Introducción
En este artículo se valida el nuevo enfoque metodológico para la sustitución de cultivos ilícitos en zonas de posconflicto en Colombia, especificamente en la región de La Macarena como “laboratorio vivo”, basado en el modelo “Trabajando con la gente WWP”.
Aunque el debate sobre las políticas y las medidas para la sustitución de cultivos ilícitos en zonas de posconflicto se ha dado a nivel internacional en numerosas investigaciones, en este documento se valida, por primera vez, el efecto de la contribución de la energía a la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto. La presente investigación es un proceso de aprendizaje social dinámico, en donde el conocimiento generado se deriva de la experiencia y se valida en la práctica. Es integralmente una parte de la acción y, como tal, reconoce la capacidad de la gente para crear conocimiento y proponer soluciones a partir de su propia experiencia (Cazorla et al., 2006).
Con la implementación del modelo WWP se valida un nuevo enfoque, desde un modelo mixto de planificación del desarrollo alternativo, con aprendizaje social y análisis de políticas. Uno con enfoque “bottom up” de abajo hacia arriba y el otro de manera invertida de arriba hacia abajo, “top down”. Ambos enfoques, “bottom up” y “top down, se han demostrado necesarios y complementarios para involucrar a las instituciones gubernamentales de distintos niveles (local, regional y estatal), y la participación de los actores sociales, de cara a implementar los proyectos y acciones desde el Acuerdo de Paz.
Hoy, las distintas partes del Gobierno nacional, las comunidades rurales y las FARC deberán seguir “trabajando juntas”, en este “laboratorio vivo” para seguir implementando los proyectos en el marco del Acuerdo de Paz. Desde las bases del modelo WWP, se está en un “proceso vivo” de trabajo con la gente para la formulación de proyectos de alto impacto que sean motor para la prosperidad rural, gracias a la electrificación rural.
En la revisión de la literatura, pocos estudios se han centrado en relacionar los efectos que tiene la electrificación rural frente a la sustitución de los cultivos ilícitos, con el concepto de prosperidad, y mucho menos con las directrices voluntarias para la gobernanza de la tierra. El objetivo de esta investigación es valorar el efecto de la contribución de la energía en la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto, con un nuevo enfoque metodológico para la sustitución de cultivos ilícitos, basado en el modelo WWP. Para ello se analizan los “cambios” en una región compleja del país desde el trabajo con la población local, las instituciones municipales y departamentales.
La presente investigación se centra en la experiencia de La Macarena, Meta, una región de alta complejidad social, afectada por el conflicto histórico de las FARC durante más de 50 años. Esta región fue seleccionada para este estudio por presentar las siguientes características: 1º) se vienen promoviendo procesos de aprendizaje social entre productores, empresas, organismos de la sociedad civil y gobiernos locales, regionales y nacionales; 2º) está considerada como una experiencia exitosa con una finalidad económico-social, reconocida desde distintos foros; 3º) existe una estrategia innovadora con alianzas público-privadas para implementar proyectos de alto impacto orientados a la sustitución de cultivos ilícitos; 4º) tiene un especial interés ambiental y un extenso territorio selvático comprendido por varios parques nacionales naturales (Sierra de la Macarena, Tinigua, Cordillera Picachos y una parte del Sumapaz) que representan alrededor del 30% de la región (Universidad Nacional de Colombia, 1989) con más de 14 mil kilómetros cuadrados de zonas preservadas (Franco, 2010); 5º) tiene una diversidad cultural con asentamientos indígenas reconocidos en tres resguardos (Los Planes en Uribe, Ondas del Cafre y Villa Lucía en Mesetas); 6º) integra un proceso histórico de más de 50 años de conflicto con los grupos armados ilegales y actividades delictivas para la producción y comercialización de cocaína en Colombia (Ávila and De los Ríos, 2017).
