Costo general.
Según un estudio del Departamento Nacional de Planeación y de la Corporación Invertir en Colombia (Coinvertir), la inseguridad figura entre los temas de principal preocupación para las empresas colombianas (Coinvertir, 2000). La inseguridad y la incertidumbre generalizada generan distintos efectos para la economía del país. En primer lugar, para protegerse, en todos los sectores los empresarios se ven en la necesidad de invertir en diversos servicios de seguridad y vigilancia. Según cálculos publicados en 2000, el tamaño de la inversión en seguridad de las empresas colombianas oscila entre 4 y 6 por ciento del presupuesto de las empresas (The Economist, 2000).
Otro efecto de la inseguridad es la fuga de capitales, un fenómeno masivo de retiro y traslado de inversiones y activos y cierre de cuentas bancarias que refleja un diagnóstico pesimista respecto a las posibilidades de generar rendimientos al capital invertido en el país. Según el presidente de la Bolsa de Bogotá, en Colombia la fuga ha alcanzado diez mil millones de dólares en los últimos cinco años (El Tiempo, 2003)[7]. Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reporta que más de un millón de colombianos abandonaron el país en los últimos cinco años (OIM, 2002; BBCNews, 2001; Forero, 2001). La mayoría de ellos son de clase media o alta y con elevados niveles de educación (Semple, 2001). Ello implica que el país está perdiendo una gran cantidad de capital social y financiero necesario para impulsar e invertir en la innovación y el desarrollo.
También, como consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre, los empresarios temen invertir y es difícil conseguir socios internacionales o atraer inversión extranjera. Ello se deriva en buena parte del alto costo que impone el riesgo país (correspondiente al pago de una suma adicional para compensar por el mayor riesgo de una inversión). Las calificaciones del riesgo colombiano emitidas por empresas calificadoras como Standard & Poors's se han mantenido alrededor de BB en una escala que va de AAA a C. Además de variables como tamaño del déficit fiscal y realización de reformas pensiónales, incide en su definición el costo para la inversión impuesto por el conflicto interno (El Tiempo, 6 noviembre 2002; Portafolio, de 6 noviembre de 2002).
Por otro lado, la destrucción de la infraestructura genera altos costos para la producción y la distribución de productos. Según datos de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) (citado en Echeverry, 2002), entre 1999 y 2001 se dinamitaron 654 torres de energía en Colombia (comparado con 211 en el período 1985-1998). Según datos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), entre 1999 y 2001 han sido derribados 38 puentes y 25 peajes como fruto de atentados. La consecuente interrupción del flujo eléctrico y del transporte, sumada al deterioro de la red de telecomunicaciones, ha afectado considerablemente el bolsillo empresarial (Portafolio, 30 enero 2002), pues deteriora los procesos de producción y distribución de bienes. En particular, los sectores afectados han sido el comercio, el transporte y el turismo. El caso de la compañía de transporte terrestre Expreso Bolivariano ilustra esta situación. La compañía ha tenido que interrumpir su servicio a ciertas regiones porque sus vehículos han sido objeto de quemas y retenes ilegales, situación que la ha llevado a la bancarrota (El Tiempo, 18 febrero 2002). Otra industria afectada por estas condiciones ha sido el turismo. Sumado a la drástica caída del número de visitantes extranjeros, el temor de los colombianos de caer en los retenes ilegales —las llamadas pescas milagrosas— si viajan por las carreteras del país así como los mayores niveles de inseguridad rural han representado grandes pérdidas para esta industria, reflejadas en bajos porcentajes de ocupación hotelera (El Tiempo, 14 agosto 2002; Asociación Hotelera de Colombia, 2002).
Finalmente, los analistas financieros recuerdan la importancia de considerar el costo de oportunidad que el conflicto impone a la actividad empresarial. Entendido como todo lo que se invierte para protegerse del conflicto y que podría ser utilizado en usos más productivos como innovación tecnológica o capacitación, o que se deja de invertir por temor a perderlo, el costo de oportunidad ha sido descrito por Badel y Trujillo (1998) como pérdidas de productividad, disminución de la inversión, deficiente asignación de recursos y aumento de los costos de transacción (ver también Corredor, 2001).
