Introducción
El enfrentamiento de los agricultores sureños a las políticas neoliberales en las décadas de los setenta y ochenta permite comprender parte de la conflictividad que generó la instalación del modelo neoliberal en Chile. Se trataba de un sistema que no contó con la aprobación de los sectores asalariados —lo que es bastante evidente—, y que tampoco tuvo el respaldo de todos los sectores empresariales y propietarios agrícolas. Sin contar la resistencia que hubo en la propia derecha pinochetista, gremialista, y en las Fuerzas Armadas. La reacción de los agricultores sureños fue parte de una arremetida general de los empresarios, durante la crisis económica de los ochenta, contra las políticas neoliberales dogmáticas o radicales. Guillermo Campero fue uno de los primeros en estudiar cómo las asociaciones empresariales participaron activamente en el proceso político nacional desde 1970 en adelante. Durante la dictadura militar, estos grupos respaldaron la definición de políticas neoliberales, así como hicieron ver su oposición cuando fueron afectados. Durante la crisis económica de los ochenta, los sectores empresariales más perjudicados —entre ellos los agricultores— entraron en conflicto con el Gobierno, demandando y negociando a través de las principales organizaciones empresariales cambios concretos a la política económica[1].
Por su parte, Eduardo Silva afirma que durante esa crisis los grandes empresarios pidieron al Gobierno modificar sus políticas, manteniendo un estrecho vínculo con los funcionarios estatales a la hora de definir las nuevas orientaciones[2]. Sin embargo, Silva otorga reconocimiento exclusivo a la Confederación de la Producción y el Comercio, que habría aglutinado las demandas empresariales, incluidas las de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que representaba los intereses de los empresarios agrícolas de la zona central. Por otro lado, Patricio Silva, Jorge Echenique y Sergio Gómez han estudiado las relaciones de los agricultores con el Estado y las políticas neoliberales[3]. En general, se produjo entre los agricultores una creciente oposición al neoliberalismo. Con diferencias sectoriales —de acuerdo al efecto que tenían las políticas en sus actividades— comenzaron a surgir quejas y peticiones, que llegaron a su apogeo con la crisis económica de los años ochenta. Sin embargo, excepto el estudio de Campero sobre los gremios empresariales, donde trata la oposición de la Confederación de Productores Agrícolas (CPA), del Consorcio Agrícola del Sur (CAS) y de agrupaciones de trigueros y remolacheros a las políticas económicas durante la crisis económica de los ochenta, y el de Gómez, sobre las demandas de los agricultores entre 1976 y 1982, falta una consideración especial sobre el protagonismo asumido por los agricultores sureños en esta materia durante la crisis económica[4].
Es claro entonces que el Estado no es una entidad social autónoma; por el contrario, se encuentra relacionada, controlada, incluso intervenida, por los capitalistas. Para Peter Evans, se puede hablar de una “autonomía enraizada” (por los vínculos, raíces, que unen a los funcionarios estatales con los empresarios)[5]. En esta línea, el nexo de los empresarios chilenos señalado por Silva es permanente con el Estado. Por el contrario, en este artículo se cree que los agricultores sureños, si bien participaron en la redefinición de las políticas neoliberales, lo hicieron sólo en la coyuntura de la crisis, de un modo irregular, sin lograr insertarse en los niveles permanentes de vinculación entre empresarios y Estado. En ese sentido, se plantea que su posición en el campo de relaciones estatales fue marginal, por lo que sus conexiones fueron débiles, esporádicas y de corta duración. Además, estos agricultores, fuertemente afectados por las políticas económicas neoliberales, se convirtieron en críticos del gobierno militar, de Pinochet y los neoliberales, pero sin dejar de ser —en su mayoría— partidarios leales del gobierno militar y del propio dictador.
1. Definición y efectos de la política económica neoliberal
La crisis económica mundial de 1973 —seguida por la de 1978— dujo grandes efectos en la economía chilena, generando inestabilidad en el crecimiento, lo que perduraría en la década de los ochenta. La dictadura militar, desde 1973, enfrentó esta coyuntura y avanzó hacia la definición de un Estado, una economía y una sociedad nuevos. Después de políticas restrictivas del gasto público, orientadas a desestatizar la economía, con un enfoque economicista —pro empresarial, productivista y de vinculación a la economía internacional—, desde comienzos de 1975 se asume una política neoliberal como un cuerpo doctrinario, homogéneo y capaz de resolver los problemas de la economía.
Uno de los sectores más afectados por estas políticas neoliberales fue la agricultura[6]. Estructurada por el mercado, con un Estado que se aleja de la intervención directa en los precios, producción, distribución y comercialización de los productos silvoagropecuarios (cereales, leche, carne bovina, en lo fundamental), sujeta a los precios internacionales y a la competencia de las importaciones, que generalmente recibían subsidios en sus países de origen, la agricultura nacional comenzó una caída sistemática de su rentabilidad. Ya a fines de 1977 estalló un conflicto entre los ganaderos y el Gobierno, ya que una drástica reducción de los aranceles de importación hizo caer el precio interno de la leche. El Gobierno acusó a los afectados de ser los únicos responsables de sus problemas, por no ser capaces de adaptarse al nuevo escenario. Incluso un funcionario del Ministerio de Economía llegó a decirles, ante la dificultad de competir con la leche importada, que se “coman las vacas”[7].
