Confianza, apoyo a la democracia y corrupción: una mirada a la Corte Constitucional en la opinión pública colombiana


Abstract

Aunque las altas cortes en América Latina han ganado en décadas recientes relevancia como actores políticos, son en realidad pocos los trabajos académicos que abordan la relación entre estos tribunales y la ciudadanía desde la perspectiva de la opinión pública. Este artículo avanza en esa dirección, al enfocarse en el caso de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Qué factores explican la confianza de los colombianos en su tribunal constitucional? El análisis se basa en diez encuestas (muestra representativa a nivel nacional) realizadas entre los años 2005 y 2018. Con base en estos datos, muestro que el apoyo a la democracia y la confianza en la Corte van de la mano, y que esta relación positiva se mantiene a lo largo del tiempo. La corrupción, en cambio, afecta negativamente la confianza en ese alto tribunal constitucional. Este efecto negativo se ha hecho particularmente evidente en los años recientes.


Though Latin American high courts have increasingly gained saliency as political actors in recent decades, few scholars have explored the relationship between these tribunals and public opinion. This article represents a contribution to that effort by focusing on the case of the Colombian Constitutional Court. What factors help explain individual’s trust in the constitutional tribunal? The analysis is based on ten public opinion surveys (nationally representative samples) taken between 2005-2018 in Colombia. I show that support for democracy and trust in the court are positively related. Those who perceive corruption as more widespread tend to be more distrustful of the court. Additionally, the analysis suggests that this negative effect becomes noteworthy in recent years.


INTRODUCCIÓN1

La Corte Constitucional colombiana es uno de los tribunales más activos y asertivos de América Latina. Desde su creación, a propósito de la promulgación de una nueva Constitución en 1991, la Corte ha decidido sobre los temas más importantes y de mayor controversia en el país. Por ejemplo: declaró inconstitucional el concordato entre Colombia y el Vaticano; ha protegido los derechos de las minorías indígenas a sus tierras, a la consulta previa y a que administren justicia según sus propias costumbres; y ha jugado un papel fundamental en la expansión de los derechos individuales y socioeconómicos en el país2. Al mismo tiempo, la Corte Constitucional ha jugado un papel activo como contrapeso del poder ejecutivo3. En resumen, ha sido un actor de mucho peso jurídico y político a nivel nacional, cuya influencia se ha irradiado incluso a espacios regionales.

Junto con la corte colombiana, otros tribunales de cierre en nuestra región se han convertido en décadas recientes en actores políticos de relevancia, especialmente en países como Argentina, Costa Rica y México. Pese a esta creciente importancia, y a pesar de los cambios que ponen a los tribunales en la mirada pública, es muy poco el trabajo de investigación con base empírica que brinde pistas sobre la relación entre los tribunales latinoamericanos y la opinión pública. Este artículo representa un esfuerzo por avanzar en esa dirección al enfocarse en el caso de la Corte Constitucional colombiana. ¿Qué factores nos ayudan a entender el grado de confianza que tienen los ciudadanos colombianos en su más alto tribunal?

Trabajos anteriores que exploran los determinantes de la confianza en las cortes de cierre en otros países como Estados Unidos4, Sudáfrica5 y algunas naciones de Europa6 han demostrado que el apoyo a las instituciones y a los procesos democráticos, el conocimiento que tienen los individuos sobre la misma institución, la identidad étnica de los ciudadanos, así como el nivel de satisfacción con fallos previos de estos tribunales son determinantes para entender si una corte goza o no de la confianza de sus connacionales.

En este trabajo en particular tengo especial interés en desentrañar el papel que juegan dos elementos específicos para explicar la confianza en la Corte Constitucional colombiana: el apoyo a la democracia y las percepciones individuales sobre corrupción política. De esta manera, por un lado, hago eco de los argumentos de Gibson7 y de Gibson y Caldeira8, quienes proponen que la confianza en las altas cortes es una extensión natural del apoyo que los individuos dan a las instituciones y a los procesos democráticos. Con esto en mente, propongo que la confianza en el alto tribunal constitucional se ve influenciada de manera positiva por el grado de apoyo que los individuos expresan hacia el sistema democrático en su conjunto.

De otra parte, considero que las actitudes frente a la democracia por sí solas no son suficientes para entender la confianza de los ciudadanos en sus cortes constitucionales. En especial no bastan a la luz de las dinámicas políticas más recientes en países como Colombia, donde han sucedido en la última década una serie de escándalos de corrupción judicial de muy alto perfil, en algunos de los cuales resultaron incluso involucrados directamente magistrados de la misma Corte Constitucional9. Dada la visibilidad y la creciente importancia de estos escándalos y del tema en la agenda nacional, mi intuición es que ambos procesos pueden estar teniendo un efecto negativo en la confianza que tienen los ciudadanos en la corte. Para evaluar si el apoyo a la democracia y las percepciones sobre corrupción tienen efecto sobre la confianza en el tribunal de la manera que propongo, utilizo encuestas de opinión pública del Barómetro de las Américas10 (muestras nacionales) aplicadas en Colombia entre los años 2005 y 2018.

Los resultados del estudio cuantitativo indican que el apoyo a la democracia y las percepciones sobre corrupción sí afectan la confianza en la Corte Constitucional como institución. Quienes expresan apoyo a la democracia tienen mayor tendencia a confiar en ella; mientras que, por otro lado, el análisis confirma que los escándalos de corrupción hacen mella en la legitimidad de la Corte, en especial a partir del año 2011 y hasta el 2018, cuando quienes creen que la corrupción está más generalizada tienden a expresar menor confianza en este alto tribunal. También hay evidencia de que factores como la ideología y la percepción sobre la capacidad del sistema judicial de administrar justicia, juegan papeles importantes que es necesario determinar con mayor detalle.

El estudio de la confianza en los altos tribunales es fundamental para entender mejor cuándo y cómo las cortes constitucionales pueden desempeñar un papel activo como parte del sistema de pesos y contrapesos del sistema político. Al ejercer su poder de veto a las decisiones del ejecutivo y del legislativo, las cortes a menudo van en contra de la opinión de la mayoría, pues en muchas ocasiones deben tomar resoluciones que no siempre son populares. La confianza de la que gocen a ojos de los ciudadanos es una parte importante de lo que les permite hacer esto, dado que las altas cortes carecen de mecanismos coercitivos mediante los cuales puedan hacer valer sus decisiones11. Niveles altos de legitimidad entre la ciudadanía pueden, bajo ciertas condiciones, facilitar la aceptación de fallos que, al menos en un comienzo, entran en controversia con parte del público12 y pueden también brindarle a la corte peso vis a vis las ramas del poder público elegidas popularmente.

