Milanese and Jaramillo: Impacto de los factores institucionales del sistema electoral en la fragmentación partidaria. Un análisis de las elecciones para concejos municipales en el Valle del Cauca (1997-2011)[*]

Introducción[1]

Existe una rica tradición de estudio de los partidos y del sistema de partidos en Colombia.[2] De hecho, la longevidad del bipartidismo y la presencia de experiencias como el Frente Nacional despertaron la atención de numerosos investigadores, que se reforzó con otros cambios institucionales como la reforma constitucional de 1991 o el Acto Legislativo No. 1 de 2003 (Reforma Política).

Por el contrario, menos frecuentes son los estudios electorales que se concentran en casos del nivel subnacional, es decir, departamental y/o municipal.[3] De hecho, con regularidad, tácita o abiertamente, se ha terminado por asumir que las particularidades de los partidos o sistemas de partidos en el nivel subnacional son equiparables a lo que sucede en el nivel nacional. Incluso, con frecuencia se emplea al Senado como referente, aun cuando este es el caso más atípico del sistema político colombiano como consecuencia de las características de su distrito —fundamentalmente, por su dimensión nacional y su alta magnitud—. De hecho, en relación con este punto, coincidimos con Gutiérrez Sanín cuando afirma que “[…] la vida política regional y municipal no es una función de la vida política nacional” (2001, 192).

Partiendo de esa premisa, el presente artículo pretende contribuir a la comprensión de las peculiaridades que este sistema asumió en el departamento del Valle del Cauca durante los últimos quince años, y, más específicamente, de los cambios que produjo sobre él una serie de variables institucionales a lo largo de ese período. Así, por medio de datos agregados buscamos explicar las alteraciones sufridas desde el punto de vista de la fragmentación, evaluada a través de la revisión de los resultados electorales de los concejos municipales.

Son varias las razones que nos llevaron a seleccionar este departamento. Una de las principales es que en él podemos no solo encontrar una distribución variada de concejos de acuerdo con su magnitud distrital (variable central del trabajo), sino, además, otras características políticas y sociales[4] que hacen que, no obstante sea arriesgado realizar generalizaciones a partir de él, podamos proyectar hipótesis e intuiciones eventualmente aplicables al resto de los casos del país. Además, más allá de cuestiones metodológicas, el Valle del Cauca es uno de los principales escenarios de descomposición de las fuerzas tradicionales (fundamentalmente, del Partido Liberal) y de la aparición de una nueva generación de dirigentes en la que conviven distintos perfiles (parroquiales-nacionales, “clientelistas de opinión”, e incluso polémicos casos vinculados a actores armados y al narcotráfico), que indudablemente impactó el sistema.

Antes de continuar, consideramos importante aclarar que abordamos los partidos como una herramienta estrictamente electoral.[5] Es decir, nos interesan las lógicas de competencia y cooperación durante las coyunturas electorales, independiente de su comportamiento (sobre todo, en cuanto a presencia o ausencia de disciplina legislativa) una vez superadas. Además, para el caso colombiano, vale la pena clarificar que tanto en la dimensión municipal como departamental, las agrupaciones políticas tienden a ser significativamente más inestables que en la nacional (Losada 2007), por lo que, en principio, deberíamos esperar subsistemas partidarios menos consistentes.

Retomando la línea argumentativa previa, nos interesa remarcar que nuestros propósitos no se agotan en la comprensión misma del caso. Por el contrario, pretendemos contribuir a una caracterización más exacta del sistema de partidos colombiano en términos generales, en especial, a superar muchas de las generalizaciones apresuradas e imprecisas que provienen del “estiramiento” de conclusiones correctas para el nivel nacional, pero no necesariamente aplicables al subnacional. De este mismo modo, cabe mencionar que nuestras expectativas no se reducen a la realización de un esfuerzo exclusivamente descriptivo. Por el contrario, el trabajo posee el objetivo de identificar relaciones causales introduciendo, como mencionamos, variables explicativas de carácter institucional (clásicas de este tipo de estudio), como pueden ser la magnitud de distrito y la modificación de las reglas (de manera específica, el acto legislativo antes mencionado) que componen el sistema electoral.

¿Por qué nuestro interés en este tipo de reglas del juego? Porque, como afirma Pasquino (2004, 55), la forma en que se vota en cada régimen democrático implica una serie de efectos que inciden sobre los partidos y sistemas de partido, constituyéndose como un factor crucial a la hora de comprender las estrategias que emplearán los actores políticos. De hecho, varios autores han calificado los sistemas electorales como “[…] una de las partes esenciales de los sistemas políticos […]” (Sartori 2004, 10) o, incluso, “[…] el elemento más importante de las democracias representativas […]” (Lijphart 1994, 1).

Por último, merece una aclaración el hecho de que lejos estamos de asumir que solo los arreglos institucionales formales impactan el comportamiento de votantes y partidos.[6] En efecto, en numerosas oportunidades se ha demostrado la visible huella que produce sobre los votantes otro tipo de variables, como aquellas de carácter social (naturalmente, el conflicto armado en el caso colombiano) y étnico (Ordeshook y Shvetsova 1994), además de comportamientos informalmente institucionalizados. En este sentido, somos conscientes de que, en el caso de nuestro interés, factores como el clientelismo o la constitución de redes de poder (Gutiérrez Sanín 2007), que articulan actores y prácticas legales e ilegales —e incluso, como producto de ellas, hasta el surgimiento de autoritarismos subnacionales (Gibson 2007)—, condicionan los procesos electorales y, como consecuencia de ello, la configuración de los sistemas partidarios. Sin embargo, un análisis de este tipo de cuestiones excedería ampliamente los objetivos de este trabajo.

1. Breve reseña de la producción vinculada a la fragmentación del sistema de partidos en Colombia

Como mencionamos, en 2003 el Congreso colombiano introdujo cambios sustanciales (ver la tabla 1) en las reglas electorales (Botero y Rodríguez Raga 2008; Shugart, Moreno y Fajardo 2007). Su intención era racionalizar la competencia partidaria, reduciendo la fragmentación del sistema de partidos y los incentivos para cultivar el voto personalista (Botero y Rodríguez Raga 2008) que, desde mediados de los años setenta, comenzaron a aumentar paulatinamente acabando con el predominio de los partidos Liberal y Conservador. Hasta entonces, no obstante sus debilidades organizacionales, estos dominaron la arena política a través de facciones razonablemente institucionalizadas que se extendían a lo largo del territorio, abarcándolo desde el nivel nacional hasta el municipal (Pizarro 2008; Duque 2006).[7]

Tabla 1.

