Presentación: Procesos de integración política, social y económica
Philippe De Lombaerde
Holds a PhD in Political Science from RWTH (Germany) and a PhD in Economics from PWU (US). He is currently Associate Director at the UNU-CRIS (Belgium) and Lecturer at the University of Maastricht (The Netherlands). His latest publications include: “Testing the Relationships between Globalization, Regionalization and the Regional Hub-ness of the BRICs (with L. Chen).” Journal of Policy Modeling 36, 2014; and Regionalism (IV Volume series) (co-edited with F. Söderbaum). London: Sage, 2013. E-mail: pdelombaerde[at]cris.unu.edu
Stephen Kingah
Has a PhD in Law from the Free University of Brussels (VUB) (Belgium). He is a professor at UNU-CRIS (Belgium) and serves as rapporteur for the SADC for the International Organizations Interest Group of the American Society of International Law. He previously worked as ad hoc administrator for international financial institutions at the EU Commission. He takes interests on the legal and political aspects of EU-ACP relations, International financial institutions, the African Union’s institutional architecture and human rights aspects of accessing affordable health care in the South. His latest publications include: “The Role of Regional Parliaments in Enhancing Democracy in the South.” In Comparative Regionalisms for Development in the Twenty-First Century: Insights from the Global South. Farnham: Ashgate, 2013; and “Moving beyond the Last Corrupt Leaders in African Politics: AU-EU Cooperation.” Cameroon Journal of Democracy and Human Rights 6 (1), 2012. E-mail: SKingah[at]cris.unu.edu
Angelika Rettberg
Holds a PhD in Political Science from Boston University (US). She is an Associate Professor at the Department of Political Science at Universidad de los Andes (Colombia) and Program Director of ConPaz. She is currently is a Visiting Researcher at the GIGA Institute of Latin American Studies (Germany). Her latest publications include: “Encuentro con los otros: perspectivas para la reconciliación en Colombia.” In Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?, eds. Ana María Ibañez and Daniel Mejía. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014; and “La construcción de paz bajo la lupa: una revisión de la actividad y de la literatura académica internacional.” Estudios Políticos 42, 2013. E-mail: Rettberg[at]uniandes.edu.co
19-24
01/05/2014
03/06/2022
DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint81.2014.01
Desde los tempranos años noventa han ido en aumento los procesos de integración social, económica y política. Los estudiosos del regionalismo se refieren a este fenómeno como la “segunda ola” del regionalismo, o al “nuevo regionalismo”. Este así llamado nuevo regionalismo no es sólo un asunto cuantitativo. También hay diferencias cualitativas importantes si se compara con los “antiguos” acuerdos regionalistas de los años sesenta. Por un lado, las formas más institucionalizadas del regionalismo (es decir, las organizaciones regionales) han visto ampliados su mandatos, cubriendo más áreas de política que las áreas del comercio o de la seguridad cubiertas en el “viejo regionalismo”. Por otro lado, los contenidos de los acuerdos comerciales (tanto intraregionales como interregionales) se han ampliado considerablemente y se incluyen crecientemente asuntos que trascienden la dimensión estrictamente comercial, como los servicios, la inversión extranjera directa, los derechos de propiedad intelectual, las condiciones de la contratación pública, la solución de disputas, los estándares laborales y los estándares ambientales, entre otros. Esta tendencia ha coincidido con una creciente judicialización y politización de la política comercial. La judicialización se relaciona con reformas constitucionales en diferentes países dirigidas a proteger un mayor número de derechos (tanto derechos humanos fundamentales como derechos sociales, económicos y culturales) así como con instrumentos nuevos y más efectivos para proteger dichos derechos. En muchos casos, como Suráfrica y Colombia, el activismo judicial —o la tendencia a que las cortes de justicia adquieran un papel proactivo en la formulación de políticas públicas— ha incidido también en la judicialización de la política comercial.
La tendencia a la politización se refiere al hecho de que las negociaciones de las políticas de integración económica y social se han movido gradualmente del viejo modelo de la diplomacia económica —a puerta cerrada y poco transparente— hacia un modelo que implica un mayo escrutinio por parte de los grupos de interés y el público en general. Así, negociaciones como aquellas para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los tratados de libre comercio surcoreanos, y los tratados de libre comercio que suscriben los Estados Unidos y la Unión Europea se han convertido en asuntos centrales del debate político en las sociedades relevantes. Además, los opositores políticos de los tratados y de las políticas de integración, en general, están utilizando instrumentos legales para proteger derechos o, por lo menos, utilizan un discurso de derechos en su actividad política. Argumentan, por ejemplo, que las políticas de integración económica afectan potencialmente derechos como el derecho a la vida, la alimentación, la salud, la cultura y la tierra, entre otros.
Las tendencias aquí mencionadas están relacionadas. El propósito de este número especial es explorar las diferentes tensiones que emanan de estos procesos paralelos desde una perspectiva que combina la mirada a la política y al derecho en el estudio de las políticas de integración política, social y económica. Esta mirada no es frecuente, pues los estudios de los procesos en cuestión tienden a centrarse en los aspectos económicos de los procesos de integración. Los textos incluidos en este dossier se arriesgan a buscar entender la interacción entre lo económico, lo político y lo social en los procesos de integración entre países o regiones del mundo, identificar las tensiones entre los contenidos y las aspiraciones de las políticas, analizar los escenarios y actores políticos y jurídicos —muchos de ellos no tradicionales— así como sus estrategias y las posibles implicaciones para la formulación de políticas públicas. Todos los artículos incluidos se acogen a esta mirada innovadora con base en argumentos empíricamente respaldados.
