Ciclos de violencia y políticas del tiempo en los informes de las comisiones de la verdad de Colombia (2022) y México (2024) ❧

Mariana Joffily

Universidad del Estado de Santa Catarina (udesc), Brasil

María Angélica Tamayo-Plazas

Universidad Nacional Autónoma de México

https://doi.org/10.7440/histcrit101.2026.06

Recepción: 30 de octubre de 2025 / Aceptación: 20 de marzo de 2026/ Modificación: 30 de junio de 2026

Resumen. Objetivo/contexto: aunque Colombia y México no vivieron dictaduras militares en las décadas de 1960 y 1970, sí experimentaron, como la mayoría de los países latinoamericanos, la violencia contrainsurgente derivada de conflictos político-ideológicos anclados en la Guerra Fría. Ante la ausencia de quiebres institucionales, como golpes militares, la instauración de marcos socialmente aceptados para delimitar este ciclo de violencia estatal frente a otros constituye un desafío. El propósito de este artículo es analizar cómo las comisiones de la verdad colombiana (2022) y mexicana (2024) periodizan la violencia en su historia reciente. Metodología: examinamos los informes de las dos comisiones en clave comparativa y nos enfocamos en cómo se establecen las fronteras, los hitos y los ritmos temporales que diferencian el periodo de la violencia contrainsurgente de los demás. Originalidad: nuestra contribución consiste en identificar qué papel desempeñan las periodizaciones propuestas en estos relatos transicionales en la caracterización e interpretación histórica de la contrainsurgencia. Además, indagamos cómo los informes establecen —o no— una distancia entre un pasado en el que el Estado fue protagonista en las violaciones a los derechos humanos y un presente en el que se propone ejercer un rol de garante de paz, justicia y reparación. Conclusiones: en el informe colombiano, la violencia contrainsurgente se sitúa en un periodo más largo, en el que se mezclan capas de conflictividad política y de conflictividad vinculada con el crimen organizado, mientras que, en el mexicano, aparece como un periodo individualizado, inscrito temporalmente en el ciclo contrainsurgente que atravesó el continente. Las fronteras entre un antes y un después están claramente establecidas en el caso mexicano, pero siguen siendo porosas en el colombiano. Finalmente, sus periodizaciones configuran estrategias distintas de políticas del tiempo: la de Colombia se orienta a historiar los esfuerzos de paz y democratización ante la persistente violencia, y la de México a reconocer la presencia de larga duración de la violencia del Estado.

Palabras clave: comisiones de la verdad, contrainsurgencia, políticas del tiempo, violencia de Estado, Colombia, México.

Cycles of Violence and the Politics of Time in the Reports of the Truth Commissions of Colombia (2022) and Mexico (2024)

Abstract. Objective/context: Although Colombia and Mexico did not experience military dictatorships in the 1960s and 1970s, they, like most Latin American countries, did experience counterinsurgency violence stemming from political and ideological conflicts rooted in the Cold War. In the absence of institutional breakdowns, such as military coups, establishing socially accepted frameworks to distinguish this cycle of state violence from others is challenging. This article aims to analyze how the Colombian (2022) and Mexican (2024) truth commissions periodize violence in their recent histories. Methodology: We examined the reports of these two commissions comparatively and focused on how the boundaries, milestones, and temporal rhythms that distinguish the period of counterinsurgency violence from other periods are delineated. Originality: Our contribution lies in identifying the role that periodizations proposed in these transitional narratives play in the historical characterization and interpretation of counterinsurgency. Furthermore, we investigate how the reports establish—or fail to establish—a distance between a past in which the state was a protagonist in human rights violations and a present in which it proposes to serve as a guarantor of peace, justice, and reparations. Conclusions: In the Colombian report, counterinsurgency violence is situated within a longer period, encompassing layers of political conflict and conflict linked to organized crime, whereas in the Mexican report, it appears as a distinct period, temporally inscribed within the counterinsurgency cycle that swept across the continent. The boundaries between a before and an after are clearly established in the Mexican case but remain porous in the Colombian one. Finally, their periodizations shape different strategies for understanding the politics of time: Colombia’s approach focuses on historicizing peace and democratization efforts in the face of persistent violence, while Mexico’s aims to acknowledge the long-standing presence of state violence.

Keywords: Colombia, counterinsurgency, Mexico, politics of time, state violence, truth commissions.

Ciclos de violência e políticas do tempo nos relatórios das comissões da verdade da Colômbia (2022) e do México (2024)

Resumo. Objetivo/contexto: embora a Colômbia e o México não tenham passado por ditaduras militares nas décadas de 1960 e 1970, eles experimentaram, como a maioria dos países latino-americanos, a violência contrainsurgente derivada de conflitos político-ideológicos ancorados na Guerra Fria. Na ausência de quebras institucionais, como golpes militares, o estabelecimento de estruturas socialmente aceitas para delimitar esse ciclo de violência estatal ante outros é um desafio. O objetivo deste artigo é analisar como as comissões da verdade colombiana (2022) e mexicana (2024) periodizam a violência em sua história recente. Metodologia: Examinamos os relatórios das duas comissões sob uma perspectiva comparativa e nos centramos em como são estabelecidas as fronteiras, marcos e ritmos temporais que diferenciam o período de violência contrainsurgente dos outros. Originalidade: Nossa contribuição consiste em identificar que papel as periodizações propostas nessas narrativas de transição desempenham na caracterização e interpretação histórica da contrainsurgência. Além disso, investigamos como os relatórios estabelecem — ou não — uma distância entre um passado em que o Estado foi protagonista de violações dos direitos humanos e um presente em que propõe exercer o papel de garantidor da paz, justiça e reparação. Conclusões: No relatório colombiano, a violência contrainsurgente está situada em um período mais longo, no qual se mesclam camadas de conflitividade política e de conflitividade vinculada ao crime organizado, enquanto no relatório mexicano, aparece como um período individualizado, temporalmente inscrito no ciclo de contrainsurgência pelo qual o continente passou. Os limites entre um antes e um depois são claramente estabelecidos no caso mexicano, mas permanecem porosos no caso colombiano. Por fim, suas periodizações configuram estratégias distintas de políticas do tempo: a da Colômbia visa historicizar os esforços de paz e democratização diante da violência persistente, e a do México, reconhecer a presença de longo prazo da violência estatal.

Palavras-chave: Colômbia, comissões da verdade, contrainsurgência, México, políticas do tempo, violência estatal.

Introducción

Luego de la entrega del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (cev) colombiana, en junio de 2022, el presidente Gustavo Petro, recién electo, declaró: “Hay expectativas de la paz, de la posibilidad de una paz grande en la historia de Colombia, y no simplemente para cerrar unos conflictos armados para que empiecen unos nuevos, sino para que desaparezca el uso de las armas como instrumento que desdice las posibilidades de un acuerdo”1. Petro expresaba, así, la expectativa de establecer un corte en un continuum de violencia de la historia reciente colombiana. Pero advertía que “muchos gobiernos del pasado tenían muchas expectativas de paz y terminaron en medio de la sangre”2.

Si el presidente colombiano se refería a la violencia abordada por el informe como un asunto no del todo resuelto, para el gobierno mexicano los informes producidos en 2024 por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (meh) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (covehj) trataban sobre un asunto del pasado. Tras el descubrimiento, en marzo de 2025, en un rancho en Jalisco, de indicios de que este pudo haber servido como un campo de exterminio del narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum (2024-2030) declaró: “Hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado, el gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno, eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora”3.

Las intervenciones anteriores ponen de manifiesto dos relaciones distintas con el pasado reciente. Mientras en el caso colombiano se habla del peligro de un nuevo ciclo de violencia, en el mexicano se busca establecer una clara separación entre un Estado victimario del pasado, responsable de desapariciones de personas, y un presente en el que estas violencias serían obra de narcotraficantes.

Las comisiones de la verdad en América Latina estuvieron íntimamente ligadas a los procesos de transición de las dictaduras militares que vivieron diversos países del continente, en especial los del Cono Sur. En ellos, la violencia contrainsurgente del Estado contra las guerrillas, las organizaciones políticas y los movimientos sociales, en el marco de la Guerra Fría, tuvo hitos bien establecidos: los golpes de Estado militares marcan el inicio del periodo, mientras que la devolución del poder a los civiles señala la transición hacia la democracia. En estos casos, aunque el golpe haya sido precedido por manifestaciones significativas de autoritarismo4, existe un consenso social en torno a los marcos históricos que delimitan el periodo autoritario. En países como Colombia y México, que experimentaron distintos ciclos de violencia en esos mismos años, definir periodizaciones estables y socialmente reconocidas es un desafío5. Sus recientes comisiones de la verdad tuvieron la ardua labor de establecer, en una larga historia de violencia de Estado, fronteras temporales acreditadas.

