PERCEPCIONES Y DIMENSIONES DE LA CRISIS HUMANITARIA Y DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Marcela Ceballos
Harvey Suárez
Este documento analiza varios aspectos de la
crisis humanitaria en Colombia, entre ellos, las percepciones de amenaza que
tienen los distintos gobiernos sobre la crisis humanitaria y el conflicto
armado, el significado de conceptos como crisis humanitaria y de derechos
humanos, y conflicto armado interno, y su reconocimiento por parte de
instancias y entidades intergubernamentales y estatales. Adicionalmente, se
examinan algunas manifestaciones regionales de la crisis humanitaria en las
zonas de frontera, con énfasis en el 
desplazamiento forzado, relacionadas con
aspectos coyunturales de la crisis colombiana.
crisis humanitaria, derechos humanos, desplazamiento forzado, refugiados, seguridad regional
This document analyzes several aspects of the humanitarian crisis in Colombia, including the perceptions of threat held by distinct governments regarding the humanitarian crisis and the armed conflict, the significance of concepts such as humanitarian crisis and human rights crisis, and internal armed conflict, and its acknowledgment by intergovernmental and state institutions. In addition, several regional manifestations of the humanitarian crisis, linked to conjunctural aspects of the crisis, are discussed, with emphasis on forced displacement in Colombia's border regions.
humanitarian crisis, human rights, forced displacement, refugees, regional security
es
52-73
01/07/2004
01/07/2004
Recibido 20/01/05,
Aprobado 07/03/05
Este documento está basado en los resultados de la investigación del área de fronteras de CODHES, bajo coordinación académica de Marcela Ceballos y en la ponencia presentada por Harvey Suárez, abogado investigador de CODHES, durante la Reunión Subregional de Sociedad Civil preparatoria de la Conferencia sobre el Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena. Convocada por el Consejo Noruego para Refugiados con asistencia de representantes de Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. Bogotá, 7 y 8 de octubre del 2004.
I. La crisis humanitaria como asunto de seguridad en región andina.
Las agendas y prioridades en materia de seguridad en el actual contexto de lucha internacional contra el terrorismo y contra las drogas, se configuran en ámbitos de carácter nacional, regional y global. En la región de las Américas, la interacción entre esos tres niveles se da a través de la reproducción de discursos y percepciones oficiales respecto de la crisis humanitaria y del conflicto armado en Colombia, así como del despliegue de políticas de seguridad de carácter transnacional para hacer frente a estos aspectos.
Dichas percepciones discursos, identifican en la posible expansión del conflicto armado colombiano hacia los países vecinos así como en la presencia de actores armados irregulares, factores asociados al terrorismo de alcance global y, por ende, amenazas para la estabilidad de la región. El general James T. Hill, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos en una conferencia de prensa durante su última visita a Colombia, señaló que:
"La guerra de Colombia no es tan sólo de Colombia, sino una guerra para todos sus vecinos y para todo el mundo. A mí parecer tiene que ser un combate, una pelea en la que participen todos los vecinos regionales" (…) Creo que hay un sentimiento creciente acerca de este hecho de parte de países como Ecuador, Perú, Brasil y Panamá, y espero que algún día también Venezuela"[1].
Una de las características más importantes de la agenda de seguridad predominante en la región latinoamericana es que responde a la necesidad del gobierno de Estados Unidos de mantener su hegemonía en la región de las Américas[2]. E. U. utiliza su influencia en el campo político en pro de una "securitización" de la agenda regional, cuyo resultado es un esquema unilateral diseñado desde Washington, acorde con los intereses nacionales de ese país. A través de su influencia y de la capacidad de agenciar estrategias de seguridad bilateralmente con algunos países de la región, las premisas de la agenda se reproducen e identifican "focos" o amenazas comunes para la estabilidad de los estados y para la región como tal.
La reproducción en Colombia de la agenda de seguridad y de sus políticas, se conoce como "el eje Washington-Bogotá", y se expresa en el discurso oficial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual señala la internacionalización del conflicto colombiano como una amenaza para la región andina que merece atención primordial:
"Si Colombia no derrota al narcotráfico, se les mete las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que es abusiva, no respeta la frontera ecuatoriana, ni la peruana, ni la venezolana, ni la brasileña, ni la panameña"[3].
Otra característica de la agenda regional es que los efectos del conflicto armado en el campo humanitario pierden relevancia política bajo la lógica antiterrorista, que promueve respuestas militares a los asuntos humanitarios, subordinados a esta agenda de seguridad. Esto es más evidente frente al tema de los refugiados y solicitantes de asilo colombianos que se ven forzados a huir de las condiciones de extrema violencia y solicitan protección en otros países.
En el marco de la Iniciativa Regional Andina, las políticas de cierre de fronteras aplicadas por los países de la subregión andina (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) reproducen dicha lógica. La militarización de las fronteras se muestra como una medida para prevenir la expansión del conflicto colombiano, ejercer controles migratorios en la Cuenca del Caribe (Panamá y México) y controlar la expansión de redes del narcotráfico hacia Norteamérica. Ecuador, mediante la política del "yunque", pretende evitar la amenaza de expansión de grupos guerrilleros y paramilitares que desarrollen acciones de tipo terrorista en su territorio. Panamá pretende evitar la proliferación de tráfico de drogas hacia Estados Unidos mediante un bloqueo y cierre total de la frontera que se convierte en el límite territorial real de Estados Unidos con América Latina. Venezuela percibe como amenaza la probabilidad de desborde del conflicto colombiano en su jurisdicción, específicamente la reproducción de la confrontación armada, con probabilidades de desestabilizar aún más el gobierno de Hugo Chávez. Brasil y Perú perciben el tráfico ilegal de armas y de precursores químicos como la principal amenaza, ya que puede incrementar la criminalidad y la corrupción de sectores oficiales en estos países.
