El auge de los esquemas de gobierno de los presos en las prisiones latinoamericanas.

Condiciones, estrategias y luchas

Máximo Sozzo

Doctor en Derecho (Universidad Nacional del Litoral, Argentina). Investigador Ramon y Cajal, Universidad de A Coruña (España). Profesor Titular de Sociología y Derecho, Universidad Nacional del Litoral (Argentina). ORCID 0000-0002-8999-6021.

msozzo80@gmail.com

Recibido: 20 de enero del 2025 | Aceptado: 06 de marzo del 2025

Cómo citar: Sozzo, Máximo. “El auge de los esquemas de gobierno de los presos en las prisiones latinoamericanas. Condiciones, estrategias y luchas”. Latin American Law Review n.º 14 (2025): 1-26, doi https://doi.org/10.29263/lar14.2025.01

Resumen

En este trabajo se aborda el proceso de multiplicación y expansión de los esquemas de gobierno de los presos en las prisiones latinoamericanas en las últimas décadas, como un fenómeno contundente, pero signado por altos niveles de variación, en el marco más general del giro punitivo que ha atravesado la región. Se presenta críticamente una explicación frecuente de este proceso, que apunta a la declinación de la capacidad estatal de controlar la vida encarcelada, a su vez vinculada al crecimiento extraordinario de la población encarcelada durante este período. Se señala que este factor seguramente juega un rol relevante especialmente en ciertos contextos pero que para la comprensión de este fenómeno se requiere dar cuenta de las estrategias y luchas entre los diversos actores estatales y no estatales en relación con el poder y el orden en las prisiones latinoamericanos, en el marco de dinámicas históricas específicas, edificando una perspectiva agonista que enfatiza la centralidad de la agencia de dichos actores. Para ejemplificar esta mirada alternativa se usa el caso de la multiplicación y expansión de los pabellones evangélicos en las prisiones de varones de algunas jurisdicciones provinciales argentinas.

Palabras clave

Prisiones, Latinoamérica, Cárceles, expansión, vida carcelaria

The rise of prisoner governance schemes in Latin American prisons. Conditions, strategies and struggles

Abstract

This paper addresses the process of multiplication and expansion of prisoner governance schemes in Latin American prisons in recent decades, as a forceful phenomenon, but one marked by high levels of variation, within the more general framework of the punitive turn that the region has undergone. A frequent explanation for this process is critically presented, which points to the decline in the state’s capacity to control prison life, in turn linked to the extraordinary growth of the prison population during this period. It is pointed out that this factor surely plays an important role especially in certain contexts but that in order to understand this phenomenon it is necessary to go beyond it and take into account the strategies and struggles between the various state and non-state actors in relation to power and order in Latin American prisons, within the framework of specific historical dynamics, building an agonistic perspective that emphasises the centrality of the agency of these actors. To exemplify this alternative view, the case of the multiplication and expansion of evangelical wings in men’s prisons in some Argentine provincial jurisdictions is used.

Keywords

Prisons, Latin America, Government, Expansion, prison life

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Los esquemas de gobierno de los presos forman una parte importante de la vida en las cárceles latinoamericanas. Estos presentan un fuerte nivel de variación, tanto en sus formas y alcances como en las relaciones que implican con autoridades y guardias penitenciarios, por lo que adquieren características particulares en distintos escenarios. De hecho, en la literatura reciente de los estudios sociales sobre la prisión en la región se han producido diferentes formas de conceptualizar estos roles de gobierno de los presos, que en parte reflejan las distintas variantes que han surgido a través del tiempo y el espacio —como la diferenciación entre “autogobierno” y “cogobierno”1.Rescatando la noción planteada por Darke2, podemos definir inicialmente este conjunto diverso de esquemas como “gobierno de presos”, como una noción amplia y básica que identifica mecanismos en los que ciertas personas privadas de la libertad asumen roles de gobierno sobre otras personas privadas de su libertad, “conduciendo su conducta”, actuando sobre las posibilidades de su acción y ordenando sus posibles resultados3. Podríamos sostener —ampliando el alcance de una afirmación del texto pionero de Darke al respecto, referido a Brasil— que actualmente “el gobierno de los presos es un rasgo tan definitorio de la vida carcelaria latinoamericana como lo son las condiciones de vida inhumanas”4.

En las últimas tres décadas ha habido una multiplicación y expansión de los esquemas de gobierno de los presos en la región. Este trabajo busca describir este proceso y discutir una explicación frecuente en la literatura especializada que lo asocia exclusivamente el aumento de la población encarcelada y el consiguiente debilitamiento de la capacidad estatal para controlar la vida encarcelada; particularmente pretende introducir en este ejercicio de explicación la importancia de tomar en cuenta el papel de la agencia de diferentes actores (tanto estatales como no estatales) y sus estrategias y luchas en la producción de estos esquemas. Para ello se utiliza un caso relacionado con la multiplicación de los pabellones evangélicos en las prisiones de varones en algunas provincias argentinas.

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en el primer apartado se describe el proceso de aumento del encarcelamiento en América latina en los últimos años, en tanto ejercicio de contextualización. En el segundo, se analizan las evidencias generadas por la literatura especializada sobre la multiplicación y expansión de esquemas de gobierno de los presos en la región. En el tercero, se presenta el argumento más frecuentemente empleado para explicar este proceso, ligado al aumento del encarcelamiento y el consiguiente debilitamiento de la capacidad estatal para controlar la vida encarcelada y se identifican algunos déficits. En el cuarto apartado, se utiliza el caso de la multiplicación y expansión de los pabellones evangélicos en las cárceles de varones de diversas provincias argentinas como punto de partida para argumentar la necesidad de una mirada alternativa, que pone el acento en la agencia de los diferentes actores involucrados, sus estrategias y luchas, en la producción de este proceso. El carácter fructífero de esta visión alternativa es reforzado en el cierre del trabajo.

Giro punitivo

En América latina en los últimos 35 años se ha producido un impresionante giro punitivo. A principios de la década de 1990, las tasas de encarcelamiento en la región eran relativamente bajas en comparación con otras regiones del mundo. Algunos países tenían tasas similares a las de los países escandinavos. Por ejemplo, la tasa de encarcelamiento en Argentina en aquella época era de 62 presos cada 100.000 habitantes, de 70/100.000 en Brasil, mientras que en Finlandia y Dinamarca era de 69/100.000 y 67/100.000, respectivamente5. Ciertamente, esto no implicaba que los niveles de dolor o sufrimiento producidos por estas instituciones de castigo legal en América Latina en ese momento fueran equivalentes a los experimentados en los contextos de encierro de esa región del norte de Europa, si se tienen en cuenta las respectivas condiciones de vida y los niveles de violencia experimentados por los presos6. Pero esta diferencia significativamente marcada en términos de “intensidad” del dolor o sufrimiento producido a través del encarcelamiento, no significa que, en términos de su “extensión”, el alcance fuera similar7

Esto ha cambiado radicalmente en poco más de tres décadas. Actualmente, todos los países latinoamericanos8 tienen una tasa de encarcelamiento superior a 150 presos por cada 100.000 habitantes, con la única excepción de Guatemala. Y hay seis jurisdicciones que superan el umbral de 300/100.000.

Figura 1. Evolución de las tasas de encarcelamiento por 100.000 habitantes —América Latina — 1990/2023

Los datos corresponden a 1990 y 2023 o al año más próximo disponible.

Fuente: International Centre of Prison Styudies, «World Prison Brief», accedido 1 de abril de 2025, https://www.prisonstudies.org/.

El crecimiento de las tasas de encarcelamiento en la región durante este período ha sido realmente extraordinario. Obviamente, el caso de El Salvador destaca por su nivel sin precedentes a escala global. Pero también —por su gran volumen de población encarcelada en términos absolutos— hay que señalar el caso de Brasil con un incremento de más del 450% en sólo tres décadas. Uruguay, Paraguay y Nicaragua presentan incrementos superiores al 300% y Costa Rica, Panamá, Bolivia y Argentina superiores al 250%. Hay un grupo de países en los que el crecimiento ha sido inferior al 100%: Honduras, Guatemala, Chile, México, República Dominicana y Venezuela9. Salvo en el caso de Guatemala, en todos los demás casos se trata de países que tenían las tasas de encarcelamiento más altas de la región a principios de los noventa, por encima de 100/100.000. Sin embargo, eso no impidió que otros países que tenían el mismo punto de partida experimentaran niveles de crecimiento mucho más importantes, como El Salvador y Panamá10.

En cualquier caso, es necesario reconocer que esta tendencia común al crecimiento del encarcelamiento en América latina durante estas tres últimas décadas ha tenido un alto nivel de variación: desde el 56% en República Dominicana hasta el 870% en El Salvador. Y, como ocurría a principios de los noventa, los niveles de encarcelamiento resultantes en la región son también muy diferentes: desde la tasa récord mundial de 1086/100.000 en El Salvador hasta la de 123/100.000 en Guatemala.

En este contexto de fuerte crecimiento del encarcelamiento, ciertos rasgos problemáticos de larga data de la vida carcelaria en América latina sufrieron un proceso de acentuación, hasta alcanzar niveles paroxísticos en algunos escenarios: hacinamiento, condiciones de vida indignas y violencia11. Al igual que con el aumento del encarcelamiento en sí, también existe un alto nivel de variación con respecto a la magnitud de estos rasgos problemáticos entre jurisdicciones y dentro de ellas, entre regiones e incluso, entre prisiones. En cualquier caso, estos rasgos han sido reiteradamente evidenciados por voces críticas en el ámbito académico, así como desde el activismo, las organizaciones de derechos humanos y desde los organismos estatales e internacionales que supervisan las condiciones de detención.

