De exiliados a migrantes… Una aproximación a la experiencia migratoria de exiliados políticos chilenos en Argentina[*]

Presentación

“Los años pasan y sin querer nos hemos convertido en emigrantes”

Exiliada política y residente en Argentina desde 1974, integrante de la Federación de Asociaciones Chilenas en Argentina

Este trabajo se propone indagar acerca de la repercusión que tuvo sobre los procesos de organización política y social de la migración chilena en Argentina la presencia de un número significativo de migrantes políticos que no retornaron a su país una vez finalizada la dictadura de Pinochet, en 1990. Para ello, analizamos las características centrales que asumen los partidos de izquierda tradicionales en el contexto de “la transición democrática” chilena, la crítica de la que son objeto durante el exilio y las limitaciones de las “políticas de retorno” que se implementan durante el primer gobierno posdictadura chileno. Consideramos que, a partir de la confluencia de dichos elementos, se produce una suerte de desplazamiento de la autoadscripción como exiliados a la de migrantes que posibilitó el reconocimiento de la dimensión migratoria del exilio y, con ello, la constitución de un nuevo sujeto político a partir de la cual pudo hacerse explícito un compromiso de tipo transnacional en función de la lucha por derechos políticos de los migrantes.

Si bien el exilio no estuvo en el centro de la investigación doctoral,[1] resultó necesario tenerlo en cuenta, en la medida que la mayoría de nuestros informantes, con los que hemos llevado adelante parte importante del proceso de investigación y del trabajo de campo de tipo etnográfico, se reconocen en un “nosotros” común por compartir trayectorias de vida y migratorias similares: tuvieron algún tipo de militancia política y social de forma más o menos orgánica en partidos tradicionales de la izquierda chilena, fueron militantes de base y “dirigentes medios” (como suelen denominarlos en Chile) durante el gobierno de la Unidad Popular, migraron a Argentina, debido a la persecución política sufrida a partir del golpe militar de 1973, y fueron partícipes entre 1985 y 1990 del movimiento anti-dictadura conocido como “Chile Democrático”, del que hablaremos más adelante. Para muchos de ellos —después de más de treinta años de residencia en Argentina y de haber sido parte de los aproximadamente 120.000 chilenos que forzosamente (tanto por razones políticas como económicas) dejaron su país—, ese “nosotros” común se vincula también con el desarrollo de procesos de organización política y social que han puesto de manifiesto, con sus diferencias y contradicciones, acciones y prácticas colectivas que interpelan tanto a la sociedad de destino (Argentina) como a la de origen.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y el quiebre del patrón migratorio chileno

Durante los casi diecisiete años de dictadura militar en Chile (1973-1990), se produjo una migración forzada de alrededor de 120.000 chilenos que llegaron a Argentina tanto por la represión y persecución sufrida durante esos años de terrorismo de Estado como por el desmantelamiento parcial de la economía interna que se había conformado en los años anteriores, dado el deterioro de la distribución del ingreso como consecuencia de las privatizaciones, los efectos de la nueva legislación laboral, los cambios en el sistema tributario y el aumento de las disparidades urbano-rurales (Moulián 2004).[2]

Consideramos que es en este contexto cuando se produce un quiebre del patrón migratorio chileno, no sólo porque se duplica la cantidad de población que abandona el país, sino porque se diversifican los motivos, los lugares de destino y procedencia y el perfil del migrante (Jensen y Perret 2012).

A Argentina, lugar de destino histórico de la migración chilena desde fines del siglo XIX, se sumaron otros países como Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Francia, Suecia y Australia, países que dieron facilidades para radicarse y asilo político. Estados Unidos, Venezuela y Brasil también dieron facilidades en cuanto a posibilidades laborales para la radicación de ciudadanos chilenos, en especial desde fines de la década de los setenta y comienzos de los ochenta (Pereyra 2000).

En el caso de nuestro país, a diferencia de las décadas previas al golpe de Estado en Chile, grandes ciudades como Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires pasan a ser los destinos principales.[3] A su vez, los lugares de procedencia de quienes allí llegaban diferían de los de antaño, y en un alto porcentaje provenían de la región Metropolitana de Santiago y, en una proporción menor, de la Región V de Valparaíso (Matossian 2006).[4]

En lo que respecta a cambios en el perfil del que migraba producto de la persecución política, y también, aunque en menor medida, como consecuencia de las políticas económicas implementadas por el régimen militar, puede considerarse que el nivel de instrucción era superior, en especial, de los que se asentaron en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en comparación con el resto de los chilenos de otras localidades, particularmente con los del sur. Otro tanto ocurre respecto de los niveles de calificación, en los que se observa que, en forma general, la migración chilena a Argentina muestra una alta proporción de personas que en Chile se desempeñaban en actividades que no requerían mucha capacitación, hecho que se manifiesta en un porcentaje mayor para la provincia de Neuquén, mientras que en la provincia de Buenos Aires se concentran mayores niveles de calificación, seguida por Mendoza (Giusti 2005).