El marco metodológico aplicado se basa en el modelo WWP (Cazorla et al., 2013), fruto de 25 años de experiencia en proyectos orientados a mejorar la prosperidad de las zonas rurales en contextos europeos y en países emergentes. Desde una nueva propuesta conceptual, se aborda el “cambio” desde el trabajo con la gente, incorporando una visión integrada y elementos de la planificación como el aprendizaje social.
Los resultados de la aplicación se presentan desde los componentes del modelo WWP. Su implementación ha permitido generar una tipología de proyectos y acciones que están teniendo influencia directa en el desarrollo de la región generando prosperidad desde un equilibrio entre las tres dimensiones del modelo WWP: político– contextual, ético–social y técnico-empresarial.
2. La planificación de la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia
Desde la década de los años 70, el Gobierno colombiano ha venido implementando políticas y programas para tratar de controlar el problema de la oferta de cultivos ilícitos, invirtiendo enormes cantidades de recursos humanos y materiales (Páez, 2012). Se trata de programas diseñados desde los gobiernos, orientados desde el conocimiento de expertos internacionales, para combatir la producción de los cultivos ilícitos (Moreno et al, 2003) y proveer opciones lícitas que generen empleo e ingresos alternativos a las comunidades rurales. Estas poblaciones de las zonas objeto de “erradicación” que se acogen a las medidas de estos programas se comprometen a no continuar dependiendo de estos cultivos.
Desde la primera acción, a gran escala, denominada “Operación Fulminante” e implementada desde el Ejército de Colombia en 1978 (Tokatlián, 1978), los procesos de planificación para la lucha contra los cultivos ilícitos han adoptado el modelo clásico de reforma social, en donde el diseño de las medidas de los programas se caracteriza por ser “desde arriba”, es decir, desde la Presidencia y el conocimiento de la Cooperación Internacional. La visión de conjunto corresponde solo a los planificadores y directores de los programas (Cazorla et al, 2015). Se trata de programas temporales del gobierno en los que la sostenibilidad en el tiempo es escasa, igual que la integración social en la ejecución los programas sectoriales y los planes de desarrollo dentro de las políticas de los gobiernos. Algunos de estos programas son: Campo en Acción entre 1990 y 1994, el Plante y Pa’lante entre 1994 y 1998. Tal vez, uno de los más importantes es el Plan Colombia (desde 1999), programa que inicia su ejecución durante el gobierno 1998 – 2002 donde sus propósitos fundamentales son la lucha contra el problema mundial de las drogas, el crimen organizado y la violencia que este genera, la reactivación económica y social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y los avances en las negociaciones de paz en el país.
El Plan Colombia es un acuerdo bilateral suscrito por el Gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos. Posteriormente, entre el 2002 y 2010 se puso en marcha el Programa Presidencial contra los Cultivos Ilícitos, PCI, el cual tenía dos estrategias, la erradicación manual voluntaria (“Programa Familias Guardabosque y Proyectos Productivos”) y la erradicación manual forzosa, entre el 2008 y el 2014. Estos programas recogen la experiencia del Plan Colombia y continúan con la misma estrategia, pero en el marco de la política de consolidación y reconstrucción territorial (Decreto 6141 de 3 noviembre de 2011).
Este modelo tradicional de Reforma Social de los programas de los gobiernos para la lucha contra los cultivos ilícitos, se enmarca en el contexto de las estrategias mundiales de las Naciones Unidas diseñadas en las Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes (Naciones Unidas, 1961, 1971, 1988) para un “Desarrollo Alternativo” (DA). El propósito de este “desarrollo alternativo” es promover opciones socioeconómicas lícitas y sostenibles para las comunidades que han recurrido al cultivo ilícito como medio de subsistencia.
Estos programas de desarrollo alternativo son una política rural que representa la opción no represiva contra dichos cultivos (Balcázar, 2008). En sus inicios, esta práctica fue promovida y ejecutada por la cooperación internacional, y se demarcó en la sustitución de cultivos. Estos programas han puesto especial énfasis en factores económicos, y en particular en la tierra, relegando las condiciones sociales y políticas a un segundo plano. Este énfasis ha dominado los enfoques que proponen la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos y que basan la medición de impacto en función de las hectáreas establecidas y erradicada, y no responden al enfoque de la seguridad del territorio y la participación de los pobladores como actores fundamentales en el proceso, donde se corre el riesgo que algunos de estos recursos puedan terminar fortaleciendo a los grupos armados ilegales.
