Según Cagigas (2000), la violencia, implica la existencia de un subordinado y un superior, es una forma de demostrar poder, al emplear fuerza física, psicológica, sexual o económica. El género, por otro lado, asigna papeles y normas sociales, que crean la idea de superioridad del hombre frente a la mujer. Por esto, lo masculino impone decisiones frente a lo femenino, en búsqueda de obediencia. Por esta razón, la violencia de género se origina en las prácticas socioculturales, donde se da superioridad a lo masculino-heterosexual, con predominio de los estereotipos de género (Fernández-de la Reguera, 2018). Este ejercicio de poder produce dos efectos: uno opresivo, ya que la violencia es usada para conseguir un fin específico; y otro, configurador en búsqueda de que las situaciones de asimetría y desigualdad se mantengan en favor de lo masculino (Expósito, 2011).

La violencia de género se produce a partir de dos problemas (Fernández-de la Reguera, 2018), el primero en relación con la redistribución de los recursos, en lo cual a la mujer se ha asignado el trabajo no remunerado, frente al hombre a quien se reconoce como el proveedor. Ello ha segmentado los mercados laborales por género. En segundo lugar, ligado al reconocimiento, evidenciando que dentro de los discursos de dominación, la mujer se presenta como un objeto y se censura su libertad de expresión. Esto gracias a la sociedad patriarcal, que considera a lo femenino algo carente de relevancia y valía (Cagigas, 2000).

Por esto, el Estado ecuatoriano busca condenar todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres, tanto en el ámbito público como el privado. Así pues, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018) reconoce los siguientes tipos de violencia:

1. Violencia física. Todo acto u omisión que pueda causar un daño físico, dolor o muerte; así como cualquier forma de maltrato o agresión que afecte a la dignidad física de la mujer, resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto.
2. Violencia psicológica. Toda acción u omisión dirigida a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, menospreciar la dignidad y controlar la conducta, entre otras. Mediante humillación, intimidación, aislamiento o cualquier acto que afecte a la mujer en su estabilidad psicológica y emocional.
3. Violencia sexual. Toda acción u omisión que vulnere o restringa el derecho a la integridad sexual de la mujer, así como a su decisión voluntaria sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.
4. Violencia económica y patrimonial. Toda acción u omisión que busque ocasionar un menoscabo en torno a recursos económicos y patrimoniales de la mujer, incluidos los de la sociedad conyugal.

Una forma de disminuir la violencia contra las mujeres es la obtención de autonomía económica. Según Fernández de la Reguera (2017), esta constituye un mecanismo que permite transformar las condiciones que generan violencia de género. Así, la autonomía se entiende como las capacidades y las condiciones que permiten a las mujeres tomar decisiones que afectan a su propia vida y el poder de actuar de acuerdo con estas (Nunes y Godoy, 2011). En esta lógica, la autonomía puede dividirse en tres tipos: económica, física y de toma de decisiones.

La autonomía económica hace referencia a que es necesario que las mujeres reciban ingresos que les permitan superar situaciones de pobreza, con lo cual pueden disponer de tiempo libre para educarse, acceder al mercado laboral, desarrollarse de manera personal, participar de la política y de la vida social y, sobre todo, dedicarse a otras personas, sin que esto se convierta en una barrera para sus metas (Cepal, 2016). Por ello es clave para que las mujeres logren autonomía económica conciliar el trabajo dentro del hogar que, con frecuencia, consiste en un piso pegajoso que no permite a las mujeres desarrollarse en otros ámbitos.

Un ejemplo que permite ver la relación directa entre autonomía económica y violencia de género es la pandemia de Covid-19. En el caso de las mujeres, en ese tiempo, disminuyó su participación laboral, se redujeron sus ingresos y aumentó su trabajo en el hogar. Todo esto generó una precarización de su calidad de vida y redujo, consecuentemente, los avances en autonomía económica y aumentó de manera significante la violencia de género (Bidegain et al., 2020).