Ahora bien, este estudio es clave no solo a la luz del papel que la confianza institucional tiene en la dinámica de pesos y contrapesos, sino también en atención a la coyuntura política actual. Como veremos más adelante en detalle, según las encuestas del Barómetro de las Américas, la confianza de los colombianos en la Corte Constitucional se ha erosionado en años recientes. En la última década en particular, el porcentaje de ciudadanos que declaran tener poca confianza en la misma viene aumentando de manera sostenida. Un deterioro similar se evidencia en la confianza de los ciudadanos colombianos en la mayoría de las instituciones políticas claves como el congreso y los partidos políticos, entre otros13. El declive de la confianza en la corte se enmarca en esta crisis sistémica, por lo que entender sus particularidades nos permite ahondar en un aspecto clave del funcionamiento de uno de los tribunales más asertivos de la región.

El artículo se organiza de la siguiente manera: la primera sección presenta el marco conceptual y de medición de la confianza en las altas cortes que guía mi acercamiento a la situación de la corte colombiana. En el siguiente apartado se describe cómo se ha debilitado la confianza de los colombianos en su tribunal constitucional en años recientes. En la tercera sección discuto cómo otros estudiosos han abordado el tema de la confianza en el caso de otros altos tribunales, presento los factores claves a analizar en el caso colombiano y discuto mis hipótesis. La cuarta sección presenta los datos y el análisis, que confirma qué tanto el apoyo a la democracia, como la percepción sobre qué tan extendida está la corrupción, son importantes para entender el grado de confianza que tienen los colombianos en la corte. El apartado final concluye.

1. CONFIANZA EN LAS ALTAS CORTES

En 1975 David Easton escribió un texto que sentó las bases para el estudio de la relación entre las altas cortes y la opinión pública. Con especial atención a la experiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, Easton propuso un marco conceptual para estudiar la confianza institucional. La definió como la “reserva de buena voluntad” que tiene el público en una institución14. Esta definición es la piedra angular de muchos trabajos que, desde la perspectiva de la opinión pública, estudian la confianza en las instituciones políticas en general, pero también en las altas cortes en particular. Ahora bien, como reconocen Hamm et al., en un estudio de estado del arte reciente sobre el tema15, los trabajos sobre confianza institucional la asumen de diferentes maneras, lo que en la práctica resulta en diversas formas de comprensión; por ejemplo, como sinónimo de satisfacción, de aprobación, de apoyo, o también de legitimidad. No hay consenso entre los estudiosos del tema alrededor de una única manera de medir y de entender la confianza institucional. Aunque no existe este consenso y diversos académicos usan definiciones y medidas distintas, tomo la propuesta de Easton como punto de partida para delimitar mi objeto de interés.

Una ventaja del trabajo de Easton es que su discusión propone una distinción importante entre el apoyo político difuso y el apoyo político específico a las cortes. Para este autor, el apoyo específico está relacionado tanto con lo que las autoridades políticas pueden hacer, como con la forma cómo lo hacen. En otras palabras, para el caso de las altas cortes, el apoyo específico depende de lo que los jueces hagan y las decisiones que las cortes tomen. En contraste, el apoyo difuso se refiere a una forma más generalizada de apego social, que depende de una evaluación que hacen las personas sobre lo que una institución representa, es decir, sobre su significado general. La confianza (o legitimidad, según Easton) en una determinada corte ayuda a los miembros de un sistema político a aceptar decisiones judiciales a las que en otras condiciones se opondrían16.

Con la anterior distinción en mente, en este trabajo me concentro en explorar los factores que afectan la confianza en su faceta de apoyo político difuso, es decir, la confianza que tienen los ciudadanos en el más alto tribunal, como algo diferente al apoyo a determinada decisión coyuntural. Aprovecho para tal fin las encuestas nacionales bianuales del Barómetro de las Américas (LAPOP) para Colombia que preguntan por la confianza de los ciudadanos en la Corte Constitucional desde el año 2005. Una de las ventajas de estas encuestas es que indagan por la confianza en la Corte, al preguntar directamente a cada uno de los encuestados por su confianza en este alto tribunal. Para ello utilizan un instrumento afín desde el punto de vista conceptual a la propuesta de Easton, y que, además, es similar a los instrumentos utilizados por otros estudiosos17. En la siguiente sección presento la pregunta utilizada por el Barómetro de las Américas y un panorama de cómo han respondido a ella los colombianos desde el año 2005.

2. LA CONFIANZA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA DESDE EL AÑO 2005

La confianza de los colombianos en la Corte Constitucional colombiana ha fluctuado en años recientes. Si bien lo ideal sería contar con un estudio panel, ante la ausencia de este tipo de datos, las encuestas del Barómetro de las Américas brindan información única para estudiar opinión pública de manera académica y rigurosa. La gráfica no. 1 ilustra las respuestas de los encuestados a la pregunta: ¿hasta qué punto tiene confianza en la Corte Constitucional? para las muestras colombianas entre los años 2005 y 2018. El tono café oscuro indica evaluaciones negativas, el gris las que resultaron neutrales, y el verde oscuro las evaluaciones que fueron positivas.

Gráfica 1.

Confianza en la Corte Constitucional

fig1.jpg

En la muestra del año 2005 casi la mitad de los encuestados (49%) reportó niveles de confianza positivos en la Corte Constitucional. Para ese entonces la Corte llevaba trece años de funcionamiento. En ese mismo año el 21% de los encuestados declaró ser neutral frente a la corte, mientras que el 30% tuvo una evaluación negativa de la misma. Con el tiempo estas proporciones han ido cambiando, y en una tendencia que debería ser motivo de preocupación para este tribunal. Llama la atención que la proporción de respuestas negativas se ha incrementado recientemente: en el año 2011 estaban en cerca del 30%, y progresivamente han aumentado hasta llegar al 56% en el año 2016. En ese mismo año quienes declaran tener una evaluación positiva de la corte son una minoría (23%). Mi objetivo en lo que resta de este artículo es explorar qué factores afectan la confianza en el tribunal y qué puede explicar estas fluctuaciones. Para ello tomo como punto de partida las hipótesis planteadas por algunos estudios previos y las complemento con un análisis de hechos recientes del acontecer nacional.