Síntesis de los cambios institucionales producidos por el Acto Legislativo No. 1 de 2003

Este incremento de la fragmentación faccional (Gutiérrez Sanín 2007) comenzó a exacerbarse desde mediados de los años noventa, impidiéndoles a dichas corrientes institucionalizadas controlar la nominación de candidatos, lo que produjo un aumento desbordado del número de listas dentro de ellas —que alcanzó su zenit durante las elecciones legislativas de 2002—,[8] proceso que Pizarro (2002) denominó surgimiento de microempresas electorales. Este fue acompañado además de una fuerte pérdida de identificación del electorado con los partidos tradicionales (Archer 1996; Pizarro 2008; Gutiérrez Sanín 2007) y una descomposición de los razonablemente altos niveles de nacionalización que habían experimentado (Batlle y Puyana 2011).

Justamente, la reforma tuvo como principal intención poner coto a esta situación. En este sentido, la evidencia provista por las elecciones nacionales posteriores indica que esta tuvo éxito al reducir la fragmentación en el Senado de la República.[9] Sin embargo, los análisis realizados en otros cuerpos colegiados limitaron el alcance de estas afirmaciones. En este sentido, Pachón y Shugart (2010) muestran que en el caso de la Cámara de Representantes se produjo un efecto similar al del Senado solo en los distritos de mayor magnitud,[10] mientras que en aquellos casos en los que esta magnitud es menor, la reforma produjo, por el contrario, un efecto multiplicador. Por otro lado, ha sido escaso el análisis de sus impactos en los sistemas de partidos regionales (Losada 2009).[11] Varios de ellos muestran, contraintuitivamente, que después de la reforma la fragmentación tendió a crecer en los concejos, aunque ninguno ofrece explicaciones totalmente satisfactorias de las razones de ese aumento. Incluso, vale aclarar que, salvo algunas excepciones, los autores no tienen en cuenta, a la hora de realizar sus análisis, variables institucionales esenciales como la magnitud de distrito, o utilizan un número muy reducido de elecciones.

2. Hipótesis

A partir de este marco, el trabajo se caracteriza por dos hipótesis relacionadas con la fragmentación como elemento constitutivo del sistema de partidos en el nivel regional.

H1. La Reforma Política cumplió con su objetivo reductor, atenuando la fragmentación del sistema de partidos.

Esta primera hipótesis responde de un modo directo a los objetivos planteados por los legisladores a la hora de sancionar el Acto Legislativo de la reforma política, descrita por Botero, Losada y Wills (2011) como el intento de pasar del multipartidismo extremo a uno moderado. Expectativas que, en efecto, se cumplieron, de acuerdo con la evidencia recogida en las distintas elecciones celebradas para el Senado de la República.

H2. El efecto de la reforma política difiere entre los municipios, dependiendo de su magnitud (M).

En este sentido, observaremos si M tiene el rol que convencionalmente se espera de ella (es decir, cuanto menor sea, menor el número de partidos) o, por el contrario, un resultado similar al de la Cámara de Representantes, donde, a menor magnitud, la reforma multiplicó el número de partidos, mientras que, a mayor magnitud, efectivamente produjo el efecto reductor (Pachón y Shugart 2010).

3. Revisión de las herramientas conceptuales para la realización del análisis

Después de realizar las primeras aclaraciones sobre el caso, nos disponemos a revisar los principales conceptos teóricos utilizados para su análisis.

Es un hecho incuestionable que la magnitud de un distrito electoral afecta de forma directa la fragmentación del sistema de partidos (Cox 1997; Lijphart 1994; Rae 1971; Taagepera y Shugart 1989; Taagepera 2009; Sartori 1986; Nohlen 1998).[12] Aunque no de forma lineal, ceteris paribus, a medida que M se reduce, se incrementa el porcentaje de votos necesarios para poder obtener representación, incentivando la agrupación de distintas fuerzas (ver la figura 1). Por el contrario, un aumento de la magnitud reducirá el número de votos necesarios para alcanzar un escaño, desestimulando la agregación partidaria (aunque no necesariamente produciendo un efecto multiplicador del número de partidos).[13]

Figura 1.

Costo de obtención de un escaño (% de votos) de acuerdo con magnitud de distrito

Esto nos lleva a afirmar, siguiendo la tradición establecida por Duverger (2001, 38), que el número y el tamaño de los partidos dependerán de la cantidad de asientos por repartir, que, a su vez, producirán los conocidos efectos mecánicos y psicológicos (planteados por ese mismo autor)[14] y, relacionados con los últimos, comportamientos sinceros o estratégicos por parte de los votantes (Taagepera 2009, 683).[15]

Dentro de este marco, un sistema que se aleja de la proporcionalidad pura (aunque esta solo pueda ser tenida en cuenta como tipo ideal) induce al votante a asumir comportamientos estratégicos,[16] ya que la disminución de espacios de representación (asientos) desincentivará la conducta sincera de aquellos cuyas preferencias carecen de (o tienen pocas) expectativas de elección, que, por lo tanto, tenderán a “migrar” hacia otras alternativas con mayor potencial (ver la figura 2).[17]

Figura 2.

Continuum “proporcionalidad y tipo de comportamiento electoral”

Como mencionamos, aun cuando la magnitud de distrito se constituye como la principal fuente de proporcionalidad, o de la falta de ella, no es la única. Existe una serie de arreglos institucionales que forman parte de los sistemas electorales que también pueden producir este tipo de efectos. Entre ellos podemos señalar algunos, como la existencia de elecciones concurrentes (entre poder ejecutivo y legislativo y entre los distintos niveles), el número de turnos electorales, la estructura de la papeleta o el tarjetón electoral, el tipo de lista (y, por lo tanto, de candidatura), la fórmula de conversión de votos en escaños y la existencia, o no, de barreras legales (Nohlen 1998; Gallagher y Mitchell 2008). En nuestro caso, por razones que esgrimiremos en el apartado metodológico, además de la magnitud de distrito, nos interesan con particularidad las últimas dos.