El objetivo de este artículo es investigar qué lugar ocupa el fenómeno de la contrainsurgencia en los relatos transicionales recientes de Colombia y México, y cómo se articula en sus periodizaciones e interpretaciones históricas. Con este fin, comparamos los informes de la cev (2022) y del meh (2024), y observamos cómo delimitan la contrainsurgencia en las periodizaciones establecidas: su duración, marcos temporales, hitos y rasgos distintivos. Por contrainsurgencia entendemos el conjunto de políticas represivas del Estado, en el contexto de la Guerra Fría latinoamericana, basadas en la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional (dsn) y en las estrategias de la Doctrina de Guerra Revolucionaria francesa, que definen a movimientos y organizaciones políticas que luchan por transformaciones sociales como enemigos internos que deben ser neutralizados o eliminados6. Se trató de un proceso histórico que atravesó los países de América Latina, pero que asumió particularidades en cada uno de ellos, relacionadas con las tradiciones históricas y represivas nacionales.

Al considerar, además, que las comisiones de la verdad son una herramienta para transitar de un régimen autoritario a uno democrático, nos interesa investigar cómo los informes establecen una distancia entre un pasado en el que el Estado fue protagonista en las violaciones a los derechos humanos (dd. hh.), y un presente en el que se propone ejercer un rol de garante de paz, justicia y reparación. Con este fin, primero trazamos un breve repaso histórico de las comisiones de México y Colombia; segundo, analizamos los ejercicios de periodización de los informes; y, finalmente, los comparamos y reflexionamos sobre cómo opera una política del tiempo en estas definiciones de marcos cronológicos.

Los dos países comparten características que hacen posible la comparación: campañas contrainsurgentes que se desarrollaron en regímenes formalmente democráticos; existencia de coerción política y violencia ligada a la guerra contra el narcotráfico, con graves y sistemáticas violaciones a los dd. hh.; y establecimiento tardío de las comisiones de la verdad respecto de los hechos que estas debían investigar, lo que contribuyó a la dificultad para establecer puntos de quiebre claros, capaces de separar de manera más definida autoritarismo y democracia.

En términos teóricos, nos situamos en la intersección del campo de la historia del tiempo presente —análisis histórico de la realidad social vigente, en particular, aunque no exclusivamente, de pasados recientes conflictivos o traumáticos7— y el de la justicia transicional —que investiga cómo las sociedades tramitan estos pasados en procesos de transición a la paz o la democracia8—. Trabajamos, además, con la categoría de políticas del tiempo, del campo de la teoría de la historia, que se refiere a las relaciones de poder implicadas en estrategias discursivas que manejan nociones del tiempo: movilización de tiempos históricos, nociones de continuidad y discontinuidad entre pasado y presente. Finalmente, partimos de dos presupuestos. Primero, del principio de que las nociones de temporalidad no son naturales, sino objetos de disputa política, epistemológica y simbólica, es decir, mecanismos de atribución de sentido del pasado9. Segundo, de la noción de que la paseidad —idea de que una determinada realidad social pertenece al pasado— es una construcción social, sobre todo cuando se trata de un fenómeno —en este caso, la violencia del Estado— inscrito en duraciones largas y cuyos efectos persisten en el presente10.

1. Las comisiones de la verdad en Colombia y México: un repaso histórico

La cev y el meh tienen importantes antecedentes: en ambos casos, su establecimiento fue fruto del trabajo de organizaciones de defensa de los dd. hh. y de la voluntad política de los gobernantes de turno.

1.1. Colombia

La Comisión colombiana es resultado de los diálogos de paz que sostuvieron el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) entre 2012 y 2016, en La Habana, Cuba. La cev fue constituida por el Decreto Ley 588 de 2017, que estableció que sería “un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un periodo de tres años de duración”11. Fueron escogidas once personas comisionadas mediante una convocatoria pública por jurado independiente del gobierno y los partidos, “bajo los criterios de experiencia, compromiso y conocimiento del conflicto armado colombiano”12. Los perfiles fueron diversos: expertos en justicia transicional, líderes de organizaciones sociales y de víctimas, periodistas y académicos. Fue elegido como presidente de la cev Francisco de Roux, sacerdote, exprovincial jesuita, filósofo y economista, reconocido por su trabajo con víctimas del conflicto13.

El mandato de la cev fue esclarecer y promover el reconocimiento de violaciones graves a los dd. hh. y al Derecho Internacional Humanitario, las responsabilidades de los actores del conflicto, y los contextos, factores y condiciones que lo originaron y contribuyeron a su persistencia14. Se recogieron más de 27.000 testimonios en Colombia y en el exterior, y se recibieron más de 1.200 informes de esclarecimiento sobre temas y afectaciones específicas, elaborados por individuos, organizaciones sociales y centros de investigación15.

Varias comisiones e instituciones de investigación, esclarecimiento y memoria, oficiales y no oficiales, antecedieron a la cev. Las más inmediatas son la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2014-2015) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2007-presente)16, cuyos informes sirvieron de insumo para el trabajo de la cev17. El Decreto Ley 588 no impuso un marco temporal de estudio específico, por lo que su definición quedó en manos de los comisionados. La cev entregó su informe final, titulado Hay futuro si hay verdad, en junio de 2022, compuesto por once tomos y una plataforma digital. El presidente Iván Duque (2018-2022), opositor y crítico del Acuerdo de Paz, no asistió a la ceremonia de entrega18, pero sí el presidente y la vicepresidenta electos, Gustavo Petro y Francia Márquez (2022-2026).

1.2. México

La covehj fue resultado del acuerdo establecido entre colectivos de sobrevivientes, familiares y víctimas, y fue instituida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Su decreto de creación estableció “los mecanismos para el esclarecimiento histórico de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país en el periodo de violencia política comprendida de 1965 a 1990, a través de las investigaciones correspondientes, las cuales deberán realizarse sin sesgos, con independencia, imparcialidad y competencia”19, en un plazo de tres años. El periodo investigado fue caracterizado como “de violencia política”, cuando el “Estado Mexicano ha sido responsable de la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de personas”20. La covehj también tuvo importantes antecedentes: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1990), la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (2002)21, la Comisión de la verdad del Estado de Guerrero (2012) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (2014)22.

El meh fue constituido en 2021 por “personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional”. A partir de una convocatoria pública, encabezada por el subsecretario de dd. hh., Población y Migración, una representante de los colectivos de víctimas y sobrevivientes, y una autoridad de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, fueron seleccionadas cinco personas comisionadas: académicas y líderes reconocidas en materia de dd. hh.23. Los equipos recogieron cientos de testimonios en distintas partes de México, además de recopilar acervos personales y de organizaciones sociales.

En el curso de los trabajos hubo una escisión en torno a la interpretación del mandato presidencial y las funciones de la investigación, en particular, al enfoque que esta debía tener. Aunque ambos lados coincidieron en la responsabilidad del Estado como ejecutor de violaciones sistemáticas de los dd. hh., no llegaron a un acuerdo, de modo que se publicaron dos informes. Verdades innegables. Por un México sin impunidad, compuesto por cuatro tomos y dirigido por la historiadora Eugenia Allier, se centra en la persecución política a sectores directamente afectados por la contrainsurgencia: movimientos estudiantiles, obrero-sindicales, organizaciones político-militares y colectivos de familiares y sobrevivientes. Para sus críticos, esta opción representaba una lectura muy estrecha del accionar contrainsurgente. Fue el Estado, 1965-1990, firmado por los comisionados Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez, con cinco volúmenes y un anexo, se basó en un entendimiento más amplio del conjunto de víctimas: comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, personas de la comunidad sexodiversa, disidencias sociales, político-partidarias y urbano-populares. Se consideraron violaciones diversas: aquellas ocurridas en el marco del control territorial, de la lucha agraria, de proyectos desarrollistas y de otras formas de persecución. Las objeciones a esta elección señalaban la dilución de la centralidad del combate a la guerrilla en el accionar contrainsurgente24. Si la ceremonia de instauración de la comisión estuvo presidida por el presidente López Obrador, los informes finales no fueron reconocidos oficialmente por el Estado: en la página oficial de la Secretaría de Gobernación solo se encuentra el resumen ejecutivo de los cinco instrumentos de la covehj25.

En este primer acercamiento nos concentramos en el informe Verdades innegables de la comisión mexicana, dado que Fue el Estado, organizado por categorías de víctimas y casos de violaciones a los dd. hh., no presenta propiamente una periodización general. Para el caso colombiano, nos centraremos en No matarás, volumen que ofrece un relato histórico y el contexto del conflicto para los demás volúmenes del informe. Ambos presentan una narrativa temporalmente situada, con periodizaciones bien definidas del momento histórico considerado.

2. Periodizaciones

Periodizar el intervalo temporal asignado a las comisiones no fue sencillo. Los informes buscaron caracterizar, en el interior de la duración investigada, las distintas coyunturas, con sus particularidades, siempre con la preocupación de mostrar que la violencia de Estado no irrumpe repentinamente en una sociedad, sino que es producto de procesos históricos complejos.

2.1. Colombia

La falta de un periodo de estudio definido por decreto dio libertad a la cev para construirlo. El comisionado Alfredo Molano, referente de la sociología y del periodismo del conflicto armado, recopiló las discusiones en torno al recorte temporal y elaboró “una propuesta marco de la narrativa histórica”26. Los comisionados eligieron como fecha inicial 1958, cuando se inició el pacto del Frente Nacional, que intentó poner fin al ciclo de violencia bipartidista, y cerraron con la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, que estableció un nuevo pacto político para clausurar el ciclo del “conflicto insurgente-contrainsurgente”, expresión utilizada para caracterizar el periodo en su conjunto27. El término no indica causalidad, es decir, No matarás no explica la violencia contrainsurgente del Estado y otros actores como una respuesta mecánica a la violencia de las guerrillas. De hecho, el relato empieza antes de su surgimiento, y señala problemas estructurales como el predominio del latifundio y la ineficacia del Estado para implementar una reforma agraria y eliminar la violencia política.

