Crisis alimentaria y sistemas alimentarios: aportes a los debates conceptuales y dimensiones de análisis
Verónica Soto Pimentel*
Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Argentina)
Jessica E. Fajardo Carrillo**
Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Argentina)
Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 12 • mayo-agosto 2025 • pp. 1-22
https://doi.org/10.53010/nys12.03
Recibido: 17 de enero de 2025 | Aprobado: 26 de marzo de 2025
Resumen. La crisis alimentaria se debe, entre otros factores, a las formas extractivistas de acumulación del agronegocio, a las políticas de ajuste económico y desregulación del mercado, y a la crisis climática. Este artículo propone un esquema conceptual para abordar las crisis alimentarias desde una perspectiva crítica, sistémica, procesual y multidimensional de los sistemas alimentarios. Se inscribe en la vacancia analítica sobre la sustentabilidad de estos sistemas y considera las dimensiones materiales, política, simbólica, ecológica y cuidados feminizados debido a su relevancia. Mediante un análisis de contenido de fuentes secundarias, se explora la situación alimentaria en Argentina, América Latina y el mundo, desde las dimensiones mencionadas. Se concluye que el agronegocio articula estas variables y obstaculiza la seguridad alimentaria. Su influencia sobre los sistemas alimentarios debilita la capacidad de los gobiernos, organismos internacionales y movimientos sociales, al priorizar las ganancias sobre el cuidado de la naturaleza y la alimentación. Esto se refleja en los espacios de cuidados comunitarios feminizados, que surgen como respuesta a la necesidad frente al hambre.
Palabras clave: seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, sistemas alimentarios sostenibles, agronegocio, movimientos sociales, agroecología, cuidados comunitarios.
Food crisis and food systems: contributions to conceptual debates and analysis dimensions
Abstract. The food crisis is due, among other factors, to extractivist forms of agribusiness accumulation, economic adjustment and market deregulation policies, and climate crisis. This article proposes a conceptual framework to address food crises from a critical, systemic, processual, and multidimensional perspective of food systems. It is inscribed in the analytical gap on the sustainability of these systems and considers the material, political, symbolic, ecological, and feminized care dimensions due to their relevance. Through a content analysis of secondary sources, the article explores the food situation in Argentina, Latin America, and the world focusing on the aforementioned dimensions. It concludes that agribusiness shapes these variables and hinders food security. Its influence on food systems weakens the capacity of governments, international organizations, and social movements, by prioritizing profits over the care of nature and food. This is reflected in feminized community care spaces that emerge as a response to need in the face of hunger.
Keywords: food security, food sovereignty, sustainable food systems, agribusiness, social movements, agroecology, community care.
Crise alimentar e sistemas alimentares: contribuições para os debates conceituais e dimensões de análise
Resumo. A crise alimentar decorre, entre outros fatores, das formas extrativistas de acumulação do agronegócio, das políticas de ajuste econômico, da desregulamentação dos mercados e da crise climática. Este artigo propõe um arcabouço conceitual para abordar as crises alimentares a partir de uma perspectiva crítica, sistêmica, processual e multidimensional dos sistemas alimentares. Inscreve-se na lacuna analítica existente quanto à sustentabilidade desses sistemas e considera as dimensões material, política, simbólica, ecológica e dos cuidados feminizados, dada sua relevância. Com base em análise de conteúdo de fontes secundárias, examina-se a situação alimentar na Argentina, na América Latina e no mundo, a partir das dimensões mencionadas. Conclui-se que o agronegócio articula essas variáveis e constitui um obstáculo à segurança alimentar. Sua influência sobre os sistemas alimentares enfraquece a capacidade dos governos, dos organismos internacionais e dos movimentos sociais, ao priorizar o lucro em detrimento do cuidado com a natureza e a alimentação. Esse cenário se expressa nos espaços feminizados de cuidados comunitários, que emergem como resposta às necessidades diante da fome.
Palavras-chave: segurança alimentar, soberania alimentar, sistemas alimentares sustentáveis, agronegócio, movimentos sociais, agroecologia, cuidados comunitários.
Introducción
Las razones por las cuales la humanidad enfrenta serias dificultades para lograr un acceso universal a una alimentación sana y nutritiva han sido ampliamente discutidas en los ámbitos político, académico y de políticas públicas (Medina Rey et al., 2021). Estos debates pueden rastrearse en el siglo XX con el surgimiento e institucionalización del concepto de seguridad alimentaria y su discusión a partir de la noción de soberanía en el mismo sentido (García Guerreiro y Wahren, 2016; González, 2024; Merlinsky y Toledo, 2020). La grave crisis climática ha provocado recientemente la discusión sobre el hambre desde la perspectiva de los sistemas alimentarios sostenibles (Gliesmman, 2015; Marsden y Morley, 2014).
El término seguridad alimentaria fue acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) en 1974, para explicar y medir las causas del hambre y la malnutrición (FAO, 1974; González, 2024). Inicialmente, estuvo asociado a problemas de disponibilidad y suministro de alimentos, al promover mejoras en su producción y distribución y el cierre de brechas tecnológicas y financieras entre países desarrollados y en desarrollo (FAO, 1974). El contexto era el de la “revolución verde”, cuya premisa indicaba que el incremento de la producción mediante la biotecnología y la industrialización resolvería el hambre. Posteriormente, en línea con el neoliberalismo de 1980, la atención se centró en la capacidad socioeconómica de las personas para acceder a alimentos (González, 2024). En 1983, la FAO amplió el concepto de seguridad alimentaria como el acceso físico y económico de todas las personas a alimentos básicos en una economía de mercado (Merlinsky y Toledo 2020). A mediados de los años noventa, se incorporaron cuestiones culturales y sociales, con la revalorización de las dietas regionales (González, 2024). Posteriormente, en la Primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), se estableció la definición más aceptada de seguridad alimentaria basada en cuatro pilares: la disponibilidad, el acceso, el uso y estabilidad de los alimentos. Se definió como el acceso “físico, social y económico [de las personas] a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996).
El concepto de seguridad alimentaria goza de amplia legitimidad. Sin embargo, es criticado porque liga los obstáculos para acceder a una dieta sana y nutritiva a la capacidad de las personas para obtener productos comestibles, y deja de lado factores políticos que interfieren en dicha seguridad, como la concentración de tierras, los modelos agroindustriales de producción o quiénes deciden qué producir y para qué (González, 2024). Este enfoque no cuestiona la promoción del agronegocio que, aunque incrementa la productividad, no tiene como fin abastecimiento de la población (Merlinsky y Toledo, 2020), y sitúa a las personas como consumidoras en el mercado y no como titulares de derechos (González, 2024).
