EL MOMENTO PROCONSULAR: Latinoamérica después de la reelección de Bush
Juan Gabriel Tokatlian
Director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés (Argentina).
es
178-185
01/07/2004
01/07/2004
Recibido 15/01/05,
Aprobado 27/02/05
La reelección, en el 2004, del presidente George W. Bush ha hecho más visible la división entre lo que parece ser una nación minoritaria y posmoderna y una cada vez más amplia nación premoderna en Estados Unidos. La primera es urbana, secular, cosmopolita, multicultural y pluralista; la segunda es semirrural, suburbana, religiosa, comunitaria, uniformista y sectaria. Para la primera, la intervención del Estado en materia social, económica y educativa es aún fundamental; para la segunda cualquier intromisión del gobierno central en los asuntos privados o impositivos es un exceso. Los valores, hábitos y prácticas de una y otra nación son disímiles. Una, configura una subcultura abierta al mundo, la otra es refractaria frente al exterior. Esta elección es una prueba de la considerable pugnacidad entre estas dos naciones.
El resultado más previsible en materia internacional que se deriva del nuevo triunfo de Bush es que los sectores internos más belicosos y obstinados podrán consolidar la tarea, ya iniciada después del once de septiembre, de reordenamiento masivo del sistema mundial. Esto conducirá, probablemente, a una política exterior más altiva, arriesgada y agresiva.
Ahora bien, el alcance de dicha política, esto es, que devenga en proyecto imperial asertivo, no es el producto de las características particulares de la sociedad, el Estado y el mandatario estadounidenses. La enorme asimetría de poder es la condición sistémica primordial que estimula el imperialismo y sostiene su despliegue. Al contrario, las formas y el estilo de ese despliegue sí estarán influidos por los elementos culturales, sociales e institucionales propios y predominantes en los Estados Unidos.
Es bueno recordar que en un proyecto imperial se entrelazan variables que lo impulsan[1] ("push factor" en clave anglosajona) y variables que lo atraen ("push factor")[2]. Un elemento atrayente fundamental es, como lo señalara hace cinco décadas John S. Galbraith, la existencia de "fronteras turbulentas"[3] Por ello, seguramente, uno de los mayores retos de Latinoamérica sea eludir convertirse, en los próximos años, en la periferia tumultuosa de Estados Unidos.
En ese orden de ideas, la evaluación de la capacidad militar estadounidense resulta relevante, al momento de analizar el proyecto de reordenamiento internacional emprendido por Washington. Un hecho trascendental es que una vez terminada la Guerra Fría, sólo EE. UU. pudo sostener, por más de una década, presupuestos anuales de defensa cercanos a los US$ 300 mil millones de dólares en promedio. Así, aún antes del once de septiembre, el total de gastos militares de Estados Unidos era equivalente a la sumatoria de los presupuestos de defensa de la docena de países que le seguían en términos de poderío bélico. Asimismo, el 18 de junio del 2001, el presidente Bush afirmaba ante el Congreso de su país que ''el Departamento de Defensa se ha convertido en la más poderosa fuerza para la libertad que el mundo haya conocido"[4].
"El congreso de EE.UU. ha autorizado la presencia en Colombia hasta de 800 militares y 600 contratistas privados"
Mientras la Unión Europea avanzaba en una concepción cooperativa de la seguridad, Rusia buscaba superar la implosión de su Estado, China transitaba el camino hacia un mayor crecimiento económico y militar y los "rogue states" (los así llamados por EE.UU. "estados rufianes") estaban cada vez más restringidos para desarrollar avances en el campo nuclear, Estados Unidos se fortificaba en todos los ámbitos de la defensa. En el 2001, el desequilibrio militar entre Estados Unidos, sus aliados europeos, su viejo contrincante ruso, su potencial adversario chino y los hostiles pero muy menores "estados rufianes", era notable.
En consecuencia, no era sorprendente que el presupuesto militar de EE.UU. para el 2003 (US$ 401 mil millones de dólares) fuese similar a la suma de los 21 países (en orden de magnitud, Rusia, China, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Arabia Saudita, Italia, India, Corea del Sur, Brasil, Taiwán, Israel, España, Australia, Canadá, Holanda, Turquía, México, Kuwait y Ucrania) que le seguían en términos gastos para la defensa[5].
