La memoria como cicatriz.Los murales ciudadanos en movilización

Italia Samudio Reyes

Antropóloga, investigadora. Museo itinerantede la memoria y la identidad de los Montes de María,El Mochuelo.

doi: https://doi.org/10.25025/hart.10957

No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza.

Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor. Pero también su fin.

Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria,

un remate imperfecto que nos sana dañándonos.

La forma que el tiempo encuentra

de que nunca olvidemos las heridas.

—Piedad Bonnett, Las cicatrices

Las violencias —múltiples, persistentes, cambiantes— han marcado el compás de la narración del tiempo en Colombia. Sus formas, causas y consecuencias constituyen la fisonomía de los territorios que llamamos nación y que se debaten entre el silencio, el miedo y el olvido, y la memoria, la justicia y la verdad. Pero la memoria, si se la entiende como un lugar de reflexión, no es superficie sino fondo, sima y abismo a la vez, es íntima y pública, y expone esa tensión que nos agobia cada vez que ponemos el dedo en las heridas que se prolongan en el sufrimiento incesante.

La memoria es también un vertiginoso movimiento que no se agota en el pasado y, en cambio, potencia su vínculo con el presente y anuncia el futuro; es la pregunta abierta, angustiosa, pero siempre consciente de nuestro propio papel en la narración del país. Es, entonces, una oportunidad para volver a imaginarnos juntos, a pesar del dolor. Para que ese proceso reparador y reconciliador con nosotros mismos opere, la narración y la escucha atenta deben activarse y circular cotidianamente sin ataduras ni partituras impuestas. Esa es la función de la memoria narrada en primera persona del singular que, en su tránsito hacia lo colectivo y público, configura los rostros de las calles de muchas ciudades en nuestro país, y que ha entendido tan bien su ciudadanía actuando en el lugar que le es propio y ejerciendo su derecho fundamental a expresarse, a romper el silencio y asumir el miedo como potencia transformadora.

Para que las cicatrices de la memoria cumplan su función más política, esto es, propiciar los escenarios de diálogo y de escucha y las acciones transformadoras que podrían llevarnos como sociedad a un estadio distinto al de las violencias como partitura, son necesarios varios componentes y su despliegue consciente y comprometido: asumir el dolor de las víctimas; promover el reconocimiento de la responsabilidad de quienes causaron el daño; tramitar todo ello en clave de reencuentro intergeneracional; reconocer que sí ocurrió, que los daños son muy graves porque han trascendido en el tiempo y se han extendido en el espacio; y asumir y materializar compromisos para que esto no le ocurra de nuevo a nadie.

Los murales urbanos que motivan este texto inscriben en el espacio público la memoria de las personas que fueron víctimas de los fenómenos de violencia guerrillera, paramilitar, policial y estatal, con una agencia política compartida: la exigencia de justicia, verdad y reconocimiento de responsabilidad por parte de los autores materiales e intelectuales de tanto horror.

La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, reconoce el derecho a la verdad y a la memoria como factores sustanciales para la reconciliación y la no repetición de las violencias. En Colombia, estos derechos hoy se encuentran bajo la tutela del Centro Nacional de Memoria Histórica, institución responsable de la creación y puesta en marcha del Museo de Memoria de Colombia cuya misión primordial es generar acciones de pedagogía transformadora que den curso reparador y garantías de no repetición a este grito de memoria que late con fuerza en el subsuelo y sobre el que se edifica la idea de nación.

Sin embargo, en Colombia no se ha consolidado una política nacional de memoria que entienda su pertinencia ni la audacia política que demuestran los colectivos y las comunidades de víctimas al decir lo que no había sido posible en medio de la guerra. Constatamos este gran vacío al considerar las iniciativas de memoria que se expresaron en los muros de las calles durante el Estallido Social, hace cuatro años, y su reiteración en respuesta a los hallazgos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el sitio conocido como “La Escombrera”, entre diciembre de 2024 y enero de 2025 en Medellín. En efecto, tales iniciativas deben sortear muy en solitario, y bajo riesgo propio, los desafíos que impone la negación de los hechos por parte de los actores de poder fáctico armado y político en los territorios y al nivel nacional, y los constantes ataques de descalificación y subalternización de su trabajo en el concierto político y cultural del país.

Los murales han servido históricamente como espacios de narración popular de los fenómenos asociados a las violencias de larga duración.1 Las calles han hablado en los momentos más difíciles convirtiéndose en lienzos vivos donde se inscriben públicamente las acciones ciudadanas de denuncia, la exigencia de justicia y verdad, los rostros y nombres de las víctimas y de sus victimarios y los daños causados. Son el manifiesto de la decisión de no olvidar. Esto es lo que nos muestran las expresiones de memoria que tuvieron lugar en todo el país en enero de 2025, cuando la movilización ciudadana narró con reiterado acento lo que sistemáticamente había sido borrado. La disputa en torno a los murales logró captar la atención de grandes sectores del país; unos y otros salieron a favor y en contra con argumentos pendulares que pasaban de la reivindicación y la legitimidadde los murales hasta su rechazo en pro del ornato urbano con el eufemismo de la “no polarización”.