Tanto la fórmula de conversión como la existencia de umbrales (barreras legales) tienden a producir efectos reductores de la proporcionalidad; sin embargo, estos suelen ser más sutiles que aquellos ocasionados por M.[18] De hecho, normalmente, son utilizados como estrategias de corrección de los efectos producidos por la magnitud (alta) y carecerían de sentido si no se los pensara de forma simultánea a ella.

Así, en el primero de los casos, la intensidad de ese efecto dependerá de la fórmula que se esté utilizando. Por ejemplo, mientras que los sistemas de divisor tienden a beneficiar los partidos que obtienen mayores porcentajes de votos, los sistemas de cociente usualmente producen el efecto contrario (ver, entre muchos otros, Nohlen 1998).[19] Sin embargo, como mencionamos, cabe remarcar que los resultados que estos generan tienden a ser moderados, incluyéndose o excluyéndose, de acuerdo con la fórmula, partidos que obtuvieron porcentajes de votos bajos y, por lo tanto, recibirían un bajo número de asientos (por lo menos individualmente hablando).

Por su parte, el impacto que las barreras legales (calculadas porcentualmente en relación con el total de los votos válidos) ejercerán sobre la proporcionalidad del sistema dependerá de dónde se las fije. De hecho, existe una relación inversa entre ambos: cuanto más alto el umbral, menor la proporcionalidad.[20] Sin embargo, también en este caso, solo tendrá sentido si lo observamos junto con la magnitud. Por ejemplo, un umbral del 2% será irrelevante en un sistema binominal (como ocurre en el 33,3% de los distritos electorales de la Cámara de Representantes), donde con dificultad se obtendrá representación con menos de un 25% de los votos (cálculo realizado a través de la fórmula presentada en las referencias de la figura 1). En ese caso, el umbral efectivo está significativamente por encima del legal, transformando este último en un arreglo institucional insignificante.

4. Datos y metodología

Una vez definidos los principales elementos teóricos, es el momento de especificar el rol que cada uno de ellos cumple como variable de interés en el trabajo. Como dependiente, utilizaremos la fragmentación partidaria, para la que será tenida en cuenta exclusivamente la dimensión electoral. Para medirla, recurriremos a dos indicadores clásicos como el número nominal y efectivo de partidos (Laakso y Taagepera 1979).[21]

Dentro de este marco, por razones de simplicidad, denominaremos a las variables número nominal de partidos electoral (NNPE) y número efectivo de partidos electoral (NEPE). Mientras que la primera nos permitirá observar el número de partidos que formalmente se presentan en las elecciones, la segunda nos permite contar exclusivamente aquellos que consideramos realmente relevantes (ponderándolos por su peso relativo), omitiendo, simultáneamente, los que no dejan de participar en las elecciones, aun cuando sean considerados insignificantes desde el punto de vista de su caudal electoral.

Como ya se mencionó, la selección de variables de carácter exclusivamente electoral responde a las limitaciones organizativas de los partidos. Desde este punto de vista, podemos argumentar que mientras que en los períodos no electorales pareciera no haber en la mayor parte de los concejos un comportamiento cohesionado bajo una lógica partidaria, las elecciones implican, sino una cooperación, un escenario caracterizado, por lo menos, por un piso de coordinación por parte de los candidatos. De hecho, aun en coyunturas como las de las elecciones de 1997 y 2000, donde los partidos, en especial el Liberal y el Conservador, presentaban un número extraordinario de listas, no desaparecían por completo las lógicas de acción colectiva. No por nada, aun fuertemente desgastadas, las etiquetas partidarias se seguían manteniendo (Gutiérrez Sanín y Dávila 2000; Gutiérrez Sanín 2007).[22]

Por el lado de las explicativas, partiremos de dos: magnitud de distrito (mag) y la Reforma Política (RP). En el primero de los casos, la variable asume valores que oscilan entre 9 y 21 (ver la tabla 2), mientras que en el segundo hacemos referencia a una dummy que toma el valor de 0 para períodos previos a la realización de la reforma y 1 después de ella. Es importante mencionar que la variable encierra los tres cambios realizados al sistema electoral mencionados en la tabla 1. Se incorpora, además, una tercera variable, representada por la interacción de las dos anteriores. Con esto último, lo que buscamos es discriminar el efecto de la reforma política, teniendo en cuenta las diferencias en la magnitud de distrito entre los distintos municipios.

Tabla 2.

Número de distritos, de acuerdo con M, por elección

Tabla 3.

Estadísticas descriptivas

También es importante señalar que, siguiendo trabajos previos (Taagepera y Shugart 1989; Pachón y Shugart 2010), la variable dependiente y la magnitud se trabajan en logaritmos, y que en total se cuenta con 210 observaciones, que corresponden a cinco elecciones para cada uno de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca.

Teniendo en cuenta la estructura de datos de panel,[23] la primera aproximación que podría realizarse sería a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios agrupados, obviando las dimensiones espaciales y temporales. Sin embargo, este enfoque no nos permite modelar la heterogeneidad individual no observable de los diferentes municipios, por lo que, en caso de que esta en efecto existiese, los estimadores antes mencionados no serían eficientes. Lo anterior es consecuencia de la potencial correlación serial entre los términos de error de los diferentes períodos, debido a la presencia de ese efecto individual de cada municipio que es constante a lo largo del tiempo.

Para probar la existencia de este efecto fijo en el término de error, empleamos el test estadístico de Breusch y Pagan, que muestra evidencia que nos permite rechazar la hipótesis nula de ausencia de efectos constantes en el término de error de los modelos. Esto implica que los mínimos cuadrados ordinarios no son apropiados y que es pertinente emplear otra técnica de estimación como la de los efectos aleatorios o la de los efectos fijos.

La discusión con respecto a emplear efectos fijos o aleatorios está muy presente en la literatura. Respecto a nuestro trabajo, optamos por la segunda aproximación, basándonos en el hecho de que nuestra única variable independiente continua, magnitud de distrito, presenta una varianza dentro de cada municipio —es decir, a lo largo de los cinco períodos de estudio—, considerablemente más baja que la presentada entre los grupos al comparar los 42 municipios. Esto último abre la puerta para descartar la utilización de efectos fijos, ya que está documentado en la literatura que llevaría a estimadores ineficientes (Plümper y Troeger 2007; Hahn, Ham y Roger Moon 2011). Por último, para las estimaciones empleamos errores estándar robustos agrupados por distrito, permitiendo de esta manera una relación entre las observaciones de un mismo distrito, al tiempo que se mantiene la independencia de observaciones entre diferentes municipios.