Los atentados terroristas de septiembre del 2001 fueron un catalizador para una proyección más ambiciosa y activa de las fuerzas armadas estadounidenses. La ocupación militar de Afganistán e Irak; el despacho de fuerzas especiales a Georgia y Filipinas; el incremento de tropas en Colombia; el establecimiento de bases militares desde el corazón de Asia Central hasta el Cuerno de África —en Uzbekistán, Turkmenistán, Kirgistán, Tajikistán, Omán, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita Djibouti—, así como en África del oeste— Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón (se están concretando acuerdos similares con Benin, Nigeria, Costa de Marfil y Sao Tomé/Príncipe)[6]., la aprobación dada en el 2003 para construir mini armas nucleares (los llamados "mini-nukes") de menos de cinco kilotones de explosivo (un tercio del porcentaje de explosivos que tuvo la bomba lanzada contra Hiroshima) que sugieren la reducción del umbral ético y político para su potencial uso en teatros de conflicto futuros[7]; la decisión de relocalizar tropas mediante la reducción de la presencia en ciertas instalaciones (Alemania, Japón y Corea del Sur, entre otras) y su reasignación en Asia[8]; el despliegue actual de 399,969 soldados en el mundo[9] y el hecho expresivo de que por primera vez desde Vietnam el ejército publicara recientemente un manual para la lucha anti-insurgente[10]; indican la centralidad alcanzada por la dimensión militar en el proyecto de reordenamiento mundial promovido por Estados Unidos[11].
El Comando Sur parece estarse convirtiendo en el procónsul del proyecto imperial de Estados Unidos, figura que en el imperio romano acreditaba al gobernador de una provincia. Ubicado en Florida, el Comando Sur tiende a ser hoy el principal interlocutor de los gobiernos del área y el articulador primordial de la política exterior y de defensa estadounidense en la región[12]. La magnitud de su impronta en la política latinoamericana se manifiesta en hechos como el que entre agosto del 2002 y julio del 2004 el comandante del Comando Sur, James Hill[13], hizo 78 visitas a la región, fue así el funcionario de cierta jerarquía—mucho más que los civiles del Departamento de Estado[14] —que más viajes realizó. También en el hecho de que dicho Comando, localizado en Miami, tenga más empleados trabajando sobre Latinoamérica que en la suma de varios Departamentos (Estado, Agricultura, Comercio, Tesoro y Defensa) ubicados en Washington D.C.[15]
Sin embargo, el perfil proconsular del Comando Sur se manifiesta además en un conjunto de acontecimientos, cifras, mecanismos y pronunciamientos en torno a las relaciones interamericanas después del once de septiembre, que amerita una evaluación ponderada:
Según el reciente informe de la comisión sobre los atentados del once de septiembre, a pesar de que no existía evidencia alguna de la presencia de Al Qaeda en la región, el 19 de septiembre del 2001, el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, propuso atacar un objetivo no vinculado a Al Qaeda, en el entendido de que un "American attack in South America… might be a surprise to the terrorists"[16] Al menos públicamente, Estados Unidos no ofreció una explicación por este acto ni los países del área solicitaron una aclaración.
Sin que hasta el momento haya sido ratificado o rectificado por el Departamento de Estado en el sentido y alcance de su afirmación, el general Hill indicó en una audiencia ante el Congreso, el 24 de marzo del 2004 que las amenazas tradicionales en América Latina "are now complemented by an emerging threat best described as radical populism"[17].
El despliegue militar del Comando Sur en el Caribe y Latinoamérica se ha ido incrementando en los últimos años: hoy tiene la responsabilidad sobre bases como Bahía de Guantánamo, en Cuba; Fort Buchanan y Roosevelt Roads, en Puerto Rico, y Soto Cano, en Honduras. Ha establecido "forward operation locations" (actualmente se denominan "cooperative security locations") en Manta, en Ecuador; Reina Beatriz, en Aruba; Hato Rey, en Curacao; y Comalapa, en El Salvador, y opera la red de radares (3 fijos en Perú, 3 fijos en Colombia y 11 móviles y secretos que operan en 6 países andinos y caribeños) para acciones antidrogas[18].
