Cómo citar: Torres Molano, Marcela. "La Minga 2020: una zona de contacto histórica y descolonizadora en la Colombia contemporánea". Dearq no. 36 (2023): 54-62. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq36.2023.07
Cómo citar: Torres Molano, Marcela. "La Minga 2020: una zona de contacto histórica y descolonizadora en la Colombia contemporánea". Dearq no. 36 (2023): 54-62. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq36.2023.07
Marcela Torres Molano
dianamarcela.torresmolano@concordia.ca
Concordia University, Canadá
Recibido: 1 de junio de 2022 | Aceptado: 1 de febrero de 2023
Este artículo explora cómo la protesta indígena de la Minga 2020 se convirtió en una oportunidad para reapropiar y descolonizar el espacio público de la Plaza de Bolívar, al fomentar una oposición colectiva contra la violencia que afecta a los pueblos indígenas en Colombia. Mediante el análisis de la Minga 2020, el carácter colonial de la Plaza de Bolívar y el uso de conceptos teóricos como zonas de contacto y la descolonización del espacio, este artículo reflexiona sobre cómo las comunidades indígenas, participantes en el evento, transformaron el espacio hegemónico en un lugar de colectividad.
Palabras clave: zona de contacto, resistencia indígena, movilización social, protesta, La Minga, agencia popular.
Figura 1_ Collage de la plaza en Minga. Fuente: Marcela Torres Molano.
En Colombia, los pueblos indígenas han sobrevivido durante siglos el proceso de colonización y han reapropiado los espacios coloniales a través de diferentes estrategias sociales. Uno de los ejemplos más significativos de la última década ha sido la Minga 2020, una protesta liderada por organizaciones indígenas para oponerse a la violencia colonial en la Colombia contemporánea. En medio de una pandemia global que puso en evidencia las relaciones antropocéntricas con la Pachamama y las inequidades causadas por los modelos de vida capitalista, más de diez mil personas, entre ellas siete mil indígenas, ocuparon la Plaza de Bolívar, el espacio colonial más significativo de Bogotá. Su encuentro fue una declaración contra la violencia que afecta a las comunidades indígenas, que se incrementó de forma abrupta desde el 2019, con el gobierno de Iván Duque (Human Rights Watch 2021). La protesta, conocida como la Minga 2020, generó poderosos efectos sociales en la población colombiana, pues permitió que la sociedad en general se cuestionara la violencia que enfrentan las comunidades indígenas y sus territorios ancestrales. La minga, que exigía soluciones inmediatas a los asesinatos y abusos contra todas las formas de vida, plasmó la violencia colonial en una imagen contundente y devastadora: una fotografía de miles de personas rodeando una silla vacía, que estaba destinada para que el presidente del país tuviera un diálogo político con los participantes (ONIC 2020). Esta poderosa imagen se convirtió en una prueba tangible tanto de las actitudes autoritarias como de la indiferencia del Gobierno nacional con el cuidado de la vida de los pueblos indígenas.
Silvia Rivera Cusicanqui (2010), socióloga e historiadora aymara, sostiene que las imágenes, en comparación con las palabras, ofrecen mejores posibilidades para explicar las realidades sociales. Desde una perspectiva histórica, las imágenes han permitido a los individuos racializados exponer sus experiencias sin ser saboteadas por las formas coloniales del lenguaje. Así es como la silla vacía en medio de la Plaza de Bolívar, sin explicaciones retóricas, llegó a ser un momento histórico para Colombia, ya que puso en evidencia la responsabilidad del Gobierno frente a la pérdida de miles de vidas de comunidades racializadas (MemorArte 2020). Dicha silla fue una coyuntura para el país, pues se convirtió en la representación de cómo los pueblos indígenas se han visto gravemente afectados por el debilitamiento del Acuerdo de Paz, la falta de seguridad alimentaria e hídrica y la explotación ilegal y militarización de sus territorios. Esta imagen es, como argumenta Rivera Cusicanqui (2010), una ruptura con los discursos coloniales débiles y una prueba de la fuerza de las comunidades indígenas que sobresalió sobre las formas hegemónicas de opresión, en un espacio puramente colonial.
