Políticas para las mujeres en Japón (1990-2024)
Martha Loaiza Becerra
ロアイザ ベセラ · マルタ
Francisco Javier Haro Navejas
アロ ナベハス · フランシスコ ハビエル
Facultad de Economía, Universidad de Colima (México)
コリマ大学(メキシコ)経済学部
https://doi.org/10.53010/kobai.10.2025.03
María Camila Tinjacá Mora, Políticas — Primer Ministro, [ilustración digital], 2025.
Introducción
En 2025 se conmemoran cuarenta años de la ratificación por parte de Japón de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmada en 19851. Este aniversario representa una oportunidad para reflexionar sobre los orígenes y la evolución del compromiso japonés con la igualdad de género en el ámbito internacional. Por ello, este artículo analiza la evolución de las políticas dirigidas a la igualdad de género en Japón desde 1990 hasta 2024. Si bien Japón es ampliamente reconocido por su liderazgo tecnológico y su patrimonio cultural, ha enfrentado persistentes desafíos en materia de equidad entre mujeres y hombres. El texto se estructura en cuatro secciones: (I) Panorama inicial en la década de 1990, (II) Primeros cambios en los años 2000, (III) La estrategia Womenomics y el impulso hacia la igualdad en la década de 2010, y (IV) Cambios y desafíos en el periodo 2020–2024.
Para comprender la transformación de las políticas de género en Japón, resulta fundamental considerar el contexto internacional y los marcos normativos promovidos por Naciones Unidas.
Desde 1946, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), ha sido un órgano central del sistema de Naciones Unidas para promover los derechos de las mujeres en todo el mundo. Esta comisión fue establecida en respuesta a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas que reafirma la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (United Nations, 2023).
Entre sus logros más relevantes se encuentran la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptada en 1953, que reconoce el derecho de las mujeres al sufragio y a ocupar cargos públicos (United Nations, 1953), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW-por sus siglas en inglés), aprobada en 1979, que representa uno de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes para erradicar la discriminación por razones de género (United Nations, 1979).
La agenda global por los derechos de las mujeres cobró mayor visibilidad en 1975, cuando se celebró en Ciudad de México la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer2. En esa conferencia se adoptó un Plan de Acción Mundial y se proclamó la Década de las Naciones Unidas para la Mujer (1976–1985), centrada en tres objetivos clave: igualdad, desarrollo y paz (United Nations, 1975).
En años posteriores, se celebraron conferencias de seguimiento que reforzaron el marco normativo internacional. En Copenhague (1980), Japón y otras 56 naciones firmaron formalmente la CEDAW, reafirmando su compromiso con la eliminación de la discriminación por razones de género. En Nairobi (1985), durante la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, se adoptaron las Estrategias Prospectivas de Nairobi para el Adelanto de la Mujer, que establecieron metas para el periodo hasta el año 2000 (United Nations, 1985). Posteriormente, en Beijing (1995), se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la cual se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta ambiciosa que continúa guiando los esfuerzos internacionales por la igualdad de género (United Nations, 1995).
Estas conferencias, convenios y estrategias han sido esenciales para establecer estándares globales y han influido significativamente en la formulación de políticas públicas en numerosos países, incluido Japón. A pesar de los avances logrados, los desafíos persisten, lo que hace necesario un análisis continuo de los logros y limitaciones en el diseño e implementación de políticas de género a nivel nacional.
Durante la década de 1970, la política exterior de Japón estuvo predominantemente orientada hacia la consolidación de su recuperación económica y el fortalecimiento de su posición geopolítica en Asia. En ese contexto, las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres y la igualdad de género no constituían una prioridad explícita en su agenda internacional. Sin embargo, la participación de Japón en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer no solo representó un acto de adhesión formal a los objetivos de la ONU, sino que se convirtió en un referente simbólico del inicio de la transición hacia una política internacional más sensible a las cuestiones de género. Esta transformación se consolidaría en las décadas siguientes, particularmente a través de su ratificación de la CEDAW y la implementación paulatina de programas de cooperación enfocados en el empoderamiento de las mujeres en el sur global.