El punto de partida de este número especial fue un proyecto Jean Monnet, otorgado por la Unión Europea a la United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS)/College of Europe, titulado Constitutional Rights versus Free Trade in EU-FTAs (CRIFT) (Derechos constitucionales versus libre comercio en tratados de libre comercio con la UE).[1] En el marco de dicho proyecto se realizaron una serie de talleres y encuentros en Brujas, Bélgica con muchos de los autores que contribuyeron a este número, y que desembocaron también en un número especial de la revista European Law Journal (a publicar en el 2014).
Allan F. Tatham inicia el recorrido con un análisis de cómo las leyes de la Unión Europea son difundidas más allá de la Unión. En concreto, se pregunta por la manera en que la judicialización de la política comercial europea impregna e incide en las decisiones judiciales y en las cortes en los países con quienes la Unión Europea firma tratados de libre comercio. Con base en diversos ejemplos, el autor concluye que el proceso de “europeización” ha sido efectivo no sólo desde el punto de vista de la integración económica, sino también desde el punto de vista de la creación de un sistema de gobernanza basado en el régimen comercial de la Unión y de sus estándares a lo largo del continente.
Giovanni Molano y Stephen Kingah aportan un estudio comparativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) y del Tribunal de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). Al investigar cómo ambos tribunales han abordado temas de derechos humanos, los autores buscan aportar insumos acerca de una posible colaboración judicial Sur-Sur. Encuentran que las entidades creadas originalmente con el objetivo de la integración económica han ampliado gradualmente su mandato para ocuparse de casos que trascienden el comercio y abordan los derechos humanos. Al hacerlo, las cortes encargadas de vigilar el intercambio comercial han ampliado y consolidado su mandato.
María Belén Olmos aborda la inclusión de cláusulas sociales en el tratado de Mercosur, las cuales requieren a los Estados miembro a observar ciertos estándares laborales y ambientales. Mientras que el tratado original no incluyó ninguna de estas provisiones, a lo largo de los años noventa éstas fueron progresivamente incluidas en las reglas de juego del tratado. Las tensiones generadas entre estas normas y las previsiones constitucionales de los estados miembro, así como aquellas relacionadas con la inclusión de estándares laborales y ambientales en las cortes domésticas, fueron progresivamente superadas.
Angelika Rettberg, Philippe De Lombaerde, Liliana Lizarazo y Juan Felipe Ortiz-Riomalo analizan los casos recientes de la negociación y firma de tratados de libre comercio (TLC) por parte de Colombia con los Estados Unidos y la Unión Europea, respectivamente. Los autores describen y analizan el uso estratégico del discurso basado en la defensa de los derechos humanos por parte de actores domésticos e internacionales involucrados. En el artículo se argumenta que este discurso se construye a partir de la amenaza percibida por parte de estos actores a derechos específicos y es funcional a la necesidad de éstos de movilizar y conseguir apoyo político, legislativo y judicial entre los actores de ambos lados para avanzar en el desarrollo de sus intereses específicos y más generales. Los autores sugieren que algunas diferencias entre ambos acuerdos y en el proceso que condujo a su aprobación y ratificación pueden ser atribuidas, por un lado, a la habilidad de los actores relevantes de construir y diseminar argumentos basados en la defensa de derechos para consolidar las coaliciones requeridas a favor de sus intereses y argumentos, y por otro, a las características institucionales, y otras características contextuales, de las contrapartes colombianas. Estos casos colombianos muestran bien el posible alcance que puedan tener la politización y la judicialización de la política comercial sobre el curso y las implicaciones de las negociaciones comerciales en el futuro, en la región y fuera de ella.
Por último, Álvaro Pío Gómez evalúa el caso colombiano a la luz del programa de convergencia macroeconómica en la Comunidad Andina (CAN). El balance es modesto. Diseñado para facilitar el proceso de coordinación internacional de políticas macroeconómicas realizado por Colombia en el Programa de Convergencia Macroeconómica (PCM) de la Comunidad Andina (CAN), la consulta con un grupo de expertos arroja que el buen desempeño macroeconómico del país no parece estar asociado al ejercicio específico de coordinación internacional en la CAN. Otros ejercicios de coordinación, por ejemplo en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han resultado ser más influyentes. De igual forma, decisiones domésticas más que a la efectividad o influencia de los ejercicios de coordinación internacional de políticas macroeconómicas pueden dar cuenta del desempeño macroeconómico colombiano.
Los distintos trabajos combinan no sólo la mirada política con la del derecho y de la economía, sino que también consideran variables domésticas e internacionales en diferentes regiones del mundo.
Es oportuna la publicación de este número con ocasión del segundo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos y cuando el país se ha incorporado en la Alianza del Pacífico y se encuentra adelantando otro número importante de negociaciones comerciales con otros países. Los textos incluidos en este número contribuyen al debate y al planteamiento de las preguntas que en un contexto como el nuestro deben guiar el escrutinio de todas las capacidades de los actores y de las implicaciones, ventajosas y desventajosas, de estos procesos.
[1] Information and Research Activity on “Constitutional Rights versus Free Trade in EU-FTAs (CRIFT),” del EACEA Lifelong Learning Jean Monnet Programme (Grant Decision number: 2011-2927).