Multiplicación y expansión del gobierno de los presos

En este contexto general, en las últimas décadas se ha producido un proceso de multiplicación y expansión de esquemas de participación de los presos en las tareas de gobierno de las cárceles latinoamericanas12. Al igual que las otras características mencionadas del paisaje contemporáneo de las prisiones en América latina, estas formas de gobierno de los presos no constituyen necesariamente una innovación radical de nuestro presente13. Es posible encontrar descripciones de la existencia de algunos de estos esquemas en diversos momentos del pasado en diferentes contextos nacionales —en distintos momentos de la historia de la prisión en Brasil desde finales del siglo XIX14; en la década de 1970 en Venezuela y Colombia15 o en la década de 1980 en Perú16. Sin embargo, este sigue siendo un tema que no ha sido explorado específicamente por la historia de la prisión en América latina y, por lo tanto, existe toda una serie de interrogantes sobre sus formas y alcances en el pasado que aún deben ser abordados adecuadamente17.

A pesar de ello, es posible afirmar que en las últimas décadas estos esquemas de gobierno de los presos se han multiplicado en sus formas y han ampliado su alcance en la región, convirtiéndose en “endémicos”18. Una evidencia contundente ha sido la consolidación de organizaciones de presos —muchas veces definidas, importando el término utilizado en los estudios sociales sobre la prisión del norte global, como “pandillas carcelarias”— que han adquirido un poder extraordinario, no sólo dentro de un sector de una cárcel o de toda ella en su conjunto sino, en algunos casos, en distintas cárceles de una misma jurisdicción o incluso a lo largo de distintas jurisdicciones. A su vez, algunas de estas organizaciones de presos tienen un gran impacto fuera de los muros de la prisión, particularmente en áreas urbanas económica y socialmente marginadas, a través de sus posiciones dominantes en ciertos mercados y actividades ilegales. Los ejemplos en este sentido que más han llamado la atención de los investigadores sociales que trabajan sobre prisiones en la región han sido los desarrollados en el contexto brasileño como el Comando Vermelho y, especialmente, el Primerio Comando da Capital19. Ahora bien, más allá de estos ejemplos extremos, por su alcance, existe también en América latina una vasta variedad de formas de gobierno de la población encarcelada que tienen a los presos como agentes, muchas de las cuales también han surgido en las últimas décadas, desde las desplegadas en los “pabellones evangélicos” de las cárceles provinciales argentinas20 hasta las “prisiones comunitarias” organizadas y desarrolladas en Brasil por diversos actores estatales y no estatales21.

Los investigadores sociales han explorado recientemente algunos de estos esquemas de gobierno de presos en cárceles latinoamericanas en diferentes contextos y desde distintas perspectivas, pero a partir de profundos y extensos trabajos de campo. Una conclusión incontestable es que existe un alto nivel de variación en estas prácticas en la región22 . Como bien ha afirmado Skarbek a un nivel más general, con respecto a las diferentes formas de construcción del orden en las prisiones a nivel global, existen pocos análisis comparativos en la literatura existente, siendo mucho más frecuentes los estudios “en un solo sitio”23 —una jurisdicción o incluso, una prisión. Lo mismo ocurre más específicamente con respecto a las diversas formas de participación de los presos en las relaciones de gobierno de la vida carcelaria en América latina. Pero a partir de la acumulación de estos estudios “en un solo sitio” es posible definir un conjunto de dimensiones —con sus respectivas diferentes valencias— para el ejercicio de la comparación, haciendo especial referencia a varios ejemplos trabajados por los diferentes autores en los últimos años. 24 Se trata de siete dimensiones cruciales, relativamente interrelacionadas —en algunos casos de forma más clara que en otros— y en las que existen gradaciones entre puntos extremos. Esta propuesta inicial de comparación no pretende explicar las variaciones de los esquemas de gobierno de los presos, sino describir sus características más relevantes. En cualquier caso, nos permite cartografiar algunas de las variaciones más significativas en este campo heterogéneo.

La primera dimensión por considerar es el grado de autonomía que los presos tienen con relación a las autoridades y guardias carcelarios en lo que se refiere al desarrollo de las prácticas de gobierno de la vida carcelaria, que les permite generar sus propias decisiones y acciones, entre un máximo y un mínimo de interferencia de los actores estatales en la construcción del orden carcelario. Así, en organizaciones de presos con una estructura fuerte y compleja, como el Primeiro Comando da Capital en las prisiones del estado de São Paulo y en otros estados de Brasil, es posible encontrar el máximo grado de autonomía25. Este grado máximo de autonomía también podría ser encarnado por la figura del Narco en las cárceles colombianas26, el Carro en algunas cárceles venezolanas27 o los Tigres de las cárceles de República Dominicana antes de la reforma de principios de la década del 200028. Es difícil situar en esta dimensión los casos de las prisiones “comunitarias” en Brasil29. Parecería que la intervención estatal en estas prisiones —sobre todo en las organizadas por la Asociación para la Asistencia del Condenado— es realmente mínima —aunque siempre es el Estado el que autoriza su funcionamiento y envía a los presos allí. En cualquier caso, parecen más cercanas, interesantemente, al extremo del máximo grado de autonomía. A su vez, esta autonomía tiene grados menores, pero relativamente fuertes —y similares entre sí— en otros mecanismos de gobierno de los presos en la región, como es el caso de la Gallada en las cárceles nicaragüenses30 o los pabellones evangélicos de las cárceles provinciales en Argentina31. En comparación, seguramente este grado de autonomía es menor en las delegadas del penal de Santa Mónica en Perú32, los Consejos de Presos de las cárceles nicaragüenses33 los Representantes de las cárceles del “viejo modelo” en la República Dominicana34, los Comites de Solidaridad de las prisiones de São Paulo en los años 8035 o el “preso emprendedor” de la prisión de Punta de Rieles en Uruguay 36.

En segundo lugar, podemos identificar el grado de asimetría entre los presos, las autoridades penitenciarias y los guardias. Las relaciones entre captores y cautivos en las prisiones modernas siempre han estado marcadas por un desequilibrio que puede considerarse estructural y constitutivo del ejercicio del poder en este tipo de contextos. Sin embargo, los esquemas de gobierno de los presos pueden implicar una cierta reducción de esta asimetría, que puede ser más o menos sustantiva, según los casos. Así, en organizaciones de presos con una estructura fuerte y compleja como el CCP en algunas prisiones de Brasil o el Narco en el caso de las cárceles colombianas el desequilibrio se reduce severamente, lo que significa que los actores estatales deben ser muy cuidadosos a la hora de definir cuándo y cómo intervenir en la vida carcelaria, para evitar efectos adversos en el orden de la prisión. En el otro extremo, podemos encontrar al “preso empresario” de la cárcel de Punta de Rieles en Uruguay o a los miembros del Consejo de Presos de las cárceles nicaragüenses, cuyos roles de gobierno son claramente producto de una delegación por parte de las autoridades de la prisión y están sujetos a su control, que puede no ser insidioso, pero es permanente. En estos casos, la subordinación de este tipo de presos a los actores estatales es más frecuente y evidente.

En tercer lugar, el grado de confrontación entre los presos y las autoridades y guardias de la prisión en torno a la construcción del orden. La participación de los presos en los mecanismos de gobierno de la vida carcelaria puede enmarcarse en una relación signada predominantemente por la colaboración con las autoridades y guardias. Esto no implica necesariamente un grado cero de confrontación —y de ahí la ambivalencia que a menudo rodea a estos actores en el mundo de los presos. Los ejemplos de las Delegadas del penal de Santa Mónica en Perú o del Consejo de Presos en las cárceles de Nicaragua parecen situarse en torno a este punto extremo. Por el contrario, el caso del Carro en determinadas prisiones de Venezuela o del PCC en algunas prisiones de Brasil parecen situarse en el extremo opuesto del continuo, maximizando los niveles de confrontación —aunque ello no implique tampoco un grado nulo de colaboración.

En cuarto lugar, el grado de alcance de las prácticas de gobierno de los presos. En algunos casos, el alcance viene definido por las facetas de la vida en prisión que los presos pueden gobernar efectivamente. Así, el “preso emprendedor” de la cárcel de Punta de Rieles en Uruguay puede gobernar a sus empleados mientras trabajan en su emprendimiento, pero esta capacidad no se extiende más allá de esta actividad —y del lugar en que se desarrolla. Este alcance es más amplio en el caso de la jerarquía del pabellón evangélico en las cárceles provinciales argentinas, ya que sus prácticas de gobierno se extienden a distintas facetas de la vida de quienes la habitan —desde las actividades religiosas hasta la música que se escucha y la forma de hacerlo— pero también tiene sus límites de índole espacial ya que sólo lo hacen dentro de ese ámbito específico de la cárcel. Es mucho más amplio en el caso del Carro en ciertas cárceles de Venezuela, donde sus prácticas de gobierno abarcan casi toda la prisión y todas las facetas de la vida encarcelada. Y es aún más amplio en el caso del PCC en Brasil, que no sólo excede los límites de una prisión singular, al abarcar muchas instituciones penales en un estado, sino que cada vez más en otras jurisdicciones.

En quinto lugar, los grados de complejidad de las estructuras organizativas de los presos para el desarrollo de las prácticas de gobierno de la vida en prisión. Existen esquemas de gobierno de los presos estructurados en torno a organizaciones que incluyen a un grupo numeroso de presos a los que se asignan diferentes roles en el marco de una jerarquía con distintos niveles. Esta jerarquía se basa en reglas propias —incluso escritas, en algunos casos— y produce una fuerte identidad entre los participantes, que persiste en el tiempo. Un ejemplo paroxístico en este sentido sería el PCC en las cárceles de Brasil. Pero estas características también pueden encontrarse en los esquemas del Carro de ciertas cárceles en Venezuela, en los pabellones evangélicos de cárceles provinciales en Argentina o en las cárceles “comunitarias” en Brasil. En las antípodas, podrían identificarse esquemas de gobierno de presos más simples, que incluso anclan el ejercicio de prácticas de gobierno en algunos presos singulares y aislados, como en el caso del “preso emprendedor” de la cárcel de Punta de Rieles en Uruguay o en los Representantes de las cárceles del “viejo modelo” de República Dominicana.