Costo específico o directo.
Sumado al costo general que impone una situación de conflicto interno a la actividad económica, una serie de costos se dirigen específicamente al sector empresarial. En primer lugar, Colombia es el país con el índice más alto de secuestros en el mundo: desde 1998, más de 3000 personas han sido secuestradas cada año (País Libre, 2002). Muchos plagiados caen en retenes ilegales en las vías del país (Dirección Antisecuestro, Policía Nacional, 2002). A pesar de que el espectro socioeconómico de personas "secuestrables" se ha ampliado considerablemente, los empresarios se encuentran entre las víctimas más frecuentes. Según datos de País Libre, de los 2253 secuestrados que van en el año 2002, quince por ciento son comerciantes, ganaderos, agricultores, empresarios e industriales[8]. Entre los empresarios, el grupo más golpeado son los comerciantes (63%), los ganaderos (20%) y los agricultores (16%). A la carga del secuestro se suma el boleteo, una forma de extorsión generalizada en el campo colombiano. Según cifras de Fedegán, gremio que representa el sector ganadero, uno de los más afectados por el conflicto, entre 1999 -2001 la extorsión le costó 299, 560 millones al sector, un uno por ciento del PIB sectorial (DAÑE, 2002; DNP, 2002; Portafolio, 26 de julio, 2001).
Otro costo directo del conflicto para los empresarios se deriva de la llamada ley 002, un mecanismo ingeniado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que "grava" a los patrimonios mayores de 1 millón de dólares por una cantidad que oscila entre el 5% y el 10% de su patrimonio (FARC-EP 2000). Desde la promulgación de la medida, en marzo de 2000, hasta abril del 2001, las FARC lograron recaudar más de 408 millones dólares (Reyes, 2001).
Además de este gravamen ilegal los empresarios han destinado más de 1.6 billones de pesos en diversas formas de impuestos para financiar el gasto militar del estado colombiano en los últimos ocho años, según datos del Consejo Gremial. En 1997, el gobierno de Ernesto Samper adelantó una emisión de bonos de paz que debían adquirir los contribuyentes con un patrimonio líquido superior a 150 millones de pesos. Con ese mecanismo se recaudaron 412.000 millones de pesos. En 1998, el gobierno Pastrana creó los "bonos de solidaridad para la paz" (Ley 487 del 24 de diciembre de 1998) en los que los grandes contribuyentes (empresas y personas naturales con patrimonios superiores a los 210 millones de pesos colombianos o US$125.000 dólares) han tenido que invertir forzosamente un 0.6% de su patrimonio líquido (El Tiempo, 22 julio 2002).
A esto se suman los "bonos de guerra", incluidos en la propuesta de reforma tributaria del recién instalado gobierno de Álvaro Uribe para obtener dos billones de pesos para el rubro de defensa[9]. Esta nueva carga tributaria exige el pago del 1.2% de su patrimonio líquido a empresas e individuos con patrimonios brutos iguales o superiores a 169,5 millones de pesos. Si bien los empresarios han apoyado la nueva carga tributaria (La República, 25 febrero, 2002; Portafolio, 23 de agosto, 2002), su elevado monto y la posibilidad de su transformación en medida permanente han generado fisuras en el respaldo empresarial. Como resultado, el proceso de definición de la reforma tributaria ha estado marcado por negociaciones para lograr prórrogas y planes de pago, en las que participan incluso las empresas grandes (El Tiempo, 27 de octubre, 2002; Forero, 2002).