El último informe de la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito “UNODC” (junio de 2017), reporta un incremento del 52% en los territorios afectados por cultivos de coca al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016. Si bien se presenta un descenso entre el 2001 al 2013, la estrategia se ha estancado en los últimos tres años, y el área total de cultivos ilícitos se incrementa. Ver Figura 1.
Figura 1.
Cultivos de coca en Colombia (2001–2017). Fuente: Informe de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 2017.
Aunque los resultados de estos procesos de planificación sí han generado proyectos productivos orientados a la generación de ingresos, que han permitido la sustitución de los cultivos ilícitos y el tránsito hacia una economía legal, el problema aún persiste y los cultivos ilícitos aún no han desaparecido (Calvani, 2003). Además, a pesar de que a lo largo de este tiempo se han logrado avances innegables, entre estos, la desarticulación sucesiva de los grupos armados ilegales, las actividades delictivas continúan siendo una de las amenazas principales a la estabilidad y la seguridad de Colombia (Páez, 2012).
Los análisis realizados muestran una desproporción entre los inmensos esfuerzos hechos con los resultados conseguidos (Páez, 2012). Si bien se observa una reducción en el cultivo de coca, la producción de cocaína parece no haberse visto afectada (UNODC, 2012). Tampoco estos programas han conseguido la construcción de capital social, ni han generado confianza social de cara a la prosperidad y al desarrollo rural (Singer, 2008; USAID, 2009). Además, la encuesta de calidad de vida del DANE 2015, muestra que solo 2 de cada 5 pobladores campesinos tiene acceso a la tierra. Esta categoría no da cuenta si son propietarios, arrendatarios, poseedores u ocupante.
Únicamente el 41.6% de la población rural tiene acceso a la tierra. En este orden de ideas, es necesario asegurar su formalización a través de títulos y que a su vez sean acompañados de otros programas de crédito, inversión, asistencia técnica, inserción en circuitos productivos y proyectos de alto impacto como de electrificación rural, vías y saneamiento básico, entre otros.
3. Un nuevo enfoque para la prosperidad y el desarrollo rural en zonas de posconflicto
Como resultado de un proceso de investigación aplicada en el ámbito del desarrollo alternativo, en esta apartado se muestra un nuevo enfoque para la planificación de los proyectos de desarrollo rural en zonas afectadas por los cultivos ilícitos. Este nuevo enfoque, como alternativa al modelo de planificación clásico para el DA, toma elementos del modelo “Working with People” (WWP), fruto de 25 años de experiencia desde el grupo GESPLAN, en proyectos orientados a mejorar la prosperidad de las zonas rurales en contextos europeos y en países emergentes (Cazorla et al, 2005, 2013; De los Ríos et al, 2011, 2013). Se trata de una propuesta conceptual que supera la visón técnica y económica de la prosperidad rural, poniendo énfasis en el comportamiento de las personas y en los contextos de las comunidades en donde viven y trabajan (Cazorla et al., 2013).
Siguiendo las nuevas tendencias y los nuevos valores, la prosperidad rural se ve mucho más que la simple acumulación de riqueza y se asocia con las capacidades de los individuos para mejorar la calidad de vida, desde un enfoque integral (Legatum Institute, 2014; Sardar, 2007; Rapp, 2008; SDC, 2009) centrado en la persona (Jackson, 2009; Robinson, 2012; Cazorla et al, 2013) y en el bienestar social (Kasser, 2009; Jennings, 2013). Esta nueva visión de la prosperidad rural demanda a los planificadores del desarrollo incorporar la noción de cuidado como una de las claves para una visión integrada (Cazorla et al., 2013). La contemplación y el respeto a la naturaleza son también necesidades humanas y exigencias que se presentan como valores en sí mismos. Desde esta nueva visión el modelo WWP se presenta como una propuesta conceptual para abordar esta visión integrada de la prosperidad rural, incorporando elementos de la planificación como aprendizaje social que trata de valorar, por encima de todo, la construcción de confianza y la mejora de las conductas humanas de los agentes implicados. Desde la base de estos principios, el modelo integra los siguientes componentes.
