El conflicto Cuba-Estados Unidos de América: Notas Para Una Reflexión en el Contexto de la Lucha Contra el Terrorismo.
Soraya Castro
Investigadora, Centro de Estudios sobre Estados Unidos, Universidad de la Habana Cuba.
es
La autora analiza el endurecimiento de la política estadounidense ante Cuba durante el gobierno de George W. Bush. así como la evolución de las relaciones bilaterales dentro del contexto de la lucha global antiterrorista. Dentro de esta discusión se destaca el fuerte contraste entre la política de mano dura del ejecutivo y la progresiva flexibilización en la posición de legisladores demócratas y republicanos ante la isla, así como la insistencia de la administración Bush de clasificar a Cuba como país terrorista a pesar de sistemáticas muestras de voluntad de parte del gobierno de Fidel Castro de cooperar en los esfuerzos antiterroristas.
relación bilateral Cuba- Estados Unidos, demócratas, republicanos. lucha global antiterrorista
The author analyzes the hardening of United States policy towards Cuba during the government of George W. Bush, as well as the evolution of bilateral relations within the context of the global war against terrorism. Within this discussion, the text highlights the contrast between the executive's hard-line policy and the progressive opening in the position of both Democrats and Republicans within the US. Congress, and the Bush administration's insistence upon classifying Cuba as a terrorist country, in disregard Of Fidel Castros systematic efforts to demonstrate the island's willingness to cooperate in counterterrorist efforts.
united States policy towards Cuba. democrats. republicans, global war against terrorism
82-99
01/06/2003
01/06/2003
Recibido: 04/05/2003; Aprobado: 18/06/2003.
Debido al innegable espacio geográfico, económico, político y cultural que comparten los Estados Unidos y Cuba, la necesidad de negociar temas de interés para ambas naciones resulta un Imperativo a mediano plazo, no solo por razones de seguridad, sino también por la existencia de una larga lista de asuntos pendientes entre los dos países que en algunos tienen una antigüedad de más de cien años.
El sentido común y las nuevas condiciones internacionales y domésticas existentes en ambos países señalan la exigencia de armonizar tanto los problemas regionales como los bilaterales, superando los simbolismos y la personalización de las políticas. Entre los primeros, a corto plazo, resultan políticamente viables y sabiamente practicables la concertación de esfuerzos en áreas como el terrorismo, la inmigración, el contrabando de personas, el narcotráfico y las ambientales y ecológicas.
A mediano plazo, sería sensato iniciar negociaciones entre Estados Unidos y Cuba en pie de igualdad, y partiendo de los principios establecidos por el derecho internacional, en materias de tipo más bilateral como: la solución del problema de las reclamaciones y contra reclamaciones de ambos gobiernos, el estado de la base naval de Guantánamo, el levantamiento de las sanciones económicas a la Isla, y por consiguiente, el restablecimiento de relaciones comerciales normales que abran un espacio para los lazos diplomáticos y consulares normales, entre otros.
Sin embargo, la administración republicana de George W. Bush, incluso antes de llegar al poder, había aceptado que en la plataforma partidista se hiciese referencia específica a Cuba calificando de "opresivo" al sistema cubano, y condicionando la normalización de relaciones "a la liberación a todos los presos políticos, legalización de las protestas pacíficas y la celebración de elecciones democráticas" (Rivera, 2000).
Incluir aspectos de condicionalidad en las futuras relaciones Cuba-Estados Unidos en la plataforma partidista no sólo constituyó una concesión a los congresistas republicanos de origen cubano, sino también un franco intento por comprar el voto cubanoamericano del estado de la Florida, único grupo latino con inclinación a votar por ese partido en el ámbito nacional. Finalmente, en las elecciones del 2000, en las cuales decisión de la Corte Suprema George Bush fue designado como el 43er presidente de este país, el estado de la Florida, el más disfuncional, demostraría su trascendencia electoral.
Una vez en la Casa Blanca, el gobierno de Bush ha mantenido hacia la Isla una fuerte retórica con un discurso "democratizador" equivalente al de la plataforma, y un inequívoco apoyo al bloqueo y al mantenimiento de la política de hostilidad que ha sido expresado por el propio Presidente, su Vice Dick Cheney, el Representante Comercial, Robert Zoellick, y el Secretario de Estado Colin Powell (Theyoung, 2001). Por su lado, la Asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, después de apoyar la posición de la derecha de Miami con respecto al niño Elián y declarar dudas sabre la legitimidad del envío humanitario de medicinas a Cuba, manifestó que "cualquier comercio (con la Isla) implicaría el fortalecimiento del régimen" (Financial Times, 2000), por lo cual se opone a variar el bloqueo.
En la política práctica, el Presidente designó en primer año de mandato un miembro de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNC-A), Mel Martínez, como Secretario de Vivienda y Asuntos Urbanos. Al mismo tiempo, y tratando de presentar a la nueva administración una pronta agenda sobre Cuba, la FNC-A empezó a movilizarse: a inicios de febrero del , y después de reunirse con la asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice y cabildear en beneficio de un notable antagonismo hacia la Isla, el presidente de esta fundación, Jorge Más Santos, inauguró la llamada "Embajada para una Cuba Libre" en Washington, inauguración que costó casi 2 millones de dólares (Boadle, 20001: 8; Rosenberg, 20001: A03). La idea, más allá de la propaganda y del toque sensacionalista, aumentó la presión a favor de las propuestas de la FNC-A tanto en el Ejecutivo como en el Congreso estadounidense.
Más Santos también aprovechó su presencia en Washington para exponer ante el Diálogo Interamericano el proyecto público que se plantea la FNC-A corto plazo (Rosenber, 2001). Éste contiene una línea de operación dirigida a robustecer el bloqueo y a aislar al gobierno cubano en la arena internacional, utilizando el tema de los derechos humanos como el factor cohesionador para combinar ciertas fórmulas aplicadas por la administración Reagan en Europa Oriental en la década de los ochenta.