5. Análisis de datos agregados de la fragmentación en las elecciones para los 42 concejos

Como ya se comentó, la metodología empleada para medir el impacto de la reforma consiste en un modelo de datos de panel, en donde tomamos como unidad de análisis cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca, pre y posimplementación de la reforma política de 2003. El propósito final es poder evaluar, desde el punto de vista empírico, las dos hipótesis vinculadas a esta última y su efecto sobre los dos indicadores de fragmentación electoral aquí analizados.

Así, a través de ellas procuramos, por un lado, probar si la reforma realmente produjo el pretendido efecto reductor en el número de partidos y, por el otro, identificar si dicho efecto difiere dependiendo de la magnitud del distrito. Más específicamente, tratamos de verificar si, como demuestran Pachón y Shugart (2010) para la Cámara, a menor magnitud, la reforma incrementó el número de partidos o, por el contrario, el comportamiento encaja con los planteamientos teóricos convencionales.[24]

En este sentido, los resultados reportados en la tabla 4, y observables en los gráficos 1 y 2, muestran evidencia, aunque con matices, en contra de ambas hipótesis. Para comenzar, debe aclararse que la especificación del modelo permite determinar si desde 2003 se ha presentado un cambio en los parámetros del mismo, ya sea en el intercepto o en la pendiente. En el caso de NEPE, si bien el coeficiente asociado a la variable de tratamiento (reforma política) no es estadísticamente diferente de 0 para ningún nivel de confianza, la interacción de esta con la magnitud de distrito sí lo es, siendo además positiva. Esto nos deja en un escenario de regresiones concurrentes, es decir, se tienen igual intercepto pero diferentes pendientes para las dos rectas de regresión, pre y posreforma. Asimismo, ceteris paribus, un aumento en la magnitud de distrito se ve reflejado en un incremento en el número efectivo de partidos electorales.

Gráfico 1

NEPE (log) según magnitud (log), pre y posreforma

Lo anterior implica que, tal como se aprecia en el gráfico 1, la reforma no solo multiplicó el número de partidos en los concejos municipales para cualquier magnitud de distrito dada, sino que este efecto se incrementa conforme lo hace la magnitud.

Tabla 4.

Estimaciones de modelos de regresión

En lo que respecta a NNPE, los resultados muestran que la magnitud de distrito produce sobre este indicador de fragmentación efectos similares a los del NEPE, es decir, existe una relación directa, tal como se esperaría convencionalmente de ella. Asimismo, si bien la reforma política ejerció un efecto sobre esta variable, este no es el mismo para todos los municipios. De manera más específica, para aquellos cuya magnitud oscila entre 9 y 13, la reforma no logró cumplir con su objetivo, a diferencia de lo que, en efecto, ocurre para los que van de 15 a 21.

Gráfico 2

NNPE (log) según magnitud (log) pre- y posreforma

La falta de coincidencia de los resultados en las dos dimensiones medidas (nominal y efectiva) nos lleva necesariamente a realizar un análisis más detallado de los limitados efectos correctores (de la proporcionalidad) que produjo la reforma. Los presentamos como limitados porque, como pudo observarse, solo impactó en la medida de lo deseado por sus diseñadores en lo referido al número nominal de partidos y,[25] exclusivamente, en los distritos de mayor magnitud. Esto sería coherente con la idea de que los efectos de instrumentos como el umbral o el sistema de divisor (que, como mencionamos, tienden a perjudicar a los partidos pequeños) aumentan su importancia a medida que lo hace el número de asientos por distribuir.

Pero, simultáneamente, el incremento del NEPE en estas mismas circunscripciones nos muestra que, aun cuando podamos observar un reordenamiento, lejos estuvo de implicar la desaparición de un multipartidismo extremo. Incluso, podría afirmarse que este se fortaleció (ver el anexo 1).

Esto se debió a que la disminución del número de partidos se produjo como consecuencia de la desaparición de las fuerzas irrelevantes, es decir, aquellas que por su limitado caudal electoral carecían de la capacidad de obtener representación en los concejos. Aunque vale remarcar que el reagrupamiento de preferencias electorales no se limitó al traslado de los votos de estas hacia partidos más grandes, sino también desde los partidos tradicionales, que perdieron su posición de predominio electoral, hacia las nuevas fuerzas, como pueden ser el Partido Social de Unidad Nacional, Cambio Radical, el Polo Democrático Alternativo, Convergencia Ciudadana, y derivados posteriores de esta como el Partido de Integración Nacional y el Movimiento de Inclusión y Oportunidades.

En este sentido, a diferencia de lo que se especuló en muchos casos, el proceso no se constituyó como un robustecimiento de las fuerzas tradicionales (quienes fueron sus principales promotores); de hecho, su peso específico disminuyó de un modo significativo desde entonces. Podríamos afirmar de este modo que, más que como un “reconstituyente”, la reforma se estableció como un instrumento que detuvo la sangría progresiva que experimentaban estas fuerzas.

En síntesis, el mencionado reagrupamiento implicó un incremento de la dispersión del voto, que produjo a su vez un aumento de los partidos relevantes desde el punto de vista electoral. Es decir, a pesar de la reconfiguración producida, teniendo en cuenta exclusivamente este tipo de fuerzas, el formato del sistema no viró hacia la reducción, sino, por el contrario, hacia una multiplicación.

Por último, podemos observar que los efectos en el nivel municipal difieren de un modo significativo, desde un punto de vista comparativo, de los observados en las unidades nacionales.[26] Cabe remarcar que este tipo de divergencias son razonables, fundamentalmente por las asimetrías en cuanto a magnitud distrital. Mientras que en el caso del Senado podemos observar una notablemente alta (M=100), la media de los 42 municipios en las cinco elecciones es de 12,8. Opuesto es el caso de la Cámara de Representantes, donde 28 de los 33 distritos (departamentales) son menores que los municipios incluidos en el análisis (ver la nota 10).[27]

Para finalizar, nos parece importante remarcar que, pese a que estas diferencias no dejan de ser lógicamente esperables, es sustancial señalar las discrepancias realmente existentes en los efectos experimentados en cada nivel. Consideramos que este ejercicio se constituye como la única forma de alcanzar una caracterización precisa, y no especulativa, del formato numérico que ostenta el sistema de partidos colombiano.

