tanto es inviable pensar en un proyecto productivo de esta manera. El reflejo de ello es que Colombia es el país latinoamericano que tiene mejores accesos a los mercados mundiales y no los ha podido aprovechar. Colombia tiene un acceso abierto a los mercados europeos y estadounidense fruto de la lucha contra la droga y sólo el 18% de lo que exporta a esos mercados usufructa el ATPA, o las ventajas arancelarias, lo que delata y denota la incapacidad productiva del país. Y esto tiene que ver con algo fundamental: el reto de la construcción del ALCA, que es un paso más allá al perfeccionamiento de la globalización en el hemisferio americano, plantea un reto absolutamente inédito en la historia contemporánea, pues Colombia en las condiciones actuales no tiene la capacidad de aprovechar las oportunidades pero sí tiene los grandes riesgos de sufrir las desventajas del proceso.
El ALCA para Colombia implica perder las preferencias que Estados Unidos da unilateralmente para concedérsela a Estados Unidos sin ninguna contraprestación. En ese sentido el ALCA para Colombia no es sólo un proyecto comercial, no es sólo un proyecto de inversión extranjera, debiera ser comprendido como un proyecto fundamentalmente político, de lo contrario, Colombia frente al ALCA, tal como están las cosas, es uno de los países con mayores posibilidades de sufrir una "desinserción empobrecedora" en el hemisferio americano de no contar con otras instancias de índole política en la negociación.