La Vía Campesina ha tenido un rol clave en esta crítica mediante su propuesta política conceptual de soberanía, presentada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 (Gac et al., 2022). Fue construida por diversas organizaciones campesinas en los años 80 y 90, ante el achicamiento del rol regulador del Estado y el crecimiento del poder de las corporaciones en el sistema alimentario mundial (Brandão et al., 2022). La soberanía es considerada una precondición para lograr la seguridad alimentaria, ya que encuentra esenciales a quienes producen alimentos para erradicar el hambre y la pobreza. Además, reconoce en las formas de producción capitalistas de alimentos intereses corporativos que priorizan las ganancias para una minoría, destruyen la capacidad productiva local y la naturaleza, y le niegan al campesinado el control sobre la tierra y sus recursos (La Vía Campesina, 1996).
La soberanía alimentaria se entiende como el derecho humano básico y de cada nación de producir sus propios alimentos, respetando la diversidad productiva y cultural (Nyéléni et al., 2007). Visibiliza y valora el rol del campesinado en los sistemas alimentarios; aboga por mejorar sus condiciones productivas y reproductivas; impulsa innovaciones en armonía con la naturaleza, como la agroecología; y desarrolla alternativas económicas rurales. Además, reconoce el papel central que juegan las mujeres como creadoras de conocimientos sobre la producción de alimentos, la agricultura y el cuidado de semillas, y su necesaria incorporación a los espacios de toma de decisiones para reducir las brechas de género (La Vía Campesina, 1996; Loveday-Brown, 2013; Patel, 2012).
La crisis alimentaria global de 2008 hizo emerger el debate sobre la agroecología y la soberanía alimentaria, llevándolo al ámbito internacional, espacios interestatales y legales (Merlinsky y Toledo, 2020). En la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial en Roma (2008), la FAO reconoció que el agronegocio amenaza el derecho a la alimentación, ya que desvía la producción hacia usos más “rentables” que los de la comida (Merlinsky y Toledo, 2024, p. 158). Junto con ello, en la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (2012), convocó a un debate con la sociedad civil y la academia sobre la soberanía alimentaria (Merlinsky y Toledo, 2024).
Esta propuesta político-conceptual ha sido redefinida frecuentemente por las organizaciones que la promueven (Medina Rey et al., 2021; Patel, 2012). Por ello, se le ha acusado de ser inconsistente o de romantizar la añoranza a un pasado inalcanzable, en tanto sostiene que el concepto de derecho a la alimentación es más preciso, goza de mayor apoyo estatal y es más vinculante que el de soberanía alimentaria (Haugen, 2009; Patel, 2012). No obstante, su irrupción pública significó un quiebre en la forma de comprender las crisis alimentarias, con una visión holística, crítica y situada, centrada en quiénes y como producen los alimentos. La perspectiva de la seguridad alimentaria prevalece en las políticas contra el hambre, aun cuando en el contexto actual de sistemas alimentarios globalizados, los obstáculos para acceder a la comida resultan de la interacción entre diferentes escalas y niveles, y la crisis climática amenaza su viabilidad. Así, un enfoque meramente productivo y de consumo resulta insuficiente (FAO, 2018a). De ahí que, desde ámbitos académicos y no académicos, se apoya la transición hacia enfoques sistémicos que subsanen las limitaciones de las aproximaciones tradicionales e incorporen la sustentabilidad como eje clave en la lucha contra el hambre (FAO, 2018a; FAO et al., 2020; Naheed y Rukhsana, 2024; Penagos et al., 2023).
En este marco, el concepto de sistemas alimentarios sostenibles ha adquirido valor. Sin embargo, pensar en cómo llegar a un modelo sostenible ha sido menos abordado en la literatura, especialmente en las ciencias sociales, pese a ser un campo útil para mapear y analizar los componentes y dinámicas necesarias para la sostenibilidad alimentaria (Naheed y Rukhsana, 2024).
Este artículo busca contribuir a este vacío, al aportar al debate un esquema conceptual crítico para indagar las crisis alimentarias desde una comprensión sistémica, procesual y multidimensional de los sistemas en cuestión. Dicha conceptualización no es trivial, pues de esta dependen las características de las políticas para abordarla y los enfoques para evaluar su eficacia. Asimismo, permite aportar a la discusión sobre cómo alcanzar sistemas alimentarios sostenibles desde una visión social, económica y ecológica.
De acuerdo con lo anterior, este texto se divide en cuatro partes. En primera instancia, se definen los sistemas alimentarios y sus diferentes dimensiones (material, política, cultural, ecológica y de cuidades) para comprender las crisis alimentarias como un fenómeno complejo y multidimensional. En una segunda parte, se explica la metodología utilizada mediante análisis de contenido, y esta se explora en la tercera parte para definir la situación alimentaria a nivel global, latinoamericano y argentino a partir de las dimensiones esgrimidas. Finalmente, desde los hallazgos obtenidos, se generan reflexiones sobre cómo la conceptualización sistémica, procesual y multidimensional de las crisis alimentarias pueden favorecer la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.
Delimitación conceptual
Desde este marco teórico, las crisis alimentarias se definen a partir del concepto de sistemas alimentarios y sus límites para evitar el hambre en nuestras sociedades.
Consideramos los sistemas alimentarios como los procesos, actividades y actores involucrados en la producción, transformación, transporte, distribución, consumo y desperdicio de alimentos, es decir, todo aquello que porta los alimentos del campo a la mesa y a la basura. Se componen de subsistemas (como la agricultura, la gestión de desechos e insumos, etc.) que interactúan con otros (como los subsistemas de salud, energía, comercio, etc.) e impactan la nutrición, la salud y el bienestar de las personas, y la naturaleza (FAO, 2018a; Rivera Ferre, 2021). Estas interacciones son complejas, pues un cambio estructural en ellas puede deberse a un cambio en otro sistema (por ejemplo, una mayor demanda de biocombustible para el sistema energético tendrá un impacto sobre el sistema alimentario). Así también, según cómo los manejamos, incidirán sobre los ecosistemas y los sistemas de cuidado, sociales y culturales (FAO, 2018a; Rivera Ferre, 2021).