En sexto lugar, el grado de utilización de la violencia como herramienta de gobierno de la vida carcelaria por parte de los propios presos. Se trata de una dimensión muy significativa ya que, especialmente en el espacio público, determinados mecanismos de gobierno de los presos —e incluso la propia idea de que los presos participen como actores en el gobierno de la vida encarcelada— está fuertemente asociada al ejercicio frecuente e intenso de la violencia física. En varios de los estudios de los últimos años, la violencia aparece como una herramienta muy frecuente e intensamente utilizada en determinados momentos del pasado de estos esquemas de gobierno, como en el caso del PCC en las prisiones brasileñas. Esto no quiere decir que no se utilice en la actualidad, pero parece mucho más dosificado y focalizado en ese caso. Un panorama de mayor uso es el que surge en torno a la “ley de la Gallada” en las cárceles de Nicaragua. Ciertamente, los niveles de uso aparecen como más cercanos al punto mínimo en otros casos, como en los pabellones evangélicos de las cárceles provinciales de Argentina, en el sistema de Delegadas en las cárceles de Santa Mónica en Perú, en el “preso emprendedor” de la cárcel de Punta de Rieles en Uruguay y en las cárceles “comunitarias” de Brasil.

Por último, el grado de formalización de la participación de los presos en las relaciones de gobierno de la vida carcelaria. En su mayoría, estos esquemas de gobierno de los presos en América latina han sido concebidos y desarrollados al margen de las reglas legales y administrativas de las prisiones, en prácticas cotidianas y como parte de la informalidad como rasgo que caracteriza a este tipo de instituciones penales en la región. En algunos casos, las autoridades de la prisión participan, de alguna manera, en la activación de los actores que desempeñan roles de gobierno en el mundo de los presos, pero sigue siendo una posición informal, como en las Delgadas del penal de Santa Mónica en Perú o los Representantes de las cárceles del “viejo modelo” en República Dominicana. Sin embargo, también existen casos en los que hay una formalización —de diversa intensidad y forma— de estos roles gubernamentales, como en los Comités de Solidaridad de las prisiones de São Paulo en la década de 1980, en el Consejo de Presos de las cárceles nicaragüenses y en los diversos esquemas de las cárceles “comunitarias” de Brasil.

Las posiciones de los distintos esquemas de gobierno de los presos en los continuos de estas diferentes dimensiones pueden tener una correlación relativamente fuerte en ciertos casos. Así, por ejemplo, parece que una mayor autonomía suele corresponderse con una menor asimetría. Sin embargo, es crucial ser prudente y evitar construir estos vínculos como necesarios, siempre y en todos los casos. Esquemas en los que los niveles de autonomía y simetría son altos pueden adquirir una característica fundamentalmente colaborativa —como los pabellones evangélicos en las cárceles provinciales de Argentina —o fundamentalmente confrontativa— como en el Carro de ciertas cárceles de Venezuela. Por otro lado, algunas de estas dimensiones, como la violencia y la formalización, no suelen tener, en cambio, una correlación clara con las variaciones en otras dimensiones.

Hacia una explicación: ¿debilidad de la capacidad estatal?

Frente a esta impresionante multiplicación y expansión del gobierno de los presos en América latina, surge la pregunta acerca de cuáles son las condiciones que han generado este proceso que tiene efectos tan importantes. Una potencial explicación que emerge en la literatura reciente conecta esta evolución con el rápido y dramático crecimiento de las tasas de encarcelamiento —que abordamos en la primera sección de este trabajo— combinado con una limitación de los recursos públicos invertidos en los contextos de encierro, lo que se habría traducido en una marcada disminución de la capacidad estatal para controlar efectivamente la vida encarcelada37.

Esta explicación es compatible con el ambicioso ejercicio realizado recientemente por David Skarbek, quien ha buscado generar una teoría de las diversas variantes de gobierno de las cárceles a nivel global, incluyendo formas de “gobierno de los presos” —diferenciando entre ‘cogobierno’ y ‘autogobierno’38. Para este autor, la aparición de estas formas de gobierno de los presos es el resultado de la inexistencia o insuficiencia y “baja calidad” del “gobierno oficial”, que asocia a las prácticas de los actores estatales: “si el gobierno oficial está ausente o es insuficiente, los presos tenderán a producir más gobierno extralegal”39. Desde su perspectiva, los presos tienen necesidades de mantenimiento del orden y, dado que en algunos casos estas no son satisfechas por los actores estatales, ellos mismos construyen formas de hacerlo40.De hecho, en un capítulo de su libro dedicado a las prisiones latinoamericanas, refuerza:

En particular, dada la extremadamente baja calidad del gobierno oficial que existe en muchas de estas prisiones, la teoría predice que habrá una inversión significativa en instituciones de gobierno extralegal. Por supuesto, no todas las prisiones de América Latina están mal gobernadas y hay variaciones tanto dentro de los países como entre ellos. Sin embargo, sostengo que estos sistemas penitenciarios tienden a tener relativamente pocos recursos, sus administraciones son ineficaces, están desbordadas o simplemente ausentes y realizan un trabajo deficiente en el gobierno de la comunidad de presos. Como resultado, los presos invierten mucho en instituciones de gobierno extralegales.41

La escasa capacidad estatal para controlar eficazmente la vida encarcelada suele evidenciarse en la literatura especializada a través del indicador estadístico de la proporción de presos en relación con los agentes de prisiones, que tendría en América latina niveles muy superiores a los de los servicios penitenciarios del norte global42.

No es tan fácil construir estos datos para los países latinoamericanos. UNODOC (https://dataunodc.un.org/dp-cjs-personnel) proporciona información oficial sobre el número de agentes de prisiones en algunos países de la región para el año 2021 (última fecha disponible). Pero en otros países la información no está disponible para esa fecha, por lo que en Figura 2 utilizamos la más cercana disponible, que es 2019 en los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, y 2017 en el caso de Costa Rica43. En los casos de Brasil y Ecuador utilizamos otras fuentes oficiales para los años 2023 y 2022, respectivamente44. Hemos calculado la tasa utilizando las cifras sobre población encarcelada más cercanas al año respectivo para el que disponemos de información sobre agentes de prisiones, siempre según la información oficial proporcionada por el ICPS (como en la Figura 1). Asimismo, cabe destacar que esta tasa se construye sobre el total del personal penitenciario existente en cada jurisdicción, incluyendo a aquellos encargados de distintas tareas —como la administración— que no tienen contacto directo con los presos, lo que en muchos contextos latinoamericanos suele ser una proporción importante. También debe tenerse en cuenta que el trabajo penitenciario en la región suele tener altos niveles de ausentismo y licencias por enfermedad, lo que también afecta el volumen de agentes penitenciarios que efectivamente se encuentran en una determinada cárcel en un día determinado. Y a esto se añade que quienes realmente trabajan en contacto directo con los presos suelen hacerlo por turnos (24x48 horas o 24x72 horas) —a excepción de los funcionarios “de tratamiento” (psicólogos, trabajadores sociales, etc.) que suelen trabajar 8 o 6 horas al día, pero sin incluir fines de semana. Es decir, teniendo en cuenta lo que realmente ocurre en los contextos de encierro, la tasa suele ser mucho mayor45.

No cabe duda de que existen jurisdicciones con una escasez de personal extremadamente marcada, lo que podría revelar sintéticamente una débil capacidad estatal para gobernar la vida encarcelada. Panamá o Ecuador tienen tasas más de cinco veces superiores a las de algunos servicios penitenciarios del norte global, según las mismas fuentes oficiales de información, que no presentan indicadores particularmente positivos al respecto, como España (2,26 en 2020) o Inglaterra y Gales (2,19 en 2018) -usando las mismas fuentes de información que en la Figura 2. Sus tasas son más de diez veces superiores a las de Suecia (1,07 en 2021) o nueve veces superiores a las de Canadá (1,34 en 2020) e Italia (1,4 en 2021). Otros países con enormes poblaciones encarceladas en la región, como Brasil o México, tienen ratios más contenidos, pero que seguirían cuadruplicando o quintuplicando las ratios más favorables de los países centrales. Esta simple evidencia empírica podría apoyar la plausibilidad de esta explicación.

Figura 2. Tasas de personas privadas de su libertad por agentes de prisiones en América Latina c.2021

Fuente: International Centre of Prison Styudies, «World Prison Brief», accedido 1 de abril de 2025, https://www.prisonstudies.org/. data UNODDC https://dataunodc.un.org/dp-cjs-personnel, accedido 1 de abril de 2025

Más complejo resulta, dada la ausencia de información oficial al respecto, tener certeza sobre la evolución de este indicador sintético que nos permita afirmar concluyentemente un debilitamiento de la capacidad estatal en las últimas décadas en consonancia con el crecimiento de la población encarcelada para toda la región. Por ejemplo, Darke46, para el caso brasileño, rescata múltiples evidencias en el pasado de las prisiones en ese país —desde el siglo XIX—, de una muy escasa presencia de agentes estatales destinados a controlar la vida encarcelada. A partir de las fuentes de información oficial mencionadas en la Figura 2, sólo es posible trazar líneas de evolución a partir de mediados o finales de la década de 2000 —o incluso principios de la década de 201047. En muchos contextos, esto implica analizar esta evolución desde, al menos, una década después del inicio del aumento del encarcelamiento. En algunos países esta relación ha empeorado visiblemente en los últimos años, como en Perú donde pasó de 5,81 en 2004 a 8,34 en 2021, en Nicaragua donde pasó de 6,59 en 2006 a 9,32 en 2019, en El Salvador donde pasó de 7,46 en 2006 a 9,81 en 2019 y en Honduras donde pasó de 7,49 en 2010 a 9,14 en 2019. Sin embargo, en otros países, por el contrario, se ha producido una reducción significativa de esta ratio en los últimos años, como en Paraguay, donde pasó de 7,59 en 2006 a 3,61 en 2021, o en Brasil, donde pasó de 9,13 en 2014 a 5,42 en 2023. En otros escenarios, se apreciarían reducciones menos significativas, como en Colombia, donde pasó de 7,49 en 2006 a 6,64 en 2021, o en Ecuador, donde pasó de 14,83 en 2012 a 11,7 en 2022. Y en otros países se observa cierta estabilidad, como en México, donde pasó de 5,32 en 2009 a 5,54 en 2021, o en Guatemala, donde pasó de 5,88 en 2010 a 5,97 en 2019. Por supuesto, todas estas evoluciones se producen sin alterar significativamente la persistencia de ratios muy elevados en la comparación con los servicios penitenciarios del norte global.

