Estados Unidos y Venezuela: Una relacion necesaria
Carlos Romero
Carlos Romero es Profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
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El autor señala la victoria de Hugo Chávez y la puesta en marcha de un nuevo tipo de democracia como dos hitos que dieron viraje a la política exterior venezolana y en particular a las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. El activismo internacional presidencial, así como la política bolivariana hicieron que Venezuela pasara de ser un "socio seguro" a un "socio con reservas" para Washington. Si bien en años anteriores Venezuela se consideraba como un showcase latinoamericano, el texto argumenta que las tendencias populistas de Chávez, su dudosa postura frente a la promoción de la democracia y los derechos humanos, y los supuestos vínculos con la guerrilla colombiana, han terminado por definir una política de reservas o de "esperar y ver" por parte de Estados Unidos.
relaciones Venezuela-Estados Unidos, política bolivariana, socio seguro, socio con reservas
The author identifies Hugo Chávez's electoral victory and the implementation of a new type of democracy as two factors that transformed Venezuelan foreign policy, and in particularly the bilateral relationship with the United States„ Chavez's international activism, in addition to his Bolivarian policy signaled a shift from "safe partner" to "partner with reservations" in the country's relations with Washington. Although Venezuela considered itself a Latin American showcase in previous years, the text argues that Chavez's populist tendencies, his critical posture towards the promotion of democracy and human rights, and his supposed links with Colombian guerrillas has led to a 'wait-and-see' policy characterized by high levels of caution on the part of the United States.
Venezuelan-U. S. relations, Bolivarian policy, safe partner, partner with reservations
112-129
01/06/2003
01/06/2003
Recibido: 17/06/2003; Aprobado: 29/07/2003.
Desde 1958 hasta finales de la década de los ochenta, Venezuela no constituyó un problema para los Estados Unidos. El país no sólo ha sido uno de los proveedores principales de petróleo al mercado estadounidense, sino que también fue ejemplo importante de estabilidad en el hemisferio occidental en términos de sistema político y de relaciones cívico-militares. Por su parte, si bien la política exterior Venezuela buscó diferenciarse de Washington en el plano multilateral, el activismo característico de la gestión venezolana nunca afectó de manera considerable a las relaciones bilaterales.
No obstante, para la etapa histórica que comienza en 1989, los desarrollos políticos internos, la revuelta social conocida como Caracazo" de 1989, los dos intentos de golpe de estado en 1992, además de la Situación económica negativa por la que atravesaba el país fueron circunstancias que permitieron comenzar a dudar de la estabilidad venezolana. Adicionalmente, al caer el Muro de Berlín no solo se produjo un fortalecimiento de las relaciones ruso-americanas sino también, las de Estados Unidos con los países árabes, fortalecimiento que terminó por debilitar el lugar de Venezuela en el abastecimiento de petróleo. De la misma forma, las políticas proteccionistas norteamericanas comenzaron a incluir a Venezuela entre los países sujetos a unas nuevas disposiciones de carácter hemisférico (barreras arancelarias y no arancelarias).
Con Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, más la emergencia de un grupo de oficiales y exoficiales participando abiertamente en la política y en el sector público, y aún inmersos en la crisis, Venezuela se ha convertido desde 1999 en un tema de preocupación para Washington. Las posibles limitaciones al juego democrático, a la actividad privada y a las inversiones norteamericanas, la incertidumbre sobre la seguridad en el suministro petrolero, la posibilidad del desarrollo de una política exterior "antimperialista" y la actitud venezolana frente al conflicto armado en Colombia son algunos de esos elementos preocupantes, como lo es para Venezuela el tipo de respuesta que los Estados Unidos tenga en relación con el proceso de cambio político que vive el país.
Hasta ahora, la política norteamericana respecto al caso venezolano ha sido la de "esperar y ver" con minuciosa atención, pero a su vez Washington aspira a que las soluciones a la crisis del país tengan un carácter hemisférico y estén dentro de una opción política, constitucional y electoral. Esto lo resienten los dirigentes venezolanos gubernamentales que observan que su país ya no es más la "darling" de América Latina (MC Coy 1993; Kornblith 1997; Ellner 1997; Kelly y Romero 2002).
Este texto analizará el estado actual de las relaciones Venezuela-Estados Unidos dentro del marco más amplio de las vinculaciones de Washington con el resto de América Latina y la mezcla entre lo general y lo específico en dicha relación bilateral. En una primera sección se discuten las características generales de las relaciones bilaterales, a fin de establecer los cambios que éstas han experimentado desde la transición a la democracia en 1958 hasta la actualidad. La segunda sección examina la relación de Venezuela con los Estados Unidos durante el gobierno de Hugo Chávez. Allí se analizan no sólo los temas hemisféricos que han generado fricciones entre los dos países, sino la injerencia de la crisis doméstica venezolana en las relaciones con Washington, así como la conversión de Venezuela de "socio seguro" a "socio con reservas". En una tercera sección se trata de proyectar hacia un futuro cercano los elementos estudiados.