A su turno, la autonomía física remite a dos dimensiones: la relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y la relativa al derecho de una vida sin violencia. Aquí, se resalta la capacidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Por último, la autonomía de toma de decisiones, desde una perspectiva interseccional, da paso a que las mujeres accedan a puestos de decisión dentro de su especificidad y diversidad (Cepal, 2016). Cuando hablamos de mujeres, hay que tener presente que existen otras características relacionadas con su condición, como la clase social, la etnia y la edad, entre otras, por lo que no solo se necesita la participación de las mujeres, sino de las mujeres en su diversidad.

Al tomar la relación entre autonomía económica y violencia de género contra las mujeres, surgen dos teorías con respecto a que podría pasar cuando las mujeres tienen mayor acceso a recursos y oportunidades. La primera, llamada the household bargaining model (HBM), menciona que, al tener mayores ingresos, las mujeres dentro de sus hogares pueden negociar para mejorar su situación dentro de estos; además, que tienen mayores posibilidades de terminar sus relaciones, ya que no dependen económicamente de sus parejas, por lo que estas experimentan menos violencia. Por otro lado, la teoría del male blacklash model (MBM), que manifiesta que cuando los hombres perciben que las relaciones de género y su posición en el hogar se encuentra desafiada, estos emplean violencia. Por esta razón, mayores oportunidades económicas aumentarían la violencia (Caridad y Henderson, 2017).

En los últimos años, se ha propuesto que la autonomía económica es un factor importante para reducir el riesgo de sufrir violencia de género en las mujeres. Vyas y Watts (2009), a partir de una revisión bibliográfica, determinaron que el desarrollo económico tanto individual como familiar y la reducción de la pobreza pueden ofrecer protección contra la violencia que sufren las mujeres en países con ingresos bajos y medianos. No obstante, diferentes artículos han demostrado que es una relación compleja, por ejemplo, Leite et al. (2019) mencionan que la autonomía económica en las mujeres puede traer buenos resultados, pero en contextos específicos puede generar aumento del riesgo, dado que las relaciones de poder cambian y los hombres pueden ejercer violencia, buscando mantener los roles de género establecidos.

Por esto, Vyas et al. (2015) determinaron que el contexto es un factor importante al examinar la relación entre el acceso a recursos económicos y la violencia en pareja, al considerar las características de la sociedad. Así también, Vyas y Heise (2016), con una regresión logística multinivel, determinaron que el 29 % de las variaciones se encuentra relacionado con situaciones dentro de la comunidad. Por esto, las áreas más pobres y con mayores niveles de inequidad de género tienen mayor riesgo de violencia en pareja para las mujeres.

Otras investigaciones, como la de Atteraya et al. (2015), afirman que situaciones como el analfabetismo, el bajo estatus económico, tener historial de violencia y falta de autonomía de toma de decisiones se asocian con mayor violencia. Por ello, a nivel comunitario, ser de etnias no privilegiadas aumenta el riesgo de violencia de género. Complementariamente, Jewkes et al. (2017), con ayuda de un modelo de regresión logística y de ecuaciones estructurales, determinaron que la pobreza es uno de los factores de riesgo más importantes.

A partir de un modelo de ecuaciones estructurales, Yilmaz (2018) determinó la relación de doble sentido entre la autonomía económica y la violencia de género en Turquía. Determinó que, cuanto más autónomas sean las mujeres, menor será el riesgo de padecer violencia. También se han encontrado evidencias empíricas que relacionan los diferentes tipos de autonomía (toma de decisiones, económica y física) con diferentes tipos de violencia. Así, para Ghana, Tenkorang (2018) encontró que las mujeres con altos niveles de autonomía sexual tienen menos probabilidad de sufrir violencia física o económica; las mujeres con alto grado de educación tienen menores posibilidades de sufrir violencia física, emocional o económica; y las mujeres con empleo tienen menores probabilidades de sufrir violencia sexual.

De manera más específica, Bengesai y Khan (2021) buscaron determinar la influencia de la autonomía económica en mujeres en Zimbabue en cuanto a riesgo de sufrir violencia en pareja, a partir de un modelo logístico. Evidenciaron que los bajos niveles de autonomía económica, acompañados de actitudes que apoyan la violencia aumentan el riesgo, mientras que un matrimonio tardío reduce la probabilidad. Entre otros resultados importantes relacionados con la autonomía económica, se encontró que mayores niveles de educación reducen el riesgo de violencia psicológica; así también, encontrarse en el quintil medio de riqueza disminuye la probabilidad de sufrir violencia sexual 40 %. Schuler y Nazneen (2018) destacan que tener mayores ingresos, para Bangladesh, permite que las mujeres tengan más opciones para salir de situaciones de abuso. Además, cada vez más personas dentro de las comunidades intervienen cuando existen casos de violencia.