Componente ético–normativo: recuperación de la confianza. Entre las acciones prioritarias se encuentran las que contribuyen, en forma significativa, a la construcción de confianza. Esta se realiza desde el “Trabajo con la gente” (WWP), buscando una nueva orientación para los proyectos rurales con énfasis en el desarrollo de las competencias (contextuales y de comportamiento) y exigiendo a los planificadores una sensibilidad social (Cazorla y De los Ríos, 2010), y estándares éticos que superen los aspectos meramente estructurales y técnicos. Entre los trabajos realizados para la construcción de confianza se destacan los relacionados con la mejora de la seguridad, las vías de comunicación, la infraestructura y servicios de interés social (educación, salud, recreación, etc.), además de proyectos de alto impacto como la contribución de la energía a la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto. A su vez, se consideran prioritarias las acciones para fortalecer las competencias y los valores de las Juntas de Acción Comunal1 (JAC) y de las organizaciones locales de productores, como operadores para la reactivación de la economía local desde los proyectos productivos lícitos. Estas organizaciones de carácter local representan el tejido social desde donde se regenera la confianza y los valores en las comunidades, proporcionando nuevas oportunidades para el trabajo organizado y fiable.
Componente negociador (público–privado). Otro factor clave para la sostenibilidad de los proyectos en zonas de posconflicto es la sincronización de las acciones públicas y privadas en el territorio. Desde este componente, se buscan acercar a los sectores privado y público de los gobiernos municipales para crear un entorno propicio para la participación de organizaciones privadas en las zonas de posconflicto. Desde estas negociaciones se produce un enriquecimiento mutuo, desarrollando las capacidades para pensar y actuar de forma original e imaginativa (IPMA, 2010). Estas relaciones permiten explotar la creatividad, individual y colectiva de los planificadores, en beneficio de las personas y a favor del bien común (Cazorla y De los Ríos, 2010). En cada zona de posconflicto se tiene que formular una estrategia de negociación que se adapte a sus propias necesidades, teniendo en cuenta sus ventajas y recursos. Esta función conlleva a la concertación y a la negociación entre varios protagonistas, e implicará el compromiso para asumir y gestionar riesgos (Friedmann, 1993), desde una planificación transactiva y negociadora (Cazorla, 2015).
Componente político-contextual. Desde este componente se busca dotar al proceso y a los proyectos de elementos fundamentales para relacionarse con las organizaciones políticas y con las diferentes administraciones públicas de los distintos niveles. La selección de los municipios por parte del Gobierno nacional para desarrollar acciones de posconflicto se basa en consultas directas a las autoridades civiles, militares y policiales en el territorio. A su vez, mediante visitas de campo a los territorios objetivo, por parte de los planificadores, se corrobora el interés de los pobladores en participar en los procesos de desarrollo alternativo y la percepción de la seguridad.
Componente del aprendizaje social. Por último, se busca dotar al proceso de un componente integrador que garantice espacios de aprendizaje social entre los diferentes subsistemas, que lleven a aprender de los verdaderos protagonistas del cambio. Supone poner el énfasis en acercar el conocimiento y la práctica de la planificación a la acción misma (Friedmann, 1993). El proceso de aprendizaje social funciona con el supuesto central de que todo aprendizaje efectivo proviene de la experiencia de cambio de la realidad. Se trata de que la población afectada participe activamente en la planificación, implicando a la gente en la acción desde el inicio del proceso, para cambiar la realidad y generar nuevos valores que inspiren y dirijan desde el diálogo y el aprendizaje mutuo (Cazorla, et al 2013).