De acuerdo con Motta (2021) podemos observar estas interacciones mediante tres dimensiones que dan cuenta de su articulación y caracterización territorial: la dimensión material, la cultural y la política. A partir de las investigaciones rastreadas, la relevancia de la crisis climática y el género en los sistemas alimentarios (Naheed y Rukhsana, 2024; Penagos, Henry y Quesada, 2023), decidimos sumar las dimensiones ecológica y de cuidados feminizados para dar cuenta su vínculo con la comida. Asumimos, junto con la economía feminista, que, como todo sistema de producción en el contexto del capitalismo, la subsistencia y reproducción de los sistemas alimentarios depende de la explotación del trabajo, de la naturaleza y del trabajo reproductivo no remunerado (Pérez Orozco, 2021).
A continuación, hacemos una breve descripción de estas dimensiones:
Dimensión material: se refiere a cómo se producen los alimentos, quiénes acceden a ellos y a las políticas públicas y programas sociales relacionados con estos procesos (Motta, 2021).
Dimensión cultural: consideración simbólica de los alimentos, sus significados y prácticas culturales que constituyen la identidad de las comunidades y territorios (Motta, 2021).
Dimensión política: se refiere a los conflictos y disputas entre actores insertos en relaciones de poder y asimetrías históricamente constituidas que determinan las decisiones sobre qué producir, qué comer y con quién (Motta, 2016, 2021). Supone que estos actores pueden influir progresivamente en las acciones de otros y en el desarrollo y estructura de los sistemas alimentarios y transformarlos (FAO, 2018a). Entre ellos están políticos, grandes y pequeños productores de alimentos, movimientos sociales por la comida, consumidores y organismos internacionales.
Dimensión ecológica: Según Gliessman et al. (2020) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) (2023), es el impacto de los sistemas alimentarios sobre la naturaleza y los ecosistemas, y las consecuencias del cambio climático en estos modelos de producción y distribución de alimentos.
Dimensión de los cuidados feminizados: comprende las actividades que se dan para garantizar el bienestar de las poblaciones, específicamente aquellas que se centran en el acceso a los alimentos. Son desarrolladas principalmente por mujeres en el ámbito doméstico y comunitario, y cumplen un rol fundamental en el acceso a una alimentación segura y nutritiva (Batthyány et al., 2023; Díaz Lozano, 2020; Guelman, 2024).
Así, comprenderemos las crisis alimentarias como los factores que obstaculizan el derecho universal a una alimentación sana y nutritiva vinculados a: las formas hegemónicas de producción de comida, cuyo fin no es alimentar personas sino acumular capital (dimensión material); las asimetrías de poder en las decisiones sobre qué y cómo producir (dimensión política); los impactos sobre la naturaleza de los sistemas alimentarios (dimensión ecológica); la imposibilidad de las personas de procurarse a sí mismas el bienestar alimenticio, donde la organización social y política de los cuidados adquiere un rol central para garantizarlo (dimensión de los cuidados); y las tensiones existentes entre los procesos de globalización de la comida, los hábitos de consumo locales y las identidades y saberes que se juegan en ello (dimensión cultural).
Este trabajo, de carácter exploratorio, no aborda la dimensión cultural de las crisis alimentarias, pues requiere de un estudio situado y basado en las percepciones de las personas, lo cual excede los objetivos de este artículo. Por ello, las preguntas que guiarán el examen propuesto son: ¿En qué medida los modelos de producción alimentaria influyen en la disponibilidad y acceso de la comida? ¿Qué actores y disputas configuran los sistemas alimentarios y quiénes se benefician o perjudican por sus decisiones? ¿Qué relaciones entre sistemas alimentarios y naturaleza obstruyen la sostenibilidad y calidad de estos? ¿Qué estrategias y acciones se aplican para subsanar las situaciones de hambre y malnutrición?
Metodología
Para dar respuesta a estas incógnitas, empleamos una metodología cualitativa basada en la revisión sistemática de fuentes secundarias (Creswell y Creswell, 2018). Dado el enfoque exploratorio de este trabajo, se buscó comprender diversas dimensiones de la crisis alimentaria a partir de la literatura existente. Los procedimientos para la recolección, selección y análisis de datos fueron:
1) Selección de fuentes secundarias relevantes: literatura académica (artículos científicos, libros y capítulos de libros) y no académica (informes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales), y datos cuantitativos (cifras estadísticas sobre la situación alimentaria).
2) Búsqueda bibliográfica realizada entre octubre y diciembre de 2024 en repositorios y buscadores digitales, como Google Académico, Research Rabbit y Latindex. Aplicamos un protocolo de búsqueda sistemático minucioso, centrado en palabras claves de las dimensiones del concepto de crisis alimentaria. Este protocolo consideró criterios de inclusión (al seleccionar documentos que trataran explícitamente los factores materiales, políticos, ecológicos y de cuidados que obstruyen el acceso a la alimentación) y de filtro por relevancia y calidad (priorizando fuentes de información confiables, actualizadas y de alto impacto en el campo académico y de políticas públicas).
3) Selección de documentos pertinentes y sistematización coherente y ordenada de los datos, identificando patrones claros dentro de cada dimensión de las crisis alimentarias.
4) Análisis de datos basado en una interpretación teórica de los temas y patrones emergentes en el paso anterior para reflexionar en las articulaciones y factores necesarios para alcanzar sistemas alimentarios sostenibles.
A continuación, se presentan los principales hallazgos y resultados del trabajo de investigación.
Hacia una mirada multidimensional de las crisis alimentarias
La dimensión material
El agronegocio es el sistema de producción hegemónico de alimentos, un modelo industrial y biotecnológico a gran escala promovido desde 1960 por la revolución verde y la promesa de acabar con el hambre en el mundo. Basado en el monocultivo, el uso de semillas modificadas genéticamente (transgénicas), de agroquímicos y combustibles fósiles, sus productos se comercializan en el mercado de exportación de las commodities. Este sistema tiene tres ramas de actividad industrial: la agrícola, la ganadera y la de alimentos ultraprocesados (Filardi, 2021).
