DEL PUNTOFIJISMO A LA QUINTA REPÚBLICA: ELECCIONES Y DEMOCRACIA EN VENEZUELA
Miriam Kornblith
Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Venezuela.
El objetivo principal de este texto es demostrar que la estabilidad política en Venezuela depende de la relación entre las preferencias políticas colectivas y las decisiones que toman las autoridades electas. Para ello, la autora hace un seguimiento del compartimiento electoral en el país entre 1989 y el 2000, período en el que es posible evaluar los efectos del Pacto de Punto Fijo instaurado desde 1958, y el porqué del fortalecimiento del accionar político del Presidente Hugo Chávez y de su intento por “Refundar la República”.
Pacto de Punto Fijo, democracia venezolana, comicios electorales, estabilidad política, populismo
The primary objective of this article is to demonstrate that political stability in Venezuela depends upon the relationship between collective political preferences and the decisions made by elected officials. The author analyzes electoral patterns in the country between 1989 and 2000, in order to evaluate the effects of the Punto Fijo Pact, created in 1958, the reasons for President Hugo Chávez’s political strengthening, and his efforts to “recreate the republic”.
Punto Fijo Pact, Venezuelan democracy, elections, political stability, populism
es
160-197
01/07/2003
01/07/2003
Recibido 09/28/2003,
Aprobado 10/12/2003
A partir de 1958 se instauró en Venezuela un orden pluralista caracterizado como el sistema populista de conciliación de élites, (Rey), o como la democracia puntofijista en alusión al Pacto de Punto Fijo suscrito en octubre de 1958 por los partidos AD, COPEI y URD. En sus primeras décadas, este orden dio lugar a la estabilidad política, al consenso interélites, a la alternabilidad democrática y a la incorporación de la población a los beneficios socioeconómicos del modelo de desarrollo. No obstante, a partir de los años 80 el país entró en una etapa de inestabilidad, tensiones y cambios, tanto en el ámbito socioeconómico como en el político e institucional que se ha prolongado hasta el presente. Los últimos años de esta fase, correspondientes al período presidencial de Hugo Chávez (1999-2003), han estado marcados por la confrontación y el conflicto provocado por el intento de “refundar la República”, a partir de la implantación de reglas, actores e instituciones distintos e incluso contrapuestos a aquellos que articularon a la sociedad venezolana a partir de 1958.
Las tensiones y cambios experimentados por la sociedad venezolana se expresaron consistentemente en comportamientos y resultados electorales. En este trabajo trataremos de mostrar la manera en que los procesos comiciales sirvieron para expresar las preferencias colectivas y reflejaron los cambios que se fueron operando en las mismas, y hasta qué punto los mecanismos de representación existentes tradujeron adecuadamente dichas preferencias y sus cambios. Partimos del supuesto de que un ajuste apropiado entre las preferencias colectivas y las autoridades electas y sus decisiones se produce una mayor satisfacción con el sistema político y sus productos; por el contrario, si dicha relación se distorsiona o los esquemas de representación no son capaces de recoger con fidelidad las preferencias y expectativas colectivas, se produce una desafección respecto del sistema político y el rechazo a su liderazgo.
En las páginas que siguen examinaremos esta dinámica a la luz de los resultados de la variedad de comicios ocurridos entre 1989 y el año 2000, y los intentos por activar salidas electorales entre los años 2002 y 2003.
El febrero de 1989 el recién electo presidente Carlos Andrés Pérez anunció un severo programa de ajuste económico. A los pocos días, entre el 27 y 28 de febrero se produjo un estallido social sin precedentes en el país conocido como el “Caracazo”, que dejó como saldo la cifra oficial de aproximadamente 300 muertos, innumerables heridos y negocios saqueados. Estos acontecimientos fueron seguidos con la declaración del estado de excepción y por la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir los desórdenes. El “Caracazo” y sus secuelas constituyeron un severo golpe a la legitimidad del recién electo presidente y de su equipo de gobierno.
Ese año también fue importante en el ámbito de la reforma institucional. En julio de 1989 el Congreso designó una Comisión Especial para la revisión de la Constitución de 1961, presidida por Rafael Caldera, en su calidad de senador vitalicio. En septiembre se promulgó la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores y Alcaldes, con lo que se dio curso al proceso de descentralización político-administrativa en el país. En la materia electoral se innovó con la consagración de la personalización del sufragio para la elección de los cuerpos deliberantes, mediante la inclusión del voto nominal y las listas abiertas. Estos cambios se pusieron en marcha en los comicios regionales de 1989.
La actitud respecto del golpe se tornó en un factor de deslinde entre el liderazgo político y una razón para la movilización del apoyo o del rechazo popular
1992 fue otro año crucial y emblemático en esta dinámica de tensiones y de cambios. Precedido de insistentes rumores, el 4 de febrero de 1992 tuvo lugar un intento de golpe de Estado en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez, liderado por los tenientes coroneles Francisco Arias Cárdenas, Hugo Chávez y los capitanes Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos. A pesar del fracaso militar, esta asonada se convirtió en un éxito político para sus promotores, quienes despertaron inmediatas simpatías populares. El 27 de noviembre se produjo otra asonada militar, pero en esta ocasión el intento fue simultáneamente un fracaso militar y político.
La actitud respecto del golpe se tornó en un factor de deslinde entre el liderazgo político y una razón para la movilización del apoyo o del rechazo popular. Así, Eduardo Fernández, secretario general de Copei y potencial candidato presidencial acudió la madrugada del golpe a respaldar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez y a condenar la asonada, lo que le acarreó el rechazo popular y, más adelante, la pérdida de la opción a la candidatura presidencial. Por el contrario, Rafael Caldera pronunció un encendido discurso en la sesión del Congreso convocada para condenar el intento de golpe, en el que al señalar las fragilidades de la democracia venezolana pareció justificar el fallido alzamiento, lo que le valió un rápido ascenso en las encuestas y su posterior triunfo en las siguientes elecciones presidenciales. También durante ese año se tramitó en el Congreso Nacional el proyecto de reforma de la Constitución producido por la Comisión designada en 1989; luego de aprobarse el proyecto en la Cámara de Diputados la discusión quedó suspendida en la Cámara del Senado y se detuvo el proceso. En medio de un clima de severo cuestionamiento al liderazgo constituido, los partidos políticos representados en el Congreso previeron que el proyecto de reforma pudiese ser rechazado al ser sometido a la consideración del electorado para su aprobación mediante un referendo, y prefirieron suspender la discusión del mismo.
En diciembre de 1992, apenas 10 días después de la segunda asonada, tuvieron lugar los segundos comicios para la elección de gobernadores y de alcaldes y la introducción del sistema mixto de elección para los cuerpos colegiados, con lo que por primera vez desde 1958 en Venezuela se votó con un sistema electoral diferente al de la representación proporcional.
También en ese año se promovió ante la Corte Suprema de Justicia una acusación contra el presidente Pérez por los delitos de peculado y malversación en el uso de fondos públicos, asociados con el manejo de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Este proceso derivó en 1993 en la destitución del presidente y su condena por los delitos imputados. Dicho juicio fue la vía que encontró la dirigencia del país para producir una salida a la aguda crisis de legitimidad que sufría el gobierno de CAP, y que arrastraba consigo al liderazgo político tradicional, en particular a los partidos AD y Copei.
La destitución del presidente CAP provocó la designación por parte del Congreso de Ramón J. Velásquez como presidente provisional para completar el período de CAP, evento que se agregó a la lista de hechos inéditos de esos agitados años. En diciembre de 1993 tuvieron lugar las elecciones presidenciales y parlamentarias de donde resultó triunfador R. Caldera, apartado del partido que había contribuido a fundar y apoyado en una heterodoxa coalición de agrupaciones de izquierda, en una contienda electoral que marcó el desplazamiento del bipartidismo en Venezuela.
El gobierno de Caldera también estuvo marcado por la incertidumbre y el decaimiento político, económico y social. Se inició con una gravísima crisis del sector financiero, y a pesar de su abierto rechazo al programa de ajustes de su antecesor, la situación fiscal del país lo llevó a poner en marcha un tardío programa de ajustes en 1996, que tampoco logró revertir las dificultades económicas acumuladas, que se agudizaron en 1998 por la drástica caída de los precios del petróleo.
Al examinar estos cambios y eventos críticos y los factores asociados a los mismos se obtienen varias conclusiones, que apuntan a reconocer el decaimiento sociopolítico y los cambios en sentido negativo del modelo inaugurado en 1958. Hacia finales de los años 90 prevalecía una marcada desafección de la población respecto del modelo socioeconómico y del liderazgo político, social, militar, empresarial y sindical existente. Se había resquebrajado seriamente uno de los pilares que hicieron posible el modelo inaugurado en 1958, como fue la sujeción del sector militar al sector civil. Eran corrientes y públicas las desavenencias entre la dirigencia tradicional y eran crecientes las dificultades para generar acuerdos entre los mismos.
Desde el llamado “viernes negro” de febrero de 1983, cuando se produjo una drástica devaluación del bolívar luego de varias décadas de estabilidad del signo monetario, se promovieron varios e inconsistentes intentos por definir el modelo de desarrollo del país. Sin embargo, no fue posible revertir la tendencia al decaimiento social y económico, se había extendido la pobreza, se agudizaron las dificultades fiscales y se evidenciaba la limitación del modelo petrolero rentista para generar bienestar colectivo. Desde mediados de los años 80 comenzaron a revertirse muchos de los indicadores sociobiológicos y de bienestar colectivo que en las décadas anteriores evidenciaron el mejoramiento de las condiciones generales de vida de la población. En la opinión pública predominaba el cuestionamiento a las instituciones, actores, valores y resultados de la democracia a la venezolana, con particular énfasis en los temas asociados con la corrupción, la partidocracia y la impunidad.
Pero igualmente es necesario destacar que durante ese lapso crítico hubo importantes intentos por poner en marcha innovaciones institucionales que pretendían cambiar las reglas, actores e instituciones cuestionados. Entre estas reformas se cuenta la descentralización político-administrativa, quizá la reforma político-institucional de mayor envergadura emprendida en los últimos lustros, y la modificación de las reglas y la organización electoral en el país.