La Minga 2020 tocó las realidades de millones de colombianos y se expandió a comunidades internacionales a través de las redes sociales [#minga2020]. Con este artículo, desde la perspectiva de una mujer colombiana, blanca-mestiza, proveniente de un entorno urbano y con el privilegio de acceso a la educación universitaria, pretendo demostrar cómo esta protesta social se convirtió en una zona de contacto, en la que las comunidades indígenas reclamaron el poder de negociación, expusieron sus realidades y formas de resistencia a millones de colombianos y descolonizaron el principal espacio público de la capital del país. A través del análisis del estudio de caso, respondo a la pregunta: ¿cómo han reapropiado los pueblos indígenas de Colombia los espacios públicos coloniales como zonas de contacto?
Para ello, primero, presento un breve análisis sobre las realidades históricas de las comunidades indígenas en Colombia y la minga como mecanismo de resistencia. Posteriormente, describo y analizo el carácter colonial de la Plaza de Bolívar, sede de las formas de poder hegemónico heredadas de la Colonia. Además, creo un marco teórico basado en el concepto de zonas de contacto de Pratt (1992) y Clifford (1997), y una aproximación a la descolonización de los espacios, utilizando las perspectivas de Rivera Cusicanqui (2010), Correia (2019) y Mavisoy Muchavisoy (2018). Para finalizar, analizo cómo la Minga 2020 se convirtió en una zona de contacto, en la que los participantes indígenas cuestionaron fuertemente las dinámicas de poder.
En el que hoy conocemos como territorio colombiano, los pueblos indígenas han sufrido múltiples formas de opresión y continúan enfrentándose a las consecuencias del proceso de colonización impuesto por las formas hegemónicas de poder (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] 2011). Incluso después de la independencia de la Corona española, dichas comunidades han sufrido múltiples formas de violencia y discriminación. Por ejemplo, en 1886, con la Constitución de Tunja,1 los pueblos indígenas eran categorizados como “salvajes o medio civilizados”, y se les consideraba legalmente menores, incapaces de ser miembros apropiados de la sociedad. En el siglo XIX, las personas indígenas no tenían derecho al voto, ni a desempeñar un cargo político. En 1904, en la región del suroeste de Colombia, se prohibió a las comunidades indígenas cultivar sus propias tierras y alimentos, para cumplir con un proceso de asimilación y “modernización” (Mora García y Correa Alonso 2020). Solo hasta 1991, con una reforma constitucional, Colombia reconoció oficialmente a las personas indígenas. Tras largas luchas sociales, consiguieron el reconocimiento de su autonomía jurisdiccional, la representación política propia y la inclusión de partidos políticos indígenas en el Congreso (Esneider López, miembro del CRIC, comunicación personal, 4 de abril de 2021).
A pesar de que los derechos constitucionales de las personas indígenas han sido declarados de modo oficial, dichas comunidades se han visto afectadas de forma desproporcionada por el conflicto armado. Según ACNUR (2011), las personas indígenas en Colombia se encuentran entre las poblaciones con mayor número de desplazamiento forzoso. Estas comunidades son especialmente vulnerables a las consecuencias del desplazamiento, debido a la fuerte conexión de sus modelos de vida con el territorio (Wirpsa et al. 2017). Las agresiones sufridas por los grupos indígenas han ido en aumento en las últimas décadas. En 2005, alrededor del treinta por ciento de los individuos indígenas fueron víctimas del conflicto (Wirpsa et al. 2017). En 2008, ACNUR informó que “varios grupos indígenas se encontraban en peligro inminente de extinción” como consecuencia de las acciones militares (Wirpsa et al. 2017). Como respuesta, en 2013, los movimientos sociales indígenas comenzaron a exigir la protección de sus territorios, su autonomía de autogobierno y la soberanía sobre sus tierras. Pidieron la consulta previa en todos los proyectos extractivos y la revocación de las concesiones mineras en tierras indígenas. Se opusieron al libre comercio con los países del norte global y exigieron la desmilitarización de sus pueblos y el ejercicio seguro del control territorial a través de la guardia indígena (Mora García y Correa Alfonso 2020).2
La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas sigue siendo “profundamente preocupante y extremadamente grave” (ACNUR 2011), a pesar del reconocimiento constitucional de sus derechos fundamentales, de la ratificación colombiana del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (actual Ley 21) y del apoyo de los gobiernos anteriores a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (IWGIA 2020).