Aunque se piensa comúnmente que sus niveles de producción son suficientes para alimentar a la población mundial, en 2022 entre 691 y 783 millones de personas padecieron hambre (FAO et al., 2023a), y el 32 % de los alimentos disponibles se desperdiciaban (PNUMA, 2024). En América Latina y el Caribe, pese al abastecimiento de cereales, en 2020, 77 millones de personas no accedieron a una dieta adecuada. En 2021, el 66 % sufría inseguridad alimentaria1 y había un 6,5 % de prevalencia del hambre2 (Arias, 2021; FAO et al., 2023b). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2024), en Argentina, entre 2020 y 2022, el 3,2 % de la población padeció hambre, cifra que podría ser peor si consideramos que en el primer semestre de 2024 la pobreza alcanzó un 52,9 %.
Este contraste se debe a que el principal fin del agronegocio no es producir alimentos, sino acumular capital mediante el negocio especulativo de las commodities. Si bien utiliza el 70 % de la tierra arable, solo produce el 30 % de los alimentos; el resto, como la soja transgénica, es usada para alimentar ganado o como biocombustible (Altieri y Nicholls, 2022; González, 2024). Como señalan Merlinsky y Toledo (2020), esto ha generado una escisión entre el acto alimentario-nutricional y la esfera de la producción, de modo que la crisis alimentaria no solo se limita al acceso y la disponibilidad, sino también a la producción y la distribución, donde la rentabilidad prima sobre el derecho a la alimentación.
El Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) indica que en Argentina el agronegocio produce alimentos para 400 millones de personas, pero siquiera alcanzan para alimentar adecuadamente a una sola (CEPEA, 2024). En contraste, la agricultura familiar campesina y de pueblos originarios provee el 75 % de los alimentos del país, según datos del Ministerio de la Nación Argentina3.
Pese a ello, las comunidades rurales viven en la pobreza y la inseguridad alimentaria (FAO, 2018b). Las corporaciones agroindustriales controlan la producción al privatizar semillas y vender paquetes tecnológicos para cultivos, lo que genera dependencia económica en los y las campesinas. Al tener como referencia el dólar4, el paquete tecnológico tiene un alto costo; está sujeto a los vaivenes del mercado; y asfixia financieramente a quienes producen (Filardi, 2021; García Guerreiro y Wahren, 2016; Motta, 2016). Según información de las Naciones Unidas (ONU et al., 2022), la situación se agrava en Argentina, pues estos costos se pagan en dólares, mientras que el abastecimiento se paga en moneda nacional. Asimismo, las corporaciones controlan los costos de producción y distribución, lo cual debilita el poder de productores y consumidores sobre qué y cómo producir (Guareschi et al., 2014; Pástor Pazmiño et al., 2017).
El uso de agroquímicos y fertilizantes sintéticos afectan la salud de las personas que tienen un contacto ambiental agudo y de otras que están alejadas geográficamente, pues su toxicidad se transmite al agua, al aire y los alimentos (Filardi, 2021). Los agroquímicos maltratan y empobrecen los suelos, y así afectan la calidad nutritiva de los comestibles (Blacha, 2020; Filardi, 2021). En Argentina, su uso ha aumentado exponencialmente: entre 1991 y 2011 creció un 1279 % (Vicente et al., 2020). Según el último censo agropecuario (INDEC, 2021), de las superficies tratadas, el 98 % reciben agroquímicos y solo el 2 % recibe abonos orgánicos. Diferentes informes han sistematizado el impacto de este modelo en la salud de personas y comunidades cercanas a cultivos transgénicos (Vicente et al., 2020).
Otras ramas del agronegocio, como la ganadería industrial y los alimentos ultraprocesados, también afectan la salud. La producción intensiva de ganado emplea antibióticos y fármacos que son transmitidos a la carne, leche, plantas y, finalmente, a las personas (Filardi, 2021). Los alimentos ultraprocesados tienen pequeñas proporciones de nutrientes, una alta cantidad de ingredientes industriales de bajo costo, derivados de la soja y el maíz, y aditivos químicos, azúcar, grasas y sal, lo que los vuelve atractivos, pero nutricionalmente pobres (Blacha, 2020; Filardi, 2021).
El agronegocio ha cambiado los patrones de consumo, lo que reduce la biodiversidad alimentaria, el consumo de frutas y verduras, harina de trigo, carne vacuna, legumbres y leche, al favorecer dietas con exceso de ultraprocesados, con el consecuente incremento de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y obesidad (Blacha, 2020; FAO et al., 2023a; Filardi, 2021; INDEC, 2019). En Argentina, en los últimos 20 años, el consumo de frutas cayó en un 41 %, el de hortalizas un 21 % y el de legumbres a la mitad, y al tiempo se duplicó la ingesta de gaseosa y jugo en polvo. El país se consolidó como el cuarto consumidor mundial de azúcar, y el consumo de sal está seis gramos por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (INDEC, 2019). Este fenómeno afecta más a los sectores de menos ingresos y niveles educativos, cuyas dietas son de menor variedad y calidad nutricional (Blacha, 2020; INDEC, 2019).
Aunque la producción de los alimentos es un tema relevante en las crisis alimentarias, las barreras de acceso a una alimentación nutritiva son determinantes, especialmente en sociedades desiguales como las del Sur global. El ingreso de las personas y el precio de los alimentos, sufren fluctuaciones por guerras, crisis climáticas, sanitarias, económicas e inflacionarias, lo que obliga a muchas familias a cambiar la dieta a alimentos menos costosos, a reducir porciones o limitar su propio consumo para proveer a los infantes (Arias, 2021). La crisis sanitaria causada por COVID-19, exacerbó esta situación, al afectar la producción y generar una presión inflacionaria que incrementó a nivel global la inseguridad alimentaria (ONU et al., 2022).
Dimensión política
Los sistemas alimentarios se construyen en escenarios de disputas sobre cómo y quién incide en todo el proceso de producción, distribución, consumo y desperdicio (Motta, 2021). La dimensión política de la crisis alimentaria problematiza los juegos de poder entre actores que se ven perjudicados y beneficiados por dichas decisiones.
Políticamente, Naciones Unidas dispuso una serie de agencias para poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria a partir del acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad: el Programa Mundial de Alimentos (1961), el Banco Mundial (1944), la FAO (1945) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (1977). En los últimos años, estas organizaciones se han alineado con las posturas críticas al agronegocio.
