La política de Estados Unidos en América Latina y lo que significa para Colombia
https://doi.org/10.7440/res95.2026.11
En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó un masivo ataque militar en Venezuela, y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La operación dejó un saldo de alrededor de ochenta muertos, entre civiles, soldados venezolanos y personal de seguridad cubano. Maduro y Flores están encarcelados en Nueva York, acusados de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, entre otros cargos. Después del operativo, el presidente Donald Trump insistió que Estados Unidos iba a administrar (run) el país. Y si bien justificó la operación como parte de la lucha antinarcóticos y antimigrantes, hizo énfasis reiteradamente en el petróleo venezolano, que, según él, fue “robado” por el régimen socialista. La intervención militar dejó a la vicepresidente Delcy Rodríguez como presidenta interina, sin tocar las estructuras del poder chavista, incluyendo a los ministros de Defensa e Interior. Aun con el sector petrolero ahora controlado por los Estados Unidos, no es claro en qué medida las empresas petroleras estadounidenses tienen interés en hacer las megainversiones para reactivar el sector. Tampoco es claro cómo los recursos de un reactivado sector petrolero beneficiarían al pueblo venezolano. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció un plan en tres fases: (i) la estabilización del país; (ii) un proceso de reconciliación —que supone, a nivel internacional, permitir el acceso de empresas occidentales al mercado venezolano y, a nivel nacional, amnistía, la liberación de presos políticos y la reconstrucción de la sociedad civil—; y, por último, (iii) un proceso de transición. Luego del ataque, el presidente Trump sugirió la posibilidad de otras acciones militares contra Colombia y México, y advirtió a Cuba que debe llegar “a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
Este artículo está basado en una conferencia previa a la intervención en Venezuela, que fue dictada el 19 de noviembre de 2025 en la Universidad de los Andes (Colombia), en el marco del programa Pensadores del Mundo.
Antes de comenzar, quisiera expresar mi enorme gratitud a la decana [de la Facultad de Ciencias Sociales], Angelika Rettberg, a Felipe Botero, director del Departamento de Ciencia Política, al staff y a los estudiantes de esta institución, y a todos los que han apoyado y financiado el programa Pensadores del Mundo. Me siento muy honrada de pasar unas semanas con ustedes en esta magnífica y tan reconocida universidad.
El tema de la charla me pone en una situación delicada. La polarización política en Estados Unidos y aquí en Colombia es muy fuerte. Existe apoyo para las políticas de Donald Trump en América Latina, y también mucha oposición, dentro y fuera del país. Lo mismo pasa aquí en Colombia con el presidente Petro. Así que voy a intentar ofrecer unas líneas analíticas que ayuden a entender el momento en el cual nos encontramos. En el espíritu del diálogo abierto de esta universidad, la idea es echar luces y no gasolina.
Comienzo diciendo que no veo una política de Estados Unidos hacia América Latina como tal. Hay mucha improvisación y mucho cambio de un día para otro. Dicho esto, creo posible delinear unas lógicas detrás de las acciones de la administración Trump.
La primera lógica es una reafirmación de la doctrina Monroe, que fue originalmente articulada en el siglo XIX. Esta define el hemisferio como la esfera de influencia únicamente de los Estados Unidos1. La doctrina Monroe fue una advertencia a Francia de no ayudar a España en cualquier esfuerzo para recuperar sus colonias después de las guerras de independencia. Es en ese contexto que el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, recientemente declaró en su cuenta de X que “el hemisferio occidental es el vecindario de América y lo protegeremos”.
La segunda lógica tiene que ver con la expansión territorial. Tanto en su primer discurso inaugural como en el segundo, el presidente Trump hizo mención específica del destino manifiesto, otra doctrina del siglo XIX que justificaba la expansión territorial hacia el oeste del continente y la conquista de los pueblos indígenas que allí vivieron. En esta línea, el presidente Trump ha expresado su deseo de retomar el control del canal de Panamá, adquirir Groenlandia y hacer de Canadá el 51 estado de los Estados Unidos. Ninguna de estas propuestas es factible, pero el mero hecho de mencionarlas nos indica parte de la mentalidad de este Gobierno.