3. APOYO A LA DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN: CLAVES PARA ENTENDER LA LEGITIMIDAD DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

La literatura existente ha llamado la atención sobre una serie de elementos que explican el grado de confianza en las altas cortes. Entre estos elementos se destacan: el grado de apoyo a las normas y a los procesos democráticos que profesan las personas; su acuerdo o no con un determinado fallo; y su afiliación partidista. A continuación, presento una discusión general de estos argumentos y evalúo hasta qué punto aplican para el caso colombiano. Para ello planteo algunas hipótesis específicas para este contexto. Mi postura es que para entender la legitimidad de la corte colombiana resulta útil, en consonancia con lo que plantean trabajos similares en otros países, prestar atención al apoyo de los individuos a la democracia y a sus instituciones asociadas. Sin embargo, a la luz de hechos recientes sucedidos en Colombia, así como en otros países de América Latina, también resulta clave evaluar si las percepciones sobre los niveles de corrupción están haciendo mella en la confianza de los ciudadanos en sus cortes. A continuación, explico por qué.

Las investigaciones existentes sobre la confianza institucional en las altas cortes (varias de las cuales usan confianza y legitimidad como sinónimos) coinciden en afirmar que la confianza en los altos tribunales se afinca en gran medida en el apoyo y en la experiencia que tengan los ciudadanos con las instituciones y con los procesos democráticos. El estudio pionero de Gibson18 demostró que la confianza en la Corte Suprema de Estados Unidos está anclada en el apoyo a la democracia a nivel individual. Más adelante Gibson y Caldeira19, desarrollaron este argumento en detalle en un trabajo sobre la legitimidad de esta misma corte norteamericana, que se basó en una encuesta panel realizada en el año 2006. En este trabajo demostraron que cuando las personas están atentas a las cortes la exposición a los símbolos judiciales refuerza los mitos de la legalidad y de la imparcialidad, lo que activa lealtades preexistentes y, por tanto, refuerza la legitimidad del tribunal. En otro estudio, Gibson, Caldeira y Baird20 extienden el argumento más allá de Estados Unidos, al presentar evidencia que sugiere que el apoyo al régimen democrático también juega un papel importante para la legitimidad de las cortes nacionales tanto en países de Europa Occidental, como de Europa Oriental.

Estos trabajos sugieren que la socialización en democracia y con las instituciones democráticas, así como la experiencia previa y el apoyo a estas, son una parte importante de la confianza de los individuos en los altos tribunales, ya que estos son engranaje central del sistema democrático. A la luz de estos estudios, y pensando en perspectiva comparada, es razonable esperar que un proceso similar aplique para otras democracias incluida la colombiana, donde, además de un régimen democrático, existe una corte independiente y activa. Allí donde hay una exposición pública de los procesos democráticos, y de los símbolos judiciales y su accionar, las valoraciones sobre la democracia seguramente jugarán un papel importante en las evaluaciones de la corte.

En este sentido conviene repasar cómo ha evolucionado el apoyo a la democracia en la ciudadanía colombiana. Con base en los datos del Barómetro de las Américas, la gráfica no. 2 presenta las respuestas entre los años 2004 y 2016 a la pregunta: ¿hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?: puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de Gobierno.

Gráfica 2.

Evolución confianza en la democracia como forma de gobierno

fig2.jpg

Se observa que es alto el porcentaje de personas que afirma estar de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno (correspondiente a la línea gris). De hecho en el período considerado en la mayoría de las muestras se mantuvo alrededor del 70%. Sin embargo, se evidencia un declive de dieciséis puntos porcentuales en las dos muestras más recientes. De manera simultánea, es interesante notar que tanto el porcentaje de encuestados que declara estar en desacuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno, así como el de quienes son indiferentes o indecisos, van en aumento en los años recientes. Este declive en el apoyo a la democracia es preocupante por sí mismo, como lo es el deterioro de la confianza en la corte. A la luz de los trabajos discutidos anteriormente, mi expectativa es que la relación entre apoyo a la democracia y legitimidad de la Corte Constitucional sea positiva; es decir: que aquellos que expresen mayor apoyo a la democracia también tengan mayores niveles de confianza en este alto tribunal. En la sección de análisis empírico evaluaré si en Colombia existe una relación entre el apoyo a la democracia y la confianza en la Corte, como sí parece hay en otros países.

Hay un segundo fenómeno que no figura de manera prominente en la literatura sobre confianza en los altos tribunales, pero que considero es fundamental para entender las evaluaciones de los ciudadanos sobre la Corte Constitucional: sus percepciones sobre qué tan prevalente es la corrupción. En años recientes el sistema judicial colombiano se ha visto sacudido por escándalos de corrupción que llegaron a la cúpula de la judicatura y que salpicaron a jueces de todos los altos tribunales en Colombia. A manera de ilustración resumo brevemente algunos hechos claves: el nombramiento en el año 2012 del magistrado Alberto Rojas al tribunal constitucional se vio opacado por las acusaciones de corrupción que se levantaron contra el entonces candidato21. Poco tiempo después su colega, el magistrado Jorge Pretelt, fue acusado de cobrar dinero por incidir tanto en el proceso de selección de tutelas para revisión de la Corte, como en su fallo, por lo que fue separado de su cargo22. De otra parte, altos magistrados del departamento del Meta fueron acusados de corrupción por parte de la Fiscalía. Más recientemente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron inculpados, y se encuentran aun siendo procesados, por recibir dineros a cambio de incidir en procesos judiciales a su cargo23. La visibilidad mediática de estos escándalos fue alta, y en algunos casos las aguas aún no se han calmado del todo. No es descabellado imaginar que la prensa negativa sobre algunos jueces, la apertura de procesos judiciales en su contra y que la ciudadanía haya visto que de hecho algunos de los inculpados fueron obligados a retirarse de sus funciones, aumentaron el malestar y los cuestionamientos sobre la probidad de los altos tribunales. Al respecto, mi hipótesis es que hay una relación negativa entre las percepciones sobre qué tan extendida está la corrupción y los niveles de legitimidad de la corte.