En su lucha contra el hambre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve estrategias para la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles que prioricen los derechos humanos y la vida de la Tierra. Por ejemplo, la Agenda 2030 propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales están: hambre cero, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Esta propuesta refleja el reconocimiento de los Estados parte en cuanto a que el cambio climático es un problema real y grave, y que son necesarias las estrategias para reducir la temperatura global antes de que las consecuencias sean irreversibles. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París se alinean con estos objetivos, promoviendo no solo la transición energética, sino también la creación de sistemas alimentarios sostenibles.
Estos acuerdos se hallan en medio de conflictos que involucran a corporaciones agroalimentarias y países cuyo desarrollo depende del uso de combustibles fósiles, reticentes a tomar medidas. El problema es que los Estados que tienen mayor responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles, como China, Estados Unidos y la Unión Europea, están mejor preparados y sufren, en menor medida, las consecuencias de la crisis climática. No obstante, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021) afirma que los países que menos inciden en ella, las regiones y poblaciones más pobres, están más expuestos a sus impactos, pierden una mayor parte de sus riquezas y disponen de menos recursos para adaptarse. Pese a ello, en las principales cumbres contra el cambio climático, uno de los acuerdos con mayores dificultades es el relacionado con el desuso de los combustibles fósiles. En la COP28 en Dubai no se lograron acuerdos al respecto, aunque se reconoció el impacto de combustibles fósiles sobre el cambio climático y la necesidad de abandonar su uso a largo plazo.
Otra disputa es la que atraviesan los países en desarrollo, cuya principal fuente de divisas es el agronegocio. En estos casos, se prioriza este modelo en detrimento de la agricultura familiar y campesina y sus formas de cultivo alternativas al uso de semillas transgénicas y agroquímicos. De ahí que los gobiernos desplacen, implícita o explícitamente estas experiencias, subsumidas por el agronegocio y la desigual distribución en el acceso y propiedad de la tierra y sus recursos (Filardi, 2021). El acceso a la tierra es una de las principales causas de la desigualdad en América Latina y sus conflictos han llevado al asesinato de líderes y lideresas campesinas y defensoras de la tierra5: el 1 % de las grandes plantaciones concentra más de la mitad del área agrícola, mientras que el 80 % de las pequeñas plantaciones usa menos del 13 % de la tierra productiva (OXFAM, 2016).
El conflicto entre gobiernos, agronegocio y agricultura familiar tiene una larga data en América Latina, y se actualizó con el boom en el precio de las commodities y la demanda de materias primas a nivel global en la primera década del siglo XXI (Cabrol et al., 2020; Escobar, 2007; Svampa, 2019). Muchos gobiernos optaron por la reprimarización de sus economías y por el desarrollo del extractivismo como modelo de desarrollo (Ouviña y Thwaites Rey, 2018; Seoane, et al., 2018; Wahren, 2020), y cambiaron el destino de los réditos económicos según la ideología de la élite gobernante. La promoción del agronegocio obstaculizó el logro de objetivos de largo plazo para la transformación de la estructura productiva o las relaciones de propiedad de la tierra en beneficio de la agricultura familiar y los pequeños productores de alimentos (Lander, 2013). Por otra parte, la promoción estatal de la agricultura familiar quedó completamente a discreción del gobierno de turno.
En el caso de Argentina, sectores del movimiento campesino e indígena lograron la sanción de la Ley de Agricultura Familiar (2014) y se crearon programas en pos de su desarrollo. No obstante, nunca se otorgó el presupuesto suficiente para sostener estas políticas y se desconoció así la heterogeneidad y las particularidades de la población. Esto fomenta la hegemonía del agronegocio (Cabrol et al., 2020).
En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil han tenido un rol clave en las disputas por la comida, mediante la promoción de alternativas a las formas hegemónicas de producción y de atención a la crisis. Han incorporado la concepción crítica de la soberanía alimentaria, al cuestionar el manejo de la crisis desde el paradigma de seguridad. Se han comprometido con la transformación de los sistemas y políticas al respecto, a través de la construcción de innovaciones sociales y movilizaciones alrededor de la comida (Motta, 2021).
Las disputas por la comida desde la sociedad civil en Argentina son protagonizadas por diferentes organizaciones y mediante variadas innovaciones. Los movimientos sociales agroecológicos abordan la crisis alimentaria y climática mediante la promoción de sistemas basados en la soberanía, la transición hacia la agroecología y la lucha por el acceso a la tierra, con el fin de producir y consumir productos sanos y nutritivos, culturalmente adecuados y a precios justos. Por su parte, las organizaciones de la economía popular construyen estrategias de cuidado comunitario, basadas en la corresponsabilidad y en el derecho al cuidado, para alimentar a las familias en los barrios y paliar la falta de acceso a los alimentos de quienes no pueden cubrir la canasta básica (Guelman, 2024; Vera, 2022).
Por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) reúne una parte de la producción agroecológica del cinturón hortícola de la ciudad de La Plata (Argentina), constituida por familias migrantes. Promueven la conservación del suelo, el agua, la diversidad, el uso de fertilizantes naturales y buscan preservar la salud propia, de sus familias y de la naturaleza (Vera, 2022). Igualmente, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) sostiene actividades sociocomunitarias para alcanzar alimentos, como merenderos y ollas populares, para enfrentar las crisis que afectan al país. En la pandemia del COVID-19 estas organizaciones cumplieron un rol central para garantizar la comida a las familias, adaptándose a las medidas de aislamiento (Downar y Palumbo, 2024; Roig y Blanco Esmoris, 2021).
Asimismo, tales organizaciones han desplegado protestas en el espacio público para visibilizar la crisis alimentaria y contenerla, y reclamar al Estado mayor apoyo y políticas públicas. Estas movilizaciones, ocurren independientemente a la relación de afinidad u oposición con el poder ejecutivo, y se han mantenido constantes en el tiempo (Soto Pimentel y Gradin, 2023; Soto Pimentel, Reiri y Gradin, 2024a y 2024b).
Si bien estas experiencias refuerzan los lazos de solidaridad desde la capacidad de individuos y colectivos para afrontar las situaciones de desigualdad e inequidad, los gobiernos no deben eludir las responsabilidades frente a la equidad y bienestar social, incluido el derecho a una alimentación digna, al considerar que estas organizaciones tienen recursos limitados y pueden ser sobrepasados por procesos de exclusión y generación de desigualdad arraigados a las estructuras injustas de la sociedad y la desigual distribución de poderes (Reygadas, 2008).