En esta oportunidad también se mencionó la urgencia de designar dinero adiciona1[1] (Fazio, 2001) para "promover a la disidencia en Cuba, y a todo tipo de grupos y/o programas, alternativos al gobierno cubano, como desarrollo de bibliotecas autónomas, páginas de Internet, y portales de correo electrónico, instauración de institutos independientes para entrenar a los cubanos en las libertades de los trabajadores, creación de un programa de alimentos que evite el sistema de racionamiento en la Isla, todo con el propósito de desarrollar la sociedad civil, lo cual se apoyaría también con un fuerte componente tecnológico y con equipamientos" (Mas, 2001).
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, la lucha contra el terrorismo internacional ha ocupado un lugar de primer orden en la política exterior estadounidense. La administración Bush ha emprendido su cruzada contra el terrorismo retomando y actualizando una vieja lista —que data de 1982— de países "patrocinadores del terrorismo internacional". Mientras el gobierno estadounidense define tal rasero, es hora de preguntarse si Cuba debe permanecer en esa lista de estados terroristas.
Actualmente el gobierno cubano coopera con Estados Unidos en los temas de interdicción de cargamentos de drogas y cumple con los acuerdos migratorios, firmados entre ambos gobiernos en 1994 y 1995. Asimismo, Cuba ha ofrecido su colaboración en lo pertinente al enfrentamiento bilateral e internacional contra el terrorismo. El tratar de vincular al gobierno de Cuba con la actividad terrorista internacional, sin pruebas contundentes, menoscaba el afán estadounidense de enfrentar las amenazas reales, demerita la credibilidad de la guerra estadounidense contra el terrorismo y a la vez descuida temas legítimos que deben tratar los Estados Unidos y Cuba en lo concerniente al terrorismo.
Durante 43 años, la política estadounidense hacia Cuba se ha centrado en sanciones unilaterales económicas y se ha convertido en ejemplo excepcional del fracaso de dichas sanciones como vía de consecución de los fines políticos. Algunas de las sanciones, como las restricciones en la venta de alimentos y medicamentos a la isla, se derivan del hecho de que Cuba esté incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Los acontecimientos del ll de septiembre trajeron consigo una nueva evaluación de los lazos diplomáticos de Estados Unidos con el mundo. Sin embargo, las relaciones entre Washington y La Habana, turbulentas por más de cuatro décadas, se mantienen, en el mejor de los casos, empecinadamente inalteradas.
Funcionarios del gobierno de Bush señalan a Cuba como una de las pocas naciones del mundo que ''perdieron la oportunidad de unirse a la coalición internacional contra el terrorismo, decisión que" —aducen ellos— “aislará aún más a Cuba y consolidará su condición de estado infame” (Cason, 2001: 11). Sin duda, es urgente examinar la validez de esta acusación.
En la misma tarde del 11 de septiembre del 2001, el gobierno cubano oficialmente condenó claramente los ataques terroristas y emitió una declaración oficial que expresaba:
“…Debido a razones históricas, así como sobre la base de nuestros principios éticos, nuestro gobierno rechaza y condena enérgicamente los ataques dirigidos contra las instalaciones y expresa sus más sinceras condolencias al pueblo norteamericano por las dolorosas e injustificadas pérdidas humanas causadas por dichos ataques. En estos momentos de dolor, nuestro pueblo se une solidario al pueblo norteamericano y expresa su total disposición a colaborar…” (Departamento de Estado de la República de Cuba, 2001).
Además de ofrecer toda la ayuda médica y humanitaria a su alcance, el gobierno cubano ofreció su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que se hallaban en ruta hacia los Estados Unidos cuando la Agencia Federal de Aviación de ese país, por razones de seguridad, decidió cerrar el espacio aéreo estadounidense (Cawthorne, 2001). El 15 de septiembre, el gobierno cubano organizó una manifestación de miles de personas en condena a los ataques como muestra de solidaridad con el pueblo norteamericano (Bauzana, 2001). El 26 de octubre, el gobierno cubano ofreció oficialmente al gobierno de Estados Unidos su disposición de hacer entrega de 100 millones de tabletas de Cipro, antibiótico efectivo contra el carbunco (ántrax) y, el 12 de noviembre, ofreció equipamiento de bajo costo, fabricado en Cuba, para la detección de los gérmenes y la eliminación de las cepas de ántrax.
Estos gestos de solidaridad hallaron poco o ningún eco en la gran prensa de Estados Unidos, amén que tampoco fueron recibidos por la Administración de George W. Bush. Algunos periódicos y programas de noticias incluso omitieron a Cuba de la lista de naciones que les ofrecieron ayuda y sus condolencias a los ciudadanos norteamericanos en esas angustiosas horas.
Posteriormente, en un discurso, de fecha 22 de septiembre del 2001, al comentar el discurso del Presidente estadounidense ante el Congreso de su país, el jefe del Consejo de Estados y de Ministros de la República de Cuba, Fidel Castro expresó gran preocupación ante la perspectiva de una guerra abierta de Estados Unidos contra Afganistán, que él temía involucraría, como dijera el Presidente Bush, "todas las armas de guerra necesarias", y que reclamaría las vidas de más personas inocentes. El gobierno cubano declaraba así su negativa a la guerra de los Estados Unidos. en Afganistán [2], pero también se pronunciaba abierta e inequívocamente contra el terrorismo (Castro, 2001). Fidel Castro declaró: "Cuba, con la moral que le otorga ser el país que más ataques terroristas ha recibido (...) proclama que está contra el terrorismo y está contra la guerra", en respuesta la afirmación en blanco y negro del presidente Bush de que "están con nosotros o están con el terrorismo" (Castro, 2001).