Más allá de la relación general negativa, propongo que hay una dinámica temporal en esta relación, pues la corrupción judicial a nivel de los altos tribunales se convirtió en un fenómeno patente muy recientemente. Para ilustrar estas tendencias en la opinión pública me remito a los datos del Global Corruption Barometer24. La gráfica no. 3 presenta las respuestas a la pregunta: ¿hasta qué punto ve usted a las siguientes categorías afectadas por la corrupción?, para las muestras de los años 2006, 2007, 2010 y 2013. La gráfica en particular presenta la evolución de la percepción de los colombianos sobre la corrupción en el sistema judicial y, a la vez, compara esta tendencia con la evolución de la percepción de corrupción en otras instituciones como el congreso, o los medios de comunicación, entre otros.

Gráfica 3.

Percepciones sobre corrupción en las instituciones

fig3.jpg

De acuerdo con esta gráfica en el año 2006 el 46% de los encuestados afirmó percibir al sistema judicial como corrupto, o como sumamente corrupto. Este porcentaje, que agrupa a las evaluaciones negativas, ha aumentado de manera consistente a lo largo de los años durante los que hay datos disponibles hasta llegar al 64% en el año 2013. Cabe notar que todas las otras categorías han visto una dinámica similar, pues en ellas la percepción de corrupción ha aumentado. Esto es cierto incluso para los medios de comunicación, que son los mejores evaluados. A la luz de estos cambios, mi hipótesis es que la corrupción se convierte en una pieza clave para explicar la legitimidad de la Corte Constitucional en años recientes, cuando los escándalos han ganado en frecuencia. En la sección de análisis empírico evaluaré esta relación25.

Otro elemento que podría afectar el apoyo a las altas cortes es la identificación de quien las evalúa con un determinado partido político. Una persona puede llegar a conclusiones sobre la institución apoyándose en las claves que le brinda su identidad partidista. Al respecto no hay razones teóricas que nos lleven a pensar que esto sería un factor relevante en Colombia. El punto central para efectos de la dinámica colombiana es el siguiente: el sistema de partidos colombiano está en fluctuación, es multipartidista y es inestable26. La volatilidad electoral, la fragmentación y la inestabilidad que caracterizan a sistemas como el colombiano hacen que las etiquetas de los partidos resulten poco útiles e informativas como atajos cognitivos para muchos ciudadanos. En estos escenarios, los partidos no proveen pistas sólidas, ni configuran identidades sociales fuertes, así como tampoco generan apego psicológico. De hecho, en las muestras de los años 2006 y 2016 del Barómetro de las Américas, sólo un 26% de los encuestados en promedio declaró simpatizar con algún partido político (de los más de quince existentes). Unido a lo anterior, se destaca que al día de hoy, el sistema de elección de los jueces constitucionales no hace ningún énfasis en la afiliación de quienes aspiran a un cargo a un determinado partido político. Así las cosas, los bajos niveles de identificación partidaria, la fragmentación del sistema de partidos y la dificultad de asociar a los candidatos y a los posteriormente jueces con algún partido específico, lleva pensar que la identificación partidista no juega un papel importante para entender el origen de la confianza en la Corte Constitucional de Colombia.

Si bien no hay razón para pensar que la identificación partidista juegue un rol en las valoraciones de los ciudadanos sobre la Corte, la afiliación ideológica de los ciudadanos sí podría brindarnos pistas. Según el más reciente reporte del Observatorio de la Democracia, 201727, la escala de auto-identificación ideológica en Colombia (derecha – izquierda) no es muy útil para clasificar los ciudadanos en temas económicos, pero sí proporciona resultados más coherentes en temas sociales. Incluyo la ideología en el análisis a manera de control, para explorar si preferencias políticas más conservadoras tienen algún efecto sistemático en la confianza en el alto tribunal.

Hasta aquí he discutido la pertinencia en Colombia de los factores explicativos que enfatizan los estudios sobre legitimidad de las altas cortes en la opinión pública desde una perspectiva comparada. Antes de cerrar esta sección, quiero introducir dos elementos que forman parte de mi análisis empírico, pero que no son muy comunes esta literatura: la victimización y la percepción sobre si el sistema judicial es justo. Ambas variables son más comunes en trabajos que analizan la confianza en las cortes bajas (diferentes a los tribunales de cierre) y en el sistema judicial en general. Al estudiar confianza en el sistema judicial en general juega fuertemente, por ejemplo, la experiencia directa del ciudadano con el mismo, la cual no es necesariamente relevante en el caso de los tribunales de cierre.

Sin embargo, considero que puede haber elementos analíticos útiles. Investigaciones en el área de las actitudes psicológicas hacia el sistema judicial muestran que cuando una persona ha sido víctima de un crimen, cambia su actitud frente al crimen, las cortes y el sistema judicial28. Dado que sabemos que la victimización puede suponer costos importantes para la opinión favorable de una persona sobre el sistema judicial, vale la pena explorar si el efecto podría transferirse a las decisiones de la corte. Mi hipótesis al respecto es que la experiencia de victimización tiene un efecto negativo en la confianza en el alto tribunal. Incluyo también como variable la percepción sobre si el sistema judicial es justo o no. Por medio de ella, busco evaluar el peso que las percepciones ciudadanas sobre la efectividad del sistema pueden tener. Con ello espero (de manera similar que en el ítem anterior) que las evaluaciones negativas del sistema judicial estén asociadas con una menor confianza en la Corte Constitucional.

4. DATOS Y ANÁLISIS

El análisis se basa en diez encuestas del Barómetro de las Américas29, proyecto liderado por LAPOP, en la Universidad de Vanderbilt, y por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en Bogotá. Todas las muestras son representativas a nivel nacional de adultos en edad de votar. La Tabla no. 1 muestra los años incluidos, el n de cada muestra nacional y el n de la muestra total cuando se juntan todas las encuestas. De todas las muestras nacionales que están disponibles en LAPOP, no incluí las de los años 2004, 2012 y 2016 en el análisis, pues carecen de una de las variables independientes de interés.

Tabla 1.