A pesar de la oposición del Ministerio de Economía, el Gobierno finalmente resolvió, en octubre de 1977, fijar un arancel específico para catorce productos lácteos, favoreciendo al sector en su competencia con las importaciones y para poder continuar desarrollándose[8]. Esto fue el resultado de la presión del CAS y de la CPA, dirigida por Domingo Durán. La SNA apoyó las demandas, pero fue desplazada del protagonismo como representante de los intereses gremiales de los agricultores. Además, entre 1974 y 1982 hubo un desplome de la superficie nacional sembrada con cereales y cultivos industriales, mientras se incrementó la siembra de cultivos de leguminosas, papas y frutales. La superficie de cereales se redujo un 33%, y la de cultivos industriales (maravilla, colza y remolacha azucarera) un 64% durante esos años. Por su parte, la superficie sembrada de leguminosas, papas y frutales aumentó cerca de un 50%[9].
Las plantaciones frutales y las forestales aumentaron como resultado de una política de incentivos iniciada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en los años sesenta y fortalecida por la dictadura militar[10]. A su vez, aumentó la exportación de vinos. Por su lado, el sector pecuario tuvo mejores condiciones de desarrollo desde 1975, con precios más altos para la carne y tras resolverse el problema lechero descrito. Eran los años previos a la crisis económica de 1982, cuando el modelo neoliberal había sido sancionado por la mayoría de los sectores empresariales como la única alternativa para el país. El “modelo” se había convertido en exitoso, en términos macroeconómicos, y era considerado un dogma por la mayoría de los partidarios del Gobierno. La excepción la constituían los agricultores de productos tradicionales, especialmente del sur[11].
2. La crisis económica y la reacción de los agricultores
Excluyendo los productos forestales, vinos y frutas, favorecidos por la apertura de la economía nacional al mercado mundial, la mayoría de los cultivos, leche y carne bovina cayeron en su producción en 1982-1983 a los peores niveles del siglo XX. No es extraño entonces que la principal oposición a las políticas neoliberales estuviera en el sur de Chile, principal zona productora de cultivos tradicionales, además de producción de leche y carne bovina, como lo era la Región de Los Lagos (de Valdivia a Chiloé), donde se generó en 1981 el 65% de la producción nacional de leche[12]. Junto a una alta producción nacional hubo una considerable importación, lo que provocó una caída del precio de la leche puesta en planta. En tal sentido, el precio de la leche pagada por la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno (Calo) cayó de 7,52 pesos en 1975 a 5,20 pesos en 1978 —su momento más bajo— subiendo en 1979, para volver a caer en 1980, llegando a 6,85 pesos. Por tanto, sumando producción nacional e importaciones, hubo en 1981 unos 300 millones de litros de leche más de lo requerido por el consumo nacional, lo que provocó una fuerte caída de la producción nacional en el corto plazo.
Desde fines de 1980, la Asociación Nacional de Productores de Trigo (ANPT), liderada por Carlos Podlech (con sede en Temuco), comenzó una crítica directa a las políticas estatales; en diciembre envió una carta al ministro de Agricultura, Alfonso Márquez de la Plata, culpándolo de la quiebra de los agricultores[13]. En febrero de 1981, la Asociación se reunió en Santiago con el nuevo ministro de Agricultura, José Luis Toro, pues los asociados notaban una incoherencia entre una política estatal de promoción del cultivo del trigo y una política general de libre mercado en los últimos años. En este encuentro se demostró que los productores de trigo produjeron más, pero terminaron descapitalizados y endeudados. Ante esto, el Ministro de Agricultura prometió apoyar la formación de una entidad que comprara trigo a un precio adecuado y regulara el mercado a través del denominado poder comprador privado, organizada por los propios productores, así como crear una comisión nacional del trigo[14]. Además, recomendó al Presidente de la República, en junio de 1981, atender la queja de los productores sobre los productos importados subsidiados, ya que los bajos precios internos les impedían pagar sus créditos. Asimismo, destacaba en su comunicación la crisis que vivían los agricultores de cultivos tradicionales del centro y sur del país[15]. Sin embargo, la solución propuesta por el Ministro era un reforzamiento de la política económica neoliberal.
Con el paso del tiempo, los agricultores del sur perdían la paciencia y ya no aceptaban las promesas de los funcionarios del Gobierno. A pesar de que se les pedía eficiencia, no había ninguna estabilidad ni lógica en las decisiones gubernamentales: precios bajos y estancados, falta de mercados, preferencia por los productos importados, créditos caros, entre otros. Como resultado de esto, en septiembre, las asociaciones agrícolas de todo el país plantearon al Gobierno su rechazo a la política económica, de manera especial por la llegada de importaciones de productos agropecuarios a bajo precio[16]. En octubre, en su tradicional exposición anual, el presidente de la SNA, Germán Riesco, reconocía la difícil situación agrícola y solicitaba algunas medidas correctivas, tales como mayor intervención estatal en el comercio de trigo, créditos e inversión estatal[17].