Sin embargo, de la misma Figura 2 surgen casos nacionales que parecerían dificultar la afirmación de la débil capacidad estatal para controlar la vida encarcelada a partir de este solo indicador estadístico. Chile y Argentina presentan una relación entre presos y agentes de prisiones inferior a la de algunos países del norte global (como España o Inglaterra y Gales), similar a la de Francia (1,86 en 2020) o apenas superior a la de Alemania (1,60 en 2020) —siempre usando las mismas fuentes de información que en la Figura 2.48 A su vez, ambos países han experimentado una reducción de este ratio en los últimos años, en el caso de Chile de forma muy marcada, pasando de 3,32 en 2006 a 1,74 en 2021 y en el caso de Argentina de forma mucho más moderada, pasando de 2,02 en 2007 a 1,85 en 2021. Sin embargo, en estos escenarios es posible observar la multiplicación de diversos esquemas de gobierno de los presos, como los vinculados al “evangelismo” o “pentecostalismo” que han sido objeto de indagación empírica reciente49

Estos casos hacen imprescindible complejizar nuestros esfuerzos explicativos, lo que no implica considerar irrelevante esta condición relacionada con la débil capacidad de los agentes estatales para controlar la vida encarcelada. De hecho, no es casual que las características de los esquemas de gobierno de los presos presentes hoy en Chile y Argentina no adquieran un valor máximo en relación a algunas de las dimensiones identificadas en el segundo apartado de este trabajo, como los grados de “autonomía”, “confrontación”, “simetría”, “alcance” y “uso de la violencia”, que sí se evidencian en esquemas de gobierno de los presos que se han desarrollado predominantemente en otros contextos nacionales en los que la escasez de personal penitenciario es una característica evidente y marcada. Pero, en cualquier caso, esta complejización trata de evitar establecer una conexión automática como forma de explicación.

El caso de la multiplicación de los pabellones evangélicos en las cárceles de (algunas) provincias argentinas

Para avanzar en esta dirección, utilizaré el ejemplo del desarrollo de pabellones evangélicos en las cárceles de algunas provincias argentinas50, sobre el que he trabajado anteriormente51 y sobre el que existe una vasta literatura producida recientemente desde las ciencias sociales.

En la provincia de Buenos Aires pastores evangélicos solían visitar algunas cárceles ya en los años 1970s, pero no tenían ninguna prerrogativa especial, simplemente iban allí durante las horas de visita en los días y lugares asignados y dialogaban con presos con los que tenían algún contacto52. Pero en 1987 se creó el primer “pabellón evangélico” en una cárcel argentina (Unidad 1) de la provincia de Buenos Aires. Su creación estuvo estrechamente vinculada a una iniciativa individual. Cuando en 1983 estalló un motín en esa cárcel, Juan Zuccarelli, un joven evangélico, se ofreció para mediar entre los presos y las autoridades penitenciarias, pero su ofrecimiento fue desestimado. Ante esto, ese mismo año ingresó al servicio penitenciario y comenzó a trabajar como agente penitenciario subalterno en esa misma cárcel. Sus esfuerzos —en su doble rol de guardia y militante evangélico— dieron frutos y logró que se creara un pabellón especial con todo un reglamento específico para albergar a los presos de fe evangélica. Estos pabellones evangélicos se multiplicaron rápidamente en la misma prisión. En 1989, Zuccarelli fue ordenado ministro evangélico y reconocido por las autoridades del servicio penitenciario provincial como responsable de la práctica del culto evangélico53. Desde entonces, los pabellones evangélicos proliferaron en la provincia de Buenos Aires, siempre en cárceles de varones. Para 2013, Algranti y Brardinelli54 estimaban que entre el 30% y el 50% de los pabellones de estas cárceles eran evangélicos. Uno de los resultados más significativos de este desarrollo fue la creación de la Unidad 25, una “cárcel evangélica” dentro de un complejo de establecimientos penitenciarios. Fue inaugurada en 2002 y su primer alcaide fue Daniel Tejeda, quien había comenzado a trabajar con Zuccarelli en 1990. Guardias y presos —independientemente de si se definían como “evangélicos” o no— acordaban acatar un régimen en el que la religión jugaba un papel esencial para la construcción del orden. Tejeda estuvo al frente de esta experiencia piloto hasta 2005, cuando fue sustituido por otro funcionario evangélico. De todas maneras, debido a diferentes problemas, la experiencia concluyó en 201055.

En la provincia de Santa Fe pastores evangélicos visitaban las cárceles en días de visita sin ningún permiso oficial especial, al menos desde mediados de la década de 1980. A principios de la década de 1990, un pastor logró convencer a las autoridades de la Unidad 1 de que le concedieran un día adicional y un lugar para organizar sus actividades56. En esta provincia, el primer pabellón evangélico se creó en esa cárcel recién en 200157. Desde entonces, estos pabellones también han proliferado en esa jurisdicción. A fines de la década de 2010, aproximadamente el 45% de los pabellones de las cárceles de varones eran “evangélicos”58.Hoy en la Unidad 2, la cárcel de varones de la ciudad de Santa Fe, que alberga a 2050 presos, 8 de los 12 pabellones son “evangélicos”. Y en la Unidad 1, ubicada en la ciudad de Coronda, que alberga a 2740 presos, 11 de los 24 pabellones son “evangélicos”.

Es bastante difícil en estas jurisdicciones asociar la multiplicación de los pabellones evangélicos con una débil capacidad estatal de control de la vida carcelaria que se revelaría en una alta proporción de presos por cada agente penitenciario. En la Provincia de Buenos Aires en 2024 esta relación es 1,75 y en la Provincia de Santa Fe en 2023 era de 2,17, bastante bajas incluso comparadas con algunos contextos del norte global (como España o Inglaterra y Gales)59. Las cárceles de estas provincias no se caracterizan particularmente por un “abandono” de los agentes estatales en relación con el mantenimiento del orden, aunque la desatención estatal en la provisión de bienes y servicios es muy marcada.

La multiplicación de los pabellones evangélicos en estas jurisdicciones es el resultado —en parte— de una dinámica de “conquista”, que se ha construido, al menos en un inicio, “desde afuera” y “desde abajo”. En las últimas décadas se ha producido en el país un importante crecimiento del evangelismo en la vida social, que se manifiesta en un incremento sustancial del número de fieles, que en su mayoría forman parte de los sectores populares60. A partir de la transición a la democracia en la década de 1980, como ya señalamos, algunos líderes religiosos, estimulados por el afán evangelizador de su doctrina religiosa, comenzaron a visitar las cárceles para ofrecer orientación espiritual a los presos, debido a la creciente relación de estos con sus familiares en el exterior. Al principio, estos esfuerzos se enfrentaron a cierta oposición por parte de las autoridades penitenciarias, que tenían un compromiso tradicional con la religión católica que se manifestaba incluso en el hecho de que los sacerdotes católicos eran —y siguen siendo— empleados de los servicios penitenciarios y están a cargo de “actividades religiosas” directamente identificadas con esa única doctrina61. Estos líderes evangélicos, que frecuentemente son definidos actualmente como “pastores externos”, en contraposición a los presos que cumplen el rol de máximas autoridades dentro de los pabellones evangélicos y que pueden ser definidos como “pastores internos”, han trabajado incansablemente para superar la oposición inicial de las autoridades penitenciarias, ganando cada vez más presencia y espacio en las cárceles de estas jurisdicciones en un proceso que, como hemos visto, se ha extendido a lo largo de las últimas décadas. En la actualidad, estos pastores externos cumplen un rol muy importante en la negociación con las autoridades del servicio penitenciario y de cada cárcel, en particular en torno al funcionamiento de estos pabellones evangélicos, desde quiénes son los presos que ingresan a ellos hasta la transformación de un pabellón “común” en uno “evangélico”, pasando por la designación de qué preso debe ocupar el rol de “pastor interno”62. En una conversación reciente con el director y la subdirectora de una de las cárceles de varones de Santa Fe, estas autoridades diferenciaban constantemente los pabellones evangélicos de esta cárcel como “de L.” y “de S.”, los dos pastores externos que tienen presencia en ese contexto de encierro, naturalizando que de alguna manera les “pertenecen”. En otra conversación reciente con una militante de una organización católica, ella describió cómo realizó un recorrido por otra de las cárceles santafesinas, junto con su director y la máxima autoridad política a cargo del servicio penitenciario, un visitante extranjero y el pastor externo más presente en ese contexto de encierro. Me contó que en un momento dado fueron al “despacho” de dicho pastor externo en uno de los pabellones, una celda habilitada como tal donde “atendía” a los presos que formaban parte de su iglesia y donde pasaba largas horas varios días a la semana. También los propios presos, especialmente los que son “pastores internos” despliegan constantemente sus estrategias y acciones —en conexión con las de los “pastores externos”— para la persistencia de los pabellones evangélicos —en particular a través de formas proactivas y reactivas de mantenimiento del orden63— así como para su multiplicación, en torno a las propuestas de transformación de un pabellón común en evangélico, en el marco de las negociaciones con las autoridades penitenciarias. De este modo, esta estrategia “desde abajo” se ha convertido progresivamente también en “desde dentro” por la complementación de la figura del “pastor externo” con los actores que ocupan las posiciones más elevadas de la jerarquía de los pabellones evangélicos.

