La dimensión kinopolítica1 de las fronteras nos permite leer sus construcciones materiales, arquitecturas y edificaciones no como objetos aislados, sino como respuestas a la regulación de flujos de entrada y salida de personas enmarcadas dentro de un régimen político. A pesar de la teatralidad que se ha asociado con los muros y vallas en diferentes partes del mundo, su dimensión expandida permite poner el foco en otros elementos fundamentales para el control de migrantes, tanto a su entrada al interior de un territorio como su expulsión voluntaria o forzosa. Si el muro es, por definición, la arquitectura que mejor encarna un control desde un exterior (o país de origen) a un interior (o país de destino), las arquitectónicas de la deportación ocupan el lugar inverso: canalizan el flujo desde un interior a un exterior. Una inversión que también afecta el contenido simbólico cargado en cada una de ellas: mientras que el muro, como lugar de entrada, adquiere el peso de una arquitectura inexpugnable, las arquitectónicas de la deportación carecen de protagonismo, ya que se dispersan por el territorio de manera fragmentada, con una entidad mucho menor. Y, sin embargo, son piezas fundamentales para la construcción del dispositivo frontera2 en su faceta de la deportación.
El objetivo de este artículo es llevar a cabo un recorrido a través de las tres principales arquitecturas que, en el caso de la frontera de España, actúan como engranajes en el dispositivo de deportación: los centros de internamiento de extranjeros, las arquitecturas capilarizadas y el avión como etapa final, haciendo un análisis arquitectónico de sus características espaciales y las diferentes violencias asociadas con ellas.3 Derivado de este análisis, donde decisiones políticas y gubernamentales se entremezclan con edificaciones y proyectos concretos, se busca evidenciar la interrelación entre arquitectura y política presente en estos espacios, en especial centrada en la materialización arquitectónica de la neocolonialidad existente en España y Europa hacia los países de origen. Una huella basada en las trazas de órdenes coloniales previos, donde al cuerpo migrante se le considera menos-que-humano,4 o enemigo,5 y por tanto exponible a un grado de violencia espacial mayor.
En consecuencia, la frontera aparece no como una construcción perimetral hecha a la soberanía de un territorio, sino como un dispositivo desterritorializado, encarnado en una serie de construcciones y agentes de diferente naturaleza. Esta modula el espacio en función de las acciones de los cuerpos —su entrada y salida del territorio— y, por ello, responde en su materialización de una forma mucho más especializada, atendiendo a los movimientos y flujos de los cuerpos que pretende controlar. Solo es posible formular la frontera como un dispositivo de construcción territorial, en el que frente a una única arquitectura se despliegan tácticas espaciales y recursos altamente especializados por todo el territorio.
Centros de internamiento
En 2012, Elvin, un migrante boliviano retenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia a la espera de su expulsión, dibujó la primera representación de una construcción opaca, no solo arquitectónica, sino también legislativa y policial.6 Durante tres semanas estuvo retenido en un espacio configurado desde las lógicas carcelarias y regulado por protocolos policiales, sin que pesase sobre él ninguna condena más allá de su situación irregular. Este dibujo recoge uno de los primeros planos del interior de un CIE. Cada espacio se acota con precisión y a esta representación física del espacio se superponen anotaciones que visibilizan el grado de violencia espacial presente en su interior, así como los mecanismos empleados para ejercerla. Lo que no es capaz de representar en planta se transforma en texto sobre el mismo plano —“intervención de antidisturbios”, “le golpeó con la porra en la cara sin motivo aparente”—, al reconstruir el interior de una excepcionalidad arquitectónicamente materializada. En ella la imposición de ritmos y rutinas y la violencia explícita tanto por los agentes policiales como por las carencias arquitectónicas del centro —“Solo hay tres letrinas, tres grifos y seis duchas: estos son los servicios para los más de cien internos”— configura una arquitectónica del internamiento que va más allá de las lógicas de la prisión histórica. Una de las frases que anota, “tienen un Guantánamo dentro de sus propias ciudades”,7 explicita cómo las lógicas excepcionales vinculadas a la frontera ya no solo operan en el limes perimetral, sino que son extensibles a otros territorios.