Durante este último mes, el Ministerio de Economía también comunicaba al de Agricultura que no atendería peticiones hechas por dirigentes agrarios, respecto a controlar prácticas monopólicas por la falta de un poder comprador estatal de cultivos, y terminar con la competencia de los productos importados subsidiados. El Ministerio de Economía no reconocía ninguna necesidad de regular estas situaciones, pues: “[…] la política imperante consiste en liberalizar los mercados de todas las trabas existentes […]”[18]. Entretanto, en noviembre de 1981, el Presidente de la República recibió un documento de los agricultores del sur sobre el bajísimo precio que se les pagaba por la leche —4 pesos por litro al productor—, mientras que el precio al público era de 16 pesos. En Europa, en comparación con lo vivido en Chile, a un mismo precio de venta al público, el agricultor recibía 10 pesos por litro[19].
Por último, en diciembre de 1981, la Sago organizó una Comisión Leche, compuesta por los dirigentes de la sociedad y representantes de cuatro plantas lecheras, con el fin de plantear al gobernador de la provincia el problema que vivía el sector y las soluciones requeridas[20]. Se planteaba que había una producción interna que cubría el 86% del consumo nacional; a la vez, una importación excesiva de leche en polvo, que provocaba un exceso de productos y una caída, incluso cierre, de la compra de leche a los productores nacionales. Por tanto, pedían que el Estado controlara las importaciones, a través de un memorándum que llegó a las autoridades regionales y al Gobierno central. La Oficina de Planificación Agrícola (Odepa) regional comentaba al Ministro de Agricultura que ese documento proponía una serie de medidas que: “[…] no se encuadran a los lineamientos de la actual política económica del gobierno”[21]. Sin embargo, el mismo informe de la Odepa daba la razón a los agricultores, destacando la caída de los precios de la leche y la reducción de superficie sembrada con cultivos tradicionales. Esto mostraba, por tanto, que los agricultores, los funcionarios y las autoridades del Gobierno coincidían en el diagnóstico de la situación agrícola, pero estaban lejos de tener las mismas soluciones para estos problemas. Más aún si se tiene en cuenta que el Gobierno no abandonaba la receta neoliberal.
Esto conllevó que en los últimos meses de 1981 y comienzos de 1982, las organizaciones agrícolas del sur asumieran una crítica activa a la política económica. Con este propósito, a principios de enero de 1982 los dirigentes del CAS visitaron al Ministro de Agricultura para plantearle los problemas del agro sureño[22], pero sus demandas no fueron atendidas. En ese momento, el Gobierno planteó la visita de un experto internacional, para que una voz independiente informara sobre la realidad de la agricultura. Finalmente, tras el acuerdo entre la SNA y el Gobierno, se contrató al experto norteamericano Clifford Hardin, quien fue acompañado por Clarence Palmby para analizar la situación agrícola nacional, en enero de 1982. Según escribía Cristián Huneeus, escritor y agricultor, en febrero de 1982:
“Mucha gente se ha reído de la iniciativa: por decirlo de una vez, nadie entiende que deba apelarse a un extranjero para dar cuenta de algo conocido aquí por todos, como es la bancarrota de la agricultura a consecuencia de la aplicación liviana y juvenil de un modelo económico que no la estima necesaria (pues parte del principio engañadoramente inobjetable de que todo producto de la tierra puede traerse desde fuera)”[23].
El informe de Hardin estaba de acuerdo con lo planteado por los agricultores, respecto a la rigidez con que se había aplicado el modelo. Heriberto Schilling, presidente de la Asociación de Agricultores de Llanquihue (Agro Llanquihue), señaló por esa fecha en Puerto Varas —a propósito de la visita de Hardin— que los problemas del agro eran comprendidos pero no asumidos, pues los economistas hablaban un lenguaje diferente al del agro. Schilling señaló que aunque apoyaban al gobierno militar, no comprendían por qué no se le daba un trato especial a la agricultura; pero a su vez confiaba en que el presidente Pinochet, como en el caso del alza del arancel de la leche años antes, terminaría atendiendo sus peticiones. También destacaba que el mandatario había dado instrucciones para que se renegociaran los créditos agrícolas en el Banco del Estado. El propio José Toribio Merino, miembro de la Junta de Gobierno, estaba sorprendido por la difícil situación de los productores lecheros del sur, por lo que en enero de 1982 le pidió al Ministro de Economía atender el efecto que provocaban las importaciones lácteas en la baja del precio interno de la leche y el consiguiente daño a los productores[24].
A fines de enero, Clifford Hardin también estuvo en Osorno, invitado por la Sago y el CAS[25]. Domingo Durán, presidente de la CPA, se alegró de que el informe de Hardin coincidiera con lo planteado por los agricultores, pues Hardin consideraba que el mejor agricultor, con la mejor tecnología, quebraría en Chile en las actuales circunstancias[26]. A pesar de estos informes, y ante la falta de soluciones concretas, a comienzos de febrero, la ANPT, reunida en Chillán, solicitó que el Estado interviniera en la comercialización del trigo, amenazando con no pagar sus compromisos bancarios si ello no se hacía[27]. Por su parte, Agro Llanquihue realizó una asamblea en Puerto Varas, en la que concluyó que de no haber renegociación a bajo interés de la deuda bancaria, la agricultura iba directo a la quiebra[28]. Mientras que, a mediados de ese mismo mes, Pinochet estuvo de visita en el sur, señalando en Temuco su rechazo a dictar medidas que favorecieran a un sector por sobre otros[29]. En Osorno fue mucho más claro, al plantear que lo que hiciera el Gobierno de ningún modo implicaba alterar la estrategia de desarrollo económico[30]. En conclusión, planteaba que las propuestas que estudiaban la SNA y otras organizaciones debían ser asumidas por los propios agricultores, pues para Pinochet los problemas de la agricultura provenían de la economía internacional y debían ser enfrentados por los agricultores, con su iniciativa y capacidad creadora.