En el citado discurso, Fidel Castro condenó categóricamente el terrorismo como un "fenómeno éticamente indefendible que debe erradicarse" (Castro, 2001). También aseguró que Cuba está dispuesta a 'cooperar con todos los demás países en la eliminación total del terrorismo" y añadió que "pase lo que pase, no se permitirá jamás que nuestro territorio sea utilizado para acciones terroristas contra el pueblo de Estados Unidos" (Castro, 2001). "Cuba no se declarará nunca enemiga del pueblo norteamericano sometido hoy a una campaña sin precedentes para sembrar odios y espíritu de venganza" (Castro, 2001). Resulta sugestivo que se haya prestado tan poca atención a las intervenciones hechas por el presidente Fidel Castro.
Cuando Estados Unidos. convocó a la formación de una coalición internacional de lucha contra el terrorismo, Cuba decidió dar prueba de su disposición total a través de las Naciones Unidas. En carta a Kofi Annan, secretario general de la ONU, Cuba le prometió total colaboración con las iniciativas de la organización dirigidas a eliminar el terrorismo. Desde entonces, Cuba ha ratificado las doce resoluciones de la ONU contra el terrorismo, aprobadas a raíz de los ataques del ll de septiembre (Wall Street Journal, 2001; Snow, 2001).
Aún más trascendental, y en el marco bilateral de las relaciones Cuba-Estados Unidos, el 17 de marzo del 2002 el gobierno cubano hizo pública una declaración en la que confirmó haberle entregado al jefe del Buró Cubano del Departamento de Estado, con fecha 29 de noviembre del 2001, un memorándum que contenía varias propuestas del gobierno de la Isla al gobierno de los Estados Unidos encaminadas a alcanzar acuerdos bilaterales. Este memorándum incluía propuestas referidas a la lucha contra la inmigración ilegal y el contrabando de personas, la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la elaboración de un programa de colaboración bilateral de lucha contra el terrorismo. Las propuestas habían tomado como patrón los acuerdos ya existentes con países europeos y caribeños en esas áreas.
El 12 de marzo del 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sección de Intereses de Cuba en Washington hicieron entrega oficial de tres notas diplomáticas a la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana y al Departamento de Estado en Washington, respectivamente, a los que se adjuntaban los textos de propuestas de los acuerdos sobre temas migratorios, la intercepción de estupefacientes y la lucha contra el terrorismo.
En carta a Kofi Annan, secretario general de la ONU, Cuba le prometió total colaboración con las iniciativas de la organización dirigidas a eliminar el terrorismo
Sin embargo, hasta inicios del 2003, la administración norteamericana no había mostrado interés ni siquiera por discutir las propuestas de acuerdos sugeridas por el gobierno cubano. Entonces, el 19 de marzo de 2002, Asa Hutchinson, antiguo jefe del Departamento de Lucha contra la Droga (DEA), le expresó su agradecimiento a Cuba, pero señaló que Washington continuaría la cooperación con Cuba en materia de lucha contra el narcotráfico de forma casuística. (Slevin, 2002) Añadió que el gobierno de Bush había decidido que la contribución, basada en intercambio de información a través de llamadas telefónicas y otros canales, proseguiría de modo informal. Se declaró, con razones más ideológicas que de seguridad nacional, que "el gran difiriendo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos descartaba cualquier acuerdo de envergadura en esos asuntos, mientras el gobierno liderado por Fidel Castro no mejorase su trayectoria en temas como la democracia y los derechos humanos" (Boadle, 2002). El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, manifestó que el gobierno cubano no había cooperado en una serie de casos que ameritaban el ejercicio de la ley, y declaró: el régimen demuestra la voluntad de trabajar de conjunto con nosotros en todas las esferas relativas al ejercicio de la ley, quizás entonces podríamos considerar una estructura más formal" (Boadle, 2002).
Al contrario de lo expresado por Boucher, Hutchinson, exjefe de la DEA, dijo que existieron varios casos en los que Cuba había cooperado, como en la deportación de fugitivos buscados por los Estados Unidos (Boadle, 2002). El caso más reciente fue la extradición en 1992 a los Estados Unidos de Rafael Miguel Bustamante Bolaños, fugitivo de una prisión de Alabama, donde cumplía sentencia por lavado de dinero y tráfico de cocaína; James Bell, acusado de tráfico de estupefacientes en Washington y William Joseph Harns, acusado del abuso sexual de un niño en Georgia (Snow, 2002). Más adelante, en abril del 2002, Hutchinson declaró en una alocución ante la Heritage Foundation que la limitada cooperación con Cuba en la intercepción del tráfico ilegal de drogas por mar era positiva.
Por otro lado, el envío de los llamados "combatientes enemigos" o prisioneros de guerra capturados por Estados Unidos en Afganistán a la disputada base naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, y la consiguiente cooperación del gobierno cubano, podrían haber marcado una dinámica de coexistencia imprevista en las relaciones bilaterales. La base naval, bajo jurisdicción de los Estados Unidos desde la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana de 1898 y reducto aislado de la Guerra Fría desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ha sido un punto de divergencia histórica, política y militar entre los dos países. Sin embargo, Cuba optó por evitar un enfrentamiento en relación con el uso de ésta como campamento de prisioneros, El cuidadoso manejo por parte del gobierno cubano ante la decisión unilateral estadounidense de utilizar la base naval de Guantánamo como campamento de prisioneros pudo haberse considerado como un ejemplo de lo que podría ser una tendencia inusual de cooperación discreta y diplomacia positiva entre las dos naciones.