Desde la restauración de la democracia en el país en 1958, las relaciones transitaron bajo los siguientes parámetros: l) el caso venezolano era un caso único y diferente al resto de los países latinoamericanos, por el peso económico del petróleo y la estabilidad del sistema político; 2) Venezuela no encajaba bien en los diversos intentos de clasificación provenientes de la política comparada de origen norteamericano sobre América Latina; 3) en el país "no pasaba nada" importante como una revolución o un intento de golpe de Estado; 4) entre Venezuela y Estados Unidos había una estrecha relación dado el tradicional rol del país como suplidor seguro y estratégico en materia petrolera. Esta estrecha relación también se tradujo en apoyo para los líderes democráticos venezolanos, principalmente aquellos pertenecientes a los partidos Acción Democrática y COPEL (Inclusive en el plano académico norteamericano pesó mucho la visión partidista tradicional sobre el proceso político venezolano); 5) las relaciones estaban fundamentadas en un control oficial de las mismas por ambas partes, fuertemente centralizadas entre la presidencia venezolana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y en los Departamento de Estado, de Comercio, de Energía y de Defensa, en el caso norteamericano; 6) las relaciones no oficiales se concentraban en el papel de las compañías petroleras de origen norteamericana con Inversiones en Venezuela antes de la nacionalización de la industria en 1976 y en los círculos latinoamericanistas académicos y de lobbies en Washington y en New York que le prestaban atención ocasional a los temas venezolanos; y 7) en materia política exterior se habían dado pocas fricciones entre los dos países — la vinculación de Venezuela a la OPEP y la falta de apoyo de EE. UU. a la Doctrina Betancourt— y sobre todo una coincidencia: la lucha de Venezuela por denunciar al gobierno cubano como intervencionista. (Romero, 1998; Bond, 1977).
Ahora, por el contrario, muchos de esos elementos están cuestionándose. En realidad, Venezuela está cada día más ' 'latinoamericanizada", es decir, ha dejado de ser un caso único. Es evidente que algo está pasando políticamente en el país; las relaciones tienen ahora un carácter complejo, participan numerosas agencias guberna- mentales venezolanas y norteamericanas y actores nuevos privados, las relaciones son algo más que oficiales, en el plano académico compiten diversas visiones sobre el caso y se ha expandido el interés intelectual sobre el país, por otra parte, los actuales temas hemisféricos, entre ellos la promoción de la democracia, los derechos humanos, la propiedad intelectual, la apertura económica, las migraciones, el ambiente y el narcotráfico pesan a la hora de definir unas relaciones bilaterales cada día más complejas (Kelly y Romero, 2002).
A finales de la década de los ochenta, tanto los cambios globales como la transformación de las relaciones hemisféricas determinaron una alteración de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Desde el punto de vista de la seguridad, el petróleo venezolano siguió siendo una pieza fundamental pata la estrategia de poder norteamericana, pero los temas hemisféricos de reciente data —medio ambiente, narcotráfico y terrorismo— comenzaron a aparecer en la agenda bilateral de seguridad, así como el combate al lavado de dinero y a la piratería intelectual y el tema de los derechos humanos. Lo genuinamente bilateral, democracia y petróleo, le dieron cabida a temas de origen hemisférico.
Desde el punto de vista político, las imágenes de Venezuela sobre los Estados Unidos son complejas. A pesar de la vieja tradición hispánica antinorteamericana presente en la elite política que fundó la democracia en el país, la elite partidista entendió la importancia de trabajar coordinadamente con los Estados Unidos. En la actualidad se desarrolla una visión política más pragmática sobre Washington sin distingo de ser conservadora o radical. Eso también se observa en sectores empresariales e intelectuales y así puede convivir una raíz tradicional populista con los valores del capitalismo y del neoliberalisrno tales como la propiedad privada en los negocios, la libertad política, la competencia y el Estado de Derecho.
En términos económicos, la elite económica local orienta sus negocios hacia el país norte. El comercio mundial de Venezuela se dirige en un 50% hacia la misma dirección, las importaciones que provienen de ésta giran alrededor del 45%, la empresa petrolera estatal, PDVSA invierte en Estados Unidos, establece alianzas estratégicas con compañías norteamericanas y se observa una fuerte inversión de dinero venezolano privado en la banca de ese país. De igual forma, el sector militar venezolano se entrena y tiene una cultura institucional muy influenciada por Washington, el sector político mantiene buenas relaciones con la elite política norteamericana, y en general la población aspira a tener una buena relación bilateral. La crítica tradicional norteamericana que observaba a Venezuela como estatista y corporativista dio paso una creciente critica de autores cuyas ideas fueron transportadas y difundidas principalmente por centros norteamericanos cercanos al neoliberalismo, así como también a un grupo de autores que desde el campo del marxismo observó la realidad nacional. Las ideas de raigambre norteamericana sobre la transparencia gubernamental, sobre el mercado, sobre la democracia individual y sobre la sociedad civil comenzaron desde la década de los ochenta en el pasado sigla formar parte del discurso político local. (Begler, 1981; Myers, 1994; Kelly y Romero, 2002).
En este marco, Venezuela es otro país para Estados Unidos distinto al de los años sesenta, setenta y ochenta. El cambio esta dado por: 1) la experimentación de una profunda crisis política y económica; 2) el cuestionamiento del modelo de democracia venezolano alabado históricamente; y 3) la transición de unas relaciones tradicionales que se suponían cooperativas en el plano bilateral y parcialmente conflictivas en el plano multilateral, y que ahora son más conflictivas tanto en lo bilateral como en el internacional, a razón de aquellos elementos y temas en los que no solo no hay coincidencia sino que han tenido que ser negociados, como la promoción de la democracia, el narcotráfico, la propiedad intelectual, los derechos humanos, las condiciones de seguridad de la aviación civil venezolana y la cuestión ambiental, entre otros
Dentro del escenario descrito, el tema de la democracia es particularmente delicado. En la década de los sesenta, Estados Unidos consideraba a Venezuela como una especie de "showcase" en América Latina en cuanto a la estabilidad del régimen democrático venezolano. En la década de los ochenta, críticas provenientes de sectores oficiales y civiles norteamericanos comenzaron a evaluar negativamente esa democracia representativa y a líderes y partidos que habían recibido el apoyo norteamericano en el marco de la Guerra Fría. No hay que olvidar que tal y como ha ocurrido con el resto de las democracias latinoamericanas, siempre ha habido un "choque de trenes" entre los orígenes de la democracia norteamericana basada en la tradición lockiana —que le da un lugar privilegiado a la sociedad sobre el estado y al ciudadano sobre el gobernante— y los orígenes de la democracia venezolana basada en la tradición romana rousseauneana/ bolivariana, que le da prioridad al estado y al gobernante, y un segundo lugar a la sociedad y al ciudadano.