No matarás fue dirigido por la comisionada Marta Ruiz, reconocida periodista con amplia trayectoria en la cobertura del conflicto armado y los procesos de paz. La investigación fue coordinada por el politólogo e historiador Javier Benavides28 y llevada a cabo por un equipo interdisciplinar de profesionales en historia, ciencia política, sociología y relaciones internacionales, con experiencia en investigación desde la academia, instituciones estatales y ong, acerca de distintos aspectos del fenómeno. Benavides explica que el objetivo de No matarás “fue indagar acerca de uno de los cuestionamientos casi identitario de nuestras ciencias sociales y la política en el país, la relación entre democracia y guerra”29, núcleo interpretativo del informe. Espinosa encuentra este mismo interrogante en informes de esclarecimiento anteriores, y María Emma Wills y Gonzalo Sánchez —investigadores del cnmh y asesores expertos de la cev— lo identifican en la construcción de narrativas y políticas oficiales de memoria recientes30.

El informe no buscó elaborar “una historia de la violencia en Colombia”, sino “un ejercicio de esclarecimiento de lo acontecido durante el conflicto armado insurgente-contrainsurgente, entre 1958 y 2016 (y su persistencia)”31. El informe resalta la relevancia de la periodización como instrumento organizador y comprensivo de los eventos del conflicto, reconoce sus sentidos e implicaciones epistémicas y explica que el propósito de la cev es responder “¿por qué el proceso de democratización se ha enfrentado a una persistente violencia?”32. En el informe, “el proceso de democratización” hace referencia a diversos esfuerzos, como las negociaciones para la superación del conflicto entre el Estado y los grupos armados, la participación en la política institucional de quienes dejaron la vía armada y la movilización social, entre otros esfuerzos. Así, retoma perspectivas de la investigación historiográfica y social sobre la formación del Estado y la sociedad colombiana que no atienden solo a procesos de violencia ni reducen el conflicto armado a violencias dicotómicas —de Estado/insurgente, revolucionaria/contrarrevolucionaria—, y ponen el trabajo por la paz y la democratización en el centro del análisis33.

Aunque la cev eligió iniciar en 1958, No matarás abre con un capítulo de “Antecedentes históricos (1920-1958)”, en el que señala los factores que explican el origen y la persistencia del conflicto insurgente-contrainsurgente. Esta ampliación del periodo de estudio hace eco de debates entre interpretaciones historiográficas y de informes anteriores respecto a los orígenes y la periodización del conflicto. El primer “factor de persistencia” es un ciclo de violencia anterior, claramente diferenciado, conocido como La Violencia, denominado en el informe como la “guerra civil bipartidista” de las décadas de 1940 y 1950 —con raíces en décadas anteriores—; el anticomunismo de distintos sectores; las reformas inconclusas, la agraria en particular; el constante recurso a la violencia para resolver desavenencias políticas; y la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). El periodo cierra con el Frente Nacional (1958-1974), “el pacto de las élites” para poner fin a la violencia bipartidista. El informe reconoce que, a pesar de las diferencias entre la violencia bipartidista y la violencia insurgente-contrainsurgente, hay importantes continuidades que dificultan una diferenciación tajante y subrayan la larga genealogía de la violencia política en la historia colombiana34.

De hecho, el Frente Nacional funciona como una bisagra: constituye la coyuntura que abre el primer periodo, nombrado “De la paz política a la guerra insurgente (1958-1978)”. Este es presentado como un acuerdo entre los dirigentes de los partidos Liberal y Conservador para frenar la violencia partidista, terminar con la dictadura de Rojas Pinilla y modernizar una parte del Estado. Se advierte que esta nueva configuración, por otra parte, dio origen “a la guerra insurgente y contrainsurgente”, cuyo inicio se explica por el entrecruzamiento de distintos procesos, como la ausencia de una competencia electoral, el clientelismo de los partidos, la falta de una reforma agraria, la autonomía militar que degeneró en represión e impunidad, y la urbanización acelerada, que acarrearon descontentos sociales35. La exclusión de otros partidos en el sistema político generó, además, una sensación de “asfixia democrática” que, junto con la influencia del contexto internacional —Guerra Fría, anticomunismo, injerencia de EE. UU.—, impulsó a algunos sectores de izquierdas a buscar transformaciones sociales por la vía armada. El informe también enfatiza que algunos grupos excluidos optaron por mantenerse en la arena política sin recurrir a la violencia. A su vez, caracteriza el periodo como de “incubación de la guerra”, pues la pacificación prometida y las reformas estructurales no se cumplieron, lo que provocó descontento social. El informe se orienta hacia una historiografía reciente que reconoce las responsabilidades del Frente Nacional en el origen del conflicto, pero también sus esfuerzos pacifistas36.

El hito que marca en Colombia el inicio de la contrainsurgencia es el ataque a Marquetalia en 1964, reducto de una insurgencia campesina que se convertiría después en las farc-ep. Hasta entonces, la insurgencia era un fenómeno limitado y localizado, apoyado casi exclusivamente por sectores liberales y comunistas, ante la exclusión política y la represión. En No matarás, sin embargo, las acciones militares contra Marquetalia y otras zonas fuertemente golpeadas por la violencia bipartidista son consideradas un error histórico que ayudó a gestar una nueva guerra, una opinión recogida en diálogos de paz con las guerrillas. La respuesta de los gobiernos frentenacionalistas a la amenaza guerrillera estuvo marcada por la militarización del manejo del orden público, influenciada por la ideología de la Guerra Fría y la dsn, que introdujo la noción de enemigo interno, bajo la cual se agrupaban no solo los combatientes armados, sino también opositores sociales y políticos, sindicalistas, estudiantes y activistas, considerados “subversivos”, lo que generó sentimientos de agravio y, paradójicamente, el crecimiento de la guerrilla. Se atribuyen responsabilidades a la insurgencia del periodo por mezclar “armas, elecciones y luchas sociales”, lo que “se convirtió en la excusa perfecta para la represión oficial”, y al Estado y las fuerzas de derecha por considerar “que abrir la democracia para incluir a los insurgentes era un riesgo para la sobrevivencia de la nación y apostaron por la guerra”37.

No matarás sitúa el Paro Cívico Nacional de 1977 y el Estatuto de Seguridad en 1978 como puntos de quiebre del periodo. El paro tuvo una enorme acogida en diversos sectores sociales y políticos, pero “creó la ficción de que la insurrección popular y, por ende, el triunfo de la revolución estaba cerca”38. El informe señala que esta idea fue objeto de lecturas contrastantes desde las izquierdas y el gobierno: la respuesta de este último fue la adopción del Estatuto y el inicio de la “guerra sucia”, con efectos lesivos para la pacificación.

Parece contradictorio que el segundo periodo, marcadamente represivo, inaugurado por un estado de excepción y escenario del despunte de la lucha armada, se nombre “La búsqueda de la democracia y la guerra sucia (1978-1990)”. Comprometido con una lectura histórica que pone el acento en la búsqueda de la paz, el informe caracteriza estos años como un escenario de “ampliación de la democracia” marcado por la ambigüedad, el conflicto y la violencia. Sostiene que el periodo estuvo influenciado por un contexto internacional favorable a las transiciones pacíficas, con el fin de las dictaduras en el Cono Sur y el declive de la Guerra Fría. El esfuerzo de democratización provino de fuerzas diversas con estrategias distintas: un cambio constitucional y el inicio de un proceso de paz con las farc-ep y el Movimiento 19 de Abril (M-19).

“Guerra sucia”, en No matarás, refiere a un enfrentamiento desigual entre fuerzas prodemocráticas y quienes preferían mantener el statu quo y se oponían a la entrada de nuevos actores al campo político. En este periodo, connota el escalamiento y la degradación del conflicto, la represión enmarcada en el Estatuto de Seguridad, el surgimiento de autodefensas vinculadas a carteles, el exterminio de partidos de izquierda, el encubrimiento de crímenes, la impunidad y las alianzas entre el poder político y económico con el naciente paramilitarismo. De acuerdo con el informe, la violencia paramilitar no puede ser entendida exclusivamente como una lucha contrainsurgente: hace parte de un entramado de complicidades entre carteles, altos mandos militares, funcionarios del gobierno y políticos, que desestabilizaron “lo que quedaba de democracia” en este periodo. Otros eventos clave son el “genocidio político de la Unión Patriótica”39 —movimiento político surgido de los acuerdos de paz—, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985 y la violenta retoma por parte de la fuerza pública, que tuvieron efectos nefastos, al imponer la “razón de Estado” por encima de consideraciones humanitarias. No obstante, el informe enfatiza los logros democráticos en medio de estos episodios de violencia, como la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, iniciativa impulsada por diversos movimientos sociales y sectores reformistas, descrita como el segundo “pacto nacional”, pero más pluralista, incluyente y orientado hacia una democracia liberal. Los límites y problemas de este nuevo esfuerzo son considerados el detonante del periodo siguiente.