Ante esto, el presidente de la Sago, Hernán Follert, manifestó a los ministros que acompañaban al Presidente el daño provocado en la región por la importación de productos agropecuarios (leche y carne) y las altas tasas de interés de los créditos[31]. El Gobierno no estaba dispuesto a variar la política económica, lo que señaló claramente Pinochet en su visita a Temuco y Osorno, y fue reiterado a principios de marzo por Fernando Léniz, exministro de economía[32]. Detrás de este rechazo estaba la convicción de que el Estado no debía tener ningún papel regulador, a pesar de que esta afincada creencia neoliberal sólo provocaría una profundización de la crisis[33]. La alarmante situación de los agricultores tuvo expresión en un altísimo endeudamiento; de ahí que en la Región de Los Lagos los bancos tenían otorgados créditos por 15 mil millones de pesos, el 40% de ellos a agricultores[34].
A nivel nacional, en 1981 los créditos bancarios eran equivalentes al 56% del Producto Geográfico Bruto (PGB), mientras que en 1982 llegarían a ser el 75%[35]; además, las tasas de interés nominales habían pasado de 13,1% en 1980, a 39% en 1981 y a 36,5% en 1982[36]. Por estas razones, en Osorno y Llanquihue hubo reprogramación de deudas[37], pues la SNA se reunió con los bancos, y la CPA creó una comisión para negociar a nombre de los agricultores nacionales. La situación de los pequeños agricultores no era mejor: hacia julio de 1982, un 22% de los créditos entregados en 1981 por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) estaban impagos[38]; por otro lado, a fines de 1982 la cartera vencida de Indap llegaría al 29,8%[39]. Del total adeudado, un 31% correspondía a los pequeños agricultores del sur.
Esto conllevó que a comienzos de abril de 1982, la SNA se reuniera de nuevo con el Gobierno. Germán Riesco, presidente de la SNA, afirmó que buena parte de las soluciones para enfrentar los problemas del agro eran responsabilidad de los propios agricultores[40]. No obstante, en este punto no había una opinión común entre los agricultores: la Sago compartía la opinión de la SNA, pero las demás organizaciones de agricultores eran más críticas con el Gobierno y demandaban un rol más activo del Estado. Por ejemplo, Domingo Durán, presidente de la CPA, estuvo a fines de abril en Puerto Varas y Osorno, donde se reunió con agricultores[41], destacando la importancia del informe de Hardin, que confirmaba lo que ellos pedían al Gobierno: que la política económica era la responsable de los problemas agrarios.
A fines de abril, Jorge Prado fue nombrado ministro de Agricultura, después de haber sido vicepresidente de la SNA[42], generando cierto optimismo en el sur[43]. Sin embargo, pronto vino la desilusión, al comprobar los agricultores que el Ministro mantenía el principio de no intervención estatal en la economía. Para esa fecha, la SNA tuvo dos reuniones de trabajo con el Presidente de la República, a la que asistieron varios ministros[44], con el propósito de que él viera la fuerte caída de la superficie cultivada en los últimos años. Otro tanto ocurría con la ganadería, y se sumaban el endeudamiento agrícola —de más de dos mil millones de dólares—, el ingreso de productos agrícolas subsidiados, mercados agrícolas poco transparentes y no competitivos, con el consiguiente bajo precio pagado a los productores, y altos precios finales a consumidores. Señalaban que esto tenía principalmente su origen en el modelo económico, por lo que solicitaban renegociar deudas, créditos más baratos y con plazos mayores, mercados más competitivos para los productores agropecuarios, e impedir el ingreso de productos importados subsidiados.
Por su parte, Carlos Podlech, presidente de la ANPT, a comienzos de mayo solicitó al nuevo Ministro de Agricultura que actuara con el trigo tal como se había hecho con la remolacha azucarera, a la que se había asegurado un precio por tonelada, y se había definido que la Industria Azucarera Nacional (Iansa) sería poder comprador[45]. Los primeros días de mayo, la Confederación de Asociaciones y Federaciones Gremiales de Agricultores de Chile fue recibida por el Ministro de Agricultura. Estos grupos plantearon su preocupación por el endeudamiento y el escaso acceso a nuevos créditos, por la baja en siembras de cereales y leguminosas, y la comercialización de productos. Asimismo, insistieron en su interés de reunirse con el Presidente de la República, como regularmente hacían otras organizaciones, mientras que ellos no habían tenido esa oportunidad[46].
