Durante el panel ‘Barreras regulatorias y esquemas empresariales’ desarrollado en el marco del Foro de la Revista de Ingeniería ‘Energía para un nuevo país rural’, Leonardo Pérez Álvarez, gerente de Kastalia Energy S.A.; Jorge Valencia, experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); Marcela Bonilla, asesora de la Dirección de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME); Harold Valencia, profesor y representante legal de la Junta Administradora del Servicio de Energía (JASE) de Punta Soldado, Buenaventura; Ómar Serrano, gerente de la Compañía Eléctrica de Occidente (CEO) y Rutty Paola Ortiz, consultora, exsuperintendente y exviceministra de energía, nos dieron su punto de vista acerca de las actuales restricciones que tiene el sector de las energías alternativas, especialmente en el tema de regulación, y cómo pese a estas limitaciones existen iniciativas exitosas que, gracias a innovadores esquemas empresariales, han demostrado que es posible que comunidades rurales desarrollen proyectos sostenibles de energía para sus pobladores.
El primer invitado a nuestro panel, Leonardo Pérez, abordó las limitaciones para el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), especialmente en temas de instalación y operación.
Tres de los problemas a tratar se refieren a dificultades de conexión, aspectos regulatorios y licenciamiento ambiental.
El gerente de Kastalia inició su exposición planteando los límites impuestos a pequeños desarrollos por la potencia instalada u otra denominación como no convencional y convencional, lo que dificulta que se avance más rápidamente en el “acceso suficiente a una infraestructura energética que solvente requerimientos técnicos necesarios para una tecnificación agropecuaria razonable e integral, que va más allá del problema de la cobertura y acceso al servicio” de un país rural. Los límites de potencia de 1 MW terminan exigiendo procesos de licenciamiento y de permisos muchas veces innecesarios y sobredimensionados para los impactos ambientales y sociales; y la definición de convencional para las PCH las excluye de acceso al financiamiento.
Leonardo señala que en el caso de la generación distribuida, algo que aún se puede ajustar fácilmente, su dificultad continúa siendo su limitación a 100 kW de potencia instalada. Nuestro invitado apela en su artículo desarrollado para la presente edición de la Revista de Ingeniería, a la utilización de criterios diferenciados y flexibles en la expedición de normas técnicas de conexión y regulación económicas y ambientales que se adapten a los desarrollos tecnológicos en curso y que se realicen con la participación amplia de los diferentes actores involucrados en el suministro energético para el campo colombiano.
Ángela Inés Cadena Monroy, profesora asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Foto: David Amado.
Por su parte, Jorge Valencia de la CREG responde las preocupaciones atinentes a la normatividad técnica y la regulación económica. Señala que es importante consultar y respetar la institucionalidad. Al respecto, en la corta entrevista realizada durante el panel, señala que el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE) debe estar atento a la implementación de las diferentes soluciones que se planteen y apoyen financieramente y a la definición de esquemas empresariales que garanticen un uso eficiente y sostenible de los recursos públicos.
El artículo ´Recomendaciones para la reforma institucional del sectro eléctrico para las Zonas No Interconectadas- ZNI, escrito por Rutty Paola Ortiz para esta edición de la revista, plantea que el sector requiere una entidad especializada con robustez técnica y eficiencia administrativa encargada de la estructuración y ejecución de proyectos viables. Ve que el IPSE, con una reestructuración adecuada puede cumplir esta tarea, partiendo de los esfuerzos que está haciendo la entidad para cumplir con los retos que el suministro de energía en zonas de bajos ingresos plantea.
En relación con el rol de la Comisión, Jorge Valencia manifiesta que esta entidad está abierta a las propuestas de iniciativas privadas o comunitarias y su intervención se limitaría a identificar niveles de inversión y/o de operación y mantenimiento eficientes como referencia para la asignación de recursos financieros o subsidios a la oferta y a la demanda, y señala que ve necesaria la constitución de una empresa de servicios públicos si se quiere contar con estos recursos del Estado.
De nuevo, vale la pena referirse al artículo realizado por Rutty Ortiz, donde se menciona que cualquier solución individual de energía en las Zonas No Interconectadas (ZNI) concebida como servicio público domiciliario tiene por ley diferentes obligaciones: constituirse como sociedad anónima, inscribirse en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, reportar periódicamente información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pagar contribuciones a la CREG, establecer una oficina para recibir las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y, obviamente, cumplir con el régimen de solidaridad en materia de subsidios y contribuciones. Es claro que los recursos del Estado deben asignarse a organizaciones formales, pero es necesario adecuarse a los nuevos desarrollos que posibilitan soluciones interesantes para poblaciones de escasos recursos como las microgrids y Pay as you Go presentadas en este conversatorio.
Antes de ilustrar una solución como la mencionada, Marcela Bonilla hace su participación sobre las dificultades de licenciamiento ambiental para pequeños desarrollos orientados al sector rural. Ella señala que se deben proponer soluciones creativas que vean la energía como un medio para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más aisladas y no como un fin en sí misma, según lo planteado en la agenda 2030 de las Naciones Unidas y en varias de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ejemplifica algunas propuestas y soluciones que se han concebido en áreas protegidas como los parques nacionales y que enseñan que “a través de una mejor comprensión de los requerimientos, realidades ecosistémicas, soluciones tecnológicas disponibles, culturalmente aceptables, involucrando a las comunidades en su mantenimiento, haciendo que los privados se interesen en ser parte de estas soluciones, aprovechando los co-beneficios derivados, incluyendo los de soluciones menos intensivas en carbono y de resiliencia y adaptación a los fenómenos del clima, con el uso de recursos naturales renovables abundantes en ciertas regiones tales como el viento, el sol, el agua y la biomasa” se pueden implementar iniciativas energéticas para avanzar en la cobertura universal del servicio de energía en Colombia, especialmente en zonas rurales.
