El estado* no nos cuida: atmósferas de (in)seguridad en el ejercicio del derecho a la protesta en Bogotá**

INTRODUCCIÓN

Para el 21 de noviembre de 2019 múltiples sectores sociales —entre ellos los sindicatos, los estudiantes, los pueblos indígenas y el movimiento campesino— convocaron a un Paro Nacional que aparentaba ser una movilización más. Sin embargo, lo que sucedió en las calles ese día superó toda expectativa no solo en cuanto a la magnitud de las movilizaciones en todo el país, sino a la respuesta desmesurada en el uso de la fuerza por parte de la policía, frente a una protesta mayoritariamente pacífica. Ante la represión y estigmatización por parte del Gobierno, la ciudadanía respondió con una jornada de movilizaciones que se extendió hasta diciembre de ese año y se retomó en el 2020 y el 2021, antes y durante la pandemia. Aunque el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las movilizaciones ciudadanas no es algo nuevo en Colombia, la securitización y estigmatización que se vivió alrededor del Paro Nacional afectaron gravemente el derecho a la protesta, pues lograron crear entre los manifestantes una atmósfera de miedo tanto frente a la represión de la fuerza pública como respecto al potencial violento de las protestas.

En Colombia la sociedad tiene una relación esquizofrénica con el derecho a la protesta social. Si bien esta se encuentra reconocida como un derecho fundamental en la Constitución Política de 1991¹, y la jurisprudencia constitucional ha defendido su naturaleza disruptiva², existe otro cuerpo normativo que ha buscado restringir este derecho al dar sentido a los eventos de movilización a través de la lógica del orden público y la securitización. Aunque la emisión de normas para limitar y criminalizar el derecho a la protesta no es una estrategia nueva en América Latina³, en Colombia han resurgido una serie de iniciativas legislativas que han buscado restringir el uso del espacio público para la manifestación política, como respuesta al aumento de las movilizaciones sociales, a partir del 2007⁴. Dentro de estas iniciativas se encuentran la Ley 1453 de 2011 y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) que, entre otras disposiciones, crearon nuevos delitos asociados a la protesta y pretendieron supeditar el ejercicio de la movilización a la no alteración de la “convivencia”⁵.

Para dar sentido a este complejo fenómeno de la multinormatividad en el marco de la protesta social, hacemos uso del concepto de paisaje legal (lawscape) y de atmósfera que propone Philippopoulos-Mihalopoulos. Para este autor el paisaje legal se encuentra constituido no solo por el derecho positivizado, sino también por el derecho como “vida de los cuerpos que resisten el derecho dentro de ellos”⁶. En este sentido, el paisaje legal de la protesta social en Colombia se encuentra compuesto tanto por las normas estatales que regulan el ejercicio del derecho a la protesta como por las prácticas de movilización ciudadana, las tácticas de manejo de multitudes de la fuerza pública, las rutas y lugares de la movilización, las relaciones político-administrativas entre autoridades nacionales y locales, así como las relaciones afectivas que existen alrededor de los ejercicios de movilización. Estos paisajes legales se expanden a través del espacio como atmósferas afectivas que existen en una paradoja, pues son al mismo tiempo emergentes y diseñadas a través de técnicas legales, políticas, tecnológicas y estéticas, entre otras⁷.

El concepto de atmósferas afectivas y su relación con los paisajes legales puede sonar ajeno a los estudios jurídicos —e incluso para los sociojurídicos y espaciales del derecho— no solo porque el giro afectivo de las ciencias sociales no ha llegado con tanta fuerza a nuestra disciplina, sino también porque las investigaciones sobre las atmósferas han estado reservadas a la arquitectura⁸. A pesar de esto, la mayoría de las personas hemos experimentado alguna vez la sensación corporal y emocional que produce entrar en un lugar con una atmósfera afectiva cargada, por ejemplo, la tensión en una sala de emergencia de un hospital, la tristeza y solemnidad en un funeral o la emoción en una manifestación llena de jóvenes cantando y bailando arengas por la justicia social⁹. Philippopoulos-Mihalopoulos ofrece en su libro Spatial justice: Body, Lawscape, Atmosphere una serie de ejemplos como los centros comerciales y las cárceles que nos permiten entender los eventos de protesta como construcciones atmosféricas en las que el derecho se materializa y al mismo tiempo se difumina hasta quedar invisibilizado¹⁰.

Como explicaremos a lo largo de este texto, en este paisaje legal de la protesta social lo que más arriba parecieran ser meras contradicciones normativas se evidencian también como contradicciones afectivas, ya que el derecho opera como “una forma expansiva de afecto institucional que permea lo formal y lo informal, lo abstracto y lo material”¹¹. Es decir, las contradicciones en el tratamiento de la protesta muchas veces no son el resultado de un problema de ineficacia de las normas constitucionales o de derechos humanos¹², sino el reflejo de relaciones afectivas contradictorias frente a las manifestaciones públicas que impactan el diseño, interpretación e implementación de los diferentes niveles normativos —constitucional, legal y administrativo— que hacen parte del paisaje legal de la protesta social en Colombia.