No obstante, aun tratándose de reformas exitosas y que generaron buena parte de las consecuencias positivas que se esperaban de las mismas, su implementación tardía en un contexto marcado por la crisis de legitimidad de sus principales impulsores, no bastaron para revertir el deterioro sociopolítico y económico predominantes, ni para promover un sólido liderazgo de relevo a partir de las élites tradicionales con la velocidad e intensidad que muchos sectores de la opinión pública reclamaban. Sin embargo, estas modificaciones han perdurado en el tiempo y se han convertido en asideros importantes para la permanencia del orden democrático en medio de condiciones adversas, tal como se podrá apreciar en la siguiente sección.
Las tensiones y cambios experimentados por la sociedad venezolana tuvieron una expresión en la dinámica política y electoral. Las reformas institucionales antes mencionadas jugaron un papel fundamental en la conversión de las nuevas expectativas y realidades de la sociedad venezolana en esquemas de representación novedosos y en la aparición de correlaciones sociopolíticas inéditas.
La elección directa de gobernadores y de alcaldes de los años 1989, 1992 y 1995 produjo nuevos patrones de comportamiento y diferentes correlaciones de fuerza en el panorama político-electoral del país. Con esas elecciones se ampliaron los espacios para la competencia inter e intrapartidista y se crearon oportunidades para el surgimiento de líderes individuales y de organizaciones políticas alternativas a los tradicionales. En 1989 tuvo lugar la primera elección directa de gobernadores y de alcaldes, con lo que se inició el proceso de descentralización político-administrativa del país. En los años 1992, 1995, 1998 y 2000 también se eligieron autoridades regionales. Desde los primeros comicios de este tipo tuvieron lugar cambios relevantes en el panorama político y en el comportamiento de electoral del venezolano.
En los tres primeros procesos la abstención se colocó en niveles altos alcanzando el 54,0% en 1989, 50,72% en 1992 y 53,85% en 1995. A pesar de la novedad de estos comicios y que se trataba de elegir a autoridades muy cercanas a la vida cotidiana de los ciudadanos, las mismas no generaron una significativa movilización del electorado.
En 1989 de las 20 gobernaciones existentes, en 12 triunfaron candidatos de Acción Democrática (AD), en 6 los de Copei y en 2 gobernaciones candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS)) y de La Causa R (LCR) respectivamente. Los gobernadores electos eran exponentes de los liderazgos regionales de cada entidad. A pesar de las enormes dificultades que atravesaba el gobierno Pérez luego del estallido social de febrero, los resultados favorecieron a AD, partido de gobierno, pero también se evidenció la disposición del electorado a generar una correlación más equilibrada de poder, al incluir significativamente a Copei, el otro componente de la ecuación bipartidista.
En esta elección resalta que los candidatos de los partidos MAS y LCR triunfaron en una gobernación cada uno, lográndose así la presencia relevante de organizaciones políticas distintas del binomio AD-Copei en posiciones de poder regional. En esta primera elección se obtuvieron importantes objetivos buscados por la descentralización, como la inclusión de liderazgos regionales a posiciones de poder, la ampliación del espectro de representación partidista y una distribución más equilibrada de la misma y una mayor visibilidad y autonomía del ámbito regional.
La segunda elección de gobernadores y de alcaldes tuvo lugar en 1992, pocos días después del segundo intento de golpe de estado ocurrido en ese año. En esa ocasión los resultados favorecieron ampliamente a los candidatos de Copei, quienes triunfaron en 11 gobernaciones. Por su parte el partido MAS incrementó el número de gobernaciones ganadas a 3. Destaca ese crecimiento del MAS, que si bien se expandió en gobernaciones de escasa población electoral como Amazonas y Sucre, logró consolidarse como un actor regional importante, y profundizar su presencia en el estado de Aragua. AD redujo el número de sus gobernaciones a 7 y LCR mantuvo la gobernación del estado Bolívar y además resultó triunfador en la alcaldía del Municipio Libertador, de la mayor importancia poblacional del área metropolitana de Caracas. La abstención disminuyó levemente, probablemente por efecto del impacto de los sucesos de noviembre y de la intensa campaña publicitaria de repudio a los mismos que le siguió.
Desde la óptica de los proponentes de descentralización, este resultado era muy estimulante, puesto que revelaba la capacidad del electorado de generar una estructura de poder más equilibrada, en la que podía producirse un contrapeso al partido dominante en el ámbito nacional. Por otro lado, en medio de la crisis política y de legitimidad desatada por el intento de golpe de Estado de febrero de 1992 y que se prolongó en los meses siguientes, el contar con una oposición leal insertada en la estructura de poder regional constituyó un importante recurso para mantener la estabilidad política en tiempos de gran turbulencia.
La descentralización introdujo adicionalmente una regla de juego novedosa en el sistema político, como fue la posibilidad de la reelección inmediata de los gobernadores y alcaldes en ejercicio, opción constitucionalmente negada a los presidentes de la República quienes sólo podían aspirar a la reelección después de dos períodos fuera del gobierno. La reelección se concibió como un recurso que le permitía al ciudadano premiar o sancionar, según fuera el caso, a las autoridades electas y a sus gestiones respectivas. En 15 casos los gobernadores fueron reelectos, lo que sugiere que los electores evaluaron su desempeño favorablemente.
En 1995 los estados Amazonas y Delta Amacuro seleccionaron gobernadores por primera vez. Tratándose de la tercera elección regional, buena parte de los gobernadores no pudieron aspirar a la reelección y aparecieron nuevos candidatos a ocupar dichos cargos. A pesar de triunfo electoral de Caldera para la presidencia de la República en diciembre de 1993, el partido que lo apoyó, Convergencia, sólo obtuvo una gobernación, la del estado Yaracuy, en cambio MAS, otro miembro importante de su coalición, sí pareció beneficiarse de su vinculación con el gobierno e incorporó a su favor las gobernaciones de los estados Lara y Portuguesa. AD obtuvo 11 gobernaciones y en alianza con Copei la del estado Delta Amacuro. Copei experimentó una caída drástica respecto de las elecciones de 1992, siendo este resultado un reflejo de la crisis desatada por la candidatura de Caldera separada de su partido original. LCR perdió su emblemática gobernación de Bolívar, pero promovió con mucho éxito la candidatura de Arias Cárdenas en la importante gobernación del estado Zulia, la del mayor caudal electoral del país. Por otro lado, emergió en Carabobo una opción partidista regional, Proyecto Carabobo que más adelante adquiriría proyección nacional.
Estos comicios fueron reveladores de la ocurrencia de cambios en las preferencias de los votantes. AD y Copei perdieron gobernaciones en estados con un importante peso electoral como Zulia, Carabobo y Lara. Se consolidaron liderazgos partidistas y regionales en los estados Aragua y Carabobo, igualmente importantes por su densidad poblacional. Se evidenció el profundo debilitamiento del partido COPEI, que si bien había resistido su prolongada ausencia del poder presidencial desde 1983, no pudo superar la división causada por la separación de su líder fundador y cuya presidencia no le reportó beneficios políticos. Algunas individualidades y agrupaciones regionales se proyectaron con fuerza hacia el resto del país, lo que ratificó que el proceso de descentralización se había convertido en una cantera de producción de nuevos líderes políticos.
En los procesos examinados se repitieron rasgos de los comicios anteriores, como los altos niveles de abstención, la desalineación partidista, el atractivo de individualidades frente a la tradicional adhesión partidista y el desplazamiento de la votación hacia opciones emergentes en entidades de alta población electoral. No obstante, para los miembros de los partidos tradicionales los resultados relativamente exitosos en los comicios regionales de 1995 parecieron sugerir que el vendaval del cambio y de la crisis de esos años ya había pasado, y que retornaban con cierta comodidad a sus anteriores posiciones de poder. Ello generó una especie de espejismo que no permitió valorar adecuadamente el desplazamiento de las preferencias colectivas que ya se había expresado en las elecciones presidenciales de 1993, y que contribuyó a sustentar decisiones y cálculos errados frente a las inéditas situaciones de la campana electoral de 1998, como se examinará a continuación.
Las elecciones de 1993 constituyen una importante inflexión en la dinámica bipartidista que había caracterizado al país desde los comicios de 1973 y mostraron con mucha fuerza el desplazamiento de las preferencias electorales del venezolano hacia opciones emergentes. El contraste entre los resultados electorales de los comicios presidenciales y parlamentarios de 1988 y de 1993 es elocuente y revelador de los cambios profundos que se habían operado en la dinámica sociopolítica del país en un lapso relativamente corto, en una dimensión más profunda aún que la registrada en las elecciones regionales.
En las elecciones presidenciales de 1988 y 1993, los cuatro contendores principales encarnaban la renovación o el cuestionamiento de las reglas e instituciones convencionales de nuestro orden sociopolítico. Claudio Fermín (de AD), exalcalde de Caracas, y Oswaldo Álvarez Paz (de Copei), ex gobernador del Zulia, pertenecían a las nuevas generaciones dentro de sus respectivos partidos y habían surgido frente a la dirigencia tradicional.
La propuesta programática de ambos incluía nociones cercanas al neoliberalismo en materia económica y la defensa y profundización de la descentralización. A. Velásquez, exgobernador de Bolívar, también era un producto de la descentralización, y era miembro prominente de LCR, partido que en aquel momento expresaba la opción de mayor enfrentamiento al status quo político. Y Caldera, quien obtuvo la victoria en estos comicios, aun siendo fundador de Copei y figura principal durante varias décadas, surgió en abierta oposición a Copei y al programa de ajuste de CAP, cabalgando sobre la simpatía despertada hacia los militares golpistas del 4 de febrero de 1992. En aquella contienda participó como candidato del partido Convergencia y de una amplia coalición de 15 partidos (el llamado “chiripero”) de la que formaban parte organizaciones de izquierda como MAS, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), entre otros, con lo que por primera vez desde 1958 ganó la presidencia un candidato proveniente de un partido o coalición de partidos distintos de AD y Copei.
Al igual que en las elecciones regionales, la abstención se incrementó pasando de 18,08% en 1988 a 39,84%. Mientras que en 1988 la sumatoria de los votos obtenidos por los candidatos de AD y Copei alcanzó el 93,29% del total, porcentaje similar a los resultados obtenidos por ambos partidos desde 1973 en adelante, en 1993 dicha adición apenas alcanzó el 46,33%. A su vez, la sumatoria de los votos depositados a favor de las candidaturas “antisistema” representadas por Caldera y Velásquez obtuvo el 52,41% de los votos.