De manera forzosa, más de catorce mil migrantes al año son retenidos como parte del proceso de deportación desde España a sus países de origen, en unas arquitecturas que guardan gran similitud tipológica con las prisiones. Sin embargo, su condición legal —que no se rige por los protocolos de prisiones, sino como extensión del calabozo policial— los exime de cumplir con sus estándares espaciales. Antiguas prisiones, cuarteles en desuso, sótanos de comisarías sin ventilación ni iluminación natural o edificios ex novo han materializado la aplicación de una ley que plantea el encierro de migrantes pendientes de expulsión.
Esta condición, de origen político, tiene una traslación directa al espacio arquitectónico y a los servicios existentes dentro de cada centro. Son numerosas las plataformas8 y los informes9 que han recogido los diferentes tipos de abusos y violencias en el interior de sus muros, a las que hay que sumar las que ejerce la propia arquitectura sobre los cuerpos allí encerrados: falta de infraestructura, uso de instalaciones en desuso sin prácticamente adecuación, falta de garantías espaciales… que se derivan de su carácter infrapenitenciario. Es decir, al no poder equipararse legalmente a una prisión, los CIE no se ven obligados a cumplir las garantías, los recursos y las dimensiones mínimas establecidas que, sumado a la temporalidad de la población migrante recluida (máximo sesenta días), hace que los edificios no lleguen a alcanzar esta condición, sino que siempre sea inferior a ella. Así, los edificios —por su funcionamiento interno— adquieren un marcado carácter punitivista que no sería permitido a internos nacionales. Esta diferenciación, encarnada en los muros de los centros, evidencia el carácter neocolonial existente en su planteamiento, al ser población migrante proveniente en su mayoría de antiguas colonias españolas o europeas. Una condición extensible al conjunto de arquitecturas vinculadas a la frontera, pero especialmente tangible en estos espacios.
Tras su entrada en vigor en 1987, la red territorial actual consta de ocho CIE repartidos por diferentes regiones de España, aunque con un funcionamiento especializado según su localización. Pese a esta simetría en los espacios, es importante destacar el flujo existente entre ellos y su especialización territorial. Solo dos de ellos actúan como puntos de salida del territorio; mientras que el resto funciona como buffer-zones para el flujo irregular de entrada o el exceso de población migrante pendiente de expulsión. Los CIE de Barcelona y Madrid, las dos principales ciudades, canalizan el total del flujo de salida de España por vía aérea. Esto convierte a cada CIE en parte de una red muy localizada en el territorio con un carácter diferenciado, que funciona de manera conjunta generando movimientos de migrantes entre los centros.
Las dos siguientes aproximaciones nos permiten complejizar la visión de esta red con la inclusión de una serie de agentes, espacios e instituciones que aseguran su funcionamiento efectivo; pero sin una entidad arquitectónica equiparable —muchos de ellos simples estancias o espacios mínimos dentro de construcciones mucho mayores—. Y, así, trazar la cartografía de la infraestructura de deportación dentro de todo el territorio español.
La primera, la red capilar de diferentes espacios públicos y privados que actúan, en la práctica, como arquitectónicas del internamiento. La segunda, la concatenación de espacios que se produce en un proceso de deportación, donde el avión cobra un protagonismo absoluto y despliega un control individualizado sobre cada cuerpo. Es este último el que evidencia el carácter dinámico de la frontera, donde el control no se aplica de manera generalizada sobre conjuntos poblacionales, sino que responde con soluciones individualizadas en función de las acciones de cada cuerpo.