Dimensión ecológica
Existe una relación bidireccional entre sistemas alimentarios y crisis climática: según cómo se gestionan los sistemas, se contribuirá a acrecentar o mitigar la crisis, que impacta los sistemas alimentarios, altamente vulnerables a los fenómenos climáticos extremos (Rivera Ferre, 2021).
Cuando esta relación se potencia negativamente, se identifica la dimensión ecológica de la crisis alimentaria. Conforme al IPCC y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UN Environment Programme por sus siglas en ingles), las actividades del agronegocio son, por una parte, responsables de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, principal factor explicativo del incremento inusitado de la temperatura en la Tierra: la producción agrícola representa el 39 % de las emisiones (incluida la producción de insumos como fertilizantes), los cambios en el uso del suelo o la conversión de bosques y humedales para el cultivo, el 32 %, y las actividades de la cadena de suministros, como la venta minorista, el transporte, consumo y producción de combustible, el manejo de desperdicios, procesos industriales y el embalaje, el 29 % (IPCC, 2019; UN Environment Programme, 2022).
Por otra parte, la erosión de los suelos y la expansión de la frontera agrícola producen la pérdida de biodiversidad, al debilitar las propiedades de los ecosistemas para mitigar y adaptarse al cambio climático, eliminando los reservorios naturales de gases de efecto invernadero que regulan los sistemas climáticos (IPCC, 2019; UN Environment Programme, 2022). El agronegocio contamina los ecosistemas acuáticos y terrestres por la escorrentía de nitrógeno y fósforo proveniente de la aplicación de fertilizantes y estiércol (UN Environment Programme, 2022). De seguir este patrón, se estima que la estabilidad en la disponibilidad de alimentos decrezca en el futuro, y el incremento de los gases de efecto invernadero podrían disminuir la calidad nutricional de los cultivos (IPCC, 2023).
Por su parte, los eventos climáticos extremos destruyen la tierra, el agua y sus recursos, incluyendo la comida que proveen (IPCC, 2019; Rivera Ferre, 2022). Fenómenos como la sequía, las inundaciones y las olas de calor afectan diversos procesos de los sistemas alimentarios: impactan sobre las condiciones de producción al provocar el deterioro de los suelos o el incremento en la temperatura del mar, y la aparición de plagas y enfermedades; reducen el rendimiento de los cultivos y del sistema ganadero (menor crecimiento de animales y de productividad en el pastoreo); y disminuyen la cantidad, variedad y calidad nutricional de los alimentos disponibles. Además, interrumpen redes de almacenamiento y transporte, lo que genera pérdidas para el mercado interno y para el comercio internacional. Asimismo, las inundaciones o la falta de agua son fuente de enfermedades infecciosas que afectan la salud de las personas (FAO, 2016; IPCC, 2019). Todos estos factores generan cambios en las dietas y afectan la nutrición general de productores y consumidores.
Estas consecuencias perjudican de manera diferenciada a las personas más vulnerables que trabajan en los sistemas alimentarios (FAO et al., 2024; IPCC, 2019). Las familias campesinas tienen pocos recursos para invertir y adaptarse a los eventos climáticos. Sus ingresos, mermados por los desastres, limitan su acceso a bienes de producción y reproducción, generando procesos migratorios y conflictos. La disminución en la disponibilidad de alimentos y el incremento de sus precios obstaculiza el acceso físico y económico, cuestión que afecta mayormente a las mujeres, principales garantes de la comida y los cuidados (FAO, 2016; IPCC, 2019).
Los efectos de la crisis climática sobre los sistemas alimentarios ponen en riesgo los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad y el acceso, pues decaen las condiciones de producción, distribución y almacenamiento de productos agrícola-ganaderos, y producen incremento de precios y disminución de ingresos; la utilidad, por la disminución en la cantidad, variedad y calidad nutricional de los alimentos; y la estabilidad, por la incertidumbre que los eventos climáticos extremos generan sobre todos los pilares anteriores que impiden evitar la volatilidad de los precios y las reservas de alimentos (FAO, 2016; IPCC, 2019).
América Latina está en una situación altamente riesgosa, pues concentra el 47 % de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la agricultura, el uso de la tierra y la silvicultura de toda la región (Banco Mundial, 2022). Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y se estima que en el futuro sean aún peores, afectando un sinnúmero de actividades, entre ellas las de la producción de alimentos. Según un informe del Banco Mundial (2022) en 2050 las sequías podrían causar el 50 % de la pérdida de rendimiento en la producción de soja. En Argentina, según el último censo nacional agropecuario (INDEC, 2021), del total de cultivos que no fueron cosechados (12 % del total cultivado), el 37 % se debió a sequías y el 22 % a inundaciones, es decir, más del 50 % de los cultivos no cosechados a consecuencia de eventos climáticos. Junto con ello, al ser una región en vías de desarrollo sufrirá mayormente los costos de la crisis climática. Su dependencia con la producción agrícola, la falta de capital para adaptarse a dichos efectos y los niveles de pobreza harán que importantes sectores sean más vulnerables frente a ellos (López Feldman, 2015). En el caso de Argentina, si la crisis inflacionaria y la deuda externa continúan siendo un problema, se dificultará la disponibilidad de capital y el acceso a préstamos para la adaptación al cambio climático. Así, de seguir en la senda del actual gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público social y rechazar la ayuda de organismos internacionales para contener las crisis alimentarias, se pondrán más en vilo las posibilidades de enfrentar los efectos climáticos sobre los sistemas alimentarios (Soto Pimentel y Fajardo Carrillo, 2024).
Al considerar estos factores, el agronegocio se convierte en un sistema altamente contradictorio ya que, si bien produce alimentos, deteriora las condiciones que hacen posible su producción (Gliessman, 2015). A su vez, contribuye al calentamiento global y la recurrencia de eventos climáticos extremos que generan incertidumbre respecto a la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de los alimentos provistos por el sistema agroalimentario. Por lo tanto, es importante transformar los sistemas alimentarios para abordar la crisis climática y la seguridad alimentaria (UN Environment Programme, 2022). La agroecología, por ejemplo, ha adquirido visibilidad como un enfoque holístico y viable para dicho fin, pues se basa en la armonía entre la naturaleza y el bienestar de las comunidades (Wezel et al., 2020).