El gobierno de Caldera pudiera ser comprendido como el último intento por mantener las reglas del juego político inaugurado en 1958 y como la postrera oportunidad que el electorado le otorgó a la dirigencia tradicional para conducir al país. Sin embargo, los avatares y frustraciones de ese gobierno le mostraron a ese mismo electorado las limitaciones del liderazgo tradicional para manejar con éxito las cada vez más complejas tensiones de la realidad venezolana.
En las elecciones presidenciales de 1988 y 1993, los cuatro contendores principales encarnaban la renovación o el cuestionamiento de las reglas e instituciones convencionales de nuestro orden sociopolítico.
Por otro lado, el acceso al poder de organizaciones e individualidades provenientes del mundo de la izquierda, formando parte de la coalición que llevó a Caldera al poder, cuyo aporte electoral por primera vez tuvo la eficacia suficiente como para influir en el resultado de los comicios presidenciales (el MAS le aportó casi 600 mil votos a la candidatura de Caldera), abrió una nueva perspectiva de poder a agrupaciones políticas tradicionalmente marginadas. Esta circunstancia les otorgó visibilidad en el escenario público, reduciendo las resistencias tradicionales en la población ante la posibilidad de su irrupción abierta, como ocurriría próximamente con la candidatura de Chávez.
En el ámbito parlamentario se produjo un desplazamiento similar de las preferencias colectivas y, en consecuencia, de la correlación de fuerzas existentes en el Congreso. Así mientras que en 1988 entre los partidos AD y Copei sumaban el 81,6% de los escaños en la cámara de diputados, y el 9,0% le correspondió al MAS, mientras que en 1993 los escaños correspondientes a AD y Copei agregados apenas alcanzaron el 53,2% como resultado de los comicios de ese año. El espacio antes ocupado por esas agrupaciones fue llenado por los partidos LCR con 19,7% de los diputados, Convergencia con 12,8%, y el MAS con 11,8% de los puestos.
La profusión de eventos críticos acaecidos entre los años 1989 y 1993, y el deterioro sostenido de los pilares fundamentales que sostuvieron el orden democrático instaurado en 1958, explican la rapidez y profundidad de los cambios en las preferencias y percepciones colectivas expresados en dichas elecciones, y la búsqueda por parte de la población de nuevas opciones, con la expectativa de que contribuyeran a superar la crisis. No obstante, a pesar de las reiteradas y consistentes señales de impaciencia y desafección de la población con el liderazgo tradicional y sus actuaciones, el mismo no estuvo en capacidad de atender satisfactoriamente las expectativas colectivas, y optó por repetir fórmulas agotadas o, a lo sumo, promover innovaciones que no generaron suficiente impulso renovador. Adicionalmente, las adversas condiciones socioeconómicas agudizaron el cuestionamiento y el descontento colectivos.
Esa ruptura comunicacional entre el liderazgo convencional y amplios sectores de la población convenció al electorado acerca de la inutilidad de seguir apostando al liderazgo tradicional, y promovió el atractivo que concitaron opciones alternativas o enfrentadas al mismo.
En materia electoral el año 1998 se caracterizó por una dinámica partidista y de candidaturas inédita para nuestras prácticas políticas más arraigados. Una de las principales novedades fue la conformación del llamado Polo Patriótico, alianza partidista estructurada en torno a la candidatura de Hugo Chávez.
A raíz de su participación en el alzamiento del 4 de febrero de 1992, Chávez y los principales líderes del movimiento fueron enviados a prisión. A inicios del año 1994, bajo la presidencia de Caldera, fueron sobreseídos y dados de baja de las Fuerzas Armadas. Mientras que Arias Cárdenas y otros dirigentes optaron por participar en la vida democrática, al punto Arias incursionó exitosamente como candidato a gobernador en el estado Zulia en los comicios de 1995, logrando la victoria con el apoyo de LCR, Chávez se mantuvo en la línea de la abstención.
No obstante, hacia mediados de 1997 cambió su estrategia política, se asoció con diversas individualidades y organizaciones civiles y optó por la vía electoral. Se estructuró y legalizó el partido Movimiento Quinta República (MVR) y se inició su consistente ascenso en las encuestas de opinión pública. El Polo Patriótico agrupó al naciente partido MVR y a organizaciones tradicionales como el MAS, PCV, MEP y otros grupos como el Patria para Todos (PPT) y cuatro pequeñas agrupaciones[2].
El partido Copei eligió como candidata presidencial a una independiente, Irene Sáenz, ex Miss Universo y exitosa alcaldesa de Chacao. AD seleccionó a su máximo dirigente partidista y Secretario General Alfaro Ucero, cuyas primeras incursiones en la vida política nacional databan de los años 40. El recién formado partido Proyecto Venezuela, expresión nacional del partido regional Proyecto Carabobo, designó a Enrique Salas Romer como su candidato presidencial. La Causa R inicialmente apoyó a Irene Sáez, y luego resolvió lanzar su propia candidatura con Alfredo Ramos. Se postularon 16 candidatos presidenciales, pero entre renuncias y otras eventualidades la lista se redujo a 11. La materia electoral también experimentó cambios significativos. En diciembre de 1997 se promulgó la Lospp, en la cual se introdujeron importantes innovaciones. Entre las más destacadas se cuenta la automatización del proceso electoral, en las fases de votación, escrutinio, totalización y adjudicación. La despartidización de los organismos electorales, a partir de la incorporación de ciudadanos independientes como autoridades del organismo central, el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la selección por sorteo de los miembros de las juntas electorales estatales y municipales y las mesas de votación. La consagración del derecho al sufragio de los venezolanos residentes en el exterior y la inclusión del referendo consultivo para materias de alcance nacional.
Debido a la coincidencia de las elecciones nacionales y regionales en diciembre de1998, el Congreso resolvió en mayo de 1998 separar los comicios. Se decidió que las elecciones del Congreso, gobernadores y asambleas legislativas de los estados tuvieran lugar en noviembre de 1998 y las presidenciales en diciembre de 1998, dejando para el segundo semestre de 1999 la elección de los concejos municipales y juntas parroquiales.
Diversos sectores políticos e institucionales, incluyendo la directiva del CNE, abogaron a favor de la separación de las elecciones.
El principal argumento era la necesidad de preservar la autonomía y visibilidad de la elección regional, en sintonía con el proceso de descentralización. Se argumentaba que el influjo de las elecciones nacionales, particularmente de la presidencial, le restaría independencia y relevancia a los comicios regionales. Se destacó que la profusión de opciones y candidaturas confundiría al elector, impidiéndole una escogencia bien informada y reflexiva. También se planteó que la organización del proceso comicial y el acto de votación en comicios conjuntos se complicaría tanto que podrían afectar su viabilidad. Aceptada la necesidad de la separación de las elecciones, el orden en que estas debían ocurrir generó ásperas polémicas.
El esquema propuesto en el Congreso obedeció al interés de los partidos dominantes de asegurar posiciones de poder en el ámbito parlamentario y regional frente a la creciente consolidación y ascenso de la candidatura de Chávez, que percibían como peligrosa para la estabilidad y permanencia del orden democrático, y para su propia supervivencia. Se pensaba que si la elección presidencial tenía lugar primero, una intención de voto favorable a Chávez, como consecuencia del llamado “efecto portaviones”, determinaría la escogencia de los representantes al parlamento y a los gobiernos regionales, generando en toda la estructura político-administrativa una correlación de fuerzas favorable a la misma. Mientras que si los comicios parlamentarios y regionales tenían lugar primero, el votante estaría en mejores condiciones para diferenciarlos de la elección presidencial y para apoyar a los liderazgos tradicionales.
Diversos sectores políticos y de la opinión pública cuestionaron este esquema por considerarlo ventajista, sin embargo así fue aprobado y llevado a cabo. De modo que por primera vez en nuestra historia comicial desde 1958, tuvo lugar una elección presidencial aislada del resto y hubo dos elecciones en un mismo año.
Otro aspecto novedoso de la competencia electoral de 1998 fue que faltando muy pocos días para el evento comicial, los partidos AD y Copei le retiraron el apoyo a sus respectivos candidatos, y apoyaron a Salas Romer, contra quien se habían opuesto acerbamente hasta pocas semanas antes. Todo ello generó gran confusión e irritación en el electorado, el cual se volcó a favor de la candidatura de Chávez.
Estos eventos político-electorales fueron una expresión vívida del estado de confusión y de decaimiento en que se encontraban las organizaciones partidistas tradicionales y, por otro lado, del significativo reto que les plantearon las opciones emergentes. En los sondeos de opinión se fue consolidando un apoyo consistente a las organizaciones y candidatos que representaban una ruptura con el pasado.
Al examinar los resultados de las elecciones legislativas de 1998 destacan varios aspectos. Por un lado, el rápido crecimiento y “posicionamiento” de los partidos PV y sobre todo MVR, que por primera vez participaban en la competencia electoral nacional. Otro rasgo es la nueva reducción del volumen sumado de votos y de escaños de los partidos AD y Copei, que esta vez concentraron el 36,1% de los votos de la lista a la cámara de diputados, aunque por efecto del sistema electoral alcanzan el 43,5% de los puestos. Se evidenció en esos comicios la fragilidad de la implantación de los partidos LCR y Convergencia que habían obtenido altas votaciones en 1993 y que disminuyeron severamente su caudal electoral 5 años después, aunque parte de la votación de LCR se dirigió hacia los candidatos del PPT, partido que resultó de una escisión de LCR. Por último, el MAS logró una votación algo inferior a la obtenida en 1993, lo que sugiere que su vinculación con el Polo Patriótico no le aportó beneficios electorales adicionales.