Arquitecturas capilarizadas
Las deportaciones exprés ejecutadas, a raíz del giro gerencial de la frontera producido en la última década como consecuencia de la Gran Recesión,10 han visibilizado la capilarización de esta infraestructura. Esta no se localiza exclusivamente en los nodos materializados por los CIE, sino que presenta una infinidad de nodos menores que funcionan como arquitectónicas del internamiento. Frente a una red fuertemente centralizada, el dispositivo frontera teje una red con jerarquías débiles, con capacidad de manifestación absoluta en el territorio, ya que solo requiere una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para que, a efectos prácticos, sus dependencias sean capturadas por el dispositivo frontera. Esto incrementa la eficacia de un sistema de internamiento que no requiere los gastos de manutención ni derivados de su construcción en comparación a los de un CIE. Junto a la capilaridad operativa, presenta una característica fundamental que se alinea con los mecanismos arquitectónicos contemporáneos de la frontera: la performatividad arquitectónica. Los espacios no tienen una función unívoca, sino que se activan en función de la demanda de internamiento de cuerpos. Durante las 72 horas máximas de retención, en una misma dependencia policial, conviven dos regímenes de internamiento que responden a demandas muy diferentes: el calabozo y el internamiento de migrantes pendientes de expulsión.
Esta red está formada por un conjunto mucho mayor de nodos latentes en todo el territorio que no se focalizan únicamente en aquellas zonas con mayor demanda de internamiento. A través de su activación, se genera una red de jerarquías débiles que, apoyadas en los protocolos orientados a mejorar la eficiencia del dispositivo frontera, logran redistribuir la importancia de cada una de las arquitectónicas del internamiento que la forman, haciendo que un espacio de apenas una veintena de metros cuadrados tenga la misma relevancia, en un momento dado, que una construcción como el CIE de Aluche o Barcelona, a la hora de garantizar la deportación efectiva de migrantes.
Los calabozos no son la única manifestación de esta red de espacios latentes que actúan como vehículos o sustitutos dentro del esquema de deportación. Las salas de rechazados en el aeropuerto suponen también otra serie de dependencias que es necesario ligar al dispositivo frontera. Ellas reproducen el mismo esquema de funcionamiento como reguladoras de flujo que los CIE, pero incluyen, además, a los migrantes que acceden a territorio español por avión y cuya entrada es denegada. Aquí pueden llegar a ser retenidas durante un plazo indefinido —muy superior a las 72 horas en algunos casos concretos— migrantes que no cumplan los requisitos establecidos para su acceso a territorio español. De nuevo, se produce una situación infrapenitenciaria, pues en la esfera arquitectónica el internamiento no presenta los estándares exigidos —en este caso, un CIE o prisión—, tiene espacios sin iluminación o ventilación natural o no hay posibilidad de acceder a zonas exteriores, que son algunas de las características señaladas tanto por los migrantes allí retenidos como por la defensora del pueblo.11 Los aeropuertos no funcionan únicamente como un filtro de acceso para prevenir migración que no cumpla con los estándares exigidos de permanencia en el territorio, sino que es el cuello de botella, el último espacio arquitectónico antes de producirse la deportación efectiva. Allí, migrantes llegados a través de diferentes mecanismos de deportación y procedencia de todo el Estado confluyen en un mismo espacio, una dependencia del aeropuerto que funciona como el penúltimo espacio de internamiento temporal. La Ruta Contra’l Racismu y la Represión elaboró una serie de crónicas acerca de estos vuelos y describió así la cristalización efectiva de esta red capilar:
Víctimas de esta persecución planificada, fueron detenidos —en las 72 horas previas a la salida del avión— dos inmigrantes senegaleses residentes en Asturias. A uno de ellos […] le convocaron en las oficinas de la Brigada Policial de Extranjería de Oviedo porque “había unos datos que aclarar”. De allí fue llevado a los calabozos, donde fue retenido durante dos noches. […] Los dos detenidos fueron llevados a Madrid por una escolta policial. Cuando llegaron a Barajas comprobaron la magnitud de la operación. Decenas de compatriotas esperaban allí, retenidos por la fuerza en una sala del aeropuerto. Una veintena aproximadamente procedía del CIE de Aluche; otros habían sido trasladados desde el CIE de Zona Franca (Barcelona) y de Zapadores (Valencia). Sin embargo, también había otros casos de inmigrantes detenidos en los últimos días, y que por tanto venían directamente de los calabozos.12
En la mayoría de los lugares recogidos en estas crónicas no existen los CIE. Sin embargo, esto no excluye la capacidad del dispositivo frontera para operar en ellos. Se vale de agentes no arquitectónicos y arquitecturas que no son autónomas, al igual que las dependencias policiales dentro del aeropuerto, que son capturadas para producir espacios vinculados a las lógicas de la frontera. Junto a ellos, debemos incluir en nuestra cartografía nodos incluso menores: los vehículos donde son trasladados, las estancias intermedias y toda la red externalizada que asegura el funcionamiento eficaz de cada uno de ellos. Una amalgama de agentes humanos y no humanos, protocolos, arquitecturas y acciones cuyo carácter no posee un carácter excepcional, pero que replica sus mismas lógicas. Este hecho difumina hasta hacer prácticamente invisible la línea que separa las arquitecturas y agentes cotidianos de aquellos excepcionales donde opera la frontera, y esto se debe a la performatividad que poseen estas construcciones arquitectónicas, que ya no están localizadas en un único punto del territorio.