3. Agudización de la crisis y el distanciamiento entre los agricultores y el Gobierno
El momento determinante de la crisis económica se produjo en junio de 1982, cuando el peso fue devaluado, subiendo su relación con el dólar de 39 a 46 pesos, alterando el valor que había tenido desde 1979. Además, junto a la devaluación estaban el endeudamiento privado y estatal, la reducción de las exportaciones, la falta de divisas, entre otros. Como en un efecto dominó, toda la economía se desplomó en los meses siguientes, con la quiebra masiva de empresas e industrias, una caída dramática de la producción, crisis bancaria y cesantía generalizada[47]. Esto hizo que en julio de 1982 se reunieran en Santiago 84 representantes de organizaciones agrícolas desde Arica hasta Puerto Montt, integrantes de la CPA, para tratar la situación agrícola nacional[48]. Se planteó que el bajo precio del dólar, la apertura a la economía mundial, créditos caros y desprotección de los productores nacionales, generaron una importación masiva, consumismo desenfrenado, la ruina de los agricultores y sus cultivos, quiebras industriales, endeudamiento y cesantía. Pero además, a comienzos de agosto, los dirigentes agrícolas del país fueron invitados a una reunión con el Presidente de la República[49]. Una ocasión en la que Heriberto Schilling, de Agro Llanquihue, destacó la abrupta caída de los precios de la leche y la carne entre 1979 y 1982, con valores reales cercanos al 50%. Ante las críticas de los dirigentes, los ministros de Agricultura y Hacienda desmintieron lo planteado y afirmaron que se mantendrían los aranceles de importación y las tasas de interés, que venían definidas desde afuera. Finalmente, Pinochet planteó que, si bien estudiaría los planteamientos, no prometía nada. Como puede verse en el cuadro 1, la economía nacional inició una profunda crisis económica, cuyos peores años fueron 1982 y 1983; entre tanto, recién en 1985 puede considerarse que el país comenzó a remontar la caída.
Ahora bien, el 6 de agosto de 1982, el Banco Central dispuso la libertad cambiaria del dólar[50]. Ello tendría efecto directo en el aumento de las deudas, tomadas en dólares, así como en el valor de los insumos. Ese mismo mes, los productores lecheros de Osorno, motivados por la Sago, retomaron la Comisión de la Leche, que se encargaría de negociar mejores precios para los productores lecheros[51]. La iniciativa tuvo un decidido apoyo entre los productores, pues los precios y la producción seguían a la baja, mientras las importaciones se mantenían altas. Por último, los productores lecheros crearon una comisión gremial-comercial para demandar un mercado más competitivo. Por su parte, un grupo de dirigentes mapuche de Temuco, representantes de la Asociación de Pequeños Agricultores y Artesanos, opositores a la dictadura militar, dieron a conocer públicamente en Santiago un documento entregado al Gobierno el 6 de agosto, en el que destacaban la pésima situación económica de las comunidades mapuche, pidiendo condonación de las deudas contraídas con el Estado y privados, devolución de tierras, mayor asistencia técnica y créditos del Estado y rechazo a la legislación que promovía desde 1979 la división de la comunidades[52].
A mediados de agosto, Pinochet dio una entrevista a la revista Qué Pasa, en la que afirmaba, respecto a cómo el Gobierno enfrentaba la situación económica, que: “[…] las medidas adoptadas procuran neutralizar los efectos de la crisis, reactivar la economía sin apartarnos del modelo”[53]. Para Pinochet, la crisis tenía un origen internacional y de larga data, pero en ningún caso era responsabilidad de las políticas internas de su gobierno. Respecto al rubro lechero, en septiembre se supo que el Servicio Nacional de Salud (SNS) realizaría una licitación para adquirir leche en polvo para los programas de alimentación estatal, y las plantas lecheras podrían postular utilizando leche argentina, de precio más bajo que la nacional. Ante el rechazo de la SNA, Sago y Agro Llanquihue, el Ministerio de Agricultura se reunió con productores y representantes de todas las plantas lecheras, suspendiendo finalmente esa licitación[54].
Un paso más en la defensa de sus intereses se dio en septiembre de 1982, con la creación de la Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osorno[55]. Por otro lado, desde enero de 1982 los agricultores habían estado reprogramando sus deudas con el Banco del Estado, de ahí que en la Araucanía casi un 58% de los créditos existentes habían sido renegociados hacia fines de septiembre[56]. El 5 de octubre de 1982, Durán, en una reunión donde se trataron los problemas agrícolas, propuso al biministro de Economía y Hacienda, Rolf Lüders, que hubiera una entidad compradora de trigo para regular el mercado[57]. Además, pidió utilizar la infraestructura de la Empresa de Comercialización Agrícola (ECA) para ese fin[58]. El Gobierno respondió en noviembre apoyando la creación de una entidad compradora privada, dirigida por la Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas (Copagro).
En octubre, el Jefe del Departamento de Seguridad le comunicó al Ministro de Agricultura que en la provincia de Llanquihue había malestar por el endeudamiento y la tasa de interés, y que pedían licitaciones de leche por parte del SNS programadas e informadas con anticipación y mejores precios para el ganado bovino y remolacha azucarera[59]. Miguel Loayza, de la Asociación de Productores Lecheros de Osorno, estuvo en Santiago solicitando una restricción de la importación de leche en polvo, a propósito de la licitación que estaba por hacer el SNS[60]. La licitación finalmente tuvo la participación de cinco empresas, sólo una de ellas extranjera. A mediados de este mes se reunieron en Temuco representantes agrícolas del sur de Chile, quienes plantearon que, ante el grave endeudamiento agrario, sólo cabía una moratoria en los pagos, debiendo pagarse sólo el capital adeudado. El ministro de Agricultura, Jorge Prado, les indicó que frente al escenario de mayor competencia internacional, sólo cabían mejoras productivas. En el caso de la comercialización del trigo, el Estado entregaría a Copagro los silos y lugares de acopio de la ECA y créditos para una entidad compradora de granos[61].