La votación para elegir a los representantes de la cámara de diputados de los partidos muestra cambios importantes en las preferencias de los electores. La votación sumada de AD y Copei alcanzó el 36% del total, mientras que los votos combinados de MVR, 19,9%, y PV, 10,4%, los nuevos partidos con votación significativa de esta contienda superaron ligeramente el 30% del total. Si bien estos porcentajes no se tradujeron exactamente en la distribución de escaños dentro del Congreso, sí se observa cómo las fuerzas emergentes van desplazando a las tradicionales, produciéndose así un resultado semejante al de 1993, aunque con diferentes actores emergentes. Ello nos lleva a llamar la atención sobre un rasgo muy destacado por Molina (2001), como es el de la volatilidad del electorado y la desalineación partidista, que provocaron el surgimiento de un sistema multipartidista inestable de difícil consolidación, a diferencia del bipartidismo estable que caracterizó la dinámica partidista desde 1973 hasta 1988. Y desde luego, insistir en la ratificación de la tendencia al desplazamiento y sustitución de los partidos tradicionales por fuerzas emergentes.
En la elección de gobernadores también ocurrió una nueva alineación de fuerzas. De un total de 23 gobernaciones (se agregó el recién creado estado Vargas), los candidatos del partido AD triunfaron en 8 estados y los de Copei en 4 y en alianza entre ambos en 1 estado. Los partidos asociados al Polo Patriótico triunfaron 7 gobernaciones, correspondiéndole 1 al MVR, 3 al MAS, 3 al PPT. Por su parte PV repitió su victoria en Carabobo, Convergencia se mantuvo en Yaracuy y en el Zulia ganó nuevamente Arias Cárdenas, apoyado por una amplia alianza que incluyó al MVR, Copei, LCR y al partido IRENE.
De ambos grupos de resultados electorales emergió un nuevo panorama político-electoral, en el que compartían posiciones de poder de manera relativamente equilibrada los partidos tradicionales y los grupos emergentes, destacando el rápido crecimiento de los últimos, así como el desplazamiento de las opciones que en 1993 tuvieron ese carácter, como los partidos Convergencia y LCR. Los resultados de las elecciones de noviembre de 1998 también muestran que en las regiones más pobladas ganaron posiciones las nuevas fuerzas en detrimento de las tradicionales. Si bien estos resultados no fueron concluyentes en términos de la implantación definitiva del Polo Patriótico o del desplazamiento definitivo de los partidos tradicionales, anunciaron un cambio dramático en la correlación de fuerzas y alertaron a los sectores tradicionales acerca del avance de Chávez y de su coalición.
Los evidentes avances del Polo Patriótico, la limitada votación del partido PV, el sólido apoyo a la candidatura de Chávez reflejada en los diversos sondeos, el decaimiento de la candidatura de Irene, la falta de arraigo de Alfaro Ucero, la marcada polarización del ambiente político/electoral generaron una dinámica muy particular entre las elecciones de noviembre y las de diciembre de 1998. Los partidos AD y Copei resolvieron retirar su apoyo a sus candidatos y apoyar la candidatura de Salas Romer. El cálculo fue que la votación sumada de los partidos y candidatos asociados con esas agrupaciones superaría a la de Chávez. Si bien en términos aritméticos había elementos de juicio para llegar a esa conclusión, la realidad produjo un resultado muy diferente.
No obstante, la decisión de última hora de apoyar a Salas Romer, crítico severo del bipartidismo de AD y Copei, contra quien estos partidos se habían enfrentado hasta con mayor fuerza que contra el propio Chávez, generó un sentimiento de desconcierto y rechazo en la población, que se volcó a votar a favor de Chávez. Igualmente, el incremento de la votación entre uno y otro proceso, al bajar la abstención del 46% al 37%, fue absorbido mayoritariamente por Chávez.
Finalmente resultó una contienda altamente polarizada en la que los 2 candidatos más votados, ambos representantes de sectores emergentes, obtuvieron el 96,17% de los votos. Al igual que en las elecciones de 1993, las preferencias de los electores se orientaron tempranamente a favorecer a las opciones más cuestionadoras del status quo, prevaleciendo el candidato con el discurso y prácticas más radicales, Chávez Frías. Aquel 52, 41% del electorado que en 1993 votó a favor de los candidatos anti-sistema, en 1998 se volcó hacia Chávez, quien obtuvo el 56,2% de los votos, proveniente de 3.673.685 electores, equivalente al 33,43% de los electores inscritos.
Frente a estos resultados electorales caben varias consideraciones. Una de ellas es preguntarse si la estrategia diseñada por los partidos tradicionales de separar las elecciones colocando en primer lugar los comicios parlamentarios y regionales produjo los efectos esperados. El objetivo de preservar la autonomía de las elecciones regionales y parlamentarias y promover de ese modo la votación a favor de los liderazgos, tradicionales o no, en dichos ámbitos, se logró. Probablemente, la polarización de las preferencias en torno a la elección presidencial sí hubiese desdibujado la naturaleza de los comicios regionales y reducido las oportunidades de los líderes regionales asociados con organizaciones tradicionales, de modo que aunque el clima político general influyó sobre los resultados electorales, no los desnaturalizó por completo. No obstante, la estrategia adoptada no fue eficaz para detener el avance de la candidatura de Chávez, menos aún luego del confuso episodio del retiro del apoyo partidista a las candidaturas de Alfaro Ucero y de Irene Sáenz[3].
La realidad sociológica del cambio de las preferencias electorales, la nueva volatilidad del electorado y el desplazamiento del apoyo al binomio AD-Copei, el surgimiento de nuevos actores y del atractivo generado por opciones enfrentadas al status quo estaba firmemente arraigada en el nuevo comportamiento electoral del venezolano, y venía expresándose consistentemente a lo largo de los años 90. En ese contexto, las maniobras político-electorales de última hora tuvieron un alcance limitado, e incluso un efecto contraproducente.
El claro triunfo electoral de Chávez y de sus aliados trajo cambios rápidos en la dinámica sociopolítica. Las fuerzas emergentes accedieron al gobierno con un proyecto de poder madurado durante varios lustros, desde sus tiempos conspirativos dentro de las Fuerzas Armadas. La realización de una Asamblea Constituyente para “refundar la República” fue la principal promesa electoral de Chávez y de su coalición, y apenas llegados al poder se activaron los mecanismos para su convocatoria. Ya para el 19 de enero de 1999, en respuesta a dos recursos de interpretación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se había pronunciado favorablemente en torno a la posibilidad de utilizar el referendo consultivo previsto en la ley del sufragio vigente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aun cuando dicha figura no existía en la Constitución de 1961.
La realización de una Asamblea Constituyente para "refundar la República" fue la principal promesa electoral de Chávez y de su coalición.
El mismo día de la toma de posesión, el 2 de febrero de 1999, el recién proclamado presidente emitió un decreto solicitando la consulta popular acerca de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, horas después de haber aceptado las obligaciones inherentes a su cargo jurando sobre la “moribunda” Constitución de 1961. Con estos eventos se inició el proceso constituyente venezolano, que marcó la dinámica sociopolítica del año 1999, y más allá.
El proceso constituyente se realizó en tres fases comiciales. El referendo del 25 de abril de 1999 para consultar al electorado acerca de la convocatoria de una ANC; la elección de los representantes a la ANC el 25 de julio de 1999 y el referendo del 15 de diciembre de 1999 para aprobar el proyecto de Constitución elaborado por la ANC. Cada proceso comicial tuvo sus particularidades y aportó su especificidad a la dinámica sociopolítica del país, pero como balance general se puede afirmar que en cada uno de ellos se fue afianzando el apoyo a Chávez y a su proyecto, al tiempo que la dinámica de las fuerzas que se le oponían también fue adquiriendo nuevos matices.
Luego de superar diversos obstáculos jurídicos, el 25 de abril de 1999 tuvo lugar el referendo para consultar al electorado acerca de la convocatoria de una ANC. Los votantes debieron responder 2 preguntas: La primera “Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa?” y la segunda referida a la aprobación de las bases comiciales para la elección de los miembros de la ANC[4].
Este fue el primer referendo consultivo de carácter nacional convocado y realizado en el país. Los resultados del referendo mostraron aspectos relevantes de la nueva dinámica sociopolítica. La abstención llegó al 62,3%, el mayor nivel de la historia comicial del país hasta ese momento, no obstante la baja participación no deslegitimó ni obstruyó la marcha del proceso constituyente. Los resultados por el “SI” ratificaron la votación obtenida por Chávez en diciembre de 1998, llegando a 3.630.666 en la primera pregunta y 3.275.716, mientras que el “No” obtuvo 300.233 votos en la primera pregunta y 512.967 votos en la segunda. Los sectores que se oponían a Chávez se encontraban en su menor nivel de articulación y muy desmoralizados frente a los resultados de diciembre, y en su mayoría optaron por abstenerse.
Ni en este proceso ni en los siguientes que tuvieron lugar en 1999 y 2000 los sectores opositores a Chávez y su proyecto lograron igualar o superar el caudal de votos obtenidos por la candidatura de Salas Romer o mantener todas las votaciones importantes en el ámbito regional logradas en noviembre de 1998, aunque en los siguientes episodios comiciales fue mejorando su desempeño. Ello evidenció que el triunfo electoral de Chávez y del Polo Patriótico no era un fenómeno efímero o un producto circunstancial de equivocados cálculos coyunturales, sino que se enlazaba sustancialmente con las diversas expresiones de búsqueda de cambio que venían ocurriendo desde finales de los años 80 y que tuvieron consistentes expresiones electorales, como se expuso en las páginas anteriores.
El 25 de julio de 1999 tuvo lugar la elección de los representantes a la ANC. Este proceso fue bastante particular por diversas razones. El aspecto más importante fue el relacionado con el sistema electoral adoptado para elegir a los representantes, aprobado en el referendo de abril de 1999. Se trataba de un sistema mayoritario, basado en una circunscripción nacional de 24 candidatos y 24 circunscripciones regionales con un número variable de candidatos dependiendo de la población de cada entidad, junto con la designación de 3 representantes indígenas seleccionados de acuerdo con sus “usos y costumbres ancestrales”. Este esquema se alejaba drásticamente de las fórmulas empleadas para elegir los representantes a los cuerpos colegiados desde 1958, basadas en el principio de la representación proporcional y que estaban consagradas en la Constitución y la ley del sufragio vigentes. El resultado fue una exagerada sobrerrepresentación de la mayoría, lo que significó que los candidatos del Polo Patriótico obtuvieron el 95% de los miembros a la ANC a partir de una votación que rondaba el 65% del total. Así, de los 131 miembros de la ANC, 125 provenían de la lista del Polo Patriótico, incluyendo a los 3 diputados indígenas.