El General Raúl Castro Ruz, Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, dijo el 19 de enero de 2002 que se podía apreciar en los últimos años un clima de respeto mutuo y cooperación alrededor de la Base Naval de Guantánamo, aunque admitió que éstas eran relaciones "impredecibles" (Castro, 2002). En opinión de Raúl Castro, Cuba no sólo no se oponía al envío de prisioneros a Guantánamo, sino que también estaba dispuesta a brindar asistencia médica en caso de que fuese necesario. Raúl Castro añadió que tras varios decenios caracterizados por la tensión a todo lo largo del perímetro de la base militar de los Estados Unidos, en la década de los noventa se presentó una ligera mejoría de las relaciones en la zona, incluidas las comunicaciones habituales entre los militares estadounidenses y cubanos (Castro, 2002), Raúl Castro expresó: ''Esta cooperación mínima es una muestra de lo que podría suceder en otras tantas esferas," cuando comentaba que este nuevo clima de colaboración se podía extender a la lucha contra las drogas y el terrorismo, temas en los que Cuba difiere de los Estados Unidos sólo en relación con los métodos.
Finalmente, también agregó: "estamos lis. tos para cooperar en todo cuanto sea posible" (Castro, 2002).
Sobre el pragmatismo de la decisión cubana en lo concerniente al uso por parte del gobierno de los Estados Unidos de la base de Guantánamo, vale la pena expresar que el gobierno cubano conoce las sutilezas de las leyes estadounidenses y de las internacionales, y comprende que no hay otro lugar en el mundo que le brinde a los Estados Unidos autoridad sobre los prisioneros de la guerra de Afganistán y a la vez los prive de los derechos jurídicos que generalmente tienen los detenidos en el territorio estadounidense, en la medida que legalmente la base es “territorio cubano bajo jurisdicción norteamericana”.
Resulta irónico que el gobierno de los Estados Unidos, por decisión unilateral, haya enviado prisioneros acusados de terrorismo a Guantánamo, que es territorio en disputa con Cuba, país considerado por el Departamento de Estado como patrocinador del terrorismo. Conforme al pronunciamiento de Donald H. Rumsfeld, secretario de defensa, la base naval de los Estados Unidos en Cuba era "de los peores, el mejor lugar para retener a los prisioneros de la guerra de Afganistán" (Seelye, 2002).
A inicios del 2002, se produjeron toda una serie de declaraciones por parte de la administración Bush para tratar de descartar las especulaciones sobre la probable mejoría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El 28 de enero de 2002, Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado declaró que Cuba "no había tomado ninguna de las medidas necesarias para hacer posible la mejoría de los lazos " (Gedda, 2002). Después en febrero, Vicki Huddleston, ex jefa de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba indicó que Washington agradecía la posición de Cuba en relación con Guantánamo, pero que "el problema era que en Cuba no habían ocurrido cambios radicales" (Snow, 2002), alusión que minimizó la posición de Cuba respecto a la disposición de colaborar en la lucha contra el terrorismo, para exaltar la necesidad de los cambios en el sistema político y económico cubanos. En la misma línea, el 6 de febrero el secretario de Estado, Colin Powell, declaró en el Congreso que la política de EE. UU hacia la isla se mantenía inalterable (EFE, 2002).
James Carragher, excoordinador de la Oficina Cuba en el Departamento de Estado caracterizó el hecho de que Cuba aceptara que los Estados Unidos mantuviera "prisioneros de guerra" (combatientes enemigos) de Afganistán en la disputada base naval de Guantánamo como "una ofensiva de flirteo de Fidel Castro...con el gobierno de los Estados Unidos". Por su lado, Adolfo Franco, cubanoamericano que trabajaba para la representante por el Estado de la Florida Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), y quien fuera designado jefe de la Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional para América Latina y el Caribe, denominó las medidas tomadas por la Habana como "intento de acercamiento superficial" (MacSwan, 2002).
El gobierno de Bush intensificó su retórica con un discurso acusatorio el 6 de mayo, en vísperas de la visita a Cuba del expresidente estadounidense Jimmy Carter. En una alocución ante la Heritage Foundation, John Bolton, subsecretario de Estado para el control de armas y la seguridad internacional, dijo que los Estados Unidos creían que "Cuba llevaba a cabo como mínimo una investigación limitada y un esfuerzo de desarrollo de armas biológicas ofensivas" (Bolton, 2002:1/8).
El hecho de que Washington incluyera a Cuba en la lista de presuntos promulgadores de armas de destrucción masiva fue quizás un intento de recabar apoyo interno para la guerra contra el terrorismo al llevar la amenaza más cerca del país y ubicarla en un territorio conocido, con un enemigo conocido. En un discurso titulado "Más allá del eje del mal" John Bolton declaró que "Cuba había proporcionado técnicas de biotecnología, que podían tener un doble uso, otros estados proscritos. Nos preocupa que esta tecnología sea para apoyar los programas (de armas biológicas) en esos estados" (Bolton, 2002: 1/8).
Todo el asunto se tornó tan extraño y grave, —las armas biológicas son un asunto extremadamente serio— que Bolton, subsecretario de Estados fue invitado el 5 de junio del 2002 a explicar sus comentarios ante el Subcomité de Relaciones Exteriores para América Latina del Senado. No obstante, Colin Powell, secretario de Estado, envió a otro funcionario, Carl Ford, secretario de Estado adjunto. Powell consideró que Ford era testigo de mérito porque, en su rol de jefe del Buró de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado, podía analizar las pruebas del gobierno concernientes a las actividades cubanas.
Carl Ford, tal y como había hecho con anterioridad el 19 de marzo de ese año ante el Comité de Relaciones Exteriores, explicó a los senadores estadounidenses que Cuba había ''desplegado un esfuerzo limitado de desarrollo e investigación de armas biológicas ofensivas" y no un "programa" de armamentos de gran escala y que "estaba muy lejos de ser la preocupación número uno de los funcionarios políticos estadounidenses encargados de darle seguimiento a programas hostiles de armas biológicas en el mundo" (Subcomité de Relaciones Exteriores, 2002).
