Introducción
En las últimas décadas hemos sido testigos de la proliferación de estudios de memoria, que han abordado tanto sus contenidos como sus dimensiones sociales, políticas y subjetivas: emocionales, psicológicas y afectivas. Un caudal de trabajos hace parte de lo que algunos autores han denominado el “boom” o la “explosión de la memoria”, que puede ser el resultado de diversos factores: 1) de la demanda de verdad, justicia y reparación en democracias posdictatoriales o democracias restringidas en procesos de “posconflicto” como Sudáfrica, España, Guatemala, Argentina, Chile, Perú e incluso Colombia. 2) De la búsqueda de raíces y sentido de pertenencia en sociedades en las que imperan el desarraigo, el desplazamiento, la migración. 3) De la “necesidad de anclaje temporal que sufren unas sociedades cuya temporalidad es sacudida brutalmente por una revolución comunicativa y cultural que disuelve las coordenadas espacio-territoriales de nuestras vidas”1.
La revisión de algunos de estos estudios permite identificar la tendencia hacia trabajos que enfatizan menos en la memoria como recuerdo individual de vivencias o eventos traumáticos, y más en la memoria como proceso intersubjetivo y social de reconstrucción y producción de sentido sobre el pasado a través de los lenguajes y códigos del presente. De allí que desde diferentes tradiciones teóricas se expandan nociones como la de memoria histórica, memoria colectiva, memoria social, políticas de la memoria, recuerdo colectivo, entre muchas otras. Tales nociones recogen preocupaciones que, además de las particularidades subjetivas de la memoria, abordan sus complejas articulaciones históricas, culturales y políticas, y demuestran que esta siempre está enmarcada socialmente.
Pese a las posibles denominaciones múltiples, en este artículo se trabaja desde la noción de políticas de la memoria, entendidas como iniciativas oficiales o no oficiales mediante las cuales se difunden interpretaciones sobre eventos del pasado que son relevantes para ciertos grupos sociales o políticos, así como para una nación en su conjunto2. Estas iniciativas pueden rastrearse en discursos, en lugares y monumentos, en la articulación de símbolos, en conmemoraciones, en la legislación y en diversas prácticas comunicativas y mediáticas. Las políticas de la memoria en contextos autoritarios pueden instaurar una interpretación única que monopoliza el sentido del pasado, por medio de la represión de memorias disidentes o alternativas. En contextos democráticos, la memoria institucional o dominante debe compartir el espacio público con una pluralidad de memorias sociales, de tal manera que, en lugar de políticas de la memoria dominantes (impuestas por la fuerza, por la represión), se puede hablar de políticas de la memoria hegemónicas, pues no suprimen la diferencia sino que logran acuerdos sociales, consentimientos, en torno a ciertos sentidos del pasado que favorecen la continuidad de las relaciones de poder vigentes en el presente.
Como explica Pilar Calveiro, las políticas de la memoria son sobre todo actos, ejercicios, prácticas sociales que pueden ser institucionales o no institucionales, rígidas o flexibles, e incluso hegemónicas, pero también contrahegemónicas. Estas últimas, en ocasiones, son intencionales y están orientadas por el deseo de comprensión o de justicia, como reclamo ético y resistencia a los “relatos cómodos”. En otras ocasiones son algo más espontáneas, resultado de memorias acalladas “que sin embargo permanecen e irrumpen de maneras imprevisibles”3. Lo cierto es que las políticas de la memoria, siempre plurales y en pugna, se inscriben en luchas por la validación de determinados relatos en detrimento de otros, por los efectos presentes de las interpretaciones múltiples de lo vivido, por su valor no tanto de “verdad sobre lo enunciado”, como sí de funcionalidad con respecto a la reproducción o transformación de las relaciones de poder presentes en el momento de la enunciación.
Con esta base, son dos los propósitos centrales del presente texto. En primer lugar, se espera hacer un recuento de las tensiones suscitadas en torno a dos de las iniciativas institucionales que han tenido efectos concretos en términos de las políticas de la memoria en Colombia: la Ley de Justicia y Paz (2005) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011). En dicho recuento se entabla un diálogo con otro conjunto de iniciativas que agencian memorias disidentes, al margen o en los intersticios de la institucionalidad. En la segunda parte del artículo se elabora una reconstrucción de la historia de uno de los colectivos que ha movilizado diversas iniciativas de paz y de memoria en este país: Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). Dicha reconstrucción retoma los orígenes y reconfiguraciones identitarias de tal colectivo en Bogotá, y visibiliza uno de los más recientes ejercicios de memoria en el que participaron algunos de sus integrantes.
1. Luchas por la memoria en Colombia: iniciativas en pugna
En Colombia, como es bien sabido, se ha venido profundizando un nuevo discurso orientado a la superación del conflicto armado interno, que se acompaña de un nuevo modelo de justicia: el discurso del “posconflicto” y la justicia transicional. En el marco de este régimen discursivo, los trabajos y luchas por la memoria se expanden y proliferan, expresándose en diferentes iniciativas tanto oficiales como no oficiales, que en años recientes han surgido para la construcción de memoria histórica. Algunas de estas iniciativas instituyen memorias funcionales al proyecto económico y social imperante, por cuanto buscan mantener o conceder privilegios y producir versiones del pasado eficaces para preservar el orden instituido. Otras, sin embargo, desde el lado subordinado de las relaciones de poder, desde las lecturas y posturas de los movimientos sociales, batallan por los sentidos del pasado en articulación con el presente y el futuro, expresando rupturas, resistencias, memorias disidentes y alternativas de sociedad. De lo que no cabe duda es que las luchas por las memorias están atravesadas por tensiones, conflictos y claroscuros que vale la pena recordar.