En Colombia, la implementación del Plan Colombia y del Plan Patriota en los territorios del Sur —frontera con Ecuador— y las políticas de seguridad democrática, son elementos claves para entenderla lógica de seguridad del eje Washington-Bogotá.
Estas percepciones de la seguridad se refieren a su vez a las percepciones de cada país respecto de sus vulnerabilidades internas y debilidades en el esquema bilateral de cooperación con Estados Unidos. Por esta razón actúan de conformidad con sus propios intereses nacionales para evitar entrar al círculo donde se focaliza la amenaza regional, es decir, Colombia. De otro lado, la securitización de la agenda de cooperación con Estados Unidos obedece a la premisa según la cual Colombia está pasando de un estado frágil a un estado en colapso. La respuesta es cada vez más responder a ese colapso institucional, reforzando las estructuras militares que pueden garantizar el monopolio legítimo de la violencia.
Algunas implicaciones políticas de esta securitización del conflicto armado y de la crisis humanitaria son: la fragmentación de la agenda regional en un esquema bilateral para aplicar políticas de seguridad, en detrimento de la atención que merece el desarrollo y la crisis humanitaria para garantizar la paz y prevenir el desbordamiento del conflicto; el desconocimiento de las manifestaciones transnacionales del conflicto y del principio de responsabilidad compartida para atender la crisis humanitaria que resulta del mismo , así como de las vulnerabilidades internas que en cada país pueden contribuir a un deterioro de la crisis y a una expansión del conflicto. Finalmente, los estados de la región Caribe y Suramérica, siguiendo las prioridades de Estados Unidos, dejan de lado temas medulares para América Latina como el comercio recíproco, la lucha contra la pobreza, el modelo de industrialización sostenible, el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad, las migraciones económicas causadas por desigualdades en el desarrollo y la cuestión de los refugiados en el marco de una ciudadanía andina cada vez más fragmentada.
Sin embargo, se hace necesaria una lectura más compleja de la crisis humanitaria, con el fin de visualizar sus distintas manifestaciones y promover respuestas integrales a las mismas.
II. La noción de crisis humanitaria.
Respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos en el marco de guerras como las de Bosnia-Herzegovina, 1992; el genocidio de Ruanda, 1994; las masacres en Zaire, 1997; los ataques a civiles en Chechenia, 1999, Médicos Sin Fronteras (MSF) al recibir el Premio Nobel de Paz, mencionaba:
"El lenguaje es determinante. Enmarca problema y define la respuesta, los derechos y las responsabilidades. Enmarca si la respuesta médica o humanitaria es la adecuada. Y define si la respuesta política es inadecuada. Nadie llama a una violación: "emergencia ginecológica compleja". Una violación es una violación como un genocidio es un genocidio. Para MSF ése es el acto humanitario: busca aliviar el sufrimiento, intenta restaurar la autonomía, testimoniar la injusticia e insistir en las responsabilidades políticas"[4]
En ciertos contextos y en determinadas circunstancias, cuando se trata de "llamar a las cosas por su nombre" la contundencia de las anteriores afirmaciones requiere un esfuerzo descriptivo, analítico y explicativo aún mayor. Ese compromiso de "llamar a las cosas por su nombre" no sólo tiene que ver con la asertividad científica, sino que además interpela al compromiso ético y político con la posibilidad de transformar favorablemente aquellas situaciones que consideramos como inadmisibles. En este orden de ideas, las definiciones no son innocuas; producen efectos de verdad, de saber y de poder: develan u ocultan, señalan posibles caminos o cierran posibilidades. Comprensiones parciales, sesgadas, interacciones causales o efectos no explícitos, implican menores posibilidades de afrontar los problemas de manera integral y duradera, es decir darle oxígeno al estatus quo imperante.
Hay sin duda contextos en los que se presentan violaciones de los derechos humanos, otros en los cuales guerras fratricidas cobran millares de vidas, frustran proyectos individuales y colectivos, agotan energías sociales e institucionales, sin dejar de lado que producen inmensas riquezas para unos pocos que han "sabido invertir en la guerra". Cuando se combinan estos factores no basta con hablar de una grave situación humanitaria" ni de una preocupante situación de derechos humanos", estamos frente a una "crisis humanitaria y de derechos humanos" que involucra la responsabilidad estatal —al menos en lo concerniente a la omisión del deber de protección a los ciudadanos (as)— y a la responsabilidad de los diversos grupos que participan en las hostilidades, y que a su vez exige compromisos, no sólo de los armados, sino de la sociedad y la comunidad internacional en la tarea de buscar soluciones que no profundicen la guerra, el sufrimiento humano y el colapso social e institucional.
En contextos locales y regionales en los cuales se agolpan de manera crónica y persistente asesinatos, masacres, secuestros, toma de rehenes, desapariciones forzadas; violencia basada en el género en contra de mujeres, niñas, niños y hombres; bloqueos económicos, confinamiento de poblaciones, desplazamientos forzados; ataques a agentes humanitarios, amenazas y atentados en contra de funcionarios públicos encargados de investigar estos casos; ¿qué nombre le damos a este conjunto de hechos que constituyen un referente en la vida cotidiana de cientos de miles, cuando no de millones de personas inmersas en escenarios de guerra?