Si bien los diferentes costos recaen en sectores y tipos de empresas distintos (ganaderos y agricultores están más expuestos al boleteo mientras que la tributación de guerra afecta principalmente a las grandes empresas), la descripción anterior ilustra los diferentes aspectos de un entorno conflictivo de cuyas consecuencias negativas pocos empresarios pueden sustraerse. Las encuestas empresariales evidencian de qué manera el conflicto y sus distintas manifestaciones pesan en la percepción del sector privado[10]. Según una encuesta de opinión industrial conjunta, patrocinada por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en el año 2000, el 57.5% de los encuestados opinó que para mejorar el clima de inversión se requería mejorar la seguridad (Encuesta de opinión industrial conjunta, 2000). De 2000 a 2002 ha aumentado de 9.9% a 13.4% el número de industriales que mencionan el orden público como uno de los principales problemas de la industria (Encuesta de opinión industrial conjunta, 2000, 2002). Ilustrando el mismo patrón, la Encuesta de opinión empresarial de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) refleja un progresivo deterioro en las percepciones empresariales acerca de las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión.
No existe un solo indicador suficiente para evaluar el costo que el conflicto impone a los empresarios colombianos. De igual forma, el conflicto no afecta a todos por igual. Sin embargo, como los ilustran los párrafos anteriores, el costo del conflicto es real y sustancial. Ante este contexto, los empresarios colombianos han respondido de diferentes maneras, respuestas que serán objeto de la siguiente sección.
RESPUESTAS EMPRESARIALES AL CONFLICTO COLOMBIANO
Así como el conflicto armado nacional no ha recaído con el mismo peso ni de la misma forma en los empresarios colombianos, su respuesta tampoco ha sido uniforme. Las diferentes estrategias, resumidas en la Tabla 2, serán objeto de los siguientes párrafos.
Tabla 2Respuestas empresariales al conflicto colombiano
Pasividad.
Aún en condiciones de creciente deterioro del conflicto muchas empresas toman decisiones sin tener en cuenta esta causal y pueden ocuparse de variables tradicionales como "preferencias de los consumidores" o "tamaño y demanda del mercado". En palabras de Echeverri (2002: 319), ello reflejaría la "internalización de la violencia como un choque permanente sobre la economía". Para muchas empresas en esta situación, generar empleo y pagar los impuestos basta como contribución aceptable para la superación del conflicto.
Irse.
Una característica que distingue la reciente ola migratoria hacia el exterior —más de un millón de personas en los últimos años—, (OIM, 2002; BBCNews, 2001; Forero, 2001), es la elevada proporción de individuos con capacidad de ahorro e inversión. Muchos de ellos han sido empresarios que abandonan el país en reacción al riesgo y la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la atracción que puede ejercer, esta no es una opción para muchos. Para trasladar actividades a otro país, enfrentar la competencia y ser exitosos, los empresarios requieren atributos no comunes como movilidad, flexibilidad, capacidad de inversión internacional, capacidad tecnológica, conocimiento de las nuevas reglas de juego y del nuevo mercado. Muchos activos empresariales son altamente específicos al contexto nacional, poco móviles y dependen de un ámbito familiar para su desempeño. En consecuencia, irse puede ser una de las opciones menos factibles para los empresarios[11].
Lucrarse del conflicto (intencionalmente o no).
Como ocurre a nivel internacional, también en el nivel local colombiano ha surgido una lucrativa actividad que se nutre del conflicto. El caso más obvio es el de los fabricantes y distribuidores de armas y dotaciones militares, nacionales e internacionales, encargados de equipar un creciente número de combatientes. También ganan las empresas de vigilancia privada. En efecto, el número de compañías de seguridad en Colombia ha aumentado de 380 a 600 en seis años, mientras que el número de guardias privados ha subido a 140 mil de 93 mil. A su vez, la población de guardaespaldas se ha multiplicado por siete, para alcanzar 21.800. Según Badel y Trujillo (1998: 33-34), en 1980 había 17.096 personas vinculadas a la industria de vigilancia y seguridad privada, cifra que aumentó a 85.546 en 1987, reflejando un crecimiento promedio anual del diez por ciento. En tercer lugar, las empresas aseguradoras, que limitan la cobertura de riesgos asegurables y elevan las primas de acuerdo con la intensidad del conflicto, también han ganado. A pesar de ser ilegal, muchas potenciales víctimas de secuestro en Colombia están aseguradas contra este flagelo. En palabras del zar antisecuestro, "los seguros tienen un efecto inflacionario en el monto de los pagos de rescate" (Semple, 2001), ya que el seguro puede representar un incentivo perverso que redunde en el aumento del número de secuestrados y de los montos exigidos. Así, el conflicto ha generado una industria de profesionales administradores de crisis, que va desde los intermediarios free lance en la negociación de la liberación de los secuestrados hasta las empresas de seguridad (Semple, 2001; Lilly, 2000)[12].