Asimismo, el Presidente del Banco Central informó de las dificultades monetarias que el país estaba enfrentando, de manera particular el déficit que se presentaba en las cuentas nacionales, hablando también abiertamente de la crisis que vivía el país: concluía que la recuperación sería lenta, restándole responsabilidad al Estado en su solución y centrándola en la economía mundial[62]. El 23 de octubre, por ejemplo, en Valdivia, una reunión de gremios de la producción y el comercio local hizo un llamado al Gobierno para resolver la destrucción de la producción agrícola e industrial nacional. Para Campero, esta declaración marcó un punto de quiebre en la oposición empresarial al Gobierno[63].
A fines de octubre se realizó en Santiago la tradicional feria de la SNA, con la asistencia del Presidente de la República, Junta de Gobierno y ministros. Frente a ellos, Germán Riesco, presidente de la SNA, señaló los tres principales problemas del agro: endeudamiento, desprotección frente a las importaciones subsidiadas y comercialización imperfecta en el mercado nacional. Destacó que:
“Los agricultores no pretendemos reimplantar un esquema ya superado de sustitución de importaciones, vía aranceles diferenciados que sólo introducen distorsiones en la asignación de recursos, pero sí creemos que es absurdo que se dejen de producir cientos de millones de dólares en alimentos (trigo, maíz, oleaginosas, azúcar, leche, etc.) con el consecuente efectivo negativo en la generación de empleo y de actividades anexas, sólo debido a la obstinación y/o dejación de la autoridad económica en el perfeccionamiento de los mercados internos”[64].
Por supuesto, Riesco recordó al Gobierno que eran sus férreos partidarios y confiaban en que se enfrentaría a tiempo esta grave situación. Rolf Lüders, biministro de Economía y Hacienda, indicaba en una reunión con dirigentes de empresarios valdivianos cómo se pretendía salir de la crisis: estímulo a las exportaciones, aumento del empleo, reducción de los salarios, pues la mano de obra barata era una ventaja comparativa nacional; al mismo tiempo que intereses superiores a los internacionales, para atraer inversión extranjera, y renegociación de deudas en dólares y pesos[65]. En fin, el Biministro tampoco reconocía responsabilidad de las políticas neoliberales implantadas por el Estado, como se decía en la prensa de Osorno, a propósito de los problemas económicos: “Al biministro le preocupan, a los productores nos arruinan”[66].
A mediados de noviembre, Lüders explicaba, también en la reunión de Enade 1982, que la política de reactivación no alteraría el modelo, respetando los principios de propiedad privada, libertad de funcionamiento de los mercados, apertura al comercio exterior y rol subsidiario del Estado[67]. Ante esta situación, en Osorno los productores de diferentes sectores de la economía buscaban enfrentar unidos las dificultades y hacer peticiones conjuntas al Gobierno[68]; así, el 17 de noviembre estuvieron reunidos con representantes del Banco Central y Superintendencia para pedir un mejor trato crediticio. A pesar de esto, en noviembre y diciembre se agudizaron las movilizaciones de agricultores a nivel nacional. De tal forma, la Federación de Productores Agrícolas de Cachapoal publicó en la prensa nacional la “Declaración de Rancagua”, reclamando por el embargo por deudas de predios agrícolas y llamando a no participar en los remates de esas propiedades. Por su parte, hubo otras manifestaciones similares en San Carlos, Curicó y Chillán[69].
La práctica de impedir los remates, al parecer, fue acordada a nivel nacional. En Temuco, por ejemplo, el 23 de noviembre, Carlos Podlech y treinta agricultores más impidieron que se realizara un remate judicial; además algunos comerciantes cerraron sus tiendas en solidaridad con los agricultores. El 26 hubo otra manifestación de agricultores contra un remate, y recibieron apoyo del gremio de transportistas e industriales de la zona. Asimismo, en los primeros días de diciembre se reunieron en Osorno las principales organizaciones agrícolas nacionales (SNA, CAS, CPA y Sago), siendo la primera vez después de diez años que se reunían[70]. En Temuco, por su parte, la Policía impidió la realización de una reunión de productores trigueros convocada por Carlos Podlech, presidente de la ANPT, el 3 de diciembre, en un recinto de la Sofo, a la que llegaron cerca de 150 agricultores, y hubo 19 personas detenidas, entre ellas varios dirigentes agrícolas y el propio Carlos Podlech[71]. Sin importar esto, se emitió la llamada “Declaración de Temuco”, por dirigentes gremiales nacionales y regionales, en la que pedían un plan de emergencia nacional, intervención de la banca chilena, amnistía a los que hubieran emitido cheques sin fondos y renegociación de deudas y moratoria.