No obstante, ante dichas circunstancias las comunidades indígenas en Colombia han defendido sus derechos a la autonomía, la vida, sus tradiciones y tierras. “Han buscado alternativas locales, regionales, nacionales e internacionales de convivencia pacífica y sostenibilidad ambiental y económica” (Wirpsa et al. 2014, citados en Mora García y Correa Alfonso 2020, 174). Su fuerza ha quedado demostrada por los cambios sistémicos de las últimas décadas y la resistencia es fundamental en su modelo de vida, factor que se hizo más evidente con la manifestación social de la Minga 2020.
Numerosos grupos indígenas de América Latina han desarrollado sus propios marcos jurídicos para proteger a las comunidades de la violencia infligida por el Estado y las prácticas extractivas de las empresas multinacionales (Benavides Vanegas 2009). Un enfoque común de los grupos indígenas andinos es la minga, una pedagogía ancestral que incentiva el trabajo colectivo para fomentar un bienestar común. La palabra minga proviene del quechua minka, una práctica de trabajo comunal para crear Sumak Kawsay (buen vivir) (La Minga en Movimiento 2008). Sin embargo, el concepto de minga en Colombia también ha adquirido un significado político durante las últimas décadas (Bolaños 2019). En los últimos veinte años, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) ha realizado más de cincuenta mingas con connotaciones sociales (Bolaños 2019). Según Mora García y Correa Alfonso (2020), en el contexto colombiano la minga se ha convertido en una forma de resistencia decolonial para luchar por los derechos indígenas de democracia y autonomía. A su vez, se ha transformado en una estrategia desmilitarizada para defender los territorios indígenas de los grupos insurgentes y el Estado (Sánchez Montenegro 2015).
Asimismo, la minga le ha permitido a la sociedad colombiana entender la capacidad de organización de los pueblos indígenas, su conexión simbólica con todas las comunidades y su concepción holística de la convivencia (Belalcázar Valencia 2011). Según la ONIC, las últimas décadas han sido testigo de la transformación de la minga como herramienta de participación política y mecanismo de protesta. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el mayor organizador de mingas en el país, ha transformado dichos encuentros en una herramienta de restauración de tierras y de oposición al modelo neoliberal, con el objetivo de lograr una economía más equilibrada y el respeto por el medio ambiente (Sánchez Montenegro 2015). Por tal razón, en marzo de 2019, grupos indígenas realizaron la “Minga por la Vida y la Paz”, en la que participaron comunidades de todo el país. La Minga 2019 duró veintisiete días, ocupó la carretera Panamericana y estableció negociaciones con el Gobierno nacional sobre la protección del territorio. A pesar de que los acuerdos fueron oficialmente aceptados y firmados por las dos partes, no fueron implementados ni respetados por el Estado (IWGIA 2020).
El incumplimiento de dichos compromisos se transformó en el precedente de la Minga 2020, una movilización por “la defensa de la vida, el derecho al territorio, la democracia y la paz”. Según la ONIC (2020), la pandemia del COVID-19 puso en evidencia cómo las formas de vida occidental han llevado al planeta a una grave crisis, arrebatando la vida de miles de personas indígenas. En consecuencia, la Minga 2020 se convirtió en un mecanismo de denuncia de los abusos que enfrentan las comunidades racializadas en Colombia (CRIC 2020a). Para el CRIC (2020b), la Minga fue un rechazo oficial a la actitud indiferente del Gobierno frente a la vida de las personas indígenas, así como una exigencia de acciones concretas y eficaces frente a los asesinatos, la ocupación ilegal de sus territorios y las masacres contra sus comunidades. A través de la Minga 2020, el CRIC le exigió al Gobierno la protección del Acuerdo de paz y la creación de acciones urgentes para garantizar el respeto a los derechos humanos en Colombia. Dicha minga fue en un proceso de la jurisdicción indígena para solicitar al presidente del país un juicio político por su falta de apoyo al proceso de paz (CRIC 2020b).