En el marco de los espacios legales de la protesta social, Illan Wall ha identificado el uso de tecnologías diferentes de las atmósferas afectivas, que están dirigidas justamente a “crear, manejar y cambiar” tales atmósferas¹³. Estas atmósferas técnicas —atmotécnicas, como las llama el autor—, son mecanismos legales, psicológicos, discursivos, ambientales, entre otros, que buscan impactar las prácticas sociales, el comportamiento de las personas y sus experiencias afectivas en un espacio-tiempo determinado¹⁴. Estudiar la implementación de atmotécnicas por parte de actores sociales, como la Policía Nacional, nos permite enfatizar el hecho de que las atmósferas afectivas son producidas y mayoritariamente coyunturales. Por lo tanto, diferentes eventos de protesta pueden enmarcarse dentro de distintas atmósferas afectivas, dependiendo del tipo de atmotécnicas desplegadas por los actores que hacen parte del paisaje legal.

Otra característica fundamental de las atmósferas afectivas es la distinción entre el interior y el exterior: “Una atmósfera es diseñada con éxito cuando logra romper el continuo afectivo con el exterior, mientras que al mismo tiempo lo reproduce en el interior”¹⁵. Philippopoulos-Mihalopoulos sostiene que ontológicamente no pueden existir dos atmósferas al mismo tiempo, “lo que pasa después es que una atmósfera se convierte en otra atmósfera, acomodando cambio, pluralidad, conflicto”¹⁶. Esto no quiere decir que una atmósfera afectiva sea totalmente homogénea, por el contrario, como explicaremos en los apartados subsiguientes, en los eventos de protesta se encuentran experiencias afectivas que chocan entre sí y que buscan, a través de sus respectivas atmotécnicas, crear atmósferas afectivas diferentes. Si bien en un paisaje legal determinado la atmósfera predominante puede incorporar, hasta cierto punto, diferentes experiencias afectivas, las atmósferas tienen un umbral de cambio interno. Una vez este umbral es superado por una atmósfera mucho más pesada, la atmósfera inicial se transforma o es subsumida por la nueva atmósfera afectiva¹⁷.

Basándonos en el análisis de contenido y discurso del archivo normativo de la Policía Nacional, la representación de la protesta en los medios de comunicación, las entrevistas semiestructuradas con funcionarios públicos y defensores de derechos humanos, y en nuestra experiencia como participantes activas en la defensa de los derechos humanos durante las movilizaciones del Paro Nacional, este artículo busca ser una contribución a la literatura sobre la regulación y el manejo de los eventos de protesta en lo referente a la teoría de los espacios legales y sus respectivas atmósferas afectivas.

1. SECURITIZACIÓN DE LA PROTESTA EN EL MODELO REACTIVO DEL USO ESCALADO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL

A lo largo del Paro Nacional del 2019 los manifestantes experimentaron de primera mano el despliegue, por parte de la Policía Nacional, de diversas atmotécnicas, es decir, la implementación de tácticas dirigidas a “la planeación cuidadosa del espacio, el comportamiento, el ambiente, las expresiones faciales y otros innumerables factores que generan dinámicas atmosféricas particulares”¹⁸. Wall, siguiendo a Waddington, identifica cuatro modelos de despliegue de la policía, cada uno de los cuales genera técnicas atmosféricas diferentes: (i) el modelo reactivo, el cual tiene como base la amenaza y uso escalado de la fuerza; (ii) el modelo preventivo de gestión negociada, que confía en la comunicación y la facilitación; (iii) el modelo de neutralización estratégica, en el que se despliegan tácticas como la creación de “zonas de no protesta”, interceptaciones y obstrucciones a la movilización, el uso de armas menos letales, el uso de tecnologías de vigilancia y arrestos preventivos; y (iv) el modelo de la facilitación estratégica, que incluye entrenar a los oficiales en psicología social y la creación de nuevas formas de presencia policial como la del policía intermediario¹⁹.

Para identificar las diferentes atmósferas afectivas y atmotécnicas que la policía despliega frente a los eventos de protesta revisamos el archivo normativo de la institución. Dentro de los documentos de acceso público pudimos identificar tres resoluciones emitidas por el director general (03516 de 2009, 05228 de 2015 y la 03002 de 2017 que se encuentra vigente y que corresponde al Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional), y tres resoluciones (02686 de 2012, 00448 de 2015 y 02903 de 2017 en vigencia) también del director general, que reglamentan “el uso de armas de letalidad reducida para el servicio de policía”. Desde el primer Manual para el servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes, contenido en la Resolución 03516 de 2009, la respuesta de la policía a las manifestaciones y protestas se ha basado en el modelo reactivo del uso escalado de la fuerza²⁰: toda intervención inicia con la “demostración de la fuerza” y finaliza con la “utilización de cartuchos de impacto controlado”, como se puede ver en la imagen 1. Según este primer manual, la táctica de demostración de la fuerza se puede llevar a cabo a través de 17 tipos de formaciones que, aunque tienen diferentes objetivos tácticos, son todas caracterizadas como atmotécnicas, dado que buscan crear un “impacto psicológico frente a la multitud y brindan protección y seguridad al funcionario policial, generando confianza a los integrantes de la sección para poder controlar a la multitud que se encuentre en estado de excitación o violencia”²¹.

Imagen 1.