El 4 de diciembre, todos los detenidos fueron liberados, excepto Podlech, que fue enviado al día siguiente al exilio, a Brasil[72]. El dirigente, sorprendido por su expulsión del país, manifestaba desde Río de Janeiro: “Yo soy agricultor y lucho por solucionar mis problemas y los de mi gremio. Con esta medida entiendo que, entonces, deberían echar del país a millones de chilenos”[73]. La medida adoptada por el Gobierno contra Podlech era la conclusión de un distanciamiento que se había producido a lo largo de los dos años anteriores, pues ya en julio de 1981 el gobierno regional calificaba a Podlech como uno de sus mayores críticos en el sur[74]. A pesar de su expulsión, Podlech siguió siendo partidario del gobierno militar, aunque era cercano a la línea del general Mathei, que planteaba que se habían cometido errores en política económica. Por la prensa, Podlech envió un mensaje de aliento a sus compañeros dirigentes sureños para que siguieran luchando por convencer al Gobierno de su error de mantener el modelo económico. Extrañeza y preocupación causó entre los agricultores y empresarios de Santiago y sureños la expulsión de Podlech, que consideraron este acto como una señal de que cualquiera que siguiera demandando cambios sería tratado de similar manera.
De igual forma, el 6 de diciembre se reunieron en Puerto Montt las asociaciones agrícolas de la Región de Los Lagos (Saval, Sago, Agro Llanquihue y Federación de Empleadores Agrícolas). Aquí plantearon que el “golpe de autoridad” contra Podlech no favorecía la relaciones entre el sector y el Gobierno, y solicitaron se reconsiderara la expulsión de Podlech; además crearon la Asociación Gremial Regional de Productores Lecheros y respaldaron la Declaración de Valdivia, hecha un tiempo antes, que planteaba una renegociación de las deudas de los agricultores. Por su parte, la Sofo hizo en Temuco una declaración pública pidiendo al Gobierno reconsiderar la expulsión de Podlech, y reafirmando su voluntad de seguir planteando con firmeza los problemas que afligían al sector.
Según comunicado del Ministerio del Interior, Podlech había sido expulsado porque la reunión que organizó tenía claras connotaciones político-partidistas, y también porque aprovechaba su condición de dirigente gremial para “desarrollar una activa campaña de rebeldía frente a la autoridad, aprovechando para exigir soluciones inmediatas y demagógicas, en la actual situación económica, dañando con ello los valores e intereses que dice pretende resguardar”[75]. Pero, en realidad, Heriberto Schilling, presidente de Agro Llanquihue, que se definía juntista como Podlech, consideraba grave lo sucedido y creía que había un diálogo de sordos con el Gobierno. Pinochet respondió desde Angol a los agricultores, el 7 de diciembre, señalando que el Gobierno tenía claro su accionar y no iba a variar porque se lo pidieran; que los deudores debían asumir su responsabilidad y resolver sus problemas particulares, ya que el Gobierno no los resolvería. Por último, el mandatario destacó que Podlech fue expulsado por desconocer la autoridad[76].
No obstante, lo que muestran las fuentes es que Podlech, más que rechazar la autoridad, se oponía al modelo económico. Como dijera en marzo de 1982, rechazando el calificativo de “economía social de mercado”: “Esta es una economía que el jefe de gobierno cree social de mercado, pero es una economía destinada a favorecer a ciertos grupos económicos y nada más”[77]. El 10 de diciembre se reunió el CAS en Temuco con representantes desde Biobío hasta Llanquihue[78], acordando solicitar una reunión al Presidente de la República y que se revirtiera la expulsión de Podlech, aclarando que las acciones del CAS eran estrictamente gremiales y no estaban influidas por ninguna corriente político-partidista. El 17 de diciembre se realizó una importante reunión de organizaciones agrarias nacionales y regionales en Osorno[79], que demandaron renegociación de las deudas y reactivación de la economía; normalización de la actividad financiera, con intervención estatal si fuese necesario; mejor comercialización del trigo y otros productos, con la intervención del Estado; y reconsideración de la expulsión de Podlech y una entrevista con el Presidente de la República.
4. La respuesta del Gobierno a las demandas de los agricultores
La pésima cosecha del período 1982-1983 no hizo más que agravar los problemas de los agricultores y acrecentar sus exigencias al Estado, sobre todo porque la crisis económica siguió profundizándose en 1983. En enero de 1983, el Gobierno intervino cinco bancos, liquidó otros tres y puso bajo supervisión dos más, que representaban el 45% del capital y reservas del sistema financiero[80]. A esto se suma que el 18 de febrero de 1983, Pinochet firmó en Puerto Montt el decreto que permitió el regreso de Podlech, mientras que en febrero también se reabrió la planta Iansa de Rapaco, cerrada hacía siete meses. En ese mismo mes, el Gobierno realizó un cambio significativo al nombrar nuevos ministros de Hacienda y de Economía —a Carlos Cáceres y Manuel Martin, respectivamente—, lo que inició un acercamiento del Gobierno con los gremios empresariales y sus demandas[81].
A las exigencias de los agricultores y empresarios en general se sumaría durante 1983 una oposición política popular de carácter nacional, que rechazaba tanto la represión como las políticas económicas de la dictadura, lo que tuvo una influencia decisiva en un proceso de apertura política y en modificaciones en el equipo económico y las políticas neoliberales. Los sectores de derecha, opositores a las políticas gubernamentales, se sumaron a estas iniciativas[82]. Ante todo porque la crisis económica no era únicamente un efecto de la crisis mundial, ni una responsabilidad de los empresarios y grupos económicos, ni el resultado de una dogmática y errada implementación de políticas neoliberales, sino fundamentalmente una evidencia palmaria del fracaso del llamado “modelo económico”[83]. Por demás, el Gobierno seguía sin dar una completa respuesta a las peticiones de los agricultores del sur; así, en junio de 1983, la situación de los agricultores era muy complicada entre Cautín y Puerto Montt[84].