En octubre de 2020, los participantes de la Minga ocuparon numerosas carreteras de la región suroccidental de Colombia, incluida la vía Panamericana. Durante quince días, los participantes recorrieron los territorios desde Cali, al suroeste del país, hasta el territorio central de Bogotá. Al llegar a la ciudad, los participantes se apropiaron de diferentes espacios públicos, siguiendo estrictas medidas de bioseguridad y demostrando un profundo respeto por el territorio urbano. El encuentro central de la manifestación ocupó la reconocida Plaza de Bolívar, un espacio colonial por excelencia, que reúne las principales formas de poder hegemónico del país. La plaza alberga el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Alcaldía y tres catedrales católicas; todas instituciones responsables de la violencia infligida contra los pueblos indígenas desde el inicio de la Colonia.
A lo largo de los siglos, el carácter colonial de la plaza ha tenido múltiples transformaciones; sin embargo, todas han mantenido una estrecha relación con las formas arquitectónicas europeas, traídas inicialmente por los españoles durante la época colonial. En el periodo conocido como fundacional, la plaza se construyó como sede de los edificios públicos, religiosos y civiles. Se proclamó como un espacio para temer la fuerza de Dios, el Estado y la jerarquía suprema de la realeza española (Forero Benavides 2016). Durante los siguientes siglos, el espacio se fue transformando por diferentes necesidades y usos, hasta el siglo XIX, cuando el Gobierno renovó el lugar para recuperar las formas tradicionales coloniales de arquitectura (Uribe González et al. 2015). Entre 1959 y 1960, el Gobierno transformó la plaza para conmemorar el aniversario del Día de la Independencia. Según la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la plaza fue renovada con el propósito de realzar la “magnificencia” de los edificios institucionales, de carácter colonial (Uribe González et al. 2015). El espacio pretendía resaltar la arquitectura más “dignificante”, el Congreso Nacional, para representar la calidad cívica del país. La renovación fue una operación de limpieza para restablecer un orden colonial acorde con los valores “democráticos” de la Colombia moderna (Duarte Martínez 2016). Valores que durante siglos han privilegiado el mestizaje de los blancos para mantener los órdenes hegemónicos y oprimir a las poblaciones afrocolombianas e indígenas.
Además de cambiar los componentes arquitectónicos de la plaza, los nombres de dicho espacio también han evolucionado constantemente, manteniendo su esencia colonial. Willian Mavisoy Muchavisoy (2018) argumenta que el arte de “bautizar lugares” fue otro enfoque de los colonizadores para invadir, dominar y ejercer su poder sobre territorios ancestrales. Bautizar lugares fue su mecanismo para apropiarse y perturbar las relaciones entre los humanos y la naturaleza. Esto se hace evidente con los diferentes nombres dados a la plaza colonial a lo largo de los siglos. Primero se llamó Plaza Mayor, un título común para los espacios públicos de las ciudades españolas; después, Plaza Colonial, Plaza Constitucional y, más tarde, Plaza de Bolívar (Duarte Martínez 2016). Llevando el nombre de Simón Bolívar, un criollo que declaró públicamente que las tierras de la “Gran Colombia” no pertenecían a ningún indio, ni español, sino exclusivamente al mestizaje de los invasores blancos con otras poblaciones (Mora García y Correa Alfonso 2020). Dicha postura apoyaba la eliminación de los pueblos indígenas que habitaban sus territorios ancestrales durante siglos, antes de que naciera cualquier descendiente español, en el mal llamado nuevo continente.