Sin embargo, esta multiplicación de los pabellones evangélicos es también —en parte— el resultado de una dinámica de “delegación”, “desde arriba” y, al menos en principio, “desde dentro”. Las autoridades penitenciarias han experimentado en las últimas décadas una serie de tensiones y conflictos relacionados con el rápido y pronunciado aumento de las tasas de encarcelamiento en estas jurisdicciones. En 1996, las tasas de encarcelamiento eran de 74 presos cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires y de 49 cada 100.000 habitantes en la provincia de Santa Fe. En 2005, dichas tasas subieron a 169/100.000 y 70/100.000, lo que significó un aumento de 128% y 43%, respectivamente, en una década. Luego de alcanzar una meseta, experimentaron otro aumento significativo especialmente en los últimos años. En 2022, la tasa era de 273/100.000 en la provincia de Buenos Aires y de 233/100.000 en la provincia de Santa Fe, un aumento del 62% y 232% respectivamente en un período de diecisiete años. Problemas como el hacinamiento y el deterioro de las condiciones de vida de los presos se agravaron, y los múltiples tipos de violencia y el menoscabo del orden se volvieron moneda corriente en muchas cárceles de ambas provincias, aunque en distinta medida y periodización. En estas circunstancias, las autoridades penitenciarias fueron modificando progresivamente su actitud inicial de obstaculizar el avance del evangelismo en los contextos carcelarios. Comenzaron a identificar los pabellones evangélicos como una alternativa para lidiar con esta concatenación de problemas, ya que demostraron ser, en sus visiones, un recurso relativamente eficaz para la construcción del orden, particularmente reduciendo los niveles de violencia64 El argumento de la contribución a la “pacificación” se ha convertido en una justificación fundamental en el discurso de las autoridades penitenciarias, al que algunas suelen añadir una referencia al supuesto efecto rehabilitador de la conversión religiosa en la vida de las personas una vez que han salido del contexto de encierro —incluyendo diversas anécdotas sobre casos concretos. Y estas justificaciones y decisiones han ido escalando hacia actores políticos que no forman parte del Servicio Penitenciario pero que están a cargo de las áreas ministeriales responsables de la política penitenciaria. En la misma recorrida de varios actores externos por una cárcel santafesina con fuerte presencia de pabellones evangélicos descripta por una informante a la que me referí más arriba, me contaba cómo la Secretaria de Asuntos Penitenciarios —funcionaria política designada por el Gobernador— anunció al “pastor externo” S., “en vivo”, que había tomado la decisión de transformar un pequeño pabellón donde se alojaban algunos alumnos del Programa de Educación Universitaria en Prisiones de la Universidad Nacional del Litoral en un nuevo pabellón evangélico y que era necesario seleccionar a quienes podrían vivir en él. De esta manera, se ha abierto el camino para la construcción de acuerdos y relaciones de colaboración, con un alto nivel de estabilidad, que se han ido tejiendo entre las autoridades políticas y penitenciarias y los “pastores externos”, pero también con las más altas jerarquías de los pabellones evangélicos. Estos acuerdos y relaciones son los que hacen posible la multiplicación de este tipo de espacios en las distintas cárceles. En algunas jurisdicciones argentinas, esto ha llevado incluso a cambios reconocidos oficialmente. En la provincia del Chaco —que cuenta con un Servicio penitenciario de tamaño pequeño, que albergaba al 1,18% del total de la población encarcelada en el país— en una encuesta realizada a una muestra representativa de presos de todas las cárceles de la provincia, el 22,4% indicó vivir actualmente en un pabellón evangélico, lo que parece mostrar una extensión más limitada de este fenómeno que en las jurisdicciones de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires65. Sin embargo, este servicio penitenciario creó en su estructura los cargos de “capellanes evangélicos”, que actualmente son el mismo número que los “capellanes católicos”. En todo caso, la multiplicación de los pabellones evangélicos parece ser en algunas jurisdicciones argentinas una decisión política consolidada, aunque en la mayoría de los casos no es hecha explícita u “oficializada” por parte de las autoridades penitenciarias y políticas.

De hecho, esto es lo que ha llevado a que en la literatura argentina reciente la multiplicación de los pabellones evangélicos haya sido interpretada algunas veces como el resultado de un proceso de “tercerización”66. Bajo esta perspectiva, son las autoridades de la prisión quienes han decidido transferir estas funciones de gobierno a las más altas jerarquías del pabellón evangélico y los pastores externos, porque les resulta un medio adecuado para lograr su objetivo de mantener el orden. Sin duda, esta transferencia efectivamente se da en alguna medida en este tipo de pabellones en las cárceles de algunas provincias argentinas. Sin embargo, es fundamental no perder de vista la dinámica “desde abajo” y también, “dese afuera” que también ha contribuido a generar este desplazamiento como resultado, tal como acabo de argumentar. Esta interpretación como mero proceso de “tercerización” tiende a afirmar que los pabellones evangélicos son instrumentos plenamente controlados por las autoridades de la prisión y que las funciones de gobierno que los presos desempeñan en estos marcos están estructuradas y limitadas por aquellas. Desde el punto de vista de quienes impulsan la construcción y multiplicación de los pabellones evangélicos, pero no forman parte del servicio penitenciario —es decir, pastores externos y presos—, estas áreas se visualizan más bien como una “conquista” cuya creación y funcionamiento exigió y en ocasiones aún exige vencer ciertas resistencias y obstáculos montados por las autoridades y guardias de la prisión. La instrumentalización de los pabellones evangélicos por parte de los actores estatales tiene sus límites. Sin duda, siempre se pretende, pero no siempre necesariamente se consigue. Esto implica que también entre estos diferentes tipos de actores la cooperación a veces da paso a tensiones y enfrentamientos relacionados con la vida cotidiana de los pabellones evangélicos67. Incluso lo he registrado en nuestro trabajo de campo en relación con una propuesta de transformación de un pabellón común en evangélico realizada por los pastores externos y presos en una cárcel específica que fue denegada por las autoridades penitenciarias. Sólo incluyendo tanto la colaboración como la confrontación podemos entender el complejo “ensamble de co-gobierno” que suponen estos esquemas68. Delegación y conquista pueden ser consideradas como las dos caras de un mismo y complejo proceso, que ha cobrado significativa fuerza en las cárceles contemporáneas de algunas jurisdicciones argentinas, precisamente porque ha logrado conjugar los componentes “desde arriba “ y “desde abajo”, “desde afuera “ y “desde adentro “.

El gran cambio que significó la multiplicación de pabellones evangélicos en las cárceles de estas jurisdicciones argentinas en términos de relaciones de poder y mantenimiento del orden sólo puede entenderse recuperando la agencia de los diversos actores complejamente entrelazados en su producción, sus luchas, estrategias y maniobras, que implican cooperación, pero también eventualmente confrontación. Así lo revela también la existencia en este mismo contexto nacional de jurisdicciones donde este proceso de creación y multiplicación de pabellones evangélicos no se ha producido en absoluto, porque los obstáculos por parte de las autoridades políticas y penitenciarias se han mantenido constantes. Es el caso del servicio penitenciario federal, el segundo más importante del país. El desarrollo de los pabellones evangélicos puede haberse visto bloqueado por la extendida concepción del servicio penitenciario federal como una institución burocrática más fuerte, en comparación con los servicios penitenciarios provinciales, lo que hace que sus autoridades intenten evitar cualquier cambio que pueda ser considerado como una “pérdida de control” sobre la vida de los presos69. Esto a pesar de que al menos en el CPF1 de la Ciudad de Buenos Aires, la “cárcel de Devoto”, existen diversos roles gubernamentales desempeñados por los presos desde hace décadas70. Ahora bien, los pabellones evangélicos tampoco existen en otros servicios penitenciarios provinciales más pequeños que pueden considerarse menos atravesados por esta imagen de fortaleza burocrática como en los casos de las provincias de Catamarca y Tucumán —que en 2022 contaban respectivamente con el 0,42% y el 1,39% del total de la población encarcelada a nivel nacional.71 En otras palabras, las luchas, negociaciones y acuerdos entre actores estatales y no estatales que han dado lugar a este fenómeno en jurisdicciones como las provincias de Buenos Aires y Santa Fe son absolutamente cruciales. 72

A modo de cierre: la necesidad de una perspectiva “agonista”.

La breve exploración de este ejemplo hace evidente que para explicar la multiplicación de esquemas de gobierno de los presos en las prisiones latinoamericanas se debe ir más allá de apuntar, como resultado de la transformación macroscópica que ha implicado el giro punitivo en la región en las últimas décadas, a la condición de la débil capacidad de los agentes estatales para controlar la vida encarcelada. Esta condición puede haber generado y continuar generando un fuerte impulso en esta dirección en muchos contextos, pero no es en sí misma suficiente para producir ese resultado en forma automática y mecánica. E incluso puede no estar presente —o su presencia puede ser muy limitada— en escenarios en los que este resultado efectivamente se ha producido en las prisiones de la región.

Para comprender este proceso de multiplicación es indispensable edificar un enfoque centrado en los actores involucrados en la vida de las prisiones, tanto estatales como no estatales —con distintos recursos y fuerzas— que, tanto dentro como fuera de sus muros, desarrollan diversas estrategias y se traban en luchas —tanto materiales como simbólicas, más o menos abiertas— en torno a la construcción de poder y orden en los contextos de encierro. Edificar una perspectiva “agonista”73 no resulta una tarea sencilla y requiere exploraciones profundas, densas, de procesos históricos en contextos específicos. Sólo en la medida en que seamos capaces de elaborar este tipo de historias particulares acerca de la multiplicación de esquemas de gobierno de los presos —como el que aquí esbozamos con respecto a los pabellones evangélicos en ciertas provincias argentinas— seremos capaces de producir generalizaciones al respecto. En el presente estado de nuestras investigaciones al respecto debemos ser cautelosos. El ejemplo presentado en este trabajo alerta sobre la necesidad de no perder de vista los desarrollos tanto “desde abajo” como “desde arriba”, tanto “desde adentro” como “desde afuera”. En este sentido, este trabajo es una invitación a continuar el diálogo en esta dirección, atravesando los diferentes ejemplos a lo largo y ancho de la región, para nuestra comprensión de la multiplicación y expansión del gobierno de los presos.