1.1. La Ley de Justicia y Paz: el lugar de las víctimas
La Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, fue creada para regular el proceso de desmovilización y reinserción de grupos armados al margen de la ley, en especial paramilitares, y avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas de cara a la búsqueda de la paz. Sin embargo, dicha ley ha estado sujeta a todo tipo de críticas y claroscuros, de los cuales se pueden derivar aprendizajes para el presente y futuro de Colombia: lentitud de los procesos, acumulación de estos, pocas sentencias, tensiones entre la reducción de penas prevista en la ley y la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación, investigaciones poco exhaustivas de la sistematicidad de los crímenes del paramilitarismo, entre otros. Como señala Juan Pablo Aranguren, la Ley de Justicia y Paz no se formuló estrictamente con el fin de propiciar un escenario transicional, pues en realidad estuvo destinada a debilitar a los grupos armados ilegales y a favorecer a los paramilitares en su proceso de reinserción a la vida civil, más que a la construcción de la paz mediante la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación4.
Asimismo, la sobrevaloración jurídica que se ha concedido a las versiones libres de los perpetradores, acompañada de toda una logística y disponibilidad social a la escucha de su confesión, ha contrastado con las barreras para que las víctimas puedan acceder a escuchar la confesión de sus victimarios y para que su voz tenga el mismo peso de verdad jurídica y social:
“Esta escucha diferencial se expresó claramente cuando los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza concurrieron al Congreso de la República. Abarrotado de senadores, periodistas y políticos, el Congreso escuchó atento las narraciones de los paramilitares. A finales de julio de 2007, el turno en el Congreso fue para las víctimas, quienes vieron cómo los senadores iban saliendo uno a uno y el recinto iba quedando casi vacío”5.
En este sentido, la verdad histórica que prevalece como relato oficial de lo que sucedió, como la memoria de lo acontecido, termina atada a los intereses, justificaciones y autorrepresentaciones de los victimarios, lo cual constituye otra forma más de violencia, en este caso simbólica, y de revictimización de las víctimas-sobrevivientes. Ello, además, contribuye a la confusión entre verdad procesual-jurídica y verdad histórica, pues la versión del pasado que termina imponiéndose como “verdad histórica” es aquella que revela libre y voluntariamente el perpetrador de crímenes en nombre de las organizaciones paramilitares como parte de los procesos judiciales que prefigura la Ley.
Igualmente, se ha cuestionado que los crímenes cometidos por los paramilitares sean asumidos como hechos aislados o crímenes comunes, ignorando que hacen parte de estrategias más complejas y estructurales. Incluso, se ha señalado que esta ley terminó ocupándose de un número menor de paramilitares y que su propósito ha sido beneficiar entre estos a los más conocidos y con mando, al someterlos a procesos altamente privilegiados y a penas inapropiadas, de acuerdo con la gravedad de los hechos, que contradicen el principio de proporcionalidad6.
Con respecto a la lentitud de los procesos, el Grupo de Memoria Histórica (GMH) señaló en uno de sus informes más representativos, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, que después de ocho años de funcionamiento, para el 2013, la Ley de Justicia y Paz encargada del juzgamiento de 4.400 postulados, sólo produjo catorce sentencias para casi 40.000 hechos confesados7. Lo anterior condujo a que en el 2012 el Congreso colombiano aprobara una reforma a la ley con el fin de incorporar enfoques diferenciales, regular las causales de exclusión de los postulantes, hacer más efectivas sus investigaciones y apelar a principios de priorización y selección que agilizaran el trabajo de la Fiscalía y los jueces.
Ahora bien, es importante recordar que bajo el mandato de la Ley de Justicia y Paz se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), también en 2005, que tuvo entre sus funciones garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial, hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación individual y colectiva, formular recomendaciones para su adecuada ejecución y adelantar acciones de reconciliación. No obstante, para organizaciones de víctimas como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES), tanto la Ley de Justicia y Paz como la CNRR resultaron problemáticas y generaron molestias:
“Como víctimas, no reconocemos la Ley de Justicia y Paz. Ésta no garantiza los derechos a la verdad real, la justicia proporcional y la reconstrucción de la memoria histórica, derechos que deben ser garantizados para que haya verdadera reparación integral. Continuamos con nuestra posición de no participar en espacios convocados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR. […] Esta Comisión viene utilizando el dolor de las víctimas, su situación precaria en lo económico y el desconocimiento de sus derechos, para beneficiar las políticas del gobierno de perdón, olvido y reconciliación, sacrificando los derechos de las víctimas, so pretexto de alcanzar la paz”8.
Dentro de la CNRR se consolidó también el GMH, integrado por académicos ampliamente reconocidos y con una importante trayectoria investigativa sobre la violencia en Colombia. Este grupo ha producido desde el 2008 numerosos informes públicos de memoria histórica en medio del conflicto armado interno colombiano, con cierto énfasis en las voces de las víctimas y sus comunidades. Sin embargo, en las luchas de la memoria, el trabajo del GMH tampoco estuvo exento de tensiones y cuestionamientos. El simple hecho de que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que reemplazó a la extinta CNRR, esté adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y cuente con la participación de distintos ministerios (incluido, recientemente, el Ministerio de Defensa) genera molestias dentro de amplios sectores del movimiento de víctimas, debido al grado de “oficialidad” que puede permear sus producciones y relatos sobre el pasado.
En este sentido, para algunas organizaciones de víctimas, la autonomía académica e independencia frente al Estado que promulgó el GMH, y que hoy promueve el CNMH, no pueden ser del todo posibles, pues, en última instancia, el hecho de ser iniciativas institucionales da como resultado que las interpretaciones y conclusiones de algunos de sus informes se vean limitadas, en especial en cuanto a la atribución de responsabilidades. Si bien la razón de ello radica en que tales iniciativas no pueden asociarse a una Comisión de la Verdad, por cuanto no tienen facultades judiciales (ya que no pueden señalar responsabilidades que no hayan sido proferidas por los entes competentes), es acertada la preocupación de Aranguren con respecto a que, si tales informes están circunscritos a narrativas vinculadas con la existencia de pruebas jurídicas, los testimonios de las víctimas que los soportan siguen teniendo un efecto marginal y limitado para emprender, “desde la institucionalidad que pretende acoger su memoria, la lucha contra la impunidad”9.