Escala gradual para el uso de la fuerza

Este modelo reactivo de uso escalado de la fuerza y sus correspondientes atmósferas afectivas de securitización de la protesta social se han mantenido constantes en las dos siguientes versiones del manual, lo cual ha impactado la cultura institucional de la Policía y, en consecuencia, la disposición afectiva de sus agentes hacia sujetos colectivos movilizados. Por ejemplo, en el manual de 2009²² se establecen cinco indicios para determinar la peligrosidad de “las masas”, entre estos: la importancia numérica de la manifestación, el sitio de la manifestación, y la clase y categoría de los ciudadanos convocados²³.

En el manual de 2017 se delega la función del diálogo a los gestores de convivencia de las alcaldías, a quienes les asigna el rol de intermediarios entre la policía y los manifestantes (ver sección 2). En consecuencia, deja la responsabilidad de implementar el modelo preventivo de gestión negociada y el modelo de la facilitación estratégica a las autoridades civiles, confirmando que la tarea principal de la Policía Nacional es intervenir cuando se requiera el uso de la fuerza.

En cuanto a la fuerza reactiva, la policía cuenta con fuerza física y armas menos letales. Estas últimas incluyen agentes químicos y armas acústicas y lumínicas, las cuales tienen como blanco no el cuerpo de la persona sino el ambiente, y se han popularizado con el modelo de neutralización estratégica de la Policía. El origen de estas atmotécnicas se puede rastrear en el surgimiento de las armas químicas y las “guerras atmosféricas” a lo largo del siglo XX²⁴, y su objetivo es generar efectos físicos en las personas, que incentiven la dispersión de las manifestaciones o generen afectaciones en la capacidad de reacción. El uso preferente de estas armas para responder a la protesta social no obedece a su característica de menor letalidad, sino a la apariencia de un uso razonable de la fuerza²⁵. A pesar de sus efectos en la salud de las personas, armas como los gases lacrimógenos o las granadas de aturdimiento no dejan marcas visibles en el cuerpo y se evaporan en el ambiente sin dejar rastro, cumpliendo con “la demanda de control político sin mucho derramamiento de sangre”²⁶.

Como hemos señalado, los manuales de Policía tienen predisposiciones afectivas que se convierten en guías informales para la intervención de los agentes²⁷, otorgándoles una amplia discrecionalidad operativa en terreno, y haciendo que las normas y principios dirigidos a la protección de los derechos humanos sean interpretados a través de estos afectos. Como mencionamos en la introducción, en el espacio legal de la protesta estas normas operativas y sus respectivas atmotécnicas funcionan como “una forma expansiva de afecto institucional”²⁸. Esto se evidencia, por ejemplo, en el trato diferenciado que la policía da a los diferentes tipos de manifestaciones. Este fue un tema recurrente en las entrevistas que realizamos a defensores de derechos humanos tanto institucionales como de la sociedad civil. En una entrevista con una funcionaria de la Personería de Bogotá, esta nos contó que en su experiencia el ESMAD se despliega y actúa con mayores niveles de securitización con cierto tipo de manifestantes, como los estudiantes:

Algunas veces la estigmatización y el uso diferenciado de la fuerza por parte de la policía pueden ser el resultado, como en la anécdota anterior, de una securitización preventiva producto de experiencias pasadas. Al preguntarle a un mayor de la Policía por la presencia del ESMAD en las manifestaciones, este nos respondió: “Este grupo lo que ha buscado es garantizar la integridad del policía, (…) porque ya han resultado policías muertos o heridos en este tipo de manifestaciones”³⁰. Della Porta y Reiter explican que:

Esta predisposición afectiva y la atmósfera de riesgo alrededor de cierto tipo de manifestaciones y manifestantes terminan creando cuerpos excluidos que son abandonados por la promesa de protección del derecho, el cual, por el contrario, se constituye en un ejercicio de violencia y securitización permanente sobre esos cuerpos³².

Si bien el análisis del archivo normativo de la Policía Nacional nos brinda información importante sobre las técnicas atmosféricas y los afectos desplegados por sus miembros para responder a las protestas, en la práctica se continúan implementando tácticas que no se encuentran consignadas expresamente en los reglamentos vigentes, como consecuencia de los vacíos operacionales señalados anteriormente. Por ejemplo, el primer día del Paro Nacional (21 de noviembre de 2019), para evitar que la movilización de los estudiantes llegara al aeropuerto internacional El Dorado, el ESMAD implementó la atmotécnica de demostración de la fuerza a través de la formación “barrera de neutralización” con “apoyo inmediato de vehículo”. Esta atmotécnica se encuentra descrita en el Manual de 2009, para entonces ya derogado, según el cual su objetivo es “impedir marchas no autorizadas o en la que quieran cambiar el recorrido autorizado”³³.

El problema con la atmotécnica de “demostración de la fuerza”, que sigue presente en las resoluciones y en la práctica de la policía, es que muchas veces esta genera una intensificación afectiva en la atmósfera de la protesta, que termina provocando a los manifestantes. En otras palabras, se trata de tácticas que terminan siendo “incitatorias”, pues crean la amenaza para poder lidiar con ella³⁴. Como explica Carolina Olarte-Olarte, al desplegarse al ESMAD en el terreno, este encarna una “profecía autocontenida”, pues su presencia aumenta la atmósfera de estigmatización y conflicto al “constituirse como la prueba de la probabilidad del desorden”³⁵. Así nos lo confirmó Isabel, defensora de derechos humanos de la ONG Lazos de Dignidad: “El simple hecho de que el ESMAD acompañe no a una distancia prudente sino pegado a la movilización genera un riesgo y crea conflictividad”³⁶. De ahí que, en algunos esfuerzos de regulación sobre el uso de la fuerza, las organizaciones de derechos humanos siempre exijan que el ESMAD se ubique a una distancia tal de las movilizaciones, que no sea visible para los manifestantes, pero que tenga capacidad de reacción cuando se requiera, pues consideran que su presencia altera la atmósfera de la protesta³⁷.