A la par de estas doctrinas, existe otro principio fundamental en las relaciones hemisféricas. Esto se puede llamar “la negación estratégica” (strategic denial, en inglés). Hoy en día, este principio se manifiesta más fuertemente en un esfuerzo para limitar, reducir y combatir la influencia de China. No obstante, y pensando en el pasado reciente, hay que recordar que, en los últimos tiempos, la doctrina Monroe no siempre guiaba las relaciones de EE. UU. con América Latina.
Con el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, prevalecían otras lógicas. En la década de 1990, la administración de Bill Clinton definió como objetivos centrales la promoción de la democracia y la expansión del libre comercio en un mundo globalizado. Con las transiciones a la democracia que tuvieron lugar en las décadas de 1980 y 1990 en casi todo el hemisferio, el Gobierno de los Estados Unidos hizo un esfuerzo sin precedentes para asegurar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hay que recordar que este interés en la democracia fue uno de los fundamentos originales del Plan Colombia, lanzado en aquella época.
Para mostrar el contraste entre el día de hoy y el pasado reciente, quisiera recordar las palabras del entonces secretario de Estado, John Kerry, durante la administración Obama. Kerry declaró ante la Asamblea General de la OEA que la doctrina Monroe estaba “muerta”: “[lo que queremos] no es una relación en la cual los Estados Unidos declara cómo y cuándo van a intervenir en los asuntos de otros países de las Américas, sino una relación de iguales, con responsabilidades compartidas, cooperando en temas de seguridad y adhiriendo a las decisiones que tomamos como socios”.
Qué diferencia. Estamos ahora en una época totalmente distinta.
La tercera lógica detrás de las políticas de la administración Trump es una visión del hemisferio como una extensión de las políticas domésticas. Dos políticas centrales fueron articuladas durante la campaña presidencial de Trump y ahora son prioritarias: la antimigratoria y la antidrogas.
En lo que tiene que ver con la migración, hemos visto detenciones y deportaciones masivas, particularmente de la población de origen hispano. Por décadas, los países de América Latina han aceptado el retorno de sus ciudadanos deportados porque carecen un estatus legal en los Estados Unidos. Lo que marca hoy una diferencia con el pasado no es solo la escala del esfuerzo, sino su agresividad y crueldad.
Cabe mencionar que, bajo la lógica de la política antimigratoria, la administración Trump ha cancelado el estatus protegido temporario (TPS, por sus siglas en inglés) para centenares de miles de venezolanos y nicaragüenses, entre personas de otras nacionalidades. Esto me parece no solo una contradicción con las acciones tomadas contra las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, sino una tragedia humana de grandes dimensiones.
En cuanto a la política antinarcóticos, es bajo esta supuesta lógica que, al menos al principio, se ha justificado el masivo despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, la operación denominda Southern Spear. El mismo secretario Hegseth ha dicho que la campaña militar “quita a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y asegura a la patria contra las drogas que están matando a nuestro pueblo”2.
En este marco, la administración Trump ha designado a varios grupos de narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras (FTOS, por sus siglas en inglés), y ha determinado que los carteles de la droga son “grupos armados no estatales” y que sus acciones constituyen “un ataque armado contra los Estados Unidos”. Entonces, estamos en un “conflicto armado no internacional” con estos grupos. Sobre esta base, las fuerzas navales de los Estados Unidos han explotado veintiún lanchas en el Caribe y en la costa pacífica de Suramérica, causando la muerte de al menos ochenta personas3.
No obstante, tenemos que reconocer que las drogas ilícitas, especialmente el fentanilo, han causado la muerte de centenares de miles de personas en Estados Unidos. Dicho esto, surgen preguntas sobre los ataques militares que se han lanzado: ¿es eficaz atacar a supuestas narcolanchas en el Caribe cuando el fentanilo —la droga que más mata a la gente— entra a Estados Unidos principalmente por la frontera con México? ¿Por qué tanta muestra de fuerza —portaaviones, cruceros, bombarderos, helicópteros, misiles de largo alcance—?