Asimismo, la esencia colonial de la plaza siempre ha vivido a través de actos históricos. Durante la invasión española, fue espacio de celebración de los ataques europeos y lugar de homenaje al reino (Torres 2019). Además, era el lugar de las celebraciones católicas, que durante siglos bendijeron el genocidio de los pueblos indígenas (Torres 2019). En 2020, la Plaza de Bolívar se convirtió en el escenario en el que el presidente del país, la principal figura del poder hegemónico, demostró cómo los órdenes coloniales vigentes siguen desatendiendo el derecho a la vida de millones de personas indígenas.
Antes de la llegada de la Minga, y para proteger el entorno construido colonial, el Gobierno local optó por cubrir cuidadosamente las fachadas de los edificios y la estatua principal de Bolívar. La imagen de la plaza antes de la aparición de los participantes es otra prueba de cómo la prioridad del Gobierno era mantener intactas las formas nacionales de poder, e imponer el control sobre sus oponentes. La respuesta de las autoridades de proteger las estructuras coloniales mientras descuidaban la vida de millones de personas indígenas se convirtió en otra prueba tangible de su poder despótico. Sánchez Montenegro (2015) argumenta cómo el poder autoritario no solo se despliega en el aparato gubernamental, sino que trasciende diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Esto se evidenció con el retrato de la plaza antes de la movilización, que proyectaba la intención de proteger una escultura de piedra de Bolívar y los edificios del poder; mientras que el Gobierno era cómplice de la violencia que afecta la vida y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de todo el país.
Como consecuencia, sostengo que la reunión de la Minga 2020, en un espacio puramente colonial y con las condiciones específicas que los grupos indígenas generaron, se convirtió en una zona de contacto. Una zona en la cual los grupos indígenas demostraron cómo descolonizar un espacio con acciones simbólicas contundentes, porque solo una comunidad poderosa tendría la fuerza de reunirse en medio de una pandemia, en un espacio que no solo pertenece a un gobierno despótico, sino donde todas las formas de arquitectura avalan la violencia colonial. La evidencia de este momento histórico permanece en diferentes imágenes de la manifestación. En particular, la célebre y dolorosa “Silla vacía” y la Plaza de Bolívar colonial, finamente protegida, antes de la llegada de la Minga.
Zona de contacto, un término acuñado por Mary Louise Pratt (1992, 4), se define como los “espacios sociales donde culturas dispares se encuentran, chocan y luchan entre sí, a menudo en relaciones altamente asimétricas de dominación y subordinación”. Las zonas de contacto pueden referirse a espacios físicos, geográficos e históricos donde se producen encuentros coloniales, en la época contemporánea. Según Pratt (1992, 7), las zonas de contacto con frecuencia podrían implicar condiciones dispares, como la coerción de una parte, relaciones desiguales de poder y una alta posibilidad de conflicto. Para Pratt, la zona de contacto representa un encuentro espacial y temporal en la que “los sujetos se constituyen en y por sus relaciones mutuas”.
James Clifford (1997), en el texto “Museums as Contact Zones”, añade un aspecto creativo, político y urbano al concepto de Pratt. Según Clifford, las zonas de contacto pueden ser encuentros recíprocos en los que se negocian las relaciones de control y poder, incluso desde la parte menos autoritaria. Estas son lugares de confrontación en los que la creación de identidad y la “transculturación” encuentran un espacio de existencia. Clifford (1997) sostiene que las zonas de contacto son intercambios “cargados de poder” que pueden darse en lugares urbanos y generar oportunidades para la producción cultural. Además, introduce el concepto de zona de contacto [de conflicto], en que públicos de diferentes perspectivas históricas, culturales y geográficas desafían el control de las autoridades y encuentran en las “movilizaciones y representaciones” una oportunidad para la confrontación. Esas zonas de contacto [de conflicto] son “lugares de posibilidades híbridas y de negociación política”.