Hay dos elementos adicionales que en Colombia intensifican o dirigen las atmósferas de securitización hacia cierto tipo de protestas. Por un lado, si bien la Constitución de 1991 divide normativamente la fuerza pública en fuerzas militares y policía nacional (art. 216), en la práctica la Policía es una institución militarizada.

En síntesis, los cambios normativos que se han producido en materia de intervención policial durante las protestas sociales, pese a incorporar un lenguaje y algunas disposiciones con enfoque de derechos humanos, no logran subvertir los impactos afectivos que ha generado la militarización de la Policía durante los últimos sesenta años. Por el contrario, el conflicto y la doctrina de seguridad han moldeado las predisposiciones afectivas de los agentes de policía, lo que ha llevado a que esta institución y otros poderes públicos entiendan la protesta como un acto subversivo. Los manuales y resoluciones de la Policía Nacional reproducen una visión securitizada y el sesgo contrainsurgente respecto a la protesta social. Además, esta predisposición afectiva y la securitización de la protesta social se encuentran direccionadas especialmente hacia ciertos grupos sociales, como los jóvenes y los estudiantes, pues son identificados como actores rebeldes o subversivos. El espacio legal de la protesta y su respectiva atmósfera de securitización son, entonces, el resultado de disposiciones normativas, doctrinas no escritas, sistemas de formación que no cuestionan los afectos construidos a lo largo de la historia, lenguajes institucionalizados y prácticas asociadas al ejercicio de la protesta social que no han variado. Por esta razón, los cambios en la reglamentación de la intervención policial, además de ser superficiales, no han tenido como consecuencia inmediata la transformación de las atmósferas de la protesta.

2. LA DIFÍCIL TAREA DE GESTIÓN NEGOCIADA DE LOS GESTORES DE CONVIVENCIA EN BOGOTÁ

Usualmente los estudios sobre manejo de las movilizaciones se han enfocado en analizar las prácticas de las fuerzas de policía³⁸, aun cuando sus miembros no son los únicos burócratas de calle³⁹ que operan en terreno. Las protestas, sobre todo las que conllevan grandes movilizaciones como sucedió en el Paro del 2019, requieren de una importante coordinación logística que está a cargo de las entidades administrativas de las ciudades. En Bogotá, que es el lugar donde se llevan a cabo el mayor número de protestas en Colombia⁴⁰, se ha desarrollado toda una compleja y amplia burocracia callejera —“los de las chaquetas”, como se les identifica coloquialmente—, que busca dar respuesta a las necesidades de seguridad durante las movilizaciones. Si bien este entramado burocrático hace parte del sector de seguridad de la ciudad, poco se ha tenido en cuenta su funcionamiento por parte de los estudios sobre seguridad que, en su mayoría, se han dedicado a las políticas de reducción de la criminalidad.

En el 2004 inició en Bogotá una secuencia de gobiernos de corte alternativo de izquierda que hicieron un tránsito del discurso de los deberes al discurso de los derechos, que impactó también las políticas de seguridad⁴¹. Para el año 2008, según nos comentó Gabriel, quien estaba en ese momento trabajando para la Alcaldía:

El programa de gestores de convivencia surgió como respuesta a esta problemática, inspirado, en parte, en la experiencia de la Guardia Indígena del Cauca, organismo ancestral que opera como un mecanismo de unidad, autonomía y resistencia en defensa del territorio. Dadas estas características y gracias a un acuerdo con la Alcaldía, dicha Guardia estuvo a cargo de vigilar las movilizaciones masivas de la Minga Indígena de 2008 que llegó hasta Bogotá. El programa de gestores se consolida en la administración de Samuel Moreno⁴³, y en 2012, con la llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá, “se le apuesta un poco más al acompañamiento de la movilización social y pasamos de 37 personas a 215 aproximadamente”⁴⁴.

Durante esta Administración, los gestores de convivencia, conocidos como “las chaquetas rojas”, asumieron un rol fundamental en la atención de marchas, concentraciones y eventos. Por la misma época surgió el Grupo de Reacción Inmediata (GRIP) de la Personería de Bogotá, que desde el 2016 recibe el nombre de Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos (GAEPVD) y se les conoce como “las chaquetas azules”.

El objetivo de estos dos grupos de chaquetas es ser la primera línea de respuesta en las protestas, con el propósito de generar confianza en los manifestantes, abrir una línea de diálogo entre estos y las autoridades competentes para responder sus demandas, y mediar ante la policía para evitar su intervención⁴⁵. No obstante, el GAEPVDH, adicional a su labor de diálogo y gestión, también tiene un rol de vigilancia a la actuación pública, pues al ser parte de la Personería de Bogotá es el representante en terreno del Ministerio Público. Esto quiere decir que, en Bogotá, contrario a la experiencia de otros países, no fue la Policía Nacional la que implementó el modelo de gestión negociada, sino que este rol fue asumido tanto por la Administración distrital como por los entes de control.