Durante la década de 1980, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de Japón experimentó un crecimiento exponencial, duplicándose cada tres a cinco años (MOFA, 2004, p.6). Se caracterizaba por su fuerte enfoque en la infraestructura económica, desarrollo de recursos humanos y producción de alimentos. El énfasis en el desarrollo económico general de los países receptores podría haber beneficiado a las mujeres a través de la mejora de las condiciones de vida, pero no existían programas específicos y directamente dirigidos al empoderamiento de las mujeres o la igualdad de género. Por ejemplo, se apoyó la construcción de instalaciones de riego en Laos en la década de 1980, o la implementación de programas integrales para aumentar la producción de alimentos, como el apoyo al cultivo de arroz en Indonesia. También, se ofrecieron programas de capacitación vocacional y desarrollo de capital humano.
Los programas específicos y directos para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, con financiación explícita para estas áreas, se desarrollarían más prominentemente a partir de la década de 1990 y principios del siglo XXI, cuando Japón amplió su enfoque de cooperación internacional mediante su participación activa en las conferencias mundiales de la ONU. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995), el gobierno japonés presentó un informe sobre cómo estaba integrando la perspectiva de género en sus programas de AOD, destacando proyectos relacionados con salud reproductiva y capacitación laboral para mujeres.
Panorama inicial en la década de 1990
En los años 90, Japón comenzó a reconocer que el avance de las mujeres en la sociedad no era solo una cuestión de derechos, sino también un tema económico. Los esfuerzos realizados fueron de tipo jurídico. En 1997, se revisó la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo que prohibía la discriminación contra la mujer y había promovido gradualmente el trato equitativo para los empleados y empleadas debido a la persistencia de diferencias salariales y de contratación. Para eliminarlas, se promulgó la Ley Básica para una Sociedad con Igualdad de Género en 1999 (United Nations, 2003). Esta fue una señal clara de que el gobierno estaba dispuesto a abordar el tema. Sin embargo, las políticas eran más aspiraciones que acciones concretas, y muchos de los cambios propuestos no se implementaron de manera efectiva.
Durante esta década, la participación de las mujeres en el mercado laboral seguía siendo limitada, especialmente en puestos de liderazgo. Esto estaba en gran parte influido por una cultura laboral que priorizaba el empleo masculino de por vida y el papel de la mujer como ama de casa. Adicionalmente, Japón promulgó la Ley contra el Acoso Sexual (1999), una ley específica, que lo prohíbe en el lugar de trabajo y establece medidas para prevenir y abordar esta forma de violencia de género.
Primeros cambios en los años 2000
El desarrollo legislativo de Japón en materia de igualdad de género entre 1990 y 2024 no puede comprenderse plenamente sin un análisis de su interconexión con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, posteriormente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Este marco de referencia global ha actuado como un catalizador y una guía para la política interna japonesa, proporcionando una hoja de ruta internacional que ha legitimado y, en ocasiones, impulsado la promulgación de leyes cruciales para las mujeres. La trayectoria de Japón en este periodo es un testimonio incontrovertible de cómo las metas globales pueden traducirse en acción legislativa nacional.
María Camila Tinjacá Mora, Políticas — Ley Refugio, [ilustración digital], 2025.
A fines del siglo XX y principios del XXI, Japón enfrentaba críticas internacionales por su rezago en materia de igualdad de género, un hecho evidente en los indicadores del Informe Global sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial (Foro Económico Mundial, 2023). La adopción de los ODM en 2000, con su tercer objetivo centrado en promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, proporcionó a Japón una nueva motivación y un marco de rendición de cuentas. En respuesta a este compromiso global, el gobierno japonés a través del Buró de Igualdad de Género (Oficina del Gabinete de Japón), comenzó a intensificar sus esfuerzos legislativos.
Un ejemplo notable de esta respuesta es la enmienda de 1999 a la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo para Hombres y Mujeres, que prohibió la discriminación de género en un rango más amplio de áreas laborales. Esta reforma, si bien no fue una respuesta directa a los ODM, fue parte de una serie de medidas que buscaban modernizar el marco legal japonés en un contexto de creciente presión internacional. Con el cambio de milenio, surgieron algunas iniciativas clave como el compromiso del abordaje de las desigualdades en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Además, comenzaron programas para promover el empleo femenino y facilitar la conciliación entre trabajo y familia, como la Ley de Licencia por Cuidado Infantil y Familiar3.