Cuando el 21 de mayo el Departamento de Estado hizo público el informe anual "" Patrones del Terrorismo Global", Cuba apareció en la lista de "estados patrocinadores del terrorismo" y no se mencionó ninguna de las acusaciones que vincularan a la Isla con armas de destrucción masiva (Departamento de Estado, 2002). Según el Departamento de Estado, Cuba se encontraba en la lista para el 2002 porque[3]:
Permite que al menos 20 miembros vascos de ETA residan en Cuba. Hay separatistas vascos que viven en Cuba como resultado de un acuerdo entre el gobierno de Felipe González y el de La Habana en 1984. El actual gobierno español, por su parte, no ha hecho nada por extraditar a ninguno de los vascos que hoy viven en Cuba.
Varios fugitivos de la justicia estadounidense viven en Cuba desde finales de los sesenta y principios de los setenta, la mayoría vinculados al movimiento de las Panteras Negras. No existe Tratado de extradición entre Cuba y los Estados Unidos.
Brinda amparo y apoyo a miembros de las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cuba tiene contacto con las guerrillas colombianas y ha facilitado reuniones entre ésta y el gobierno colombiano para buscar una solución pacífica la guerra civil de 38 años que azota a ese país. El gobierno cubano, por solicitud de Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, y del actual mandatario, Álvaro Uribe, ha servido como "facilitador" del difícil proceso de paz en Colombia.
El otro argumento nuevo, hecho de forma muy imprecisa, como si se quisiera despertar dudas en lugar de aclarar hechos, es el que expresa que ''un vocero cubano reveló que Niall Conolly, representante oficial del Sinn Fein para Cuba y América Latina, vivió en Cuba durante cinco años" (Landau y Smith, 2001). Conolly fue uno de los tres miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) detenidos en Colombia por sospecha de brindar entrenamiento a las FARC en el uso de explosivos en el 2001, En agosto de ese año, el gobierno cubano hizo una declaración oficial que afirmaba que Niall Conolly había salido de Cuba y regresado a Irlanda.
El 20 de mayo, 2002, el Presidente George Bush reveló lo que se dio a conocer como la "Iniciativa para una Nueva Cuba". La medida que en vez de tomar en cuenta los intereses de política exterior, tuvo más que ver con complacer a sectores de extrema derecha de la comunidad cubana, trataba así de consolidar el apoyo al Presidente y a su hermano, el Gobernador Jeb Bush, sujeto al proceso electoral del 2002. El presidente Bush afirmó que trabajaría para restaurar el servicio de correo directo, cancelado por los Estados Unidos en 1962. La restauración del correo fue ordenada por el Congreso en 1992, pero no se han a cabo negociaciones sobre el particular entre los gobiernos de Cuba y el de EE. UU. Bush dijo además que quería abrir "becas universitarias para estudiantes cubanos y los hijos de los presos políticos" y que quería ampliar un programa, autorizado por el Congreso por primera vez en 1996 con la Ley Helms-Burton, "para brindarle asistencia a los disidentes cubanos, radicados en la isla, a través de organizaciones religiosas y no gubernamentales" (DeYoung, 2002).
En virtud del plan de Bush, "Cuba debía celebrar elecciones libres, permitir que los partidos políticos se organicen y conduzcan campañas electorales, liberar a todos los presos políticos y abrir la economía al capitalismo" (DeYoung, 2002). La "Iniciativa para una Nueva Cuba" se derivó de una llamada revisión de política hacia la isla, la cual comenzó en enero del 2002. En esencia, lo que el Presidente hizo fue entronizar medidas que desde hacía mucho tiempo eran política presidencial o actos de derecho estadounidense. Bush dijo además que vetaría cualquier nueva propuesta que implicase la posibilidad de ampliar el comercio o que refrendara el levantamiento de la prohibición de viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
La retórica de Bush estuvo dirigida puramente a seducir a un sector de los votantes cubanoamericanos de la Florida que fueron valiosos en el éxito de la reelección de su hermano en los comicios de noviembre del 2002 y, debe decirse, serán vitales para el propio Presidente a los efectos de su reelección en el 2004.
Desde 1999, el Congreso de los Estados Unidos ha tratado de reformar la política hacia Cuba. La ley más importante que se ha aprobado hasta el momento ha sido la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Fomento del Comercio (TSRA) del año 2000. Como se mencionó, por primera vez en más de cuarenta años esta ley autorizó la exportación comercial directa de productos alimentarios y agrícolas en virtud de procedimientos de licencia expedidas por los Estados Unidos a entidades estatales de la República de Cuba, sobre la base de pagos en efectivo o con el financiamiento de una entidad de un tercer país.
Con miras a rescatar el espíritu inicial de las enmiendas Nethercutt-Ashcroft del 2000, el lenguaje para eliminar las restricciones al financiamiento de las ventas de alimentos y medicinas estadounidenses a Cuba hizo su aparición a fines de 2001 en la versión del Senado del proyecto de Ley de Asignaciones para la Agricultura (S. 1731). El 18 de diciembre, el Senado de los Estados Unidos, en una votación de 61 votos contra 33, derrotó el intento de los Senadores Bob Smith (R-New Hampshire) y Robert Torricelli (D-New Jersey) de aumentar las restricciones al financiamiento de las ventas de alimentos y medicinas a Cuba.
El 13 de Febrero de 2002, el senado aprobó el proyecto de Ley de Asignaciones para la Agricultura que empleaba un lenguaje significativamente positivo respecto a la venta a Cuba de alimentos y medicinas. Esta versión del proyecto de Ley de Asignaciones para la Agricultura preveía permitirle a la banca privada estadounidenses financiar las transacciones de alimentos y medicinas a la Isla. La versión de la Cámara de Representantes de ese proyecto de ley no hacía mención a las disposiciones sobre Cuba y, a fin de cuentas, la versión final de la Ley de Asignaciones para Agricultura, negociada por los legisladores de ambos hemiciclos congresionales no incluyó la cláusula que habría suavizado el bloqueo económico al permitir el financiamiento privado de las ventas de alimentos a Cuba.