De hecho, Estados Unidos nunca ejerció el poder para imponer la idea del "excepcionalísimo" en estas tierras tropicales. Sólo a partir de la década de los ochenta dicho excepcionalísimo se consagró como un elemento central de la política exterior de Washington, razón por la cual, se produjeron cuestionamientos sobre si los experimentos democráticos latinoamericanos eran de una tradición partidista, clientelista o estatista. Es en ese contexto en donde se desarrolla la tensión entre una elite partidista acostumbrada a acomodarse a las peticiones de Estados Unidos y un movimiento político, académico y gubernamental insurgente que no sólo señalaba errores (como lo hicieron algunos académicos norteamericanos en la década de los sesenta y en la década de los setenta), sino que adelanta una crítica radical a las anomalías del caso venezolano y la manera de hacer política, en cuanto a la efectividad de la democracia y el respeto a la libre iniciativa, los derechos humanos y la participación de la sociedad civil en la política. (Romero, 1986; Kelly y Romero, 2002).
Como se discutirá en la siguiente sección, la victoria de Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998 y la posterior implantación en Venezuela de un nuevo sistema político-constitucional con rasgos de democracia delegativa, tal como se expresa en el contenido de la Constitución de 1999, profundizó las críticas estadounidenses sobre los alcances del poder presidencial, la transparencia electoral venezolana, el estado de las relaciones cívico-militares y los alcances de la democracia venezolana. (Gómez Calcaño, 2002).
Desde que asumió la presidencia en febrero de 1999, el presidente Hugo Chávez ha insistido en las buenas relaciones con Washington a través de un clima de colaboración y respeto. Por otra parte, funcionarios norteamericanos han planteado que mientras Chávez no rompa con el Estado de Derecho, no nacionalice empresas norteamericanas ni afecte a ningún ciudadano norteamericano en su integridad personal o en materia de sus propiedades, no hay que tomar acciones de ninguna índole y más bien ''esperar y ver " (Kelly y Romero, 2002).
Sin embargo, las votaciones venezolanas en el seno de las Naciones Unidas en Ginebra en 1999 y 2000, en ocasión de la presentación del Informe sobre los Derechos Humanos en el mundo en donde se condenaba a Cuba, China e Irak, la posición venezolana sobre la ocupación de Kosovo por las Naciones Unidas, la presentación de la tesis sobre la democracia participativa en el seno de la OEA en contraposición de la tesis norteamericana de profundización de los mecanismos de seguridad democrática de la OEA y las críticas indirectas del gobierno norteamericano al proceso constituyente venezolano, comenzaron a crear ciertas condiciones para pensar en un futuro cercano se podrían presentar problemas de índole estratégico entre ambos países.
De hecho, en las actuales circunstancias hay alteraciones de carácter internacional que podrían plantear por primera vez desde el año de 1958, diferencias en el plano estratégico y no en el táctico. Se hace referencia a la posibilidad de profundizar la visión multipolar de la política exterior de Venezuela a raíz del acercamiento con Cuba y China, la promoción de un esquema de seguridad hemisférico sin la participación de los Estados Unidos, la idea de reimpulsar a la OPEP, el tratamiento del conflicto colombiano y las reservas venezolanas sobre la política comercial hemisférica. Desde el punto de vista interno, cuentan las "dudas" norteamericanas sobre el estado de la democracia venezolana y la posibilidad de una radicalización del proceso político.
En materia de política exterior, Chávez se deslindó de la política equilibra da pro-occidental que había caracterizado los gobiernos anteriores y comenzó a definir una acción exterior más progresista, activa contradictoria y fuertemente acompañada de gestos tercermundistas. En materia económica, el nuevo gobierno mantiene la política mixta Estado-mercado del gobierno anterior, pero con ribetes populistas en materia de distribución de recursos directos a través de planes sociales de asistencia directa y profundiza el carácter petrolero de la nación. Esto va acompañado de un desplazamiento de las tradicionales elites políticas de las instituciones. El nuevo gabinete, la estructura organizacional del estado, los nuevos miembros de la Asamblea Constituyente son en su mayoría representantes de una nueva dirigencia que llega al poder de la mano de Chávez.
Desde un punto de vista internacional, Chávez se ha convertido en una especie de "enfant terrible" que con sus ocurrencias, sus promesas y su amor por la "photo opportunity" va tejiendo una diplomacia hiperactiva que deja pocos resultados tangibles y que recalienta la estabilidad regional. Sus querellas con EE. UU., la promoción de la OPEP, su clamor por un mundo multipolar y más justo, su creencia en una soberanía nacional blindada, sus simpatías por la revolución continental y las relaciones extrañas con el pasado gobierno de Fujimori en el Perú (simbolizado en la estadía del prófugo de la justicia peruana Vladimiro Montesinos en Caracas) originan serias reservas en América Latina y en la Casa Blanca. (Ewell, 1996; Romero, 1988; Romero, 1986; Nelly y Romero, 2002).
En materia de política exterior, Chávez se deslindó de la política equilibrada pro-occidental que había caracterizado los gobiernos anteriores
En este sentido, Venezuela se ha visto frustrada gracias a la posición unilateral que plantea Washington debido a la crisis política regional y a la divergencia de puntos de vista en materia económica. La incertidumbre frente a las restricciones comerciales, el problema del pago de la deuda externa, los activos privados de venezolanos dispuestos principalmente en Estados Unidos, y el hecho mismo de que éste ocupe el primer lugar como el país que importa más productos venezolanos y que exporta más a Venezuela, crean una base de cooperación muy compleja (Cardozo, 1992; Guerón, 1973; Martz, 1977; Petrásh, 2000).