Financiar paramilitares para protegerse.
En muchas zonas del país los empresarios han estado involucrados en la financiación de grupos de autodefensa paramilitar. Como respuesta a la presión ejercida por la guerrilla a través de extorsiones y destrucción de la infraestructura y ante la debilidad del estado para proteger la actividad productiva, muchos departamentos han visto crecer la presencia paramilitar. Ilustrando los nexos empresarios-paramilitares, la Fiscalía General de la Nación adelanta por lo menos dos procesos mayores contra empresas y empresarios involucrados en financiación de paramilitares[13]. Reflejando la creciente desaprobación de los Estados Unidos frente a la actividad paramilitar, en octubre de 2001 fueron canceladas las visas de empresarios vinculados a estos procesos.
Invertir en construcción de paz por medio de proyectos de desarrollo local.
Los empresarios adoptan estrategias diferentes en contextos parecidos. Es así como muchas empresas y grupos de empresas han comenzado a invertir en proyectos productivos o educativos locales con el fin expreso de superar el conflicto con base en esfuerzos impulsados desde lo local. El diagnóstico en el que se basan se resume en que los costos económicos que impone el conflicto son demasiado altos, que la paz duradera va de la mano del desarrollo, que los intereses empresariales de largo plazo dependen de la solución del conflicto y que la viabilidad de las otras alternativas (por ejemplo irse o permanecer pasivos) es limitada o indeseable.
La experiencia de la empresa Indupalma es quizá la iniciativa empresarial de desarrollo local y construcción de paz más divulgada. A mediados de los años noventa esta empresa productora de aceite de palma se vio enfrentada a una inminente bancarrota, fruto de las demandas sindicales, del cambio de reglas producto de la apertura comercial adoptada a comienzos de la década y del conflictivo contexto de la zona del Magdalena Medio en la que opera. En reacción a esta situación, la empresa se sometió a un profundo proceso de reorganización. Reestructuró sus operaciones en un sistema de cooperativas de trabajadores a quienes ofrece capacitación y créditos. Aunque enfrenta la creciente presión de grupos paramilitares, el experimento ha arrojado resultados positivos como el aumento de la eficiencia de la empresa, el mejor desempeño de las cooperativas y la disminución del número de homicidios en la zona (Fadul, 2001).
Otro ejemplo de iniciativa empresarial lo constituye Vallenpaz, fundada en el Valle del Cauca tras el secuestro masivo de los feligreses de la iglesia La María, en enero del 2000, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Bajo el liderazgo del ex alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, diversos líderes empresariales de la región se reunieron alrededor de un proyecto para estimular la inversión, otorgar créditos y préstamos para "construir paz" en las zonas de mayor presencia armada de los departamentos del Valle y Cauca. Implícita en la estrategia está la intención de apoyar y reconstruir instituciones estatales locales. Si bien los fundadores de Vallenpaz fueron en su mayoría empresarios vallecaucanos, hoy su principal pero esquiva fuente de financiación es pública (por ejemplo, el Fondo de Inversiones para la Paz (FIP)), e internacional (por ejemplo, el PNUD y la Unión Europea).