Dimensión de cuidados feminizados
La organización política y social de los cuidados (centrados en la asistencia alimentaria) son estrategias que reproducen el bienestar de las comunidades y son ejecutadas principalmente por mujeres en el ámbito doméstico y comunitario. Este tipo de cuidados no son remunerados en su mayoría6 y cumplen un rol esencial en la atención de las problemáticas de hambre y malnutrición (Díaz Lozano, 2020; Guelman, 2024; Rodríguez Enríquez, 2015).
Las poblaciones no solo enfrentan el hambre, sino también la malnutrición. Si se analiza como un fenómeno social, es un tipo de hambre oculta de fabricación humana y responde, en parte, al fenómeno de la globalización alimentaria. La cadena comercial dejó de lado las necesidades y preferencias locales para priorizar los intereses del mercado global. A esto se le suman las barreras que el agronegocio impone al cultivo, la producción y la distribución de alimentos (Merlinsky y Toledo, 2020; Rivera Ferre, 2011). Esto impacta la posibilidad de los hogares de proveer una alimentación sana y nutritiva. Cómo se analizó en la dimensión material, las familias no llegan a suplir sus necesidades alimenticias. Por esta razón, las comunidades han desarrollado estrategias locales de distribución y acceso a los alimentos para contrarrestar, en cierta medida, el hambre y la malnutrición.
Hace algunos años el Estado argentino implementó el Registro Nacional de Comedores y/o Merenderos Comunitarios (RENACOM), en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre. Es un registro federal de las estrategias comunitarias de atención alimentaria. Estos espacios se yuxtaponen y articulan las políticas alimentarias, en ocasiones insuficientes. El RENACOM da cuenta de un gran número de propuestas alternativas de producción y distribución de alimentos que se inscriben en los cuidados comunitarios (Boragnio y Piquinela Averbug, 2023).
Los cuidados comunitarios son trabajos (directos o indirectos) que se organizan colectivamente y de manera situada para atender las necesidades de las comunidades, como ollas, comedores y merenderos. Construyen modelos de gestión territorial ante la ausencia del Estado y es la infraestructura de la vida cotidiana. También se inscriben en la rama sociocomunitaria de la economía popular y son desarrollados por mujeres pobres, migrantes y racializadas. En el ámbito doméstico, está causado por la sobrerrepresentación de mujeres en este tipo de trabajos; la subordinación del modelo del varón asalariado; y las preocupaciones por la vida y su reproducción en un sentido amplio, que afecta los límites entre la producción y la reproducción (Batthyány et al., 2023; Guelman et al., 2021).
En Argentina, las estrategias comunitarias de asistencia alimentaria cumplen un rol fundamental en la implementación de este tipo de políticas. Existen ofertas de cuidado comunitario heterogéneas y con distintos grados de institucionalización. Estas estrategias se han vinculado a las políticas alimentarias de desarrollo social, mediante programas como Familias por la Inclusión Social y Ellas Hacen7. Las mujeres que llevan adelante los cuidados comunitarios, en su mayoría, atraviesan situaciones de vulnerabilidad social (Guelman, 2024; Zibecchi y Donatello, 2020).
Durante la pandemia del COVID-19 la sociedad argentina desplegó acciones comunitarias de asistencia alimentaria y estuvieron motivadas por el solidarismo, un valor religioso que surge de la satisfacción de ayudar a otras personas. Lo anterior muestra la relevancia de la dimensión “socio-religiosa” en las labores comunitarias. A su vez, reapareció un acumulado social, territorial y estatal de organizaciones sociales con mayor trayectoria. Estas estrategias lograron atender, en parte, los efectos sociales, psicológicos y corporales de un hambre agravada por las medidas de aislamiento social obligatorio (Boragnio, 2022; Guelman, 2024; Zibecchi y Donatello, 2020). El lazo social y de cuidado fueron fundamentales para enfrentar la emergencia sanitaria, especialmente la organización colectiva en ollas populares, comedores y merenderos, y con ello las tácticas de contención, acompañamiento y de cuidado de sí. En estos espacios se dieron prácticas sociocomunitarias en torno a la alimentación, la salud y lo socioafectivo e implicó la reconversión de las organizaciones y movimientos sociales y la transformación de sus agendas políticas en torno al cuidado comunitario (Roig y Blanco Esmoris, 2021).
Ahora, al igual que las alternativas agroecológicas de producción y distribución de alimentos, los espacios de cuidado comunitario atraviesan problemas de sostenibilidad por la falta de infraestructura y requieren de una articulación con el Estado para garantizar los servicios para su funcionamiento y que la comunidad sea el principal actor (Batthyány et al., 2023). Las fuentes primarias8 revelaron que algunos espacios de cuidados comunitarios, al no disponer de los recursos estatales suficientes para garantizar alimentos ricos en vitaminas y proteínas, traen el problema de la malnutrición al centro del debate, y con ello la necesidad de producir sus propios alimentos. En una de las ollas populares observadas, sus participantes armaron una huerta comunitaria. Si bien, lo producido no alcanzaba a cubrir la demanda de la cocina, se problematiza la necesidad de producir sus alimentos y lograr autonomía en el acceso a los recursos.
Además, en estos espacios se sabe que las estrategias solidarias entre vecinos, vecinas y negocios de cercanía no alcanzan. Según la coordinadora de la olla popular:
La realidad es que la olla tiene mucho aporte de los compañeros (...) A veces juntamos [dinero] entre nosotros y salimos a buscar la carne (...). Hacemos una rifa y con eso se va comprando. Es mucho rebusque, mucho compromiso. Estamos ahora contando con menos recursos que habíamos ganado territorialmente, con vinculaciones con organizaciones. Pero lamentablemente hoy no lo tenemos, porque no está llegando [del Estado] (Entrevista con la coordinadora de una olla popular, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de mayo de 2024).
La falta de intervención estatal fortalece y promueve formas autónomas de producción de alimentos, al alinearse con alternativas agroecológicas impulsadas por organizaciones y movimientos sociales.
La confluencia de la dimensión alimentaria en el cuidado comunitario adquirió relevancia antes de la pandemia del COVID-19. Los barrios se convirtieron en el escenario para resolver el sostenimiento de las familias y organizar el alimento mediante lazos y redes. En este panorama, son las mujeres de los sectores populares las que operativizan, gestionan y coordinan estas estrategias. Ellas desarrollan procesos de formación política y una articulación activa y propositiva a las tácticas de asistencia alimentaria de movimientos y organizaciones sociales. Es una relación de intercambio, conflicto y cooperación entre distintos actores por lo común y comunitario (Díaz Lozano, 2020; Guelman et al., 2024). Este tipo de disputas constituyen la “política de los comunes”, prácticas y perspectivas que fortalecen la solidaridad y cooperación social, que lleva a preguntarnos cómo se generan los recursos para que una vida merezca ser vivida y tenga las condiciones de posibilidad (Federici, 2020; Pérez Orozco, 2021).
En ese orden de ideas, es necesario reconocer a las mujeres como un actor político relevante en las estrategias de cuidados domésticos y comunitarios de atención alimentaria. En algunos escenarios disputan el derecho a vivir en dignidad desde: la materialidad de los territorios; la gestión de lo político; y la dimensión cultural y simbólica (Batthyány et al., 2023). Militan el cuidado y, en consecuencia, por el reconocimiento de la alimentación como un derecho, una corresponsabilidad social que exige la intervención del Estado y de la comunidad internacional (Zibecchi, 2022).
Integración de dimensiones
En el análisis de las cuatro dimensiones anteriores, se observa que no es posible comprender las crisis alimentarias y formular soluciones sin establecer interrelaciones entre diferentes factores que las condicionan y que exceden la búsqueda de mecanismos para incrementar la disponibilidad y acceso a los alimentos. En esta articulación multidimensional, se destaca al agronegocio como elemento común en la obstrucción de los caminos hacia la seguridad alimentaria. No solo porque no aprovecha su tecnología para priorizar el alimento humano (dimensión material), sino también porque su esquema productivo destruye las bases ecológicas para que este pueda crearse, incluso las de los modelos alternativos (dimensión ecológica).
A ello se suma cómo se distribuye el poder en la toma de decisiones sobre qué, cómo y quién debe producir comida (dimensión política): las corporaciones del agronegocio tienen mayor poder de decisión que organismos internacionales que elaboran estrategias para la seguridad alimentaria. A su vez, los gobiernos, con mayor o menor poder sobre sus economías, tienden a garantizar el funcionamiento de este modelo. Aunque los movimientos sociales agroecológicos o de la economía popular inciden en cómo gestionar sus sistemas alimentarios, su poder de decisión se ve reducido sin un apoyo gubernamental, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de sus innovaciones alimentarias a largo plazo.
Por último, no es posible comprender del todo los efectos del agronegocio sobre las crisis alimentarias sin problematizar la existencia de estrategias de cuidados comunitarios en sectores populares. Estos dan cuenta de la crisis alimentaria en uno de sus modos más extremos, cuando las personas no pueden proveerse la alimentación necesaria para subsistir. En esos espacios, el género produce desigualdades en la distribución del trabajo productivo y reproductivo y en la carga mental que significa no saber cómo alimentar a otros y otras.
Conclusiones
En este artículo se propuso una conceptualización de los sistemas alimentarios desde un enfoque sistémico, procesual y multidimensional que permitiera recoger el debate tradicional entre seguridad y soberanía alimentaria, su reactualización a partir del concepto de sistemas alimentarios y la relevancia de la crisis climática y el cuidado como factores que en la actualidad son cruciales para enfrentar el hambre.
Luego de analizar las dimensiones material y política de las crisis alimentarias, se abordó la ecológica y la de cuidados feminizados. Si se piensa en sistemas alimentarios sostenibles social, económica y ecológicamente, no se puede prescindir de estas dos dimensiones. Es necesario construir sistemas alimentarios que permitan la reproducción social, con formas productivas que aseguren condiciones laborales dignas para campesinas y campesinos, que no intoxiquen a las personas, y que beneficien la economía de los países. Para ello es fundamental preguntarse quién tiene el poder de decisión en las formas de producir, y darle voz y recursos a quienes promueven alternativas al agronegocio; terminar con el hambre requiere (re)establecer una relación armoniosa entre sistemas alimentarios y ecología, pues un modelo que se basa en su destrucción no hará más que acelerar el crecimiento del problema. También, aspirar a sistemas alimentarios sostenibles debería implicar que la ejecución de cuidados comunitarios liderados por mujeres no sea consecuencia de una necesidad, sino una opción a formas de vida alternativas. Es una mirada que invita a detenerse en las condiciones de los ecosistemas agrícolas y agropecuarios, y en las mujeres como sujetos centrales en la provisión de alimentos.
Las dimensiones trabajadas no deben verse de forma aislada y más si queremos fomentar lecturas articuladas y dar cuenta de sistemas alimentarios sostenibles. Esta visión pretende abordar la problemática de las crisis alimentarias en su totalidad y considera las condiciones que hacen posible la reproducción social y de los ecosistemas, en todo su conjunto. En este sentido, esta propuesta se alinea con aquellas que proponen un análisis urgente sobre las crisis alimentarias que desarme la hegemonía del agronegocio y desnaturalice la suficiencia del enfoque productivo de la seguridad alimentaria. Su inscripción capitalista implica la acumulación de riquezas y reproducción de inequidades que impactan en las condiciones de vida del campesinado y en la posibilidad de un desarrollo local que beneficie el bienestar de consumidores e incremente sus posibilidades de acceso (Gliessman, 2015). Las crisis alimentarias, irresolubles dentro del agronegocio, son contenidas en los sectores desfavorecidos por las mujeres, reproduciéndose las desigualdades de género. Junto con ello, la estructura de distribución de poder actual permite una alianza entre corporaciones alimentarias y sistemas políticos que impiden o desaniman la salida a las crisis alimentarias por la construcción de alternativas agroecológicas y comunitarias.
Para poner la vida y el bienestar en el centro de la trama alimentaria, es necesario realizar cambios estructurales en el sistema capitalista y reorientar nuestras relaciones con la naturaleza y entre nosotros. Según las fuentes documentales analizadas, es difícil concebir que un sistema alimentario sostenible pueda desarrollarse dentro de un esquema cuyo objetivo principal es la acumulación de capital y el enriquecimiento de una minoría, sin importar el costo social y ecológico. El acto humano de alimentarse y hacerlo de manera nutritiva nos lleva a considerar las condiciones que hacen posible la vida. Alcanzar una alimentación soberana y digna implica: la ecología, la autonomía de las comunidades locales, las estrategias agroecológicas de las organizaciones y movimientos sociales, el cuidado comunitario y el compromiso de actores gubernamentales e internacionales con los sistemas alimentarios sostenibles.
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