Sobre el tema de Colombia y la seguridad hemisférica, así como el papel mediador de Venezuela en el conflicto colombiano, existen serias reservas en Estados Unidos, al originarse señales contradictorias sobre la negativa venezolana apoyar la Cooperación militar norteamericana a los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe, y también por la pretensión del gobierno Chávez de promover un acuerdo militar latinoamericano sin el concurso estadounidense. Las reservas desde Washington encuentran su fundamento en dos razones: la posibilidad de que estas medidas puedan desbalancear el equilibrio de fuerzas entre Colombia y Venezuela, un punto sensible para la Fuerza Armada Nacional venezolana; y porque el gobierno de Venezuela ha dado señales de una supuesta simpatía por la guerrilla colombiana. En cuanto a las relaciones hemisféricas, el problema principal es el de la reserva venezolana de asumir plenamente los lineamientos de ALCA, la política antinarcóticos hemisférica y política derechos humanos. En un plano más global, el escollo principal descansa en las posiciones venezolanas a nivel multilateral y en la OPEP, lo cual posibilita mayores fricciones entre los dos países (Kelly y Romero, 2002).
Como elementos determinantes de la futura relación entre Venezuela y los Estados Unidos habría que agregar la pretensión del gobierno de Chávez de promover una democracia participativa como sustituta de la democracia representativa en la región, la ya citada intención de crear un polo de poder latinoamericano que sustituya al TIAR (Pacto de Río) que no cuente con la participación estadounidense, la sospecha en varios círculos regionales de la intención de Chávez de apoyar e impulsar a dirigentes y a movimientos de tendencia "bolivariana" en varios países de América Latina y el rechazo gubernamental al Plan Colombia.
El 19 de agosto de 2001), el presidente Chávez se juramentó por segunda vez y por un período de seis años como Presidente de Venezuela. En ese marco, reiteró su compromiso por desarrollar una política exterior soberana, y a principios del mes de septiembre de durante la Cumbre Suramericana de Presidentes convocada por el gobierno de Brasil, hizo fuertes críticas al Plan Colombia por tener, según él, un alto tinte militar que alteraría el equilibrio estratégico de la región, reiterando que una cosa era apoyar a Colombia y otra, apoyar al Plan Colombia (El Nacional, 2000: A/2).
Del 26 al 30 de octubre de 2000, el Presidente de Cuba y líder revolucionario de esa isla, Fidel Castro, visitó a Venezuela por sexta vez desde que llegó al poder en 1959, pero en esta oportunidad, en visita oficial. Castro visitó varias ciudades e instituciones y no faltó la ocasión para que defendiera la Revolución Cubana, emitiera una opinión favorable sobre el proceso político venezolano y alabara el papel del presidente Chávez en la Venezuela contemporánea. En ese contexto, el presidente Castro se refirió a que si Cuba había podido sobrevivir a 90 millas del coloso, "mucho más puede hacerlo la tierra de los próceres y el continente de Bolívar, sobre todo si tiene un Chávez como timón" (El Universal, 2000: 1/2).
El Washington Post publicó en su editorial del día 2 de noviembre de 2000 un pronunciamiento sobre la necesidad de que el próximo Presidente de los Estados Unidos "limite las oportunidades de Chávez para exportar su ideología". Para el periódico norteamericano, "las arengas de Chávez contra los Estados Unidos se han prolongado por dos años y sería una locura asumir que no creará problemas cuando puede hacerlo" (Washington Post, 2000: 2). La serie de incidentes entre los dos gobiernos y la opinión crítica del Washington Post motivó a que la secretaria de Estado del gobierno Clinton, Madeleine Albright sentenciara que aunque los Estados Unidos se negaba a comparar a Chávez con Castro "si está preocupado por algunos de los métodos que ha adoptado" (El Nacional, 2000: A/2).
También habría pronunciamientos sobre los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que dieran la victoria al candidato republicano, George W. Bush. Al respecto Rangel dijo: "El presidente Chávez es muy amigo del candidato presidencial. Además él proviene de un estado petrolero. De ser electo seguramente tendrá una consideración muy particular sobre el petróleo" (El Nacional, 2000: A/2). Las declaraciones del Canciller Rangel fueron secundadas por el presidente Chávez, quién en un programa radial manifestó que el editorial del Washington Post merecía "la condena de toda Venezuela por manipulador, ventajista y porque además se presta para un plan, y tengo pruebas, compartido por venezolanos adinerados y con poder en algunos medios de comunicación para tratar de interrumpir las relaciones entre los dos países" (El Nacional, 200:D/1).
El New York Times publicó otro editorial dedicado al presidente Chávez el día 6 de noviembre de 2000. En éste se dice que ''está Claro que el Presidente venezolano Hugo Chávez desea convertirse en un símbolo poderoso de resistencia a la influencia de los Estados Unidos, no solo en América Latina sino también en el resto del mundo". Al mismo tiempo se expresó que "Washington tendrá que observarlo con cautela, aunque debería evitar confrontaciones innecesarias" (Reproducido en El Nacional, 2000 D/1). Frente a este editorial moderado, el presidente Chávez dijo que "Nosotros estamos obligados mantener y cuidar mucho las relaciones con los Estados Unidos que están condenadas a ser buenas" (El Nacional 2000: D/l).