El periodo “La ilusión de un nuevo país y la guerra por el territorio (1990-2002)” comienza con el fin de la Guerra Fría. A contracorriente de los países que transitaron entonces hacia la democracia tras el cierre del ciclo contrainsurgente, en Colombia la guerra persistió y mutó: se hizo más difusa la frontera entre distintas violencias. Vale la pena subrayar que, en el informe, se sigue caracterizando este momento del conflicto como insurgente-contrainsurgente, porque se conservaron los métodos de combate del periodo precedente y la guerrilla mantuvo un rol político y militar relevante. En concordancia con la clave “pacificadora” del informe, esta etapa se inicia con la promulgación de la Constitución de 1991, que encarnó los esfuerzos por un pacto social y político para “ampliar la democracia”, modernizar las instituciones, reconocer derechos y llegar a territorios abandonados, y concluye con el fallido proceso de paz del Caguán (1999-2002) con las farc-ep. En medio de estos dos esfuerzos pacificadores, los enfrentamientos entre los actores armados crecieron, y la disputa por el control del territorio y la población elevó los niveles de violencia a sus picos más altos en la historia del conflicto.

El informe señala como uno de los actores protagónicos del periodo a las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), grupo paramilitar de alcance nacional, aliado con agentes estatales, funcionarios públicos, narcotraficantes, políticos y élites económicas. Uno de los impactos más importantes fue el despojo de tierras con fines económicos y de control territorial. Las auc actuaron con extrema violencia para eliminar tanto a las izquierdas como a sus competidores, e instaurar sistemas de control social a través del terror. El informe advierte que el narcotráfico, un poder emergente desde finales de la década de 1970, en la de 1990 se convirtió en el principal ordenador del escenario bélico, alimentó a todos los bandos armados y desencadenó crisis institucionales.

La cev identifica la mayor crisis humanitaria del país entre 1996 y 2006, cuando se cometieron el 70 % de las violaciones a los dd. hh. El desplazamiento forzado alcanzó su pico en 2002 y se hizo evidente la escasa presencia del Estado en regiones periféricas, controladas por grupos guerrilleros y paramilitares. El informe señala que diagnosticar a Colombia como un “Estado fallido”, dada su incapacidad para proveer seguridad y derechos a una gran parte de su población —visión que circuló en ámbitos académicos y en la opinión pública—, sirvió a sectores políticos de derecha para promover un gobierno cuya bandera fue retomar por la fuerza el control sobre el territorio nacional. Aunque no hay una referencia explícita a la literatura sobre la tesis del Estado fallido, el informe deja entrever una posición crítica frente a esta y a sus efectos en la vida política del país.

Del periodo “De la guerra total a la paz inconclusa (2002-2016)”, el informe destaca el cambio en la dinámica del conflicto armado —ahora inclinado militarmente a favor del Estado— y el aumento de las violaciones a los dd. hh., en medio de esfuerzos de diálogo del Estado con los paramilitares y las guerrillas remanentes, hasta llegar a los Acuerdos de La Habana y a la constitución de la cev. El presidente Álvaro Uribe (2002-2010), con su programa de gobierno, “Seguridad Democrática”, introdujo una nueva forma de lidiar con la insurgencia al asimilarla al terrorismo internacional. Negó su carácter político y, en cambio, negoció políticamente con los paramilitares, quienes continuaron con estrategias de control territorial y poblacional. El fortalecimiento militar del Estado fue paralelo a la escalada de violencia y la degradación de la guerra; los “falsos positivos”40 fueron uno de los crímenes emblemáticos del periodo. Esto no impidió que hubiera un consenso amplio en torno a la “guerra contra el terrorismo”41, financiada por impuestos especiales y acuerdos bilaterales con Estados Unidos. No obstante, también hubo cuestionamientos a la legitimidad de grupos de poder e instituciones estatales a causa de sus pactos con grupos paramilitares y el narcotráfico.

En medio del periodo se sitúa el primer capítulo de la justicia transicional colombiana, la Ley de Justicia y Paz (2005), que permitió la desmovilización y reincorporación de las auc y otros grupos, un proceso calificado en el informe como parcial y plagado de problemas, que derivaron en el reciclaje y rearme de estos grupos. Sin embargo, la ley tuvo efectos imprevistos de visibilización de las víctimas y de su posicionamiento como actor político, y condujo a nuevas iniciativas transicionales como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), que buscó revertir el despojo42.

El proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con las farc-ep es la apuesta pacificadora que marca, en el informe, el final del conflicto insurgente-contrainsurgente. Santos, exministro y sucesor de Uribe, se inclinó por una salida negociada, sin abandonar la presión militar. Su novedad fue el abordaje de problemas estructurales como el agrario, el narcotráfico, las garantías de paz territorial y la reincorporación de los combatientes. Sin embargo, traspiés como el fallido plebiscito sobre el Acuerdo reflejaron la polarización social y política del país. El conflicto terminó formalmente; sin embargo, persiste en el “posconflicto violento” debido, en parte, a la falta de implementación sostenida de las reformas estructurales, la persistencia de grupos armados, el narcotráfico y otras economías ilegales. Se trata nuevamente de una paz inconclusa.

2.2. México

Verdades innegables fue resultado del trabajo de un equipo interdisciplinar liderado por la historiadora y comisionada Eugenia Allier Montaño. Con una larga trayectoria en el campo de la historia del tiempo presente43, había reflexionado en uno de sus trabajos sobre el desafío y la importancia de establecer marcos temporales que diferenciaran los ciclos de violencia vividos por la sociedad mexicana44. En entrevista, comentó la dificultad de definir los hitos que separan los distintos periodos y cuestionó las fechas determinadas por el propio mandato de la comisión: “No tengo tan claro por qué el periodo llegó al 90, pudo cerrarse a mediados de los ochenta, cuando el primer ciclo de organizaciones político-militares ya había acabado”45. Así, la periodización en el informe se estableció a partir de un denominador común entre las concepciones académicas de la coordinación de los trabajos, el mandato establecido por la presidencia y los marcos socialmente reconocidos por los movimientos políticos organizados, cuya persecución fue el tema central.

Se optó por caracterizar el periodo establecido en el mandato (1965-1990) como un “sistema represivo contrainsurgente”, pero, como en el informe colombiano, se tomó distancia de las fechas límite. 1965 no es considerado la “hora cero” de la violencia de Estado contra sectores disidentes, sino parte de un proceso histórico, un punto de quiebre en el curso de la modernización autoritaria del Estado mexicano posrevolucionario. El recorrido que va del viraje de finales de la década de 1930 hasta 1965, titulado “Gestación del régimen autoritario y violencia de Estado, 1938-1965”, muestra cómo los cambios económicos del desarrollo industrial y el giro contrarrevolucionario que siguió al gobierno de Lázaro Cárdenas agudizaron las desigualdades sociales. Además de la degradación de las condiciones de vida de poblaciones obreras y campesinas, estas transformaciones produjeron movilizaciones sociales que se radicalizaron en las décadas siguientes como respuesta a un proceso continuo de marginación social y económica. Se trata de un esfuerzo por situar el ciclo contrainsurgente en una historia más larga de la violencia del Estado y evitar una idea de excepcionalidad del periodo considerado por la comisión46. En este sentido, hay un posicionamiento claro en favor de una historiografía reciente que critica la tendencia a sobrevalorar los instrumentos estatales de negociación, cooptación e inclusión —en gran parte promovidos por el Partido Revolucionario Institucional (pri)—, y a invisibilizar el frecuente recurso a la fuerza47.

La contrainsurgencia no aparece aquí solamente como una reacción a un nuevo tipo de insurgencia, bajo la influencia de la Revolución cubana, sino como el resultado de la intensificación de un proceso de exclusión social. Las justificaciones, los mecanismos y los dispositivos empleados tomaron una forma que combinó elementos de la política interna con el contexto internacional de la Guerra Fría y de la dsn, “que el Estado mexicano adoptó al interpretar la oposición y las disidencias políticas como amenazas a su estabilidad”48. Según el informe, lo que diferencia el periodo 1965-1990 del anterior no es la utilización de la fuerza por parte del Estado contra los opositores políticos, sino su sistematización y planificación. No es casual que su primera etapa se denomine “Consolidación del autoritarismo y configuración de la estrategia contrainsurgente, 1965-1972”, lo que indica claramente la continuidad con el periodo precedente y, al mismo tiempo, la gestación de una lógica represiva distinta. La razón por la cual se considera 1965 como el año que inaugura el “giro contrainsurgente” se justifica por el modo elegido por el Estado para hacer frente al ataque al cuartel de Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre, que “marcó la pauta para que se inaugurara en México una política de Estado que tuvo como objetivo el exterminio de las opm [Organizaciones Político-Militares]”49. El hito está en la dinámica entre la acción guerrillera y la respuesta represiva, con el despliegue de una fuerza coordinada de destacamentos militares para combatir el Grupo Popular Guerrillero, organización que promovió el ataque. Dos elementos significativos de este evento fueron la decisión de eliminar a los combatientes y la creación del Grupo de Investigaciones Especiales C-047, dirigido por Miguel Nazar Haro, en el interior de la División Federal de Seguridad, con el objetivo de recoger, sistematizar y analizar informaciones sobre las organizaciones de izquierda y orientar el combate a la guerrilla. Se inauguró así un nuevo patrón represivo de la violencia del Estado, que se intensificaría aún más en los años setenta50.

La masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 —hecho profundamente arraigado en la memoria social—, está inserta en un conjunto de acontecimientos de violencia del Estado contra el movimiento estudiantil, ocurridos en distintas partes del país. Tlatelolco es representado como el pináculo de una serie de acciones represivas contra el movimiento estudiantil, que se extiende hasta la masacre de 1971 —el Halconazo—. Aunque en esa fase la violencia del Estado ya estuviera configurada bajo la lógica de la estrategia contrainsurgente, está diferenciada del momento posterior por dos elementos clave. En primer lugar, por la persistencia, pese a la existencia de organizaciones de izquierda, de la apuesta por las movilizaciones sociales por vías institucionales. En segundo lugar, porque la estrategia de la desaparición forzada permanente no era preponderante: muchos detenidos que pasaron por los centros clandestinos de detención en ese momento se convirtieron en presos oficiales51.

En la fase siguiente, “Radicalización del autoritarismo y escalamiento de la contrainsurgencia, 1973-1985”, la línea divisoria no está tan clara, pero se puede inferir que se trata del evento calificado por el informe como “uno de los acontecimientos más paradigmáticos de la década de los setenta, ya que marca una tendencia en la intensidad del combate contra la lc23s [Liga Comunista 23 de Septiembre] y, en general, contra las opm”52: el secuestro malogrado del empresario Eugenio Garza Sada en Monterrey, Nuevo León. Una vez más, lo que separa un subperiodo del otro es la dinámica entre la acción guerrillera y la respuesta represiva. El empresario integraba el Grupo Monterrey, que reunía a los empresarios más poderosos del país, y el intento de secuestro elevó la presión por parte de este sector para endurecer la represión contra las guerrillas. La coyuntura, conforme señala el informe, fue la de una política de doble signo: el presidente Luis Echeverría (1970-1976) buscaba recuperar apoyo social, seriamente comprometido por la masacre de 1968, y estableció, por un lado, una política de apertura —recepción de exiliados políticos de Latinoamérica, incentivo a la creación de instituciones educativas y centros de investigación científica, y programas sociales— y, por otro, la intensificación de prácticas contrainsurgentes conocidas como “guerra sucia”, expresión que, a diferencia del caso colombiano, en México abarca todo el periodo contrainsurgente53.

En este momento de proliferación de grupos guerrilleros gana centralidad un combate sistemático, planificado y coordinado entre fuerzas policiacas, de inteligencia e instituciones militares. Además de grupos paraestatales que ya actuaban en el control social —“porros”, pistoleros y guardias blancas (brazo armado de caciques o latifundistas de zonas rurales)—, se crearon grupos especiales como el Batallón Olimpia, los Halcones (grupo paramilitar) y la Brigada Especial o Blanca (1976). Hay un enorme incremento del número de desapariciones forzadas en centros clandestinos de detención, que instaló esta práctica en el accionar contrainsurgente. Por su amplitud y sistematicidad, la violencia de Estado es caracterizada como “terrorismo de Estado”54. La Ley de Amnistía de 1978, fruto de la intensa movilización de grupos de defensa de dd. hh., familiares de desaparecidos y expresos políticos, y de la presión de organismos internacionales, no abre una nueva fase en la periodización establecida por el informe. Se considera un evento relevante de la fase más dura de la contrainsurgencia mexicana, pero será otro acontecimiento el que señale el fin de este subperiodo.

La transición al momento posterior, distinguido por el subtítulo “Persistencia de la violencia de Estado en la crisis del autoritarismo, 1986-1990”, se establece a partir de un parteaguas que cierra la fase anterior: el fin de la División Federal de Seguridad, órgano central del accionar contrainsurgente, en 1985. Las razones de su desmonte prefiguran un nuevo ciclo histórico, dado que la agencia de inteligencia se vio involucrada en escándalos por la participación de sus agentes en el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que implicó un enorme desprestigio. Este periodo puede ser considerado como puente hacia otro momento, pese a la supervivencia residual de algunas organizaciones guerrilleras y la permanencia de la represión política en operativos más acotados y selectivos. El informe apunta cambios importantes, como la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt), en 1986, que insertó al país en la lógica del neoliberalismo. Se reconfiguró el modelo económico, con la adopción de nuevas tecnologías y con drásticas consecuencias para las relaciones laborales. Nótese que se habla de “crisis del autoritarismo” y no de redemocratización.

La violencia de Estado, en esta etapa, se fue orientando contra candidatos y partidos políticos que amenazaban la hegemonía del pri. Nuevos actores políticos y sociales emergieron con la disolución paulatina de las guerrillas y un creciente reconocimiento social de las pautas de defensa de los dd. hh. El cierre del volumen apunta a la continuidad de la violencia de Estado, aunque bajo lógicas distintas: “Finalmente cabe mencionar que las vvggddhh [violaciones graves de dd. hh.] cometidas a partir de la década de los noventa, por sus diferencias y continuidades con el periodo abordado por el meh, son un tema necesario de reconocer y abordar en investigaciones y comisiones futuras”55. El señalamiento del informe disputa la estrategia del gobierno de encapsular la violencia perpetrada por el Estado mexicano en el pasado, al indicar la necesidad de comisiones para investigar los ciclos de violencia que se sucedieron.

3. Comparación

El contraste más evidente entre los informes es el periodo que cubren —1958-2016 para Colombia y 1965-1990 para México—, resultado tanto de una decisión política de los respectivos gobiernos como de la diferencia entre los procesos históricos y de lo que se entiende por contrainsurgencia. El informe colombiano contiene una comprensión de la violencia contrainsurgente distinta de la del informe mexicano y de la historiografía latinoamericana en general56. Esta última habla de una violencia del Estado situada en las disputas político-ideológicas de la Guerra Fría latinoamericana, caracterizada por un accionar de las fuerzas de seguridad que combina prácticas legales e ilegales —detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, desapariciones, centros clandestinos de detención, operativos conjuntos de fuerzas policiales y militares y, en algunos casos, paramilitares—. Verdades innegables se inscribe en esta interpretación, al insertar el caso mexicano en el ciclo contrainsurgente que atravesó el continente. No matarás, en cambio, aunque comparte elementos importantes de esta caracterización, extiende su sentido. Al considerar un periodo más largo, no toma la contrainsurgencia como un ciclo aislado, sino como un elemento constitutivo de un duradero conflicto armado, y abarca —sin equipararlas—, además de la violencia del Estado, la insurgente, la de los paramilitares y la del narcotráfico. En este sentido, desborda el marco de la Guerra Fría y, con ello, la especificidad del factor político-ideológico que separa la contrainsurgencia de la guerra contra las drogas, lo que complejiza su relación. La periodización del informe colombiano se distingue del marco de otras comisiones latinoamericanas en la caracterización temporal de la contrainsurgencia por la existencia de dos elementos de continuidad: el hecho de que algunos grupos guerrilleros colombianos hayan decidido seguir en armas, en un momento en que otros sectores del movimiento insurgente apostaban por la política partidista y distintas formas organizativas, y la persistencia en la utilización de los métodos contrainsurgentes por parte del Estado.

En México, la gran mayoría de los sobrevivientes de la violencia contrainsurgente fueron cambiando progresivamente su estrategia política y encontraron nuevas militancias, algunas políticas y otras en la movilización social por los dd. hh. Solo una minoría decidió continuar con la lucha armada. En Colombia, por el contrario, una parte significativa del movimiento guerrillero siguió activa por décadas, llegó a acumular un poder que desafió al Estado y su involucramiento con el narcotráfico superpuso una capa más de complejidad al conflicto, lo que hizo difusa la frontera que en otros países es clara entre el ciclo contrainsurgente y el de la “guerra contra el narcotráfico”. Esa trayectoria no se alinea con el proceso más amplio en la región por el cual la apuesta por la transformación radical de la sociedad en la década de 1980 se fue convirtiendo, con la derrota de la guerrilla en casi todo el continente, en una militancia política en clave de dd. hh. o en una apuesta por la vía partidario-institucional. En Colombia, el surgimiento de este activismo se articuló a partir de otros actores y tuvo que convivir con la persistencia de la guerrilla. Desde el punto de vista político, pero también historiográfico, aunque en el proceso colombiano las variables de la violencia estatal y de los grupos afectados por esa violencia estén claramente presentes, se interponen otros factores, como la violencia guerrillera contra poblaciones civiles, lo que impide una lectura maniqueísta del Estado violador frente a insurgentes que adoptaron la lucha armada ante el cierre de las opciones institucionales de actuación política. Desde la noción de política del tiempo, en Colombia las ambigüedades y paradojas del conflicto y sus actores no permiten al informe utilizar la contrainsurgencia como un periodo, un instrumento organizador del tiempo, sino como una constante que debe rastrearse.