Imagen 2.

Publicidad de la Alcaldía Mayor sobre los gestores de convivencia

Cuando el modelo de gestión negociada resulta efectivo es porque a través de su implementación se ha logrado diseñar una atmósfera que suprime (o domestica) los afectos de hostilidad, confrontación y securitización, y permite que surjan otro tipo de atmósferas alrededor de la protesta, como la confianza, la alegría y la camaradería. El modelo de gestión negociada crea una atmósfera pacífica muy efectiva, porque logra esconder el hecho de que se trata de una estrategia diseñada y controlada para invisibilizar el derecho que regula y contiene la protesta: el ambiente legal⁴⁶. Este doble truco —de invisibilización tanto del diseño de la atmósfera como del ambiente legal que contiene la protesta— se rompe fácilmente cuando aparecen cuerpos que transmiten afectos de miedo u hostilidad, como es el ESMAD para los manifestantes, o como pueden ser las personas encapuchadas para la policía. Es por eso que la implementación del modelo de gestión negociada solo funciona cuando los “de las chaquetas” logran crear una atmósfera de confianza y cooperación con los manifestantes y la policía⁴⁷.

Sin embargo, al inicio de la implementación de estos programas la confianza, particularmente con la Policía, no fue fácil. En el Distrito Capital, según nos contó Gabriel, al comienzo del programa de gestores “varios de nosotros terminamos en camiones de la policía, porque se preguntaban: ¿Y estos qué?, ¿cómo así que estos se están metiendo dentro de la marcha?”. Cuando lograron reconocimiento institucional, según palabras de Gabriel, tuvieron experiencias exitosas de coordinación, como fue “lograr movilizaciones sociales sin muertes”⁴⁸.

A pesar de algunos avances en materia de seguridad humana durante las movilizaciones, en el Paro Agrario del 2013 la Alcaldía no pudo evitar la represión masiva que se vivió por parte de la Policía Nacional, cuya línea de mando responde al Ministerio de Defensa y al Gobierno nacional⁴⁹. Fue precisamente el nivel de represión que se vivió en Bogotá en ese Paro Agrario⁵⁰, lo que impulsó a las organizaciones defensoras de derechos humanos a presionar a la Administración Distrital para que concertara un protocolo para el manejo de la protesta social, proceso de discusión que culminó con la expedición del Decreto 563 el 21 de diciembre de 2015⁵¹, nueve días antes de que terminara el mandato de Petro en la Alcaldía.

El Paro Nacional del 2019, en cambio, tuvo lugar durante los últimos meses de la administración de Enrique Peñalosa, quien llegó a la Alcaldía de Bogotá en el 2016 con la promesa de desligarse completamente de los gobiernos de izquierda que le habían precedido y de mejorar las relaciones político-administrativas con la Policía y el Gobierno nacional.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron —y critican— a esta Administración por no implementar a cabalidad las disposiciones contempladas en el Decreto 563 de 2015⁵². Por otro lado, el programa de gestores de convivencia continuó operando, pero desde la Secretaría de Seguridad. Según un asesor de dicha Secretaría, al inicio de la administración Peñalosa los gestores pasaron por un proceso de capacitación técnica, enfocado en la respuesta a emergencias, que buscaba “ir quitando el componente político de la respuesta y convertirla en una cosa táctica más ordenada”⁵³. A pesar de esta profesionalización, este equipo perdió uno de sus grandes valores tácticos: la relación de confianza con los diferentes sectores sociales.

Pero la ruptura de los lazos de confianza no se dio solo con los gestores de convivencia. Según Valentina, defensora de derechos humanos del movimiento estudiantil, “la administración de Enrique Peñalosa siempre fue muy hostil, abrirnos espacios exigió pelear a codazos para poder ejercer nuestra labor”⁵⁴. Esto, sumado a la relación acrítica que la Administración Distrital asumió hacia la policía, y la decisión de Peñalosa de sumarse a la campaña de estigmatización contra el Paro Nacional iniciada por el Gobierno, produjeron una atmósfera de estigmatización y confrontación frente a las movilizaciones, que llevó a que la policía reprimiera fuertemente las manifestaciones por varios días consecutivos, hasta que el 23 de noviembre un operativo del ESMAD disparó, a plena luz del día, un proyectil de munición conocida como bolsa de frijoles (bean bag), considerada de baja letalidad, que impactó en la cabeza del estudiante Dilan Cruz, quien falleció dos días después⁵⁵.

La atmósfera de securitización durante el Paro Nacional del 2019 llegó a ser tan pesada que ni el esfuerzo de los gestores de convivencia ni el trabajo de los defensores de derechos humanos (ver sección 3) pudieron generar una contra-atmósfera afectiva que la superara. Como explicamos en la introducción, la atmósfera afectiva predominante en un evento de protesta es la más pesada, ya sea porque logra transformar o porque consigue subsumir las atmósferas afectivas en competencia. Si bien la atmósfera afectiva de la gestión negociada puede ser muy efectiva para invisibilizar el paisaje legal que regula las manifestaciones, esta es muy inestable porque se rompe fácilmente, pues depende de la existencia de redes de confianza tanto frente a los manifestantes como a la policía. Incluso cuando se han podido establecer estas redes, esta atmósfera es fácilmente superada por las atmotécnicas del modelo reactivo de uso escalado de la fuerza que utiliza la policía, las cuales son más pesadas y subsumen la atmósfera pacífica del modelo de gestión negociada.