La autonomía económica tiene relación directa con la disponibilidad de recursos económicos para las mujeres. Al identificar los factores individuales y dentro de la pareja que se asocian con la ocurrencia de sufrir violencia en pareja en mujeres casadas, migrantes y rurales en Shanghái con ayuda de un modelo logístico multivariable, Tu y Lou (2017) encontraron que la baja autonomía financiera se asociaba con todos los tipos de violencia. Además, tener un trabajo inestable o que exista historial de abuso se asocia con violencia física.

Apoyando aquellos resultados, a partir de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios y la hipótesis de que la independencia económica de las mujeres reduce el riesgo de violencia en pareja en Turquía, Dildar (2021) demostró que, cuando una mujer gana más que un hombre, el riesgo de violencia disminuye en 9.3 %, adicionalmente, tener recursos provenientes de activos también representa una relación negativa.

Por su parte, Abramsky et al. (2019) exploran las asociaciones entre los ingresos de las mujeres y sus experiencias de violencia en pareja, en Tanzania, a partir de modelos de regresión logística con datos transversales y longitudinales. En un primer modelo, utilizaron las variables de ingreso mensual de la mujer y el riesgo de sufrir violencia física, sexual o económica. Con ello, demostraron que mayores ingresos se encuentran relacionados con menor riesgo de violencia. En un segundo modelo, con variables como la contribución financiera al hogar y la violencia física y sexual, determinaron que, cuando las mujeres tienen una mayor contribución en el hogar, existe mayor riesgo de violencia.

Por ello, mencionan que no solo son necesarios mayores oportunidades y acceso de las mujeres a recursos económicos, sino también cambios sociales. En ello coinciden con Tenkorang (2018), que encontró una relación positiva entre la autonomía y la violencia económicas. En España, los resultados a través de un modelo ajustado de regresión logística demostraron que los ingresos disminuyen el riesgo de sufrir violencia física, y cuando la renta de las mujeres se reduce, estas tienen mayores probabilidades de sufrir violencia física y psicológica (Ruiz et al., 2017).

Otra variable importante al hablar de autonomía económica es la educación. Gibbs et al. (2018) al explorar la relación entre pobreza y violencia en pareja, en Sudáfrica, a partir de una regresión logística y modelos de ecuaciones estructurales, evidenciaron que, al aumentar sus niveles de educación, tanto hombres como mujeres adquieren más conocimientos con respecto a la equidad de género, por lo que dentro de sus relaciones en pareja existen menos actitudes controladoras, lo que conduce a que el riesgo de violencia se reduzca. Tales resultados concuerdan con los de Santamaría et al. (2019), cuya investigación fue realizada en Panamá, para determinar los factores sociales relacionados con la violencia. Su estudio demostró que los bajos niveles de educación están asociados con actitudes que permiten la violencia.

Por último, para obtener autonomía económica es importante que las mujeres puedan acceder al mercado laboral, pero los resultados han demostrado que esta variable puede contribuir al riesgo de sufrir violencia pero no protege a las mujeres. Por ejemplo, en Perú, a partir de una regresión logística, Castro et al. (2017) encontraron que, a nivel individual, tener empleo y un bajo nivel educativo aumentan las probabilidades de sufrir violencia en pareja.

Estos resultados coinciden con los de Gage y Thomas (2017) para Nigeria. En su estudio, demostraron que el trabajo no remunerado está relacionado positivamente con la violencia física y sexual; también, que el empleo pagado se encuentra asociado con la violencia sexual, considerando que estas relaciones crecen aún más en contextos donde se aprueba la violencia machista. Así también, Alonso y Carrasco (2017) evidenciaron que el empleo del hombre tiene un papel más significativo que el de la mujer en reducir la violencia física. Por lo que el riesgo será menor cuando la pareja tenga empleo y mayor cuando el hombre esté desempleado, ya que este se sentirá desafiado, si la mujer aumenta su posición en el hogar.

