Ciénagas y conflictos socioambientales en el Magdalena Medio colombiano: las luchas colectivas de Fapamucan y Fedepesan en los municipios de Cantagallo y Barrancabermeja

Juan Camilo Delgado Gaona*

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 11 • enero-abril 2024 • pp. 102-124

https://doi.org/10.53010/nys11.05

Recibido: 23 de mayo de 2024 | Aceptado: 24 de septiembre de 2024

Resumen. El valle medio del río Magdalena se caracteriza por la extensión de sus complejos cenagosos, vitales para la subsistencia de las comunidades ribereñas. En este territorio anfibio convergen resistencias comunitarias en defensa de sus bienes naturales, frente al despojo, la apropiación y la degradación inherente a la economía extractiva impuesta en la región del Magdalena Medio. Las comunidades ribereñas, campesinas, afrocolombianas, de pescadoras y pescadores artesanales generan mecanismos de resistencia en medio de las conflictividades socioambientales, donde confluyen acciones de movilización, acciones jurídicas, incidencia política, redes de colaboración y acuerdos comunitarios, encaminados a la reivindicación colectiva de sus bienes naturales. Este artículo expone la experiencia de las luchas colectivas de la Federación Afrocolombiana de Pescadores Artesanales del Municipio de Cantagallo (Fapamucan) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan), en defensa de sus medios de subsistencia, especialmente las ciénagas Pajaral y San Silvestre en los municipios de Cantagallo y Barrancabermeja, respectivamente. Sus luchas se extienden en un contexto crítico en relación con las dinámicas del conflicto armado y la violencia contra las comunidades que resisten a la desposesión y la degradación ambiental de sus territorios.

Palabras clave: ciénagas, conflictos socioambientales, resistencias comunitarias, Fapamucan, Fedepesan.

Swamps and socio-environmental conflicts in the Colombian Magdalena Medio: the collective struggles of Fapamucan and Fedepesan in the municipalities of Cantagallo and Barrancabermeja

Abstract. The middle valley of the Magdalena River is characterized by the extension of its swamp complexes, vital for the subsistence of riparian communities. In this amphibious territory, community resistances converge to defend their natural assets against the dispossession, appropriation, and degradation inherent to the extractive economy imposed in the Magdalena Medio region. The riparian, peasant, and Afro-Colombian communities of artisanal fishermen and fisherwomen generate resistance mechanisms amid socio-environmental conflicts, where mobilization actions, legal actions, political incidence, collaboration networks, and community agreements converge, aimed at the collective vindication of their natural assets. This article presents the experience of collective struggles of the Afro-Colombian Federation of Artisanal Fishermen of the Municipality of Cantagallo (Fapamucan) and the Federation of Artisanal, Environmental, and Tourist Fishermen of the Department of Santander (Fedepesan) in defense of their livelihoods, especially the Pajaral and San Silvestre swamps in the municipalities of Cantagallo and Barrancabermeja, respectively. Their struggles take place in a critical context in relation to the dynamics of the armed conflict and violence against communities resisting the dispossession and environmental degradation of their territories.

Keywords: swamps, socio-environmental conflicts, community resistance, Fapamucan, Fedepesan.

Zonas úmidas e conflitos socioambientais no Magdalena médio colombiano: as lutas coletivas da Fapamucan e da Fedepesan nos municípios de Cantagallo e Barrancabermeja

Resumo. O vale médio do rio Magdalena é caracterizado pela extensão de seus complexos pantanosos, vitais para a subsistência das comunidades ribeirinhas. Nesse território anfíbio, as resistências comunitárias convergem em defesa de seus recursos naturais em face da desapropriação, apropriação e degradação inerentes à economia extrativista imposta na região do Magdalena médio. As comunidades costeiras, camponesas, afro-colombianas e de pescadoras e pescadores artesanais geram mecanismos de resistência em meio a conflitos socioambientais, nos quais convergem ações de mobilização, ações legais, defesa política, redes de colaboração e acordos comunitários, visando à reivindicação coletiva de seus recursos naturais. Este artigo apresenta a experiência das lutas coletivas da Federação Afro-Colombiana de Pescadores Artesanais do Município de Cantagallo (Fapamucan) e da Federação de Pescadores Artesanais, Ambientais e Turísticos do Departamento de Santander (Fedepesan), em defesa de seus meios de subsistência, especialmente as áreas pantanosas de Pajaral e San Silvestre nos municípios de Cantagallo e Barrancabermeja, respectivamente. Suas lutas estão ocorrendo em um contexto crítico com relação às dinâmicas de conflito armado e violência contra comunidades que resistem à desapropriação e à degradação ambiental de seus territórios.

Palavras-chave: zonas úmidas, conflitos socioambientais, resistência comunitária, Fapamucan, Fedepesan.

Introducción

La primarización de la economía en Colombia significó el despojo y la degradación de los bienes comunes naturales de comunidades locales, con el propósito de subsumirlos al régimen de producción capitalista. En este proceso, como señala Sabbatella (2010), la naturaleza se presenta como una fuerza productiva del capital y subordinada a la producción de plusvalía. Un proceso que es extensivo e intensivo al mismo tiempo. Extensivo, porque el capital se apropia de cada porción de la naturaleza, ampliando las fronteras extractivas; e intensivo, porque cada vez más requiere de bienes naturales para su incorporación como medios de producción (p. 74). La extensión del extractivismo originó contradicciones con formas comunitarias de organización y producción, lo que intensificó la injusticia ambiental y derivó en múltiples conflictividades socioambientales. Las comunidades inician procesos de resistencia en defensa del acceso a sus bienes naturales contra la racionalidad mercantil (Martínez-Alier, 2008, p. 15; Pérez-Rincón, 2014, p. 76).

Colombia es uno de los países con el mayor número de conflictos socioambientales a nivel global. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) (2023), en el país existen más de 160 conflictos socioambientales generados por megaproyectos minero-energéticos, agroindustriales e infraestructurales, que someten a las comunidades menos privilegiadas a injusticias ambientales. Las conflictividades se desenvuelven en las distintas fases de los proyectos (prospección, licenciamiento, construcción, operación, abandono); afectan distintos sectores poblacionales (comunidades rurales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, de pescadoras y pescadores artesanales, urbanas); y son agenciadas por empresas y gremios económicos nacionales y extranjeros. Frente a la depredación ambiental, las comunidades resisten, protestan y defienden sus bienes naturales. A través de sus luchas colectivas, exigen la protección de sus formas comunitarias de organización, la satisfacción de sus necesidades ecológicas para la vida y el reconocimiento de sus tradiciones e interrelaciones históricas con la naturaleza (Hincapié y López, 2016, p. 133; Martínez-Alier, 2008, p. 15; Pérez-Rincón, 2014, pp. 77-78).

Desde la década de los años ochenta, la reconfiguración del modelo de producción del país, inclinado hacia el extractivismo voraz, implicó un proceso violento de acumulación por desposesión, estrechamente asociado a la expansión paramilitar (Hincapié y López, 2016, pp. 133-139). De ese modo, se va constatando la relación indisoluble entre las conflictividades socioambientales y el conflicto armado interno, esencialmente en su periodo de recrudecimiento correspondiente a la imposición del modelo neoliberal. Las regiones en disputa donde se concentró la violencia armada enfrentaron transformaciones económicas, políticas, sociales y ambientales vinculadas a los procesos extractivistas. La resistencia comunitaria, considerada un obstáculo para la racionalidad económica homogeneizante, fue confrontada a sangre y fuego en un contexto de connivencia entre el aparato estatal y el paramilitarismo (Hincapié y López, 2016; Martínez, 2022). Así, Colombia se fue perfilando como uno de los países más peligrosos para la defensa de la naturaleza en el mundo. Tan solo entre 2019 y 2022, fueron asesinadas por lo menos 222 personas defensoras del ambiente, y las comunidades indígenas y afrocolombianas fueron las más impactadas por estos crímenes (Global Witness, 2020, pp. 20-23; 2021, p. 14; 2022, p. 12-13; 2023, p. 11).

La región del Magdalena Medio, ubicada en el corazón de Colombia entre las cordilleras Central y Oriental, es un territorio biodiverso y geoestratégico atravesado por el río Magdalena. Pasó de ser considerado un lugar inhóspito y selvático a transformarse, desde inicios del siglo XX, en un centro de la economía extractiva del país, en el que finalmente confluyen la producción y refinación de hidrocarburos, la agroindustria de la palma de aceite, el latifundismo ganadero y la explotación minera (Moreno y Zamora, 2012, p. 35; Vargas, 1997, p. 79). La presencia del Estado colombiano no representó un accionar integral sobre la región, sino que se dio de forma “selectiva y desarticulada”, orientada a favorecer los procesos privatizadores y los intereses de las economías extractivas con un evidente carácter militarista (Moreno y Zamora, 2012, p. 20). Como consecuencia, las relaciones entre las comunidades menos privilegiadas y el Estado se tornan conflictivas y contradictorias, legitimando desde mediados de la década de los años sesenta la presencia de las organizaciones insurgentes, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que concentran su accionar en subregiones no solo convenientes para la guerra de guerrillas, sino también en aquellas donde las brechas de la desigualdad social eran mucho más visibles.

A inicios de la década de los años ochenta, desde el sur de la región del Magdalena Medio se expande el proyecto paramilitar, paralelo al auge del narcotráfico. La ofensiva del paramilitarismo significó un periodo mucho más violento del despojo de los bienes naturales y un recrudecimiento del conflicto armado interno en la región. Los proyectos extractivos fueron extendiéndose y las dinámicas de la guerra absorbieron el sistema de complejos cenagosos conectados a través de caños, quebradas y ríos, utilizados como instrumentos de poder para el control territorial (Martínez y Porras, 2019). La organización comunitaria alrededor del agua se enfrentó a la irrupción de sus modos de subsistencia y tradiciones en un contexto demasiado complejo para la resistencia colectiva. A pesar de la estela de devastación provocada por la violencia social y ambiental, en la región del Magdalena Medio las comunidades ribereñas continuaron pescando mientras hubiese “ecosistemas resilientes” (Gutiérrez, 2016, p. 20), y cultivando, toda vez que los playones no estuviesen privatizados.

En este sentido, el principal objetivo de este artículo es destacar las recientes luchas colectivas de dos organizaciones de pescadoras y pescadores artesanales en defensa de sus bienes naturales en la región del Magdalena Medio: la Federación Afrocolombiana de Pescadores Artesanales del Municipio de Cantagallo (Fapamucan) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan), enfatizando en la defensa de las ciénagas Pajaral y San Silvestre en los municipios de Cantagallo y Barrancabermeja, respectivamente. Ambas organizaciones, frente a los impactos ambientales ocasionados por distintas actividades económicas, han generado mecanismos de resistencia en los que confluyen acciones colectivas de protesta (movilizaciones y bloqueos de vías), acciones jurídicas, incidencia institucional, redes de colaboración de carácter nacional e internacional, y acuerdos comunitarios para la conservación ambiental.

El artículo está estructurado en cinco apartados: inicialmente, se presentan algunos elementos históricos de las conflictividades y resistencias en la región del Magdalena Medio colombiano, destacando la situación de las comunidades ribereñas o anfibias. Posteriormente, se presenta, a través de algunas experiencias regionales, un contexto de las conflictividades y los mecanismos de resistencia comunitaria alrededor de los complejos cenagosos del valle medio del río Magdalena. En el tercer apartado, sobre la base de la experiencia adquirida a través de la articulación organizativa entre Fapamucan, Fedepesan y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), se exponen los aspectos más relevantes de las luchas colectivas de las dos organizaciones de base en defensa de las ciénagas Pajaral y San Silvestre, incluyendo su conectividad hídrica, cuya ubicación se observa en la Figura 1. En cuarto lugar, se señala la crítica situación de Derechos Humanos que enfrentan las dos organizaciones; y finalmente, se presentan las conclusiones.

Figura 1. Ubicación de las ciénagas Pajaral y San Silvestre en los municipios de Cantagallo y Barrancabermeja, Magdalena Medio colombiano. Fuente: elaboración propia a partir de datos abiertos del IGAC y Google Earth.

Metodología

La exposición del contexto histórico de las conflictividades socioambientales alrededor de las ciénagas en la región del Magdalena Medio y de las luchas colectivas de Fapamucan y Fedepesan en Cantagallo y Barrancabermeja, se realizó, en primer lugar, a partir de fuentes secundarias acerca de la relación entre las dinámicas del conflicto armado interno y los conflictos socioambientales, los procesos de resistencia comunitaria, la disputa violenta del extractivismo por el despojo y la apropiación de los complejos cenagosos en la región.

Posteriormente, con base en la articulación de Fapamucan y Fedepesan con la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), se presentan las luchas colectivas y los principales mecanismos de resistencia comunitaria de las federaciones de pescadoras y pescadores artesanales en defensa de sus bienes naturales y tradiciones. Fundamentalmente, el trabajo de campo corresponde al acompañamiento integral a estas organizaciones desde el año 2019, para el caso de Fapamucan y, desde el año 2021, para el caso de Fedepesan. El navegar ciénagas, quebradas y caños junto con estas organizaciones constituye la principal fuente de información con la cual acá se sintetizan sus luchas colectivas.

Magdalena Medio: región de conflictividades y resistencias

Desde el punto de vista geográfico, la región del Magdalena Medio se puede categorizar como un territorio centro y a la vez periférico de Colombia. Su extenso territorio abarca las dos riberas del río Magdalena en un trayecto de 400 kilómetros (aproximadamente) en el centro del país, desde La Dorada (Caldas) hasta Regidor (Bolívar)1. Su ubicación geoestratégica representa la conexión con distintas regiones del país y comprende municipios y subregiones de Cundinamarca (noroccidente), Caldas (nororiente), Boyacá (occidente), Antioquia (oriente), Santander (occidente), Bolívar (sur) y Cesar (sur). Por otra parte, al considerar el espacio existente entre los municipios ribereños y las ciudades capitales de los departamentos —e incluso entre corregimientos y centros urbanos, con geografías que dificultan la conexión2— el Magdalena Medio está conformado por las áreas periféricas de las conflictivas divisiones político-administrativas (Moreno y Zamora, 2012, p. 11; Narváez, 2010, p. 212; Uribe, 2023, p. 174).

Antes del denominado periodo de La Violencia en Colombia a mediados del siglo XX, no existía la distinción de la región del Magdalena Medio en el extenso valle del río. Ante la concentración de organizaciones armadas en la región durante la década de los años sesenta, el Estado colombiano, a través de sus fuerzas militares, dio origen a la denominación de Magdalena Medio con un propósito estratégico para su defensa en el terreno militar. Así, se crea la distinción de la región frente a las únicas que existían en el campo de la geografía: Bajo y Alto Magdalena (Moreno y Zamora, 2012, p. 13; Murillo, 1999, p. 43). El proceso histórico de configuración y reconfiguración de la región, entendido como un proceso dinámico y conflictivo, trajo consigo dimensiones económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales, que fueron enmarcando la identidad de sujetos colectivos que pertenecían a dicho territorio (Vargas, 1997, p. 78).

Más allá de la delimitación geográfica, el Magdalena Medio se concibe como un espacio regional producto de las contradicciones de las relaciones sociales de clase, que se intentó cohesionar a través de la violencia, los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo, lo que moldeó en su población una cultura de la rebeldía (Moreno y Zamora, 2012, pp. 10-13; Vargas, 1997, p. 80). La inserción del espacio y el trabajo a la depredación del capitalismo derivó en relaciones sociales conflictivas que fueron cimentando una sociedad caracterizada por la resistencia y la confrontación de distintas fuerzas que ven amenazadas sus formas de vida. Por ejemplo, la explotación de hidrocarburos y la expansión de la agroindustria se dio a la par del surgimiento de activas organizaciones sindicales. Ante la arremetida paramilitar y el despojo de la tierra, las comunidades campesinas fueron consolidando procesos organizativos de resistencia agraria. La región adquiere la dimensión de espacio de sociabilidad afín a lo comunitario y desde la periferia se va construyendo un refugio ante la violencia, que se defiende a través de las luchas sociales, un elemento clave para la configuración de su identidad regional (Moreno y Zamora, 2012, p. 18; Murillo, 1999, p. 44; Narváez, 2010, p. 225; Pita, 2016, p. 70; Vargas, 1997, p. 78).

Desde el periodo colonial hasta mediados del siglo XX, el proceso de colonización en la región fue “lento y disperso” (Murillo, 1999, p. 43). Progresivamente, el Magdalena Medio va constituyéndose en un centro de la explotación capitalista en Colombia, experimentando un auge migratorio a mediados del siglo pasado motivado por diversos factores. De acuerdo con Moreno y Zamora (2012), la colonización (reciente) de la región es impulsada por cuatro fenómenos. Primero, la industrialización capitalista agenciada por empresas petroleras, mineras y palmeras, que requieren de fuerza de trabajo barata. Segundo, el poder terrateniente agenciado por capitalistas, ganaderos y narcotraficantes, que permiten un acceso menos conflictivo a nuevas relaciones de producción capitalista, contribuyendo además en el proceso de proletarización del campesinado. Tercero, la expropiación y el desplazamiento del campesinado en otros lugares del país, que manifiesta el ciclo “colonización-expropiación-migración-colonización”. Cuarto, el repoblamiento de territorios considerados una amenaza para el proyecto económico del paramilitarismo, donde se llevaron a cabo exterminios sistemáticos de la población (pp. 14-16).

La inserción cada vez más extendida y violenta de formas de producción capitalista en la región generó contradicciones con actores que se opusieron a desistir de sus formas comunitarias de organización, donde prevalecían las actividades productivas de subsistencia como la agricultura a pequeña escala y la pesca artesanal. Mucho antes de la denominada colonización reciente del siglo XX, cuando en la región aún habitaban etnias indígenas como los yariguíes y guamocoes, la huida colectiva de esclavos cimarrones desde la región Caribe produjo el establecimiento de palenques en la serranía de San Lucas. Progresivamente, comunidades negras fueron asentándose en las márgenes del río Magdalena y para mediados del siglo XIX, análogas a las ya reducidas comunidades indígenas, ejercieron la economía de subsistencia (Murillo, 1999, pp. 46-47). Las comunidades ribereñas asentadas en la llanura del río Magdalena forjaron lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura anfibia producto de las relaciones socioecológicas con ríos, quebradas, caños, ciénagas y playones (Garzón y Gutiérrez, 2014, p. 102; Murillo, 1999, p. 47). Con los procesos migratorios más recientes, la región albergó comunidades negras de las regiones Pacífico y Caribe, muchas de origen rural, que continuó reproduciendo y transmitiendo a otros sectores prácticas comunitarias arraigadas (Pita, 2016, p. 71).

Ante las reconfiguraciones de las formas de producción en la región del Magdalena Medio, que afianzaron las desigualdades sociales propias del sistema económico capitalista, las interrelaciones históricas de las comunidades ribereñas con su entorno biofísico se vieron negativamente impactadas. La resistencia comunitaria al proceso de acumulación por desposesión implicó dos fenómenos que aún se perpetúan en la región. Por un lado, la violencia ejercida por el Estado colombiano y el paramilitarismo desplazaron y exterminaron comunidades enteras para que sus bienes naturales comunes se categorizaran como recursos3, y así terminaran inmersos en la lógica de acumulación del capital. Por el otro, aquellas comunidades que lograron, a través de sus luchas colectivas, conservar sus bienes naturales y su economía de subsistencia, fueron desplazadas gradualmente por la extensión de la degradación ambiental ocasionada por el extractivismo. Frente a la imposibilidad de continuar subsistiendo como antes, estas comunidades se ven inmersas en la mercantilización de su fuerza de trabajo.

Además, el continuo deterioro de los bienes naturales comunes pone en riesgo la protección y transmisión de saberes, oficios, tradiciones y creencias de las comunidades ribereñas (Uribe, 2023, p. 179). Ese patrimonio cultural que demostró manifestarse constantemente a pesar de los airados intentos de subsumirlo todo al extractivismo, bajo una perspectiva homogeneizadora que pretendió arrasar con la diversidad étnica de la región (Pita, 2016, pp. 67-74). Las tierras fueron expropiadas y la subienda4 deja de representar la posibilidad de una vida digna para las comunidades ribereñas (Narváez, 2010, p. 224). Frente a los procesos de expropiación y degradación ambiental, campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores artesanales, se enfrentan al fenómeno de formación de un proletariado que encuentra una forma de subsistencia en las actividades económicas dominantes de la región. No obstante, comúnmente son empleos temporales que, una vez finalizados, acrecientan el ejército de reserva de trabajadoras y trabajadores desempleados y despojados de sus antiguas formas tradicionales y comunitarias de producción (Uribe, 2023, p. 182; Moreno y Zamora, 2012, p. 20). Entretanto, aquellas comunidades que aún resisten al despojo de sus bienes naturales se ven inmersas en conflictividades socioambientales que se agudizan en un contexto de violencia armada.

Ciénagas en la región del Magdalena Medio: territorios anfibios en disputa

En la llanura aluvial de la cuenca media del río Magdalena, existen un poco más de 200 ciénagas que representan una gran importancia socioecológica para la región. Entre sus múltiples servicios ecosistémicos, se destacan el abastecimiento de agua para consumo humano, la regulación de inundaciones, la recarga y descarga de acuíferos, el hábitat de una gran variedad de fauna y flora, el abastecimiento de alimentos especialmente a través del aprovechamiento de la fauna íctica, y beneficios no materiales, que están relacionados con el aspecto cultural de las comunidades que establecen formas de organización y adaptación alrededor de estos ecosistemas. Las comunidades ribereñas que habitan los territorios anfibios establecen un sistema de adaptación a partir del uso de los servicios ecosistémicos de las ciénagas, junto con sus quebradas, caños y playones (Garzón y Gutiérrez, 2013, p. 16-20; 2014, p. 113).

Los territorios anfibios que, de acuerdo con Gutiérrez (2016), también podrían denominarse “acuatorios”, son considerados espacios donde se establecen relaciones simbólicas y productivas, “determinados por la coevolución y adaptación de sistemas bioculturales anfibios, donde pescadores artesanales y poblaciones ribereñas han orientado el reconocimiento de la necesaria conectividad funcional del agua como soporte vital de especies y ecosistemas” (p. 20). Allí, se establecen sistemas productivos que alternan la pesca artesanal con la agricultura, como parte de la interrelación entre el agua y la tierra. La pesca en las ciénagas, como en otros ecosistemas, no distingue las divisiones político-administrativas de los municipios y departamentos. Son bienes comunes en los que normalmente se establecen acuerdos entre las comunidades ribereñas para que el aprovechamiento no implique su degradación (Garzón y Gutiérrez, 2014, p. 102; Gutiérrez, 2016, p. 20). Sin embargo, cada vez son más sistemáticos los patrones de degradación ambiental de estos importantes ecosistemas, cercados por las actividades extractivas.

Garzón y Gutiérrez (2013) exponen en su libro Deterioro de humedales en el Magdalena Medio los impulsores de la pérdida de biodiversidad en estos ecosistemas. Se destacan la ganadería extensiva —incluyendo ganadería bufalina—, la producción agroindustrial, la explotación minera, la producción de hidrocarburos, la construcción y operación de hidroeléctricas, y la expansión urbana —incluyendo grandes proyectos infraestructurales—. Entre los distintos impactos ambientales de estas actividades están la pérdida de coberturas vegetales, la alteración de la calidad fisicoquímica y biológica del agua, la ocupación de planicies inundables, la alteración hidromorfológica de afluentes, la disminución de la disponibilidad de agua, la eutrofización y sedimentación de humedales, la afectación de los procesos migratorios y el hábitat de desove de la fauna íctica, la bioacumulación de contaminantes en la fauna acuática, y en general, la pérdida de la funcionalidad ecosistémica. A lo anterior se suman los efectos del calentamiento global antropogénico. Si bien, antaño las comunidades ribereñas estaban asociadas a las dinámicas del agua, las inundaciones y las sequías; actualmente, estos fenómenos alterados drásticamente representan una crítica situación para la adaptabilidad comunitaria (Garzón y Gutiérrez, 2014, p. 102).

Las contradicciones entre las comunidades ribereñas y los actores que extienden actividades extractivas u otras inmersas en las dinámicas del conflicto armado alrededor de las ciénagas son causa de complejas conflictividades socioambientales en el Magdalena Medio. Mencionar algunas experiencias permite un acercamiento a la situación de la región. En Barrancabermeja, se destaca la resistencia de la Asociación de Pescadores, Acuicultores y Afrodescendientes de El Llanito (Apall) en defensa de la ciénaga El Llanito, escenario de múltiples confrontaciones y relaciones de poder, donde confluyen los impactos ambientales generados por la extensión de la ganadería, la producción de hidrocarburos a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y, recientemente, la alteración del caudal del río Sogamoso —considerando la conectividad hídrica entre el río y la ciénaga— tras la construcción de la hidroeléctrica operada por la empresa Isagen, mayoritariamente de capital canadiense. En el año 2009, uno de sus principales líderes, Luis Alberto Arango Crespo, “Lucho”, como era conocido en su territorio, fue asesinado por el grupo narcoparamilitar Los Rastrojos5 (Martínez y Porras, 2019). Lucho era considerado uno de los pescadores más representativos de la región del Magdalena Medio. Se comprometió con la defensa de la pesca artesanal y la ciénaga El Llanito, para lo cual promovió acuerdos comunitarios que prohibían técnicas ilícitas de pesca, especialmente el trasmallo. Sus acciones constituyeron un obstáculo para la fluidez de las rutas acuáticas de Los Rastrojos.

En la subregión del Sur de Bolívar, se destacan experiencias en los municipios de Simití y Cantagallo. En Simití, la comunidad campesina, y de pescadoras y pescadores artesanales del corregimiento El Garzal resistieron a los intentos de expropiación de sus tierras y humedales por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a inicios de los años 2000, y más adelante, frente a los intereses de ocupación de empresas palmicultoras (Plata y Cáceres, 2015). Hasta el año 2023, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) declaró como bien de uso público más de cinco mil hectáreas del complejo cenagoso El Garzal, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en el año 20216, para el desarrollo de la agricultura y la pesca en beneficio de las familias campesinas del corregimiento (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2023, p. 41). En Cantagallo, la ciénaga San Lorenzo es uno de los bienes naturales de mayor conservación comunitaria en el municipio. Allí, donde a menos de setecientos metros del espejo de agua se intentó consolidar la producción de hidrocarburos a través de la prospección del pozo Yanacue-27, el proceso organizativo del corregimiento ejerce la protección de la ciénaga ante cualquier factor externo que represente un riesgo para la subsistencia comunitaria. Useche-Aldana et al. (2021) distinguen la importante labor de las mujeres en la conservación de la ciénaga San Lorenzo, “por cuanto producen, reproducen y conservan la vida a través del cuidado y la protección de la ciénaga” (p. 210).

En el municipio de Puerto Boyacá8, desde hace más de cincuenta décadas, la ciénaga de Palagua viene padeciendo los impactos ambientales negativos de la explotación de hidrocarburos. La degradación de la ciénaga involucra, en periodos distintos, la responsabilidad de las empresas petroleras Texas Petroleum Company (Texaco) (capital estadounidense), Ecopetrol y Mansarovar Energy (capital indochino). A inicios de la década de los años ochenta, Texaco intentó biorremediar con una especie invasora de planta acuática conocida en la región como tarulla (Eichhornia crassipes), la crisis ecológica derivada de sistemáticos derrames de crudo y vertimientos sin ningún tipo de tratamiento sobre la ciénaga y sus afluentes. La tarulla rápidamente se extendió en la ciénaga y agudizó el desequilibrio ecológico tras la disminución del oxígeno disuelto en el agua. Ante la muerte masiva de especies, desde finales de los años ochenta, se levantaron las voces de protesta y, para inicios de los años noventa, comunidades campesinas y pescadoras artesanales iniciaron acciones jurídicas en defensa de la ciénaga de Palagua. En los últimos años, luego de avances y retrocesos en los procesos por la justicia ambiental, mujeres del municipio conducen un proceso de resistencia y organización comunitaria por la permanencia en el territorio, contra la hegemonía del petrodesarrollo y la recuperación de la ciénaga (Nourani, Roa y Grajales, 2023).

En la subregión del Sur del Cesar, fueron asesinados en febrero del año 2022, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dirigentes de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes (CISBCSC), quienes tenían un acumulado histórico de luchas por el acceso a la tierra y en defensa del campesinado agrominero de la serranía de San Lucas. El crimen ocurrió en el corregimiento de Puerto Oculto, municipio de San Martín, desde donde acompañaban procesos de recuperación de tierras, protección de ciénagas, y resistencia ante el latifundismo ganadero y agroindustrial (Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, 2022, pp. 67-70). Según la comunidad, el crimen fue “anunciado, advertido, prevenible y evitable” (Funtramiexco, 2022), como el de muchos otros y otras lideresas sociales y ambientales, al igual que el ecocidio de ciénagas de la región del Magdalena Medio.

Las luchas colectivas de Fapamucan y Fedepesan en defensa de sus bienes naturales

El municipio de Cantagallo, ubicado en la subregión del Sur de Bolívar, tiene un poco más de ocho mil habitantes y un vasto complejo cenagoso entre la serranía de San Lucas y el río Magdalena, atravesado por el río Cimitarra. Entre las ciénagas que conforman el complejo cenagoso están San Lorenzo, Los Coroncoros, La Cantagallera y Pajaral —o lo poco que queda de esta última tras el daño ambiental ocasionado por un particular—. En este territorio confluyen comunidades campesinas y de pescadoras y pescadores artesanales, junto con propietarios de tierras que extienden los monocultivos de palma de aceite y la ganadería bufalina sobre los playones, las rondas hídricas y los espejos de agua, desplazando cada vez más a las comunidades cuyas formas de vida contrastan con las actividades extractivas (Credhos, 2021). A estas actividades se suman la explotación minera y los monocultivos de uso ilícito en la serranía de San Lucas, y la producción de hidrocarburos en el campo Yariguí-Cantagallo, que se extiende hasta el municipio de Puerto Wilches (Santander), a cargo de Ecopetrol.

En Barrancabermeja, municipio que adquiere importancia regional y nacional al configurarse como centro de la explotación petrolífera del país a inicios del siglo XX, se encuentran dieciséis ciénagas, incluyendo la de San Silvestre (Garzón y Gutiérrez, 2013, p. 17; Moreno y Zamora, 2011, p. 18). Este bien natural reviste gran importancia por sus servicios ecosistémicos, destacando la disponibilidad de agua para la captación, el tratamiento y la distribución para más de doscientas mil personas en el casco urbano del municipio. En el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Humedal San Silvestre convergen múltiples impactos ambientales negativos como consecuencia de la producción de hidrocarburos, la ganadería extensiva, los monocultivos de palma de aceite, la expansión urbana, la ocupación clasista de sus rondas hídricas, la operación de rellenos sanitarios, y la descarga de lodos producto del proceso de tratamiento del agua en la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas de Barrancabermeja. Además, desde el año 2023, pescadoras y pescadores han alertado de la presencia de especies introducidas ilegalmente, como el tucunaré (Cichla sp.), asociadas a la pesca deportiva.

Por su parte, el Decreto 1076 de 2015 define el Distrito de Manejo Integrado como un espacio geográfico “en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015, pp. 138-139). En el caso de la ciénaga San Silvestre, la entidad encargada de la administración del DRMI es la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). No obstante, como afirman Gómez, Rodríguez y Henao (2022), este tipo de instrumentos son en últimas definidos por técnicos que imponen las intenciones distributivas del Estado. Se lleva a cabo una “planeación del territorio conforme a lógicas de usos posibles, restringidos y prohibidos en su interior, que en su gran mayoría desconoce las expectativas comunitarias” (p. 101). Además, no representan un obstáculo inamovible para los intereses de los actores económicos dominantes en el territorio, tal como ocurrió con la sustracción de un área del DRMI por parte de la CAS para la construcción y operación de un relleno sanitario en la vereda Patio Bonito.

A diferencia de la escalonada degradación de la ciénaga San Silvestre durante décadas, en el municipio de Cantagallo, la ciénaga Pajaral perdió su funcionalidad ecosistémica en menos de cinco años. En Colombia, los territorios anfibios constituyen una problemática para la expansión de determinadas actividades económicas que requieren la desecación de las ciénagas. Para ello, bajo la mirada cómplice de instituciones del Estado colombiano, se privatizan y adecuan tierras para la alteración hidromorfológica y favorecer la sedimentación de los espejos de agua (Boelens et al., 2021, p. 464). Esto ocurrió con la ciénaga Pajaral. En el año 2017, un propietario de tierras, infringiendo la normatividad ambiental colombiana, intentó expandir un monocultivo de palma de aceite sobre la ronda hídrica occidental del río Cimitarra colindante con la ciénaga, para lo cual deforestó e inició labores de adecuación del terreno con maquinaria pesada. Ante la ausencia de un área de rectificación del flujo hídrico, en la temporada climática de lluvias, el aumento del caudal del río Cimitarra generó la apertura de canales que conectaron con la ciénaga Pajaral, iniciando así un acelerado proceso de sedimentación.

La expansión de los monocultivos de palma de aceite en municipios como Cantagallo, donde no se evidencia la presencia de alguna gran empresa palmera, por lo menos en áreas de humedales, responde a un fenómeno. Con el fin de evitar los riesgos y las responsabilidades que implican las grandes plantaciones, las empresas palmeras consideraron viable establecer alianzas con particulares para la comercialización del fruto, y así trasladar los costos de la siembra y el mantenimiento de las plantaciones, las amenazas en la ineficiencia de la producción ante plagas y factores meteorológicos, la responsabilidad de la creación de derechos de propiedad, el pago de obligaciones crediticias y el cumplimiento de la normatividad ambiental (Indepaz, 2013, p. 17; Moreno y Zamora, 2012, p. 35), tal como ocurrió en la ciénaga Pajaral, donde el monocultivo se extendió en un área de especial protección ecológica. Desde el inicio del daño ambiental sobre la ronda hídrica del río Cimitarra, la Federación Afrocolombiana de Pescadores Artesanales del Municipio de Cantagallo (Fapamucan) inició su lucha colectiva en defensa de la ciénaga.

En el caso de la ciénaga San Silvestre, su defensa no se limita a las acciones colectivas de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan). A inicios de la década de los años ochenta, en medio de una crisis de disponibilidad y calidad del agua potable, la Coordinadora Popular de Barrancabermeja ubicó como un aspecto central de su plataforma de lucha la protección de la ciénaga San Silvestre, al alertar la responsabilidad de Ecopetrol en la contaminación del espejo de agua y organizó un paro cívico el 13 de abril de 1983 (Delgado, 2023). Desde entonces, distintas organizaciones —de manera conjunta y en periodos distintos— han llevado a cabo acciones en defensa de la ciénaga, presentándose graves violaciones a los Derechos Humanos contra quienes denuncian las causas de la degradación ambiental. Entre los casos más críticos, se destaca el conflicto que inició hace un poco menos de diez años a consecuencia del licenciamiento, construcción y operación de un relleno sanitario en la vereda Patio Bonito, que en el año 2019 fue adquirido por la multinacional francesa Veolia. El vertimiento de lixiviados en afluentes de la ciénaga San Silvestre significó el despliegue de acciones colectivas por parte de liderazgos sociales, organizaciones y comunidades que enfrentaron persecución, amenazas contra su integridad física, intentos de judicialización y, en el caso del médico pediatra Yesid Blanco, el exilio en Estados Unidos9 (Global Witness, 2023, pp. 48-51).

Tanto Fedepesan en Barrancabermeja como Fapamucan en Cantagallo han generado distintos mecanismos y estrategias de resistencia en defensa de sus bienes naturales comunes que incluyen acciones colectivas de protesta (movilizaciones y bloqueos), acciones jurídicas, incidencia institucional, estudios técnicos, redes de colaboración (a nivel nacional e internacional) y visibilización constante de los daños ambientales. Desde el inicio de las afectaciones sobre la ciénaga Pajaral, Fapamucan alertó al establecer acciones conjuntas con la Alcaldía Municipal de Cantagallo y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) para la pronta intervención de la problemática. Ante la inoperancia de las dos entidades territoriales, en el año 2019, a través del acompañamiento y la representación jurídica de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), Fapamucan interpuso una acción popular en defensa de sus derechos colectivos.

Dos aspectos se destacan del proceso jurídico. Por un lado, un racismo ambiental que se evidenció tras la omisión de las entidades territoriales, en este caso la CSB que, tras solicitársele desde un juzgado la elaboración de un estudio técnico que determinara la afectación de la ciénaga Pajaral, elemento necesario para continuar con el proceso, aludió (durante un largo periodo de tiempo) a las dificultades de seguridad y de personal técnico idóneo para su desarrollo. Sin embargo, ante la solicitud de Ecopetrol, la entidad hizo presencia en el municipio, como denunciaron las comunidades afrocolombianas de pescadoras y pescadores artesanales. Por otra parte, las relaciones de poder influyeron en el proceso, toda vez que, durante el periodo 2020-2023 la administración de la Alcaldía Municipal de Cantagallo quedó a cargo de un hijo del propietario de tierras que ocasionó el daño ambiental en la ciénaga. A inicios del año 2024, luego de un largo proceso de idas y venidas de casi cinco años, acciones de movilización, incidencia institucional y seguimiento técnico, Fapamucan obtuvo la sentencia en segunda instancia de la acción popular10, cuando la sedimentación del espejo de agua de la ciénaga era superior al 80 %11.

Regresando a Barrancabermeja, en el año 2018, inició el proceso de consolidación de Fedepesan con el propósito de potenciar las acciones en defensa de la pesca artesanal y sus bienes naturales, incluyendo la ciénaga San Silvestre. Su labor permitió extender en la opinión pública la crítica situación que enfrentan las comunidades de pescadoras y pescadores artesanales en el municipio. Las denuncias por la alteración de la calidad del agua en áreas dedicadas a la pesca artesanal se convirtieron en una alerta permanente de la amenaza a la subsistencia alimentaria y a las formas tradicionales de relación comunitaria con sus bienes naturales. Igualmente, la ocupación de rondas hídricas por parte de propietarios de tierras y el uso de la violencia para impedir el estacionamiento temporal de las y los pescadores, avivó el conflicto alrededor de las rondas hídricas del municipio y su papel como áreas de protección “inalienables e imprescriptibles del Estado” (República de Colombia, 1974). Además, Fedepesan asumió la protección del manatí (Trichechus manatus) como un acto de responsabilidad social con una especie en peligro, cuyo hábitat padece la degradación ambiental producida por múltiples factores que no son intervenidos efectivamente por las autoridades ambientales territoriales, ya sea por su connivencia, por ejemplo, con los intereses empresariales, o por la omisión de sus funciones12.

Comúnmente, Fedepesan está denunciando las afectaciones ambientales sobre la ciénaga San Silvestre y su conectividad hídrica evidenciadas en su monitoreo comunitario, que se fortalece con el acompañamiento técnico de Credhos (Fedepesan y Credhos, 2023). Han realizado bloqueos de vías, especialmente dentro del campo de producción de hidrocarburos El Llanito a cargo de Ecopetrol, donde se ubican importantes áreas dedicadas a la pesca de subsistencia. De igual manera, han llevado a cabo plantones y movilizaciones por las calles de Barrancabermeja exigiendo garantías de seguridad para la permanencia en el territorio y la conservación de los ecosistemas acuáticos, considerados indispensables no solo para la sostenibilidad de las comunidades de pescadoras y pescadores artesanales, “sino también para el buen vivir de comunidades enteras que aprovechan sus servicios ecosistémicos” (Fedepesan y Credhos, 2022). En las acciones colectivas de protesta de Fedepesan normalmente se manifiestan los símbolos de su entorno social: se levanta el canalete o se extiende la atarraya. En algunos casos, estas acciones resultan en la instalación de mesas de diálogo con instituciones estatales y empresas, en las que reiteradamente se exige el reconocimiento de las comunidades de pescadoras y pescadores artesanales en la toma de decisiones concernientes a la gestión ambiental del territorio, como un rechazo a la marginalización que enfrentan.

En la tabla 1, se exponen las principales acciones de Fapamucan y Fedepesan en defensa de las ciénagas Pajaral y San Silvestre en los municipios de Cantagallo y Barrancabermeja, respectivamente, incluyendo sus afluentes y efluentes.

Organización

Principales acciones

Año(s)

Tipo de mecanismo

Alerta del impacto ambiental ante entidades estatales

Desde 2017

Visibilización

Articulación con la Corporación Credhos

Desde 2018

Redes de apoyo

Derechos de petición y oficios a entidades estatales

Desde 2018

Jurídico

Acción popular en defensa de los derechos e intereses colectivos

Desde 2019

Jurídico

Informes técnicos de visitas de inspección ocular y análisis multitemporal de imágenes satelitales

Desde 2019

Técnico

Espacios de diálogo interinstitucionales

Desde 2019

Incidencia

Comunicados públicos

Desde 2021

Visibilización

Acciones urgentes por la protección de los complejos cenagosos y la permanencia en el territorio

Desde 2021

Jurídico - Incidencia

Ampliación de denuncia por daños en recursos naturales ante la Fiscalía General de la Nación

2021

Jurídico

Movilización en el municipio de Cantagallo en defensa de la ciénaga

2021

Acción de protesta

Encuentros Regionales de Pescadoras y Pescadores Artesanales y Afrocolombianos

2022 - 2023

Redes de apoyo

Denuncias públicas por afectaciones ambientales

Desde 2019

Visibilización

Derechos de petición y oficios a entidades estatales

Desde 2019

Jurídico

Mesas de diálogo interinstitucionales

Desde 2019

Incidencia

Acciones para la conservación del manatí

Desde 2019

Acuerdo comunitario

Bloqueos y mítines

Desde 2019

Acción de protesta

Seguimiento y control a proyectos y licitaciones de intervención ambiental en la ciénaga

Desde 2020

Visibilización – Incidencia

Articulación con la Corporación Credhos

Desde 2021

Redes de apoyo

Movilización de pescadoras y pescadores artesanales por la defensa de la vida y la permanencia en el territorio

2022

Acción de protesta

Encuentros Regionales de Pescadoras y Pescadores Artesanales y Afrocolombianos

2022 - 2023

Redes de apoyo

Acción urgente por la defensa de los derechos e intereses colectivos

2024

Jurídico - Incidencia

Acción popular en defensa de los derechos e intereses colectivos

2024

Jurídico

Tabla 1. Principales acciones de Fapamucan y Fedepesan en defensa de las ciénagas Pajaral y San Silvestre. Fuente: elaboración propia a partir del acompañamiento y articulación con las federaciones de pescadoras y pescadores artesanales.

Violencia armada y vulneración de derechos colectivos

Ambas conflictividades originadas ante la contraposición de intereses alrededor de las ciénagas Pajaral y San Silvestre se desenvuelven en un contexto de violaciones a los Derechos Humanos de quienes las defienden. Los hechos victimizantes enmarcados en la violencia armada se han concentrado contra Fedepesan. Debido a que su capacidad organizativa y movilizadora significó un obstáculo para intereses particulares y empresariales, la junta directiva de la organización, en la que se destaca el liderazgo de las mujeres, ha enfrentado estigmatizaciones, señalamientos, amenazas, robos de motores y canoas, así como atentados contra la integridad física de sus integrantes. En más de una ocasión, la organización ha sido amenazada por grupos herederos del paramilitarismo, quienes posterior a la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el año 2016, establecieron un amplio control territorial, económico y militar en la región del Magdalena Medio, cooptando áreas estratégicas de la región sin ninguna resistencia por parte de las fuerzas militares del Estado colombiano.

En una ocasión, varios integrantes de la junta directiva de Fedepesan fueron atacados con arma de fuego mientras se encontraban sobre una canoa inspeccionando afectaciones ambientales en el caño San Silvestre. Su presidenta y representante legal ha sufrido tres atentados contra su integridad física, sumado a constantes señalamientos y amenazas. El núcleo familiar del secretario de la junta directiva ha sido víctima en más de una ocasión del robo de motores de canoas y una vez su compañera e hijo fueron sometidos por hombres armados, luego de que irrumpieran violentamente su vivienda a orillas de la ciénaga San Silvestre, solicitando información del secretario de Fedepesan. Varios hechos victimizantes contra la organización ocurrieron posterior al desarrollo de acciones de visibilización y denuncia ante la comunidad internacional (Fedepesan, Credhos y Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial, 2022).

Por otro lado, Fapamucan enfrentó la estigmatización y la marginación de la Administración Municipal de Cantagallo, especialmente entre los años 2020 y 2023, considerando la relación directa por consanguineidad entre el alcalde del municipio y el responsable de los daños ambientales sobre la ronda hídrica del río Cimitarra. Sin embargo, el acelerado proceso de sedimentación de la ciénaga Pajaral y, posteriormente, las conflictividades originadas por la apropiación de las áreas sedimentadas, significaron la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades ante: la imposibilidad del establecimiento de cultivos de pancoger en determinadas áreas del corregimiento debido a las inundaciones ocasionadas por la alteración hídrica; la disminución de los servicios ecosistémicos proporcionados por la ciénaga, lo cual impactó en la subsistencia económica y alimenticia a través de la pesca; la necesidad de buscar otras de fuentes de sobrevivencia alejadas de las formas de organización comunitaria alrededor de la pesca y la agricultura; el inminente desplazamiento debido a la agudización de las inundaciones y la extensión de las propiedades en áreas sedimentadas; y en general, la falta de garantías para la permanencia en el territorio y la posibilidad de continuar transmitiendo sus tradiciones.

Conclusiones

La heterogénea, biodiversa y geoestratégica región conocida como Magdalena Medio, entre las cordilleras Central y Oriental de Colombia, es el escenario de complejas conflictividades socioambientales estrechamente asociadas al conflicto armado interno. La extensión de los proyectos extractivos y la integración de los complejos cenagosos a las dinámicas de la guerra, contrastan con formas de organización comunitaria que han establecido interrelaciones históricas con su territorio, basadas en la reivindicación colectiva de sus bienes naturales comunes. Aunque la imposición del modelo neoliberal implicó una reconfiguración de las relaciones de producción en la región, paralela al recrudecimiento del conflicto armado a finales del siglo XX, comunidades ribereñas todavía se resisten a abandonar sus modos de vida y, en medio de un contexto determinado por la violencia social y ambiental, generan mecanismos de resistencia comunitaria para la defensa de sus bienes naturales.

En ese sentido, al igual que otras organizaciones de base, Fapamucan en Cantagallo y Fedepesan en Barrancabermeja, llevan a cabo acciones colectivas para la defensa de las ciénagas Pajaral y San Silvestre, frente a los intereses de las actividades económicas dominantes en la región, en particular, la explotación de hidrocarburos, la agroindustria, la ganadería extensiva y los proyectos infraestructurales. En los mecanismos de resistencia de ambas organizaciones confluyen las acciones de protesta —donde se manifiesta su simbología—, las acciones jurídicas, la incidencia institucional, el establecimiento de redes de colaboración y los acuerdos comunitarios. En Cantagallo, el conflicto existente derivó de la sedimentación de la ciénaga Pajaral a causa de la extensión de monocultivos de palma de aceite y, posteriormente, la ocupación para el desarrollo de ganadería bufalina. En Barrancabermeja, la ciénaga San Silvestre enfrenta múltiples impactos ambientales que ponen en riesgo la subsistencia de las comunidades de pescadoras y pescadores artesanales, así como el abastecimiento de agua para más de doscientas mil personas.

Las luchas de Fapamucan y Fedepesan en defensa de sus bienes naturales comunes se desenvuelven en un contexto de violencia armada que ha significado violaciones a los Derechos Humanos de sus integrantes, sumado a la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades afrocolombianas y de pescadoras y pescadores artesanales de los municipios de Cantagallo y Barrancabermeja. A pesar de los señalamientos, las estigmatizaciones, las amenazas y los atentados contra la integridad física, las organizaciones de base siguen resistiendo a través de sus mecanismos comunitarios, por la protección del agua, los complejos cenagosos, la pesca artesanal y sus tradiciones.

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    * Ingeniero Ambiental y de Saneamiento. Defensor de Derechos Humanos. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Últimas publicaciones: Delgado Gaona, J. C. (2021). 90 años luchando y resistiendo en el puerto petrolero. Breve historia del Partido Comunista Colombiano en Barrancabermeja (1930-2020), Cambios y Permanencias, 12(2), 348-391; Delgado Gaona, J. C. (2023). Barrancabermeja en 1983. Unidad sindical y protesta popular, Cambios y Permanencias, 14(2), 143-162. camilodelgadogaona@gmail.com

  1. 1 No existe una delimitación “oficial” de la región del Magdalena Medio. Como señala Murillo (1999), “sus límites se tornan móviles de acuerdo con la mirada o interés del observador o actor social” (p. 44).

  2. 2 Ejemplos de ello son los casos de la serranía de San Lucas en el departamento de Bolívar y la serranía de Los Yariguíes que atraviesa el municipio de Simacota, delimitando la subregión conocida como Bajo Simacota.

  3. 3 Como señala Vélez-Torres (2018), los bienes naturales “en el marco de una economía neoliberal y extractivista, han pasado por un proceso de valorización, financiarización y mercantilización que, a la vez que les convierte en ‘recursos’, genera graves impactos sobre las prácticas socio-culturales locales” (p. 40).

  4. 4 Un fenómeno natural de comunidades de peces que adaptaron su ciclo reproductivo a los periodos de sequía y lluvia. Al disminuir el nivel del agua de las ciénagas en la época de sequía, al inicio de cada año, peces como el bocachico migran desde las ciénagas hacia el sur del río Magdalena y sus tributarios, donde alcanzan la madurez sexual y se produce el desove. Para las comunidades de pescadoras y pescadores la subienda es igual a abundancia, ya que en esa temporada se genera un aumento considerable de la captura de peces (Fundación Alma, 2022, p. 15).

  5. 5 Los Rastrojos surgen a inicios de los años 2000 como una organización armada dependiente del Cartel del Norte del Valle. Tras el proceso de desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2004 y 2006, Los Rastrojos se constituyen en uno de los núcleos del rearme y reciclaje del paramilitarismo, extendiendo su control territorial y de las economías asociadas al narcotráfico más allá de la costa pacífica colombiana, donde tenían su centro de operaciones.

  6. 6 A través de la Sentencia SU213-21, la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantar los procedimientos para la adjudicación de los bienes declarados como baldíos de la Nación, con el fin de garantizar el acceso progresivo a la tierra de la comunidad campesina del corregimiento El Garzal.

  7. 7 Información obtenida a partir del Geovisor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

  8. 8 Desde inicios de la década de los años ochenta, el municipio de Puerto Boyacá se constituyó en el núcleo del proceso de surgimiento, consolidación y expansión del proyecto paramilitar en Colombia (Moreno Sarmiento y Zamora Aviles, 2011, p. 23). La Isla de la Fantasía en la ciénaga de Palagua, comprada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, fue un centro de entrenamiento paramilitar dirigido por mercenarios extranjeros, entre esos el exmilitar y mercenario israelí Yair Klein (CNMH, 2019; Nourani, Roa y Grajales, 2023, p. 83).

  9. 9 Yesid Blanco denunció los graves problemas de salud que estaban presentando habitantes de la vereda Patio Bonito del municipio de Barrancabermeja. En esta zona de sacrificio, el médico asegura que después del año 2015, las y los menores de edad fueron mucho más vulnerables a las afecciones gastrointestinales y cutáneas. Tras recibir amenazas de muerte e intentos de judicialización, debió exiliarse en Estados Unidos (Global Witness, 2023, pp. 48-51).

  10. 10 En septiembre del año 2022, se emitió la sentencia en primera instancia desde un juzgado de la ciudad de Cartagena. Pese a que un juez reconoció la vulneración de los derechos colectivos de la organización, el concepto no correspondía a la realidad ambiental de la ciénaga Pajaral y los impactos sobre la comunidad afrocolombiana de pescadoras y pescadores artesanales. Por ello, Fapamucan y Credhos decidieron apelar la decisión judicial.

  11. 11 En enero del año 2023, un informe técnico elaborado por Credhos evidenció la disminución del espejo de agua de la ciénaga Pajaral. En ese momento, la sedimentación correspondía al 80 %.

  12. 12 A diferencia de la experiencia de Fapamucan en defensa de la ciénaga Pajaral, los mecanismos generados por Fedepesan todavía no incluyen acciones jurídicas que sitúen propiamente la defensa de la ciénaga San Silvestre —limitando para este comentario lo correspondiente al espejo de agua y su ronda hídrica—. Sin embargo, sí hacen parte del repertorio de sus mecanismos de resistencia con base en sus articulaciones organizativas, dado que, para inicios del año 2024, Fedepesan interpuso una acción popular mediante la representación jurídica de Credhos, para la protección de sus derechos colectivos ante la sistemática degradación del caño Rosario, afluente de caño San Silvestre. Este último caño es efluente de la ciénaga San Silvestre y zona de pesca artesanal.