La Ley de Violencia Doméstica, promulgada en 2001, establece medidas para abordar la violencia doméstica y proporciona protección y apoyo a las víctimas. Incluye disposiciones para establecer centros de consulta y refugios para mujeres que son víctimas de violencia doméstica, así como medidas para facilitar el acceso a asistencia legal y apoyo psicológico.
A pesar de estos avances, la brecha salarial de género seguía siendo una de las más altas entre los países desarrollados. Las expectativas sociales seguían encasillando a las mujeres en roles tradicionales, dificultando su avance en carreras profesionales.
La estrategia Womenomics y el impulso hacia la igualdad en la década de 2010
Al llegar al 2010, el gobierno japonés impulsó la igualdad por razones económicas. En 2013, el primer ministro Shinzo Abe lanzó su iniciativa llamada Womenomics, un plan para incorporar a más mujeres en el mercado laboral como una forma de revitalizar la economía japonesa. Entre las metas destacaban:
Si bien la estrategia de Womenomics fue un avance significativo, enfrentó barreras culturales profundas. Muchos hombres seguían siendo reacios a asumir roles domésticos, lo que limitaba la capacidad de las mujeres para aprovechar estas políticas. Además, estas medidas gubernamentales ocurrieron en un contexto de drástico descenso demográfico (Véase Tabla 1. Nacimientos de niños en Japón 1970-2022).
Más tarde, la promulgación de la Ley para la Promoción de la Participación de la Mujer y el Avance en el Lugar de Trabajo en 2015 se alinea de manera aún más explícita con las nuevas metas de la agenda global. Esta legislación obligaba a las empresas a establecer y divulgar planes para aumentar la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo, reflejando directamente la transición de los ODM a los ODS, en particular el ODS 5: Igualdad de Género.
La transición de los ODM a los ODS en 2015 marcó un cambio cualitativo en la estrategia de Japón. El ODS 5 no solo se centraba en la participación laboral, sino también en la eliminación de la violencia, el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado y la plena participación en la toma de decisiones. Japón respondió a este marco más amplio con una serie de iniciativas. Por ejemplo, aunque el gobierno japonés ya tenía políticas de licencia por maternidad y paternidad, el impulso de los ODS ha reforzado el discurso en torno a la necesidad de equilibrar el trabajo y la vida familiar, lo que se refleja en las enmiendas a la Ley de Licencia por Cuidado Infantil y Familiar (Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, s.f.). Este enfoque es fundamental para abordar la carga desproporcionada del trabajo de cuidados sobre las mujeres, un aspecto crucial del ODS 5.
Además, la agenda de los ODS ha influido en la estrategia económica de Japón. La política de Womenomics, introducida en 2013, si bien fue una iniciativa interna, se vio reforzada por el marco global de los ODS que vincula la igualdad de género con el crecimiento económico (Buró de Igualdad de Género, Oficina del Gabinete de Japón, 2017). El objetivo de aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral y en puestos de liderazgo no solo es una meta social, sino también una estrategia para impulsar la economía japonesa en un contexto de declive demográfico. De esta manera, los ODS han proporcionado un lenguaje y una lógica que ha ayudado a vincular la igualdad de género con la prosperidad económica a nivel nacional.
El fenómeno del “acantilado demográfico”, caracterizado por una caída abrupta de la tasa de natalidad y un rápido envejecimiento poblacional, incide significativamente en las políticas públicas, especialmente aquellas dirigidas a las mujeres. Esta dinámica conlleva una merma sustancial de la Población Económicamente Activa (PEA) y un incremento de la proporción de dependientes, con profundas implicaciones socioeconómicas y políticas.