Consideraciones finales

Como mencionamos desde el inicio del trabajo, consideramos un error asumir la vida política subnacional como una función de la nacional. En este sentido, la evidencia provista nos permite demostrarlo, observando particularmente los niveles de fragmentación electoral y los efectos que producen sobre ella distintos tipos de arreglos institucionales. De hecho, podemos afirmar que esos efectos son significativamente distintos si se compara al Congreso con los concejos municipales (trabajando estos últimos con datos agregados); en este último caso, evaluándolos de manera específica en el Valle del Cauca, pero utilizando premisas y alcanzando resultados potencialmente “exportables” a otros departamentos, sobre todo si tenemos en cuenta conclusiones relativamente similares presentes en otros análisis.[28]

Así, desde la realización de la reforma de 2003, mientras que en el nivel nacional pudo observarse una tendencia hacia la racionalización de la competencia, visible en la disminución progresiva del número efectivo de partidos —aunque esta afirmación debe ser matizada si analizamos los distritos más pequeños de la Cámara de Representantes—, esto no ocurrió en los concejos, donde se produjo, por el contrario, un efecto multiplicador que se incrementó a medida que aumentó la magnitud distrital.

De este modo, estamos en condiciones de afirmar que los actores locales no fueron constreñidos por el cambio de reglas electorales en la misma dirección que los nacionales. Es decir, independiente de los incentivos teóricamente existentes, se ajustaron a ellas de forma pragmática, produciéndose efectos divergentes en las distintas dimensiones.

En este sentido, como señala Gutiérrez Sanín (2007, 54), observamos cómo los distintos agentes difícilmente asimilan la información producida por el cambio institucional de manera idéntica y perfecta, lo que muestra los límites de la ingeniería institucional. De hecho, es muy frecuente que solucionen los problemas de incertidumbre que producen los cambios institucionales a través de atajos informales que no necesariamente (como sucede en este caso) responden a las expectativas previamente formadas.

Por otro lado, en relación con la aplicabilidad de los resultados a otros casos, el presente trabajo puede constituirse en una fuente de inspiración tanto para estudios longitudinales (que aumente el número o cambie las observaciones) como para la formulación de nuevas preguntas de investigación que busquen dar respuesta a las causas de las divergencias internivel o que permitan indagar sobre las características de otras dimensiones de la competencia como la intrapartidaria (Milanese, Albarracín y Jaramillo 2014), además de incluir nuevas variables, ya sea institucionales (formales e informales) o sociológicas, que superen lo relacionado estrictamente con el sistema electoral y nos permitan contestar el porqué de esos resultados.[29]

Asimismo, este tipo de estudios pueden ser perfectamente complementados y enriquecidos con otros “orientados hacia los casos”, y no “hacia las variables”. Esto consentiría la obtención de un conocimiento mucho más profundo de aquellos más significativos (paradigmáticos, ya sea en términos de tipicidad o de atipicidad), utilizando, necesariamente, otro tipo de metodologías (como process tracing) que permitan lograrlo.

Por último, sintetizando, en línea con lo anterior, consideramos que la investigación sobre partidos y elecciones en Colombia está lejos de agotarse. Queda todavía mucho por hacer, sobre todo, en lo referido al análisis agregado de datos en los niveles municipal y departamental y la revisión del grado de congruencia existente entre ellos y de estos con el nivel nacional (además de otros temas de estudio como la nacionalización y/o institucionalización de los partidos). Dentro de este marco, nuestra intención es avanzar en esa dirección (ampliando tanto el número de dimensiones por trabajar como el de casos por analizar y comparar), tratando de realizar aportes para una caracterización más precisa y acabada de dónde está y hacia dónde va el sistema de partidos colombiano.

Anexo 1.

Niveles de fragmentación del sistema de partidos, 1997-2011

Referencias

Albarracín, Juan Guillermo y Juan Pablo Milanese. 2012. The Impact of the Colombian Electoral Reform in Congressional and Sub-National Elections. Documento presentado en el Congress of the Latin American Studies Association. San Francisco, California.

Archer, Ronald P. 1996. Fuerza y debilidad partidaria en la asediada democracia colombiana. En La construcción de instituciones democráticas: sistema de partidos en América Latina, comps. Scott Mainwaring y Timothy Scully, 133-161. Santiago: Cieplan.

Arenas, Juan Carlos. 2013. Expresiones locales del cambio partidista en Colombia, 1990-2011. Documento presentado en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Bogotá, Universidad de los Andes.

Arenas, Juan Carlos y John Fredy Bedoya. 2011. Las lógicas de la competencia electoral en escenarios locales: Medellín, 1988-2007. Estudios Políticos 39: 39-74.

Batlle, Margarita y José Ricardo Puyana. 2011. El nivel de nacionalización del sistema de partidos colombiano, una mirada a partir de las elecciones legislativas de 2010. Colombia Internacional 74: 27-57.

Botero, Felipe. 2009. Reforma electoral y comportamiento estratégico: campañas electorales de candidatos al Congreso. En ¿Juntos pero no revueltos? Partidos, candidatos y campañas en las elecciones legislativas de 2006 en Colombia, ed. Felipe Botero, 1-9. Bogotá: Universidad de los Andes.

Botero, Felipe. 2006. Reforma política, personalismo y sistema de partidos. ¿Partidos fuertes o coaliciones electorales? En La reforma política de 2003. ¿La salvación de los partidos políticos colombianos?, eds. Gary Hoskin y Miguel García Sánchez, 139-159. Bogotá: Universidad de los Andes, Fundación Konrad Adenauer.

Botero, Felipe y Juan Carlos Rodríguez Raga. 2008. Grande no es sinónimo de fuerte. Los partidos y la reforma política. Serie Documentos de Trabajo No 3. Bogotá: PNUD/IDEA.

Botero, Felipe, Rodrigo Losada y Laura Wills. 2011. Sistema de partidos en Colombia 1974-2010: ¿la evolución hacia el multipartidismo?. Borrador de capítulo para el libro Estabilidad y cambio en los sistemas de partidos en América Latina (1978-2010), compilado por Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg.http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/botero_losada_wills_colombia.pdf

10.

Colmenares, Germán. 1968. Partidos políticos y clases sociales. Bogotá: Universidad de los Andes.

11.

Cox, Gary W. 1997. Making Votes Count. Cambridge: Cambridge University Press.

12.

Dávila, Andrés y Felipe Botero. 2002. La compleja modernización de los partidos más antiguos en América Latina. En El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, comps. Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina, 491-511. Rosario: Homo Sapiens.