Muestras de la encuesta del Barómetro de las Américas

tab1.jpg

La variable dependiente en este análisis usa el ítem que indaga por confianza en la corte, como lo hacen otros trabajos similares a nivel comparado30. El texto de la pregunta es: ¿hasta qué punto tiene confianza en la Corte Constitucional? Esta y todas las otras variables, cuya respuesta era una escala en el cuestionario original (de 1-7 o 1-10), fueron transformadas a una escala 0-100 para facilitar el análisis.

La primera variable independiente de interés es apoyo a la democracia. Es medida en la encuesta a través del siguiente ítem: puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? La segunda variable independiente de interés mide percepciones sobre corrupción. Aquí recurro a la siguiente pregunta: teniendo en cuenta su experiencia, o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos está: nada, poco, algo, muy generalizada? En un mundo ideal podríamos trabajar con una pregunta más específica sobre corrupción judicial, pero desafortunadamente esta dejó de ser incluida en El Barómetro a partir del año 2008. De cualquier forma, el ítem de percepciones de corrupción hace referencia específica a funcionarios públicos (no a políticos en general, por ejemplo) lo cual abarca de manera adecuada el tipo de preocupación que me interesa evaluar. Invertí la variable para que números más altos sugiriesen que la corrupción está más generalizada y, así facilitar la interpretación de los resultados31.

Junto a las variables antes mencionadas incluyo también una medida de victimización, que es una variable dicotómica, que indica si la entrevistada fue víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses. También incluí la variable juicio justo que corresponde a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto cree que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio justo? Como controles incluí ideología (auto identificación en una escala de 0-10, donde 0 indica afinidad con la izquierda), así como variables estándares tales como edad, género e ingreso.

5. RESULTADOS

A continuación, presento los resultados de dos tipos de análisis: primero investigo la relación entre la legitimidad de la Corte Constitucional y las percepciones de corrupción (por un lado) y el nivel de apoyo a la democracia de los ciudadanos (por el otro). Para ese fin usé un modelo de efectos fijos sobre los datos longitudinales (es decir, juntando todas las muestras). En segundo lugar, y para evaluar la fuerza de la relación entre confianza en la corte y las variables de apoyo a la democracia y corrupción en los diferentes años, uso un mismo modelo en cada una de las nueve muestras, y analizo la evolución de los coeficientes de interés (magnitud y significancia) a lo largo del tiempo.

La tabla no. 2 reporta los resultados de una regresión estándar de mínimos cuadrados que predice legitimidad en función de apoyo a la democracia, corrupción, juicio justo, victimización, ideología y algunas variables de control adicionales. El análisis muestra que las dos variables de interés tienen el efecto esperado. El apoyo a la democracia tiene un efecto positivo (0.174), es decir: a medida que un individuo declara un mayor apoyo a la democracia, aumenta la probabilidad de que también declare confiar más en la Corte Constitucional. De otro lado, la percepción de corrupción tiene un efecto negativo (0.0231): si el individuo percibe que la corrupción está más generalizada, su confianza en la corte se verá reducida.

Tabla 2.

Determinantes de la confianza en la Corte Constitucional de Colombia

tab2.jpgtab3.jpg

Las variables juicio justo y victimización son ambas significativas. Como esperaba, si el individuo cree que los tribunales colombianos garantizan un juicio justo, aumenta la probabilidad de que tenga mayor confianza en el tribunal constitucional. En contraste, y en consonancia con mi discusión teórica, la victimización tiene un decidido efecto negativo en la legitimidad de la corte: aquellos que reportan haber sido víctimas de la delincuencia tienen mayor probabilidad de tener una evaluación negativa de la Corte Constitucional.

El análisis de los datos longitudinales lleva a la certeza de que tanto el apoyo a la democracia, como la percepción acerca de qué tan generalizada está la corrupción, juegan un papel importante al momento de entender la confianza en la corte. Ahora paso a evaluar cómo es su papel y si esta relación ha cambiado a la lo largo del tiempo. Para este fin corrí el mismo modelo OLS en cada una de las encuestas nacionales en Colombia. El anexo incluye tablas con los resultados de todos los modelos (Tablas no. A1 y A2). Para simplificar la interpretación aquí me concentro en dos gráficas que muestran cómo han evolucionado los coeficientes de las dos variables de interés desde el año 2005.

La gráfica no. 4 muestra la evolución de magnitud y de significancia de los coeficientes de apoyo a la democracia. En todos los modelos observamos que el apoyo a la democracia tiene un efecto positivo y significativo en la legitimidad de la corte.

Gráfica 4.

Efecto de apoyo a la democracia sobre confianza en la Corte Constitucional

fig4.jpg

En años más recientes -a partir de 2010- la magnitud parece estar disminuyendo, lo cual coincide con el deterioro que, como tendencia, se percibe en el apoyo a la democracia en general por parte del electorado colombiano32.

La gráfica no. 5 se concentra en los coeficientes (magnitud y significancia) de la variable que mide percepción sobre corrupción. El ítem que de manera específica mide qué tan generalizada está la corrupción entre funcionarios públicos no es significativo para ningún modelo entre los años 2005 y 2009. Sin embargo, la tendencia es clara: la magnitud del coeficiente va en aumento sostenido a medida que avanzan los años (con excepción del 2011y el 2018). La variable se vuelve significativa (o cercana a la significancia) en años recientes, y su efecto es negativo (excepto en el 2018), al igual que sucede en el modelo inicial con los datos longitudinales. Es decir: hay evidencia que sugiere que los individuos que perciben la corrupción entre funcionarios públicos como más generalizada tienden a tener niveles más bajos de confianza en la Corte Constitucional.

Gráfica 5.

Efecto de percepción de corrupción sobre confianza en la Corte Constitucional

fig5.jpg

CONCLUSIONES

El análisis que presento en este artículo demuestra que el apoyo a la democracia y las percepciones sobre la corrupción nos ayudan a entender que tanto confían los ciudadanos colombianos en su más alto tribunal. En términos generales, la evidencia muestra que el apoyo a la democracia tiene un efecto positivo en la confianza en la Corte Constitucional y que lo opuesto sucede, como lo propuse, con la corrupción. En otras palabras, quienes más apoyan la democracia tienden a tener más confianza en la corte, y quienes perciben la corrupción como un fenómeno muy generalizado entre los funcionarios públicos tienden a confiar menos en el tribunal constitucional. El análisis detallado de las muestras anuales por separado sugiere, además, que el efecto negativo de la corrupción se ha vuelto relevante en años recientes, época que coincide con escándalos de corrupción judicial de mucha visibilidad.