Una última tensión relativa a dichos informes tiene que ver con que, mientras estos gozan de una visibilización y un despliegue mediático importantes, las víctimas de las masacres o hechos violentos en torno a los cuales se realizan las investigaciones permanecen en el abandono, ocupando un lugar marginal y reclamando cumplimiento por parte del Gobierno de sus compromisos en términos de verdad, justicia y reparación (con el agravante de que se puedan presentar los informes como el símbolo mismo del éxito de las políticas gubernamentales). A pesar de esto, y si bien muchas víctimas no han reconocido al GMH y hoy al CNMH como interlocutores válidos por representar a un Estado que ha sido promotor de la violencia y garante de la impunidad10, tales documentos constituyen una voz significativa en los debates presentes sobre las interpretaciones del pasado y son la expresión de una de las políticas de la memoria que moviliza fuertes sentidos sobre lo que nos ha marcado como sociedad.
1.2. Las tensiones latentes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Entre las iniciativas de memoria histórica ligadas a los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas debe mencionarse la Ley 1448 de 2011, denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley, además de proponer medidas de reparación a las víctimas relativas a la restitución de tierras, la indemnización administrativa, la rehabilitación y la no repetición, establece unas medidas concretas de satisfacción, que propenden a la búsqueda, la recopilación y publicación de la memoria histórica, y la implementación de medidas de reparación inmaterial, entre las que se incluyen conmemoraciones, reconocimientos, homenajes públicos y mecanismos de reparación simbólica como la “exención de prestar el servicio militar, la creación del Día Nacional de las Víctimas, entre otras”11.
De igual forma, mediante el artículo 144 de dicha ley se crea el CNMH como establecimiento público del orden nacional orientado al diseño e implementación de un programa de derechos humanos y memoria histórica, que tenga entre sus principales funciones el acopio, preservación y custodia de material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno12. Aunque esta ley constituye un hito en materia del reconocimiento de los derechos de las víctimas y de la construcción de memoria histórica en Colombia, también ha estado cobijada por tensiones y claroscuros diversos.
Han sido tres los campos centrales de discusión: 1) La definición de víctima, que para efectos de la ley es toda “persona que haya sufrido un daño, como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, ocurridas con posterioridad al 1 de enero de 1985 en el marco del conflicto armado”13. Las primeras versiones de la ley hacían el corte a partir de 1991, pero debido a las presiones sociales se logró establecer la fecha de 1985 para el reconocimiento de las víctimas y su correspondiente reparación, si bien son muchas las personas que quedaron excluidas con dicho corte. 2) La caracterización de los responsables, que, según algunas organizaciones de víctimas, debía incluir la noción de criminalidad estatal, en lugar de la expresión “agentes del Estado”, que finalmente fue acogida y que favorece la comprensión de la violencia estatal como actos individuales y ajenos a cualquier tipo de plan o política estructural. 3) El reconocimiento legal del “conflicto armado interno”, que había sido negado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo el discurso que asocia a las guerrillas a una amenaza terrorista al Estado y a la población civil14.
Como explica José Antequera Guzmán, si bien la preocupación de Uribe Vélez y los sectores que representa era que la expresión “conflicto armado interno” legitimaba a las guerrillas al cuestionarse su carácter de “terroristas”, para ciertos sectores que representan la causa de los derechos de las víctimas, la preocupación ha sido por la reducción que esta expresión conlleva en términos de entender las violaciones a los derechos humanos como resultado exclusivo de la confrontación armada, y no como parte de motivos ligados a la acumulación de tierras y de poder político-económico que reproducen una violencia estructural, económica y sociopolítica, anterior y superpuesta a las formas más visibles de violencia ligadas al accionar de los actores armados15.
Pese a ello, la Ley 1448 de 2011 refleja un giro en la política gubernamental que intenta imprimir el presidente Juan Manuel Santos al convertir a las víctimas y la solución política del conflicto armado en las banderas de su gobierno. Lo anterior, no obstante, contrasta, por una parte, con los poderes neoparamilitares que se oponen a la restitución de tierras (de allí que otro de los términos utilizados para nombrarlos sea el de “ejércitos anti-restitución” de tierras) y que han incrementado sus acciones violentas contra los líderes que las reclaman; y por otra, con el ritmo en los procesos de restitución: “A más de 18 meses de expedida la Ley 1448 del 2011, los jueces y magistrados de restitución habían proferido 23 fallos entre diciembre del 2012 y febrero 26 del 2013. Estos involucraban a 94 demandantes, 98 inmuebles y 1.114 hectáreas, lo que representaba menos del 1% de las 31.111 reclamaciones de restitución”16.
1.3. Las memorias disidentes: en los intersticios o al margen de la institucionalidad
Las políticas de la memoria oficiales expresadas en leyes como la 975 de 2005 y la 1448 de 2011, junto con las iniciativas de memoria que prefiguran, cohabitan con otras múltiples propuestas que emergen desde distintos lugares. Por ejemplo, en el marco de los gobiernos de izquierda que tuvo la ciudad de Bogotá se creó y promovió el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el cual inició sus actividades en 2013. En este centro, cuya obra arquitectónica constituye un homenaje viviente a las víctimas del conflicto armado y a la búsqueda de la paz, se han realizado diversas actividades conmemorativas, se han abierto múltiples espacios de encuentro y discusión y se ha aportado a la construcción de la paz desde distintas formas de expresión política, artística y cultural. Un ejemplo de ello fue el ciclo de conversatorios sobre “músicas, memorias y resistencias”, que se comenzó a realizar desde junio de 2013 y que a inicios del 2014 contó con la participación de grupos musicales reconocidos (Andrea Echeverri, Alerta Kamarada, Mojarra Eléctrica), que compartieron e intercambiaron ideas con artistas, integrantes de organizaciones de víctimas y el público asistente.
De igual forma, desde muchos otros lugares y experiencias se promueven políticas de la memoria contrahegemónicas que han luchado por comunicar la propia versión de los hechos, por detener la impunidad, por esclarecer lo sucedido, por dignificar a las víctimas junto con sus comunidades y proyectos, por reclamar verdad, justicia y reparación, y por transformar de fondo las estructuras económicas y socioculturales que sostienen y perpetúan las diferentes modalidades de violencia. En efecto, a través de múltiples ejercicios de memoria, las comunidades y organizaciones sociales han desarrollado todo un abanico de prácticas, tácticas y estrategias de resistencia.