Para entender este inédito remezón de la memoria, identificamos tres contextos temporales que nos ayudan a entender sus líneas de continuidad.El primero, el Paro Nacional de noviembre de 2019, que cuestionó las reformas del gobierno de Iván Duque; luego, el Estallido Social de abril de 2021, marcado por masivas protestas y graves abusos policiales, con 3486 casos documen-tados por Indepaz;2 finalmente, la recién mencionada movilización urbana de murales en todo el país, activada en enero de 2025 a raíz de la orden de borramiento en Medellín de uno de ellos, que rezaba “Las cuchas tenían razón” en alusión a las denuncias que por décadas habían hecho las madres y familiares del Movimiento Caminando por la Verdad (MCV) por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de sus hijos en la denominada Operación Orión,3 la mayor operación contraguerrillera urbana del conflicto armado colombiano.

La secuencia del primer mural, motivado por los hallazgos de la JEP en La Escombrera, la posterior orden de borrarlo proferida por el alcalde de Medellín y la decisión de volver a pintarlo por parte de los colectivos y organizaciones de víctimas desató una ola de reacciones en varias ciudades donde se replicaron otros murales que generaron también actuaciones de borramiento como en Medellín. El argumento oficial para borrar el primer mural fue estético y administrativo: carecía de permisos y “ensuciaba” la ciudad. La respuesta ciudadana fue inmediata: en menos de veinticuatro horas el mural fue repintado incorporando más elementos narrativos y fue multiplicado en Medellín y en otras ciudades del país.

El segundo mural de Medellín incluía la imagen de Margarita Restrepo, lideresa del MCV y madre de una joven desaparecida; también fue borrado. En la tercera iteración del mural la frase mutó al presente: “Las cuchas tienen razón”. Ese cambio gramatical comprimió veintidós años de persistencia y anunciaba que lo harían tantas veces y en los lugares donde fuera preciso. En efecto, el reclamo por los crímenes de Estado se ha hecho sentir en muchos territorios del país, dada su conexión con la cifra oficial de personas ejecutadas extrajudicialmente para hacerlas pasar como bajas guerrilleras en combate: “6402”. Esta cifra, también anunciada por la JEP en febrero de 2021, llenó las calles durante el Estallido Social. El común denominador de estos crímenes es, a juicio de las familias buscadoras, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado de dar la orden de ejecutar los denominados “falsos positivos”, perpetrada por comandantes militares y tropas, especialmente en los gobiernos de la Seguridad Democrática, en el marco de una campaña de la que hizo parte igualmente la Operación Orión.

Frente a esas realidades, la insistencia de las madres buscadoras no es solo un acto de amor filial sino una pedagogía pública de derechos: su presencia, con la foto de sus hijos colgada en el pecho, reordena la jerarquía pública de prioridades y convierte las ciudades en escenarios de duelo y, a la vez, de exigenciade justicia. Las cicatrices de la guerra para las personas víctimas de todos los actores armados denotan el desconcierto ante lo que no debió ser, su vileza, su particular crueldad. Cuando se pretende cerrarlas a la fuerza y con impunidad, vuelven a su estadio de heridas abiertas y se acumulan bajo una presión que termina por estallar.

La Operación Orión, como los cientos de miles de asesinatos, masacres, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, bombas, desplazamientos forzados en todo el país, y la violencia policial durante el Estallido Social, son manifestaciones de un contínuum de violencias que sigue reclamando justicia porque se resisten a convertirse en un hito más en la cronología de nuestro dolor, una cifra o un punto rojo en el mapa de nuestras violencias. Su poder significante de resistencia contra el olvido está en aquello que las hace visibles al lado de todo lo demás, distinguible del resto de la piel, como una cicatriz, como un grafiti en la pared.

El debate provocado por el caso de los murales en Medellín trascendió, como pocas veces antes, al ámbito nacional. La disputa por lo que deben o no decir las calles ante las responsabilidades por los hechos de violencia fue nuevamente conducida por sus detractores al plano del mutismo, apelando al miedo que podría generar la práctica de exponer nuestras tensiones en las calles y apoyándose en la retórica de “no sembrar más divisiones”. Sin embargo, lejos de lograr un silenciamiento, las acciones de borramiento expusieron su propia lógica autoritaria y encubridora. Los medios hegemónicos adoptaron la narrativa negacionista cuestionando incluso la existencia de las fosas comunes en La Escombrera y desacreditando a las familias buscadoras con preguntas que ponían en duda su credibilidad: “¿Usted podría asegurar que esas personas enterradas ahí en La Escombrera no fueron enterradas por sus familiares?”.4

En ese repertorio brutal de violencias sistemáticas, la desaparición forzada es un crimen que sintetiza la mayor crueldad posible contra un ser humano y su familia. La angustia por la suerte de un hijo crece con las horas, con los días, con los años, y en ese lugar del vacío desgarrador no hay consuelo posible. No saber si la persona está viva genera un martirio de preguntas sin respuestas que movilizan las búsquedas y que apenas con la creación de un marco institucional para la paz surgido de los Acuerdos de Paz comienza a realizarse con garantías de acompañamiento estatal.