Después de una breve tendencia declinante a finales de la década de los noventa, se ha venido incrementando el número de personal militar latinoamericano y caribeño que recibe entrenamiento en Estados Unidos: se pasó de 13.785, en 1999, a 6.773 en el 2000, 15.097 en el 2001, 15.039 en el 2002 y22.831 en el 2003. El 72.580/0 de los efectivos entrenados en el 2003 corresponde a los países andinos (12.947 de Colombia, 2.045 de Bolivia, 680 de Perú, 662 de Ecuador y 256 de Venezuela)[19]. Asimismo, en los últimos tres años se ha elevado la asistencia militar a la región, equiparando los niveles brindados de ayuda económica[20].
Si bien las ventas militares de compañas privadas estadounidenses —las llamadas DCS— mostraban una caída entre 1996 (US$ 1.316.192.678) y el 2000 (US$ 706.164.526), desde el 2001 se ve un incremento: en el 2003, las ventas a la región alcanzaron los US$ 1.164.657.708[21]. Negocios privados de armas y ayuda oficial militar tienden a reforzarse en el inicio de este nuevo siglo.
Se observa un aumento de los programas estadounidenses que proveen recursos militares a Latinoamérica y el Caribe y que ofrecen asistencia, interacción y educación. Excluyendo los programas de ayuda antinarcóticos y del Departamento de Justicia, en la actualidad existen: el Anti-Terrorism Assistance, Counterterrorism Fellowships, Center for Hemispheric Defense Studies, Deployment for Training, Drawdowns, Direct Military Sales, Enhanced International Peacekeeping Capabilities, Excess Defense Articles, Foreign Military Financing, Foreign Military Interaction, Foreign Military Sales, Humanitarian Assistance, Inter-American Air Forces Academy, International Military Education and Training, Joint Combined Exchange Training and Other Special Forces Training, Naval Small Craft Instruction and Technical Training School, Service Academies, Spanish Helicopter Institute for Security Cooperation y Western Hemisphere Institute for Security Cooperation[22].
Washington obtuvo, en el 2003, la participación militar directa de El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana y el respaldo político explícito de Colombia y Costa Rica en la "Coalition of the Willing" que atacó a Irak (uno de los países que conforman, según Washington, el "eje del mal"). Meses antes, en octubre del 2002, el senador republicano, Henry Hide, le había expresado en una carta al residente Bush, que existía un "eje del mal" en América Latina, compuesto por Brasil, Cuba y Venezuela[23]. Si bien no se conocen expresiones públicas de los militares estadounidenses en esa dirección, algunos oficiales observan que ciertas manifestaciones sociales en la región pueden contribuir, mediante su manipulación, al avance del terrorismo en el área[24].
El más reciente envío de tropas sudamericanas a Haití después de la caída del gobierno de Aristide, en febrero del 2004, puede ser interpretado como la articulación de una "Coalition of the Willing" regional que no resultó en un consenso tripartito chileno-brasileño-argentino, sino de decisiones unilaterales —que luego se presentaron como convergentes —que, de hecho, millones y en el 2005 se proyectan le evitaban a Washington un dolor de cabeza adicional en medio de la resistencia a su ocupación de Irak y del proceso electoral estadounidense[25].
Colombia —donde hoy Estados Unidos tiene la segunda embajada más grande del mundo después de Irak— se ha convertido en el primer receptor de asistencia (en especial, militar y policial) estadounidense en Latinoamérica y el cuarto en el mundo (después de Israel, Egipto e Irak). Entre 1998 y el 2003, el país recibió aproximadamente US$ 2.884 millones de dólares; en el 2004 obtendrá unos US$ 751 y en el 2005 se proyectan US$ 724 millones[26]. El Congreso de EE.UU. ha autorizado la presencia en Colombia hasta de 800 militares y 600 contratistas privados. El nuevo comandante del Comando Sur, el general Craddock, indicó que le parece una prioridad contener el "derrame de inestabilidad" en la frontera entre Colombia y Panamá[27] . Además, en términos de los recurrentes incidentes entre Colombia y Venezuela, Estados Unidos ha dejado de ser un mediador virtuoso, inclinándose cada vez más contra Caracas y a favor de Bogotá[28].