La intervención del profesor Harold Valencia comienza con la presentación del video “Buenaventura Solar” que describe el sistema híbrido solar-diésel-batería instalado en su isla, a través del Programa de Energía Limpia para Colombia (CCEP, por sus siglas en inglés), en asocio con la empresa privada EPSA (actualmente CELSIA). Además de la novedad tecnológica que representa el sistema híbrido implementado en 2016 en esta comunidad del Pacífico, detallado en el artículo correspondiente de esta revista, el costo inicial se realizó sin inversión pública – solo con recursos de cooperación internacional, sector privado y comunidad – lo que permitió entregar la propiedad, operación y mantenimiento a la empresa comunitaria JASE constituida por los usuarios. Para asegurar el recaudo de los suficientes recursos para la operación, mantenimiento y reposición futura de componentes fungibles (baterías, inversores, etc.), se instaló un contador prepago en cada vivienda, cuyas tarjetas se recargan en la oficina de la JASE a razón de $800/kWh, tarifa acordada por la misma comunidad. El sistema opera las 24 horas del día a partir de energía solar y baterías, exclusivamente, sin acudir a la planta diésel de respaldo. Este sistema es manejado desde 2016 por la empresa comunitaria, que recibió la capacitación administrativa, financiera y técnica para operar y mantener la planta generadora, la red domiciliaria y el modelo prepago, además de contrataciones de asistencia técnica especializada para el mantenimiento preventivo de los equipos1.
Esta experiencia ilustra el alto costo de soluciones energéticas para la ruralidad colombiana, la necesidad de recursos financieros de cooperación internacional o nacional, la importancia de participación de empresas operadores de red que den respaldo técnico, y la disposición a pagar de las comunidades que valoran la importancia de contar con el suministro energético y de administrar las soluciones. De nuevo, surge la pregunta sobre la posibilidad de otorgar subsidios a estas soluciones que mejoren la productividad en las zonas donde son implementadas, para que contribuyan a garantizar recursos de reposición para la operación de largo plazo de estas iniciativas.
A continuación, Ómar Serrano de CEO explica las posibilidades para llegar con el suministro de energía eléctrica a zonas rurales del departamento del Cauca. Plantea la propuesta de hacer más ‘libre’ la llegada a estas áreas y segmentos de población. La estrategia propuesta e implementada por CEO “permitió normalizar el servicio, entregarles a las comunidades energía eléctrica de calidad, oportuna y continua, facturar y recaudar por lo consumido”, señala el gerente de CEO, quien además advierte que “la articulación con entidades y actores de la comunidad fue clave para la aceptación y asimilación del proyecto” puesto que para “intervenir un asentamiento subnormal es necesario conocer las condiciones socioeconómicas y culturales de los mismos, con el fin de desarrollar estrategias asertivas orientadas a la sostenibilidad”.
Esta experiencia, que aunque no corresponde estrictamente a soluciones para el sector rural, ilustra muy bien cómo la concepción e incorporación de innovaciones en el uso de tecnologías y esquemas de intervención a las comunidades y ajustes a la normatividad con el respaldo del Ministerio de Minas y Energía facilita avanzar en el suministro energético a comunidades marginadas. “Tanto las características novedosas de la red segura y medida inteligente implementada, como las actividades de formación realizadas en uso eficiente, seguro y legal de la energía hacia las comunidades, garantizan que la prestación del servicio sea continuo y de calidad en el tiempo”. Y para garantizar la sostenibilidad de lo ejecutado, la experiencia les muestra que “se requiere la construcción continua de lazos de confianza entre las partes”.
Finalmente, Rutty Paola Ortíz resume las propuestas de ajuste institucional que facilitarían el logro de las metas de cobertura energética y mejoras en la calidad de los servicios2. Las propuestas hacen referencia a reorganizar la institucionalidad, reforzando las capacidades técnicas y administrativas de planeación, estructuración, financiación y ejecución de los proyectos que van a llevar energía a los colombianos que hoy no la tienen o la reciben en condiciones de calidad insuficientes.
Rutty Ortiz señala la necesidad de unificar los criterios de presentación, estructuración y viabilización de proyectos, reducir las instancias a las que los interesados deben acudir, y armonizar y generar complementariedades entre las fuentes de financiación disponibles. Igualmente, resalta la importancia de disponer de información confiable para la toma de decisiones y supervisión de las soluciones implementadas.
Concluye en su artículo que si bien es evidente que llegar a las zonas que aún no tienen energía representa un sinnúmero de desafíos como los que se han discutido en este panel, el momento está lleno de oportunidades. “El Gobierno ha propuesto en el Plan de Desarrollo las transformaciones fundamentales que se requieren y la política cuenta con diversidad de recursos y actores que se puede articular para lograr un aumento de cobertura sostenible financiera, ambiental y socialmente”. Es importante que el “sector energético logre sus metas de aumentar cobertura, mejorar calidad, introducir fuentes renovables no convencionales y reducir gases efecto invernadero, pero aún más importante, que logre contribuir a que se hagan realidad los proyectos que van a llevarle energía a los más de 500.000 hogares que hoy no la tienen, para que esta pueda ser ese motor de desarrollo y transformación de esos colombianos que aún la esperan”.