En América Latina, un estudio realizado en Colombia, en búsqueda de identificar los factores asociados a la probabilidad de ser víctima de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, con ayuda de un modelo logístico binario, se identificó que conocer a alguien en su entorno cercano que ha sido víctima de violencia sexual, pertenecer a un nivel socioeconómico bajo, vivir en alguna de las cinco principales ciudades del país, ser jefa de hogar y tener estudios hasta el bachillerato aumentan la probabilidad de sufrir violencia sexual; y en el caso de reconocerse como mujer blanca o mestiza; sumado a la edad; disminuyen la probabilidad de riesgo (Tinjaca y Santos, 2021).

Por otro lado, para Perú, a partir de un cuestionario, se obtuvieron las siguientes características, asociadas a la violencia económica: bajo nivel de educación, vivir con la pareja, tener un negocio dentro del hogar, bajos ingresos, hijos, no tener acceso a crédito, pagos atrasados y ser forzadas a obtener créditos contra la voluntad. Teniendo en cuenta que existe una relación significativa entre sufrir violencia económica y ser víctima de algún otro tipo de violencia (Asencios et al., 2018).

Para el caso ecuatoriano, existe muy poca literatura sobre el tema. Sin embargo, la investigación de Edeby y San Sebastián (2021) permite conocer las características sociodemográficas que incrementan el riesgo. Sus los resultados mostraron que la violencia física y psicológica es más común en mujeres de 26-35 años. Además, todas las formas de violencia están relacionadas con mujeres sin educación, excepto por la sexual, que es frecuente en las mujeres con mayor educación.

La violencia psicológica, física y económica es mayor en las mujeres que viven con su pareja. La violencia sexual se asocia con los grupos étnicos no indígenas; y todos los tipos de violencia son más comunes en la zona urbana, excepto por la violencia física. Además, Oduro et al. (2015) mencionan que en el Ecuador aquellas mujeres en mejores situaciones de riqueza tienden a tener menor probabilidad de reportar violencia física, en comparación con hogares más pobres. Finalmente, Treves et al. (2022) afirma que la participación creciente de las mujeres en la toma de decisiones en el hogar disminuye el riesgo de violencia física, sexual y emocional.

Al asociar la violencia de género contra las mujeres en Ecuador y la autonomía económica, se atribuye a la investigación un carácter relacional, ya que se buscó identificar la correspondencia entre las variables, a partir de datos numéricos, técnicas estadísticas y la estimación de un modelo econométrico. Es por esto por lo que el enfoque fue cuantitativo. Los datos provienen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), por lo que se trata de información secundaria, con un análisis de corte transversal, obtenido de la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (Envigmu), desarrollado en 2019, cuya población objetivo fue mujeres de 15 años en adelante, seleccionadas por un muestreo probabilístico y que viven en áreas rurales o urbanas del territorio nacional.

La encuesta cuenta con datos de 20 848 hogares, en donde la información se obtuvo de un formulario general identificando características sociodemográficas y del hogar; y tres formularios adicionales que dependen del estado civil de la entrevistada, en este caso casada, separada o soltera. Las preguntas se encontraban distribuidas en 5 ámbitos: educativo, laboral, social, familiar y vida en pareja en donde se detallaron preguntas en relación a la ocurrencia de violencia psicológica, física, sexual y, económica y patrimonial, además de la gineco-obstétrica la cual no fue considerada en esta investigación. Se estableció una submuestra con 13 544 datos de mujeres casadas y solteras, los mismos que proporcionan la información necesaria para el modelo.

Se plantearon las siguientes hipótesis:

\( H_0 \) = la autonomía económica reduce la probabilidad de que una mujer sufra violencia de género en Ecuador.

\( H_1 \) = la autonomía económica aumenta la probabilidad de que una mujer sufra violencia de género en Ecuador.

Para el modelo econométrico, se utilizó una regresión de respuesta cualitativa, la que, según Gujarati y Porter (2010), tiene el objetivo de encontrar la probabilidad de que un acontecimiento suceda. La característica principal de estos modelos es que la variable dependiente es cualitativa, denominada binaria o dicótoma, e indica la presencia o ausencia de una cualidad. Para su cuantificación, se asignan valores de 0 o 1 (1 indica la presencia del fenómeno o la probabilidad de éxito; y 0, su ausencia). Para la creación de la variable dependiente, si la mujer entrevistada ha sufrido algún tipo de violencia entonces se codifica con 1; caso contrario, con 0.