El argumento de la estética fue también esgrimido por los detractores del Monumento a la Resistencia en Cali durante el Estallido Social.5 Su gesto plástico es contundente: un puño izquierdo de nueve metros de altura sostiene un letrero con la palabra “Resiste”, rodeado por los escudos de los miembros de los colectivos llamados “primera línea” que salieron a las calles a defender el ejercicio de la protesta y confrontaron la violencia policial. La pieza condensa la memoria de la represión, la voluntad popular asamblearia y la autoafirma-ción política de sus protagonistas, en su mayoría jóvenes, que interpelaron elstatu quo de exclusión y pobreza. Ellos y ellas escribieron en las calles: “Ya no tenemos miedo”.

El reclamo identitario es, en efecto, uno de los caminos más políticos dela memoria: monumentos, murales, marchas en las calles, batucadas, cantos ybailes populares son expresiones de aquello que dejan por fuera los relatos oficiales que nos hablan de lo que se supone somos como nación. Al tiempo que se derribaban las estatuas de los conquistadores en varios lugares del país emergió en Cali este monumento, emplazado a la vista de todos, que refleja no solo una postura de rebeldía e inconformismo ante unos contextos históricamente adversos, sino que anuncia un protagonista individual y colectivo —hasta entonces subalternizado— que es capaz de dejar claro y con voz propia su arribo a laescena pública. Su introducción en la narración de nuestras cotidianidades supera entonces la faceta de la denuncia, porque cuando las y los gestores de estas prácticas de memoria en todo el país optan por elevar su voz lo hacen tanto para reafirmarse como para notificar al país de su propia agencia ciudadana: son sujetos políticos.

A diferencia de Cali y Medellín, en Bogotá la memoria institucional y las memorias colectivas y populares conviven en una silenciosa tensión, por concentrarse allí el ejercicio público del poder central materializado en las resoluciones estéticas y arquitectónicas de la memoria, mientras que la ciudadanía se expresa en las calles y en sus murales a un ritmo acompasado con aquellas otras geografías a las que un gran porcentaje pertenece por procedencia.

Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional fueron pactados tres monumentos para honrar a las víctimas. Estos debían ser realizados con el material resultante de la fundición de las armas entregadas por los excombatientes y se emplazarían en tres lugares: Nueva York, frente a la sede principal de la ONU; Cuba, en reconocimiento a su labor como país facilitador; y Bogotá, que sería entonces la única ciudad de Colombia donde se monumentalizarían los acuerdos alcanzados.

También en Bogotá se construyó el Museo de la Memoria de Colombia, soslayando los llamados de las comunidades de víctimas y de las iniciativas de memoria a trabajar de manera descentralizada y con participación territorial.El edificio sigue inconcluso y desde 2019 enfrenta medidas cautelares de la JEP, pues su director intentó modificar el guión museográfico omitiendo la responsabilidad de las Fuerzas Militares en crímenes cometidos en connivencia con grupos paramilitares. Las organizaciones de víctimas denunciaron en su momento este intento negacionista al que se sumó la actuación de un congresista en noviembre de 2024, quien cuestionando públicamente la existencia de las 6402 víctimas de los “falsos positivos” arrojó en una bolsa de basura las botas decoradas que simbolizan estas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante los gobiernos de Uribe Vélez y que se encontraban expuestas en la entrada del Congreso en la instalación Mujeres con las botas bien puestas. La organización Madres de Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO) exigió sanción pública y disciplinaria al congresista y su retractación, demandas que fueron recientemente respondidas por la Corte Constitucional apelando al “arte como vehículo de memoria y verdad”6. Hoy permanece inscrito en muchas ciudades del país la cifra de la JEP acompañada por la pregunta: “¿Quién dio la orden?”.