Por otro lado, el 21 de marzo del 2002, oficialmente se fundó el Grupo de Trabajo sobre Cuba del Congreso (Cuban Working Group), cuyo propósito básico radica en la modificación de la actual política hacia Cuba a través de un cuestionamiento sobre las restricciones de Viajes y sobre las limitaciones existentes respecto a las exportaciones de productos agrícolas a la Isla. Este grupo de carácter bipartidista, compuesto por 23 demócratas y 23 republicanos de la Cámara de Representantes también condujo su propia revisión de la política hacia Cuba, la cual se dio a conocer el 15 de mayo, y entre otros aspectos expresaba:
"La política hacia Cuba no tiene apoyo del público norteamericano, ni del Congreso, ni de la comunidad internacional, y lo que es aún más importantes ni a lo interno de Cuba...Después de cuatro décadas, el embargo de Estados Unidos ha fracasado en producir una reforma sustantiva de tipo político o económico en Cuba" (Grupo de Trabajo sobre Cuba, 2002).
En su informe, el Grupo de Trabajo sobre Cuba del Congreso propuso que:
Sea revocada la prohibición de viajes a Cuba;
Se autorice la exportación normal y no subsidiada de productos agrícolas y médicos;
Se eliminen las restricciones respecto al envío de remesas;
Se anule Ja Ley Helms-Burton;
Se revoque la sección 211 de la Ley de Asignaciones Fiscales de 1999 (PL 105-277), la cual previene a los Estados Unidos a aceptar pagos por las licencias de mareas registradas que hayan sido otorgadas en relación con negocios o activos en Cuba, previamente confiscados, a no ser que el dueño original de la marca registrada haya otorgado su consentimiento;
Se expanda la cooperación entre Cuba y Estados Unidos en temas de seguridad.
Tales propuestas se combinaron con una activación de viajes durante todo el 2002 de congresistas, senadores, gobernadores y miembros de diversos grupos de pensamiento. Esto además se combinó con la primera venta directa al contado en cuarenta años de productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba. Lo anterior tuvo lugar como resultado de la decisión del gobierno cubano de comprar sectores de negocios en Estados Unidos productos agrícolas para ayudar a palear las reservas de emergencia del estado que habían sido utilizadas para ayudar a la población cubana a recuperarse de los estragos que dejara el huracán Michelle en noviembre del 2001.
Durante el 2002 se dio un dinámico debate en el Congreso en donde se estaban promoviendo estipulaciones legislativas para transformar la política hacia Cuba, particularmente en lo concerniente a las limitaciones de viales, las remesas, y la posibilidad de realizar transacciones de productos agrícolas con financiamiento privado de Estados Unidos a la Isla.
Los cubanoamericanos de extrema derecha habían comenzado a perder influencia en la formulación de la política norteamericana, con la erosión del apoyo conservador tradicional. Desde 1997, éstos se vieron afectados por el vacío de liderazgo ocurrido después de la muerte del presiden te de la FNC-A, Jorge Mas Canosa y en el verano del 2001, la FNC-A oficialmente se dividió después de una fuerte crisis interna. La ruptura fue vista corno ideológica y generacional, y la escisión tuvo en la superficie motivos dé críticas, concentradas en los liderazgos del presidente Jorge Mas Santos, el magnate de negocios hijo de Jorge Mas Canosa y de Joe García. Ambos habían intentado mejorar la imagen pública de la FNC-A después del descalabro que ésta sufriera dada sus posiciones intransigentes durante la crisis del niño balsero Elián González.
A pesar de lo anterior, la FNC-A todavía cuenta con la capacidad de ejercer presión dentro de los círculos de poder estadounidenses. En el Congreso, la FINC-A es todavía la institución más oída e influyente que cabildea sobre la política hacia Cuba y aún tiene un peso significativo en el diseño de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Este esfuerzo, sumado la presencia de tres activos legisladores cubanoamericanos, tradicionalmente ha coadyuvado al monopolio en la conformación de la política hacia Cuba. Sin embargo, después de la crisis del niño Elián González, esta exclusiva quedó socavada con la presencia activa de otros sectores que, por diversas razones, abogan por un cambio en la política hacia Cuba.
El imperativo de transformar el estado de las relaciones Cuba-Estados Unidos estaba siendo discutido desde mediados de la década de los noventa en círculos políticos y por grupos de diferentes intereses, que con anterioridad no estuvieron involucrados de manera activa en el diseño de política hacia Cuba. Pero durante y después de la crisis de Elián González, éstos empezaron a tomar preponderancia en la medida que la problemática cubana tomó un interés nacional, humanizando el rostro de la Isla. Como dijeran Lisandro Pérez y Guillermo Grenier en su libro "El Legado del Exilio" (2003), "…de pronto, el resto de Estados Unidos, que previamente poco se había preocupado por Cuba, estaba prestando atención a la Isla y a los cubanos de Miami".
Un buen ejemplo de esta tendencia fue la organización de la Cumbre Nacional sobre Cuba, celebrada en Washington D.C. el 17 de septiembre de 2002, que precedió al Día cubanoamericano por Cuba. Entre los oradores se encontraban Charles Wilhelm, general retirado, quien anunció que no existía razón alguna para considerar a Cuba una amenaza a la seguridad estadounidense. También asistieron los senadores Chuck Hagel, Christopher Dodd y Byron Dorgan, los representantes Jeff Flake, George Nethercutt y Maxine Waters, y delegados de un sorprendente rango de profesionales, académicos y del sector comercial, Uno de los grupos patrocinadores fue Americans For a Humanitarian Trade With Cuba (AHTC- Americanos por un Comercio Humanitario con Cuba) a cuyo amparo se vinculan nombres como David Rockefeller, Coors, Arthur Schlesinger, Lloyd Bentsen, y el Consejo Nacional de Iglesias.