Esta situación la podríamos denominar "sin eufemismos" como una violación masiva de los derechos humanos. Esta noción de carácter jurídico se relaciona con un específico corpus normativo de protección —el derecho internacional de los derechos humanos—. Esta manera de definir tal complejidad de vulneraciones, quizá no deja por fuera de la debida protección y atención, casos en los cuales se presentan graves infracciones al derecho internacional humanitario —en desarrollo de conflictos armados internacionales o internos que también comprometen la responsabilidad de grupos armados organizados—; así como necesidades de protección relacionadas con el derecho internacional de los refugiados, es decir casos de personas que buscan protección fuera de las fronteras nacionales de sus países de origen o de residencia permanente.
Por crisis humanitarias se entiende:
"Aquellos fenómenos en los que convergen distintas formas de sufrimiento humano vinculadas a factores económicos, sociales, demográficos, medioambientales, militares o políticos. Tales crisis suelen darse en contextos de pobreza, fragilidad del estado y escasez alimentaria, en los que un desastre natural o un conflicto armado genera la aparición de una crisis alimentaria, enfermedades, desplazamientos forzados de población dentro del país o hacia el exterior, y una movilización importante de recursos internacionales en términos de ayuda"[5].
Hay crisis humanitarias que por su multiplicidad de factores y gravedad son denominadas como emergencias complejas, debido a que están constituidas por la combinación de diversos factores: conflictos armados, hambrunas, desmoronamiento de la economía formal y las estructuras estatales, crisis sanitarias y éxodos de la población (desplazamientos internos y de refugiados)[6].
Tal vez podemos intentar mayor precisión y denominar a esta situación como Emergencia política compleja o Emergencia Humanitaria se compleja, para pasar del análisis del régimen político y las condiciones de gobernabilidad a los diversos efectos que tienen situaciones de guerra, hambruna, enfermedad, pérdida de bienestar y éxodos sobre la vida de la gente y no sólo lecturas referidas a la pervivencia de un determinado régimen político. Estas últimas definiciones acuñadas por Naciones Unidas a finales de los años 80s (del siglo "para describir el carácter diferenciado de las grandes crisis que han proliferado desde entonces"[7]
¿Qué implicaciones trae el restringir la identificación de las diversas estructuras, funcionamientos e interacciones presentes en contextos en los que emergen, permanecen e incluso persisten y se afianzan proyectos políticos, económicos y culturales basados en la exclusión y el uso estratégico de la violencia como recurso de poder —en unas ocasiones selectivo y en otras ocasiones indiscriminado como forma de amedrentar y someter poblaciones enteras—?
Pueden darse casos de severas as crisis humanitarias en países en los que no existe un conflicto armado interno, relacionadas con represión en contra de minorías étnicas, religiosas o culturales o condiciones de extrema violencia en contra de sectores políticos opositores. La situación es más grave en el caso de países en los cuales se desarrollan conflictos armados o guerras civiles, es decir, se presentan hostilidades entre distintos grupos armados. En este caso los perpetradores de tales violaciones e infracciones pueden incluir agentes estatales, milicias, guerrillas, grupos paramilitares, y otros grupos armados organizados. Sin embargo, la mayoría de las víctimas son civiles: "A principios del siglo XX, la proporción entre bajas militares y civiles en las guerras era de 8:1. Hoy en día esa proporción se ha invertido al milímetro; en las guerras de los años noventa, la proporción entre las bajas militares y civiles es de 1:8"[8].
Un primer debate sobre la noción de emergencia compleja (política o humanitaria) tiene relación con la duración y el impacto de dichas crisis. ¿Bajo qué criterios llamar emergencias a situaciones con profundas raíces en las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, que además hacen parte de las agendas de poderosos sectores que sacan provecho de la economía política de la guerra?[9]. Las emergencias complejas implican una "ruptura de las de las estructuras económicas, sociales y políticas e incluso medioambientales de un país, pero los estados frágiles, estados periféricos del sistema mundial, viven en una situación casi permanente de crisis".[10]
En este sentido, no existe consenso en la literatura sobre el tema respecto de una definición totalmente comprehensiva que permita abordar la diversidad de situaciones que generan el sufrimiento humano, la pérdida de autonomía, el colapso de economías tradicionales, la implantación de múltiples formas de violencia como instancias de control poblacional, territorial y de recursos, los sostenidos procesos de empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población y la migración forzada dentro y fuera de los países afectados, entre muchos otros efectos.
¿Por qué llamar, entonces, a ese conjunto multifactorial de causas y a la diversidad de efectos que generan como una "crisis humanitaria y de derechos humanos"? Por varias razones, entre ellas destacamos las siguientes: (i) Las denominadas crisis humanitarias tienen como una de sus principales causas eficientes la aplicación de diversas formas de violencia que implican la vulneración de derechos fundamentales y libertades básicas, es decir de agresiones, restricciones o limitaciones al ejercicio y realización de derechos humanos. (ii) buscar soluciones a las crisis humanitarias y de derechos humanos exige asumir acciones integrales de carácter político, económico, institucional, social y cultural, que desbordan medidas exclusivamente militares o de securitización de la agenda social e institucional. La militarización de la vida social ya sea producto de acciones gubernamentales, de grupos insurgentes o grupos paramilitares no hace otra cosa que atizar las causas y condiciones para perpetuar la crisis humanitaria y de derechos humanos de carácter crónico y sostenido por el que atraviesa Colombia.