4. Aplicación al caso Plan de Consolidación Integral de La Macarena (2009-2014)
El modelo se aplica en la región de La Macarena en la que, por efectos de la erradicación de cultivos ilegales, su población se encuentra en conflicto con el Estado, en riesgo de desplazamiento o de continuar con la producción de ilícitos. El caso presenta un nuevo enfoque de Planificación del Desarrollo Rural en regiones de posconflicto como propuesta para el diseño de una política de recuperación social del territorio y de la lucha contra los cultivos ilícitos, mediante la ejecución de proyectos de alto impacto como la electrificación rural para la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto.
La población objetivo la componen 2.503 familias en la Serranía de la Macarena, y abarca a los municipios de Vista Hermosa, Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico y La Macarena, en el departamento del Meta.
Siguiendo las bases conceptuales anteriores, el enfoque estratégico de la investigación consiste en la generación de confianza en el territorio, desde la neutralización de la capacidad de acción de los grupos armados ilegales y la coordinación de acciones para la recuperación de la seguridad (PCIM, 2010), además de la posibilidad de desarrollar proyectos de electrificación rural.
Para el desarrollo de estos proyectos de alto impacto, han ido convergiendo las diferentes acciones (operaciones militares del Estado, transición y consolidación) de cara a la recuperación de la seguridad en el territorio. El proceso de los “Trabajos con la gente” es progresivo según el nivel de seguridad territorial. En las zonas de operaciones militares donde existe una alta incidencia de la amenaza insurgente o terrorista, se establecen principalmente acciones y esfuerzos para recuperar la seguridad para los pobladores, con servicios de protección ciudadana. A medida que se va estableciendo el control del área, por parte de la fuerza pública, las zonas se denominan de ‘Transición’, en donde es posible iniciar los trabajos con la gente. Progresivamente, se va haciendo efectiva la presencia de la institucionalidad pública y privada para iniciar proyectos de desarrollo social, económico, y de infraestructura, focalizados en las necesidades de la población. Por último, con la presencia permanente de la fuerza pública y las acciones de asistencia, las zonas se denominan de ‘Consolidación’ en donde se han establecido las condiciones de seguridad que posibilitan con mayor intensidad los trabajos con la gente, y que permiten las negociaciones público-privadas y la generación de proyectos. En estas condiciones, se fortalece la confianza, las competencias y los valores desde las JAC y las organizaciones locales de productores.
5. La contribución de la energía a la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto
Este proceso de planificación para la implementación de las políticas de Desarrollo Alternativo, mediante la contribución de la energía, se desarrolló en cuatro fases buscando desde los primeros momentos la integración social y la participación de las familias de las zonas de erradicación de cultivos ilícitos e involucra el desarrollo de las directrices voluntarias de la gobernanza de la tierra como mecanismo de diálogo y negociación (Gómez. S. 2015). Desde los diferentes ámbitos del modelo WWP, se adaptan a la región y a los actores claves involucrados, con el fin de llegar a acuerdos en aquellas determinadas situaciones para la sustitución de los cultivos ilícitos.
a. Fase I: Delimitación Territorial
En una primera fase, se procedió a la delimitación territorial de la zona de erradicación de cultivos ilícitos identificando los núcleos veredales de común acuerdo junto con la población y las autoridades municipales y militares. Estos “Núcleos Veredales” comparten una cierta homogeneidad (por sus características socioeconómicas, políticas y ambientales), lo que permite un enfoque territorial en la implementación del modelo de desarrollo alternativo, facilitando el trabajo con la gente (Philo, 1993; De los Ríos et al, 2011a). Posteriormente, se procede a la construcción de la línea base, mediante una caracterización socioeconómica rápida del territorio. Para ello, se realizaron encuestas directas a los pobladores y se utilizaron informes oficiales del Sistema de Información de Cultivos Ilícitos de la UNODC y esquemas de ordenamiento territorial de cada municipio.