3. NOS CUIDAN LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: AUTONOMÍA Y AUTOPROTECCIÓN EN LA MOVILIZACIÓN

Las atmósferas en la protesta no se definen ni consolidan únicamente por las atmotécnicas implementadas por los agentes de seguridad del Estado. Existe una iterativa evolución de las tácticas puestas en funcionamiento por las autoridades estatales y por los manifestantes⁵⁶. Una importante innovación de la sociedad civil, en respuesta al aumento de la represión por parte de la policía, ha sido la creación de mecanismos tanto de resistencia como de defensa, protección y cuidado que impactan la atmósfera de la protesta. El caso emblemático más estudiado han sido las manifestaciones en Hong Kong, donde los jóvenes, además de aplicar estructuras organizativas previstas para la defensa y el choque con la policía (que también se usaron en Chile y Colombia con el nombre de Primera Línea), utilizaron estrategias digitales para generar una “explosión emocional en la era red”⁵⁷.

En Colombia, las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales han respondido a la represión de la policía a través de la creación de comisiones de derechos humanos que acompañan las manifestaciones para garantizar el derecho a la protesta. Aunque la práctica de monitorear la situación de derechos humanos durante las protestas existe desde hace décadas, un primer antecedente muy importante en la formalización de estos espacios fue la creación, en 2012, de la campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, que se encuentra conformada por más de sesenta organizaciones sociales de múltiples sectores y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos⁵⁸. De igual forma, en respuesta a la represión policial que los sectores populares de la ciudad han vivido en el marco del ejercicio de su derecho a la movilización, se creó en mayo de 2014 la Red Popular de Derechos Humanos (Redhus) para acompañar las movilizaciones del 1 de mayo que se llevan a cabo anualmente en el sur de la ciudad⁵⁹, y que en el año anterior fue hostigada, dispersada y reprimida por el ESMAD⁶⁰.

Otro medio muy importante de acompañamiento a las movilizaciones es la Red Distrital de Derechos Humanos, que surgió también en el seno del movimiento estudiantil, uno de los sectores más reprimidos y estigmatizados, como explicamos en la sección 1. Esta Red articula los observatorios y comisiones de derechos humanos que ya existían en diferentes universidades públicas y privadas de Bogotá. Según cuenta Valentina, una estudiante de la Universidad Javeriana miembro de la Red, esta

El constante encuentro e interlocución en el terreno y en espacios de diálogo institucional de estos espacios de la sociedad civil, ha llevado a la difusión de las prácticas de resistencia que, aunque con algunas diferencias, despliegan estas organizaciones para intentar contrarrestar las atmotécnicas de uso escalado de la fuerza desplegadas por la policía⁶².

El ejercicio de defensa de los derechos humanos de estas múltiples organizaciones, redes y espacios de coordinación, fue confirmado institucionalmente por primera vez en el Decreto 563 de 2015, específicamente en el acuerdo 4 “Reconocimiento de las Comisiones de verificación e intervención de la Sociedad civil para el ejercicio de los derechos a la Libertad de Expresión, reunión, asociación y movilización social como unidades organizativas de la sociedad civil”, las cuales son definidas como “órganos independientes de carácter civil, conformados por organizaciones de derechos humanos o demás organizaciones (…) que tendrá por objeto velar por la promoción y protección de los derechos humanos” en el marco del ejercicio del derecho a la protesta⁶³. A diferencia de los burócratas de calle, que son identificados por sus chaquetas institucionales, las Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) han adoptado el uso de chalecos que en la espalda dicen “Derechos Humanos” y que cambian de color según el proceso organizativo al que pertenezcan (ver imagen 3). Con ello su presencia en la protesta no solo es visible para los policías, quienes en teoría podrían modificar su conducta al saberse observados, sino para los manifestantes, a quienes buscan enviar el mensaje de que existe una atmósfera de protección alrededor del ejercicio de sus derechos. Así lo reconoce Mario Quesada, uno de los fundadores de la Red Distrital de Derechos Humanos: “nuestra intención era que la gente pudiera salir a protestar más tranquila porque ahí estaba la Red para que no los jodieran, para que no quedaran durante días enteros sometidos a la policía”⁶⁴.

Imagen 3.

Comisión de Verificación e Intervención de la Campaña Defender la Libertad, movilización del Refugio Humanitario, Bogotá, 1 de mayo de 2019

Durante el Paro Nacional se organizaron tres tipos de acciones que las CVI y un conjunto de docentes y consultorios jurídicos que se sumaron a actividades de defensa de la protesta social debían realizar para responder a la posible represión policial: (i) las triadas que hacen el monitoreo en terreno; (ii) el puesto de mando unificado (PMU) popular que sistematiza la información y hace las denuncias; y (iii) los equipos de abogados que son enviados a los CAI⁶⁵ y al CTP⁶⁶ para oponerse a las detenciones arbitrarias y a las judicializaciones que criminalizan la protesta.