La magnitud e impacto de dichas formas de violencia, en algunos casos alcanzan proporciones e intensidades que requieren respuestas humanitarias de carácter inmediato, además exigen políticas estructurales de mediano y largo plazo que permitan prevenir su ocurrencia, responder a las situaciones de emergencia que así lo requieran, adelantar procesos de verdad, justicia y reparación respecto de los crímenes cometidos, e intentar restablecer condiciones, garantías y oportunidades de vida digna para las víctimas, los sobrevivientes y la sociedad en su conjunto. En estricto sentido, no existe una crisis humanitaria sin que medien violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Es decir, las crisis humanitarias están precedidas y acompañadas de ataques sistemáticos a los ciudadanos(as), atentados en contra de la población civil o la utilización de métodos y medios de combate proscritos en el marco del DIH.
Más que buscar una definición sobre lo "que debe ser" una crisis humanitaria y de derechos humanos, intentamos correlacionar las principales causas próximas, manifestaciones y efectos de las múltiples violencias que generan el menoscabo de la vida, la dignidad, la libertad, la autonomía y el derecho a la diferencia de las personas, comunidades y sectores afectados, que en muchos casos implican la dignidad misma del género humano (en el caso de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad).
Consideramos, en consecuencia que para la situación colombiana, que ha persistido por décadas, es necesario tomar en cuenta la conjugación de diversidad de factores estructurales, agentes, intereses, escenarios y dinámicas que generan multiplicidad de agresiones en contra de la población civil, la aplicación de estrategias que limitan el ejercicio y realización de derechos fundamentales y libertades básicas, y condiciones de extrema vulnerabilidad, desigualdad, pobreza e indigencia para la mayoría de los habitantes.
La noción de crisis humanitaria y de derechos humanos obedece al reconocimiento de una serie de condiciones, factores circunstancias que objetivamente configuran dicha crisis. Es decir, la crisis humanitaria y de derechos humanos es tal, en tanto que existan y permanezcan elementos fácticos que requieren atención específica y respuestas institucionales y sociales para mitigarla y en el mejor de los escenarios posibles, superarla.
Las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario y otras formas de violencia sociopolítica e intolerancia social configuran, entre otros, algunos elementos de la crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia.
Sin que constituya un listado exhaustivo, se presentan a continuación algunas cifras para entender la magnitud de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Según al Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, en el año 2003, 4.447 vidas humanas fueron destruidas como consecuencia de la violencia sociopolítica. También se presentaron 1.339 ejecuciones extrajudiciales perpetradas presuntamente por agentes estatales y paraestatales: 1.140 (25.64%) simultáneamente constituyen homicidios intencionales de personas protegidas, pues las víctimas fueron exterminadas como "enemigos", mientras que las otras 199 (4.48%) se produjeron como consecuencia del abuso de autoridad o de la intolerancia social. Tuvieron ocurrencia 422 homicidios intencionales: mientras 229 (6.27%) fueron perpetrados presuntamente por las guerrillas, en 143 (3.21%) no fue posible determinar con exactitud si la responsabilidad correspondería a éstas o a agentes estatales o paraestatales. También se produjeron 837 (18.82%) asesinatos políticos, cuya presunta autoría no es posible determinarla. 1849 (41.58%) combatientes perdieron la vida en medio de las hostilidades[11]. En este mismo sentido, el Cinep llamó la atención sobre la ocurrencia de torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias durante 2003, (238 casos), desapariciones forzadas (182 personas), detenciones arbitrarias (1.191 personas), masacres (Guaitarilla, Nariño; Cajamarca, Tolima; Bahía Portete, La Guajira; Tame, Arauca, La Gabarra, Tibú, Norte de Santander, entre otras). En 2003 se presentaron 1.140 ejecuciones extrajudiciales, cifra que supera el promedio del período comprendido entre 1990 y 2002, que fue de 1067 casos por año. Asimismo en 2003 se incrementó en 142% el promedio de homicidios intencionales de personas protegidas (422 en 2003, frente al promedio de 296 entre 1996 y 2002).
Las cifras de detenciones en el marco de la seguridad democrática como política bandera del actual gobierno son alarmantes según reportes oficiales: "la Ministra de Defensa reportó que en el primer año de desarrollo de la política de Seguridad Democrática fueron privadas de la libertad 125.778 personas, lo que equivale a un promedio diario de 334 personas […]" . Sin embargo, a noviembre del 2003, sólo el 43% de las personas detenidas fueron sindicadas, la inmensa mayoría tuvieron que ser liberadas.
Durante 2003, quince defensores(as) de derechos humanos fueron asesinados, entre el 10 de enero y el 30 de junio del 2004, seis defensores(as) de derechos humanos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Los organismos no gubernamentales de protección de defensores y líderes sociales reportaron que en 2003 fueron obligados a salir del país por atentados y amenazas alrededor de 170 personas hacia países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. En el año 2004 al menos han sido desplazadas 130.000 personas, ya son más de 3.200.000 las personas que han sido desplazadas desde 1985. Las dimensiones del desplazamiento forzado alcanzan 1.060 municipios según datos de la Red de Solidaridad Social, es decir el 95 por ciento de las entidades territoriales básicas del país.
Como lo mencionaba CODHES[12]:
"De otro lado, el Gobierno nacional se ha referido frecuentemente a una reducción del número de personas en situación de desplazamiento, pero tal reducción difícilmente puede ser considerada una tendencia de larga duración, sobre todo si se tienen en cuenta los desplazamientos —masivos o individuales— más recientes, acaecidos en diversas regiones del país "[13].