Finalmente, el Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá ha promovido un modelo de construcción de paz a través del desarrollo de capacidades gerenciales en la administración y la educación públicas de Bogotá. Compuesto por aproximadamente 140 presidentes de empresas, el Foro ha desarrollado una relación cercana de colaboración y consulta con la alcaldía convirtiéndolo en socio esencial para mejorar la calidad de la educación pública por medio de alianzas público-privadas. Hace tres años al interior del Foro se organizó un grupo de trabajo explícitamente dedicado al tema de la construcción de la paz por medio de la promoción de principios y técnicas para la resolución de conflictos en los currículos escolares y en las empresas. Sin embargo, celos institucionales no han permitido la consolidación de este proyecto.
Si bien esta muestra de iniciativas responde a situaciones locales diferentes, emplea medios distintos y ha escogido campos de acción diversos, comparte un interés en generar desarrollo local en respuesta a una situación de marginalidad local o regional que es percibida como causante o agravante del conflicto armado nacional así como del deterioro económico de la(s) empresa(s). En su mayoría, se trata de alianzas público-privadas, en las que la contraparte empresarial aporta tiempo, conocimiento, capacidad y know how, pero no capital. Todas estas iniciativas pioneras enfrentan el mandato de ser rentables a mediano o largo plazo y de arrojar resultados positivos para mantener el interés y el impulso de quienes participan. Como en otras actividades empresariales, la escala es determinante y la forma que adopten las iniciativas será clave para saber cómo va a evolucionar la relación entre sector privado y conflicto en Colombia.
Participar e incidir en conversaciones de paz.
Finalmente, con un ímpetu sin precedentes, los empresarios se vincularon a las conversaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y los grupos guerrilleros FARC y ELN. Hasta poco antes de la ruptura de los diálogos con las FARC, en febrero del 2002, el tema de la paz estaba de moda en foros, mesas, asambleas y otros eventos empresariales. En contraste con las anteriores estrategias, esta actividad ha estado marcada por el notable protagonismo de los gremios, organizaciones cuya función es representar intereses empresariales pero que no son em- presas per se[14]. A través de pronunciamientos públicos y comunicados de prensa, estas organizaciones se han convertido en interlocutores empresariales obligados en la discusión sobre el logro de la paz en Colombia. Así lo sugiere la asistencia de representantes gremiales a la primera audiencia pública convocada por la Mesa de Diálogo con las FARC en el Caguán y su participación como voceros en las principales reuniones de la sociedad civil que han enmarcado el proceso con el ELN, como la de julio de 1998 en Maguncia, Alemania, en la que se dio inicio formal al proceso, y la de noviembre de 2001 en La Habana, Cuba, en la que se le fijó un nuevo rumbo[15].
Sin embargo, la participación empresarial en las conversaciones de paz no se ha reducido a los pronunciamientos gremiales. También se manifestó desde el inicio de los procesos por medio de una gran influencia —más discreta pero no menos efectiva— en la posición del gobierno a través del equipo negociador. Es así como en ambos procesos importantes líderes empresariales fueron miembros del equipo negociador, consejeros y asesores directos del gobierno en la elaboración de su postura. En este sentido, cabe resaltar la actividad de la Fundación Ideas para la Paz, creada por un grupo de grandes empresarios en 1999 con el propósito expreso de contribuir tanto a la construcción de paz en el nivel regional como a las negociaciones entre las partes.
Los ejemplos reflejan un gran activismo empresarial en torno al logro de una solución negociada al conflicto. Sin embargo, no deben dejar la impresión de que la comunidad empresarial ha experimentado un vuelco masivo en favor de esa opción. Por el contrario, su relación con el proceso de paz ha sido pendular, oscilando entre la euforia y el pesimismo, combinando apoyo a una solución negociada con expresiones de gran escepticismo. Así, mientras las primeras declaraciones y acciones del entonces presidente electo Andrés Pastrana fueron recibidas con aprobación —llevando a la propuesta de financiar a la guerrilla como contraprestación a un cese al fuego— cuatro años más tarde los gremios se encontraban entre sus críticos más severos y eran partícipes de la cancelación del proceso. Así lo ilustró el homenaje a las Fuerzas Armadas que los gremios organizaron en simultánea nacional en agosto de 2001 (El Tiempo, 28 agosto 2001; 29 agosto 2001) así como el apoyo a los bonos de guerra que propuso el gobierno de Álvaro Uribe, elegido con el abrumador apoyo de los empresarios (El Tiempo, 1 julio 2002; Semana, 19 agosto 2002). Sin embargo, ese retorno a una posición más conservadora frente al tema de unas eventuales negociaciones puede ser temporal.