Es prudente recordar la vigencia de la llamada Enmienda De Concini de 1978, que se incorporó a la ratificación del senado estadounidense de los Tratados Torrijos-Carter entre Estados Unidos y Panamá. La Enmienda dice: "Conforme al Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, Panamá y Estados Unidos tienen la responsabilidad de asegurar que el Canal de Panamá permanezca abierto y seguro a naves de todas las naciones. La interpretación correcta de este principio es que cada uno de los países, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, defenderá el Canal contra cualquier amenaza al régimen de neutralidad y, por consiguiente, tendrá el derecho de actuar contra cualquier agresión o amenaza dirigida contra el Canal o contra el tránsito pacífico de naves por el Canal". Esto significa que, por ejemplo, si guerrilleros, paramilitares O narcotraficantes colombianos afectan directamente con sus actos el Canal de Panamá, Estados Unidos podría invocar la Enmienda para defenderse. En breve, la existencia de dicha Enmienda le brinda a Estados Unidos un recurso legal para usar, de manera legítima, su poder militar[29].
En resumen, la centralidad alcanzada por el Departamento de Defensa y la dimensión militar en la actual política internacional de Estados Unidos han ido fortaleciendo el papel del Comando Sur en el seguimiento y manejo de las relaciones interamericanas. Las turbulencias que se vienen multiplicando en América Latina —entre las cuales el caso de Colombia es apenas la punta del iceberg— alientan y alimentan el papel del U.S. Southern Command en la región. La pasividad y la resignación o la indiferencia del liderazgo político latinoamericano ante esa proyección militar desde Estados Unidos parecieran legitimar el momento proconsular en el hemisferio.
Enero 14, 2005
[1] Véase Juan Gabriel Tokatlian, "El proyecto de reordenamiento mundial de Estados Unidos. Una mirada crítica", en Mónica Hirst, Carlos Pérez Llana, Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian, Imperio, estados e instituciones: La política internacional en los comienzos del siglo XXI, Buenos Aires: Altamira/Fundación OSDE, 2004.
[2] Véase Roberto Russell, "El orden política internacional pos-Irak", en Ibid.
[3] Véase John S. Galbraith, "The Turbulent Frontier as a Factor in British Expansion", en Comparative Studies in Society and History, Vol. 2, No. 2, enero 1960.
[4] Véase www.whitehouse.gov/news/releases/2001/06
[5] Véase www.cdi.org/budget/2004/world-military-spending.cfm
[6] Véase Juan Gabriel Tokatlian, Hacia una nueva estrategia internacional: El desafío de Néstor Kirchner, Buenos Aires: Editorial Norma, 2004.
[7] Véase Chales Peña, "Mini-Nukes and Preemptive Policy: A Dangerous Combination", en Cato Policy Analysis, No. 49, Noviembre 2003.
[8] Véase www.globalsecurity.org/military/facility/brac.htm
[9] Véase www.globalsecurity.org/military/world/deploy.htm
[10] Véase Douglas Jehl y Tom Shanker, "For the First Time Since Vietnam, the Army Prints a Guide to Fighting Insurgents", The New York Times, 13 de noviembre de 2004. El manual de referencia es Department of the Army, Counterinsurgency Operations (Field Manual-Interim, No 3-07.22), Washington D. C.: US Government Printing 12 Office, Octubre 2004.
[11] La nueva gran estrategia (grand strategy) de Estados Unidos de la primacía —que significa que Washington no tolerará ningún competidor internacional, sea este amigo u oponente— implica que en el terreno militar se procura lo que se conoce como "full spectrum threat dominance". La lógica implícita de esta doctrina conduce a que una vasta gama de asuntos se convierta, gradualmente, en cuestiones de seguridad: de hecho, según Loveman, dicha doctrina provoca "the securitization of health, environmental, law enforcement, immigration, agricultural, and economic policy". Véase Brian Loveman, "Introduction: U.S. Regional Regional Security Policies in the Post-Cold War Era", en Brian Loveman (ed.), Strategies for Empire: U.S. Regional Security Policy in the Post-Cold War Era, Wilmington: Scholarly Resources, 2004, p. xxi.
[12] Cabe subrayar que la mayoría de los altos funcionarios políticos y militares de América Latina se han habituado a "dialogar" con Estados Unidos a través del Comando Sur. Más allá de lo que Washington diseñe o ejecute en materia de su política latinoamericana, la región ha aceptado, con inusitado conformismo, el papel preponderante del U. S. Southern Command.
[13] Hill ha sido recientemente reemplazado. El general Bantz J. Craddock ahora está al frente del Comando Sur ahora.