Por décadas, la Guardia Costera, con el apoyo de la Marina, ha perseguido este tipo de lanchas. Han arrestado y luego procesado a los equipos, e incautado las drogas cuando las hay. Y de los detenidos se ha conseguido inteligencia importante sobre las cadenas y los capos del narcotráfico. Sin embargo, muchos organismos y personas han cuestionado la legalidad de estos ataques (las Naciones Unidas, miembros del Congreso de Estados Unidos, ONG), pues insisten en que se trata de ejecuciones extrajudiciales sin ningún tipo de debido proceso4.
Por su parte, la administración Trump no ha presentado ninguna evidencia pública para mostrar que las lanchas llevan drogas y plantean argumentos realmente dignos de Franz Kafka. Dicen que los narcos son combatientes enemigos. Pero mantienen al mismo tiempo que no es una situación de hostilidades, que los soldados norteamericanos que participan en estas operaciones no corren peligro, y por esto no es necesario que el Congreso de los Estados Unidos apruebe los ataques militares, algo requerido por la Constitución.
Finalmente, surgen preguntas en torno al objetivo real de la política estadunidense. ¿Es una política antinarcóticos o es más bien un esfuerzo para derrotar al régimen de Nicolás Maduro? Seamos claros. La dictadura de Maduro es nefasta. El régimen ha encarcelado, ha torturado, ha robado una elección masivamente ganada por la oposición, ha colapsado la economía de un país que fue uno de los más ricos del continente y ha causado la migración de casi ocho millones de personas. Es la ola más grande en la historia del continente y ha creado grandes desafíos para los vecinos de Venezuela, incluyendo a Colombia.
En cuanto a la campaña militar, hay que preguntarse: ¿cuál es la relación entre los medios y los fines (means and ends)? Si lo que se desea es una transición democrática en Venezuela, ¿cómo se logra esto a través de los ataques militares? Incluso si matan a Maduro y a las personas de su entorno, ¿qué pasará después? ¿Cómo reaccionarán los cuerpos de seguridad venezolanos? En fin, si el objetivo real es acabar con el régimen de Maduro, ¿cuál es la estrategia que liga la fuerza, o la amenaza de la fuerza, con el fin deseado?
En los últimos días, se ha reportado que altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos se han reunido con el presidente Trump para discutir distintas opciones militares contra Venezuela. Pero, al mismo tiempo, el mismo presidente Trump ha declarado que es posible algún tipo de discusión con Maduro. Por ahora, no podemos descartar una salida negociada de la crisis. Es algo que le permite a Trump salvarse políticamente, declarar “misión cumplida” y justificar el retiro de toda o buena parte del aparato militar. Lo veo lejos, pero no imposible.
Paso ahora rápidamente a explicar algunos de los instrumentos de la administración Trump, junto con algunos aspectos de su estilo de hacer política. Después de esto, veremos qué significa para Colombia y sus relaciones con los Estados Unidos.
El uso del poder militar como muestra de la fuerza y de la dominación es un instrumento entre otros. Los aranceles se han convertido en el principal mecanismo de la política económica de mi país. Aranceles contra adversarios, como China, y también contra países amigos —en Europa, en América Latina y en otras partes del mundo—. Los aranceles reflejan una convicción del presidente Trump de que los otros países del mundo han tomado ventaja sobre los Estados Unidos. Entonces, hay que usar las herramientas disponibles del Gobierno federal para rebalancear las relaciones económicas. Pero la imposición de aranceles va en contra de los tratados de libre comercio que los Estados Unidos tiene con muchos países, incluyendo Colombia. Llama la atención que México y Canadá, con los cuales Trump renegoció el tratado de libre comercio durante su primer mandato, no hayan sido exentos de estas imposiciones.