Según Silvia Rivera Cusicanqui (2010), los espacios urbanos son entornos en los que múltiples culturas coexisten, se complementan y, en muchas ocasiones, se antagonizan. En consecuencia, un escenario urbano suele ser un espacio donde el conflicto es inminente, por la presencia de numerosas relaciones que fácilmente chocan en momentos de discrepancia. Además, en los espacios urbanos prevalecen las relaciones jerárquicas y la estratificación social. Históricamente, las ciudades en Abya Yala han heredado las relaciones de estratificación de la Colonia, y ello ha perpetuado la estigmatización racial. Por ende, las ciudades pueden ser escenarios menos activos de la descolonización, pues refuerzan un sistema de control con formas hegemónicas de poder. De ahí que un proceso de descolonización real precise a desafiar las formas urbanas coloniales, generando prácticas colectivas de oposición anticolonial y acciones simbólicas emblemáticas (Rivera Cusicanqui 2010).
Según Correia (2019), el espacio es fundamental para la descolonización, ya que numerosos movimientos indígenas utilizan su relación con los espacios/territorios para alimentar prácticas tradicionales entre actores humanos y no humanos. Los espacios pueden entenderse como un proceso dinámico, en el que las relaciones de poder y los momentos históricos crean constelaciones materiales. Así, evaluar diferentes espacios a través de las movilizaciones indígenas promueve un cambio territorial descolonizado, que incluye configuraciones sociales, políticas y económicas basadas en el conocimiento indígena. Asimismo, Mavisoy Muchavisoy (2018) argumenta que para construir una sociedad descolonizada es importante utilizar pedagogías que promuevan la memoria-espacio y las relaciones interculturales en el espacio, lo que permite la ruptura de la homogeneización forzada. Mavisoy Muchavisoy invita a los individuos a reflexionar en colectividad, a reconocer las formas de poder hegemónico en el espacio y cómo dichos discursos han antagonizado la existencia de los que se consideran como “otros”.
La Minga 2020 se convirtió en una zona de contacto entre los representantes indígenas y la sociedad colombiana, al lograr congregar diferentes sectores sociales y exponer la opresión que sufren los pueblos indígenas, en medio de la pandemia. Dicha Minga se convirtió en un precedente para el país, ya que generó una poderosa colaboración entre representantes indígenas, comunidades afrocolombianas, estudiantes, asociaciones de profesores y otros sectores sociales (Revista Semana 2020a). A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional por criminalizar a los líderes indígenas, culpando a los participantes de terroristas y amenazándolos con cargos penales, la movilización fue acogida masivamente por los habitantes de Bogotá (Mercado 2020). Como consecuencia de la ausencia de participación del presidente, la Minga se convirtió en un detonante para que los representantes de las instituciones oficiales, en torno a la Plaza de Bolívar, alzaran la voz en apoyo de las comunidades indígenas. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá pidió públicamente al presidente del país que respetara las demandas de las miles de personas que ocupaban la plaza (Revista Semana 2020a). Además, representantes del partido político indígena MAIS3 argumentaron que la falta de respuesta del Gobierno era otra prueba del racismo generalizado y de la necesidad de cambios estructurales en el país (Revista Semana 2020a). Otros senadores no indígenas explicaron que la manifestación, que ocupó un espacio cercano al Congreso, presionó al Senado y a la Cámara de Representantes para que escucharan las voces de los participantes, al tiempo que los obligó a entender cómo el Gobierno nacional teme a las fuerzas cosmológicas de los pueblos indígenas, que han sobrevivido siglos de genocidio (Revista Semana 2020b).
Según Gabriel Jeromito (comunicación personal, 4 de abril de 2021), indígena Paez residente de Bogotá, la Minga suscitó un sentimiento de empoderamiento colectivo, ya que tanto la agencia como la fuerza indígena quedaron demostradas a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Para Esneider López (comunicación personal, 4 de abril de 2021), de la comunidad nasa y participante en la Minga, este encuentro fue una llamada de atención a todo el país y, a su vez, una muestra de resistencia indígena en una estructura colonial aún vigente. López declaró que “Esta Minga fue un diálogo con todo el país y no solo con un gobierno y que se trataba de que los indígenas demostraran su poder de resistencia e invitaran a todos los demás ciudadanos a oponerse a la violencia que afecta a los colombianos desde hace más de siete décadas” (comunicación personal, 4 de abril de 2021).