A contracara, los monumentos conmemorativos activados desde la institucionalidad en Bogotá, y los creados por los Acuerdos de Paz como Fragmentos. Espacio de arte y memoria de la artista Doris Salcedo, no solo no llaman la atención de los detractores de los Acuerdos de paz, sino que, además, suelen pasar desapercibidos por la ciudadanía circunvecina y nacional. Esta instalación, denominada por su autora como un “contramonumento”, consiste en un suelo de mosaicos cuyos moldes fueron martillados por mujeres víctimas de violencia sexual de todos los grupos armados, en un gesto que alude al sometimiento del poder de las armas. La obra estará allí por cincuenta y tres años, duración que se le asigna en los Acuerdos al conflicto armado entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, y será deber del Estado garantizar que allí permanezca. Esto contrasta marcadamente con la inexistencia de un Museo de la Memoria de Colombia donde las personas víctimas puedan ejercer su derecho a la memoria y de una política pública que respalde y acompañe a las familias de las víctimas en todo el país.

Fragmentos no ha motivado ninguna expresión popular o reivindicativa en las calles y solo algunas voces críticas procedentes del universo de las artes y las culturas, al que la artista Salcedo pertenece, se han pronunciado. La escritora Carolina Sanín, por ejemplo, cuestiona la afirmación de la creadora, quien la describe como una “obra colectiva” omitiendo que fue una obra encargada, contratada y concebida individualmente; señala además que no es fragmentaria ni en forma ni en ejecución y critica que la explicación de su oposición al totalitarismo resulte confusa y promocional: “por más que hayan sido varias las mujeres que colaboraron en una de las fases de su elaboración, y que trabajaron bajo la dirección de una artista —una— y siguiendo un plan —uno—. No son fragmentarios tampoco su significado ni su efecto, aunque puedan ser múltiples y ambiguos (a menos que digamos que todo es fragmentario, etcétera, y nos sumamos en un marasmo de vaguedades)”.7

A diferencia de la vitalidad de los murales, de las calles, del color y la música que acompañan la expresión ciudadana en movilización frente a lo que nos ha ocurrido en medio de las violencias, un museo, un edificio, una artista —todo ello en singular— no hacen más que reiterar el silencio imperante en el debate público sobre la urgencia, pertinencia e importancia de la reflexión que nos debemos como país.

Las iniciativas, prácticas y lugares de la memoria que han emprendido esta tarea por cuenta propia y desde hace ya décadas reclaman su lugar en la formulación de una política pública de memoria y de museos que asegure su sostenibilidad social, política y financiera. El marco institucional para la paz creado en 2016 intenta entenderlos, acompañarlos y fortalecerlos, pero no ha presentado resultados que articulen y consoliden los procesos reflexivos necesarios para que la no repetición y la reconciliación, que son funciones de la memoria, se asuman como una tarea consciente del país y no solo de las comunidades y personas víctimas del conflicto armado. Sus líneas más estratégicas en términos de una movilización social y la realización de acciones pedagógicas ciudadanas sobre el sentido de la resolución no violenta de nuestros conflictos y de lo que debemos asumir y cambiar para que no nos siga ocurriendo, hoy no tienen expresión sustantiva en el país.

Los monumentos ordenados por la JEP como mecanismos de reparación simbólica en distintas partes del país, o incluso la exposición en Bogotá con los contenidos del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV), titulada Hay futuro si hay verdad e inaugurada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en febrero de 2024,8 son escenarios que resultan aún ajenos para las mayorías ciudadanas que no los perciben como espacios para la conversación cotidiana, en parte porque sus contenidos informativos suelen ser especializados y orientados especialmente a las víctimas y a sus colectivos.

Las agendas y dispositivos desplegados por la institucionalidad oficial de la memoria rara vez trascienden a los medios, las redes sociales o las calles. Hasta la fecha, ninguno había logrado poner en el debate público lo que lograron recientemente los murales, porque cuando el muro nombra a una víctima o señala una responsabilidad no busca contemplación sino verdad, además de acciones ciudadanas y gubernamentales reivindicativas y reparadoras porque son cicatrices profundas, dolorosas y abiertas. Tal vez ha llegado el momento de examinar por qué la memoria no precisa de curadurías expertas ni de monumentalizaciones centralizadas o proferidas por un estrado judicial para cumplir con la función de generar prácticas ciudadanas transformadoras.

Las estéticas de la memoria están profundamente ligadas a una agencia propia y en ella radica su legitimidad y reconocimiento entre la población. Son una interpelación en voz alta sobre lo que las ciudadanías cuestionan del ejercicio del poder, de su abuso. Las expresiones populares de memoria se resisten a su institucionalización y monumentalización cuando estas carecen de su voluntad, fuerza y autoría creadoras, de su intención reivindicativa y de resistencia al silenciamiento y a la impunidad, de su voluntad genuina de nunca volver al silencio.

La memoria, narrada en plural y en público, logra movilizar la reflexión y la actuación ciudadana porque es esta su principal función política. No habrá monumentos, museos, ni exposiciones suficientes para avanzar en la transformación de nuestros ciclos de violencias si no aprendemos a escucharlas, si no aceptamos su invitación a pensarnos como sociedad.