Al mismo tiempo, se ha visto el desmantelamiento de instrumentos del llamado “poder blando” (soft power). Esto se ve en la destrucción de Usaid —un actor muy importante aquí en Colombia—, en el marco de las reducciones drásticas de la ayuda externa. También han disminuido los presupuestos y el personal de las organizaciones que promueven la democracia global; es el caso de organismos como el National Endowment for Democracy y los institutos partidarios que impulsaron programas de entrenamiento, de capacitación técnica, de acompañamiento electoral, etc., a nivel mundial.
Por último, hay un estilo distinto de hacer política. La administración Trump no es, de lejos, la primera en acercarse a los países amigos y tomar distancia de los Gobiernos que molestan. Pero la naturaleza transaccional de la política presidencial es notable.
Tomemos el caso de Argentina. El presidente Javier Milei se ha convertido en un estrecho aliado ideológico de la administración. Ha viajado con frecuencia a los Estados Unidos. Ha visitado a Trump en la Casa Blanca, en Mar-a-Lago, y ha regalado a Elon Musk su famosa motosierra, símbolo de los grandes recortes en el presupuesto federal. A cambio, Milei recibió un rescate económico gigantesco del Tesoro de EE. UU. Pero no solo esto. Trump hizo explícito que la ayuda financiera dependía de los resultados de las elecciones legislativas que acaban de tener lugar, en el mes de octubre. El mensaje era claro: “Votan por la coalición de Milei, y nosotros les damos la ayuda”. Pocas veces desde el fin de la Guerra Fría hemos visto casos semejantes de la injerencia política en las elecciones de un país regional5.
¿Cómo han reaccionado los países de América Latina frente a estas nuevas realidades? Pensando en un concepto importante en el estudio de las relaciones internacionales, existe una gran asimetría entre el poder de los Estados Unidos y el poder relativo de los países de América Latina. Y, dentro de la región, hay enormes diferencias en ese poder relativo: es muy distinto un país como Brasil a uno como Panamá.
Se ve que la mayoría de los Gobiernos de América Latina, incluyendo los de izquierda, han buscado algún tipo de acomodación o entendimiento con los Estados Unidos. Esto es porque, o están de acuerdo con las políticas de la administración y buscan unos beneficios, o están conscientes del daño que pueden hacer los Estados Unidos a su país. O simplemente porque quieren evitar la confrontación y sus posibles consecuencias.
Tomemos ahora el ejemplo de México, primer socio comercial de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo central una renegociación exitosa del tratado de libre comercio, el T-MEC, el año que viene. Bajo presiones de los Estados Unidos, ha tomado medidas para distanciarse de China. Sheinbaum ha limitado las importaciones de este país en varios sectores, como el automotriz, el del acero, el del calzado, entre otros. También ha mandado más fuerzas militares mexicanas a la frontera con los Estados Unidos y ha batido récord en la incautación del fentanilo destinado a dicho país. ¿Son estas acciones de subyugación? ¿O es que Sheinbaum ha establecido una jerarquía de intereses en la relación bilateral y no busca luchar sobre cada tema?
Ahora veamos el caso de Brasil. ¿Cómo reaccionó el presidente Lula da Silva cuando la administración Trump impuso aranceles del 50 % hace unos meses? Este castigo se debía al procesamiento judicial de un estrecho aliado del presidente Trump, el expresidente Jair Bolsonaro. Según la justicia brasilera, Bolsonaro intentó fomentar un golpe de Estado para quedarse en el poder. Por ese delito ha sido condenado. Lula reaccionó a la imposición de los aranceles condenándolos. El público brasileño también estuvo muy indignado. Así que, internamente, Lula gozó de un enorme incremento en sus niveles de aprobación y apoyo. Pero, igualmente, hace un mes, Lula se reunió con Trump durante la cumbre del Asean [Asociación de Naciones del Sudeste Asiático] en Malasia. Los dos presidentes salieron frente a los medios con grandes sonrisas. Como resultado de esta reunión, se puso en marcha un proceso de acercamiento entre los cancilleres brasileño y estadounidense para encontrar una solución a la disputa arancelaria6.