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  73. Weegels, Julienne, “Enduring lock-up. Co-governance and exception in Nicaragua’s hybrid carceral system”, en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo, Cham: Palgrave, 2022.
  74. Weegels, Julienne, Ramiro Gual y Olga Espinoza. “Compartiendo el poder: Experiencias de cogobierno entre reclusos y autoridades en las cárceles latinoamericanas”. En Temas criminológicos latinoamericanos: Teoría, evidencia empírica y ejecución penal, ed. Hernández Jiménez, N., Bogotá: Tirant lo Blanch, 2021.

  1. 1 Máximo Sozzo, “Inmate governance in Latin America. Comparative notes”, en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022), 367-398.

  2. 2 Ver Sacha Darke, “Inmate governance in Brazilian prisons”. Howard Journal of Criminal Justice, No. 52 (2013): 272-284; Sacha Darke, “Radical Alternatives to Criminal Detention” en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022), 329-366.

  3. 3 Ver Michael Foucault, “The subject and the power”. En Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics, ed. Dreyfus H.L. y Rabinow P. (Brighton: Harvester, 1982), 208-226; Michael Foucault, Dits et Ecrits (Paris: Gallimard, 1994), 125-129; Michael Foucault, Foucault: intereventi, colloqui, interviste (Milan: Feltrinelli, 1998), 273-295.

  4. 4 Darke, “Inmate governance in Brazilian prisons”, 272-284. En otras regiones del sur global también existen esquemas similares de gobierno de los presos. Solo se han producido avances incipientes en el trabajo comparativo entre contextos periféricos. Indicios interesantes en este sentido pueden verse en Chris Garces, Tomas Max Martin y Sacha Darke, “Informal Prison Dynamics in Africa and Latin America”. Criminal Justice Matters No. 91 (2013): 26-27; Tomas Max Martin, Andrew Jefferson y Mahuya Bandyopadhyay, “Sensing prison climates: Governance, survival and transition”. Focaal No. 68 (2014): 3-17; Sacha Darke, Conviviality and Survival: Co-Producing Brazilian Prison Order (Palgrave Macmillan, 2018).

  5. 5 Pero dentro de América latina también era posible identificar países con tasas de encarcelamiento mucho más elevadas, como Chile (171/100.000), República Dominicana (143/100.000) o Venezuela (133/100.000).

  6. 6 Máximo Sozzo, “Postneoliberalism and penality in South America: By way of Introduction”, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy No. 6 (2017): 135-136; Máximo Sozzo, La inflación punitiva en América Latina (1990-2015) (Buenos Aires: Café de las ciudades, 2017).

  7. 7 Además, las razones de estos niveles relativamente contenidos de las tasas de encarcelamiento eran muy diferentes en estas dos regiones del mundo en aquel momento. Ver Máximo Sozzo, “The renaissance of the political economy of punishment from a comparative perspective”. In The Political Economy of Punishment Today. Visions, debates and challenges, ed. J.A Brandariz, D. Melossi y M. Sozzo (Londres: Routledge, 2018), 49-50.

  8. 8 No existen datos oficiales sobre el encarcelamiento en este periodo acerca de Cuba y Haití.

  9. 9 En el caso de Venezuela, este porcentaje está relacionado con el hecho de que el extraordinario volumen de presos en las sedes policiales no se contabiliza actualmente en los datos oficiales de encarcelamiento. Aparentemente ahora en Venezuela este número es equivalente al alojado en las cárceles y de incluirse llevaría la tasa de encarcelamiento a niveles mucho más altos y, por lo tanto, a un nivel de incremento mucho mayor en los últimos 30 años. Ver Andrés Antillano, “Incluir y castigar: Tensiones y paradojas de las políticas hacia los pobres en la Venezuela pos-neoliberal” en Paradoxos da segurança cidadã, ed. Tavares dos Santos, J. y Barreira, C. (Porto Alegre: Editorial Tomo, 2016), 123-138; Andrés Antillano et al., “The Venezuelan prison: from neoliberalism to the Bolivarian revolution”. Crime Law and Social Change No. 65 (2016): 195-211.

  10. 10 Para tener un parámetro, Estados Unidos de América, el ejemplo arquetípico de un contexto nacional que experimentó un impresionante giro punitivo, repetidamente explorado en los estudios sobre castigo y sociedad, tuvo entre 1970 y 2000 —el período en que dicha dinámica fue más marcada— un crecimiento del 424% en su tasa de encarcelamiento, que pasó de 161/100000 a 683/100000. En la comparación con el último año disponible (2022 contra 2000), ha habido en ese es país, en cambio, una disminución del 21%. Si analizamos el mismo período que estamos analizando para América Latina, (1990-2022), el crecimiento de la tasa de encarcelamiento en EE. UU fue sólo del 18% —un tercio del menor crecimiento en América latina.

  11. 11 Para descripciones al respecto, a nivel regional, ver Sacha Darke y Maria Lucia Karam, “Latin American Prisons”, en Handbook on Prisons, ed. Jewkes, Y., Crewe, B. y Bennett, J. (London: Routledge, 2016), 464-465; Sacha Darke y Chris Garces “Surviving in the New Mass Carceral Zone”. Prison Service Journal No. 229 (2017): 3-4; Libardo José Ariza y Fernando León Tamayo Arboleda, “El cuerpo de los condenados. Cárcel y violencia en América Latina”. Revista De Estudios Sociales No. 73 (2020): 90-91; Fiona Macaulay, “Prisoner Capture”, en Routledge Handbook of Law and Society in Latin America, ed. Sieder R., Ansolabehere K.y Alfonso T. (New York: Routledge, 2019), 253; David Skarbek, The puzzle of prison order (Oxford: Oxford University Press, 2020), 23-28; Marcelo Bergman y Gustavo Fondevilla, Prisons and Crime in Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 140-142.

  12. 12 Darke y Karam, “Latin American Prisons”, 465; Paul Carlos Hathazy y Markus-Michael Müller “The rebirth of prison in Latin America: determinants, regimes and social effects”. Crime, Law and Social Change No. 65 (2016): 121; Darke y Garces, “Surviving in the New Mass Carceral Zone”, 2; Fiona Macaulay “The Police Challenges of Informal Prisoner Governance”. Prison Service Journal No. 229 (2017): 51; Macaulay, “Prisoner Capture”, 253; Skarbek, The puzzle of prison order, 27-28.

  13. 13 Sobre las continuidades en relación con el hacinamiento, el abandono estatal y las indignas y precarias condiciones de vida de los presos y las distintas formas de violencia, durante el período 1800-1940 en las cárceles latinoamericanas, véase el importante ensayo de Carlos Aguire “Prisons and prisoners in modernising Latin America”,,en Cultures of Confinement. A History of the Prison in Africa, Asia and Latin America, ed. Dikköter, F y Brown, I. (Ithaca: Cornell University Press, 2007), basado en una detallada revisión de la producción historiográfica de las últimas décadas sobre estos contextos de encierro en la región.

  14. 14 Darke, “Managing without guards in a Brazilian police lockup”. Focaal. Journal of Global and Historical Anthropology No. 68 (2014): 57; Darke, Conviviality and Survival: Co-Producing Brazilian Prison Order, 140-145; Macaulay, “The Police Challenges of Informal Prisoner Governance”, 55.

  15. 15 Christopher Birkbeck, “Imprisonment and internment: Comparing penal institutions North and South”. Punishment & Society, No. 13 (2011): 315.

  16. 16 José Luis Pérez Guadalupe, La construcción social de la realidad carcelaria: los alcances de la organización informal en cinco cárceles latinoamericanas (Perú, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia). (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000).

  17. 17 Aguirre, en su revisión de la literatura histórica sobre prisiones en la región, no hace referencia específica a este tipo de esquemas, aunque al referirse a la “agencia del preso” señala que en algunas circunstancias “negociaron” con “administraciones penitenciarias débiles”, buscando mayores niveles de “autonomía”. Carlos Aguirre, “Prisons and prisoners in modernising Latin America”, en Cultures of Confinement. A History of the Prison in Africa, Asia and Latin America, ed. Dikköter, F y Brown, I. (Ithaca: Cornell University Press, 2007), 36, 40.

  18. 18 Skarbek, The puzzle of prison order, 28.

  19. 19 Fernando Salla “As rebeliões nas prisões: novos significados a partir da experiência brasileira”. Sociologias No. 16 (2006); Graham Denyer Willis, “Deadly symbiosis? The PCC, the state and the institutionalization of violence in São Paulo”. In Youth Violence in Latin America, ed. Rodgers, D y Jones, G. (New York: Palgrave, 2009): 167-81; Karina Biondi, Junto e misturado: Uma etnografia do PCC (São Paulo: Teirciero Nome, 2010); Karina Biondi, Proibido roubar na quebrada: Território, hierarquia e lei no PCC (São Paulo: Teirciero Nome, 2018); Camila Nunes, PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência (São Paulo: Saraiva, 2013); Camila Nunes y Fernando Salla “Formal and informal controls and punishment: the production of order in the prisons of Sao Paulo”. Prison Service Journal No. 229 (2017); Marcos César Alvarez et al. “Das Comissões de Solidariedade ao Primeiro Comando da Capital em São Paulo”. Tempo Social No. 25 (2013); Sérgio Adorno y Fernando Salla “Organised criminality in prisons and the attacks of the PCC” en Transnational Organised Crime, ed. J.W.E. Sheptycki (Toronto: York University, 2014); Sacha Darke y Camila Nunes “From dispersed to monopolized violence: expansion and consolidation of the Primeiro Comando da Capital’s Hegemony in São Paulo’s prisons”. Crime, Law and Social Change No. 65 (2016); Camila Nunes y Bruno Paes Manso “PCC, sistema prisional e gestão do novo mundo do crime no Brasil”. Revista Brasileira de Segurança Pública No. 11 (2017); Benjamin Lessing,“Counterproductive punishment: How prison gangs undermine state authority”. Rationality and Society No. 29 (2017); Darke, Conviviality and Survival: Co-Producing Brazilian Prison Order, 101, 137, 235, 277; Darke, “Radical Alternatives to Criminal Detention”; Benjamin Lessing y Graham Denyer Willis, (2019). “Legitimacy in Criminal Governance: Managing a Drug Empire from Behind Bars”. American Political Science Review No. 113 (2019); Ítalo Barbosa Lima Siqueira y Luiz Fábio Paiva, “No norte, tem comando”: As maneiras de fazer o crime, a guerra e o domínio das prisões do Amazonas. Revista brasileira de Sociologia, No. 7 (2019); Vitor Setegemann Dieter, “Co-governance of dialogue: hegemony in a Brazilian prison”. En Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo. (Palgrave, 2022); Camila Nunes et al., “Governance and Legitimacy in Brazilian Prison: From Solidarity Committees to the Primeiro Comando da Capital (PCC) in São Paulo” en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022).