Diversos factores contribuyen a la disminución de la natalidad, incluyendo la evolución de las expectativas sociales sobre la familia y la reproducción, el elevado costo de la crianza, la incertidumbre económica y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Japón ejemplifica esta tendencia global, presentando una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (1.34 en 2020 y 1.2 en 2023, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2.1). Factores como la inseguridad económica, las extensas jornadas laborales y la limitada infraestructura de apoyo a la crianza exacerban esta situación. Paralelamente, se observa un aumento en la edad promedio del matrimonio (29.4 años para mujeres y 31.1 para hombres en 2020) y una creciente proporción de individuos que optan por la soltería y la ausencia de hijos, reflejo de cambios en las normas sociales y económicas. Chizuko Ueno argumenta que no son meras anomalías, sino signos de que el modelo de la familia moderna japonesa ha llegado a su fin. Ueno sostiene que la estructura familiar que se consideraba el pilar de la sociedad japonesa se está desintegrando, lo que abre un debate sobre qué tipo de estructuras familiares y sociales la reemplazarán en el futuro (2008).
Simultáneamente, Japón posee la población más envejecida a nivel global, con más del 28% de sus ciudadanos superando los 65 años en 2020. La combinación de una elevada esperanza de vida, producto de los avances médicos y la mejora de las condiciones de vida, y la baja natalidad, impulsa un rápido envejecimiento poblacional.
Las consecuencias de esta transición demográfica son multifacéticas. La contracción de la PEA genera escasez de mano de obra y potencial merma de la productividad, afectando negativamente el crecimiento económico, la innovación y la competitividad internacional del país. El aumento de la población dependiente y la disminución de los contribuyentes jóvenes ejercen una presión considerable sobre la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, pensiones y atención médica. La estructura familiar se transforma, con un aumento en la proporción de individuos que permanecen solteros y sin hijos, y un incremento en el número de personas mayores que viven solas, lo que plantea nuevos desafíos sociales y políticos.
María Camila Tinjacá Mora, Políticas — Crisis Demográfica, [ilustración digital], 2025.
Tabla 1
Nacimientos de niños en Japón (1970-2022)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Ministerio de Salud, Trabajo
y Bienestar Social de Japón.
La Ley para la Promoción de la Participación y el Desarrollo de las Mujeres en el Lugar de Trabajo promulgada en 2016, estableció medidas para promover la participación de las mujeres en el lugar de trabajo y fomentar su avance profesional. Incluye disposiciones para la eliminación de la discriminación de género en el empleo, así como medidas para promover la conciliación entre el trabajo y la vida personal.
La Ley de Promoción de la Creación de una Sociedad que Permita que las Personas Trabajen Cuidando a Hijos o Familiares Dependientes promulgada en 2018, tiene como objetivo crear un entorno laboral que permita a las personas equilibrar el trabajo con el cuidado de hijos o familiares dependientes. Incluye disposiciones para promover la licencia parental pagada y el trabajo flexible.
Cambios y desafíos en el periodo 2020–2024
En las últimas décadas, Japón ha implementado una serie de políticas públicas dirigidas a la promoción de la igualdad de género. Un hito en este esfuerzo fue la promulgación en 2015 de la Ley de Promoción de la Participación Activa de las Mujeres4, que obligó a las grandes empresas a divulgar datos sobre la representación femenina en sus plantillas (Foro Económico Mundial, 2023). En el ámbito laboral, las revisiones legislativas en 2022 incluyeron la adopción de medidas específicas contra el acoso de género en el lugar de trabajo. No obstante, a pesar de estas iniciativas, el progreso hacia la paridad de género ha sido gradual.
En 2023, Japón se ubicó en el puesto 125 de 146 países en el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (Foro Económico Mundial, 2023, p. 11), lo que contrastaba notablemente con el puesto 33 de México y el 94 de Corea del Sur en el mismo índice (Foro Económico Mundial, 2024, p. 12). Esta situación reflejaba un estancamiento prolongado, con proyecciones de que la paridad podría tardar 189 años en alcanzarse (Foro Económico Mundial, 2023, p. 6).