13.

Duque Daza, Javier. 2006. Partidos divididos, dirigencia fragmentada. Los partidos Liberal y Conservador colombianos, 1974-2006. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales 13 (41): 173-209.

14.

Durán Escalante, María Camila. 2006. La Reforma Política de 2003, ¿más de lo mismo? Papel Político Estudiantil 2 (1): 113-135.

15.

Duverger, Maurice. 2001. Influencia de los sistemas electorales en la vida política. En Diez textos básicos de ciencia política, coord. Albert Batlle Rubio, 37-76. Madrid: Ariel.

16.

Gallagher, Michael y Paul Mitchell. 2008. Appendix C. En The Politics of Electoral Systems, eds. Michael Gallagher y Paul Mitchell, 607-620. Oxford: Oxford University Press.

17.

Gibson, Edward L. 2007. Control de límites: autoritarismo subnacional en países democráticos. Desarrollo Económico 47 (186): 163-191.

18.

Gutiérrez Sanín, Francisco. 2007. ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia. Bogotá: Norma.

19.

Gutiérrez Sanín, Francisco. 2001. ¿Se ha abierto el sistema político colombiano? Una evaluación de los procesos de cambio (1970-1998). América Latina Hoy 27: 189-215.

20.

Gutiérrez Sanín, Francisco y Andrés Dávila. 2000. Paleontólogos o politólogos: ¿qué podemos decir hoy sobre los dinosaurios? Revista de Estudios Sociales 6: 39-49.

21.

Guzmán Mendoza, Carlos Enrique. 2013. Explorando los sistemas de partidos de la Región Caribe. Un análisis de la nacionalización, 1997-2011. Documento presentado en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Bogotá: Universidad de los Andes.

22.

Guzmán Mendoza, Carlos Enrique. 2005. Política, descentralización, subsistemas regionales de partidos en Colombia, 1988-2000. Una explicación teórica y un análisis empírico. Ibagué: Universidad de Ibagué.

23.

Hahn, Jinyong, John Ham y Hyungsik Roger Moon. 2011. Test of Random vs Fixed Effects with Small within Variation. Economics Letters 112 (3): 293-297.

24.

Hogan, James. 1945. Elections and Representation. Cork: Cork University Press.

25.

Hoyos, Marcela. 2007a. Estabilidad del sistema de partidos en Colombia 1972-2000. Una mirada local y regional. En Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia, comp. Marcela Hoyos, 21-48. Bogotá: Universidad del Rosario.

26.

Hoyos, Marcela. 2007b. La reforma política de 2003 y su impacto sobre el sistema de partidos. En Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia, comp. Marcela Hoyos, 174-215. Bogotá: Universidad del Rosario.

27.

Hoyos, Diana y Marcela Ceballos. 2004. Tendencias del comportamiento electoral y descentralización en los municipios de Colombia, 1988-2000. Documento de trabajo 57. Crisis States Programme, Development Research Centre, LSE. [En línea]http://eprints.lse.ac.uk/28199/2/wp57sp.pdf

28.

Laakso, Markku y Rein Taagepera. 1979. The “Effective” Number of Parties. A Measure with Application to West Europe. Comparative Political Studies 12 (1): 3-28.

29.

Latorre, Mario. 1974. Elecciones y partidos políticos en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.

30.

Lijphart, Arend. 1994. Electoral System and Party System. Oxford: Oxford University Press.

31.

Losada, Rodrigo. 2009. Consecuencias de la Reforma Política de 2003 a nivel local. Estudio de caso. [En línea]http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=jBa-3--&x=58161#.VPi5LHzF-z5

32.

Losada, Rodrigo. 2007. Incidencia de la Reforma Política de 2003 en la vida de los partidos colombianos: las elecciones de Congreso de 2006. En Las elecciones de 2006 en Colombia: una mirada desde la Reforma Política de 2003, eds. Rodrigo Losada y Patricia Muñoz, 45-88. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

33.

Medellín, Pedro y Juan Carlos Tarquino. 2007. Elecciones parlamentarias 2006: primeros rasgos del cambio en la política. En Las elecciones de 2006 en Colombia: una mirada desde la reforma política del 2003, eds. Rodrigo Losada y Patricia Muñoz, 11-44. Bogotá: PUJ.

34.

Milanese, Juan Pablo, Juan Guillermo Albarracín y Luis Eduardo Jaramillo. 2014. Patrones de competencia intrapartidaria en los partidos colombianos. Análisis del caso de la región suroccidental. Documento presentado en la XXXII International Congress of the Latin American Studies Association. Chicago: LASA.

35.

Nohlen, Dieter. 1998. Sistemas electorales y partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica.

36.

Ordeshook, Peter C. y Olga V. Shvetsova. 1994. Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, and the Number of Parties. American Journal of Political Science 38 (1): 100-123.

37.

Pachón Mónica y Mathew S. Shugart. 2010. Electoral Reform and the Mirror Image of Inter-Party and Intra-Party Competition. The Adoption of Party Lists in Colombia. Electoral Studies 29 (4): 648-660.

38.

Pasquino, Gianfranco. 2004. Sistemi politici comparati. Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti. Bolonia: Bolonia University Press.

39.

Pinzón de Lewin, Patricia. 1989. Pueblos, regiones y partidos: la regionalización electoral. Atlas electoral colombiano. Bogotá: Universidad de los Andes.

40.

Pizarro, Eduardo. 2008. Gigantes con pies de barro: los partidos políticos en Colombia. En La crisis de la representación democrática en los países andinos, eds. Scott Mainwaring, Ana María Bejarano y Eduardo Pizarro, 133-162. Bogotá: Norma.

41.

Pizarro, Eduardo. 2002. La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales. En Degradación o cambio: evolución del sistema político colombiano, ed. Francisco Gutiérrez Sanín, 359-401. Bogotá: Iepri, Norma.

42.

Plümper, Thomas y Vera E. Troeger. 2007. Efficient Estimation of Time-Invariant and Rarely Changing Variables in Finite Sample Panel Analyses with Unit Fixed Effects. Political Analysis 15 (2): 124-139.

43.

Rae, Douglas W. 1971. The Political Consequences of Electoral Laws. Nueva Haven: Yale University Press.

44.