En el caso de las variables independientes, se consideraron cinco ámbitos, desarrollados en el cuestionario (educativo, laboral, social, familiar y vida en pareja); y las preguntas relacionadas con la autonomía económica, como tener empleo, educación, ingresos provenientes del trabajo y decisiones sobre el uso del dinero. Estas variables tuvieron relación directa con el concepto de autonomía económica y se delimitaron mejor a través de lo encontrado dentro de la revisión de la literatura. En torno a la importancia de estas variables, debe considerarse a la autonomía económica la base de la igualdad y el empoderamiento, por lo que es vital que las mujeres ecuatorianas transiten del trabajo informal al empleo adecuado; puedan acceder a educación de alto nivel sin discriminación ni acoso; sean económicamente estables y sean voces activas en torno a las decisiones dentro y fuera del hogar.

De acuerdo con lo mencionado, se plantearon las siguientes variables independientes: la educación, expresada en años de escolaridad, por lo que es discreta; el empleo, en referencia a si la mujer había trabajado o no la última semana, por lo que es dicotómica; la variable ingresos se transformó en variable dicotómica; y operacionalmente se tomaron en cuenta tres preguntas dentro de la encuesta: ingresos por situación de asalariada y/o empleada doméstica, ingresos por patrona o cuenta propia y otros ingresos por trabajo. Además, se consideró determinante el salario básico de 2019 de 394 dólares ecuatorianos (cuadro 1). Por último, la variable decisión sobre el dinero se categorizó con valores de 1, si la mujer tenía cierta o completa participación sobre el dinero; y 0 si no tenía participación. No se incluyeron variables demográficas en el modelo, dado que estas no fueron estadísticamente significativas.

Entre los supuestos de este modelo están la incorporación de variables socioeconómicas relacionadas con el empleo, la educación, el ingreso y la toma de decisiones en el hogar. Sin embargo, no se tomaron en cuenta variables étnicas, ni espaciales, pese a que podrían aumentar la capacidad predictiva del modelo.

Cabe señalar que la especificación del modelo está basada en los antecedentes teóricos, para evitar sesgos que conduzcan a un problema de endogeneidad por la no incorporación de variables relevantes. Además, no se espera la presencia de simultaneidad, debido a que el criterio de construcción de la variable dependiente toma el valor de uno, si la mujer ha sufrido al menos uno de los cuatro tipos de violencia, o cero, si no sufrió ninguna. Por lo que esta variable no se construye a partir de alguna de las variables independientes o regresoras, lo cual disminuye la amenaza de endogeneidad por variables omitidas.

También, como se anotó en este acápite, los datos provienen de una encuesta, cuya selección de las unidades de observación es aleatoria y estratificada, por lo que aumenta la probabilidad del supuesto de exogeneidad y se contrarresta la posibilidad de endogeneidad por selección. Según Hill et al. (2021), la justificación teórica de las variables es fundamental ante una amenaza de endogeneidad.

Al ser la variable dependiente cualitativa, se utiliza un modelo de regresión logística conocido como logit que es equivalente a los modelos de regresión lineal, pero la diferencia se encuentra en que la variable dependiente es el logaritmo de su razón y de esta forma se garantiza que el resultado de las probabilidades no puede tomar valores menores a 0 ni mayores a 1 (Escobar et al., 2012).

El análisis descriptivo en el Cuadro 1, indica que el 61.52 % de mujeres dentro de la muestra ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Las mujeres seleccionadas en la investigación cuentan con 15 años o más y, en su mayoría, se encuentran casadas (66.51 %), viven dentro del área urbana (70.02 %), son mestizas (82.09 %) y su edad promedio es 39 años.

En relación con el empleo, se destaca que existe una diferencia entre trabajo y empleo, dado que este último implica la existencia de una remuneración o un beneficio a cambio, pero esta representa una aproximación dado que no existe dentro de la encuesta una pregunta relacionada directamente con el término. El 42.67 % de mujeres en la investigación tienen empleo y apenas el 33.73 % seguridad social, lo que conlleva a presumir que muchas de las mujeres encuestadas se encuentran en la informalidad.