El informe de 2024 mostró una mejora notable en la posición de Japón, que ascendió al puesto 118 de 146 países, con una paridad general del 66.3%, lo que representa un avance de siete posiciones respecto al año anterior (Foro Económico Mundial, 2024, p. 12). Esta mejora se atribuyó principalmente a los avances en el subíndice de Empoderamiento Político, donde Japón alcanzó el puesto 113. La representación de las mujeres en puestos ministeriales mejoró sustancialmente, alcanzando una puntuación de paridad del 33.3%, en comparación con el 9.1% en 2023 (Foro Económico Mundial, 2024). Sin embargo, la paridad de género en el parlamento se mantuvo modesta en un 11.5%, lo que evidencia la persistente subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, tanto a nivel nacional como local (Foro Económico Mundial, 2023, pp. 17-18).
En la esfera económica, Japón ocupó el puesto 120, con una brecha de género del 56.8% aún por cerrar. Aunque la proporción de mujeres en la fuerza laboral aumentó lentamente, la disparidad en los ingresos laborales y la representación en puestos de alta dirección sigue siendo considerable. La puntuación de paridad en los puestos de alta dirección fue de solo el 17.1% (Foro Económico Mundial, 2024). Este panorama se alinea con la tendencia regional, donde Japón presenta una de las proporciones más bajas de mujeres en roles de liderazgo en Asia del Este y el Pacífico, con un 14.6%, en marcado contraste con países como Filipinas, que alcanzan el 48.6% (Foro Económico Mundial, 2023, pp. 53-54).
María Camila Tinjacá Mora, Políticas — Brecha Salarial, [ilustración digital], 2025.
En otros indicadores del Informe, Japón exhibió un desempeño más favorable. En el subíndice de Logros Educativos, alcanzó el puesto 72, con una puntuación de paridad del 99.3%, lo que refleja una paridad casi completa en la alfabetización y la matriculación en educación secundaria y terciaria. En cuanto a Salud y Supervivencia, la puntuación se mantuvo estable, ubicando a Japón en la posición 58 (Foro Económico Mundial, 2024).
Japón ha consolidado su compromiso con el avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de una sólida estrategia de cooperación internacional. Esta estrategia se manifiesta en una red de alianzas con entidades multilaterales, gobiernos extranjeros y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promover políticas, programas y medidas que aborden las desigualdades de género y mejoren la calidad de vida de las mujeres a escala global.
En el ámbito multilateral, Japón colabora activamente las Naciones Unidas, específicamente con ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). Esta asociación estratégica permite a Japón contribuir al cumplimiento de la agenda global de igualdad de género, apoyando iniciativas que van desde el fortalecimiento de la participación política y económica de las mujeres hasta la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos.
Con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Japón participa en el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de políticas destinadas a combatir la violencia de género. Esta colaboración se extiende a la armonización de metodologías para la recopilación de datos y la evaluación de la eficacia de las políticas implementadas en esta área crítica. De manera similar, el apoyo de Japón a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se enfoca en iniciativas que abordan las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica y el acoso sexual, reconociendo su impacto directo en la salud física y mental.
A nivel bilateral, Japón establece asociaciones estratégicas con gobiernos extranjeros para avanzar en la agenda de derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Estas colaboraciones facilitan el intercambio de conocimientos y experiencias, la financiación de programas de prevención y respuesta a la violencia de género, y el apoyo a proyectos de desarrollo que buscan empoderar a mujeres y niñas en diversas regiones del mundo.
Finalmente, el compromiso de Japón se extiende a la colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de la sociedad civil. A través de la provisión de financiamiento, apoyo técnico y recursos, Japón fortalece la capacidad de estas organizaciones para implementar proyectos y programas dirigidos a promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres en múltiples contextos, consolidando así un enfoque integral y multisectorial en su diplomacia de género.
En el periodo comprendido entre 2020 y 2024, el panorama empresarial japonés ha manifestado un avance significativo en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento femenino, reflejando la creciente efectividad de las legislaciones y políticas gubernamentales. Estas iniciativas corporativas se han focalizado en áreas clave como el desarrollo profesional, la conciliación entre la vida laboral y personal, y el incremento de la representación femenina en roles de liderazgo (Oficina del Gabinete de Japón, 2024).