Dentro de ese contexto se observa un nuevo ciclo de diferencias entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. A raíz de una supuesta declaración de Peter Romero, secretario de Estado adjunto para América Latina, sobre la eventual vinculación del gobierno de Chávez con la guerrilla colombiana y otros movimientos subversivos en la región, el presidente Chávez volvió a criticar la posición de Washington respecto de su gobierno. Clinton no le dio importancia a las declamaciones de Peter Romero y la embajadora norteamericana en Caracas, Donna Hrinak, volvió a reiterar la necesidad de estrechar "relaciones en los primeros meses del 2001, con el fin de concretar una agenda de apoyo e intercambio" (El Nacional, 2000: E-3).
En el mes de noviembre de 2000 un informe-ponencia titulado " El Comportamiento Militar Latinoamericana y la Seguridad Hemisférica", dio a conocer que el Ministerio de la Defensa de Venezuela había repartido un texto a varios gobiernos latinoamericanos en el marco de la Cumbre de Ejércitos latinoamericanos realizada en la ciudad brasileña de Manaus (en el mes de octubre del 2000), en donde se justificaba la idea del presidente Chávez de impulsar una Confederación Ejércitos Latinoamericanos sin la participación de los Estados Unidos. El documento fue llevado a esa Cuarta Cumbre de Ministros de la Defensa hemisféricos y en él se afirma que desde 1823, a partir de la Doctrina Monroe "es posible identificar en América Latina el predominio del poder militar norteamericano por la vía de una política exterior imperialista, de expansión territorial, de conquista militar y de construcción de una comunidad americana bajo su óptica". Al mismo tiempo se expresa que "América Latina está obligada a definir una nueva concepción de seguridad hemisférica, y dentro de ella los mecanismos regionales necesarios para facilitar una cooperación que no persiga únicamente satisfacer intereses coyunturales, sino que interprete a los Estados-nación como unidades con igualdad política internacional dentro de la región". En referencia específica al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se propone su eliminación (El Nacional, 2000: A/2; Ministerio de la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, 2000).
Toda esta polémica conformó a mediados del año 2001 un ambiente novedoso en Venezuela con relación al tratamiento de las relaciones cívico-militares y el papel estratégico de los Estados Unidos en la región en cuanto a: 1) la definición del gobierno de Chávez de un concepto de seguridad amplio que justifica el rol de los militares en tareas cívicas y en funciones de gobierno; 2) la definición del tema colombiano por parte de Chávez y el Alto Mando Militar venezolano como un tema de seguridad regional provocado por la intervención y apoyo norteamericano a uno de las partes en conflicto, el gobierno de Colombia; y 3) el distanciamiento estratégico de Venezuela de los Estados Unidos, bajo el concepto de lograr una alianza regional de carácter militar.
En la ocasión de la consagración de George W. Bush como presidente electo de los Estados Unidos, el presidente Chávez le envió una carta de felicitación al entonces gobernador en donde expresó que felicitaba "al pueblo norteamericano por la muestra del buen funcionamiento de las instituciones del país, que hizo posible una satisfactoria culminación del proceso electoral" y en donde reiteró "la determinación que anima a Venezuela a estrechar los vínculos y trabajar mancomunadamente, en apego a las normas del derecho internacional, por la paz, los derechos humanos y la prosperidad en esta zona del mundo" (El Universal, 2000: 1/4).
El presidente Chávez viajó al Estado Libre Asociado de Estados Unidos, Puerto Rico, en enero del 2001, para asistir a la toma de posesión de la nueva gobernadora de la isla, Sila María Calderón. Durante el desarrollo de su estadía en Puerto Rico, Chávez no hizo alguna alusión directa al tema de la independencia de esa nación ni en referencia al tema de las pruebas militares en la isla de Vieques. En referencia al estatus de Puerto Rico dijo, "abogamos porque Puerto Rico tome sus propias decisiones"; y en referencia al caso de Vieques dijo, "eso estaba reservado " exclusivamente a Puerto Rico y Estados Unidos". Sobre las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, el presidente Chávez anoto que vista de la inteligencia y la seguridad del gobierno norteamericano, yo estoy seguro de que más allá de los cuentos de carretera, en Washington me ven como lo que soy: un presidente elegido en democracia (El Nacional, 2001: A/2).
El comportamiento de Venezuela en relación con el tema del ALCA requiere una mención especial. Venezuela trata nuevamente de ser diferente en la medida en que el gobierno de Chávez se transformó en una voz disidente en la reunión de Jefes de Estado y de gobierno en Quebec en el mes de abril de 2001. Caracas estimó que era necesario firmar la declaración final de la Cumbre del ALCA "con el pañuelo en la nariz", insistiendo en las reservas venezolanas sobre el tema de la democracia representativa y sobre el término de las negociaciones para firmar el acuerdo de libre comercio, previsto en la declaración final, para enero del año 2005. El gobierno de Chávez reservó su posición sobre el "Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa y promover una eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales"…; como también lo hizo en relación a que las negociaciones del acuerdo ALCA concluyan a más tardar en enero de 2005" (Romero, 2001).
Si bien las reservas venezolanas no han perjudicado el estado de las relaciones bilaterales, y tampoco deja de comprometer al país en las negociaciones (de hecho, Venezuela firmó la declaración final de Quebec), la posición venezolana abrió nuevamente la discusión sobre si el gobierno de Chávez no tiene una actitud favorable hacia el ALCA. La posición de rebeldía frente a la familia hemisférica es evidente frente a los temas del ALCA, de la democracia participativa como alternativa a la democracia representativa, los temas sobre derechos humanos y el de las relaciones cívico-militares. Si bien es cierto que en la Constitución venezolana vigente se consagra la tesis de este tipo de democracia, la propia imprecisión sobre lo que es participativo contribuye a que el gobierno Chávez se defina como poco comprometido con la democracia representativa, a nivel regional.