Otro factor importante son los ingresos: el 52.12 % de mujeres que cuentan con ingresos menores al salario básico ha sufrido violencia, frente a un 9.44 % de las que reciben ingresos de al menos 394 dólares. Adicionalmente, el 41.31 % de las mujeres víctimas de violencia no tiene seguridad social, mientras que las que no tuvieron empleo sufrieron violencia en mayor proporción, frente a las que sí lo tienen. Finalmente, las mujeres con decisión sobre el dinero que han sido víctimas de violencia representan el 54.71 %.

V. Resultados

Los resultados del modelo logístico binario se presentan en el Cuadro 4. Allí, se observan los signos de los coeficientes, que permiten analizar la asociación entre las variables independientes y la dependiente, la cual toma el valor de 1 cuando una mujer sufre violencia de género y 0 cuando no. Se obtuvo una relación inversa entre los años de educación y la probabilidad de sufrir violencia. Por esto, puede afirmarse que cada año de educación adicional que tenga la mujer reducirá, potencialmente, el riesgo de violencia de género.

De esta misma manera, los ingresos y la decisión sobre el dinero, por lo que contar con ingresos mayores al salario básico y tener decisión sobre el dinero dentro del hogar reduce el riesgo. Por último, tener empleo aumenta la probabilidad de que una mujer sufra violencia de género en el Ecuador.

Para una mejor interpretación de los resultados, se han obtenido las razones de probabilidades y los efectos marginales, descritos en el Cuadro 5. A partir de estos datos, puede afirmarse que el riesgo de sufrir violencia se incrementa en 1.33 veces si la mujer tiene trabajo. Al existir una asociación negativa entre las variables, las odds ratio son menores a 1, por lo que se utiliza el inverso para mejorar su explicación. Cada año adicional de educación de las mujeres disminuye el riesgo en 1.01 veces. El tener ingresos mayores al salario básico reduce la probabilidad en 1.14 veces. Por último, las mujeres que tienen decisión sobre el dinero tienen 1.64 veces menos probabilidades de ser víctimas de violencia de género.

Con base en los efectos marginales, tener un año adicional de educación, disminuye la probabilidad de sufrir violencia en un 0.19 %. Encontrarse empleada aumenta el riesgo de sufrir violencia en 6.63 %. Con respecto a las mujeres que cuentan con ingresos mayores al salario básico, la probabilidad de que sufran violencia disminuye en 2.97 %. Por último, la variable con mayor porcentaje de incidencia es la decisión sobre el dinero, donde puede afirmarse que tener cierta o parcial decisión sobre el dinero dentro del hogar, reduce la probabilidad de sufrir violencia en 11.55 %.

En el caso del empleo, es interesante dado que aumenta la probabilidad de violencia. Esto se relaciona directamente con la división sexual del trabajo, donde históricamente a la mujer se le ha asignado el trabajo dentro del hogar, por lo que al introducirse al mercado laboral existe resistencia. Pérez (2007) manifiesta que la violencia contra las mujeres dentro de sus empleos se concibe como el precio que ellas deben pagar por salir de su rol asignado. Por lo que existe una contradicción importante entre los resultados, dado que se observa la importancia de que la mujer cuente con recursos propios, pero nace la pregunta: ¿cómo obtenerlos si los lugares de trabajo no representan un ambiente seguro donde puedan desarrollarse profesionalmente?

Se analizó la relación entre autonomía económica y violencia de género en contra de la mujer, tomando a Ecuador como caso de estudio, por lo que, con ayuda del modelo logístico, se pudo evidenciar que mayor autonomía económica disminuye la probabilidad de riesgo de que las mujeres ecuatorianas sufran de violencia de género.

Ciertamente, autores como Vyas y Heise (2016); Jewles et al. (2017); Yilmaz (2018); Bengesai y Khan (2021) también sostienen que el aumento de la autonomía económica de las mujeres disminuye la probabilidad de que sean víctimas de este tipo de violencia. Sin embargo, cabe recalcar que el contexto es determinante, dado que en los países donde se aprueban situaciones de violencia contra las mujeres y no se cuestionan las desigualdades de género, la autonomía económica podría aumentar el riesgo en lugar de reducirlo.