En los dos países, las fuerzas de seguridad que actuaron en la contrainsurgencia se aliaron con actores del narcotráfico, mientras que, en teoría, lo combatían; además, hubo una yuxtaposición entre la persecución de guerrilleros y narcotraficantes, incluso con la utilización de los mismos métodos. En México, la Operación Cóndor (1977-1988), desplegada en el Triángulo Dorado —Sinaloa, Durango y Chihuahua—, según sostiene Adela Cedillo, “funcionó como una campaña contrainsurgente orientada a suprimir los movimientos sociales y armados, eliminar a narcotraficantes para reducir la competencia y reorganizar la industria de las drogas para proteger a los principales jefes del narco”57. En el informe mexicano, aunque se menciona la operación, la guerra contra las drogas está mayoritariamente asociada a un periodo posterior —no cubierto por el mandato de la Comisión—, iniciado durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se produjo una escalada sin precedentes en el combate militarizado al narcotráfico. En el colombiano, en contraste, no es presentada como otro ciclo de violencia, sino como un factor fundamental en la ampliación y degradación del conflicto armado. Eso significa que mientras la contrainsurgencia, como factor determinante de las violaciones a los dd. hh. por parte del Estado, es el centro del informe mexicano, en el colombiano aparece simultáneamente como una forma de violencia persistente y como una violencia entre otras.

Un punto en común de los informes es la preocupación por adoptar una perspectiva histórica y retroceder en el tiempo para explicar cómo se gestó el periodo de investigación. En otras palabras, una historicidad más larga de estas violencias relativiza la excepcionalidad de los periodos considerados. El informe colombiano retrocedió hasta 1920 y el mexicano a 1938. No hay una justificación desarrollada para la elección de estos años. Para el caso colombiano, se señala que son décadas de política exterior orientada a Estados Unidos, anticomunismo y reformas sociales frustradas. En el mexicano, se refiere a la fase de conservadurismo del periodo posrevolucionario.

Los factores que llevaron a la violencia contrainsurgente en los dos países son semejantes e incluso generalizables a países de la región que vivieron dictaduras militares: descontento social traducido en diversas formas de oposición política y social; creciente presencia del actor militar en el orden público; anticomunismo y desarrollo de la dsn, basada en la figura del “enemigo interno”; contexto internacional de la Guerra Fría, y opción por la lucha armada por parte de contingentes de la izquierda58. Pero los marcos cronológicos son distintos. En Verdades innegables, el periodo considerado empieza en 1965, con el asalto al cuartel Madera por un grupo guerrillero, acto inspirado en el ataque al cuartel Moncada (1953), en Cuba. La justificación es que con este hecho se inaugura, en México, una forma distinta de reprimir no solo a una insurgencia embrionaria, sino también a los movimientos políticos y sociales, en un escenario de creciente autoritarismo. En contraste, el marco inicial de No matarás no es una acción insurgente o represiva, sino una acción de paz —polémica y compleja—: el pacto entre las élites del Frente Nacional. El hilo conductor del informe son los esfuerzos de pacificación y democratización ante la conflictividad política, no la violencia del Estado. En este sentido, se trata de una periodización más autorreferente, es decir, sometida a la lógica de la violencia nacional y a los intentos de superarla.

La contrainsurgencia, en su sentido más clásico de conflicto político-ideológico, es presentada en ambos casos en dos tiempos. En un primer momento —1964 para Colombia y 1965 para México—, se identifica un cambio en la lógica de los conflictos sociales, con una progresiva polarización política y una tendencia del Estado a considerar los movimientos sociales como una amenaza al orden social. En un segundo momento —1973 para México y 1978 para Colombia—, hay una intensificación de la violencia represiva, caracterizada respectivamente en términos de “escalamiento de la contrainsurgencia” y “guerra sucia”. En el caso mexicano, el marco es una acción guerrillera que resultó en la muerte de un importante empresario, lo que provocó el recrudecimiento de la represión. En el colombiano, es el Estatuto de Seguridad, que instauró un nuevo estado de excepción. Curiosamente, pese a las diferencias importantes en los desarrollos de la historia de los dos países y en la manera de periodizarlos, ambos informes localizan el cierre del ciclo contrainsurgente, o de una de sus fases —en el caso colombiano—, a finales de la década de 1980, con el término de la Guerra Fría. El informe mexicano, si bien menciona continuidades con los periodos posteriores, se limita a señalar el cierre del ciclo y el comienzo de la era neoliberal. El conflicto colombiano persiste en las décadas siguientes, aunque con importantes mutaciones, debido al fortalecimiento de las farc-ep y el eln, y de nuevos actores armados, como los paramilitares-narcotraficantes. En ambos casos, se demuestra que la aparición de la violencia contrainsurgente no es una excepcionalidad histórica ni un capítulo totalmente aislado de las historias nacionales. Pero esa violencia se singulariza más en el caso mexicano, donde las guerrillas fueron eliminadas, lo que explica que el mandato de la comisión se dedique exclusivamente a este periodo, mientras que, en el caso colombiano, la contrainsurgencia se diluye en un marco más complejo y extenso de conflictividad política.

Las periodizaciones expresan claramente las políticas del tiempo adoptadas en cada informe. El eje interpretativo del informe colombiano —¿por qué el proceso de democratización se ha enfrentado a una persistente violencia?—, así como sus subtítulos —“De la paz política a la guerra insurgente (1958-1978)”, “La búsqueda de la democracia y la guerra sucia (1978-1990)”, “La ilusión de un nuevo país y la guerra por el territorio (1990-2002)” y “De la guerra total a la paz inconclusa (2002-2016)”— apuntan a comprender las dificultades de los intentos de pacificación y apertura democrática en distintos momentos, y los límites de la clave interpretativa insurgencia/contrainsurgencia. Como señala Benavides, No matarás se aparta de “miradas normativistas que antagonizan democracia y violencia” y opta por “entender esa interacción con mayor complejidad en contextos territoriales y nacionales determinados”59. Los subtítulos del informe mexicano —“Consolidación del autoritarismo y configuración de la estrategia contrainsurgente, 1965-1972”, “Radicalización del autoritarismo y escalamiento de la contrainsurgencia, 1973-1985” y “Persistencia de la violencia de Estado en la crisis del autoritarismo, 1986-1990”—, por otro lado, subrayan el rol central que tuvo la coerción estatal en México durante el periodo considerado. Las dos comisiones adoptan, por lo tanto, distintas políticas del tiempo: la de Colombia se orienta hacia la perenne búsqueda de democracia y paz, y la de México hacia el reconocimiento de la presencia de larga duración de la violencia del Estado. En ambos casos, disputan las memorias colectivas hegemónicas sobre el periodo: en el colombiano, aquellas en las que hay un énfasis en el agravio, no en los esfuerzos por ampliar la democracia y lograr la paz; y, en el mexicano, una idea de la excepcionalidad del país respecto a la violencia política del periodo de la Guerra Fría, presente incluso en la historiografía dominante60.

Ambos informes señalan que el final del periodo considerado no implica una discontinuidad histórica total, en la medida en que la violencia del Estado sigue bajo otras formas. Con eso, sin renunciar a la caracterización del periodo en que centran sus investigaciones ni a señalar sus singularidades, evitan caer en la trampa de establecer una frontera definitiva entre un antes y un después en el empleo arbitrario de la violencia estatal, que pudiera servir como mecanismo exculpatorio del Estado y sus agentes. No obstante, hay dos diferencias centrales. La primera es que, en el caso mexicano, los eventos analizados se encuentran en una temporalidad distinta de nuestro presente, porque el periodo abordado finaliza en 1990. El informe colombiano también intenta introducir un corte en el tiempo —antes y después del Acuerdo de 2016—, pero se acerca mucho más a la contemporaneidad. Por tratar un periodo tan reciente, de alguna manera estira la lógica del dispositivo transicional —que normalmente se aplica a un pasado considerado relativamente cerrado— y la desborda, al adoptar una lectura más comprensiva de la violencia de Estado. La existencia, a lo largo del tiempo, de distintas comisiones de la verdad en Colombia, acompañada de la persistencia de conflictos armados, también demuestra las limitaciones de este instrumento para contribuir al fin de las violencias y restaurar un sentido mínimo y pacificado de la comunidad nacional. La segunda diferencia es que la duración tiene sentidos inversos. El mexicano caracteriza claramente un ciclo contrainsurgente, pero evita, al singularizarlo, encapsular la violencia de Estado en este único periodo. El colombiano, al revés, busca demostrar que, pese a la larga historia de violencias que sumerge al país, su historia también es la de la búsqueda de la paz, es decir, la violencia atraviesa el pasado colombiano, pero no es destino.

Conclusiones

Las comisiones de la verdad de Colombia y México son parte del esfuerzo por comprender los distintos ciclos o capas de violencia, lo que implica definir hitos socialmente reconocidos y estables para demarcar el fenómeno. Su propio establecimiento indica la existencia de periodos de violaciones graves a los dd. hh. cuya investigación sería un paso en el camino de su superación. Pero importantes obstáculos se interponen en esta vía. El hecho de que las violencias hayan ocurrido bajo sistemas formalmente democráticos hace aún más inestables y sujetos a interpretación los marcos históricos propuestos por las comisiones. Pese a sus particularidades, hay elementos que atraviesan los periodos y persisten, lo que dificulta tratar ese pasado reciente como un hecho acabado. Más bien, conducen a pensar la violencia como un fenómeno estructural y no coyuntural.