Rodríguez Raga, Juan Carlos. 2002. ¿Cambiar todo para que nada cambie? Representación, sistema electoral y sistema de partidos en Colombia. En Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano, ed. Francisco Gutierrez Sanín, 223-260. Bogotá: Iepri, Norma.

45.

Sartori, Giovanni. 2004. Ingeniería constitucional comparada. México: Fondo de Cultura Económica.

46.

Sartori, Giovanni. 1994. Neither Presidentialism nor Parliamentarism. En The Failure of Presidential Democracy, eds. Juan Linz y Arturo Valenzuela, 106-118. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

47.

Sartori, Giovanni. 1986. The Influence of Electoral Systems: Faulty Laws or Faulty Method? En Electoral Laws and Their Political Consequences, eds. Bernard Gofman y Arend Lijphart, 43-68. Nueva York: Agathon Press.

48.

Sartori, Giovanni. 1980. Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. Nueva York, Cambridge: Cambridge University Press.

49.

Shugart, Matthew S., Erika Moreno y Luis Fajardo. 2007. Deepening Democracy through Renovating Political Practices. The Struggle for Electoral Reform in Colombia. En Peace, Democracy, and Human Rights in Colombia, eds. Christopher Welna y Gustavo Gallón, 203-265. Notre Dame: Notre Dame University Press.

50.

Taagepera, Rein. 2009. Electoral Systems. En The Oxford Handbook of Comparative Politics, eds. Charles Boix y Susan Stokes, 678-702. Oxford: University Press.

51.

Taagepera, Rein y Matthew S. Shugart. 1989. Seats and Votes. The Effects and Determinants of Electoral Systems. Nueva Haven: Yale University Press.

52.

Taylor, Steven. 2008. Voting Amid Violence: Electoral Democracy in Colombia. Hanover, Londres: North Western University Press.

Notes

[[*]] El artículo forma parte de los resultados del proyecto “Análisis multinivel de los efectos de la reforma electoral de 2003 en los sistemas de partidos” (CA0313101), aprobado y financiado por el CIES (Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas) de la Universidad Icesi.

[[1]] Una versión previa de este trabajo fue presentada en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Bogotá, 2013. Agradecemos los comentarios realizados por los participantes del panel “Análisis de los sistemas de partidos en el nivel subnacional. Colombia 1992-2011”, especialmente a José Ricardo Puyana y a Juan Albarracín (quien realizó una minuciosa lectura del manuscrito original) por sus valiosas críticas y sugerencias, del mismo modo que a los comentaristas anónimos designados por la revista Colombia Internacional. También agradecemos el importante aporte realizado por Natalia Márquez, Camila Peláez y Adolfo Abadía en la recolección de los datos. Todos los datos con los que se realizó el trabajo están disponibles previa solicitud a los autores.

[[2]] Hacemos referencia a procesos de debate que produjeron varios ciclos. Trabajos como los de Colmenares (1968) y Latorre (1974) representaron esfuerzos pioneros en relación con el análisis en este campo e inauguraron los estudios historiográficos y politológicos “modernos”. Estos abrieron la puerta a una nueva generación de análisis mucho más específico, de la que, sin pretensiones de exhaustividad, señalamos algunos, tales como los de Pizarro (2002), Rodríguez Raga (2002), Dávila y Botero (2002) y Gutiérrez Sanín (2007), quienes, desde distintas perspectivas teóricas y epistemológicas, alimentaron el período más activo de discusiones relacionadas con los partidos, las elecciones y los sistemas electorales.

[[3]] Si bien desde el trabajo pionero de Patricia Pinzón de Lewin (1989) ha existido y aumentado progresivamente la producción vinculada al análisis electoral en esos niveles, continúa siendo significativamente menor que aquella enfocada en el Congreso o la Presidencia de la República. Una mención algo más detallada de algunos de esos trabajos se hará más adelante.

[[4]] Entre ellas podemos señalar, por ejemplo, la presencia de distritos urbanos y rurales de distintos tamaños (los índices de ruralidad oscilan entre casos notablemente bajos, como el de Cali —10,37%—, y otros sensiblemente altos, como los de Bolívar o Calima/Darién, con más del 50%); presencia de minorías relevantes, como la indígena y la afrodescendiente; etiquetas partidarias que coinciden con las presentes en el nivel nacional, etcétera.

[[5]] En este sentido, utilizamos la clásica definición sartoriana que caracteriza a los partidos como “[…] cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones (libres o no) y puede nominar a través de ellas candidatos a cargos públicos” (Sartori 1980, 90). Esta es particularmente útil para el caso colombiano, ya que engloba, sin mayores inconvenientes, aquellos grupos que la Constitución define formalmente como partidos, pero también a los “movimientos por firmas”.

[[6]] Como mencionamos, no subestimamos los clivajes sociales como elemento constituyente de los sistemas de partido. De hecho, de no ser así, las mismas reglas producirían el mismo formato sistémico en cualquier lugar del mundo, cosa que, en efecto, no ocurre. En este sentido, como afirma Pasquino (2004), el voto no es una actividad que el elector decida en un espléndido asilamiento. Por el contrario, el votante se ve sometido a la influencia de distintos factores ambientales que van mucho más allá de las mecánicas electorales.

[[7]] Pizarro (2008) enfatiza que, dada la fuerza de las facciones partidarias, los partidos Liberal y Conservador eran más bien subculturas partidarias que partidos políticos.

[[8]] Momento en el que se produjo una explosión de los partidos. Si bien hasta entonces existía una fuerte división basada en facciones, ninguna de estas había abandonado la matriz partidaria original (Gutiérrez Sanín 2007).

[[9]] Por mencionar algunos análisis con respecto a este fenómeno, podemos señalar a Botero y Rodríguez Raga (2008), Botero (2009 y 2006), Taylor (2008), Hoyos (2007a y 2007b), Medellín y Tarquino (2007), Losada (2007) y Botero, Losada y Wills (2011).

[[10]] En el caso del Senado, la magnitud de distrito es 100, mientras que en la Cámara oscilan entre 18 y 2, siendo el promedio 4,8, la mediana 4 y la moda 2, lo que nos muestra que existe una tendencia a la presencia de bajas magnitudes.

[[11]] Entre ellos, podemos señalar algunos trabajos que agregan o comparan casos en el nivel subnacional, como los de Losada (2009), Hoyos y Ceballos (2004), Gutiérrez Sanín (2001) —en estos casos, sin tener en cuenta la reforma—, Hoyos (2007a), Durán Escalante (2006), Guzmán Mendoza (2005 y 2013), Botero (2006), Arenas (2013), Arenas y Bedoya (2011) y Albarracín y Milanese (2012).