Con anterioridad, el 28 de marzo del 2002, distintos grupos de cubanoamericanos aunados en una coalición llamada "Llegó la hora de reevaluar la política estadounidense hacia Cuba" organizaron una conferencia en el Hotel Biltmore de Miami a la que asistieron cerca de 250 personas y se convirtió en un hito político, al tener lugar en el tradicional espacio político de los cubanoamericanos de extrema derecha y retar allí sus posiciones intransigentes en relación con Cuba. Nunca antes se habían reunido tantos activistas cubanoamericanos en el corazón de Miami para expresar su oposición al embargo comercial de 43 años contra Cuba. A este grupo se unió una prestigiosa procesión de antiguos y actuales legisladores, exembajadores, exmilitares de alto rango, ejecutivos empresariales y académicos. Entre los argumentos de análisis estuvieron las restricciones a las ventas de alimentos y medicinas, cómo los Estados Unidos se beneficiarían con el levantamiento del embargo, las perspectivas de la colaboración entre los Estados Unidos y Cuba en la guerra contra los estupefacientes y el terrorismo y cómo la Ley Helms-Burton afecta en su cotidianidad a los cubanos que viven en la isla.
Del mismo modo resultó sugerente que durante las elecciones de medio término del 2002, por primera vez en la historia política del Sur de la Florida, una candidata cubanoamericana no utilizara la hostilidad hacia Cuba como centro de su campaña electoral. De origen cubano, Annie Betancourt, candidata demócrata que se postuló y perdió contra Mario Díaz-Balart por el nuevo distrito 25, en carta abierta dirigida al Miami Herald describió la política estadounidense hacia Cuba como "un fracaso lamentable" (Betancourt, 2003). Con Mario Díaz-Balart, hermano de Lincoln Díaz-Balart, ahora electo congresista son cuatro los representantes de origen cubano en la cámara baja.
Mientras que en el Congreso se procuran acciones para garantizar la ampliación del comercio con el levantamiento de las restricciones a las ventas a Cuba y la prohibición de viajar a la Isla, el Presidente George W. Bush sostiene su política de hostilidad hacia Cuba. Sin embargo, el ejecutivo ha conservado líneas de continuidad de la política de la administración Clinton de forma muy pragmática, más allá de su retórica, las cuales han sido duramente criticadas por la línea más derechista de la comunidad cubana en el sur de la Florida. Desde su llegada a la Casa Blanca, George W, Bush ha suspendido en cuatro ocasiones la posible ejecución del capítulo III de la Ley Helms-Burton [4] . Esta autoridad presidencial fue ejercida por Clinton nueve veces. Al mismo tiempo, la administración Bush ha aceptado la restricción ejecutiva emitida por Clinton de la entrada de barcos y aviones de propiedad estadounidense en espacios cubanos, a no ser que sean previamente autorizados por la Guardia Costera, lo cual tiene como fin evitar "incidentes" o "accidentes" entre los dos países, que pongan en peligro las ya frágiles estructuras de seguridad en las relaciones Cuba-EE. UU.
En relación con estas posiciones pragmáticas del actual gobierno estadounidense, Ros-Lehtinen en carta dirigida a la Casa Blanca expresó su desacuerdo Con lo que consideró una falta en la observancia de la Ley de Estados Unidos respecto al embargo sobre Cuba", y solicitó "aumentar las presiones" en esa dirección. Entre otras, la congresista de origen cubano destacó su preocupación referente a la interpretación, diseñada por la administración Clinton, y aceptada por Bush, de lo que se conoce como ''política de pies mojados y pies secos" (Lorente, 2003). Esta autoriza a los emigrantes cubanos que logran pisar territorio estadounidense quedarse allí, mientras que aquellos que son interceptados en el mar se envían de regreso. Tal práctica también ha sido criticada por el gobierno cubano por considerarla violatoria de los Acuerdos Migratorios de 1994 y 1995.
Implícitamente, si el Congreso aprobara proyectos de ley que refrendasen una reversión total o parcial del bloqueo o eliminará las restricciones a los Viajes, Bush tiene derecho al veto y tendrá puesto los ojos en el poderoso cabildeo cubanoamericano de la Florida contra Cuba que demostró ser esencial en su elección y en la reelección de su hermano como gobernador en el 2002. Una de las formas a través de las cuales Bush premió a este sector de la comunidad cubana fue nombrando a varios de ellos en posiciones claves dentro de la formulación de la política hacia Cuba.
Ejemplo de esto lo constituyó el inicial nombramiento en el 2001 de Otto Reich cubanoamericano con estrechos vínculos con el Presidente y con Jeb Bush, antiguo empleado de la Bacardí, y critico acérrimo de Cuba, como Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. El senador Christopher Dodd, entonces jefe del Subcomité del Senado para Asuntos del Hemisferio Occidental, rehusó programar una audiencia de confirmación para Otto Reich y escribió en una carta al Wall Street Journal las causas por las cuales consideraba que él no ameritaba sustentar el cargo para el cual había sido nombrado:
"...Considero que el Sr. Reich carece de buena capacidad de administración, juicio sano, la debida sensibilidad ante potenciales conflictos de interés, carece de la confianza de otros gobiernos de la región y de la capacidad de salvar las divisiones bipartidistas en el Congreso, de modo que los Estados Unidos hable con una sola voz en asuntos relacionados con la América Latina" (Dodd, 2001).
Dada la negativa de confirmar el puesto de Reich por el Senado, el Presidente se vio forzado a nombrarlo temporalmente (recess appointment) haciendo uso de sus prerrogativas, cuando el Congreso suspendió actividades en el primer año del 107 período de sesiones legislativas, Reich se mantuvo como Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental por 11 meses, y al concluir el período de sesiones legislativas su nombramiento quedó sin efecto.
Después de las elecciones parciales del 2002 y con los republicanos en mayoría en las dos cámaras legislativas, se detuvo finalmente la nominación de Otto J. Reich para Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental por la falta de apoyo por parte de Senador republicano Richard G. Lugar, nuevo Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien le explicó a los funcionarios de la administración que la designación de Reich carecía de apoyo bipartidista.