[14] Algo semejante se puede decir que ocurrió durante el período (septiembre 1997/octubre 2000) en que el general Charles Wilhem estuvo al frente del Comando Sur. De acuerdo con Loveman, en ese momento “note even the Secretary of State or the Undersecretary for Latin America would provide (the U. S.) Congress with such a comprehensive vision” (como la de Wilhem). Véase, Brian Loveman, ibid., p. xx.
[15] Sobre estos datos, véase Adam Isacson, Joy Olson y Lisa Haugaard, Bluring the Lines: Trends in U. S. Military Programs with Latin America, Washington D.C.: LAWGEF/CIP/WOLA, septiembre 2004.
[16] Véase The 9/11 Commission Report, Washington D.C.: US Government Printing Office, 2004, p. 560.
[17] Véase http://armedservices.house.gov/openingstatementsandpressreleases/108thcongress
[18] Véanse www.ciponline.org/facts/bases/htm; www.ciponline.org/facts/radar.htm y John Lindsay-Poland, "Bases militares estadounidenses en América Latina y el Caribe", en Foreign Policy in Focus, Agosto 2004.
[19] Véase www.ciponline.org/facts/fmtr.htm
[20] Véase Tom Barry, "U. S. Southern Command Confronts Traditional and Emerging Trends", en IRC Americas Program Policy Brief, julio 2004.
[21] Véase www.ciponline.org/facts/dcs.htm
[22] Véanse www.ciponline.org/facts/program.htm y Adam Isacson, Joy Olson y Lisa Haugaard, op. cit.
[23] Véase Lisa Haugaard, Sean García, Philip Schmidt y Mavis Anderson, September's Shadow: Post-9/11 U.S. Latin American Relations, Washington D. C.: LAWG, septiembre 2004.
[24] Al respecto, el teniente coronel Abbott ha señalado recientemente: "Economically marginalized and disenfranchised groups are made-to-order for terrorists to exploit. The piqueteros (picketers) in Argentina, cocaleros (cocaine dealers) in Bolivia, Movimento Sem Terra (Movement of Those Without Land) in Brazil, and the Pachakutik indigenous people in Ecuador, the Bolivarian Circles in Venezuela, and peasants' groups in Paraguay are ethnically and economically oppressed groups whose destabilizing power is growing, whose leaders are gaining political Prominence, and who could be susceptible to terrorism's appeals". Véase, Phillip K. Abbott, "Terrorist Threat in the Tri-Border Area: Myth or Reality?", en Military Review, septiembre-octubre 2004, pp. 54-55.
[25] Para una perspectiva crítica sobre la operación militar en Haití véase, Juan Gabriel Tokatlian, "El desacierto de enviar tropas a Haití", página 12 (Argentina), 13 de junio de 2004. En América Latina el efecto diplomático-militar inmediato del devastador maremoto en Asia de finales de 2004 podría ser el retiro de las tropas que varios países de Sudamérica tienen en Haití. Un análisis estratégico basado en evidencias y desprovisto de dogmas conduce a esa conclusión. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó recientemente un nuevo mandato de permanencia de soldados, en su mayoría sudamericanos, en Haití hasta mediados del 2005. A pesar de los exiguos logros en materia de orden público, la misión castrense de la ONU en la isla continúa. En efecto, los asesinatos políticos continúan (más de 100 desde septiembre hasta la fecha), la dificultad de desarmar a los distintos grupos paramilitares pertrechados permanece y aún hoy es imposible contar con un clima mínimo de convivencia. A pesar de los magros resultados en la consecución de los respaldos asistenciales y financieros prometidos por varios países e instituciones y de las deplorables condiciones sociales generadas por la última temporada de huracanes (que produjo 10 veces más muertos que las revueltas del 2004 contra el expresidente J. B. Aristide), el Consejo de Seguridad insiste en una solución básicamente militar para hacer frente a la calamitosa situación económica y política haitiana. De igual forma, a pesar de que la estructura de ilicitud —20% de la cocaína colombiana pasa hoy a través de Haití— sigue prosperando y de que República Dominicana está crecientemente afectada por la inestabilidad institucional de su vecino, Naciones Unidas persiste en asimilar su mirada del tema haitiano desde la óptica estadounidense: evitar la salida de más refugiados hacia Florida, ensayar un esquema de neo-protectorado a la fuerza y eludir parte de la responsabilidad por el estado deplorable de la isla. Después del letal fenómeno tsunami, la comunidad internacional centrará sus escasos recursos para enfrentar el desastre natural y auxiliar la reconstrucción asiática. Haití —con todos sus padecimientos y urgencias— quedará, nuevamente, relegada. La tragedia asiática se sumará al desastre en Irak y ambos concitarán la atención y los aportes estadounidenses y mundiales a lo largo del 2005. Argentina y Brasil, que comparten en el 2005 sendos asientos en el Consejo de Seguridad de la ONU, podrían abocarse a facilitar una solución política amplia en Haití y aligerar el retiro de tropas de ese país. Es falso sostener que Sudamérica tiene que asumir un compromiso especial en y por Haití, más aún cuando cada vez tendrá menos acceso a recursos tangibles para resolverlos. Además, el empeoramiento de las condiciones sociales y políticas de la isla podría llevar a que las tropas sudamericanas terminen en un pantano militar. No es deshonroso sacar los soldados de la región de Haití; lo indecoroso es dejarlos en la isla, sin objetivos políticos claros ni respaldo internacional efectivo.