Estos resultados tienen implicaciones importantes de cara a la coyuntura actual que vive tanto la democracia colombiana en general, como el poder judicial colombiano en particular. Al demostrar que hay efectos negativos de la corrupción sobre la confianza en la Corte Constitucional, y al constatar que la tendencia parece mantenerse en buena parte de los años recientes, este trabajo llama la atención sobre un efecto político preocupante de los escándalos de corrupción judicial y política. Los efectos políticos de la falta de confianza en las instituciones en general, y en el sistema judicial en específico, son reales y tienen consecuencias serias. La desafección ciudadana puede generar apatía, falta de participación y llevar a fuertes cuestionamientos que podrían socavar las bases mismas del régimen. En este sentido estos resultados no son halagadores ni para el sistema político colombiano, ni para la misma corte.

Al describir el deterioro de la confianza en la Corte Constitucional en la opinión pública colombiana, y al plantear una explicación sobre las dinámicas detrás del mismo a nivel individual, este trabajo hace una contribución empírica al estudio de uno de los tribunales más activos de la región. El análisis empírico riguroso de las dinámicas de opinión pública de los poderes judiciales de América Latina es un área en la que está todo por hacerse -el presente trabajo es un primer paso y una invitación a continuar avanzando en este camino.

BIBLIOGRAFÍA

1. 

Albarracin, Juan, Laura Gamboa y Scott Mainwaring. “Deinstitutionalization without Collapse: Colombia’s Party System”. En Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse, editado por Scott Mainwaring. New York: Cambridge University Press, 2018.

2. 

Barómetro de las Américas Colombia. Reporte 2016 (Observatorio de la democracia, Universidad de los Andes y USAID, 2016), https://obsdemocracia.org/uploads/cms_files/USAID_Compilado_informes.pdf.

3. 

Botero, Sandra. “Agents of neoliberalism? High Courts, Legal Preferences, and Rights in Latin America”. En Latin America since the left turn, editado por Tulia Falleti y Emilio Parrado. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2017.

4. 

Easton, David. “A Re-Assessment of the Concept of Political Support”. British Journal of Political Science 5, n.° 4 (1975): 435-457. https://www.jstor.org/stable/193437.

5. 

El Colombiano. “Los protagonistas del escándalo Pretelt”. 24 de agosto de 2016. https://www.elcolombiano.com/colombia/los-protagonistas-del-escandalo-jorge-pretelt-MH4845871).

6. 

El Tiempo. “Los escándalos del magistrado Alberto Rojas”. 21 de julio de 2017. https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/los-escandalos-del-magistrado-alberto-rojas-108290.

7. 

García Sánchez, Miguel, Juan Camilo Plata Caviedes y Jemmy Alejandra Ramírez Ramírez. Colombia rural posconflicto, democracia e instituciones 2017. Colombia: Observatorio de la Democracia y Universidad de los Andes, 2017. https://obsdemocracia.org/temas-de-estudio/democracia-e-instituciones/?question_id=11178.

8. 

Gibson, James L. “The Legitimacy of the U.S. Supreme Court in a Polarized Polity”. Journal of Empirical Legal Studies 4, n.° 3 (2007): 507-538. https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2007.00098.x.

9. 

Gibson, James L. y Gregory A. Caldeira. Citizens, Courts, and Confirmations: Positivity Theory and the Judgments of the American People. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2009.

10. 

Gibson, James L. y Gregory A. Caldeira. “Defenders of Democracy? Legitimacy, Popular Acceptance, and the South African Constitutional Court”. Journal of Politics 65, n.° 1 (2003): 1-30. https://www.jstor.org/stable/10.1111/1468-2508.t01-1-00001.

11. 

Gibson, James L., Gregory A. Caldeira y Lester Kenyatta Spence. “Why Do People Accept Public Policies They Oppose? Testing Legitimacy Theory with a Survey-Based Experiment”. Political Research Quarterly 58, n.° 2 (2005): 187-201. https://www.jstor.org/stable/3595622.

12. 

Gibson, James L., Gregory A. Caldeira, y Vanessa A. Baird. “On the Legitimacy of National High Courts”. The American Political Science Review 92, n.° 2 (1998): 343-358. https://www.jstor.org/stable/2585668.

13. 

Gómez Forero, Camilo. “Seis lecturas para entender el Cartel de la Toga”. El Espectador, 1 de octubre de 2017, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/seis-lecturas-para-entender-el-cartel-de-la-toga-articulo-715926.

14. 

Hamm, Joseph A., Lee Jooho, Rick Trinkne, Twila Wingrove, Steven Leben y Christina Breuer. “On the Cross-Domain Scholarship of Trust in the Institutional Context”. En Interdisciplinary Perspectives on Trust: Towards Theoretical and Methodological Integration, editado por Ellie Shockley, Tess M.S. Neal, Lisa M. PytlikZilling y Brian H. Bornstein. Nueva York: Springer, 2016.

15. 

La Silla Vacía. “Las insistencias de Pretelt”. 5 de marzo de 2015, https://lasillavacia.com/historia/las-insistencias-de-pretelt-49670.

16. 

Latin American Public Opinion Project (LAPOP). El Barómetro de las Américas. www.LapopSurveys.org.

17. 

Malone, Mary Fran T. “The Verdict is in: The Impact of Crime on Public Trust in Central American Justice Systems”. Journal of Politics in Latin America 2, n.° 3 (2010): 99–128. https://doi.org/10.1177/1866802X1000200304.

18. 

Morris, Stephen D. y Joseph L. Klesner. “Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence from Mexico”. Comparative Political Studies 43, n.° 10 (2010): 1258–85. https://doi.org/10.1177/0010414010369072.

19. 

Nunes, Rodrigo M. “Ideational Origins of Progressive Judicial Activism: The Colombian Constitutional Court and the Right to Health”. Latin American Politics and Society 52, n.° 3 (2010): 67-97. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2010.00090.x.

20. 