El avión
Migrantes procedentes de diferentes dependencias policiales se agrupan en una única ruta de salida forzosa del país: el avión. El escenario arquitectónico que materializa el final del ciclo migratorio se reduce al fuselaje de un avión de línea comercial. Sin embargo, los mecanismos aplicados sobre los cuerpos para asegurar el control sobre ellos, así como el alto grado de violencia que se puede desplegar en el interior de este espacio, hace que diste mucho del interior de cualquier vuelo regular, pese a que compartan espacio físico. Espacios donde los viajes de ocio y trabajo coinciden con lugares de excepción, en que tienen lugar la sedación forzosa, el uso de fuerza policial, instrumentos de inmovilización e, incluso, la muerte.
Esta práctica se remonta, como primer caso hecho público, a 1996. El Ministerio del Interior decidió fletar cinco aviones militares con “cincuenta y dos agentes de las fuerzas especiales de la Unidad Policial de Intervención de Granada y Málaga y seis inspectores de la Brigada de Documentación y Extranjería […] para escoltar hasta Mali, Camerún, y Senegal a los 103 inmigrantes expulsados de Melilla”.13 Más allá de este hecho, lo relevante del caso es que a los migrantes “se les droga con haloperidol para anular su voluntad, se les maniata con bridas de plástico y se les vendan los ojos”. La sedación forzosa, la inmovilización y la anulación de la vista o el uso de mordazas, junto con la proporción entre agentes y sujetos deportados, son características espaciales que, desde entonces, se emplean habitualmente para asegurar la eficacia del vuelo. La muerte de Osamuyi Aikpitanyi, en 2007, producida en el interior de un vuelo comercial a consecuencia de las condiciones espaciales sufridas, atestigua el alto grado de violencia que se produce. La mordaza, la inmovilización del cuerpo y el alto grado de estrés provocó en Osamuyi:
Un aumento de catecolaminas, neurotransmisores relacionados con el estrés, el miedo, el pánico y el instinto de huida. A ello se añadió, según los expertos, un déficit de oxígeno debido a la altura a la que volaba el avión, y en lo que también pudo influir la mordaza (cinta adhesiva) que el fallecido llevaba en la boca y que había sido colocada por los agentes.14
El caso de Austin Johnson, en 2012, evidencia cómo a la violencia por inmovilización y amordazamiento se superpone la violencia física ejercida por los propios agentes encargados de su custodia. De acuerdo con la denuncia presentada en el juzgado de Valencia, debido a la deportación, fue inmediatamente hospitalizado a consecuencia de las “agresiones directas con medios contundentes”,15 que le causaron múltiples hematomas. Todas estas prácticas ejemplifican el carácter excepcional que marca las arquitectónicas del internamiento y, en general, las lógicas de la frontera contemporánea.