La interrupción del gobierno de Chávez requiere de un tratamiento a profundidad. El golpe de estado promovido por civiles y militares opositores a Chávez el pasado mes de abril de 2002, y la condena inmediata de la Organización de Estados Americanos y de otros países apoyándose en la Carta de la OEA, demostró cómo la globalización y el reconocimiento internacional de un gobierno son elementos fundamentales para la seguridad democrática de un país (Romero, 2002).
A raíz de los sucesos de abril de 2002 y la creación de una Mesa de Negociación y Acuerdos con el patrocinio de la OEA en octubre de 2002, se consolidó la necesidad de buscar una salida pacífica y democrática a la crisis de este país. Sin embargo, la falta de acuerdo y de resultados tangibles puso en duda el trabajo de la Mesa.
Como antecedentes a esa falta de concreción debemos tener en cuenta, en primer lugar, la poca disposición del sector oficialista para comprometerse con una salida electoral. El gobierno promovió el referéndum revocatorio como una posibilidad negociada para resolver la inestabilidad. El referéndum podría realizarse en elecciones generales pautadas para el año 2006. A su vez, luego de barajar varias alternativas, la oposición ha propuesto impulsar al menos dos salidas. Una descansa en la idea de apoyar la tesis oficialista de esperar el tiempo para convocar un referéndum revocatorio y otra sería la de enmendar la Constitución actual y adelantar el período para así convocar a unas elecciones generales adelantadas a fines de este año.
De igual manera ha habido respuestas internacionales la crisis. El Grupo de Amigos fue creado el 15 de enero de 2002 por iniciativa del nuevo gobierno de Brasil y está conformado por Brasil, Estados Unidos, España, Portugal, Chile y México. Su misión fundamental es la de apoyar las iniciativas de la OEA frente a la crisis venezolana a través de la Mesa de Negociación, la cual se creó el 8 de noviembre de 2002 con base en la resolución 833 de la OEA, que obliga a negociar al gobierno y la oposición "de buena fe" para alcanzar una salida electoral a la crisis nacional. El 16 de abril de 2003 el Grupo de Amigos emitió una declaración instando al presidente Chávez a cumplir con el preacuerdo logrado por las partes el día el 11 de abril. El preacuerdo de 22 puntos finalmente no se firmó, ya que el oficialismo presentó una serie de objeciones el día 24 de abril.
El Movimiento Quinta República, principal partido de gobierno, lanzó la tesis de que la Mesa de Negociación y Acuerdos debía cerrar sus actividades y mudar las negociaciones al seno del Parlamento venezolano. El 5 de mayo, la Coordinadora Democrática dijo que estaría dispuesta a firmar un nuevo acuerdo siempre y cuando se garantice que se celebrará el referéndum revocatorio y que se permita la supervisión internacional del futuro proceso comicial. En un remitido del 6 de mayo, la Coordinadora Democrática reiteró su oposición a concertar una salida electoral fuera de la Mesa de Negociación.
Los representantes del sector oficial se reunieron con los representantes del Grupo de Amigos el 8 de mayo y apoyaron la tesis del Movimiento Quinta República de remitir las negociaciones a la Asamblea Nacional y que cesaran las actividades del Secretario General de la OEA, César Gaviria, en Caracas. La posición del gobierno la ratificó el Canciller Roy Chaderton Matos quién precisó que "por razón de una dinámica de esas absurdas en la política nacional se había es vinculado al parlamento del núcleo del debate político". Los representantes del Grupo de Amigos se reunieron también con los representantes de la oposición, quienes reiteraron la posición de pedirle al oficialismo que suscribiera el preacuerdo alcanzado en la Mesa el pasado 11 de abril, aunque dejaron abierta la posibilidad de que se suscribiera otro acuerdo que tuviera pequeñas modificaciones al anterior pero que no altere la oportunidad de negociar en la Mesa y no en la Asamblea Nacional y de una supervisión internacional al referéndum revocatorio.
El Grupo de Amigos emitió un comunicado el 9 de mayo en el cual se dice que "El Grupo reconoce la valiosa labor de facilitación que desarrolla el Secretario General de la OEA, para contribuir en la búsqueda de una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral en Venezuela, de acuerdo a los términos de la resolución 833 de la OEA. Observa con satisfacción, asimismo, que tanto el Gobierno como la oposición coincidan que dicha solución se dé mediante la aplicación del artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana cie Venezuela".
Para la Coordinadora Democrática, instancia organizativa de la oposición democrática venezolana, la explosiva situación interna y la carencia de una instancia mediadora es lo que detiene la realización de un acuerdo. Para el oficialismo, no es posible aceptar el compromiso de una salida electoral específica, vale decir el referéndum revocatorio a nivel exclusivamente del presidente Chávez ni la supervisión internacional a nivel de mediación. El oficialismo aspira a un referéndum revocatorio general que incluya, además del presidente, a los gobernadores y alcaldes o, inclusive, ir más allá: proponer unas elecciones generales para marzo de 2004. (Lo que llevaría a una enmienda de la Constitución vigente y a un posterior referéndum aprobatorio). Finalmente se suscribió un acuerdo en el mes de junio que permite que a partir del mes de agosto de 2003 se inicie el proceso revocatorio.
Desde el punto de vista de la comunidad internacional, y en particular desde el punto de vista la comunidad diplomática hemisférica, ambas partes no están claras en sus propósitos y capacidades para dialogar y negociar una salida a la crisis. En este sentido, son tres los temas más difíciles a tener en cuenta a la hora de negociar: l) si la salida electoral es el referéndum o unas elecciones generales; 2) si las negociaciones siguen desarrollándose en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos o en la Asamblea Nacional; y 3) si el carácter de la presencia de las instancias internacionales, en particular de la OEA, debe seguir en términos de una facilitación o en términos de una mediación.