CONCLUSIONES
Como lo ha ilustrado este artículo, la comprensión de la economía política del conflicto armado colombiano demanda la consideración del sector privado en tanto actor que modifica y adapta su comportamiento a las posibilidades y limitaciones que impone el enfrentamiento. Frente al conflicto armado interno los empresarios colombianos han producido respuestas variadas que difieren en cuanto al campo de acción, al impacto esperado, la escala y el diagnóstico que las subyace. Las respuestas difieren también en cuanto al grado de activismo que implican y si son fruto de decisiones individuales (como la fuga o la pasividad) o colectivas. En particular, aquellas dirigidas a la superación del conflicto por medio de proyectos productivos regionales o por medio del apoyo a los esfuerzos de negociación se distinguen de las demás por representar esfuerzos de cooperación y coordinación entre varios actores empresariales. Sólo la última respuesta —apoyar las negociaciones de paz— incluye una significativa presencia gremial.
En buena medida, la diversidad de las reacciones empresariales frente al conflicto muestra cómo el mismo fenómeno afecta el contexto empresarial de manera distinta, generando un abanico de opciones de acción con impacto político y económico. De igual manera, la variedad de respuestas ilustra la heterogeneidad del sector privado nacional en cuanto a forma organizacional y capacidad de reacción y organización frente al conflicto.
Por consiguiente, este artículo tiene varias implicaciones para la literatura sobre las relaciones entre empresarios y política, en general, y sobre sector privado y conflicto, en particular. Por un lado, la variedad de la reacción empresarial colombiana subraya la necesidad de explorar el nivel doméstico y, en especial, las realidades regionales y locales, además de la dimensión internacional. En breve, el artículo ha destacado que conviene distinguir y explorar las opciones y estrategias de empresarios nacionales y de empresarios transnacionales en condiciones de conflicto.
Por otro lado, la enorme heterogeneidad en la reacción empresarial recuerda que es preciso cuestionar la existencia de algo parecido a "la" posición empresarial frente al conflicto. La rica gama de respuestas posibles no sólo ilustra los efectos variados del conflicto (una variable exógena) en los cálculos y estrategias empresariales, sino también apunta a la importancia de tomar en cuenta variables endógenas del empresariado —como pertenencia sectorial, tamaño y capacidad organizativa— para explicar sus respuestas específicas.
Finalmente, las distintas respuestas muestran que el sector privado puede ser parte del problema pero necesariamente tendrá que ser parte de la solución. Como lo reflejan varias de las respuestas empresariales, la necesidad de garantizar la viabilidad de las empresas en un entorno complejo puede conllevar a la profundización de los conflictos, como lo ha subrayado la literatura sobre sector privado y conflicto, pero también representa un incentivo poderoso para la vinculación de empresarios a distintos esfuerzos de construcción de paz[16]. En ese sentido, el artículo aporta conocimiento para identificar los potenciales interesados empresariales (stakeholders) de la construcción de paz en Colombia.
Quedan, sin embargo, por lo menos dos cuestiones importantes sin resolver: 1) ¿Por qué los empresarios escogen cada estrategia o combinación de estrategias? y 2) ¿cuál es la frecuencia o peso relativo de cada estrategia o combinación de estrategias en la suma del comportamiento empresarial frente al conflicto? Investigaciones en marcha[17] brindarán respuestas a estos interrogantes para ahondar en las motivaciones y condiciones específicas que llevan a preferir una estrategia o combinación de estrategias en el convulsionado contexto del conflicto colombiano.
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