En la actualidad, las deportaciones forzosas se realizan a través de convenios con aerolíneas comerciales, por medio de empresas que, con financiación pública, se encargan de fletar vuelos a diferentes países.16 Podemos señalar dos tipos de deportaciones con diferencias significativas, tanto por la configuración espacial del propio vuelo como por las consecuencias que esto tiene a la hora de gestionar el flujo de migrantes. Cuando el número de sujetos que se va a deportar es bajo, la deportación se da dentro de un vuelo comercial, donde se reservan un número de asientos igual a tantas deportaciones se vayan a efectuar más dos asientos, que ocupará cada policía que custodie a cada migrante. Esto implica que convivan en el mismo escenario un vuelo comercial al uso con una arquitectónica del internamiento, ya no materializada por elementos arquitectónicos, sino por una serie de mecanismos que impidan su capacidad de movimiento dentro del fuselaje del avión e incluso del propio asiento. Resulta más eficaz tanto en lo económico como por evitar testimonios públicos de los vuelos el empleo de vuelos comerciales exclusivamente destinados a la deportación. Los macrovuelos de deportación supusieron, solo en 2013, más de dos millones y medios de euros por nueve vuelos organizados desde España a diferentes países donde participaron más de una decena de países europeos; cifras que nos permiten contextualizar la magnitud de este este dispositivo.
Estamos ante una característica que vuelve a evidenciar la performatividad de los espacios arquitectónicos a través de la frontera. El avión no requiere más que de la presencia de un cuerpo migrante —custodiado y controlado— para que sea capaz de transformarse en un espacio de excepción absoluta donde no rija ninguna de las normas de seguridad exigidas. Un espacio, con una función previa clara y definida —el vuelo comercial— que puede sustituirse por otra función en su totalidad —en el caso de los macrovuelos— o que puede incluso limitarse a apenas una fila de asientos. Frente a las arquitectónicas del internamiento, las nuevas tecnologías de la frontera efectúan un control altamente individualizado. Esta individualización, además, evidencia cómo son las acciones del cuerpo migrante, la resistencia que oponga a su deportación —es decir, al espacio arquitectónico construido a través del fuselaje del avión, el asiento, los agentes policiales, así como los métodos de control empleados por estos— la que medie y detone el grado de violencia espacial sufrida.
Conclusiones
La noción de dispositivo como organización difusa de agentes de diferente naturaleza con capacidad de acción conjunta para la construcción de determinadas espacialidades permite conectar arquitecturas que, de otra manera, habrían de ser estudiadas como casos aislados debido a diferencias escalares, programáticas… Lo que haría imposible establecer paralelismos. Esta formulación, que entiende la frontera como un dispositivo de construcción territorial capaz de asumir diferentes funciones, hace visible la red de diferentes espacios, arquitecturas y agentes vinculados a la producción de la frontera. Una frontera que ya no solo se encarna en la materialidad del muro, sino en arquitecturas menores, espacios anexos, móviles, imbricados con el tejido ordinario del territorio. Este cambio no es ajeno a la faceta de deportación que ya no se halla únicamente restringida a los espacios del internamiento histórico, los CIE, sino que requiere elementos auxiliares que logren hacer efectivo la expulsión de migrantes del territorio español.
Es importante entender que el giro gerencial de la frontera al que se ha hecho referencia a lo largo del artículo lleva aparejado otro giro que explica este reajuste de pesos dentro de la construcción territorial, que vacía de función a las arquitecturas históricas (el muro, los CIE, etc.) para bascular hacia ensamblajes efímeros y móviles presentes en cualquier punto del territorio: la excepción o la operatividad. Así, amparándose en criterios de operatividad y excepcionalidad, espacios e instalaciones cotidianas como una comisaría, parte de un aeropuerto o un asiento de avión en un vuelo comercial pueden transformarse de manera inmediata e instantánea en espacios vinculados con la frontera. Construcciones espaciales efímeras donde se aplican lógicas de excepción absoluta que jamás serían toleradas bajo la normalidad y que son detonadas por un único agente: un cuerpo migrante que se sitúa físicamente en un espacio que políticamente le es negado.