Como carta negociadora, Bush nombró a Reich en el cargo de enviado especial para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, puesto que no exige confirmación senatorial, y nominó para el cargo en el Departamento de Estado a Roger E Noriega, embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos y anteriormente asistente de Jesse Helms (R-NC) en el Comité de Relaciones Internacionales del Senado. Su sustitución como Representante ante la OEA por John Maisto, quien fuera el asesor para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, podría implicar que Otto Reich capitalice un lugar de primerísimo orden en el diseño, formulación y aplicación de la política norteamericana en la región. El sucesor de Maisto, Thomas A. Shannon[5], al igual que Noriega, le permitirán a Reich dirigir básicamente aspectos sensibles de la política de la región como las relaciones entre México y Estados Unidos, la iniciativa regional andina contra las drogas, ciertos aspectos de la política hacia Cuba y temas de seguridad nacional en el Caribe.
Además de varios otros cubanoamericanos quienes han sido nombrados en cargos de responsabilidad, el resto de los funcionarios designados por el gobierno para atender los asuntos latinoamericanos son conservadores veteranos de las guerras en Centroamérica de la época de Ronald Reagan y George Bush. Entre los más notables se encontraba Elliot Abrams, antiguo secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, quien fuese declarado culpable dos veces de desinformar al Congreso durante el escándalo Irán-Contreras e indultado por el padre del Presidente Bush en 1992. Abrams era el asesor del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para asuntos de la democracia y los derechos humanos en los. dos primeros años de la Administración Bush hasta que pasó a ser el Asesor Principal en el CSN para el Medio Oriente en diciembre del 2002. John Negroponte, actual embajador ante las Naciones Unidas, ignoró las violaciones de los derechos humanos durante su mandato como embajador en Honduras.
Un Departamento de Estado y un Consejo de Seguridad Nacional compuestos de funcionarios políticos que trabajaron anteriormente en el recrudecimiento de las sanciones contra Cuba ponen al gobierno de Bush en una posición ventajosa a la hora de defenderse de los esfuerzos del Congreso por facilitar el comercio y reducir las restricciones a los viajes a corto plazo. Además de este desafío, existen otros factores que podrían complicar aún más un avance positivo en la política estadounidense hacia Cuba. A esto se le debe sumar la filosofía imperante desde el neoconservadurismo que implica la potenciación rápida y letal del poderío norteamericano en todas las áreas de proyección externa, la cual se combina con un reforzamiento defensivo del territorio continental de Estados Unidos, y bajo el cual se ha situado la atención de Cuba.
No obstante, representantes congresistas y senadores, asociaciones comerciales, iglesias, grupos humanitarios, académicos, sectores de la comunidad cubanoamericana e incluso algunos gobernadores, subrayan la irracionalidad de mantener una política que no ha traído los resultados esperados. Ellos señalan la necesidad de transformar el presente curso de relaciones bilaterales apenas existentes por el bien de los propios intereses políticos de los Estados Unidos. Aún está por probar la fuerza política de estos nuevos actores que abogan por un cambio de política.
Por el momento, el marco legal de Estados Unidos, es decir la Ley Helms-Burton y la codificación de todas las leyes, acuerdos ejecutivos y regulaciones administrativas, impide moverse en una dirección negociadora "hasta que se produzca un cambio de gobierno en Cuba" y lleven a la práctica toda una serie de mandatos estipulados por la ley norteamericana, al margen de los designios del pueblo cubano.
Para la mayoría de los cubanos en la isla constituye un valor fundamental la soberanía, la Independencia y, por tanto, la contradicción respecto al interés nacional cubano resulta insalvable frente a las pretensiones de reimplantar la dominación norteamericana en Cuba. Por ende, hay que avanzar con una voluntad negociadora e inteligente que tome en cuenta los intereses y seguridad de ambos países, así como la regional, su historia, y vocación independentista para tratar de encontrar fórmulas que, en vez de enturbiar más el camino, abran espacios de convivencia racional, a pesar del conflicto, en las relaciones Cuba Estados Unidos a inicio del siglo XXI.
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[1] Se dice adicional, pues desde la aprobación de la Helms-Burton hasta el año fiscal 2001, la Agencia para el Desarrollo (AID) de los Estados Unidos ha designado $15 millones de dólares, para "promover la transición democrática en Cuba".
[2] La posición contra la guerra se repite en el caso de Iraq.
[3] Para un estudio detallado que desmitifica las acusaciones del Departamento de Estado, véase: (Landau y Smith, 2001).
[4] El Capitulo III, bajo título de Protección de los Derechos de Propiedad de Americanos en el Extranjero, estipula establecer procedimientos por la vía judicial civil en las cortes norteamericanas para reclamar las propiedades confiscadas, Este resulta el más controvertido de rodos los capítulos por su carácter punitivo dirigido contra empresas de terceros países, franca violación de las normas del Libre Comercio, Técnicamente, el capítulo III entró en vigor el 1 de agosto de 1996, después que el Presidente Clinton decidió ponerlo en vigencia el 16 de julio. La Ley Helms-Burton dispone de una cláusula que le permitía al Presidente demorar la entrada en vigor de esa controvertida sección cada seis meses o dilatar aplicabilidad también por seis. meses en el caso que el Presidente firmara su entrada en vigor. El Capítulo III refrenda en esencia que los norteamericanos cuyas propiedades fueron nacionalizadas expropiadas después de 1959 podrán demandar a cualquier persona, compañía o estado extranjero que haya vendido, repartido o dispuesto de una propiedad sujeta a reclamación o haya comprado, recibido, poseído, obtenido el control, adquirido utilizado propiedad confiscada no sólo en Cuba sino en cualquier país del mundo.
[5] Thomas A. Shannon estaba ocupando el puesto aún sin ratificación, de Subsecretario adjunto para América Latina en el momento de su designación.