El GMH, por ejemplo, tiene registro de 177 iniciativas de memoria no estatales entre 1974 y 2010, que corresponden a 60 formas de expresión, entre las que se destacan las producciones culturales y documentales (libros, archivos y audiovisuales), las prácticas artísticas como murales, esculturas, pinturas, canciones y obras de teatro; los actos socioculturales y de tradición oral como los versos y las ceremonias; la construcción de lugares de memoria como monumentos, museos y galerías de la memoria, y las diferentes acciones performativas como marchas, plantones, celebraciones religiosas y rituales conmemorativos17. Estas iniciativas, que se ubican en la frontera o al margen de la institucionalidad, confrontan las políticas de la memoria hegemónicas y desbordan los sentidos dominantes sobre el pasado, que en ocasiones se quedan en evocaciones de las penas, los dolores, los horrores y los sufrimientos.
Organizaciones de familiares de víctimas como ASFADDES vienen movilizando desde los años ochenta iniciativas de construcción de memoria histórica para comunicar sus denuncias por medio de actividades expresivas y actos callejeros diversos, como las “marchas de claveles blancos”, en las que se portaban fotos de los detenidos desaparecidos y se gritaban consignas tales como “que nos los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron” y “juicio y castigo para los culpables”18. No se pueden dejar de mencionar los trabajos a favor de la memoria y en contra de la impunidad puestos en marcha por organizaciones de investigación y derechos humanos como el CINEP, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Fundación Nydia Erika Bautista, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Corporación Reiniciar, entre muchas otras.
Varias de estas organizaciones, junto con algunas más, integran el Movice, que se ha constituido en un espacio articulador de movilizaciones y acciones diversas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de Estado. El Movice, que nace formalmente en el 2005 y constituye una expresión sólida de enfrentamiento organizado contra la impunidad y el olvido, y de producción permanente de políticas de la memoria disidentes a favor de una sociedad distinta, recoge en su surgimiento dos procesos históricos: 1) El proyecto Colombia Nunca Más, que desde 1995 agrupa a diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos que hicieron eco de las apuestas de esclarecimiento de sucesos llevadas a cabo en otras latitudes de América Latina, tras las décadas de terror de Estado marcadas por las doctrinas anticomunistas difundidas por Estados Unidos en la región. 2) El contexto colombiano de la primera década del siglo XXI, marcado por un proceso dudoso de desmovilización paramilitar y por la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, “calificada como una ley de impunidad por las organizaciones sociales y de víctimas”19.
Es síntesis, se puede afirmar que la memoria es una zona de disputa, de formalización, de institucionalización, pero también de disrupción y transgresión, desde diferentes prácticas, y movilizada por distintos agentes políticos de la memoria. La trayectoria de H.I.J.O.S. que se expone a continuación complementa e ilustra, de una mejor manera, aquellos sentidos que están detrás de las disputas por los relatos construidos en torno al pasado de Colombia. De manera que, en la segunda parte del presente texto, se reconstruye la historia de este colectivo y se expone una de sus iniciativas recientes de reconstrucción de memoria histórica: la producción del libro Unión Patriótica: imágenes de un sueño.
2. H.I.J.O.S.: orígenes, reconfiguraciones identitarias e iniciativas20
H.I.J.O.S. es un movimiento que surgió hace más de veinte años en Argentina y hace más de diez años en Colombia. Al igual que en otros países de América Latina, en Colombia emerge como resultado del interés de muchos jóvenes de apostar a propósitos comunes ligados a las exigencias de verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición. Con una diversidad de orígenes, y pese a no ser un colectivo políticamente homogéneo, desde sus inicios sus integrantes comenzaron a gestar una identidad colectiva a partir del reconocimiento mutuo en cuanto hijos e hijas de una misma historia, cobijada por prácticas de represión política, desaparición, despojo, terror y exterminio, que han sido funcionales a la construcción de la Colombia actual y a la imposición de un modelo de desarrollo económico dominante, centrado en el capitalismo con su más reciente cariz neoliberal.
Si bien desde hace más de diez años se empezaron a llevar a cabo algunas reuniones entre personas que aún hoy hacen parte de H.I.J.O.S., su aparición pública en Colombia se da en 2006, y no puede entenderse desarticulada del contexto de la época, marcado por el primer periodo de gobierno de Uribe Vélez y por el proceso de desmovilización de paramilitares amparado por la Ley de Justicia y Paz. El hecho de que Uribe Vélez haya estado en el poder y de que en su gobierno se haya propiciado la impunidad mediante controversiales leyes como la mencionada hizo que amplios sectores, entre ellos los juveniles, se acercaran, a pesar de pertenecer a clases sociales diversas, a corrientes ideológicas heterogéneas y a orígenes familiares distintos. En un momento de represión sociopolítica en ascenso, de abiertas relaciones entre el Gobierno y el paramilitarismo, y de profundización de los mecanismos de impunidad, las consecuencias necesarias fueron el acercamiento, la reacción y la acción social de los sectores inconformes.
Así pues, en el 2006 surge esta experiencia organizativa bajo el nombre “Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad”. Su origen se da en un evento llevado a cabo en el Planetario Distrital de Bogotá, que sirvió como sustento a la autorrepresentación y articulación identitarias. En dicho lanzamiento se hizo un llamado a la opinión pública acerca de la necesidad de reconstruir la memoria histórica de las diferentes organizaciones sociales y políticas que durante los años ochenta y noventa fueron exterminadas por el Estado, con la colaboración de fuerzas al margen de la ley. Un llamado orientado a levantar gritos de protesta contra todos los crímenes de Estado, que se cometieron durante esa época y que se siguen cometiendo, soportados en políticas culturales y mediáticas de olvido. En este lanzamiento participaron comunidades indígenas y diversos actores que comparten una historia común signada por las represiones, las exclusiones y la violencia estructural. La siguiente fue la explicación del surgimiento del colectivo, publicada un año después de tal evento por algunos de sus integrantes:
“El movimiento hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad surge a partir de la búsqueda por reivindicar un pasado particular de la historia del país, así como por la exigencia de que las prácticas de aniquilación de las organizaciones de oposición no se repitan y no queden en la impunidad […] hemos tomado el camino de la lucha contra una injustificable ‘razón’ de olvido instaurada en nuestra sociedad, como principal opción para la construcción de una democracia radical en Colombia”21.