  20. 20 Lorena Navarro y Máximo Sozzo, “Pabellones evangélicos y gobierno de la prisión. Legados de Sykes para pensar la construcción del orden en las prisiones de varones en Argentina”. Cuestiones Criminales. Cuadernos de investigación: Apuntes y Claves de lectura No. 3 (2020); Lorena Navarro y Máximo Sozzo, “Evangelical Wings and Prison Governance in Argentina”, en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022); Mauricio Manchado, La redención del castigo (Rosario: UNR Editora, 2022).

  21. 21 Fiona Macaulay, “Modes of prison administration, control and governmentality in Latin America: adoption, adaptation and hybridity”. Conflict, Security & Development No. 13 (2013): 376, 377, 384, 385; Fiona Macaulay, “Whose prisons are these anyway? Church, state and society partnerships and co-production of offender ‘resocialization’ in Brazil” en Translating penal cultures: New perspectives on discipline, punishment and desistance, ed. Miller V. y Campbell, J. (London: Routledge, 2015); Sacha Darke “Recoverers helping recoverers: Discipline and peer-facilitated reform in Brazilian faith-based prisons, en Transnational penal cultures: New perspectives on discipline, punishment and desistance, ed. Miller, V. y Campbell, J. (London: Routledge, 2015); Darke, “Radical Alternatives to Criminal Detention”, 2022.

  22. 22 Hathazy y Müller “The rebirth of prison in Latin America”, 123; Darke, Conviviality and Survival, 18-19; Macaulay, “Prisoner Capture”, 243.

  23. 23 Skarbek, The puzzle of prison order, 150.

  24. 24 En este ejercicio dialogo con algunos puntos planteados anteriormente por Macaulay, “The police Challenges of Informal Prisoner Governance”, 51; Macaulay, “Prisoner Capture”, 253-254; Skarbek, The puzzle of prison order, 12-18. Ver también Sozzo, “Inmate governance in Latin America. Comparative notes”, 385-392.

  25. 25 Biondi, Junto e misturado; Biondi, Proibido roubar na quebrada; Nunes, PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência; Nunes y Salla, “Formal and informal controls and punishment”; Darke y Nunes “From dispersed to monopolized violence”; Dias y Manso, “PCC, sistema prisional e gestão do novo mundo do crime no Brasil”; Darke, Conviviality and Survival; Alvarez, Salla y Nunes, “Governance and Legitimacy in Brasilian Prison”; Setegeman Dieter, “Co-governance of dialogue: hegemony in a Brasilian prison”, 2022.

  26. 26 Libardo Ariza y Manuel Iturralde, “Tales from La Catedral: the Narco and the Reconfiguration of Prison Social Order in Colombia”, en Prisons Inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022).

  27. 27 Ver Andrés Antillano, “Cuando los presos mandan: control informal dentro de la cárcel venezolana”. Espacio abierto, cuaderno venezolano de sociología No. 24 (2015): 16-39; Andrés Antillano “When prisoners make the prison. Self-rule in Venezuelan prison”. Prison Service Journal No. 229 (2017): 26-30; Andrés Antillano, “The carceral reproduction of neoliberal order: Power, ideology and economy in Venezuelan prison”, en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022): 129-154; Antillano et al., “The Venezuelan prison”.

  28. 28 Jennifer Peirce, “From Rulay to Rules: Perceptions of Prison Life and Reforms in the Dominican Republic’s Old and New Prisons” (Tesis doctoral, New York, The City University of New York, 2021); Jennifer Peirce, “Provós, Representantes, Agentes: The Evolution of Prison Governance Arrangements in the Dominican Republic’s Prison Reform Process” en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022): 93-128.

  29. 29 Macaulay, “Modes of prison administration, control and governmentality in Latin America”, 376-385; Macaulay, “Whose prisons are these anyway?”; Darke, “Recoverers helping recoverers”; Darke, “Radical Alternatives to Criminal Detention”.

  30. 30 Julienne Weegels, “Prisoner Self-Governance and Survival in a Nicaraguan City Police Jail”. Prison Service Journal No. 229 (2017): 15-18; Julienne Weegels, (2019). “Prison Riots in Nicaragua: Negotiating Co-Governance Amid Creative Violence and Public Secrecy”. International Criminal Justice Review. No. 30 (2019): 61-82; Julienne Weegels, “Enduring lock-up. Co-governance and exception in Nicaragua’s hybrid carceral system”. In Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022): 155-186.

  31. 31 Navarro y Sozzo, “Pabellones evangélicos y gobierno de la prisión”; Navarro y Sozzo, “Evangelical Wings and Prison Governance in Argentina”; Manchado, La redención del castigo.

  32. 32 Lucia Bracco, “Decolonising and De-patriarchalising Prison: Governance, Social Life and Gendered Subjectivities in a Women’s Prison in Peru” (Thesis submitted in partial fulfilment for the requirements of a Doctor of Philosophy Degree in Women and Gender Studies, University of Warwick, England, 2020); Lucia Bracco, “A Decolonial and Depatriarchal approach to Women’s Imprisonment: Co-governance, legal pluralism and gender at Santa Mónica prison”, en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022): 233-258.

  33. 33 Weegels, “Prisoner Self-Governance”, 15-18; Weegels, “Prison Riots in Nicaragua:”, 61-82; Weegels, “Enduring lock-up.”, 155-186.

  34. 34 Peirce, “From Rulay to Rules”; Peirce, “Provós, Representantes, Agentes”, 93-128.

  35. 35 Dias et al., “Governance and Legitimacy in Brazilian Prison”.

  36. 36 En las próximas dimensiones voy a emplear los mismos ejemplos de esquemas de gobierno de los presos, en torno a los cuales los trabajos de investigación social que tengo en mente son los señalados a lo largo de esta primera dimensión. Ver Fernando Avila y Máximo Sozzo, “Peculiar responsibilization? Exploring a governing strategy in an atypical prison in the Global South”. Punishment & Society, (2020); Fernando Avila y Máximo Sozzo “The ‘prisoner-entrepreneur’. Responsibilization and co-governance at Punta de Rieles prison in Uruguay”, en Prisons inmates and governance in Latin America, ed. Máximo Sozzo (Cham: Palgrave, 2022): 297-328.

  37. 37 Birkbeck, “Imprisonment and internment”, 312; Darke, “Inmate governance in Brazilian prisons”, 274-275; Darke, “Managing without guards in a Brazilian police lockup”, 56-57; Darke, Conviviality and Survival, 140-149; Antillano, “Cuando los presos mandan”, 32-34; Antillano et al., “The Venezuelan prison”, 209; Darke y Karam, “Latin American Prisons”, 465-466; Hathazy y Müller, “The rebirth of prison in Latin America”, 121; Dias y Darke, “From dispersed to monopolized violence: expansion and consolidation of the Primeiro Comando da Capital’s Hegemony in São Paulo’s prisons”, 214-215; Darke y Garces, “Surviving in the New Mass Carceral Zone”, 3; Macaulay, “The Police Challenges of Informal Prisoner Governance”, 51; Macaulay, “Prisoner Capture”, 243-245; Skarbek, The puzzle of prison order, 25-27; Bergman y Fondevilla, Prisons and Crime in Latin America, 141-143; Julienne Weegels et al. “Compartiendo el poder: Experiencias de cogobierno entre reclusos y autoridades en las cárceles latinoamericanas”, en Temas criminológicos latinoamericanos: Teoría, evidencia empírica y ejecución penal, ed. Hernández Jiménez, N. (Bogotá: Tirant lo Blanch, 2021): 321-369.

  38. 38 Skarbek, The puzzle of prison order, 9-10.

  39. 39 Skarbek, The puzzle of prison order, 16.

  40. 40 Skarbek, The puzzle of prison order, 10-18.

  41. 41 Un problema conceptual importante de este ejercicio explicativo es, en mi opinión, equiparar las prácticas de gobierno de los agentes estatales en las cárceles con el “gobierno legal”. Con ello se pierde de vista el hecho de que, en muchos contextos, las acciones abiertamente ilegales de los agentes estatales desempeñan un papel significativo en la construcción del orden carcelario. Y, a su vez, también pierde de vista el hecho de que en algunos contextos —aunque esto no ocurra muy a menudo— se reconocen formalmente las funciones de gobierno de los presos, más allá de los agentes estatales, como señalamos en la sección anterior. Ver Skarbek, The puzzle of prison order, 22.

  42. 42 Birkbeck, “Imprisonment and internment”, 312; Darke, Conviviality and Survival, 140-141; Skarbek, The puzzle of prison order, 26-27; Bergman y Fondevilla, Prisons and Crime in Latin America, 142-143.