Observatorio de la democracia, Universidad de los Andes, USAID. “Barómetro de las Américas Colombia. Reporte 2016”. https://obsdemocracia.org/uploads/cms_files/USAID_Compilado_informes.pdf.

21. 

Revista Semana. “¿Cómo operaba la maquinaria de corrupción en el Meta?”. http://especiales.semana.com/corrupcion-en-el-meta/index.html.

22. 

Roberts, Julian V. “Public Opinion, Crime, and Criminal Justice”. Crime and Justice 16, (1992): 99-180. https://www.jstor.org/stable/1147562.

23. 

Rodríguez Raga, Juan Carlos. “Strategic Deference in the Colombian Constitutional Court 1992-2006”. En Courts in Latin America, editado por Gretchen Helmke y Julio Ríos Figuero. Nueva York: Cambridge University Press, 2011.

24. 

Transparency International. “Global Corruption Barometer 2019”. 2019. https://www.transparency.org/research/gcb/global_corruption_barometer_2019.

25. 

Uprimny Yepes, Rodrigo. “The constitutional court and control of presidential extraordinary powers in Colombia”. Democratization 10, n.° 4 (2003). https://doi.org/10.1080/13510340312331294027.

26. 

Uprimny Yepes, Rodrigo y Mauricio García Villegas. “Corte Constitucional y emancipación social en Colombia”. En Emancipación social y violencia en Colombia, editado por Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. Bogotá: Norma, 2004.

27. 

Vanberg, Georg. “Legislative-Judicial Relations: A Game-Theoretic Approach to Constitutional Review”. American Journal of Political Science 45, n.° 2 (2001): 346-361. https://www.jstor.org/stable/2669345.

28. 

Van de Walle, Steven. “Trust in the Justice System: A Comparative View across Europe”. Prison Service Journal, n.° 183 (2009): 22–26. https://www.researchgate.net/publication/228123527.

ANEXOS

Tabla A1.

Determinantes de la confianza en la Corte Constitucional colombiana 2005 - 2008

tab4.jpg
Tabla A2.

Determinantes de la confianza en la Corte Constitucional colombiana 2009 - 2018

tab5.jpg
Tabla B1.

Determinantes de la confianza en la CCC (especificación alternativa, con importancia de la corrupción) 2005 - 2008

tab6.jpg
Tabla B2.

Determinantes de la confianza en la CCC (especificación alternativa, con importancia de la corrupción) 2009 - 2018

tab7.jpg

Notes

[*] Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Profesora principal de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Colombia. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7027-075X. sandra.boteroc@urosario.edu.co.

[1] Agradezco a Nara Pavão sus valiosas sugerencias, a Juan Carlos Rodríguez Raga sus comentarios, y a los participantes en el seminario “Understanding the Judiciary: Empirical Studies on Courts” su retroalimentación.

[2] Rodrigo M. Nunes, “Ideational Origins of Progressive Judicial Activism: The Colombian Constitutional Court and the Right to Health”, Latin American Politics and Society 52, n.° 3 (2010): 67-97, https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2010.00090.x; Sandra Botero, “Agents of neoliberalism? High Courts, Legal Preferences, and Rights in Latin America”, en Latin America since the left turn, eds. Tulia Falleti y Emilio Parrado (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2017); Rodrigo Uprimny Yepes y Mauricio García Villegas, “Corte Constitucional y emancipación social en Colombia”, en Emancipación social y violencia en Colombia, eds. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Norma, 2004).

[3] Rodrigo Uprimny Yepes, “The constitutional court and control of presidential extraordinary powers in Colombia”, Democratization 10, n.° 4 (2003): 46, https://doi.org/10.1080/13510340312331294027; Juan Carlos Rodríguez Raga, “Strategic Deference in the Colombian Constitutional Court 1992-2006”, en Courts in Latin America, eds. Gretchen Helmke y Julio Ríos Figuero (Nueva York: Cambridge University Press, 2011), 81-93.

[4] James L. Gibson, “The Legitimacy of the U.S. Supreme Court in a Polarized Polity”, Journal of Empirical Legal Studies 4, n.° 3 (2007): 507-538, https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2007.00098.x.

[5] James L. Gibson y Gregory A. Caldeira, “Defenders of Democracy? Legitimacy, Popular Acceptance, and the South African Constitutional Court”, Journal of Politics 65, n.° 1 (2003): 1-30, https://www.jstor.org/stable/10.1111/1468-2508.t01-1-00001.

[6] James L. Gibson, Gregory A. Caldeira, y Vanessa A. Baird, “On the Legitimacy of National High Courts”, The American Political Science Review 92, n.° 2 (1998): 343-358, https://www.jstor.org/stable/2585668.

[7] Gibson, “The Legitimacy of the U.S”.

[8] James L. Gibson y Gregory A. Caldeira, Citizens, Courts, and Confirmations: Positivity Theory and the Judgments of the American People (Princeton, N.J: Princeton University Press, 2009).

[9] Resalto tres escándalos de alta visibilidad: 1) José Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus funciones como magistrado de la Corte Constitucional, fue acusado de solicitar sobornos a cambio de ejercer influencia indebida en el proceso de selección de las tutelas para revisión de la Corte y de garantizar un fallo favorable para ellas. Véase: “Los protagonistas del escándalo Pretelt”, El Colombiano, 24 de agosto de 2016, https://www.elcolombiano.com/colombia/los-protagonistas-del-escandalo-jorge-pretelt-MH4845871). Pretelt fue suspendido del cargo y su caso llevado a la Corte Suprema de Justicia. 2) Tres altos magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio fueron acusados de recibir pagos y otros beneficios a cambio de otorgar casa por cárcel. La Fiscalía los encontró culpables. Véase: “¿Cómo operaba la maquinaria de corrupción en el Meta?” Revista Semana, http://especiales.semana.com/corrupcion-en-el-meta/index.html. 3) En 2017 estalló un escándalo en el que altos magistrados de la Corte Suprema y abogados fueron acusados y encontrados culpables de cobrar por incidir en decisiones judiciales en las altas cortes y la Fiscalía. Véase: Camilo Gómez Forero, “Seis lecturas para entender el Cartel de la Toga”. El Espectador, 1 de octubre de 2017, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/seis-lecturas-para-entender-el-cartel-de-la-toga-articulo-715926.