Bajo la premisa de “si en este país no hay justicia que por lo menos haya denuncia social”22 se comienza a dar forma a una identidad común muy ligada a la toma de lo público, pues allí se encuentra un campo central de lucha y de acción política para denunciar todo lo que ha querido ser relegado al olvido. Una identidad que, además, depende en buena medida del poder cohesionador de la amistad. El conocer las historias de vida de otros y sentir que estas erizan la piel, que estremecen y atraviesan el alma, empieza a gestar un vínculo tan potente que entrelaza fuertes tejidos de amistad y fraternidad. El saber quiénes son esas personas, esos amigos y amigas, y quiénes eran sus padres antes de haber sido asesinados o desaparecidos, produce una sensación de identificación y solidaridad tan fuerte que responde con facilidad la pregunta acerca de “qué nos une y qué nos hace actuar”.
Ahora bien, es importante mencionar que un buen número de los integrantes del nodo de H.I.J.O.S. en Colombia, y especialmente en Bogotá, son personas nacidas durante los años ochenta, lo cual no es un asunto fortuito. En esta década y la siguiente se materializaron diferentes estrategias de silenciamiento y exterminio, una de las cuales es la que se ha conocido como el genocidio de la Unión Patriótica (UP). Tal suceso doloroso de la historia de Colombia implicó la persecución y el asesinato selectivo de miles de militantes de este movimiento político de izquierda, surgido en el marco de las conversaciones de paz entre la dirección de las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur. Desde su aparición, a mediados de los años ochenta23, los militantes de la UP han estado sujetos a operaciones de persecución y hostigamiento, que han llevado a la aniquilación progresiva de sus miembros, acompañada del intento de borrar toda prueba o huella de lo sucedido.
Como explican Cepeda y Girón, los líderes de este grupo político de oposición han denunciado que, mediante los planes militares “Esmeralda”, “Retorno”, “Operación cóndor”, “Baile rojo” y “Golpe de gracia”, el aparato estatal, junto con las grupos paramilitares, cometieron actos atroces en contra del movimiento que hasta la fecha dejan un saldo de más de 5.000 personas asesinadas, entre las que se cuentan dos candidatos a la Presidencia, trece congresistas, cientos de alcaldes/alcaldesas y miles de activistas locales. No menos indignante ha sido que en tales crímenes, que se encuentran casi en su totalidad en la impunidad, se haya apelado al empleo de métodos de tortura y tratamientos crueles (muchos de ellos practicados en medio de masacres), con el fin de intimidar a los militantes de izquierda, generar el aislamiento social de los sobrevivientes y desplazar a quienes no se resignaron a abandonar ciertas regiones. Sumado a ello,
“Tras la aniquilación física del grupo político, se legalizó su defunción con una decisión administrativa. El 30 de septiembre de 2002, el Gobierno dictó la Resolución No. 5659 en la que retiró el estatuto legal para el funcionamiento del grupo de oposición. El Consejo Nacional Electoral justificó la medida afirmando que la UP ‘no reunía el número de sufragios electorales necesarios’ para mantener su personería jurídica”24.
El caso de la UP es relevante para entender la emergencia de H.I.J.O.S. en Colombia, pues sin lugar a dudas, las prácticas intencionadas y sistemáticas de violencia sociopolítica ejercidas desde el corazón del poder estatal contra las minorías políticas y el pensamiento de oposición son el terreno fértil de la indignación y el sentimiento de injusticia e impunidad que alientan el deseo de actuar en colectivo desde una identidad común. Pero esta identidad colectiva no es algo que haya antecedido a la acción política, sino que se construyó progresivamente y entrelazada con esta. El acordar un nombre y adoptar unos símbolos, unas apuestas y unas formas de acción son aspectos que se empezaron a gestar desde el encuentro y la interacción continua y que fortalecieron la creación de cohesión identitaria. A pesar de ello, “las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas”25. Las diferencias y los antagonismos, justamente, estuvieron en la base de rupturas y reconfiguraciones identitarias posteriores, que se explican a continuación.
2.1. De la identidad colectiva a las identificaciones estratégicas y posicionales
En el 2011, de manera similar a lo sucedido en Argentina26, las diferencias entre los miembros de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad comenzaron a hacerse evidentes. Parte de estas diferencias están relacionadas con la porosidad del principio básico de horizontalidad, que desde el inicio fue concebido como la condición para el ejercicio democrático y participativo que se expresa, entre otros, en la toma asamblearia de decisiones. El problema radica en que cuando se reciben dineros para financiación de proyectos que algunos integrantes han agenciado, y cuando estos están soportados en ciertos conocimientos frente a un campo particular, como es el de los derechos humanos, necesariamente empiezan a aparecer jerarquías, protagonismos y “coordinaciones”, que hacen que los principios comiencen a tambalear y que el trabajo en red bajo la premisa de horizontalidad no se realice en la práctica. Lo anterior, entre otras razones, produjo desde el 2011 una división que llevó a un sector de Hijos e Hijas por la Memoria y contra l a Impunidad a emprender un nuevo camino y otro proceso identitario.
El proceso de construcción de la nueva identificación colectiva consistió en tratar de planear y articular un nuevo sentido común en torno a la memoria y al país con el que se sueña. Es en este punto cuando se acoge el nombre de H.I.J.O.S. Colombia y, en particular, de H.I.J.O.S. Bogotá (o H.I.J.O.S. en Bogotá), con el fin de reivindicar dicha sigla, presente en distintas organizaciones homónimas de América Latina y el mundo. Por supuesto, el autodefinirse de esta manera no significó sólo asumir un nombre ya reconocido, sino identificarse con ciertas luchas ya emprendidas, con la historia de toda una región que ha sido golpeada por el terrorismo estatal y con unos objetivos y demandas puntuales que se expresan en la sigla misma: H.I.J.O.S. - Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio27.