En su trabajo en terreno, las CVI utilizan mecanismos disruptivos del espacio legal de los eventos de protesta. Como explicó Óscar, abogado que hace parte de la campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, su trabajo se basa en “tener autonomía como defensores y no confundir nuestro papel ni con el de vocería en algún movimiento social, ni tampoco con el papel de la institucionalidad en la garantía de la protesta”⁶⁷. Esta posición es incomprensible dentro de la lógica reguladora de la institucionalidad, que pareciera poder dar sentido solo a las manifestaciones organizadas de forma jerárquica. Si miramos, por ejemplo, el Manual de 2017 de la Policía Nacional, en este no se le reconoce ningún rol a las CVI, y los pocos espacios de interlocución que les abre se reducen a ser “los organizadores o cabezas visibles de la reunión y/o manifestación”⁶⁸. Como explican Gillham y Noakes, la policía valora la predictibilidad, y por eso grupos transgresivos, incluso cuando su ejercicio es no violento, son considerados un riesgo mayor para el orden social y, por lo tanto, en esos casos la policía tiende a usar tácticas más agresivas de manejo de las multitudes⁶⁹.

El problema con los defensores de derechos humanos es que estos no encajan ni con la visión de manifestantes predecibles y organizados, ni con la idea de los manifestantes transgresivos que movilizan tácticas de contraseguridad para defenderse. Este último escenario es el caso de la Primera Línea Bogotá (también conocida como Escudos Azules), la cual surgió durante el Paro de 2019 en respuesta a la muerte del estudiante Dilan Cruz por el disparo de un arma de energía cinética por parte del ESMAD. Inspirados en la experiencia chilena, su objetivo, según un manifiesto que dieron a conocer en diciembre de 2019, es repeler a la policía mientras protegen la retirada de los manifestantes⁷⁰. Con su presencia pretenden garantizar “que el ciudadano se pueda manifestar en paz, sin temor a ser asesinado”⁷¹. La característica de la Primera Línea es que pretende contener la violencia del ESMAD por medio de respuestas de choque que implican confrontación física con la policía, o con tácticas como la devolución de gases lacrimógenos y la utilización de escudos para repeler las granadas de aturdimiento. En contraste, las CVI no implementan tácticas de confrontación en contra de la policía, lo cual les permite constituirse en una posibilidad de justicia espacial que rompe con la atmósfera de securitización⁷².

A pesar de esta posibilidad, las CVI no se salen del espacio legal⁷³. Por el contrario, su accionar rompe con la atmósfera policiva de la protesta desde adentro, pues sus tácticas están dirigidas a documentar las violaciones a los derechos humanos para poder emprender acciones jurídicas en defensa de los manifestantes. El protocolo de las CVI que construyó la campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, señala que cada comisión debe estar compuesta por tres personas: i) un(a) coordinador(a), persona encargada del proceso de interlocución con las autoridades y las otras comisiones; ii) un(a) documentador(a) por escrito, responsable de recolectar la información precisa de hora, lugar e identificación de la autoridad responsable; y iii) un(a) documentador(a) gráfico(a), encargado de realizar las fotos y videos que sirvan como material que dé cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos e irregularidades presentadas por las autoridades⁷⁴.

El trabajo más difícil de este equipo es registrar las violaciones de derechos humanos que comete la Policía Nacional una vez ha iniciado su intervención y enviar la información al PMU popular. Es un trabajo riesgoso, como lo describe en esta escena ocurrida el 21 de noviembre el medio de comunicación Cerosetenta:

El joven finalmente no fue detenido. Esta escena nos narra el momento en el que se rompe la atmósfera policiva de la protesta. La defensora, identificada solo por su chaleco, con los brazos arriba, no es una imagen de rendición, por el contrario, es una imagen de poderosa resistencia de alguien que conoce y sabe usar el derecho para frenar la violencia. La policía no sabe qué hacer con ella y no le queda más que amenazarla y grabarla, mientras ella está segura de que no está haciendo nada fuera de la ley. Alrededor de ellos la protesta y la intervención seguía, había gases, ruido y gente corriendo, pero en ese punto particular, las atmósferas de securitización y protección estaban enfrentadas, y pese a que la acción policial continuó y hubo otros detenidos, en ese preciso espacio-tiempo la defensora de derechos humanos logró quebrar la atmósfera del uso escalado de la fuerza por parte de la policía. Este, desafortunadamente, no siempre es el resultado. Ha habido casos en los que la atmósfera de violencia es tan densa que no hay forma de quebrarla y los defensores de derechos humanos también han resultado heridos por el accionar de la policía⁷⁶.

Finalmente, las organizaciones y redes de derechos humanos han desarrollado dos contratácticas para enfrentar la securitización y promover la atmósfera de cuidado alrededor de la movilización: ingeniería en reversa de las tecnologías de vigilancia y visibilizar lo invisible⁷⁷. Estas siguen las experiencias ligadas al surgimiento de “reporteros de la sociedad civil”⁷⁸, que buscan generar contenido audiovisual haciendo uso de las cámaras de los celulares para tener insumos que permitan sustentar las denuncias. Este material audiovisual proviene tanto de las triadas en terreno como de redes que se han ido forjando con medios de comunicación alternativos, las cuales reciben denuncias de la ciudadanía en general y las envían a las organizaciones de derechos humanos⁷⁹. Con ello se logra disponer de material gráfico que no solo permita sustentar las denuncias penales y disciplinarias que se adelantan, sino difundirlo por las redes sociales para contrarrestar las narrativas hegemónicas que invisibilizan y ocultan la violencia policial, y asignan la responsabilidad a los manifestantes. Como bien dice Graham, “una vez lo que estaba escondido es revelado, su mitología seductora y ubicua puede ser confrontada y potencialmente invertida⁸⁰.