En el ámbito de la mentoría, el desarrollo profesional y el aumento de la representación de mujeres en puestos de liderazgo, se observan ejemplos destacados. Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ha sido reconocida con la máxima calificación de 3 estrellas en la “Certificación Eruboshi” del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, distinción que premia la excelencia en la promoción de la participación y el avance de las mujeres. Adicionalmente, MOL ha sido designada como “Marca Nadeshiko” por cuatro años consecutivos, subrayando su compromiso con el desarrollo de mujeres gerentes para futuras posiciones directivas y la mejora del entorno laboral para las marineras (Mitsui O.S.K. Lines, 2024). Por su parte, Ajinomoto Group ha implementado programas que fomentan la “coparentalidad” o crianza conjunta con el fin de crear un ambiente de trabajo inclusivo y reevaluar las modalidades laborales, promoviendo la igualdad entre todos los empleados (UN Global Compact Network Japan, s.f.). The Asahi Shimbun, en abril de 2020, publicó su “Declaración de Igualdad de Género”, estableciendo metas cuantificables para duplicar la proporción de mujeres en cargos gerenciales y aumentar el porcentaje de hombres que hacen uso de licencias de paternidad para 2030, con un monitoreo anual de su progreso (East Asia Forum, 2023).
En cuanto a las iniciativas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, empresas como Panasonic, Fast Retailing (Uniqlo) y Microsoft Japan han explorado modelos de trabajo innovadores, incluyendo la semana laboral de cuatro días. Microsoft Japan, por ejemplo, reportó un incremento en la eficiencia y una reducción del 23% en los costos de electricidad gracias a esta modalidad, beneficiando particularmente a mujeres y empleados con responsabilidades de cuidado. El gobierno japonés ha manifestado su interés en promover jornadas laborales más cortas como parte de su plan económico (4DayWeek.io, 2025). Paralelamente, la reforma de las leyes de horas extras en Japón, que limitan el trabajo adicional a 45 horas mensuales y 360 horas anuales, ha impulsado a las empresas a adoptar políticas laborales más flexibles y a priorizar el bienestar mental de sus empleados (4DayWeek.io, 2025).
Respecto a los programas de apoyo al emprendimiento femenino, el compromiso de Japón se extiende a nivel internacional. El Japan ASEAN Women Empowerment Fund (JAWEF), un fondo combinado lanzado en colaboración con instituciones japonesas como el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), ha movilizado 241 millones de dólares (a partir de 2019) destinados a la inversión en empresas que empoderan a las mujeres en la región de la ASEAN (Convergence Blended Finance, s.f.). Adicionalmente, Japón ha sido un firme partidario de la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), comprometiendo un total de 60 millones de dólares (incluyendo una promesa de 5 millones en marzo de 2025) para respaldar negocios liderados por mujeres, con un enfoque particular en la economía del cuidado (Women Entrepreneurs Finance Initiative, 2025).
Estas iniciativas corporativas, en parte catalizadas por la Ley de Promoción de la Participación Activa de las Mujeres (2015) y las subsiguientes directrices gubernamentales, como el Quinto Plan Básico para la Igualdad de Género (2020) (Oficina del Gabinete de Japón, 2023), evidencian un esfuerzo concertado para mejorar las oportunidades y las condiciones laborales para las mujeres en Japón. A pesar de que la brecha de género en el país aún presenta desafíos, estos ejemplos concretos ilustran avances positivos en el ámbito empresarial (UN Women, 2024).
La evaluación del “éxito” de las campañas de prevención y sensibilización en Japón, en términos de “alcance”, presenta la dificultad intrínseca de obtener datos comparativos directos y cuantificables para cada iniciativa a nivel nacional. No obstante, al considerar la conexión intrínseca con las leyes promulgadas por el Estado japonés, es posible inferir que ciertas campañas han logrado un alcance y una institucionalización significativos, lo que las posiciona como instrumentos fundamentales en la promoción de la igualdad de género y la protección de poblaciones vulnerables.