  43. 43 Esto, por supuesto, es muy problemático en algunos casos, ya que no incluye cambios muy recientes como los de El Salvador, que pasó de 37.190 detenidos en 2020 a 71.000 en 2022.

  44. 44 En los casos de Bolivia y Venezuela no hay información disponible en UNODOC y no hemos podido encontrar fuentes alternativas. Para 2015 (o el año más reciente) en Bolivia una proporción de 11,7 presos por funcionario de prisiones. Skarbek, The puzzle of prison order.

  45. 45 Darke, Conviviality and Survival, 140-149; Skarbek, The puzzle of prison order, 26-27; Bergman y Fondevilla, Prisons and Crime in Latin America, 143.

  46. 46 Darke, Conviviality and Survival, 144-145.

  47. 47 Bergman y Fondevilla, Prisons and Crime in Latin America, 143.

  48. 48 El panorama de esta ratio en la región —y su evolución en el tiempo— tiene niveles de variación muy altos, como es el caso de la tasa de encarcelamiento y el porcentaje de crecimiento de la población encarcelada en las últimas tres décadas que analizamos en la primera sección de este trabajo. Hay jurisdicciones que tienen altas tasas de encarcelamiento y altos porcentajes de crecimiento de la población encarcelada en las últimas décadas y, sin embargo, tienen tasas relativamente bajas para la región, como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Y hay países con tasas y porcentajes altos y ratios muy altos, como El Salvador, Panamá, Ecuador y Nicaragua.

  49. 49 Para el caso de Chile, ver Nelson Marín Alarcón, “Evangelismo carcelario en Chile: Análisis socioantropológico de comunidades religiosas en contextos de encierro”. Polis. No. 43 (2016); Nelson Marín Alarcón y Luis Andrés Bahamonde González, “Adicciones, disciplinamiento y pentecostalismo carcelario en Chile: Reflexiones para iniciar un debate”. Sociedad y Religión No. 48 (2017); Miguel Ángel Mansilla y Juan Carlos Vergara, “Redes comunitarias intra y extracarcelarias en Chile: apaquismo y voluntariados evangélicos” Revista del Museo de Antropología No. 16 (2023).

  50. 50 Argentina es un Estado federal, con un servicio penitenciario federal y 23 servicios penitenciarios provinciales. La provincia de Buenos Aires tenía el 46% de la población carcelaria nacional en 2022. Las cárceles federales albergaban al 11%. Le seguían las provincias de Córdoba y Santa Fe, con el 10% y el 7%.

  51. 51 Navarro y Sozzo, “Pabellones evangélicos y gobierno de la prisión”; Navarro y Sozzo, “Evangelical Wings and Prison Governance in Argentina”.

  52. 52 Rodolfo Luis Brardinelli, “De iglesias y pabellones inventados. Paradigmas carcelarios y ‘conversiones religiosas’”. Revista de Ciencias Sociales, segunda época No. 4 (2012): 17; Joaquín Algranti y Rodolfo Brardinelli, La re-invención religiosa del encierro. Hermanitos, refugiados y cachivaches en los penales bonaerenses (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación, 2013): 93-95.

  53. 53 Brardinelli, R. “De iglesias y pabellones inventados.”, 15-18; Algranti y Brardinelli, La re-invención religiosa del encierro, 87-92; Andrea Viviana Vallejos, “Unidad 25, la cárcel-iglesia. Arquetipo del pentecostalismo carcelario”. Sociedad y Religión No. 48 (2017): 288-290; Claudia Sandra Krmpotic y Andrea Viviana Vallejos, “Gobernanza pentecostal en una unidad carcelaria de Buenos Aires (Argentina)”. Mitológicas No. 33 (2018): 57-59.

  54. 54 Algranti y Brardinelli, La re-invención religiosa del encierro, 70.

  55. 55 Vallejos, “Unidad 25, la cárcel-iglesia.”, 2017; Krmpotic y Vallejos, “Gobernanza pentecostal”.

  56. 56 Mauricio Manchado, “‘Morir al orgullo’. Conformidad, insumisiones y gubernamentalidad en el dispositivo religioso evangélico pentecostal en prisión. El caso de la provincia de Santa Fe”. Revista Electrónica da Facultade de Direito da Universidade Federal de Pelotas No. 2 (2016): 65; Mauricio Manchado, “Caretas y pecadores. Ajustes secundarios, gubernamentalidad y pentecostalismo en las cárceles santafesinas (Argentina)”. Sociedad y Religión, No. 48 (2017): 196-198; Mauricio Manchado, “No nos gusta que vengan a manejarnos ellos el pabellón. Religiosidad, autonomías y desconfianza en la gestión del orden carcelario en Argentina”. Etnografías, revista del Centro de Estudios en Antropología No. 5 (2019): 17-18.

  57. 57 Manchado, “‘Morir al orgullo’”, 66; Manchado, “Caretas y pecadores”, 199; Manchado, “No nos gusta que vengan”, 18.

  58. 58 Manchado, “No nos gusta que vengan”, 18.

  59. 59 Estas proporciones se construyeron con base en información oficial proporcionada por las autoridades ministeriales sobre la población encarcelada y el personal penitenciario a través del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ante un requerimiento específico para este trabajo. En el caso de Santa Fe, sin embargo, es importante destacar que esta proporción ha ido en aumento en las últimas décadas. En el año 2000 era de 0,98 agentes penitenciarios por preso y en 2010 fue de 1,28. Lamentablemente, no contamos con información oficial sobre el pasado reciente en el caso de la Provincia de Buenos Aires.

  60. 60 Algranti y Brardinelli, La re-invención religiosa del encierro, 110-111.

  61. 61 Brardinelli, “De iglesias y pabellones inventados”, 14-20; Algranti y Brardinelli, La re-invención religiosa del encierro, 87-94, 109-127; Manchado, “Morir al orgullo”, 64-67; Manchado, “Caretas y pecadores”, 195-200; Mauricio Manchado, “Hacen un buen trabajo dentro del servicio. Las ocupaciones estratégicas del dispositivo religioso pentecostal en las prisiones argentinas”. Temas y debates No. 35 (2018): 102-103; Manchado, “No nos gusta que vengan a manejarnos ellos el pabellón”, 17-19.

  62. 62 Navarro y Sozzo, “Evangelical Wings and Prison Governance in Argentina”, 266-267.

  63. 63 Navarro y Sozzo, “Evangelical Wings and Prison Governance in Argentina”, 270-279.

  64. 64 María Jimena Andersen y Agustina Suárez, “El Espíritu Santo es el que gobierna. Los pabellones evangélicos y la tercerización del gobierno carcelario” (disertación en las V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2009), 1, 15, 16, 19; Nicolás Alcira Daroqui Maggio et al., “Dios agradece su obediencia: la tercerización del gobierno intra muros en la cárcel de Olmos” (XXVII Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009), 2, 9; Brardinelli, “De iglesias y pabellones inventados”, 2012; Algranti y Brardinelli, La re-invención religiosa del encierro, 101-104, 145-151; Manchado, “Morir al orgullo”, 65-67; Manchado, “Caretas y pecadores”, 198-199; Manchado, “Hacen un buen trabajo dentro del servicio”, 103; Manchado, “No nos gusta que vengan a manejarnos ellos el pabellón”, 18-19.

  65. 65 Nielsen, K. y Sozzo, M. “Primer Informe General de la Encuesta a Personas Privadas de su Libertad en la Provincia de Chaco”. Comité de Prevención de la Tortura de Chaco y Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, Resistencia, 2024.

  66. 66 Daroqui et al., “Dios agradece su obediencia”, 2; Andersen y Suárez, “El Espíritu Santo es el que gobierna”, 15-19; Andersen, J. “Estrategias penitenciarias de delegación de la violencia y tercerización del orden en el programa de gobierno intramuro” En Castigar y Gobernar hacia una sociología de la cárcel. La gobernabilidad penitenciaria bonaerense, ed. Daroqui, A. (CPM y GESPyDH, 2014), 251-279.

  67. 67 Manchado, “Morir al orgullo”, 54-55; Manchado, “No me gusta que vengan a manejarnos ellos el pabellón”, 15, 28.

  68. 68 Navarro y Sozzo, “Evangelical Wings and Prison Governance in Argentina”, 285-286.

  69. 69 Hathazy y Müller, “The rebirth of prison in Latin America”, 122.

  70. 70 Ramiro Gual, “Devoto. Etnografía de una cárcel negociada” (tesis doctoral, Universidad Nacional del Litoral, 2024).

  71. 71 Curiosamente, en el caso de la Provincia de Catamarca la relación de presos por agente penitenicario es extremadamente baja, 0,81 en 2024. En el caso del Servicio Penitenciario Federal, sólo considerando el personal que trabaja en las cárceles federales —y no el de las oficinas centrales— en 2022 la relación era de 0,90 (utilizando la información oficial producida por el SNEEP del Ministerio de Justicia de la Nación) —por lo que si incluimos al resto del personal debe ser menor—. En el caso de la Provincia de Tucumán, con la misma información —excluyendo a los trabajadores de las oficinas centrales del Servicio Penitenciario— la ratio en 2022 era de 1,87 —como en el caso del SPF, si incluimos al resto del personal debe ser menor—.

  72. 72 También es importante destacar que el fenómeno de los pabellones evangélicos no está presente en las cárceles de mujeres en Argentina, ni siquiera en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe donde ha tenido un gran desarrollo en las cárceles de varones. También en este caso existen razones específicas vinculadas a la mayor intensidad del control de la vida carcelaria por parte de las autoridades y agentes penitenciarios, que tradicionalmente forma parte de estos contextos de encierro. E incluso el legado de la mayor presencia de las órdenes religiosas católicas que administraron estos contextos de encierro hasta hace ciencuenta años. Ver Natacha Guala, “Control y resistencia en las prisiones de mujeres. Un análisis interseccional desde Argentina” (tesis doctoral, Universidad de Coimbra, 2021).

  73. 73 Philip Goodman et al., Breaking the pendulum. (Oxford: Oxford University Press, 2017).