Para llegar a este resultado influyeron importantes circunstancias. Por un lado, no se examinaron a fondo las implicaciones y consecuencias del sistema electoral adoptado, de modo que importantes sectores de la opinión pública, incluidos los de oposición, lo apoyaron entusiastamente. La abstención alcanzó el 54%. Desde mediados de los años 80, la llamada uninominalidad y la personalización del voto, en contraposición a la representación proporcional, habían sido enarboladas por diferentes sectores sociales y políticos como banderas de lucha en contra del bipartidismo y sus desviaciones. No obstante, debido a la falta de experiencia y escasa comprensión del sistema electoral adoptado, diversos grupos e individualidades asociados a la oposición actuaron como si la regla vigente era la de la representación proporcional. Se presentaron de manera dispersa cerca de 1000 candidatos de oposición, la mayoría de los cuales se postularon por “iniciativa propia” aun cuando tenían activos vínculos partidistas y la mayor parte de estos candidatos compitieron entre sí para captar el voto del mismo electorado.
Por el contrario, el oficialismo actuó con extrema eficacia maximizando sus posibilidades electorales al presentar una lista única de 124 candidatos distribuidos a lo largo del territorio en zonas electorales, los llamados “Kinos Chávez”. Esta estrategia le permitió obtener el máximo provecho del sistema electoral y colocar una mayoría absoluta de sus representantes en la ANC. Con esta adecuada estrategia, el oficialismo aprovechó eficazmente la alta aceptación que aún tenía entre la población y potenció sus oportunidades electorales. No obstante, también hay que destacar que las autoridades públicas identificadas con el oficialismo actuaron de manera abiertamente parcializada, participaron en actos proselitistas y utilizaron recursos e instalaciones públicas para promover sus candidatos a la ANC, en contravención evidente de las normas electorales y las referidas al manejo de la administración pública.
Lograr el control político de la ANC a través de la presencia de una representación abrumadoramente mayoritaria lució como un triunfo de la coalición gobernante, y le garantizó gran holgura para consagrar un texto constitucional acorde con su proyecto político. No obstante ese control hegemónico generó consecuencias negativas sobre las relaciones internas del bloque oficialista y sobre la posterior aceptación del texto resultante. La propia dinámica de las deliberaciones hizo que afloraran o que se evidenciaran desavenencias importantes al interior del Polo Patriótico, más que diferencias entre oficialismo y la mínima bancada opositora. Por otro lado, el déficit de representación de amplios sectores redundó en que el texto resultante fuera percibido como la expresión del proyecto político del presidente Chávez y de su coalición, y no como el reflejo de las aspiraciones del conjunto de la sociedad. A diferencia de la Constitución de 1961, la de mayor duración en nuestra historia republicana, que fue el resultado de un amplio consenso entre sectores divergentes y que comenzó a ser cuestionada luego de cerca de tres décadas de vigencia, la duración y aceptación de la de 1999 pareciera estar atada a las vicisitudes y estabilidad del gobierno de Chávez.
Una vez instalada la ANC a inicios de agosto de 1999, al discutir su reglamento interno se autodefinió como “originaria”. Desde la campaña electoral, el proceso constituyente estuvo signado por la discusión acerca de los límites y alcances de la ANC, de su carácter originario o derivado, y por la definición de las competencias de los poderes constituidos frente al poder constituyente. Aun cuando en sucesivas decisiones la CSJ estableció los límites de la ANC, después de instalarse se declaró originaria y, por tanto, libre de las ataduras que le imponía la Constitución de 1961 y el entramado institucional existente.
En su primer mes de actividad, la ANC centró su atención en la discusión del reglamento interno, en la organización de sus actividades, y en la evaluación de la posibilidad de intervenir o disolver los poderes legislativo y judicial. Desde temprano se evidenció que el proceso constituyente y la ANC fueron concebidos como fórmulas para producir rápida y eficazmente cambios en la correlación de fuerzas existente derivada de las elecciones de noviembre de 1998, a fin de trascender esos resultados y profundizar los de diciembre de 1998. Igualmente, a través de la ANC se promovieron nuevas figuras, hasta ese momento desconocidas para el amplio público, y que comenzaron a formar parte de la nueva clase política, al ocupar más adelante posiciones importantes en la estructura administrativa del gobierno, o al ser promovidos como candidatos a ocupar cargos electivos en los siguientes comicios, o como miembros importantes en la estructura partidista de la coalición gobernante. De este modo la ANC también le otorgó visibilidad y protagonismo a un nuevo liderazgo, opacando a la dirigencia tradicional.
La ANC fue utilizada como una poderosa herramienta política. Tuvo varias funciones, hábilmente concebidas y empleadas por la nueva coalición gobernante en función de sus objetivos de poder: fue un instrumento para trastocar la correlación de fuerzas existente y fortalecer a los sectores emergentes; sirvió promover nuevos líderes políticos y desplazar a los existentes, y —casi secundariamente— redactar una nueva Constitución, con el propósito de generar un nuevo conjunto de reglas, valores actores e instituciones para trastocar las bases tradicionales de ordenación de la sociedad venezolana. La función de elaboración constitucional propiamente dicha fue abordada de forma apresurada, sacrificando la discusión sistemática y la consistencia del texto, al punto que se publicaron varias versiones de la Constitución en diferentes fechas, cada una con cambios de forma y de fondo (Combellas, 2001).
En el ejercicio de la función política, una de las decisiones más discutibles y que generó una fuerte reacción nacional e internacional fue el intento de disolver el poder legislativo. Luego de una transacción entre sectores oficialistas y de oposición se mantuvo el funcionamiento de la Comisión Delegada del Congreso, lo que redujo esa instancia a una mínima expresión. Esta decisión de la ANC fue respaldada por una polémica sentencia de la Sala Plena de la CSJ, a través de la cual se consagró la llamada supraconstitucionalidad de las decisiones y actuaciones de la ANC, como respuesta al intento de impugnar la decisión de la ANC. Esta polémica decisión de la CSJ, que incluso provocó la renuncia de su presidenta, sirvió para legitimar las actuaciones del cuerpo constituyente en ámbitos distintos a los de la estricta elaboración constitucional, como la destitución y designación de los titulares de los poderes públicos (TSJ, 2000).
El tercer episodio comicial del proceso constituyente tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, coincidiendo con el trágico deslave del estado de Vargas y las torrenciales lluvias de otros estados del país. Los resultados nuevamente favorecieron ampliamente al oficialismo, pero esta vez la oposición se estructuró con cierta eficacia alrededor del “No”, mejorando su desempeño respecto del referendo de abril. La pregunta sometida a la consideración del electorado fue: “Aprueba usted el proyecto de Constitución por la Asamblea Nacional Constituyente?” la respuesta favorable obtuvo 3.301.475 votos, equivalente al 71,78% del total de votos válidos y el “No” obtuvo 1.298.105 votos, equivalentes al 28,22% de los votos válidos. La abstención se ubicó en 56%.
La vía electoral resultó altamente eficaz para legitimar en su origen a los nuevos ocupantes del poder, y el apoyo de la población actuó como pretexto para traspasar las barreras discursivas e institucionales habituales y forzar las barreras legales.
Al efectuar el balance de estos tres procesos comiciales y teniendo como referencia los del año 1998, destacan nuevas características de la dinámica sociopolítica venezolana. Las fuerzas emergentes se impusieron con fuerza y rapidez en el escenario político. Aprovecharon su inicial apoyo popular para profundizar y potenciar su capacidad de ocupar posiciones de poder, más allá de lo que derivaba naturalmente del cuadro electoral resultante de las elecciones de noviembre y diciembre. En apenas un año habían aprobado una nueva Constitución y en el transcurso del proceso constituyente desplazaron a los sectores políticos tradicionales y se conformaron como una nueva clase política. Lo que el Polo Patriótico no logró a través de los comicios de 1998, lo obtuvo a través del proceso constituyente, como la cuasi inhabilitación del Congreso y la intervención del Poder Judicial.
El remate de esta operación se produjo en las semanas finales de diciembre de 1999, durante el aparente limbo jurídico producido después de la aprobación popular de la nueva Constitución, pero antes de su entrada en vigencia al publicarse en la Gaceta Oficial. En esos días, la ANC destituyó a todos los titulares de los poderes públicos (a excepción del presidente de la República), incluyendo al Fiscal, Contralor, Poder Legislativo, Poder Judicial, Consejo Nacional Electoral y los sustituyó por nuevas autoridades identificadas con el oficialismo y designó a la titular de la recién creada Defensoría del Pueblo.
La sentencia sobre la supraconstitucionalidad liberaba a la ANC de las ataduras impuestas por el orden político-institucional existente, a su vez el proyecto de Constitución aprobado el 15 de diciembre de 1999 establecía que la nueva Constitución entraba en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial. Así, en medio del estupor nacional que produjo la devastación ocasionada por el deslave natural en el estado Vargas, se retrasó intencionalmente la publicación en Gaceta Oficial de la nueva Constitución hasta el día 29 de diciembre de 1999, y en esos días se decidió la destitución y designación de los ocupantes de los poderes públicos, al margen de las disposiciones contenidas tanto en la Constitución de 1961, como en la recién refrendada. Así, amparados en la supuesta “supraconstitucionalidad” de sus actuaciones, desde la ANC se redefinió la correlación de fuerzas en los poderes públicos, acomodándola a favor del oficialismo.
La audacia, novedad y discutible legalidad de muchas de estas acciones desconcertaron a los actores tradicionales, lo que sumado al atractivo que aun ejercía el nuevo presidente y sus aliados desencadenó una dinámica sociopolítica marcada por la confrontación y el acorralamiento de los sectores enfrentados a los nuevos ocupantes del poder. La alineación de los poderes públicos en función de los intereses del proyecto político de la quinta república y de sus promotores, produjo decisiones favorables a la implantación del nuevo proyecto. La característica dinámica del consenso fue sustituida por la exacerbación de las diferencias, la exclusión política y el deslinde radical entre las fuerzas vinculadas a los sectores emergentes vinculados con el nuevo proyecto político y las élites tradicionales, no sólo en el ámbito político, sino en las esferas económica, eclesiástica, militar, sindical, educativa, mediática, etc.