Entre las campañas mencionadas, la Campaña de Prevención del Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo destaca por su conexión directa y obligatoria con la legislación laboral japonesa, lo que le confiere un alcance intrínseco y sistemático. La Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, revisada en 2022 para incluir medidas específicas contra el acoso por género, impone a los empleadores la obligación legal de implementar acciones preventivas (Oficina del Gabinete de Japón, 2023). Esta reforma legislativa ha llevado a las empresas a desarrollar e institucionalizar políticas y programas de sensibilización internos, asegurando que la campaña no dependa únicamente de esfuerzos voluntarios, sino que se integre en la gestión diaria de los recursos humanos a nivel nacional. El éxito de esta campaña reside en su capacidad para transformar las normativas laborales en acciones preventivas obligatorias, alcanzando así a la fuerza laboral en todo el país.
Asimismo, la Campaña del Gobierno de Japón contra la Violencia Doméstica es una iniciativa patrocinada directamente por el Estado, conectada con la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica y Protección de las Víctimas (2001). Esta campaña busca sensibilizar sobre las diversas formas de violencia en el hogar y fomentar la denuncia y el apoyo a las víctimas. Su alcance se deriva del respaldo institucional y la integración en las políticas públicas de seguridad y bienestar (Oficina del Gabinete de Japón, 2023).
Otras campañas, como la Campaña del Lazo Blanco - White Ribbon (un movimiento global por el fin de la violencia contra las mujeres), la Campaña One Love (que puede tener diversas temáticas dependiendo de su promotor), y la Campaña de Prevención del Ciberacoso y el Grooming, también contribuyen a la sensibilización social en sus respectivos ámbitos. Si bien estas últimas pueden no tener un mandato legal tan directo sobre los empleadores o una simbología nacional tan arraigada como las mencionadas anteriormente, son vitales para abordar problemas emergentes y persistentes.
En síntesis, si bien la cuantificación precisa del “alcance” para designar una campaña como la “más exitosa” es compleja, la campaña de Prevención del Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo demuestra un éxito considerable en términos de su penetración social y empresarial. Este éxito se debe fundamentalmente a su articulación directa con leyes específicas promulgadas por el Estado japonés, que no solo legitiman sus objetivos, sino que también imponen obligaciones para su implementación y difusión, asegurando así un amplio impacto en la concienciación y la prevención a nivel nacional.
El futuro de las políticas de género en Japón
Un análisis de las políticas de género en Japón desde 1990 hasta 2024 revela una serie de desafíos y oportunidades para el avance de la igualdad. A pesar de los esfuerzos legislativos, la implementación de políticas ha encontrado obstáculos en un entramado cultural y social profundamente arraigado. Para que Japón logre un progreso significativo hacia la igualdad de género, se requiere una aproximación multidimensional que trascienda la mera formulación de políticas y aborde las estructuras subyacentes.
Un pilar fundamental para este avance es el cambio cultural. Las políticas por sí solas no pueden desmantelar las expectativas sociales sobre los roles de género que han moldeado la sociedad japonesa durante siglos. Un análisis crítico de la división del trabajo, tanto en el ámbito doméstico como profesional, revela la persistencia de patrones tradicionales que limitan las oportunidades para las mujeres y perpetúan las desigualdades. Una verdadera transformación exige un reexamen de los valores y normas culturales que han definido las relaciones de género, promoviendo una visión más equitativa y flexible de las identidades y responsabilidades.
Otro punto crucial es la representación política. La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones es un reflejo de las barreras estructurales que impiden su acceso al poder. La participación de las mujeres en la política no es solo una cuestión de justicia, sino un imperativo para asegurar que las políticas públicas reflejen las necesidades y experiencias de la mitad de la población. Un análisis con perspectiva de género de las políticas y legislaciones japonesas subraya la necesidad de una mayor diversidad en los cuerpos legislativos para abordar de manera efectiva las desigualdades y promover un desarrollo más inclusivo.
Finalmente, la educación y la sensibilización emergen como herramientas esenciales para romper con los patrones tradicionales. Educar a las nuevas generaciones sobre los principios de la igualdad de género es crucial para desafiar los estereotipos y fomentar relaciones más equitativas desde una edad temprana. Las campañas de sensibilización, dirigidas a la sociedad en general, pueden contribuir a visibilizar las desigualdades y movilizar a la opinión pública a favor del cambio. La educación no solo debe centrarse en los derechos de las mujeres, sino también en el papel de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria, promoviendo una masculinidad más diversa y menos rígida.