El posicionar este nombre en el contexto local significa reconocer la pertenencia a aquella región latinoamericana, en la que han operado ideologías anticomunistas y proyectos de muerte favorables a los intereses económicos de algunos sectores. Junto con ello, en esta decisión puede haber criterios estratégicos que se mueven en el orden de lo comunicativo, en la medida en que al asumir la sigla y “ser H.I.J.O.S.” se entra a ser parte de una experiencia organizativa más amplia, numerosa e internacional, que respalda las acciones que un grupo mucho más reducido puede agenciar a nivel local.
Igualmente, el proceso de construcción del nuevo colectivo implicó el diálogo, la negociación, el intercambio, la toma de decisiones y la interacción entre sus integrantes, pues tales dinámicas de reconstitución siempre son relacionales28 y están mediadas por las coyunturas, las redes de relaciones en las que se participa y, claro está, los conflictos. Las disputas, los personalismos, los egos y, como es apenas inevitable en cualquier grupo humano, las relaciones de poder y las discrepancias de distinta naturaleza hacen parte de estos procesos. No obstante, pese a las diferencias, pese a que unos piensen de una forma u otra, o pese a que unos sean más visibles o “protagónicos” que otros, se logra articular un “nosotros” que en ningún momento se ancla en un fundamento último, homogéneo o esencial que soporte el significado de su identidad. En términos de Juliana Flórez-Flórez, en el marco de la tensión latente entre la necesidad de una unidad política y el reconocimiento del carácter antiesencialista de la identidad, los movimientos logran articular una identidad colectiva bastante fuerte como para diferenciarse políticamente de otros actores, pero a la vez lo suficientemente flexible como para no anular la diversidad dentro de cada movimiento: “Logran dar prioridad estratégica (más no ontológica) a la identidad en torno a la cual articulan su lucha”29.
Ahora bien, en el 2013 se produce un evento que promueve nuevas configuraciones identitarias. En julio de ese año, el Consejo de Estado le restituyó la personería jurídica a la UP, luego de reconocer las circunstancias de exterminio sistemático contra sus militantes y de anular la decisión del Consejo Nacional Electoral, por considerar que este se extralimitó en sus competencias al retirarle la personería jurídica a este movimiento político en 2002. Después de tal suceso, la postura tomada por H.I.J.O.S. fue de apoyo total y de participación activa en el proceso de reconstrucción del partido. En este momento, en las reuniones internas se comenzaron a escuchar nuevas propuestas y a producir un “nosotros” distinto: “pongámonos la camiseta de la UP”, “no somos solo H.I.J.O.S., somos la UP”.
Con este antecedente, a finales del 2013 H.I.J.O.S. difundió una carta de invitación a distintos colectivos para promover la participación en la Asamblea Distrital de la Unión Patriótica, previa a su Quinto Congreso Nacional. Una parte de esta carta, que circuló en redes sociales, confirmaba lo siguiente:
“La organización H.I.J.O.S. - Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, ha resuelto participar decididamente en el V congreso de la Unión Patriótica a realizarse el 15, 16 y 17 de noviembre del presente año, entre otras razones, porque consideramos que este escenario constituye un referente de dignidad y un estandarte de la memoria de nuestro país como prueba viva del genocidio político perpetrado por el terrorismo de Estado. Con la UP, renace también la esperanza de millones de colombianos que buscan alternativas a un modelo de exclusión política y económica, como posibilidad de reconstruir sueños y convencernos de la capacidad que tiene el pueblo para decidir sus destinos; sin embargo, sabemos que es una ardua labor que requiere del esfuerzo de las organizaciones que llevan en su huella este hermoso legado, como son sus principios de unidad y solidaridad con las causas justas”30.
Luego del Quinto Congreso Nacional de la UP, en el que los asistentes corearon el nombre de Aída Avella31 y le pidieron que fuera la candidata de este partido a las elecciones presidenciales del 2014, la participación activa de H.I.J.O.S. comenzó a consolidar a sus integrantes como una fuerza joven dentro de este, lo cual en cierta medida generó que los límites identitarios entre H.I.J.O.S. y la UP se tornaran difusos. Como señala Bonaldi, la consistencia identitaria y la permanencia de los integrantes en H.I.J.O.S. han estado relacionadas con el esfuerzo por poner la identidad de este colectivo por encima de las demás identidades posibles32. Este asunto no ha sido para nada sencillo en H.I.J.O.S. Bogotá, pues sus miembros, como parte de su quehacer profesional, pertenecen a organizaciones de la sociedad civil o a instituciones del orden nacional o distrital; y, como parte de su activismo político, tienen vínculos diversos con múltiples organizaciones y movimientos sociales.
A pesar de ello, la identidad de H.I.J.O.S. Bogotá se ha mantenido consistente, incluso en momentos como el mencionado, en el que las ilusiones y la esperanza de retomar el proceso político de la UP, truncado por la criminalidad paraestatal, se hicieron cada vez más fuertes y realizables. Cabe destacar, sin embargo, que el miedo a “perder la identidad” o a que se diluya “lo propio de H.I.J.O.S.” no hace parte de las preocupaciones del colectivo, en la medida en que la UP nunca ha sido pensada como un “otro”, como un movimiento diferente, sino como parte de la historia propia y de una memoria viva que las nuevas generaciones deben potenciar. De manera que tal coyuntura se presenta más bien como una posibilidad de poder resolver ciertos sentires asociados al sueño de continuar el proyecto político, que fue frustrado por medio de políticas de terror, olvido y represión.
La identidad mutante responde entonces a las coyunturas, se reacomoda, toma otras caras. Es una autoidentificación nómada y transitoria que se moldea de acuerdo con los entramados relacionales y con las posiciones subjetivas que toman los actores sociales: es “estratégica y posicional”33. Por esto mismo, mal se haría al afirmar que H.I.J.O.S. Bogotá, como construcción colectiva e identificación común, se ha diluido y desvanecido en el proceso más amplio de la UP o que representa sólo a un sector joven dentro de este movimiento. Las identificaciones son imprevisibles y azarosas, no tienen finales irreversibles, no son sino que están siendo y tienen por lo general facetas múltiples, de acuerdo con los momentos y los contextos.