A petición de la SNA, en mayo y septiembre de 1983 se subieron los aranceles a diferentes productos lácteos importados, para favorecer a los productores nacionales. En septiembre también se creó la Comisión Nacional de la Leche con productores, industriales y comerciantes del sector lechero, para definir políticas estatales con los agentes del rubro[85]. En el caso del trigo, por ejemplo, desde 1980 se había eliminado el control del precio, así como el poder comprador del Estado, provocando la caída de la producción triguera[86]. Finalmente, tras la convicción de los agricultores y el Gobierno de que los mercados agropecuarios funcionaban de forma imperfecta, en diciembre de 1982 comenzó a funcionar un poder comprador privado de trigo, con financiamiento e infraestructura estatal, por parte de Copagro, en el centro y sur del país (hasta Osorno). Además, en abril de 1983 se definió un precio de referencia para el trigo, y en diciembre se fijó una banda de precios, comenzando por el trigo, y siguiendo con el azúcar y aceites vegetales comestibles en 1984, aunque el sistema recién fue organizado por ley en 1986[87].
En 1984, el gobierno militar definió una política más comprometida con los problemas económicos. En la agricultura, ello significó fijar aranceles favorables para fortalecer los precios de referencia fijados a algunos productos agrícolas, como en el caso del trigo, o para permitir la competencia nacional con el valor de los bienes importados, como ocurría con la leche. Esto se complementó con un poder comprador privado para el trigo, arroz y maíz —Copagro, hasta 1985, y desde 1986 existió para el trigo la Comercializadora de Trigo S.A., Cotrisa— y uno estatal para la remolacha (Iansa)[88]. A juicio de una misión del Banco Mundial que visitó el país en mayo de 1984, todas estas decisiones eran el resultado de las demandas hechas al Gobierno por agricultores y agroindustriales, pues el Gobierno compartía con ellos que una excesiva apertura del país a las importaciones había sido la causa principal de la crisis económica[89].
Por otro lado, hubo un apoyo estatal directo para la recuperación de la industria lechera, como en el caso de la reapertura de la Cooperativa Agrícola y Lechera de Frutillar (Cafra), a fines de 1984[90]; asimismo se favoreció la producción láctea nacional mediante la adquisición preferentemente de leche en polvo nacional por parte del SNS. Todo ello impactaba de manera especial en el sur: en 1984, el 91,5% de la leche nacional se procesaba entre Concepción y Chiloé[91]. Nada de ello significó una variación significativa de las convicciones y políticas neoliberales, aunque el Gobierno estuvo algo más atento a las demandas de los agricultores sureños. A saber, el Ministerio de Agricultura integró a los productores en diferentes comisiones (Comisión Nacional de la Leche y otra similar del trigo), y hubo un contacto frecuente con organizaciones de agricultores[92]. La crisis económica dejó una importante lección al Gobierno: era conveniente mantener una estrecha relación con los agricultores, lo que no significaba que éstos obtuvieran todo lo que requerían.
Conclusión
Este artículo mostró cómo tras la implementación de bandas de precios, mayores aranceles y un poder comprador, hubo una recuperación de la producción de trigo y otros cultivos protegidos. Esto también contribuyó a la eliminación de aranceles favorables a la importación de productos agrícolas, en 1984, aunque no ocurrió lo mismo con la producción lechera y de carne bovina, pues en 1985 todavía se producía menos que en 1981. Sin embargo, la tierra dedicada a cultivos anuales hacia 1985-1986 no era superior a la explotada en 1972, siendo principalmente evidente en los cereales. Eso sí, hubo mayor rendimiento, lo que generó que con mucho menos suelo explotado se produjo más.
En paralelo al establecimiento de bandas de precios y poder comprador, hubo una reducción de importaciones agropecuarias provocada por el aumento de los precios internacionales y la reducción de las divisas, lo que hizo caer significativamente la competencia que ejercían los productos importados sobre los nacionales, favoreciendo una recuperación general de la producción nacional destinada al consumo interno. De este modo, en parte como resultado de las demandas y acciones de los agricultores del sur, el Gobierno modificó algunos aspectos de su política económica, dejando de lado una aplicación dogmática del neoliberalismo, que no atendía los intereses empresariales. En todo caso, la influencia de los sureños en la definición de políticas económicas fue puntual y no significó una consideración permanente y plena de sus demandas.
A pesar de una recuperación productiva, las asociaciones de agricultores del sur siguieron entre 1983 y 1985 demandando al Estado mayores medidas y una política efectiva de apoyo a la agricultura. Sin dejar de ser partidarios del gobierno militar, los agricultores mantuvieron su crítica a la política económica, y de manera clara fueron críticos del neoliberalismo pero leales a la acción general de la dictadura. No debe olvidarse además que el endeudamiento y la descapitalización permanecían como los principales obstáculos para la actividad agraria. Por su parte, los campesinos quedaron en una posición mucho más rezagada que los medianos y grandes propietarios, ya que no experimentaron una recuperación significativa después de la crisis de 1982-1985; mientras que los agricultores incrementaron su producción, con lo que los campesinos perdieron importancia relativa dentro de la producción agropecuaria nacional.