La fotografía de la Reunión Ministerial del G7 sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, celebrada en junio de 2023, es un testimonio visual de la persistencia de las dinámicas de poder de género en los espacios de élite global. La imagen, calificada como “incómoda” por la revista TIME, presenta una fila de ocho personas, la mayoría de ellas mujeres, flanqueando al único hombre, Masanobu Ogura, el ministro japonés de igualdad de género.
“Una foto incómoda” o la evidencia de las dinámicas de poder de género.
Fuente: La revista TIME la calificó como una “foto incómoda”: Participantes en la Reunión Ministerial del G7 sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (JIJI PRESS/AFP vía Getty Images)], Masanobu Ogura ministro de igualdad de género [centro], 24-25 de junio de 2023.
Desde una perspectiva de género, la composición de la fotografía es reveladora. La disposición de las participantes, con el ministro Ogura en el centro, lo posiciona como la figura de autoridad central, mientras que las mujeres, a pesar de su número, parecen estar en una posición secundaria. Este arreglo visual refuerza una dinámica tradicional de poder en la que el hombre, incluso en una reunión dedicada a la igualdad de género, ocupa el lugar de liderazgo principal. La foto, intencionalmente o no, perpetúa un patrón de representación simbólica en el que las mujeres son visualizadas como acompañantes del poder, más que como sus titulares.
El hecho de que el anfitrión, y el único hombre en la fila central de la foto, sea el ministro japonés de igualdad de género añade una capa de complejidad al análisis. Si bien su presencia es necesaria, su posición en la foto y el contexto de la misma ponen de manifiesto la necesidad de que los hombres no solo apoyen la igualdad de género, sino que también estén dispuestos a compartir y ceder el poder. En última instancia, la fotografía sirve como una poderosa metáfora visual de la tarea pendiente: la igualdad de género no se logrará simplemente con la presencia de más mujeres, sino a través de una reconfiguración fundamental de las estructuras de poder que permita una representación y un liderazgo verdaderamente equitativos.
María Camila Tinjacá Mora, Políticas — Mujer, [ilustración digital], 2025.
El argumento que vincula los objetivos del milenio y los ODS con el diseño y la promulgación de leyes para las mujeres en Japón es irrefutable. Si bien Japón ya estaba en un camino de reforma, los marcos globales de la ONU han servido como brújula y catalizador. Han proporcionado un estándar internacional para medir el progreso, han legitimado la necesidad de reformas estructurales y han influido en la agenda política al conectar la igualdad de género con objetivos más amplios de desarrollo económico y social. La trayectoria legislativa de Japón entre 1990 y 2024 es un caso de estudio paradigmático de cómo las aspiraciones globales se convierten en realidades legislativas nacionales, impulsadas por un compromiso con un futuro más equitativo y sostenible.
Japón ha recorrido un largo camino desde los años 90, pero aún queda mucho por hacer. Las políticas han mejorado en papel, pero su implementación real sigue siendo un desafío. La gente joven tiene la responsabilidad de cuestionar las normas establecidas y abogar por un mundo más equitativo.
Se deben abordar desafíos persistentes como la discriminación de género, la violencia y la desigualdad económica, mientras se aprovechan las oportunidades para el empoderamiento y la participación plena de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad.
La cooperación internacional puede respaldar programas que fomenten el liderazgo político de las mujeres, así como medidas para aumentar su representación en los órganos de toma de decisiones.
Como se ha señalado, el envejecimiento de la población en Japón plantea retos específicos en el rubro de salud y bienestar.
Bibilografía
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1 Japón firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 25 de junio de 1985.
2 19 de junio al 2 de julio, 1975.
3 En abril y octubre de 2025 tendrán efecto las enmiendas que buscan promover una mayor participación de los padres en la crianza de sus hijos, mejorar la conciliación laboral y familiar, y reducir la brecha de género en el uso de las licencias por cuidado infantil.
4 Esta ley fue una pieza clave de Womenomics y la aspiración del primer ministro Shinzō Abe para crear “…una sociedad en la que las mujeres brillen con luz propia”, como declaró en el discurso pronunciado en la Reunión de Líderes Mundiales el 27 de septiembre de 2015.