[26] Véase www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm
[27] Véase Betty Brannan, "Polícia nacional recibe preparación militar de EU", La Prensa (Panamá), 12 de noviembre de 2004.
[28] Un nuevo incidente diplomático ha empañado recientemente las relaciones entre Colombia y Venezuela. Rodrigo Granda, presunto "Canciller" de las FARC, fue capturado mediante el pago de recompensas, según Bogotá, o secuestrado mediante el o de sobornos, según Caracas, el 13 de diciembre del 2004, en territorio venezolano. Por mucho tiempo, frentes e as FARC y del ELN han traspasado las fronteras colombianas, y convirtió a Venezuela en una suerte de santuario. Lo que en una época fue tolerancia, ante la posibilidad de que el vecino país pudiese contribuir a la paz en Colombia, hoy es visto en Bogotá como la connivencia desestabilizadora de Caracas con grupos terroristas. En este contexto, se produjo el más serio episodio de una larga cadena de fricciones que bien podría conducir a la mayor crisis bilateral en dos décadas. En esta ocasión, sin invocar algún acuerdo binacional o multilateral en la materia, sin iniciar ni agotar las vías judiciales o policiales del caso (una solicitud de detención de INTERPOL, por ejemplo) y sin ninguna comunicación diplomática previa, el gobierno del presidente Álvaro Uribe logró que Granda, quien se encontraba en una cafetería de Caracas, apareciera detenido en Cúcuta, Colombia. El elocuente y largo silencio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia durante el último mes y el nivel de visibilidad alcanzado en este período por el Ministerio de Defensa reflejan que la política de pago de recompensas es una táctica de combate anti-insurgente de las fuerzas armadas avalada por el círculo más íntimo cercano al Presidente Uribe. La confusa reacción inicial de Venezuela y el posterior escalamiento retórico del presidente Hugo Chávez refuerzan la idea de que miembros de los cuerpos de seguridad de ese país intervinieron en la aprehensión de Granda y su entrega a las autoridades colombianas. El notorio apoyo del embajador de Estados Unidos en Bogotá al mandatario colombiano y el sugestivo mutismo del embajador de EE.UU. en Caracas fortalecen las conjeturas acerca de que se asiste a una nueva fase de endurecimiento estadounidense hacia Chávez, acompañada de un intento por convertir a Colombia en una suerte de caso emblemático en el mundo andino. En efecto, se trataría de aislar, condenar y degradar el gobierno de Chávez, mientras se incrementa el respaldo a Uribe, a su estrategia reeleccionista, a su política de orden público y a su compromiso antiterrorista. Washington no parece interesado, como sí lo estuvo durante la compleja crisis diplomático-militar de 1987, en distender las relaciones colombo-venezolanas, sino en usufructuar sus contradicciones. Si Estados Unidos no es ya, lamentablemente, un mediador virtuoso, Sudamérica no puede seguir ignorando lo que sucede entre Colombia y Venezuela. Al fin y al cabo, un conflicto descontrolado entre Caracas y Bogotá hará que América del Sur abandone su condición de zona de paz.
[29] Sobre este punto, véase Juan Gabriel Tokatlian, Globalización, narcotráfico y violencia: Siete ensayos sobre Colombia, Buenos Aires/Bogotá: Editorial Norma, 2000.