b. Fase II: Formulación del Plan de Transición
En una segunda fase se procede a la formulación del Plan de Transición, como instrumento para el Desarrollo Rural con enfoque territorial, tomando los elementos de las DVGT2. En esta fase se continua el “Trabajo con la gente” con los “Núcleos veredales”, los gobiernos municipales, nacionales y la cooperación internacional. El modelo de planificación basado en el aprendizaje social y la capacitación a nivel local (Cazorla et al, 2005; De los Ríos et al, 2011a) son la base de este proceso de construcción del Plan de Transición. Los puntos estratégicos de la iniciativa incluyeron aspectos de seguridad alimentaria para las familias, proyectos productivos, asistencia técnica y social, mejora de infraestructuras social y apoyo a jóvenes y mujeres. Además, la identificación de proyectos de alto impacto como el de electrificación rural para ser presentado a los tomadores de decisiones de política.
c. Fase III: Presentación, negociación y firma de proyectos de alto impacto de electrificación rural
En una tercera fase se procedió a la presentación, negociación y firma del Plan de Transición. Para ello, los representantes de los “Núcleos Veredales”, líderes de la comunidad, junto con el equipo técnico, presentaron el Plan de Transición y sus proyectos a los pobladores y a los gobiernos municipales. En esta fase de negociación se busca, principalmente, la generación de asociaciones público-privadas para la implementación de los proyectos de desarrollo alternativo, comenzando, de esta manera, una nueva relación de cooperación basada en la confianza mutua (Naoum, 2003). Estas alianzas han demostrado numerosos aspectos positivos, creando sinergias público-privadas (McQuaid, 2002), desarrollando competencias para la gestión de proyectos (Sastre and De los Ríos, 2002) y superando complejidades sociales (De los Ríos et al, 2013, 2014) en los procesos de desarrollo. Tras un proceso de negociación entre los distintos actores, esta fase concluyó con la firma del proyecto de electrificación rural para los municipios de San Juan de Arama, Mesetas, Uribe, Vista Hermosa y Puerto Lleras denominado “Anillo Eléctrico del Güejar e Interconexión San Vivente - San Juan de Lozada La Macarena”.
Proyecto de alto impacto de electrificación rural “Anillo Eléctrico del Güejar”
Construcción Anillo Eléctrico Güejar: Vista hermosa - Piñalito - La Cooperativa-Puerto Toledo-Villa la Paz-Puerto Lleras.
Estudios y diseños: $ 300 millones.
Valor de la obra: $16.000 millones.
Construcción subestación Puerto Rico y construcción subestación San Juan de Arama 115 KV.
Estudios y diseños: $600 millones.
Valor de la obra: $ 25.000 millones.
Interconexión San Vicente - San Juan de Lozada - La Macarena
Elaboración de los estudios técnicos, diseño y presupuesto del proyecto de interconexión eléctrica: Inspección Las Delicias – La Macarena, subestación asociada, diagnóstico del aprovechamiento forestal y formulación del proyecto.
Estudios y diseños: $ 320 millones.
Valor de la obra I fase: $ 15.000 millones.
d. Fase IV: implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Transición
En una última fase se procede a la implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Transición. Durante esta fase, la labor del equipo de Gobierno se limita a un asesoramiento técnico a los promotores, desvinculándose de la toma de decisiones para conseguir una auténtica apropiación de los proyectos por parte de los pobladores y de las familias.
De acuerdo con Betty Páez, líder comunitaria, “se han concertado los proyectos y se han realizado según hemos acordado todos nosotros al inicio del Plan”. Al igual que ha ocurrido en numerosas experiencias y modelos de desarrollo (Cernea, 1991; Bond and Hulme, 1999), este enfoque ascendente es un elemento clave para involucrar a los agentes locales, asegurar su protagonismo y garantizar el éxito de los proyectos. También evita una dependencia del Gobierno, facilitando a las familias y a la población rural que sean protagonistas de las decisiones (Stratta et al, 2017).