Estas observaciones sirven como puente para unas reflexiones finales sobre las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos en este momento.
No creo útil revisar en este foro todos los insultos, ataques, contraataques, acciones y respuestas que ha habido, desgraciadamente, con bastante regularidad. Ustedes los conocen mucho mejor que yo. Tanto Donald Trump como Gustavo Petro usan sus cuentas de X para anunciar políticas, para lanzar acusaciones, amenazas y descalificaciones, y entorpecen los canales normales del intercambio diplomático.
Desde el inicio del Plan Colombia —y estamos hablando ya de un cuarto de siglo— Estados Unidos ha construido lazos densos y gruesos con instituciones y sectores colombianos. No solo entre las fuerzas armadas de ambos países en materia de seguridad y del combate al narcotráfico, sino entre los sectores privados y, en menor grado, entre distintos sectores de la sociedad civil.
A lo largo de estas décadas, y a pesar de los muchos cambios en las administraciones en Colombia y Estados Unidos, los Gobiernos de turno han reconocido que hay intereses y enlaces institucionales que trascienden las consideraciones políticas inmediatas. La fortaleza de estas relaciones explica por qué, en el momento en que el Departamento de Estado emitió la famosa —o infamosa— descertificación de Colombia el pasado mes de septiembre, la administración Trump también emitió una exención por razones de interés nacional.
El mensaje fue claro. Si bien la administración Trump critica a Gustavo Petro y las medidas tomadas por su Gobierno, la queja es contra el presidente y no contra Colombia como país. Las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, han sido clarísimas en ese aspecto. El mes pasado dijo que (la traducción es mía): “Tenemos una excelente relación con el pueblo colombiano y con muchas de las instituciones en Colombia [...] las relaciones con el pueblo de Colombia, con el sector económico de Colombia, con la mayoría de los políticos en Colombia y sus instituciones son fuertes y duraderas”.
Podemos discrepar sobre la forma de oponerse a las políticas del Gobierno de Donald Trump en América Latina, pero muchas veces parece que el presidente Petro busca provocar y antagonizar. Todos dentro y fuera de los Estados Unidos tienen el derecho a criticar el país. Pero hay, por un lado, el contenido de la política y, por otro, el estilo. Desde mi punto de vista, las declaraciones y las acciones del presidente Petro han carecido de pragmatismo y cautela.
Tomemos un ejemplo. Gustavo Petro no es, de lejos, el primer presidente en criticar la llamada “guerra contra las drogas” y considerarla un fracaso. Esta crítica la han hecho también los expresidentes de Colombia César Gaviria y Juan Manuel Santos, junto con otros mandatarios regionales, como Ricardo Lagos de Chile y Fernando Henrique Cardoso de Brasil. ¿Pero tiene sentido dejar que los cultivos de coca exploten en el país? Si bien las incautaciones han incrementado, la producción de la cocaína bate récord, según las Naciones Unidas.
Petro tampoco es el primer presidente en buscar diversificar las relaciones económicas de Colombia más allá de los Estados Unidos, el país que por muchos años ha sido el primer socio comercial. Pero ¿tiene sentido ir a China, como hizo el presidente Petro en el mes de mayo, y hacer un gran anuncio de la adhesión de Colombia a la iniciativa Franja y Ruta7 al mismo tiempo que hay altísimas tensiones en la relación entre Estados Unidos y China? ¿No había otra manera de aumentar el comercio con China y conseguir más inversión, al igual que lo han hecho otros países de América del Sur, sin alzar la voz de esta forma? Y ni hablemos de lo dicho durante una manifestación en las calles de Nueva York, cuando el presidente Petro instó a los cuerpos de seguridad estadounidenses a desobedecer los órdenes de sus superiores.
En estos tiempos, es gracias a los diplomáticos profesionales en ambos países, quienes trabajan día y noche, y gracias a los esfuerzos de unos congresistas de EE. UU. y del sector privado, que las relaciones bilaterales no han sido destruidas.