Además, la ocupación de la plaza urbana permitió a los habitantes de la ciudad reconocer el conflicto en sus propios territorios. Según el padre de Roux, presidente de la Comisión Colombiana de la Verdad, “los habitantes de la ciudad solo conocen el conflicto a través de la televisión”, y no comprenden la enorme responsabilidad ética que los colombianos tienen con las víctimas (Criollo 2014), un aspecto que cambió con la participación de la Minga 2020 y su ocupación del principal espacio público de la ciudad. Según Beatriz Ramos (comunicación personal, 4 de abril de 2021), habitante de Bogotá y participante del encuentro, esta Minga generó conversaciones con la gente sobre lo mucho que los habitantes urbanos ignoran la realidad del país. Para Lesly Castro, otra residente de la ciudad, la Minga le permitió darse cuenta de que la violencia sufrida por los pueblos indígenas solo afectó a los habitantes de Bogotá, una vez que los grupos indígenas ocuparon los espacios de la ciudad (comunicación personal, 4 de abril de 2021).
De igual modo, las imágenes simbólicas generadas por el encuentro serán un recordatorio de la resistencia de los pueblos indígenas. La silla vacía en medio del espacio colonial se convirtió en una prueba de cómo el Gobierno nacional ignora conscientemente la realidad de tantas poblaciones racializadas. Según Jorge Jiménez, voluntario de la Comisión de la Verdad, aunque la reacción del presidente era algo que el país esperaba, la Minga 2020 fue una oportunidad para exponer cómo el trabajo de protección de territorios ha sido realizado casi exclusivamente por comunidades indígenas y otras poblaciones afectadas (comunicación personal, 4 de abril de 2021). Para María Cuervo, bogotana y defensora de la Minga, con esta protesta los pueblos indígenas “desestabilizaron y ocuparon el espacio más colonial y patriarcal, donde el Gobierno imponen sus formas de gobernabilidad contraproducente” (comunicación personal, 4 de abril de 2021).
Con la ocupación de la Plaza de Bolívar y la reapropiación de su significado histórico, las comunidades indígenas generaron una zona de contacto con la sociedad y una zona de contacto [de conflicto] con los órdenes institucionales. A través de la Minga 2020, las comunidades indígenas, en colaboración con los habitantes de Bogotá, desarrollaron un proceso colectivo contra la opresión del Estado, y ello les permitió descolonizar temporalmente la plaza y la historia de la ciudad. Esta zona de contacto promovió una reflexión colectiva sobre las estructuras racistas heredadas de la Colonia y despertó una poderosa conciencia sobre la importancia de la unidad para la reconciliación del país. Además, a través de la zona de contacto [de conflicto], los participantes indígenas cambiaron la dinámica de poder hegemónico, al cuestionar el poder absolutista y despótico de la figura presidencial. Esta negociación de los órdenes de poder permitió a las comunidades racializadas exponer sus realidades de una forma más material e inmediata, que se convirtió en una referencia histórica para el país. El polémico encuentro de la Minga 2020 creó un momento descolonizado sin precedentes para Colombia, que fomentó un espíritu de apoyo intercultural y deseo de emancipación. La ocupación de la Plaza de Bolívar, en medio de una crisis global, desafió el racismo estructural y brindó oportunidades para enfoques antirracistas. También nos hizo cuestionarnos la necesidad de transformar y renombrar los espacios coloniales, para honrar la historia y la resistencia de los pueblos indígenas. La pregunta para concluir entonces es: ¿debería rebautizarse esta plaza como la Plaza de la Resistencia Indígena?
1 La constitución de Tunja estableció la primera forma republicana de gobierno independiente de la Corona española, al crear las Provincias Unidas de Nueva Granada.
2 La Guardia Indígena es un grupo de protección desarmado constituido por hombres, mujeres y niños. Su principal cometido es defender y preservar la cultura y los territorios indígenas.
3 MAIS es el Movimiento Social Indígena Alternativo, un partido político colombiano que surgió originalmente en el seno de la ONIC, para poner en la esfera política el proceso histórico de resistencia indígena.