La vía electoral resultó altamente eficaz para legitimar en su origen a los nuevos ocupantes del poder, y el apoyo de la población actuó como pretexto para traspasar las barreras discursivas e institucionales habituales y forzar las barreras legales. En este año se implantaron los cimientos de un proyecto sociopolítico con aspiraciones de largo plazo, que se basó en la expectativa de cambio presente en la población durante al menos una década y que permitió la aceptación desprevenida de muchos excesos y distorsiones, no necesariamente incluidas en la agenda de las aspiraciones populares. No obstante, la reacción en contra de las rupturas, desviaciones y vicios no deseados tardó en consolidarse y en expresarse como sentimiento mayoritario; más bien predominaba en amplios sectores la impresión de existencia de una adecuada relación entre sus preferencias y votos y el esquema de poder resultante de los procesos comiciales de 1998 y 1999.
La idea de convocar nuevas elecciones estaba presente en el ambiente oficialista aun antes de aprobarse la nueva Constitución. Esta decisión generó un conjunto de interrogantes: ¿por qué si acababan de tener lugar elecciones en 1998 se requería elegir nuevamente a las mismas autoridades?, ¿por qué las decisiones asociadas con la puesta en marcha del nuevo proceso comicial se tomaron de manera tan apresurada, y contraviniendo disposiciones legales y acuerdos societales existentes?, ¿por qué las fuerzas de la coalición gobernante adoptaron una estrategia relativamente riesgosa, de someterse nuevamente a la prueba del favor popular, cuando ya tenían aseguradas importantes posiciones de poder, como la presidencia de la República?
Desde el punto de vista legal y constitucional se justificó esta decisión argumentando que se debía adecuar los períodos y funciones de las autoridades electas a las nuevas disposiciones del texto. Por ejemplo que se debía cambiar la estructura parlamentaria, que pasó de ser bicameral a ser unicameral, y garantizar la inclusión de la representación indígena.
No obstante las consideraciones de mayor peso estaban asociadas con las realidades políticas del momento y las posibilidades de implantación del nuevo proyecto sociopolítico. Como sabemos, las elecciones de diciembre de 1998 habían producido un poder ejecutivo dominado por Chávez y su coalición, mientras que como resultado de las elecciones de noviembre de 1998 en el parlamento y en el ámbito regional el Polo Patriótico no había resultado el boque mayoritario y las fuerzas tradicionales aun conservaban importantes cuotas de poder. Políticamente, la nueva convocatoria a elecciones generales o la llamada relegitimación de poderes se justificó por la necesidad de alinear y sintonizar la correlación de fuerzas en los poderes públicos en la estructura político/administrativa central, regional y local, asegurando el predominio del Polo Patriótico a lo largo y ancho de dicha estructura y el desplazamiento de las fuerzas contrarias.
Otro aspecto relevante se refería al apoyo electoral con que contaba el oficialismo. A pesar de las apariencias, el caudal electoral del gobierno era limitado. En todos los procesos efectuados en 1998 y 1999 la votación a favor del presidente y de las fuerzas vinculadas al Polo Patriótico se ubicaba en alrededor de un tercio del electorado. Así, la votación obtenida por Chávez, los 3.673.685 votos equivalían al 33,43% del electorado total, y en diciembre de 1999 los votos a favor del “sí” (asimilable al voto oficialista) representaba el 30,18% del total de electores inscritos.
Si bien se trataba de una votación superior a la del resto de los factores, lucía escasa frente al ambicioso propósito de “refundar la república” y de trastocar las bases de ordenación de la sociedad venezolana. Ello llevaba a la necesidad de maximizar las potencialidades de esos votos, transformando el 33% del apoyo electoral en un volumen próximo al 100% de los cargos en los poderes públicos. Desde la óptica de los nuevos ocupantes del poder se requería actuar con rapidez para aprovechar el soporte popular que, aunque se mantenía firme, era relativamente escaso respecto a la magnitud del proyecto, a sabiendas que las vicisitudes del ejercicio gubernamental podían erosionar ese soporte, y permitir el fortalecimiento de la oposición. Por su parte, la seguridad de contar con ese apoyo popular en esas circunstancias apuntaló la decisión de convocar las elecciones, más allá de los riesgos propios de cualquier proceso comicial.
Para promover una transformación radical de la sociedad era necesario controlar las palancas fundamentales de toma de decisiones en la estructura horizontal del poder, copando los poderes públicos, y en la estructura vertical de poder, mediante la Alineación adecuada de las autoridades electas. La primera fase la cumplió la ANC con el nombramiento en diciembre de 1999 de todos los cargos no electivos (Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral). Ahora correspondía el turno a la tarea de copar los cargos electivos, completando o superando los resultados de 1998. Para ese propósito se promovió la llamada relegitimación de los poderes.
La organización del proceso electoral bajo estas premisas se inició tempranamente, con el nombramiento de las autoridades del CNE afectas al oficialismo por parte de la ANC. Fue seguido por la promulgación de un Estatuto Electoral de los Poderes Públicos y la fijación de la fecha de las nuevas elecciones por parte de la ANC, el 3 de febrero de 2000. Estas decisiones implicaron la convocatoria de las llamadas megaelecciones —elección de todos los cargos de representación popular— para el 28 de mayo de 2000, fecha en la que escogerían simultáneamente 6.241 cargos ejecutivos y legislativos nacionales y locales. En el Estatuto Electoral se modificaron las reglas de votación vigentes y se adoptó un sistema electoral mixto para la composición de los cuerpos colegiados, en el que el 60% de los cargos provenían del voto mayoritario y 40% del voto proporcional con ello se procuraba obtener el efecto de sobrerrepresentación de la mayoría, aunque en proporciones mucho menores a lo ocurrido en la ANC y a la propuesta inicial de aprobar un esquema 80% mayoritario 20% proporcional.
La preocupación por maximizar el apoyo electoral del oficialismo también privó en el momento de proponer y aprobar la convocatoria de una megaelección, soslayando importantes consensos societales existentes desde finales de los años 80 y que se ratificaron durante el debate electoral de 1998, acerca de la necesidad de diferenciar las elecciones regionales y locales de las nacionales, a fin de preservar la autonomía y visibilidad de las primeras.
Estas decisiones fueron impugnadas por diversas individualidades y agrupaciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSJ), alegando la ilegalidad e inconstitucionalidad de las más importantes. Entre ellas destacaba la supuesta violación del artículo 298 de la nueva constitución que prohibía la modificación de la legislación electoral a menos de 6 meses de fecha de los comicios. Las argumentaciones fueron rebatidas por el TSJ apelando al controversial argumento de la transitoriedad, según el cual debía preverse un lapso —la transición— para ajustar el entramado institucional a las disposiciones de la nueva Constitución, por lo que la plena vigencia de las normas que regían la organización de los comicios y de los poderes públicos debía esperar la instalación de la Asamblea Nacional. La transitoriedad, como antes la supraconstitucionalidad de la ANC, sirvió de fórmula justificadora para consagrar reglas y prácticas reñidas con la equidad e imparcialidad que debía caracterizar a cualquier evento comicial (TSJ, 2000).
El oficialismo participó confiadamente en estas elecciones, aun cuando las mismas estuvieron marcadas por riesgos y problemas. Se produjeron importantes rupturas al interior del bloque en el poder, como la separación de Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos (3 de los 4 comandantes que junto con Chávez habían liderado el intento de golpe de febrero de 1992) y la candidatura presidencial de Arias Cárdenas, así como el alejamiento temporal del partido PPT de la coalición de gobierno. Fue una oportunidad para la articulación del esfuerzo opositor, el cual no fue plenamente aprovechado por sus principales actores, aún débiles después de sus recientes derrotas electorales. Y el evento más dramático fue la suspensión de las elecciones 3 días antes de la fecha prevista para su realización.
La organización de las megaelecciones estuvo marcada por la improvisación y el conflicto. La combinación entre la complejidad intrínseca de los comicios propuestos, la incapacidad gerencial de la directiva del CNE y la intervención política oficialista llevaron el proceso al colapso. Cuando era evidente que los comicios eran irrealizables, dos agrupaciones de la sociedad civil, Cofavic y Queremos Elegir, introdujeron un amparo oral ante el TSJ solicitando su suspensión. El 25 de mayo, a sólo 3 días de la fecha prevista, el TSJ ordenó detener íntegramente el acto electoral y convocar nuevos comicios en un plazo perentorio. Nunca antes en la historia electoral venezolana había ocurrido semejante desastre.
La Comisión Legislativa Nacional, el llamado “Congresillo”, cuerpo legislativo nombrado por la ANC que sustituyó al Congreso suspendido por decisión de la ANC y que continuó sus labores, seleccionó al nuevo equipo comicial. Esta vez se resolvió separar las elecciones. Primero vinieron la elección presidencial, parlamentaria, de gobernadores, concejos legislativos estadales, alcaldes, alcalde mayor y concejo metropolitano el 30 de julio de 2000. Los demás cargos se eligieron el 3 de diciembre de 2000.
Los resultados de estas elecciones favorecieron ampliamente a los candidatos del gobierno, tanto en los que se refiere a los cargos unipersonales como a la representación en los cuerpos colegiados. A la elección presidencial sólo se presentaron 3 candidatos: Chávez apoyado por 9 organizaciones, Arias por 6 y Claudio Fermín por 1. Se trató de la elección presidencial en la participó el menor número de candidatos y agrupaciones desde 1958. Chávez obtuvo 3.757.773 votos, 2,2% más que en los comicios de 1998, equivalentes al 59,8% de los votos válidos y el 32,06% del total de electores. Arias obtuvo 2.359.459, equivalente al 37,5% de los votos válidos y Fermín 171.346 votos. La abstención se elevó al 43,7% y el número de electores totales superó los 11.7 millones. El presidente mantuvo aproximadamente igual su votación en términos absolutos y relativos, mientras que la oposición no logró igualar las cifras alcanzadas en 1998, pero superó los bajos niveles de 1999.
Los cambios más importantes en la correlación de fuerzas resultantes ocurrieron a propósito de la elección parlamentaria y de los gobernadores de estado, principal objetivo procurado por el Polo Patriótico al promover estos comicios. Como resultado de las elecciones de 2000 el Polo Patriótico obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, y dentro de la coalición oficialista predominó el partido MVR, convirtiéndose en la fuerza individual mayoritaria al interior de la AN. Los partidos tradicionales, AD y Copei sufrieron una nueva reducción significativa de su representación, al igual que partidos emergentes como el PV. El MAS obtuvo una importante representación, producto de su hábil negociación dentro de la coalición de gobierno más que de su figuración electoral.