Como lo han evidenciado la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación (2004), el gobierno nacional no ha precisado las medidas que ha adoptado o que estaría dispuesto a adoptar para el fortalecimiento de la estrategia de prevención del desplazamiento y sus consecuencias. A este respecto, cabe destacar que siguen sin ser implementadas las medidas de protección de bienes patrimoniales rurales de la población en riesgo o en situación de desplazamiento, que están contempladas en el Decreto 2007 de 2001 (Naciones Unidas, 2004b: Párr. 29).
Finalmente, el análisis de la situación del desplazamiento forzado en Colombia no estaría completo si no se da cuenta de los siguientes aspectos:
* La existencia de comunidades confinadas, es decir, aquellas a las cuales (i) se les impide de manera sistemática el libre acceso a elementos indispensables para la supervivencia, tales como alimentos, medicinas, combustibles, insumos agrícolas y agua potable; (ii) se les obstruye la posibilidad de solicitar o recibir ayuda humanitaria; y (iii) se les prohíbe la movilización tendente a salvaguardar la vida y la seguridad personal de sus integrantes (CODHES 2004a; Naciones Unidas 2004b: Párrafos 29 y 33).
* El número creciente de colombianos(as) que adquieren el estatus de refugiados(as) en otros países como consecuencia de persecución política, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario o situaciones de violencia generalizada (CODHES 2004b y 2004d).
* Los desplazamientos por causa de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito. Las solicitudes de inclusión en el Registro Único de Población Desplazada —RUPD— presentadas por las personas que se ven forzadas a desplazarse por causa de las fumigaciones son rechazadas sistemáticamente (CODHES 2004a).
* Los desplazamientos intraurbanos. En relación con este tipo de desplazamientos, cabe resaltar que siguen sin ser acatadas las disposiciones consignadas en la Sentencia T-268 del 2003 de la Corte Constitucional.
"De otro lado, la securitización de la agenda de cooperación con Estados Unidos obedece a la premisa según la cual Colombia está pasando de un estado frágil a un estado en colapso."
* Además del desplazamiento forzado, es necesario identificar algunos de los elementos constitutivos de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia[14]:
i) Las múltiples agresiones a personas, familias, comunidades y sectores sociales por parte de los diversos actores de la guerra y de las otras tantas violencias que saturan los espacios de la vida individual y colectiva;
ii) La desprotección a la que se ven sometidas personas, familias, comunidades y amplios sectores sociales;
iii) La desatención o precaria atención a las víctimas por parte del estado colombiano como obligado principal de la vigencia y realización de los derechos humanos;
iv) Los obstáculos, ataques, amenazas y atentados en contra de quienes realizan acciones humanitarias, de protección o labores de acompañamiento a las comunidades en riesgo o inminencia de desplazamiento, o de otras vulneraciones de derechos fundamentales;
v) Los bloqueos o sitios a comunidades para impedir su libre movilización, abastecimiento búsqueda de protección o apoyo humanitario, lo que constituye un severo menoscabo, o en algunos casos la imposibilidad real de solicitar, prestar o recibir ayuda humanitaria;
vi) La desinformación de las dimensiones de esta crisis humanitaria que en muchos casos obedece a la imposibilidad de acceder a los lugares de ocurrencia de los hechos o al contacto directo con las víctimas, el silencio de éstas o sus familiares por temor a nuevas agresiones, y por último, el desinterés o la decisión de no dar a conocer la situación por parte de algunas entidades o medios de comunicación.
vii) A este desalentador panorama se adicionan los altísimos niveles de impunidad que perpetúan los espirales de violencia, agresiones, despojo y destierro, cerrando así las posibilidades de lograr esclarecer los hechos (Verdad), adelantar la investigación y sanción de las personas responsables (Justicia), y el resarcimiento moral y material de las y los afectados (Reparación).
viii) La progresiva desintegración del tejido social. La crisis antes descrita desestructura unidades familiares, comunidades y procesos comunitarios y sociales largamente construidos. Se altera profundamente la composición, funcionamiento, objetivos y permanencia de sus redes sociales (aprovisionamiento y sostenimiento alimentario, ingresos, gobierno propio, control social interno, control cultural y territorial, socialización, solidaridad, comunicación y apoyo recíproco).
ix) El deterioro creciente en el nivel de vida de cada vez más personas y grupos sociales en el país. El desplazamiento forzado, el despojo y las pérdidas materiales y simbólicas que implican las vulneraciones de los DDHH y las infracciones al DIH (entre ellas el desplazamiento forzado), aceleran los procesos de empobrecimiento exclusión, desigualdad, e incrementan los Índices de Subdesarrollo Humano (esperanza de vida al nacer, alfabetización de adultos, tasa combinada de matrícula, y PIB per cápita).
x) La contracción y desdibujamiento de la respuesta estatal a los problemas de las comunidades. La respuesta gubernamental a esta compleja situación plantea importantes retrocesos respecto de claros referentes constitucionales relacionados con la filosofía, estructura, funcionamiento, contenido, sentido y alcance del estado social de derecho.