En este sentido, aunque híbrida y cambiante, la identidad de H.I.J.O.S. Bogotá persiste y se manifiesta en la presencia pública de un grupo de amigos y amigas, de jóvenes con ideas políticas comunes que reflexionan conjuntamente en torno a asuntos gruesos del país, ponen a actuar sus vidas cotidianas en función de la información compartida y emprenden, a partir de allí, acciones colectivas por la memoria. Pese a las reconfiguraciones identitarias, H.I.J.O.S. sigue presente como un colectivo de reflexión/acción que mantiene vínculos sinceros y estrechos fundados en la afectividad y la complicidad. Se trata de una comunidad político-afectiva, que continúa entrelazando sueños y que, en la actualidad, sigue siendo una voz importante en la producción de políticas de la memoria contrahegemónicas, en la construcción de iniciativas de paz y en la promoción de cultura democrática desde la movilización social y la confrontación del olvido y la impunidad.
2.2. Unión Patriótica: imágenes de un sueño. Una iniciativa de memoria y de paz
Si bien desde sus orígenes H.I.J.O.S. ha promovido numerosas acciones colectivas que van desde movilizaciones, plantones o intervenciones artísticas hasta foros, conversatorios y diversos espacios reflexivos y de diálogo, su razón de ser ha girado en torno a ejercicios de memoria que, al igual que los de otras organizaciones, se han movido en los intersticios, y a veces al margen, de la institucionalidad. Así, aunque algunos de sus integrantes han aportado a la reconstrucción de memoria histórica desde lugares institucionales como el CNMH o el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, al mismo tiempo han sostenido en eventos públicos como el Foro Nacional de Víctimas —que tuvo lugar del 3 al 5 de agosto de 2014 en Cali— la necesidad de posicionar otras memorias, de reformar la Ley de Víctimas y de garantizar el derecho a la verdad como base de la justicia, la democratización y la paz. Ahora bien, entre la diversidad de iniciativas que H.I.J.O.S. ha promovido, se opta por cerrar el presente artículo destacando una de las más recientes: el proyecto Unión Patriótica: imágenes de un sueño.
Meses después de que el presidente Juan Manuel Santos reconociera públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en la persecución y el exterminio de la Unión Patriótica se presentó el libro Unión Patriótica: imágenes de un sueño, en un evento que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2016 en el auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional de Colombia, y que contó con la participación de sus autores, de la presidenta del partido, Aída Avella, y de numerosos colaboradores, militantes y simpatizantes de dicho movimiento político. El libro es el resultado de una iniciativa del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en la que participaron integrantes de H.I.J.O.S. (Alejandra Gaviria Serna y Pavel Santodomingo), de la UP (Omer Calderón, presidente del partido desde el 2008 hasta el 2013) e investigadores del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Boris Orjuela y Oscar Sotelo).
La intención del libro, cuyo proyecto fue coordinado por Alejandra Gaviria Serna, historiadora y realizadora audiovisual, “es reconstruir la experiencia de la Unión Patriótica desde un lugar distinto a la historia del exterminio, al que han pretendido reducir a este partido político […] poniendo especial énfasis en las dinámicas organizativas y en las prácticas alrededor de ‘el hacer’ política, desde su nacimiento hasta la actualidad”34. Adicionalmente, como su nombre lo indica, la historia de la UP se reconstruye a partir de imágenes y de una propuesta estética multicolor en la que la experiencia de este partido político toma distancia del blanco y negro, del pasado nostálgico, lejano, lúgubre y frío. Por el contrario, su diseño colorido y su lenguaje expresivo transmiten alegría, reavivan sueños y potencian esperanzas de cara al presente y al futuro, no sólo de la UP sino de la paz y la democracia en Colombia.
Cabe destacar que el ejercicio de reconstrucción de memoria que se expresa en Unión Patriótica: imágenes de un sueño se basa en los titulares, artículos e imágenes del semanario VOZ, único medio que registró momentos y logros de la UP trascendentales para distintas comunidades del país, pero que no llegaron a ser noticia en los grandes medios que justificaron su exterminio u optaron por publicar titulares sensacionalistas: “uno más de sus miembros asesinados”35. Desde los archivos de VOZ, el equipo investigador contribuye a la recuperación de la memoria viva de la UP, al margen de la verdad oficial y del desconocimiento y descontextualización que acompañan su historia. Como señala el equipo, con cierta desolación, la invisibilización de los logros y apuestas de este partido es tan grande que incluso, en la búsqueda y recolección de información en varios municipios, encontraron que en ellos se puede nombrar uno a uno a todos los alcaldes que han tenido, con excepción de los de la UP, como si se hubieran olvidado o no hubieran existido.
Los efectos de las políticas de olvido y silencio en Colombia sin duda se hacen evidentes ante tales constataciones. A propósito, vale la pena mencionar que toda narrativa sobre el pasado implica una selección de hechos y procesos, una urdimbre de eventos rememorados y silenciados, un juego de recuerdos y olvidos. El olvido, o mejor, los olvidos, en plural, reflejan la presencia de ausencias, es decir, de cosas que estaban y ya no están. Como explica Jelin36, hay varios tipos de olvido. Está el olvido liberador, que permite liberar a las personas de la carga del pasado para poder mirar hacia el futuro. Está el olvido evasivo, en donde se intenta no recordar lo que puede herir y se eluden los fantasmas del pasado encontrando refugio en la decisión del presente de “no querer saber” ni evocar. Pero también está el olvido definitivo, que se refiere a la borradura de hechos y procesos históricos producidos por una voluntad o política de olvido y silencio, por parte de actores que diseñan estrategias para ocultar o destruir pruebas y rastros, para promover olvidos selectivos, e incluso para imponer el miedo o el silenciamiento total, exterminio físico, como método determinante. Quizás una amalgama de estos distintos tipos de olvido explica por qué en algunos municipios pareciera que la huella de la UP se ha olvidado, se niega o se silencia.