CONCLUSIÓN

Quisiéramos finalizar regresando a las preguntas que motivaron este artículo: ¿Cómo podemos dar sentido al hecho de que en un mismo espacio/tiempo —los eventos de protesta— pueden coexistir múltiples construcciones legales superpuestas e incluso contradictorias? ¿Y cómo podemos explicar que en unos casos se responda a las protestas de manera más permisiva, mientras que en otros se les da un tratamiento de securitización? Como explicamos al comienzo de este artículo, las aproximaciones meramente normativas a este problema no parecen darnos respuestas, más allá de aferrarse a los argumentos de supremacía constitucional y de la cultura del incumplimiento por la ineficacia de las normas. Una posible respuesta, como hemos sostenido, es que esta contradicción en el tratamiento de las protestas es el resultado de discordancias afectivas entre los diferentes agentes que confluyen en las manifestaciones ciudadanas.

En otras palabras, el contenido, interpretación e implementación de las normas que regulan el ejercicio del derecho a manifestarse públicamente es un campo en disputa en el que los afectos y prejuicios institucionales y culturales alrededor de la protesta social juegan un rol determinante. Un claro ejemplo de esto es el tratamiento diferenciado de mayor securitización que la Policía Nacional les da a las movilizaciones de sujetos políticos que son identificados como de mayor riesgo para el orden público (ya sea porque son asociados con la insurgencia, el terrorismo o el vandalismo), como es el caso de los estudiantes y los pueblos indígenas. Para poder dar sentido a estas relaciones afectivas en el estudio del derecho a la protesta, el concepto de espacio legal nos permite ir más allá del análisis de las normas estatales y nos invita a abrir el foco jurídico hacia las prácticas afectivas de la movilización ciudadana, las atmotécnicas del manejo de multitudes que generan la fuerza pública y demás burócratas de calle, las rutas y lugares de la movilización, y las relaciones político-administrativas entre autoridades nacionales y locales, entre otras.

Estos paisajes legales se materializan y se expanden alrededor de los eventos de protesta como atmósferas afectivas que determinan —y son determinadas por— la interacción de los diferentes cuerpos que confluyen en las movilizaciones. Sin embargo, no todos los cuerpos ejercen la misma influencia o son afectados de la misma manera por las atmósferas afectivas de la protesta. Como pudimos ver durante el Paro Nacional, las atmotécnicas del modelo reactivo del uso escalado de la fuerza tienen generalmente un peso mayor, que subsume dentro de una atmósfera de securitización otro tipo de atmósferas afectivas como las que los gestores de convivencia intentan generar a través del modelo preventivo de la gestión negociada. Sin embargo, a pesar de la contundencia con la que la policía logra imponer su atmósfera afectiva a través del uso de la fuerza, las organizaciones de derechos humanos se han ingeniado prácticas de resistencia que, aunque no logran transformar en su totalidad una atmósfera de represión, pueden desde adentro del espacio legal generar grietas que dan a los manifestantes un mensaje de esperanza. Estas resistencias “desde adentro” del derecho son expresiones de lo que Philippopoulos-Mihalopoulos ha denominado justicia espacial⁸¹.

Este tipo de análisis demuestra que los cambios normativos no siempre son suficientes para generar transformaciones afectivas en una institución como la Policía. Esto lo tienen claro las organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales han advertido que los últimos cambios normativos —como la expedición del Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana (Decreto 003 de 2021)— pueden terminar siendo meras declaraciones de principios, pues el Gobierno nacional no ha permitido que la ciudadanía u otros organismos externos revisen el contenido de los cursos de formación y capacitación de la Policía Nacional⁸². Si bien esta investigación da algunas pistas sobre los afectos institucionales de la fuerza pública hacia la protesta social, es necesario indagar a mayor profundidad la forma como se generan y reproducen esos afectos dentro de la institución.

Finalmente, durante la pandemia del coronavirus se ha vivido un recrudecimiento de la estigmatización, represión y violencia policial contra las manifestaciones pacíficas. Durante el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021 y se extendió hasta el mes de julio, la campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas registró 87 casos de homicidios que se dieron en el marco de las protestas, presuntamente por el accionar de la fuerza pública y personas de civil que actuaron con su aquiescencia, y dejaron más de 1900 heridos y 326 personas defensoras de derechos humanos agredidas en el marco de su labor como CVI⁸³. Estas cifras tan alarmantes nos llevan a concluir que, para poder garantizar de manera efectiva y garantista el derecho a la protesta, es necesario iniciar procesos de cambio cultural que modifiquen las creencias arraigadas en nuestra sociedad, que continúan alimentando emociones negativas hacia la protesta social y legitiman su estigmatización, criminalización y represión.