III. El reconocimiento intergubernamental y estatal de la crisis humanitaria y de derechos Humanos.
A pesar de que en el discurso oficial del gobierno colombiano hay una tendencia a negar la existencia de una crisis humanitaria, minimizando la magnitud del desplazamiento forzado interno y transfronterizo[15], diversos organismos intergubernamentales insisten en la necesidad de adelantar respuestas en el campo humanitario a estos aspectos y en la existencia de una crisis de grandes dimensiones. Tal como lo mencionó el Sr. Kenzo Oshima, Secretario General adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios en su visita a Colombia en junio de 2003:
"Analizando las crisis humanitarias en todo el mundo, en África, en Medio Oriente, en Asia; pero la magnitud del desplazamiento interno en Colombia es uno de los peores del mundo, y tal vez no se ha dedicado suficiente atención a la crisis humanitaria tan grave que hay en Colombia. (...) Lo que me ha impresionado fuertemente es que en Colombia la población civil no sólo está atrapada dentro del fuego cruzado sino que son directamente el objetivo de los ataques, como parte de una estrategia para controlar tierras y accesos a rutas y territorios. También creo que debido a la magnitud del problema, la comunidad internacional también debería jugar un rol mayor también y podría destinar más recursos para soportar los esfuerzos del gobierno. Y creo que las Naciones Unidas deberían hacer más y trabajar para complementar los esfuerzos del gobierno para solucionar estos problemas tan graves. […] Al mismo tiempo, creo que es necesario construir una interlocución más fuerte entre los diferentes actores de la sociedad para poder tacar la crisis humanitaria tan grave que existe, y Naciones Unidas quiere ser parte importante de este esfuerzo."
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, en diversos documentos y escenarios ha reconocido la existencia de la crisis humanitaria en el país. Cabe destacar la siguiente afirmación: "Las dimensiones que está adquiriendo progresivamente el desplazamiento forzado en Colombia, generan una crisis humanitaria que afecta a miles de personas en el país y requiere del estado colombiano respuestas"[16].
En el mismo sentido, el estado colombiano ha reconocido la existencia de una crisis humanitaria, a través de sus Altas Cortes y por parte de funcionarios de entidades gubernamentales: "El desplazamiento forzado en el país constituye en la actualidad, por su magnitud y sus características, una verdadera crisis humanitaria y una situación de grave violación de los derechos humanos civiles y políticos de miles de ciudadanos y ciudadanas colombianas[17].
En resumen, las ocasiones en el que la Corte Constitucional ha mencionado, reconocido materializado medidas de protección y atención de población en situación de desplazamiento son las siguientes:
IV. Manifestaciones regionales de la crisis humanitaria y de derechos humanos.
Una de las principales manifestaciones de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia es el desplazamiento forzado interno en Colombia y transfronterizo hacia países vecinos, el cual está asociado a distintos aspectos de la coyuntura nacional. De acuerdo con las cifras reportadas por el sistema de información de CODHES, entre enero y septiembre del 2004 se habían desplazado 205.504 personas en Colombia, de las cuales 51.282 se encuentran en departamentos fronterizos, aproximadamente 25% del total y 24.717 personas en municipios territorialmente fronterizos. Las cifras del sistema de información de CODHES muestran un incremento del 17% en el 2004 respecto del periodo enero a septiembre del 2003, durante el que se reportaron 175.270 personas.
Diversos factores de la coyuntura nacional están asociados a este incremento del desplazamiento forzado: el desarrollo del Plan Patriota en el sur del país con la consecuente intensificación del conflicto, la radicalización de la política de seguridad democrática en su componente punitivo para el departamento de Arauca, el inicio de la fase de desmovilización en las regiones de control permanente de los grupos paramilitares (Golfo de Urabá en la frontera con Panamá y Catatumbo en la frontera con Venezuela), la disputa real o inminente por el control de territorios estratégicos entre los distintos grupos armados, el traslado de cultivos hacia zonas que empiezan a ser controladas por actores armados al margen de la ley, la situación de inseguridad alimentaria derivada de las fumigaciones y de los bloqueos, restricciones o confinamientos, los bajos niveles de integración social y de restablecimiento en las zonas receptoras de población desplazada que están generando nuevos desplazamientos y el desestímulo por parte de los países vecinos para iniciar el proceso de solicitud de asilo y que obliga a la población en riesgo a buscar otros lugares de asentamiento al interior del país[18].
Frontera Sur de Colombia con Ecuador:
En esta región uno de los aspectos que más ha influido en una tendencia al incremento en el número de desplazados durante el 2004[19] , es el despliegue del Plan Patriota, basado en estrategias de copamiento militar por parte de la Fuerza Pública en territorios de presencia arraigada de las guerrillas. Su aplicación se enfoca principalmente al sur y suroriente del país en departamentos con economías basadas en el cultivo de la coca y la amapola (Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta).
Esta ofensiva de la fuerza pública hacia los bastiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y hacia las zonas rurales, ha generado este año una respuesta militar por parte de la insurgencia caracterizada por ataques a infraestructura vial y energética, así como a poblaciones, a manera de demostración de su capacidad para perturbar el orden público. Esto ha resultado en un deterioro de las condiciones de protección de sectores vulnerables en medio de la confrontación armada.
De otro lado, los confinamientos y paros armados, sumados a la estrategia del Plan Patriota basada en restricciones y regulaciones al ingreso de víveres, alimentos, dinero, medicinas y circulación de personas, está generando una situación de inseguridad alimentaria y desabastecimiento en la zona.
Un tercer factor que contribuye al desplazamiento la región es el temor de sus pobladores por la inminente confrontación armada que se avecina entre guerrilla y fuerza pública, guerrilla y paramilitares, en un intento por "recuperar" el control de estos territorios estratégicos para el abastecimiento a1 otro lado de la frontera y para el tráfico de armas, drogas y precursores químicos.
Es importante mencionar que otras manifestaciones de la crisis humanitaria que dan cuenta de la radicalización de la guerra en territorios estratégicos disputados por guerrillas y Ejército, paramilitares y guerrillas. En este reacomodamiento de la guerra, la población civil se está viendo cada vez más afectada directamente, en la medida en que los distintos grupos en confrontación identifican a determinados sectores y grupos sociales como apoyos del adversario y, en ese sentido, se convierten en objetivos militares. Así, las masacres de civiles que viven en regiones bajo el control permanente de uno u otro grupo armado (guerrillas o paramilitares), se convierten en una práctica recurrente.