Mirando hacia el futuro, hay que evitar que lo dicho y lo hecho por los presidentes Trump y Petro definan la relación bilateral. Ellos me parecen a veces como unos escorpiones en la botella, involucrados en una batalla cada vez más amarga y dañina para ambos países. Hay que redoblar el énfasis en las instituciones y en el intercambio económico que es de beneficio mutuo. Hay que reconocer que la lucha antinarcóticos no es solamente para satisfacer a los gringos. Al contrario, forma parte del esfuerzo para quitar terreno y recursos a los grupos ilegales y establecer la presencia legítima del Estado.
Otro tema importante en el contexto actual es que los líderes de ambos países deberán evitar tomar parte en las elecciones, tanto en Estados Unidos como en Colombia. También hay que buscar reforzar en Estados Unidos el apoyo bipartidario detrás de Plan Colombia. Esto implica estrechar lazos con congresistas republicanos y demócratas y no con un solo lado.
Finalmente, creo esencial regresar a los principios originales del Plan Colombia. El apoyo a la democracia, a los derechos humanos, a la justicia, a la inclusión social y a la paz es tan importante como los temas de seguridad y de drogas que prevalecen hoy en día.
1 Pocas semanas después de esta charla, la administración Trump publicó su estrategia de seguridad nacional para 2025. El documento contenía esta afirmación: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger su territorio nacional y su acceso a zonas geográficas estratégicas en toda la región”.
2 En una contradicción abierta a la anunciada política antinarcóticos, el 1.° de diciembre de 2025, Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, extraditado y condenado en Estados Unidos por haber ayudado al cartel de Sinaloa (entre otros) a traficar 400 toneladas de cocaína de Suramérica a los Estados Unidos, a cambio de sobornos multimillonarios. Tal indulto fue condenado por el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, quien caracterizó la decisión como “un desastre” que “pone en ridículo la justicia de los Estados Unidos”.
3 Entre el 2 de septiembre y el 31 de diciembre, Estados Unidos lanzó más de 30 ataques a supuestas ‘narcolanchas’, y mató a más de 110 personas.
4 El Washington Post reveló en los últimos días de noviembre que dos sobrevivientes de un ataque en septiembre después fueron aniquilados. Miembros del Congreso de ambos partidos han condenado el ataque, y lo han considerado una ejecución extrajudicial y un crimen de guerra. El Pentágono ha resistido llamados para hacer público un video del ataque.
5 Unos días antes de la elección presidencial en Honduras el 30 de noviembre, Trump intervino políticamente, al escribir en su plataforma Truth Social: “El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura” (candidato del Partido Nacional), “¡Elija Tito Asfura, presidente!”. En otro mensaje, Trump hizo explícito que el apoyo financiero de los Estados Unidos estaba ligado a que Asfura ganara la presidencia.
6 El día después de esta conferencia, el 20 de noviembre, la Casa Blanca anunció que quitaba el 40 % de los aranceles puestos a productos alimentarios procedentes de Brasil, como el café, la carne, el cacao y las frutas. Esto se debió al descontento de los consumidores en Estados Unidos frente a los altos costos de la canasta básica, un efecto directo de los aranceles. Por esta misma razón, la Casa Blanca había anunciado unos días antes que iba a reducir los aranceles a productos agrícolas de Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.
7 La iniciativa Franja y Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) es un proyecto impulsado por China, que contempla aumentar la conectividad y el comercio global a través de inversiones masivas en infraestructura en África, Asia, América Latina y Europa. Hoy en día, más de veinte países en América Latina y el Caribe participan en el BRI.
Profesora adjunta de Johns Hopkins University, Estados Unidos. Exidirectora del programa para América Latina del Woodrow Wilson Center en Washington D. C. Experta en temas de política en América Latina y relaciones internacionales, incluida la política de Estados Unidos en el hemisferio occidental. carnson1@jh.edu