La sumatoria de los representantes de los partidos MVR, MAS y de los representantes indígenas llegó a 102 escaños dentro de la asamblea nacional, cifra superior a la mayoría simple, aunque inferior a los dos tercios requeridos (equivalente a 110 votos) para algunas decisiones trascendentes, como el nombramiento de los titulares de los poderes públicos. La coalición de gobierno utilizó sistemáticamente esa mayoría parlamentaria para promover su proyecto político. En las etapas iniciales el oficialismo logró con facilidad generar las alianzas y acuerdos necesarios para completar los votos requeridos para obtener decisiones por mayoría calificada, y tenía garantizadas las decisiones por mayoría simple. No obstante, los cambios en la dinámica política, como la separación de buena parte del MAS y de un grupo de parlamentarios del MVR de la coalición gobernante, le restó apoyos al oficialismo dentro del parlamento, al punto que para algunas decisiones incluso se le dificultaba sumar los 83 votos necesarios para asegurar la mayoría simple.
En el ámbito regional las elecciones también favorecieron al oficialismo y produjeron un cambio en la correlación de fuerzas, con el claro predominio del MVR. En las gobernaciones de los estados Bolívar, Cojedes, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo los candidatos del MVR obtuvieron la victoria desalojando a gobernadores de AD o de Copei, en algunos casos con márgenes electorales mínimos y en medio de controversias acerca de la pulcritud del proceso comicial. El único estado en el que prosperó una impugnación postelectoral fue en Amazonas, con lo que el partido PPT obtuvo la victoria frente al inicialmente proclamado gobernador de AD. El MVR también desplazó al MAS en los estados Lara y Portuguesa y al PPT en Vargas. El MAS obtuvo la victoria en los estados Anzoátegui, Aragua, Delta Amacuro y Sucre. Proyecto Venezuela volvió a triunfar en el estado Carabobo, Copei en el estado Miranda y Convergencia en el estado Yaracuy. En el Zulia se impuso una nueva organización regional, Un Nuevo Tiempo (UNT).
La escasa participación del electorado fue interpretada como una merma de la capacidad de convocatoria del presidente, quien se vinculó directamente con la campaña de promoción del referendo y del voto afirmativo
En definitiva, el objetivo procurado por el oficialismo se logró plenamente con estas elecciones. También en el ámbito regional resultó fortalecido el Polo Patriótico y dentro del mismo el partido MVR, que obtuvo 11 gobernaciones. Los partidos tradicionales quedaron debilitados al perder un importante número de gobernaciones.
Para completar el proceso electoral previsto para mayo de 2000 faltaba la elección de los concejos municipales y las juntas parroquiales, que tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2000. Es fácil entender que estos comicios fueran recibidos por la población con muy poco entusiasmo. Se trataba del séptimo proceso electoral en tres años, las autoridades a ser escogidas carecían de atractivo, y las organizaciones y los candidatos carecían de recursos para promoverse puesto que sus finanzas se habían agotado en el primer intento electoral de mayo. El resultado fue una abstención del 76%, la mayor de toda nuestra historia electoral.
A esto se le sumó el rechazo a la imposición del referendo sindical, cuyo propósito era forzar la renovación de la dirigencia sindical a lo largo y ancho del país, con la expectativa de generar una correlación de fuerzas favorable al oficialismo. Los resultados del referendo fueron considerados vinculantes por parte de la Sala Constitucional del TSJ, aun cuando se trataba de un referendo consultivo. En esta ocasión el “Sí” obtuvo 1.632.750 votos, el 62,02% de los votos válidos y el “No” 719.771 votos, 27,34% de los votos válidos, los votos nulos sumaron el 10,64%. Aun cuando triunfó el “Sí”, la escasa participación del electorado fue interpretado como una merma de la capacidad de convocatoria del presidente, quien se vinculó directamente con la campaña de promoción del referendo y del voto afirmativo.
Durante la segunda mitad de 2001 tuvieron lugar las elecciones sindicales a lo largo de todo el país, desde la base hasta la cúpula del sector. Si bien el oficialismo logró el objetivo de desplazar a los líderes existentes a través del referendo, los resultados de las elecciones sindicales favorecieron ampliamente a la oposición, constituyéndose en el primer evento político electoral en el que las fuerzas opuestas al Polo Patriótico obtuvieron importantes éxitos electorales desde diciembre de 1998.
La relegitimación de los poderes satisfizo plenamente los objetivos del Polo Patriótico. A pesar de las tensiones y fracturas sufridas por el nuevo bloque en el poder a raíz de estos comicios, el balance neto le resultó claramente favorable. Lograron alinear armónicamente la correlación de fuerzas a lo largo de la estructura político-administrativa de poder a través de las elecciones, al tiempo que hicieron lo mismo en el caso de los poderes derivados como el ciudadano y el judicial, una vez constituida la AN con una correlación de fuerzas holgadamente favorable. Al finalizar estas elecciones terminó la etapa más política de implantación del nuevo proyecto sociopolítico. En esa etapa los nuevos ocupantes del poder contaron con una sólida base de apoyo popular, que se mantuvo estable a lo largo de los comicios de 1999 y 2000. Si bien como se señaló anteriormente, la base electoral equivalente a un tercio del electorado no era muy amplia, fue más que suficiente para provocar cambios drásticos en la correlación de poder existente, dada la debilidad y desarticulación de las fuerzas opositoras.
Superada esta etapa, el gobierno entró en una fase de desarrollo de su acción de gobierno y la población comenzó a evaluar su desempeño en función de su capacidad de resolver los problemas claves de la población. En esa nueva etapa que se inició en el año 2001 el ánimo colectivo comenzó a cambiar, la correlación de fuerzas resultante de las elecciones del 2000 dejó de representar adecuadamente las expectativas y preferencias colectivas, y la dinámica sociopolítica se tornó crecientemente adversa a la coalición gobernante, y en especial al presidente de la República.
Desde la implantación de la descentralización y como producto de la profusión de comicios convocados entre los años 1998 y 2000, en el país se produjo un progresivo y adecuado ajuste entre las preferencias político/electorales de la población y el esquema de representación y la correlación de fuerzas resultante en las distintas instancias de poder, por el otro.
Luego de los avances y triunfos electorales del presidente Chávez y de sus aliados desde los comicios de noviembre de 1998 hasta los de diciembre de 2000, la dinámica sociopolítica fue cambiando. En las diversas encuestas y sondeos de opinión, fueron apareciendo signos de desafección de la población respecto del presidente y una evaluación crecientemente negativa de su gestión de gobierno. Desde el segundo semestre de 2001, coincidente con el fallido intento oficialista de asegurar una mayoría en el ámbito sindical, se fue estructurando un movimiento opositor a la presidencia de Chávez y a su proyecto sociopolítico.
Este movimiento opositor ensayó distintos tipos de vía para expresarse y para provocar cambios de la estructura de poder. No obstante, después de los últimos comicios diciembre de 2000, estos cambios en el ánimo colectivo no han podido canalizarse ni expresarse a través de procesos electorales y por lo tanto no se han materializado en nuevas correlaciones de fuerzas más cónsonas con dichos cambios.
La estructura de poder emergente de los procesos del año 2000, a pesar de la ocurrencia de cambios importantes, como la reducción de la mayoría parlamentaria del oficialismo a apenas la mitad más uno de los diputados, luce desfasada y detenida respecto a la magnitud del cambio operado en el ánimo colectivo. Buena parte de las luchas sociales y políticas acaecidas en el país desde el segundo semestre de 2001 han procurado cambiar esa realidad, en la búsqueda de un esquema de representación y poder en mayor sintonía con las nuevas aspiraciones colectivas. La mayor presión se ha ejercido en contra de la permanencia de Chávez en el poder, apelando a intensas movilizaciones masivas de protesta ciudadana y vías no electorales como paros cívicos y golpes de Estado, y a vías electorales como el frustrado referendo consultivo de febrero de 2003 y la activación del referendo revocatorio presidencial que de acuerdo con las disposiciones constitucionales, sólo podía ser activado al cumplirse la mitad del período presidencial, a partir del 19 de agosto de 2003.
En noviembre de 2002 los diversos sectores de oposición agrupados en la llamada Coordinadora Democrática reunieron cerca de 2 millones de firmas para solicitar la convocatoria de un referendo consultivo acerca de la renuncia presidencial. El CNE fijó como fecha para la realización de ese referendo el 2 de febrero de 2003. El 22 de enero de 2003 la Sala Electoral del TSJ bloqueó esta iniciativa aduciendo irregularidades en la conformación de la autoridad electoral.
En la fecha prevista para el referendo se organizó el llamado “Firmazo”, actividad a través de la cual nuevamente las diversas agrupaciones de la oposición reunidas en la Coordinadora Democrática recolectaron firmas para diversas iniciativas, como una enmienda a la Constitución, un referendo abrogatorio de un paquete legislativo de más de 40 leyes, el referendo revocatorio presidencial, entre otros. El 20 de agosto de 2003 nuevamente las diversas agrupaciones del ámbito opositor presentaron ante el CNE planillas contentivas de la manifestación de voluntad de 3.2 millones de electores (el mínimo requerido era 2.4 millones, equivalente al 20% de los electores inscritos en el registro electoral), solicitando la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato presidencial. Esta iniciativa tampoco prosperó, puesto que en una decisión dividida (3 a favor y 2 en contra) adoptada el 12 de septiembre de 2003 por la junta directiva, del ente comicial rechazó la solicitud refrendaria, aduciendo el incumplimiento de “formalidades esenciales”, como la supuesta extemporaneidad de la recolección de las firmas y la falta de mención al CNE en el encabezado de las planillas contentivas de las firmas de los electores.