Frontera con Venezuela:
La intensificación del conflicto armado y la disputa por territorios ricos en materia prima, con gran cantidad de hectáreas cultivadas de coca y que son claves para adquirir insumos para la guerra, son factores que están influyendo en el desplazamiento forzado y que afectan las condiciones de protección de la población civil en esta región.
En esta frontera la respuesta institucional al conflicto armado se ha caracterizado por la implementación de un mecanismo de regulación represivo y militar en el departamento de Arauca, en donde sigue operando de facto la zona de rehabilitación y consolidación como laboratorio de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El resultado ha sido la constante vinculación de líderes y movimientos sociales —por parte de sectores oficiales— a los grupos guerrilleros y ha generado un ambiente de zozobra e intimidación. El resultado es la reactivación del desplazamiento forzado.
Otra característica de la crisis humanitaria asociada a las causas del desplazamiento forzado son los efectos de la confrontación armada entre los distintos bloques de autodefensas: "Las dos facciones paramilitares, dirigidos por las personas Martín Llanos y Miguel Arroyave, que se habían comprometido con el gobierno nacional a un cese el fuego en acuerdos firmados separadamente, mantienen un agudo enfrentamiento por el dominio de una extensa zona de los Llanos Orientales, en los departamentos de Meta y Casanare",[20] asociados a la disputa por recursos provenientes de esa región petrolera y de explotación minera.
Esta dinámica de la confrontación armada entre facciones de grupos paramilitares hace parte de la expansión del conflicto hacia nuevas regiones cada vez más cercanas a los países vecinos.
Otro factor asociado al desplazamiento forzado en Norte de Santander es la desmovilización de grupos paramilitares que han permanecido en la zona por más de cinco años y el temor de la población civil frente a una posible reconquista armada del territorio por parte de las FARC. Sólo en el mes de noviembre 300 campesinos del área rural de Tibú decidieron desplazarse por estas razones: "El proceso de la desmovilización nos tomó por sorpresa y ahora estamos corriendo de un lado a otro solicitando información del tema. Lástima que el Gobierno no consultó con la comunidad, así habríamos evitado el éxodo de campesinos que viene desde hace una semana"[21].
Esta misma dinámica de la guerra que caracteriza zonas en disputa, comenzó a reproducirse en la zona de Cesar y Guajira durante el primer semestre del 2004, en el mes de Agosto en el departamento de la Guajira ocurre la masacre del pueblo Wayuu, que produce desplazamiento transfronterizo hacia Venezuela[22]. La mayor incertidumbre y el eje central del desenlace del conflicto es qué va a pasar con la coca que se cultiva y produce en al menos 6.000 hectáreas, según datos de la Policía, o en las 4.471 que reporta el monitoreo satelital de la ONU: ¿Quién tomará el control de un negocio que mueve 8 millones de dólares a la semana, según reconoció el propio Carlos Castaño en el 2002?
Orinoquía y Amazonía, frontera Brasil-Perú:
Esta región presenta manifestaciones menos visibles de la crisis humanitaria. El reclutamiento de menores por parte de la guerrilla, la siembra de minas antipersonales en territorios de vasta extensión y baja densidad poblacional, los paros armados y los bloqueos por parte de la guerrilla sobre los ríos que comunican con los países vecinos, hacen parte de la dinámica del conflicto y de las causas del desplazamiento forzado.
Esta zona se caracteriza por la expansión del conflicto armado con todas sus dinámicas hacia la Orinoquía y Amazonía, donde hasta el momento no se ha presentado confrontación armada entre guerrilla y fuerza pública, ni se ha reportado la disputa territorial entre guerrillas y paramilitares. La Presión militar del gobierno de Colombia contra las guerrillas de las FARC en el sur del país probablemente está provocando un desplazamiento del conflicto armado hacia departamentos del oriente fronterizos con Brasil (Amazonas, Guainía y Vaupés), Perú (Putumayo y Amazonas) y Venezuela (Guainía, Vichada).
Un posible repliegue de la guerrilla en esta dirección, la expansión de cultivos de uso ilícito en regiones selváticas de estos departamentos, un plan de avanzada paramilitar[23], la migración forzada de colonos y campesinos desde el sur hacia el Oriente del país y las condiciones geoestratégicas que ofrecen la Orinoquía y la Amazonía para la continuidad de la guerra, son circunstancias en desarrollo que perfilan esa tendencia de orientalización del conflicto armado colombiano.
Frontera con Panamá:
El desplazamiento forzado y la crisis humanitaria en esta frontera están asociados a distintas dinámicas del conflicto armado. Primero, la disputa entre guerrilla y paramilitares por zonas con cultivos de coca en la zona del río San Juan, que ocasionó un desplazamiento masivo de 1.240 personas desde Medio San Juan, las comunidades Fujiadó hacia la zona de Istima y Andagoya. Además, según información recogida durante la Misión Humanitaria del 18 de agosto realizada por Naciones Unidas, Iglesia, gobiernos local y regional y CODHES, por 10 menos 5.900 personas había quedado confinadas como consecuencia del escalamiento del conflicto en la región.