Por esto, Ismayilova et al. (2018) mencionan que, para mejores resultados, no solo se deben generar proyectos con el fin de apoyar a que las mujeres alcancen mayores niveles de autonomía, sino que es necesaria una intervención en aras de lograr cambios sociales que permitan modificar las relaciones de poder establecidas entre lo masculino y lo femenino. A partir de esta investigación, se evidenció que, en Ecuador, la autonomía económica contribuye a disminuir el riesgo de violencia, pero aun así los porcentajes siguen siendo elevados, por lo que son necesarias políticas públicas para reducir las altas tasas de violencia las mujeres dentro del país.

Analizando la manera como cada variable independiente incide en la probabilidad de que las mujeres sean víctimas de violencia de género, en relación con la educación, se tiene que los resultados confirman lo que otros autores han encontrado, como Tenkorang (2018) para Ghana y Treves et al. (2022) para las mujeres que viven en la frontera colombo-ecuatoriana, pues efectivamente más años de educación en las mujeres disminuyen la probabilidad de sufrir violencia de género.

Lo anterior es clave, tomando en consideración que se trata de un mecanismo importante para que las mujeres progresen, obtengan mejores oportunidades laborales y posean conocimientos sobre sus derechos, que les permitan identificar situaciones de violencia. Así pues, tener una educación igual o mayor que la pareja constituye un mecanismo de protección, ya que, como indican Gibbs et al. (2018), mayor educación tanto en hombres como en mujeres disminuye las actitudes violentas dentro sus relaciones personales.

Situación similar ocurrió en España, donde se menciona que, cuando el hombre se encuentra desempleado y la mujer empleada, aumenta el riesgo, dado que se desafían los roles de género (Alonso y Carrasco, 2017). En otros contextos, como Tanzania, se determinó que contar con empleo se asocia con menor riesgo de violencia (Vyas y Heise, 2016). En esta investigación, se determinó que existe una relación positiva, lo cual no necesariamente lleva a que el empleo no favorece a las mujeres, sino que los espacios aún se encuentran sesgados, por lo que, cuando las mujeres quieren insertarse a un ámbito históricamente masculino, se produce violencia, con el fin de mantener lo ya establecido.

Tener empleo permite que las mujeres accedan a recursos económicos, los cuales, según Schuler y Nazneen (2018), las dotan de mayores oportunidades para salir de situaciones de abuso. En España, se comprobó que, cuando existen mayores ingresos, menores son las probabilidades de sufrir violencia física. Además, cuando el nivel de renta disminuye, el riesgo de violencia física y psicológica aumenta. Abramsky et al. (2019) mencionan que, cuando la mujer aporta dinero al hogar, se reducen los conflictos, dado que no existen discusiones en relación con la habilidad de la pareja de proveer, por lo que las dinámicas dentro del hogar mejoran.

Lo anterior concuerda con lo obtenido en Turquía, donde existe una relación inversa entre la violencia y los ingresos, sean provenientes del trabajo o de activos (Dildar, 2021). En Ecuador, con esta investigación, se evidenció que tener ingresos mayores al salario básico reduce la violencia, por lo que sería importante que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral en empleos con remuneración adecuada y seguridad social, donde no existan sesgos ni discriminación asociada al género.

Por otro lado, el modelo logístico permitió demostrar que, cuando las mujeres tienen participación en la decisión sobre el dinero, el riesgo de violencia disminuye, por lo que es la variable más significativa y con mayor relación con la autonomía económica. De igual manera, Treves et al. (2022) mencionaron que la creciente participación de las mujeres en las decisiones en el hogar disminuye la probabilidad de ser víctimas de violencia física, sexual y emocional. En esa medida, puede afirmarse que, en este caso, las variables como los ingresos, la decisión sobre el dinero y la educación se encuentra relacionada con el household bargaining model, donde la autonomía económica permite que las mujeres obtengan mecanismos para negociar y mejorar su condición dentro del hogar y, de esta manera, sufrir menos violencia; y, en el caso del empleo, existe una relación con el male blacklash model, donde se emplea la violencia para mantener las relaciones de género y las jerarquías.