Pero ante tales circunstancias, ante la persistente razón de olvido, emergen siempre políticas de la memoria contrahegemónicas: aquellas que no callan, que visibilizan y que retoman el pasado para forjar presentes y futuros alternativos. Es ello lo que se percibe en el libro Unión Patriótica: imágenes de un sueño. En sus páginas se destaca la diversidad de actores que participaron en la construcción de este partido, entre los que se mencionan, además del Partido Comunista Colombiano —que ha sido su fuerza articuladora—, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; representantes del mundo del arte y la intelectualidad; numerosos sindicatos (trabajadores al servicio del Estado, obreros del petróleo, de la agroindustria, mineros, maestros, etcétera); líderes de movimientos sociales y políticos (FIRMES, ANAPO, FAMM, INCONFORMES); sectores del liberalismo y conservadurismo de varios departamentos; víctimas del sistema de crédito a la vivienda basado en el UPAC; organizaciones de estudiantes, profesores y madres cabezas de familia, entre muchos otros37.
De igual forma, se explican los cambios en el ejercicio político que se reflejaron, dentro de la UP, en mecanismos de democracia directa ligados a la organización asamblearia desde las bases del movimiento; y hacia afuera del partido, en nuevas formas de ser Gobierno. En efecto, los cambios promovidos por los líderes y lideresas de la UP cuando gobernaron en trescientos municipios del país se asociaron a los presupuestos participativos que incentivaron la participación popular, a la construcción de infraestructura (escuelas, alcantarillados, hospitales, vías) en corto tiempo y con escasos recursos, gracias al trabajo voluntario de la comunidad y a la creatividad política que permitieron la consolidación del movimiento, además de resultados positivos en su participación en la vida política electoral38.
Asimismo, gracias a los ensayos introductorios de las cinco secciones del libro, escritos por Omer Calderón, se pueden comprender las apuestas centrales de la UP desde su surgimiento en los años ochenta: 1) el impulso a la apertura democrática y a la Asamblea Nacional Constituyente; 2) la lucha social a favor de la solución negociada al conflicto socioeconómico, político y armado del país; 3) la consolidación de un movimiento amplio y pluralista para confrontar la violencia, la dominación, la exclusión, la corrupción y el clientelismo propios de los partidos políticos tradicionales; 4) el desarrollo de una agenda pública social que, además de ir en contravía de las políticas nacionales de corte neoliberal, incluyó temas de importancia como los derechos de la juventud (Hernán Motta Motta, parlamentario de la UP, fue autor de la Ley de la Juventud); 5) y “el fomento de la cultura, la atención a las poblaciones vulneradas en sus derechos y la participación decisoria de las mujeres en la conducción de asuntos públicos”39.
Un aspecto adicional que vale la pena destacar de esta iniciativa de memoria liderada por integrantes de H.I.J.O.S. es la loable intención de que los lectores contribuyan a la reconstrucción de la memoria de la UP, expresada mediante ciertos mensajes de pie de foto en los que se hace la siguiente invitación: “Al cierre de la edición de este libro no encontramos información sobre estas imágenes. Si quieres aportar a este proceso de reconstrucción colectiva de las memorias gráficas de la Unión Patriótica puedes escribir a: unionpatrioticacolombia@gmail.com”40. De esta forma, el trabajo colaborativo que está detrás de la producción del libro se proyecta hacia un ejercicio de colaboración que nos compete a todos y todas, no sólo como lectores sino como sociedad: aportar a la recuperación de la memoria histórica de la UP y sentar un precedente para que la verdad, la justicia, la reparación colectiva y las garantías de que no se vuelvan a cometer genocidios por móviles políticos como el ocurrido en contra de este movimiento sean la base de la construcción de una verdadera democracia en Colombia.
Conclusión
Este artículo muestra que la reconstrucción de memoria histórica en Colombia ha estado acompañada de innumerables iniciativas, tensiones y experiencias. Las políticas de la memoria hegemónicas que han surgido desde la institucionalidad y ligadas a agendas gubernamentales, como la Ley de Justicia y Paz o la Ley de Víctimas, han entrado en confrontación y debate con múltiples memorias promovidas desde diferentes lugares, a veces en los intersticios o a veces al margen de la institucionalidad. Como explicó Jelin (2002), las políticas de la memoria no responden sólo a iniciativas oficiales que desde el “deber del Estado” institucionalizan una narrativa sobre el pasado, sino que se enmarcan en luchas por las memorias, esto es, en pugnas por el sentido del pasado (por su legitimidad, su pretensión de “verdad”, sus efectos), que se dan en función de la disputa política del presente y su relación con futuros posibles41.
En este sentido, las políticas de la memoria disidentes, contrahegemónicas, posicionan relatos sobre el pasado que remueven y escudriñan en las densidades de lo acontecido, que hablan de los actos cotidianos de protección, solidaridad, desobediencia, sublevación y resistencia frente a los poderes armados y los contextos de violencia, y que exaltan las prácticas de conmemoración y los trabajos a favor de la verdad histórica mediante los cuales “grupos y organizaciones sociales buscan visibilizar sus reclamos, restaurar la dignidad y resistir al olvido”42. Como señala Antequera, por medio de dichas iniciativas se rechaza la posibilidad de que el Estado defina lo que debe ser recordado o no, y se exige que se reconozcan “cuestiones tan indiscutibles como la responsabilidad del mismo en la ejecución de crímenes de lesa humanidad y políticas de exterminio, así como del carácter político de las víctimas y sus proyectos inconclusos”43.
De manera que, si bien ciertas políticas de la memoria hegemónicas promovidas desde el poder estatal instauraron en el imaginario colectivo de la población colombiana una negación e invisibilización constantes de las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas contra distintas colectividades, y en particular contra los miembros de la UP44, dichas políticas entran en tensión y confrontación con la experiencia histórica de un sinnúmero de movimientos y colectivos que como H.I.J.O.S. agencian memorias disruptivas que se oponen al olvido y confrontan la impunidad. La historia de H.I.J.O.S., con sus tránsitos y reconfiguraciones identitarias, así como las iniciativas en las que sus integrantes han participado, como el libro Unión Patriótica: imágenes de un sueño, ilustran la forma como las nuevas generaciones, a través de ejercicios de memoria concretos y necesarios, recuperan el pasado y promueven, en el presente, otros futuros posibles al reavivar la esperanza de los miles de familiares, sobrevivientes y simpatizantes que, en el caso de la UP, aún creen en este movimiento político y acompañan hoy su renacer.