6. Resultados de la contribución de la energía a la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto
En este apartado se resumen los resultados de las acciones emprendidas tras la implementación de los proyectos de electrificación rural en la región de La Macarena como contribución a la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto. Los resultados, derivados de los procesos de aprendizaje generados desde la aplicación de la metodología expuesta, se presentan de manera lógica desde el componente técnico – empresarial.
Los proyectos de electrificación rural han generado una estrategia de cambio que está influyendo en las distintas dimensiones de la prosperidad rural. Además de entrar en el marco de la legalidad, los proyectos están incrementando los ingresos mensuales de las familias en un 101% (de un salario de $789.000 COP a más de $1.600.000 COP). Además, se han generando nuevas oportunidades de empleo legal para los agricultores y la población rural, confirmando que la producción de ilícitos beneficia a los grandes intermediarios de la cadena más que a los pequeños productores.
Es importante destacar los proyectos productivos en el sector lechero con 2.000 familias vinculadas, de las cuales el 95% (1.893 familias) están involucradas y reciben asistencia técnica individual y grupal, mediante servicios a la producción, comercialización y financiación, liderada por las organizaciones de productores. Adicionalmente, este modelo de alianza público-privada fue reconocido con el Premio Nacional de Paz 2015.
El modelo de electrificación rural adoptado en La Macarena es una forma experimental de abordar el desarrollo alternativo en Colombia, basado en un enfoque territorial y en la la creación de confianza y el refuerzo de estructuras de gobierno participativas.
El modelo WWP para la sustitución de cultivos ilícitos en zonas de posconflicto supera los enfoques tradicionales de desarrollo alternativo, que no han conseguido confianza institucional ni han generado prosperidad. En este trabajo se validan los fundamentos de un modelo de desarrollo alternativo en Colombia que valora, por encima de todo, la construcción de confianza y la mejora de las conductas humanas de los agentes implicados. Desde la base de estos principios, el modelo de planificación para el desarrollo alternativo impone una lógica de inclusión e integración territorial, basado en un componente político, estableciendo alianzas entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente “institucionalidad” y empoderamiento de la sociedad civil en la región.
Esta “institucionalidad” se entiende no solo como la presencia de entidades en el territorio, sino como el establecimiento de prácticas y normas que regulen la vida pública y que permitan formular proyectos, no solo de electrificación rural, sino además un conjunto de iniciativas orientadas a mejorar la prosperidad de las zonas rurales afectadas por el conflicto y los cultivos ilícitos.
La sostenibilidad del modelo WWP requiere mantener esta confianza para seguir avanzando hacia la “institucionalidad”, el empoderamiento de la sociedad civil y la erradicación total de los cultivos ilícitos. De acuerdo con el reporte de UNODC 2017, en la región de La Macarena aún hay 5.464 hectáreas de cultivos ilícitos (coca) que representan un atractivo para los grupos armados ilegales, en especial para las FARC, pues estos grupos armados aún siguen teniendo presencia en la región y controlan ciertas áreas del territorio, limitando la participación de la población y de sus organizaciones sociales en los procesos de construcción de prosperidad rural. A pesar de los avances observados con el nuevo modelo, la débil presencia del Estado en estas zonas dificulta la integración de la región en la economía nacional, así como en el acceso a bienes y servicios públicos.
7. Conclusiones.
Las contribuciones de la energía a la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto han generando desarrollo económico y han facilitado, de una manera acertada y oportuna, la conformación de asociaciones (organizaciones de productores) fuertes en los territorios.
Las iniciativas sobre alternativas productivas para la sustitución de cultivos ilícitos son ahora fuente de ingresos para las familias y están generando oportunidades de empleo a los agricultores y la población rural. En este proceso, los recursos públicos del Gobierno y la cooperación internacional, en especial la de USAID, han sido necesarios para la cofinanciación de las inversiones. En la actualidad, los proyectos de alto impacto de electrificación rural han permitido generar una estrategia de cambio que está influyendo en las distintas dimensiones de la prosperidad rural.