Sobre la crisis venezolana y la debilidad del proceso para una salida negociada Estados Unidos ha dado señales contradictorias. La mayoría del gobierno de Bush apoya las iniciativas de la OEA y del Grupo de Amigos y se niega a aceptar las propuestas de sacar a Chávez por la fuerza, lo que algunos sectores de la oposición han planteado en diferentes círculos de Washington. Pero al mismo tiempo, funcionarios como Otto Reich no pierden la ocasión para criticar al gobierno de Chávez y compararlo con la experiencia cubana. ¿Muchas voces, falta de consenso o simplemente la tradicional política de esperar y ver? Por el momento, el gobierno Chávez promueve una mayor relación energética con el gobierno de Bush, ofrece el petróleo venezolano para la reserva estratégica norteamericana, impulsa los negocios en Venezuela de compañías petroleras y gasíferas norteamericanas y reafirma las conexiones financieras con Wall Street. Al mismo tiempo, y sin llegar al precipicio, reitera sus posiciones contrarias al Plan Colombia, al ALCA y a la democracia representativa, y profundiza sus relaciones con Cuba y el espectro revolucionario continental. Se trata de "hilar fino" frente a un país como los Estados Unidos que cada día tolera menos la disidencia y la autonomía internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos pueden estudiarse conjuntamente de manera bilateral y regional. En el debate sobre la Situación política regional se ha caracterizado a Venezuela como una potencia media que podría colaborar con los Estados Unidos a través de planes conjuntos. Para quienes piensan de esta manera, Venezuela es un país con intereses propios en el hemisferio y con prestigio regional, dada su trayectoria democrática y petrolera. Para otros analistas, Venezuela ha tenido un papel de potencia regional delegada de los Estados Unidos (Ewell, 1996 Lanza, 1980).
Desde nuestro punto de vista, Venezuela no es aceptada por Washington, ni antes ni ahora, como un país especial ni como un país asociado, a pesar de que tiene un valor estratégico. En materia regional, los Estados Unidos ha desarrollado políticas propias y en muy pocas ocasiones han oído a Venezuela. Por otra parte, quienes observan una conducta sub-imperialista no tienen en cuenta el hecho de que a pesar de ser un país occidental, Venezuela ha mantenido posiciones divergentes con políticas coyunturales norteamericanas, sobre todo a un nivel multilateral.
Al mismo tiempo, de acuerdo a las encuestas, los venezolanos no tienen una actitud agresiva contra los Estados Unidos pero tampoco demasiada positiva. En términos generales, se comprueba que en la medida que se den políticas comunes, bajan las percepciones negativas y cuando Washington quiere imponer políticas regionales a Venezuela, aumentan las percepciones negativas (Myers, 1994; Kelly y Romero, 2002). De hecho, para Venezuela es un honor no "latinoamericanizar" sus relaciones bilaterales, es decir que Caracas pierda su condición de socio privilegiado (Toro Hardy, 2000).
Ahora bien, las relaciones entre ambos países tienen un determinante perfil energético. Específicamente, el petróleo, el gas y sus derivados son los únicos productos en donde Venezuela tiene un valor trascendental para Washington. La política común de reducir la dependencia energética hemisférica de terceros países, el aumento del flujo comercial, de la inversión y la cooperación en esta área económica así lo indican. Venezuela aporta el 10% del consumo total de gasolina de los Estados Unidos. El Acuerdo de Cooperación Energética, firmado por ambos gobiernos en la visita del Presidente Clinton a Caracas en 1997, permite ampliar la materia hacia nuevas áreas tales como energías renovables, eficiencia energética, desarrollo del gas natural e integración de recursos energéticos (Romero, 1998).
Por Otra parte, petróleos de Venezuela, PDVSA (la empresa estatal petrolera venezolana) ha invertido más de US$7,000 millones en los Estados Unidos y una empresa de su propiedad, CITGO, es la principal distribuidora de combustible en la costa este estadounidense. Estados Unidos es el país en donde van más del 50% de las exportaciones venezolanas y Venezuela es el tercer Socio comercial de este país en América Latina, solo precedida por México y Brasil. Venezuela ocupa el número 18 entre los países exportadores hacia los Estados Unidos y el puesto número 22 entre los países importadores desde los Estados Unidos. En el año de 1999, Venezuela exportó productos por el orden de US$11.300 millones al mercado estadounidense, $1.684 millones de dólares fueron de exportaciones no tradicionales e importó desde Estados Unidos US$5.400 millones. De las exportaciones totales, el 85.13% correspondió a petróleo y derivados y 148% a productos no tradicionales (productos químicos, aluminio, hierro y acero, vehículo y partes y accesorios de la industria automotriz) (Toro Hardy, 2000). Venezuela es el tercer proveedor de petróleo crudo a Estados Unidos con un suministro de un millón 300 mil barriles diarios.
En las actuales circunstancias es posible que se den algunos problemas de carácter internacional y regional que puedan plantear por primera vez desde el año 1958 diferencias de tipo estratégico y no táctico. Se hace referencia a la posibilidad de profundizar la visión multipolar de la política exterior de Venezuela, el acercamiento a Cuba y China, la promoción de un esquema de seguridad hemisférica sin la participación de los Estados Unidos, la idea de reimpulsar a la OPEP, el tratamiento del conflicto colombiano y las dudas venezolanas sobre la política comercial hemisférica y el ALCA. Desde el punto de vista interno, cuentan las dudas políticas norteamericanas sobre el estado de la democracia venezolana y la posibilidad de una radicalización socializante del proceso político.