[10] El Barómetro de las Américas es un proyecto del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), www.LapopSurveys.org

[11] Véase, por ejemplo: Georg Vanberg, “Legislative-Judicial Relations: A Game-Theoretic Approach to Constitutional Review”, American Journal of Political Science 45, n.° 2 (2001): 346-361, https://www.jstor.org/stable/2669345.

[12] James L. Gibson, Gregory A. Caldeira & Lester Kenyatta Spence, “Why Do People Accept Public Policies They Oppose? Testing Legitimacy Theory with a Survey-Based Experiment”, Political Research Quarterly 58, n.° 2 (2005): 187-201, https://www.jstor.org/stable/3595622.

[13] “Barómetro de las Américas Colombia. Reporte 2016”, Observatorio de la democracia, Universidad de los Andes, USAID, https://obsdemocracia.org/uploads/cms_files/USAID_Compilado_informes.pdf.

[14] David Easton, “A Re-Assessment of the Concept of Political Support”, British Journal of Political Science 5, n.° 4 (1975): 435-457, https://www.jstor.org/stable/193437.

[15] Joseph A. Hamm; Lee Jooho; Rick Trinkne; Twila Wingrove; Steven Leben y Christina Breuer, “On the Cross-Domain Scholarship of Trust in the Institutional Context”, en Interdisciplinary Perspectives on Trust: Towards Theoretical and Methodological Integration, eds. Ellie Shockley, Tess M.S. Neal, Lisa M. PytlikZilling y Brian H. Bornstein (Nueva York: Springer, 2016), 131–156.

[16] Apoyo político difuso y apoyo político específico pueden relacionarse, aunque no necesariamente van en la misma dirección. La naturaleza de esta relación está por esclarecerse empíricamente. Según Easton es razonable esperar que vayan en direcciones opuestas, sobre todo cuando se trata de cortes con mucha trayectoria. A saber: a medida que pasa el tiempo esas cortes acumulan confianza (apoyo difuso), lo cual no obsta que los ciudadanos estén en franco desacuerdo con alguna de sus decisiones en lo particular (apoyo específico). En contraste, Malone propone que lo inverso probablemente sea cierto en democracias jóvenes, donde decisiones específicas pueden afectar fuertemente el apoyo difuso. Mary Fran T. Malone, “The Verdict is in: The Impact of Crime on Public Trust in Central American Justice Systems”, Journal of Politics in Latin America 2, n.° 3 (2010): 99–128, https://doi.org/10.1177/1866802X1000200304.

[17] Steven Van de Walle, “Trust in the Justice System: A Comparative View across Europe”, Prison Service Journal, n.° 183 (2009): 22–26, https://www.researchgate.net/publication/228123527; Gibson y Caldeira, Citizens, Courts, and Confirmations; Malone, “The Verdict is in”.

[18] Gibson, “The Legitimacy of the U.S”.

[19] Gibson y Caldeira, Citizens, Courts, and Confirmations.

[20] Gibson, Caldeira y Baird, “On the Legitimacy of National High Courts”.

[21] “Los escándalos del magistrado Alberto Rojas”, El Tiempo, 21 de julio de 2017, https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/los-escandalos-del-magistrado-alberto-rojas-108290.

[22] “Las insistencias de Pretelt”, La Silla Vacía, 5 de marzo de 2015, https://lasillavacia.com/historia/las-insistencias-de-pretelt-49670.

[23] Ver: Supra nota de pie de página N° 8.

[24] “Global Corruption Barometer 2019”, Transparency International, 2019, https://www.transparency.org/research/gcb/global_corruption_barometer_2019.

[25] Vale la pena discutir brevemente el potencial carácter endógeno de la relación entre las variables dependientes e independientes en mi análisis. Mi hipótesis en este trabajo es que son el apoyo a la democracia y las percepciones sobre corrupción las que afectan la confianza en la Corte, pero es posible que la relación sea la inversa. Esta “causalidad mutua” no es sólo una posibilidad: como lo hacen notar Morris y Klesner, la literatura que aborda las relaciones empíricas entre corrupción política y confianza demuestra que la confianza es tanto causa como consecuencia de la corrupción. Coincido con estos autores cuando afirman que la existencia de este “circulo vicioso” resalta la urgencia y complejidad del tema, y no demerita el estudio de una direccionalidad sobre la otra, sino que, por el contrario, llama a continuar ahondando en el tema a través de estudios empíricos que exploren las diferentes posibilidades. Stephen D. Morris y Joseph L. Klesner, “Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence from Mexico”, Comparative Political Studies 43, n.° 10 (2010): 1258–85, https://doi.org/10.1177/0010414010369072.

[26] Juan Albarracin, Laura Gamboa & Scott Mainwaring, “Deinstitutionalization without Collapse: Colombia’s Party System”, en Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse, ed. Scott Mainwaring (New York: Cambridge University Press, 2018), 227–54.

[27] Miguel García Sánchez, Juan Camilo Plata Caviedes y Jemmy Alejandra Ramírez Ramírez. Colombia rural posconflicto, democracia e instituciones 2017 (Colombia: Observatorio de la Democracia y Universidad de los Andes, 2017), https://obsdemocracia.org/temas-de-estudio/democracia-e-instituciones/?question_id=11178.

[28] Véase: Julian V. Roberts, “Public Opinion, Crime, and Criminal Justice”, Crime and Justice 16, (1992): 99-180, https://www.jstor.org/stable/1147562; Van de Walle, “Trust in the Justice System”.

[29] Barómetro de las Américas Colombia. Reporte 2016 (Observatorio de la democracia, Universidad de los Andes y USAID, 2016), https://obsdemocracia.org/uploads/cms_files/USAID_Compilado_informes.pdf.

[30] Véase, por ejemplo, Malone, “The Verdict is in”.

[31] Una potencial explicación alternativa es que lo importante no sea tanto (o no sólo sea) la percepción individual sobre niveles de corrupción, Es posible que la variable relevante sea que tan importante es la corrupción como problema público para la encuestada. Llevé a cabo estos análisis: resalto que la nueva variable no es significativa y que los resultados originales se mantienen. En el apéndice incluyo la tabla de resultados correspondiente (véase tablas B1 y B2).

[32] Observatorio de la Democracia, Barómetro de las Américas Colombia. Reporte 2016.