Las periodizaciones no son fijas e implican necesariamente una interpretación histórica. En la discusión pública, tienen la función de establecer referentes comunes para una construcción compartida —aunque plural— del pasado, si bien sus sentidos varían según los diferentes ámbitos. En el campo político, las periodizaciones funcionan como instrumento de gobernabilidad para establecer al gobierno de turno como representante de una nueva era de verdad, memoria, justicia y reparación frente a un pasado de violaciones graves a los dd. hh. En el ámbito de las comisiones de la verdad, cumplen un papel situado entre su valor explicativo y su dimensión política, razón por la cual las interpretaciones que argumentan la continuidad o el carácter estructural de la violencia pueden hacer que las comisiones entren en tensión con el poder político. Con todo, se trata de apuestas por la posibilidad de conocer el pasado —verdad, memoria—, ponderar sus impactos corrientes, arreglar cuentas con él —reparaciones— y, al mismo tiempo, identificar los elementos que favorecen la continuidad de la violencia y ofrecer recomendaciones para su resolución —no repetición—.

Respecto al esfuerzo de fijar fronteras entre un antes y un después, los informes analizados adoptan posturas distintas. En el caso colombiano, esta operación resulta más difícil por la persistencia de actores y factores que alimentan nuevos ciclos de violencia, como indican las palabras del presidente Petro. En el último tramo de la periodización se habla de “paz inconclusa”, de manera que el proceso sigue abierto. En el mexicano, aunque se titule su último apartado “Persistencia de la violencia de Estado en la crisis del autoritarismo”, se establece claramente el fin del ciclo contrainsurgente y se apunta a la necesidad de una nueva comisión de la verdad para investigar ciclos posteriores.

Los informes proponen periodizaciones que configuran estrategias distintas de políticas del tiempo: la de Colombia establece un continuum entre la violencia contrainsurgente y la derivada del crimen organizado, y se centra en la búsqueda de la paz y la democracia; la de México singulariza la contrainsurgencia como fenómeno histórico, sin dejar de reconocer la presencia de larga duración de la violencia del Estado. Al apuntar continuidades, los informes no cumplen totalmente con la aspiración de los gobiernos que las instituyeron de erigir una distancia entre un pasado en el que el Estado fue uno de los principales protagonistas de las violaciones a los dd. hh. y un presente en el que se propone ejercer un rol de garante de justicia y reparación. Si bien la propia conformación de las comisiones de la verdad expresa la intención del gobierno de turno de operar esta separación temporal, sus dinámicas concretas muestran que las políticas del tiempo, como cualquier otra esfera del quehacer político, son espacios de disputa que escapan a los designios del poder constituido. Las comisiones abrigan, además, múltiples contradicciones. La consigna “¡Nunca más!” sigue vigente en su espíritu, aunque parezca cada vez menos potente en un México decepcionado con la reducida recepción oficial de sus informes, o en una Colombia cuyo historial de comisiones convivió con reiterados retrocesos democráticos y violencia61.

Ambas comisiones, finalmente, encierran una paradoja. Por un lado, son un esfuerzo por afrontar y superar lo ocurrido en un determinado periodo histórico; por reconocerlo y, al hacerlo, intentar remediarlo y situarlo en el pasado. Por otro, inevitablemente plantean una serie de cuestiones sobre ese pasado que reavivan problemas del presente. Así, en lugar de cerrar una discusión, terminan suscitando muchas otras.

Bibliografía

Fuentes primarias

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19. Benavides, Javier. “Un acercamiento al tomo No matarás del Informe Final de la cev”. Ponencia presentada en el Seminario clacso, A un año de la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad, ¿En qué vamos?, virtual, 26 de octubre de 2023). https://www.academia.edu/121182139/Un_acercamiento_al_tomo_No_Matar%C3%A1s_del_Informe_Final_de_la_CEV
20. Bevernage, Berber. “‘A passeidade do Passado’: reflexões sobre a política da historicização e a crise da passeidade historicista”. Revista de Teoria da História 24, n.° 1 (2021): 21-39. https://doi.org/10.5216/rth.v24i1.69673
21. Bevernage, Berber y Chris Lorenz. “Breaking up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future”. Storia della Storiografia. Rivista internazionale, n.° 63 (2013): 31-50, https://digital.casalini.it/2632016
22. Camacho, Carlos, Margarita Garrido y Daniel Gutiérrez, editores. Paz en la república: Colombia, siglo xix. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018.
23. Cedillo, Adela. “Operation Condor, the War on Drugs, and Counterinsurgency in the Golden Triangle (1977-1983)”. Kellogg Working Paper, n.° 443 (2021). https://kellogg.nd.edu/operation-condor-war-drugs-and-counterinsurgency-golden-triangle-1977-1983
24. Cuesta Bustillo, Josefina. Historia del presente. Madrid: eudema, 1993.
25. Espinosa Moreno, Fernanda. “Esclarecimiento y periodización. Una aproximación a las cronologías y narrativas históricas producidas por las comisiones en Colombia”. En Comisiones e iniciativas de verdad y memoria en Iberoamérica: prácticas, desafíos y aprendizajes, editado por María Angélica Tamayo Plazas y Juan Sebastián Granada Cardona. Ciudad de México/Bogotá: Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad del Rosario, 2025, 71-120.
26. Esposito, Fernando, y Tobias Becker. “The Time of Politics, the Politics of Time, and Politicized Time: An Introduction to Chronopolitics”. History and Theory 62, n.° 4 (2023): 3-23. https://doi.org/10.1111/hith.12324
27. Fazio, Hugo. La historia del tiempo presente: historiografía, problemas y métodos. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010.
28. Franco, Marina y Mariana Iglesias. “El estado de excepción en Uruguay y Argentina. Reflexiones teóricas, históricas e historiográficas”. Revista de História Comparada 5, n.° 1 (2011): 91-115. https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada/article/view/69
29. González, Fernán. Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Universidad Javeriana, 2014.
30. Hayner, Priscilla. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. Nueva York: Routledge, 2011.
31. Jaramillo Marín, Jefferson. Pasados y presentes de la violencia en Colombia: estudio sobre las comisiones de investigación (1958-2011). Bogotá: Universidad Javeriana, 2014.
32. Karl, Robert. La paz olvidada: políticos, letrados, campesinos y el surgimiento de las farc en la formación de la Colombia contemporánea. Bogotá: Lerner, 2018.
33. López-Pedreros, Ricardo y Lina Britto, editores. Histories of Solitude: Colombia, 1820s-1970s. Nueva York/Londres: Routledge/Taylor & Francis, 2024.
34. Naranjo Aristizábal, Sandra. “La disputa por la verdad en un escenario de transición por construir”. En El Acuerdo de paz en Colombia: entre la perfidia y la potencia transformadora, editado por Jairo Estrada Álvarez. Buenos Aires: clacso, 2019, 205-238.
35. Pettinà, Vanni. Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. Ciudad de México: El Colegio de México, 2018.
36. Rettberg, Angelika. Buscar la paz en medio del conflicto: un propósito que no da tregua. Un estudio de las iniciativas de paz en Colombia (desde los años 90 hasta hoy). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2006.
37. Sánchez, Gonzalo. Memorias, subjetividades y política. Ensayos sobre un país que se niega a dejar la guerra. Bogotá: Planeta, 2019.
38. Teitel, Ruti. Justicia transicional. Bogotá: Universidad Externado, 2017.
39. Vicente, Camilo. [Tiempo suspendido]: una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980. Ciudad de México: Bonilla Artigas, 2019.
40. Vicente, Camilo. Instantes sin historia: la violencia política y de Estado en México. Ciudad de México: unam-iih, 2023.
41. Vicente, Camilo, y Carlos Dorantes. “Registro y administración de la violencia: usos de la desaparición de personas en México”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2018). https://doi.org/10.4000/nuevomundo.72697
42. Wills Obregón, María Emma. Memorias para la paz o memorias para la guerra: las disyuntivas frente al pasado que seremos. Bogotá: Planeta, 2022.

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❧ Esta investigación fue financiada por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (cnpq) y por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (secihti) de México, a través de su Programa de Becas Postdoctorales.

1 “‘La verdad no puede ser un espacio de venganza’: Petro sobre el informe de la Comisión”, Radio Nacional de Colombia, 28 de junio de 2022.

2 “‘La verdad no puede ser un espacio de venganza’”.

3 Presidencia de la República de México. “Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, 21 de marzo de 2025.

4 Marina Franco y Mariana Iglesias, “El estado de excepción en Uruguay y Argentina”, Revista de História Comparada 5, n.° 1 (2011).

5 Fernanda Espinosa, “Esclarecimiento y periodización. Una aproximación a las cronologías y narrativas históricas producidas por las comisiones en Colombia”, en Comisiones e iniciativas de verdad y memorias en Iberoamérica, editado por María Angélica Tamayo Plazas y Juan Sebastián Granada-Cardona (Ciudad de México/Bogotá: Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad del Rosario, 2025); Eugenia Allier, Camilo Vicente y Juan Sebastián Granada, “Recasting History to Cast off Shadows”, en Disappearances in Mexico, editado por Silvana Mandolessi y Katia Olalde (Londres: Routledge, 2022).

6 Camilo Vicente, [Tiempo suspendido]: una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980 (Ciudad de México: Bonilla Artigas, 2019), 54-55.

7 Hugo Fazio, La historia del tiempo presente (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010); Josefina Cuesta, Historia del presente (Madrid: eudema, 1993).