Pero aún vista esta gran distancia entre deseos y realidades, el activismo histórico de Venezuela se reafirma con este gobierno de manera más definida. Ya no se pretende jugar con las tesis de las "múltiples identidades", sino más bien se refuerza la militancia en el tercermundismo, la OPEP, la toma de posiciones radicales en las Naciones Unidas y la coincidencia con naciones disidentes (Fishbach, 2000).
En el plano de las relaciones interamericanas, el gobierno de Chávez ha tenido una postura controversial al oponerse a las posiciones norteamericanas en el seno de la ONU y de OEA, en el caso de la Guerra de Irak, en referencia al papel del organismo como garante de la democracia en América Latina y el Caribe, en materia de promoción de la democracia y de los derechos humanos, en la agenda misma de la OEA, en la supervisión de los mecanismos electorales internos, y en el papel de las misiones observadoras y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos electorales en la región. (Pierina, 2000: 1).
Esto ha llevado a que la protección, defensa y promoción de la democracia y de los derechos humanos dentro de parámetros neoliberales, se estén convirtiendo en un punto de fricción entre el gobierno de Chávez y los Estados Unidos, en la medida en que el primero trate de definir un tipo de democracia participativa directa y plebiscitarias, diferente a las tesis norteamericanas de la democracia representativa, sin la mediación de organizaciones intermedias. La diferencia sobre los temas de la participación, observación e injerencia en los asuntos internos de los países miembros es una crítica manifiesta del gobierno de Chávez a 105 observadores internacionales. La no participación plena de la Fuerza Armada venezolana en el sistema de cooperación militar interamericano (conferencias militares, labores de la Junta Interamericana de Defensa, ejercicios militares), fortalecen este argumento.
Esto da lugar a que se tenga un conjunto de malentendidos entre Venezuela y Estados Unidos basado en: 1) diferentes visiones del mundo: el gobierno de Chávez plantea un mundo multilateral. En Estados Unidos se reafirma la idea de la búsqueda de soluciones unilaterales o en alianza con otros países occidentales. Chávez se opone a la presunta violación del principio de no intervención y Washington refuerza la idea de la intervención por causas humanitarias, por violación de los principios, normas e instrumentos jurídicos-diplomáticos y la tesis de "desarrollar acciones o prácticas cooperativas y colectivas para la protección, defensa y promoción de la democracia" (Pierina, 2000); 2) diferentes visiones hemisféricas: el gobierno de Chávez se opone a la participación no regulada de los observadores internacionales en los procesos electorales; Washington las promueve. Washington apoya la defensa de la democracia representativa, el gobierno de Chávez insiste en la prioridad de la no-intervención y la soberanía; Washington plantea que las amenazas principales de la democracia son de carácter interno (corrupción y fraude electoral) y Venezuela plantea que las amenazas principales son de carácter externo (capitalismo salvaje, mundo unipolar); 3) diferentes visiones sobre las relaciones bilaterales: para los Estados Unidos, el gobierno de Chávez no tiene una repuesta clara sobre los temas de la transparencia electoral, sobre la seguridad jurídica para los negocios privados, y sobre el rol de la empresa privada en el desarrollo. Por otra parte, se observa al país dentro de un proceso democrático débil, con una economía populista y desafiante al paquete liberal. En materia de política exterior, Estados Unidos no tiene claro las posiciones de Venezuela sobre el tema de Colombia, el combate al narcotráfico, la política petrolera concertada con Washington, el papel de Venezuela en la OPEP y la presunta idea de configurar un sistema de seguridad militar continental sin la actuación de Estados Unidos (Petrásh, 2000).
Está por verse hasta donde "estira la cuerda" de esta tensión entre Caracas y Washington. Por el momento, la historia nos recuerda que, tal como pasó en el caso de la Revolución Cubana, un gobernante puede utilizar la "carta norteamericana" pata lograr sus objetivos internos y reducir a un sector de la oposición que pudiera ser categorizado como pro-estadounidense o para ocultar un eventual fracaso de su gestión, enarbolando la bandera del antimperialismo. Independientemente que el análisis nos lleve a dudar si pesa más la ideología antioccidental que el deseo racional de utilizar la carta "yankee" o viceversa, a la hora de la actuación del gobierno de Chávez, lo cierto es que las expectativas son nada halagadoras para un régimen que se presenta ante el hemisferio con un nuevo proyecto nacional basado en una idea diferente de democracia, una idea diferente en cuanto a las relaciones interamericanas y de integración económica, y una idea diferente en relación a la estructura internacional actual.
Son de particular interés para futuros análisis de las relaciones bilaterales los temas del creciente "espacio transnacional migratorio" de venezolanos en y desde Estados Unidos con comportamientos parecidos a otras experiencias (remesas de dinero, transculturización, ayuda transnacional y flujos migratorios sistemáticos entre Venezuela Estados Unidos). Otro punto importante para ulteriores estudios es la creciente red intergubernamental entre departamentos y agencias del gobierno norteamericano y ministerios y otras instituciones públicas venezolanas, las cuales están generando un intercambio oficial de nivel intermedio muy importante y con constantes relaciones con organizaciones no gubernamentales.
Venezuela tiene dentro de su agenda de política exterior el tema de las relaciones con los Estados Unidos. Pero, en la era de los cambios globales, ni los gobiernos venezolanos pueden esperar que Washington siga tratando a este país como algo aparte de América Latina, ni los gobiernos norteamericanos pueden esperar de Caracas una sumisión complaciente. Antes como ahora, se impone un respeto mutuo que para Venezuela significa seguir con una política de "autonomía concertada" dentro de un mundo cambiante que está dejando atrás las relaciones estado-estado, por unas relaciones más complejas en donde convergen el sector público, las multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y otros actores de la estructura internacional actual.
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