La principal limitación de la investigación es que la información utilizada, la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, no se realiza de manera periódica. Hasta la fecha, esta se ha desarrollado en 2011 y 2019, por lo que la comparación con años anteriores y futuros implica complicaciones. Además, si se aplican políticas con el fin de reducir los altos porcentajes de violencia, no podrán verificarse los resultados hasta la siguiente encuesta. Por lo que sería importante que la recolección de información sobre temas de violencia de género se genere de manera periódica, a fin de elaborar políticas públicas que permitan reducir las tasas y crear cambios en la sociedad, para que las mujeres puedan desarrollarse en un ambiente libre y seguro.

Por último, a partir de los resultados obtenidos, se abren diversas líneas de investigación, teniendo en consideración que temas en relación con el género en la actualidad tienen relevancia social y generan un impacto, por lo que no solo permiten aclarar algunas situaciones, sino que abren nuevos interrogantes. En este caso, investigaciones posteriores podrían relacionar la violencia de género con otros tipos de autonomía, como la física y la de toma de decisiones. Al igual que aplicar el estudio en diferentes países, para estudiar cómo el contexto afecta los resultados. Además, generar una investigación que permita comprender por qué en Ecuador existe una relación positiva entre que una mujer cuente con empleo y la violencia de género. Finalmente, es necesario investigar acerca de la brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que, como se observa, muy pocas mujeres tienen salarios mayores al básico en Ecuador, a pesar de que cada vez más mujeres tienen un mayor nivel de educación.

A partir de los resultados de la investigación, puede afirmarse que, en Ecuador, la autonomía económica disminuye la probabilidad que una mujer de 15 años y más sufra violencia de género. Se destaca que existe una relación inversa entre la probabilidad que una mujer sufra violencia y los hechos como que las mujeres adquieran ingresos mayores al salario básico, tengan oportunidades de seguir desarrollándose en lo académico y, sobre todo, posean participación sobre las decisiones dentro del hogar relativas al dinero. Por otro lado, se encontró que el empleo se asocia positivamente con la violencia de género, lo cual implica que en Ecuador el ámbito público como el laboral aún se encuentra masculinizado, por lo que al insertarse en él, aumenta la probabilidad de sufrir violencia, utilizada como mecanismo para mantener las relaciones de poder.

En busca de disminuir los altos porcentajes de violencia de género contra las mujeres y en concordancia con los resultados, deben generarse políticas públicas que permitan que las mujeres desarrollen su autonomía económica en Ecuador. En este caso, deben ampliarse las oportunidades y facilitarse los caminos para que ellas alcancen mayores niveles de educación y, de esta manera, se favorezca a su inserción en trabajos formales. En relación con el household bargaining model, obtener recursos económicos permite que las mujeres tengan mayor capacidad de negociación y participación dentro del hogar.

No obstante, esto tiene que venir de la mano de cambios sociales, dado que, si los espacios no son seguros o si el insertarse en el ámbito público implica una sobrecarga de trabajo para las mujeres, no podrán obtenerse cambios reales. Por lo que, no solo se trata de que las mujeres sean más autónomas, sino que estos cambios deben acompañarse de nuevas masculinidades y espacios más seguros para que las mujeres, al desarrollarse, no se encuentren con pisos pegajosos ni techos de cristal.

Es importante mencionar que Ecuador tiene un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. A pesar de su reciente creación (2022), en 2024, sufrió un recorte presupuestario importante. Por tanto, para que exista un cambio significativo en la situación de la mujer en el país es necesario un apoyo efectivo del gobierno, donde se priorice disminuir las altas tasas de violencia contra la mujer. Siendo la relación directa de la violencia de género y el empleo, un ejemplo claro de cómo el espacio público no representa un espacio seguro para el desarrollo de las mujeres, donde todavía queda mucho por avanzar en materia de igualdad de género.

Financiamiento y agradecimientos

El estudio no contó con fuentes de financiamiento. Se realizó como trabajo de titulación de la carrera de Economía de la Universidad del Azuay.

Se agradece a los revisores anónimos, por sus valiosos aportes, que permitieron mejorar los contenidos de este artículo.

Notas al Pie: