La Revista de Ingeniería entrevistó a Miguel Samper Strouss, Director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada de liderar las discusiones técnicas y operativas del proyecto piloto de catastro multipropósito en Colombia.
Revista de Ingeniería (R.I): Después de la firma del acuerdo de paz, ¿cuál es la importancia que revisten para el país el catastro y la administración de tierras?
Miguel Samper Strouss (M.S.S): Uno de los argumentos fundamentales que sustentan el Acuerdo de Paz es la aceptación de que existió una relación entre desigualdad en el campo y el conflicto armado. De allí que el Acuerdo haya incluido el compromiso de aclarar o asignar derechos de propiedad rural, así como de distribuir tierras entre campesinos que no la tienen o que, teniéndola, esta no reúne las condiciones requeridas para generar un ingreso mínimo adecuado. Para ello, para asignar y proteger derechos de propiedad rural, para distribuir tierra entre quienes la necesitan y, en general, para poder administrar las tierras de la Nación, es crucial contar con un catastro actualizado que reflejara con la mayor fidelidad posible, la realidad material de los predios rurales del país. Sin esta información no se podría avanzar en la resolución de los conflictos con relación a la tenencia de la tierra, es decir, al ordenamiento social de la propiedad.
R.I: ¿Qué papel desempeña la ANT en el programa piloto de Catastro Multipropósito liderado por el Departamento Nacional de Planeación?
M.S.S: La ANT hace parte del Comité Operativo Directivo del Proyecto Piloto de Catastro Multipropósito porque somos conscientes de que es una apuesta clave del país y porque así lo reconoció y estableció el CONPES 3859 de 2016. Así, la ANT participa en las discusiones técnicas y operativas relacionadas con la implementación del piloto y, más importante aún, en este marco hemos promovido un esfuerzo de integración con miras a armonizar la metodología para hacer catastro propiamente dicho, con la metodología para hacer ordenamiento social de la propiedad, que es la función misional que, específicamente, le corresponde a la ANT. El piloto de catastro multipropósito se ha estado adelantando en 23 municipios del país.
R.I: A su parecer, ¿cuáles son las principales limitaciones o retos para lograr consolidar el catastro en Colombia?
M.S.S: Yo mencionaría cuatro grandes retos: el primero es el financiero. Levantar el catastro multipropósito que necesitamos tiene un costo significativo y nuestras restricciones presupuestales son muchas, pero el asunto es tan importante que el país tiene que ‘darse la pela’ y plantear escenarios de financiación viables. El segundo es institucional. El catastro multipropósito parte de la base de lograr una articulación casi que perfecta entre varias entidades. Esto impone un reto importante que debe ser prioritario para cada una de estas entidades. Igualmente, el modelo de gestión catastral que tenemos en el momento tiene algunas deficiencias que deben ser abordadas y superadas para lograr una mayor eficiencia, por ejemplo, incluir en este modelo a los gestores catastrales y el rol de operadores, abrir más el mercado de operadores catastrales y así contar con tiempos razonables en el levantamiento de la información. Y el último es técnico. Una operación de esta complejidad y dimensión requiere de un gran contingente de personas con conocimientos técnicos muy especializados con el que todavía no cuenta el país. Adicionalmente, las condiciones topográficas, sociales y de seguridad, entre otras, influyen en la capacidad de avanzar en una operación de este tipo.
Miguel Samper Strouss, Director de la Agencia Nacional de Tierras. Fuente: Agencia Nacional de Tierras
R.I: ¿Bajo qué tipos de lineamientos y quienes deberían ser los encargados de orientar, regular y ejecutar el levantamiento de información catastral en Colombia?
M.S.S: Según las discusiones y el proyecto de ley catastral propuesto, las funciones de regulación y ejecución deberían estar separadas. En el diseño institucional actual, la regulación, validación y ejecución están concentradas en una sola entidad que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La propuesta de ley plantea que la función reguladora esté en cabeza de una entidad que hiciera las veces de máxima autoridad catastral del país, mientras que la operación propiamente dicha, es decir, el trabajo de campo para levantar la información debería resolverse a través de operadores catastrales, entre los cuales podría haber un ente público que también ofreciera dicho servicio. En últimas, creo que es sano y conveniente revisar cómo ha funcionado el modelo de gestión actual y por qué no ha logrado cumplir con la tarea para así poder plantear alternativas institucionales que permitan enfrentar el problema del enorme rezago catastral del país.
R.I: ¿Qué información debería contener el catastro multipropósito?
M.S.S: En lo que respecta a la ANT, el catastro multipropósito debería permitir contar con información que vaya más allá del objetivo de recaudo fiscal. Por ello, para la Agencia es crucial que el catastro levante información física (con los estándares técnicos más modernos), jurídica, material y social sobre las personas y sus relaciones básicas de tenencia con los predios rurales. Ahora bien, mediante el catastro no se asignan derechos de propiedad ni se resuelven las conflictividades en torno a la tierra. Para eso se hace ordenamiento social de la propiedad, que es la función misional de la ANT, que implica recolectar y analizar una información jurídica y de relaciones materiales con la tierra mucho más profundas. No obstante, las sinergias metodológicas y la posibilidad de aprovechar economías de escala son muchas, por lo que procurar hacer catastro multipropósito con ordenamiento social de la propiedad debería seguirse considerando como un esfuerzo de la mayor importancia y validez.
R.I: ¿Qué metodologías y tecnologías empleadas en otros países han demostrado ser eficientes para el levantamiento (y mantenimiento) de información catastral en lugares con características demográficas, económicas, políticas y culturales como las de Colombia?
M.S.S: Esta es una pregunta que el proyecto piloto tiene como objetivo responder. Sin embargo, México, Tailandia, Holanda, Suiza y otros países han ofrecido cooperación técnica que ha sido muy útil para analizar la situación y retos del caso colombiano.
R.I: ¿Cuánta inversión implica y cuánto tiempo puede tardarse?, ¿qué instancia o entidad debería asumir/financiar los costos iniciales y de mantenimiento de un sistema catastral óptimo?
M.S.S: El Conpes 3859 de 2016 habla de un costo de $ 2,6 billones de pesos, para cuya financiación concurrirían la Nación, los departamentos, los municipios y la cooperación internacional. La propuesta de Ley Catastral en discusión planteó un esquema de financiamiento bastante elaborado mediante el cual el proyecto podría ser sostenible. Finalmente, el CONPES 3859 de 2016 planteaba que durante 2018 se deberían sentar las bases para completar el catastro en todo el país en 2023. No obstante, el estado actual de avance y la viabilidad de cumplir con dicha meta temporal son temas que le corresponde analizar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), que es la entidad que lidera el proyecto piloto.
R.I: ¿Qué papel que debería desempeñar la academia en la definición de los estándares técnicos del sistema catastral y qué aportes significativos considera que ha hecho en términos de tecnología de información geográfica, cartográfica y de infraestructura?
M.S.S: Sin duda, la academia ha sido siempre muy importante en el acompañamiento de procesos como estos. La ANT se ha nutrido mucho de los aportes de la academia en lo que respecta a sus responsabilidades misionales de ordenamiento social de la propiedad. Respecto a los aspectos específicamente mencionados, la consulta sobre las posibilidades de aportar debería ser hecha al DNP o al IGAC, por ser ellos los directamente responsables de los aspectos técnico-catastrales del proyecto piloto.
R.I: ¿Cuál es el lugar de la ciudadanía y las comunidades rurales en la construcción del catastro multipropósito?
M.S.S: La colaboración y apoyo de la ciudadanía en general es crucial. Entender la importancia del catastro y atender las visitas para brindar la información requerida es un asunto absolutamente relevante. Además, las comunidades podrían contribuir mucho con su veeduría y seguimiento, de manera que las entidades competentes pudieran enterarse rápidamente de cualquier dificultad y actuar en consecuencia. Sin la comunidad y el conocimiento que tienen del territorio, una operación de esta magnitud fracasaría.
R.I: ¿Cómo ha sido la articulación institucional para consolidar la iniciativa de catastro multipropósito en Colombia?
M.S.S: El trabajo interinstitucional ha sido muy intenso. Tenemos un convenio de cooperación del que hacen parte las cuatro entidades fundamentales para impulsar la iniciativa: el IGAC, el DNP, la SNR y la ANT. Adicionalmente, ha habido un esfuerzo de articulación interinstitucional tanto desde el nivel nacional, como a nivel departamental y municipal. Sin ello, intervenir el territorio de 23 municipios ubicados a lo largo y ancho del país habría sido prácticamente imposible.