No obstante los reveses vividos por la oposición en sus intentos por activar algún tipo de mecanismo comicial para producir una nueva correlación de fuerzas mediante el desplazamiento electoral del presidente de la República, la vía del referendo revocatorio siguió siendo la principal ruta escogida para desplazar al presidente Chávez del poder. El 26 de septiembre de 2003 el CNE aprobó las normas referidas a la celebración de los referendos. Para muchos analistas se trata de un reglamento que se aparta del espíritu de la constitución, impone obstáculos artificiales a la realización de la consulta popular, extiende injustificadamente los lapsos y consagra una intervención indebida del CNE en fases preelectorales, como la recolección de firmas para la solicitud del referendo. No obstante, estas reglas han sido acatadas por la oposición y han servido de pauta para articular un nuevo episodio en la búsqueda de una salida electoral a la conflictividad que caracteriza al país.
A inicios de octubre, nuevamente la Coordinadora Democrática solicitó ante el CNE la convocatoria de un referendo revocatorio en contra del presidente de la República, y de un grupo de más 30 diputados del oficialismo. El organismo comicial estableció como fecha para la recolección de las firmas los días 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre, en una jornada denominada por la posición como el “reafirmazo”. Esta jornada fue precedida por una iniciativa promovida por el oficialismo de recolección de firmas para solicitar la revocatoria de mandato de más de 30 diputados de oposición. Ambas jornadas contaron con la presencia de numerosos enviados de los medios de comunicación internacionales, y por representantes del Centro Carter y de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyendo a César Gaviria, Secretario General del organismo hemisférico, en el evento opositor.
Para el momento de escribir este trabajo (diciembre de 2003), los sectores de oposición que promovieron el referendo revocatorio en contra del presidente informaron que habían logrado reunir 3.602.051 firmas de electores para solicitar la convocatoria del referendo revocatorio. De acuerdo con la Constitución la cifra mínima requerida es el 20% de los votantes inscritos en el registro electoral, equivalente a cerca de 2.450.000 electores. Luego de la verificación de las firmas recabadas, hacia finales de enero 2004 el CNE tendrá que pronunciarse acerca de la validez o no de la convocatoria del referendo revocatorio presidencial. En caso de prosperar la iniciativa, el CNE deberá fijar la fecha del referendo que de acuerdo con los lapsos establecidos en el reglamento correspondiente, podría tener lugar hacia finales de abril de 2004. No obstante, el camino aún no está despejado, las reglas de juego no están claramente definidas, y el oficialismo ha manifestado claramente su falta de disposición a aceptar respetuosamente la decisión del organismo electoral, si la misma fuera desfavorable al oficialismo[5].
Cabe destacar que los tres episodios de recolección de firmas se convirtieron en un importante estímulo a la articulación del esfuerzo opositor, al incremento de su capacidad organizativa y a la solidificación de su perfil democrático, en tanto se asociaban directamente a la búsqueda de vías electorales para cambiar la correlación de fuerzas existentes. Los volúmenes de firmas recogidos durante los llamados “Firmazo” y “Reafirmazo” superaron los límites de votación obtenidos por la oposición desde diciembre de 1998, lo que revela en otro plano el antes mencionado cambio en las preferencias colectivas acentuándose el rechazo a la figura presidencial, y la reanimación del espacio opositor.
En la actualidad, los sondeos de opinión muestran que alrededor del 65-70% de la población evalúa negativamente la gestión del presidente, mientras que cerca de un 30-35% la apoya. Estos porcentajes se mantienen cuando la pregunta se refiere a la disposición de los electores a procurar la salida del presidente mediante un referendo revocatorio, donde aproximadamente 70% se manifiesta a favor y 30% en contra. Los mismos sondeos indican que la vía refrendaría es la preferida por aproximadamente el 80% de los electores, lo que incluye a una importante porción de quienes apoyan al gobierno actual.
La variada y exitosa experiencia electoral venezolana de las últimas décadas ha generado una expectativa colectiva acerca del uso del mecanismo electoral, en este caso del referendo revocatorio consagrado en el artículo 72 de la Constitución, para nuevamente adecuar las aspiraciones colectivas a la estructuración del poder político. Sin embargo, hay que destacar que la mayor parte de esa experiencia electoral transcurrió en el contexto de la llamada democracia puntofijista, que con todas sus limitaciones, funcionó sobre la base del respeto de las reglas del juego democrático y de la valoración del mecanismo electoral como fórmula privilegiada para dirimir las controversias societales. A su vez la experiencia comicial reciente de 1998 al año 2000 tuvo lugar en un ambiente favorable a los actuales ocupantes del poder, que hicieron un uso intensivo del mismo, cuando el ánimo colectivo le era abiertamente favorable.
Sólo queda esperar que la coyuntura crítica que se avecina pueda ser abordada mediante prácticas democráticas y electorales.
Sin embargo, dado el carácter del proyecto político promovido por el presidente Chávez y sus aliados, y la evaluación de su estilo político y de gobierno después de cerca de 5 años de gobierno, luce improbable que estén dispuestos a abandonar el poder de manera pacífica, legal y democrática, como consecuencia de una nueva medición del ánimo colectivo mediante un próximo proceso comicial. Desde que el ánimo colectivo se tornó desfavorable a los actuales ocupantes del poder, las iniciativas electorales han sido sistemáticamente bloqueadas, contando con el control que aun ejercen sobre las palancas fundamentales de toma de decisiones en los poderes públicos. Se trata de unos actores políticos y de un proyecto cualitativamente diferente a aquel que guio la democracia venezolana desde 1958 hasta 1998, cuyo compromiso con la democracia luce circunstancial y asociado a sus posibilidades de mantenerse en el poder.
Desde el intento de golpe del 4 de febrero de 1992 se retomó la posibilidad de apelar al golpe de estado para generar cambios rápidos y drásticos en la correlación de fuerzas, tal como se ha evidenciado con la glorificación oficialista de esa fecha, o con el rumbo que tomó la protesta cívica del 11 de abril de 2002 y que derivó en la usurpación del poder por parte de un pequeño grupo de civiles y militares. Pero también se ha materializado en algunos sectores en una visión utilitaria de los procesos electorales, que consideran que pueden ser una vía más eficaz para lograr lo que no puede obtenerse mediante un golpe, sin asumir un compromiso cabal con la democracia, sus procesos y sus instituciones.
La reciente dinámica sociopolítica del país, caracterizada por la confrontación y la tensión, ha estado marcada por esas tres tendencias: 1) la búsqueda de una adecuada correspondencia entre las preferencias colectivas y los esquemas de representación, a partir del compromiso sincero con las reglas del juego democrático y la promoción de procesos electorales confiables y equitativos; 2) el uso acomodaticio del mecanismo electoral, activado acomodaticiamente según las circunstancias, para promover cambios o para proteger posiciones de poder; 3) la búsqueda del cambio de las correlaciones de fuerza existentes a través del recurso del golpe de estado y la violación de las leyes.
Visto en una perspectiva de mediano plazo, la primera opción es claramente preferible a las otras y esa es la que sistemáticamente ha escogido la sociedad venezolana, aun en las condiciones adversas de Venezuela en las últimas décadas. No obstante, el proyecto sociopolítico que se ha intentado implantar en el país a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder nació a partir de una intentona golpista y con una visión utilitaria de la vía electoral. Ante el fracaso de la vía golpista, las elecciones surgieron como un camino posible y conveniente, pero asumido sin el consecuente compromiso con las reglas del juego democrático y el respeto al pluralismo y al estado de derecho. Esa apelación a las elecciones no supuso la renuncia sincera a la posibilidad de acudir a fórmulas autoritarias y antidemocráticas para garantizar la permanencia en el poder, sobre todo cuando el ánimo colectivo so torna desfavorable.
En el desenvolvimiento de este nuevo capítulo del drama refrendario, sólo queda esperar que la coyuntura crítica que se avecina pueda ser abordada mediante prácticas democráticas y electorales, y que se produzca el ajuste deseado entre el ánimo colectivo y las autoridades y correlaciones de fuerzas desde donde se producen las decisiones que afectan al colectivo. Aun cuando el camino luce arduo, a lo largo de los años de la presidencia de Chávez se han fortalecido las barreras democráticas en contra de los intentos autoritarios de los actuales ocupantes del poder. En la solución que la sociedad venezolana logre para superar su intensa crisis política y de gobernabilidad, se pondrá a prueba el talante y la densidad democrática de la sociedad venezolana, y del carácter democrático de los actuales ocupantes del poder. Incluso será una oportunidad para poner a prueba la eficacia de la comunidad internacional para contener gobiernos autoritarios y para promover sociedades democráticas.
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[1] Esta sección se apoya ampliamente en Kornblith (1998). Ver también Hidalgo (2002). Las páginas que siguen se apoyan ampliamente en Kornblith (2003).
[2] Información y análisis de la conformación política, organizativa e ideológica de este movimiento en: Blanco Muñoz (1998); Garrido (1999; 2000) entre otros.
[3] Luego de estas elecciones y las del año 2000 se transmitió la impresión de que se trataba de la votación más alta obtenida por candidato presidencial alguno en el país. En honor a la verdad y sin pretender subestimar la importancia del caudal electoral obtenido por Chávez en los comicios de 1998 y 2000, cabe destacar que la votación obtenida por Jaime Lusinchi en 1983 llegó a 3.773.731 equivalentes al 56,72% de los sufragios con una abstención del 12,25%. Por su parte, la votación obtenida por Carlos Andrés Pérez en 1988 alcanzó 3.868.843 votos equivalentes al 52,89% con una abstención del 18,08%. En términos relativos y por efecto de la alta abstención, los votos absolutos obtenidos por Chávez eran equivalentes al 33,43% del total de los electores inscritos, a diferencia del 49,77% y del 43,32% obtenidos por Lusinchi y Pérez respectivamente.
[4] Este fue un tema de la campaña electoral, con el que se sintetizó la idea de transformar las bases de ordenación de la sociedad venezolana. En la Constitución vigente se consagró esta idea en el Preámbulo afirmando: “El pueblo de Venezuela, … con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, … decreta la siguiente Constitución.” (Énfasis mío).
[5] El cambio de la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional dificultó los acuerdos y el control oficialista de esa instancia, siendo casos emblemáticos el de la imposibilidad de lograr los votos necesarios para la selección de los miembros del CNE en 2003, razón por la cual los titulares del poder electoral fueron designados con carácter temporal por el TSJ (Kornblith, 2003a) y las dificultades experimentadas por el oficialismo en su empeño por modificar la Ley Orgánica del TSJ.