8 Ruti Teitel, Justicia transicional (Bogotá: Universidad Externado, 2017); Priscilla Hayner, Unspeakable Truths (Nueva York: Routledge, 2011); Onur Bakiner, Truth Commissions: Memory, Power, and Legitimacy (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2016).

9 Fernando Esposito y Tobias Becker, “The Time of Politics, the Politics of Time, and Politicized Time: An Introduction to Chronopolitics”, History and Theory 62, n.° 4 (2023).

10 Berber Bevernage, “‘A passeidade do Passado’: Reflexões sobre a política da historicização e a crise da passeidade historicista”, Revista de Teoria da História 24, n.° 1 (2021); Berber Bevernage y Chris Lorenz, “Breaking up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future”, Storia della Storiografia, n.° 63 (2013).

11 Decreto Ley 588 de 2017. La pandemia de COVID-19 llevó a una ampliación del mandato por seis meses.

12 “Las y los comisionados”, Comisión de la Verdad. Legado, fecha de consulta 13 de mayo de 2025.

13 Las personas comisionadas fueron Alejandra Miller, Alejandro Valencia, Alfredo Molano (fallecido en 2019), Saúl Franco, Lucía González, Marta Ruiz, Guillermo Ospina (renunció en 2022), Ángela Salazar (fallecida en 2020), Patricia Tobón, Carlos Beristain, Alejandro Castillejo y Leyner Palacios.

14 Decreto Ley 588 de 2017, art. 11.

15 “Sistematización de casos e informes recibidos por la cev (2018-2022)”, Comisión de la Verdad. Legado, fecha de consulta 15 de mayo de 2026.

16 Jefferson Jaramillo, Pasados y presentes de la violencia en Colombia (Bogotá: Universidad Javeriana, 2014).

17 Espinosa, “Esclarecimiento y periodización”.

18 En su representación estuvo el ministro del Interior, Daniel Palacios.

19 Presidencia de la República de México, “Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”, Diario Oficial de la Federación, 6 de octubre de 2021, art. 3.°.

20 Presidencia de la República de México, “Decreto por el que se crea la Comisión”.

21 Camilo Vicente y Carlos Dorantes, “Registro y administración de la violencia”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2018): 2; Alexander Aviña, “Crónica de una injusticia anunciada”, Nexos, 1.° de enero de 2025.

22 Para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural en 2014, caso ilustrativo de las continuidades de la violencia de Estado en México.

23 Presidencia de la República de México, “Decreto por el que se crea la Comisión”; “Renuncia Aleida García a la comisión especial sobre la guerra sucia”, La Jornada, 26 de septiembre de 2022.

24 Véanse Jaime Ortega, “‘Verdades innegables’: entrevista con Eugenia Allier Montaño”, Memoria, junio de 2024; Carlos Acuña, “‘La contrainsurgencia fue más amplia de lo que pensábamos’: entrevista con Carlos Pérez Ricart”, Fábrica de Periodismo, 10 de septiembre de 2024.

25 El informe Verdades innegables está alojado en el sitio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, fecha de consulta 13 de mayo de 2025, https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Verdades_innegables_Por_un_Mexico_sin_impunidad. Fue el Estado se publicó en un sitio particular, fecha de consulta 13 de mayo de 2025, http://www.meh.org.mx/especial-informe-final/

26 cev, No matarás. Relato histórico del conflicto armado en Colombia. Informe Final (Bogotá: cev, 2022), 11.

27 Los distintos equipos de investigación hicieron ajustes a dicha periodización para responder a los temas y enfoques de cada volumen.

28 Javier Benavides, “Los nombres de nuestra guerra: balance del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en Colombia”, Análisis Político 31, n.° 93 (2018); Javier Benavides, “Un acercamiento al tomo No matarás del Informe Final de la cev” (ponencia en el Seminario clacso, 2023).

29 Benavides, “Un acercamiento”, 2.

30 Espinosa, “Esclarecimiento y periodización”, 107; María Emma Wills, Memorias para la paz o memorias para la guerra (Bogotá: Planeta, 2022); Gonzalo Sánchez, Memorias, subjetividades y política (Bogotá: Planeta, 2019).

31 cev, No matarás, 12.

32 cev, No matarás, 12.

33 Véanse Fernán González, Poder y violencia en Colombia (Bogotá: Universidad Javeriana, 2014); Angelika Rettberg, Buscar la paz en medio del conflicto (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2006); Robert Karl, La paz olvidada (Bogotá: Lerner, 2018); Carlos Camacho, Margarita Garrido y Daniel Gutiérrez, eds., Paz en la república: Colombia, siglo xix (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018), y, más recientemente, Ricardo López-Pedreros y Lina Britto, eds., Histories of Solitude: Colombia, 1820s-1970s (Nueva York/Londres: Routledge/Taylor & Francis, 2024).

34 cev, No matarás, 38.

35 cev, No matarás, 53-54.

36 Karl, La paz olvidada.

37 cev, No matarás, 56 y 485.

38 cev, No matarás, 113.

39 Expresión utilizada para nombrar el exterminio sistemático de los militantes de este partido. cev, No matarás, 172 y siguientes.

40 Los “falsos positivos” fueron asesinatos de civiles presentados como guerrilleros o paramilitares muertos en combate por parte de militares. Constituyen un “macrocaso” investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz.

41 cev, No matarás, 357.

42 cev, No matarás, 362.

43 Eugenia Allier, César Iván Vilchis y Camilo Vicente, eds., En la cresta de la ola (Ciudad de México: unam/Bonilla Artigas, 2020); Eugenia Allier, 68, el movimiento que triunfó en el futuro (Ciudad de México: unam/Bonilla Artigas, 2021).

44 Allier, Vicente y Granada, “Recasting History”, 66.

45 Ortega, “‘Verdades innegables’”, 40.

46 meh, Verdades innegables (México: coveh, 2024), 315.

47 Vicente, Instantes sin historia: la violencia política y de Estado en México (Ciudad de México: unam-iih, 2023).

48 meh, Verdades innegables, xxix.

49 meh, Verdades innegables, 355.

50 meh, Verdades innegables, 353.

51 meh, Verdades innegables, 390.

52 meh, Verdades innegables, 695.

53 meh, Verdades innegables, 689.

54 meh, Verdades innegables, 689.

55 meh, Verdades innegables, 1220.

56 Vanni Pettinà, Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina (Ciudad de México: Colmex, 2018); Gabriela Águila, Santiago Garaño y Pablo Scatizza, eds., Cartografías de la represión en América Latina (Buenos Aires: Imago Mundi, 2025).

57 Adela Cedillo, “Operation Condor, the War on Drugs, and Counterinsurgency in the Golden Triangle (1977-1983)”, Kellogg Working Paper, n.° 443 (2021), 5.

58 Águila, Garaño y Scatizza, Cartografías de la represión.

59 Benavides, “Un acercamiento”, 3.

60 Vicente, Instantes sin historia.

61 En el caso de Colombia, la justicia está avanzando gracias a la labor de diversas instituciones creadas tras el Acuerdo de Paz. Sandra Naranjo, “La disputa por la verdad en un escenario de transición por construir”, en El Acuerdo de paz en Colombia, editado por Jairo Estrada Álvarez (clacso, 2019), 206.

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Mariana Joffily

Profesora en el Departamento de Historia y en el Programa de Posgrado en Historia del Tiempo Presente de la Universidad del Estado de Santa Catarina (udesc, Brasil). Doctora en Historia por la Universidad de São Paulo (usp, Brasil), 2008, con posdoctorado en Brown University (Estados Unidos), 2015-2016, y en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam, México), 2025. Es investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (cnpq, Brasil). Investiga temas de contrainsurgencia, represión política, dictaduras militares en el Cono Sur y transición política. Se ha desempeñado como copresidenta de la Sección de Historia Reciente y Memoria de la Latin American Studies Association (lasa), 2021-2023. Entre sus publicaciones recientes están, en coautoría con Maud Chirio, Torturadores. Perfis e trajetórias de agentes da repressão na ditadura militar brasileira. São Paulo: Alameda, 2025, y “Sessenta anos do golpe de 1964, que história é essa?”, Novos Estudos cebrap 43 (2024): 565-591. mariana.joffily@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2332-672X

María Angélica Tamayo Plazas

Investigadora posdoctoral secihti en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (iih-unam, México). Se especializa en el estudio del movimiento de derechos humanos, el activismo memorial, las iniciativas de esclarecimiento y verdad en América Latina, desde la perspectiva de la historia social, la historia del tiempo presente y los estudios sobre memoria. Se ha desempeñado como docente de licenciatura y posgrado en la unam, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana, y como copresidenta de la Sección de Historia Reciente y Memoria de la Latin American Studies Association (lasa), 2023-2025. Entre sus publicaciones recientes están “A Transnational Memory of Enforced Disappearance in Latin America”, Memory Studies 19, n.° 1 (2026): 195-211, y Comisiones e iniciativas de verdad y memoria en Iberoamérica: prácticas, desafíos y aprendizajes, en coordinación con Juan Sebastián Granada-Cardona. Ciudad de México/Bogotá: Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad del Rosario, 2025. angelica.tamayo@historicas.unam.mx, https://orcid.org/0000-0002-4906-7287