[[12]] Solo por mencionar algunos de los autores que profundizaron este fenómeno después de que Hogan (1945) analizara por primera vez el efecto.

[[13]] Varios autores han cuestionado de manera convincente que un aumento de la magnitud produzca necesariamente el mismo efecto en el número de partidos (ver Cox 1997; Sartori 1994; Lijphart 1994). Si bien esa tendencia es esperable desde un punto de vista lógico, es difícil establecer predicciones precisas en esa dirección (Cox 1997, 192). Al respecto, también puede ser tenida en cuenta la apreciación de Sartori (1986), quien agrega que una mayor proporcionalidad del sistema no produce un efecto multiplicador, sino que muestra con mayor fidelidad las preferencias del electorado que se verían distorsionadas por la disminución de la proporcionalidad.

[[14]] El efecto mecánico es el resultado de la conversión de votos en escaños hasta ahora descrita. El psicológico es el resultado del impacto que el anterior produce en el comportamiento tanto de votantes como de candidatos.

[[15]] Se entiende como comportamiento sincero la selección, por parte del elector, del candidato que más se acerca a sus preferencias, mientras que el voto estratégico implica la renuncia a él y, consecuentemente, la apelación a un subóptimo, con el objetivo de maximizar la utilidad del voto.

[[16]] El voto estratégico es objetivamente más complejo de utilizar y, por lo tanto, menos frecuente cuanto más proporcional sea el sistema (Pasquino 2004, 69; Sartori 1986; Cox 1997). En este sentido, este último autor señala como umbral crítico una M=5; desde allí en adelante se constituye, progresivamente, como un tipo de comportamiento cada vez más excepcional.

[[17]] Es importante tener en cuenta que tanto los incentivos como desincentivos para este tipo de comportamiento no responden exclusivamente a los arreglos institucionales. Por ejemplo, cuestiones como la volatilidad electoral (normalmente, vinculada a un débil anclaje ideológico de los partidos y el electorado) los afectan de manera inversa. Es decir, a mayor volatilidad, menor posibilidad de realizar previsiones y, por lo tanto, de comportarse estratégicamente (Cox 1997).

[[18]] Decimos “tienden”, dado que el efecto reductor producido por M dependerá de la variación existente. Si esta es significativa, el efecto reductor será intenso; por el contrario, si esta es mínima, será débil.

[[19]] Por ejemplo, siempre en escenarios de alta magnitud, a través de los sistemas de cociente, un número significativo de asientos son ocupados, sin llegar a alcanzar un entero mediante un residuo alto. Aunque cabe resaltar que eso dependerá, de manera específica, de la fórmula utilizada; mientras que la de Hare beneficia los partidos más pequeños, otras como la de Sainte-Laguë favorecen los medianos (Nohlen 1998).

[[20]] Estos son variables y se fijan arbitrariamente, existiendo casos con barreras mínimas, como Israel (1,5%), y otras considerablemente altas, como las de Sri Lanka (12,5%).

[[21]] El número efectivo de partidos es la medida del número de partidos (N) ponderado por su tamaño, ya sea en votos, o en escaños, donde P_i es la proporción de votos o escaños de cada partido i (Laakso y Taagepera 1979).

[[22]] De hecho, incluso estrategias como la Operación Avispa, que podrían ser observadas como la desinstitucionalización y el caos llevados a su máximo nivel, no dejaron de ser decisiones conscientes de los partidos en búsqueda de “rentabilidad electoral”. Por ejemplo, este último caso fue abiertamente ideado por el expresidente López Michelsen (Gutiérrez Sanín 2001, 204). Como señalan Gutiérrez Sanín y Dávila (2000, 40), a pesar de los niveles de atomización extremos de los partidos, no dejaban de ser capaces de “[…] desarrollar algunas formas importantes de acción colectiva en momentos críticos”.

[[23]] La utilización de datos de panel implica la combinación de dos dimensiones: una temporal y otra transversal. Mientras que un conjunto transversal de datos contiene observaciones sobre múltiples fenómenos en un momento determinado, una serie temporal lo hace con un fenómeno en distintos momentos. La combinación de ambas (panel) implica la recolección de observaciones de múltiples fenómenos en más de un período en el tiempo.

[[24]] Aunque vale señalar, como se especificará con mayor precisión más adelante, que la magnitud de los distritos analizados por Pachón y Shugart (2010) es significativamente distinta. De hecho, las circunscripciones de la Cámara de Representantes tienden a ser mucho más pequeñas en cuanto a magnitud (para información con respeto a ellas, ver la nota 10).

[[25]] Sobre este punto específico vale la pena remarcar el comentario que recibimos de José Ricardo Puyana, quien nos señaló certeramente que el objetivo de los reformadores se centraba en el Senado de la República, sin pensar en otro tipo de corporaciones. No obstante, independientemente de cuál fuera su foco, a nivel concejos, los resultados se produjeron, de ese modo, solo de forma parcial.

[[26]] Ver, por ejemplo, Botero, Losada y Wills (2011), entre otros previamente mencionados, para el caso del Senado, y Pachón y Shugart (2010) para el de la Cámara de Representantes.

[[27]] Incluso, en casi un 60% de los distritos, M es igual o menor a 5.

[[28]] Ver, por ejemplo, Hoyos (2007a), Botero (2006), Arenas y Bedoya (2011), Albarracín y Milanese (2012) y Milanese, Albarracín y Jaramillo (2014).

[[29]] En este sentido, podrían pensarse, como se menciona en la introducción del trabajo, asuntos como la presencia de redes clientelistas, de distribución de otros tipos de intercambios particularistas como el patronazgo o el pork barrel, la misma compra de votos, la existencia de un voto coaccionado, etcétera.

Impacto de los factores institucionales del sistema electoral en la fragmentación partidaria. Un análisis de las elecciones para concejos municipales en el Valle del Cauca (1997-2011)[*]

Abstract

The Impact of Institutional Factors of the Electoral System on Party Fragmentation. An Analysis of Local Council Elections in Valle del Cauca (1997-2011)

Impacto dos fatores institucionais do sistema eleitoral na fragmentação partidária. Uma análise das eleições para conselhos municipais no Valle del Cauca (1997-2011)