En segundo lugar, el conflicto en el Chocó ha estado ligado a la lucha por la apropiación de materias primas y el monopolio de su explotación: la madera, el banano para exportación y los cultivos de palma africana han ocupado un lugar principal en este sentido. Es así como la posibilidad de abrir el "tapón del Darién" para terminar el tramo de la carretera panamericana que uniría a Chile con Canadá y que está interrumpida en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, puede suscitar nuevas acciones por parte de los grupos armados irregulares para posicionarse en la zona[24]. Otros megaproyectos como el gasoducto que conectaría el Chocó con Venezuela y la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, pueden generar desplazamientos como resultado de las estrategias de apropiación violenta de recursos que ingresarían a la región a raíz de estos proyectos.
Esta situación está en estrecha relación con un tercer aspecto clave para entender la dinámica del conflicto: el control sobre corredores estratégicos para el tráfico de armas y de drogas. La región conocida como Darién centro ha sido por excelencia un corredor utilizado por la guerrilla, paramilitares y otras redes transnacionales vinculadas al narcotráfico, para el paso de mercancía a territorio panameño y de allí, hacia Norteamérica. En este sentido, la desmovilización de las autodefensas del "Bloque bananero" repercute en la frontera y puede empeorar la situación de desplazamiento interno y transfronterizo.
En síntesis, las manifestaciones de la crisis humanitaria en las zonas de frontera están asociadas a una intensificación y expansión del conflicto colombiano hacia los países vecinos. Esta dinámica está directamente relacionada con la disputa territorial entre grupos armados irregulares, asociada al control del negocio de las drogas y del tráfico ilegal de armas (control de corredores estratégicos, mano de obra, recursos).
La política de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito implementada por el gobierno nacional y promovida por el gobierno de Estados Unidos no ha dado resultados en el sentido de desarticular las redes del narcotráfico de grupos armados al margen de la ley[25].
La combinación de esta estrategia con el componente militar para expulsar de sus zonas de control a las FARC, sin un componente de ayuda económica para que la erradicación voluntaria sea posible, sin un componente de ayuda social para atender el desplazamiento y la inseguridad alimentaria, sin un proyecto de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en estas regiones; está generando nuevos desplazamientos, confinamientos y masacres de civiles no combatientes.
V. Conclusiones.
Una vez establecida la correspondencia entre la realidad y el uso de la noción de crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia surgen algunas inquietudes, entre ellas las siguientes:
Distintas autoridades de Naciones Unidas y altos funcionarios públicos del gobierno colombiano han calificado el marco de violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario, y las distintas manifestaciones de violencia sociopolítica en Colombia, como una "situación humanitaria" preocupante o en el mejor de los casos, "grave". Marco que fue calificado reiteradamente como "crisis humanitaria" y que ahora se intenta presentar como humanitaria".
¿Cuáles son las razones modificar la manera de entender lo que pasa en Colombia respecto población civil, la acción humanitaria, el cumplimiento y realización derechos y libertades fundamentales?
¿Qué implicaciones este cambio en el uso del respecto de la responsabilidad del estado, y el apoyo de la cooperación internacional intergubernamental estatal?
¿Qué implicaciones tiene la insistencia del gobierno de Colombia de desconocer la existencia de un conflicto armado interno y como se entiende en este contexto político la aplicabilidad del Derecho Internacional de Protección?
¿Cuáles serán los cambios en las condiciones, garantías y oportunidades de operación agentes humanitarios, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales que adelantan referidas a estas problemáticas?
Sin duda estas preguntas desbordan las posibilidades documento exploratorio. Sin embarg0' consideramos que estas deben hacer parte de una reflexión más estructural que debemos adelantar en posteriores espacios formulación de propuestas.
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. 2004. "El talante autoritario. Derechos civiles y políticos y DIH". En: Reelección, el embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Plataforma Colombiana: Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pp. 187-198.
CODHES. 2003. "Menos silencios, más esperanzas. Algunas líneas para leer un país que huye". En: Un país que Huye: Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada, Tomo 11. Bogotá: CODHESUNICEF.
CODHES.2004. "Tendencias del conflicto armado y de la crisis humanitaria en zonas de frontera", CODHES informa Boletín 54, Bogotá, pp.5.
CODHES. 2004. "El gobierno frente al desplazamiento. Como el cangrejo". En: Reelección, el embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bogotá: Plataforma Colombiana: Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pp. 187-198.
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. 2004. "¿Cacería de brujas? Detenciones masivas seguridad democrática". En: Reelección el embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Avaro Uribe Vélez, Bogotá: Plataforma Colombiana: Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pp. 199 - 206.
Escuela de Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Barcelona. 2003. Alerta 2003. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria Editorial, pp. 43.
Internacional Crisis Group. 2004. "Las fronteras de Colombia: el eslabón Débil de la Política de Seguridad de Uribe", Informe sobre América Latina No.9. Quito- Bruselas: ICG.
Luna, Patricia y Robin, Hissong (Coordinadora de la Unidad de atención a la población desplazada RSS y Coordinadora de la Unidad Técnica Conjunta). 2003. "Balance de las políticas de atención a la población desplazada (1998-2002)" en CODHES. 2003. Destierros y desarraigos, memorias del II Seminario Internacional Desplazamiento forzado, gobernabilidad y democracia. Bogotá: CODHES-OIM.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. 2001. Estado de situación del desplazamiento.
Pérez de Armiño, Karlos. 2001. Diccionario de acción humanitaria y cooperación para el desarrollo. Barcelona: Icaria Editorial.
Rojas Aravena, Francisco. 2004. Seguridad en las Américas, los desafíos Post, Conferencia: Operacionalizar los consensos y articular los conceptos, Briefing Paper. Bogotá: FESCOL Briefing Paper.