Cabe destacar que el cambio de perfil del que migraba por razones políticas no sólo estaba dado en relación con sus niveles de escolaridad y/o calificación laboral, sino por su ideología política, compromiso social y militancia político-partidaria desarrollada en Chile. Como decíamos antes, las fuentes consultadas hasta el momento no son del todo claras, y por momentos son contradictorias respecto de la cantidad de migrantes cuyas razones migratorias se vinculan de manera específica con la persecución política que se desata a partir de 1973. Éstas muestran disparidades importantes respecto del número que se maneja, en un rango que va de 40.000 a 100.000 o 200.000 migrantes políticos. Ahora bien, si tomamos en cuenta la información que nos ofrece el Registro de Chilenos en el Exterior (INE-DICOEX 2005), observamos que en la década 1971-1980 salió de Chile el 36,7% de los actuales residentes en el exterior por motivaciones tanto económicas como políticas.[5] De los que salieron de Chile por cuestiones estrictamente políticas, el 49,3% se concentra entre 1971 y 1975, porcentaje que va disminuyendo al 25% en los cinco años posteriores y al 21,4%, en los cinco posteriores. Siguiendo los datos que allí se vuelcan —con los reparos del caso, por cuanto la respuesta acerca de la razones de la migración puede ser “manipulada” por parte de los encuestados—, observamos que un 12,1% de los que migraron dicen haberlo hecho por razones políticas (porcentaje similar al de las cifras oficiales que, al menos desde mediados de la década de los noventa, empieza a manejar el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile).

Sea como fuere, si nos atenemos a los números oficiales, consideramos que no es un porcentaje desdeñable, sobre todo si tenemos en cuenta que, en aquellos países que recibieron migrantes producto del terrorismo de Estado implementado en Chile a partir de 1973 (Argentina, Canadá, México, Suecia, Francia, Australia), se han desarrollado en las últimas cuatro décadas diversos procesos de organización política y social de los chilenos residentes en el exterior.[6] Procesos de organización que, podemos adelantar, ponen de manifiesto prácticas y acciones colectivas que no se limitan a la sociedad de destino sino que remiten también a la sociedad de origen. Volveremos sobre ello en los apartados siguientes; sin embargo, decimos que la presencia de esta migración producto del golpe militar y de la dictadura —que perduró por casi dos décadas— condicionó los procesos de conformación y consolidación de una comunidad chilena en el exterior, que, si bien adquiere características específicas locales/nacionales, ha logrado —en especial en los últimos veinte años— consolidar diferentes grados de organización y asumir diversas formas de participación y representación política, convirtiéndose en un actor relevante y relativamente influyente —y que pugna por serlo aún más— tanto en los procesos políticos chilenos como en la definición de la política migratoria tendiente a la ampliación de derechos de los chilenos residentes en el exterior (Perret 2012).

En este artículo retomaremos parte del trabajo de tipo etnográfico realizado entre marzo del año 2000 y diciembre de 2010 con organizaciones de residentes chilenos en Argentina, principalmente con miembros de las comisiones directivas de la Federación de Asociaciones Chilenas en Argentina (FEDACh 1997) y dirigentes de centros y asociaciones ubicados en la Región Metropolitana de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.[7]

La experiencia migratoria del exilio chileno

Un elemento que atravesó la experiencia migratoria de aquellos cuya migración se vincula con la persecución política sufrida en el contexto de la dictadura militar, fue la imposibilidad o dificultad del retorno a Chile cuando se restauró la democracia, a comienzos de los años noventa.

El fin de la dictadura suponía, para muchos de los que estaban residiendo en el exterior como exiliados o refugiados políticos, la posibilidad certera del retorno, del regreso al país. En especial, para aquellos que entre 1985 y 1990 llevaron adelante, tanto en Argentina como en otros países, una intensa actividad política de resistencia a la dictadura a través de lo que se conoció como el movimiento Chile Democrático (Cueva 2001).

En Argentina, los que formaron parte de este movimiento eran (o habían sido), en su mayoría, militantes de los partidos de la Unidad Popular en Chile, sobre todo del Partido Comunista (PC) y del Partido Socialista (PS) y, en menor medida, del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), del Movimiento de Acción Popular Unificado (MAPU) y de la Democracia Cristiana (DC). En este sentido, la manera en la que se desarrolló la organización del movimiento Chile Democrático mantuvo, por decirlo así, una estructura en la que se podía conservar la pertenencia más o menos orgánica a los partidos de origen, pero que encauzaba las actividades y su accionar en un movimiento multipartidista más amplio. Asimismo, sus diversas actividades se desarrollaron en vinculación con distintos partidos políticos locales (Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Partido Intransigente, Partido Comunista Argentino, y otros más pequeños como el MAS y Patria Libre), con organizaciones sociales, sindicales (SMATA, ATE, Judiciales, CTERA) y estudiantiles, a través de lo que fue la conformación de la Comisión Argentina de Solidaridad con Chile (CASCHI).[8] Tanto el movimiento Chile Democrático como dicha comisión funcionaban en el ámbito local a modo de “organismos de base”, denominados Comités “Chile Democráticos”, y se localizaron en ciudades como Bariloche (Neuquén), Río Gallegos (Santa Cruz), Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata (Bs. As.), Rosario (Santa Fe), Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, siendo así un movimiento a nivel nacional.[9]

Se puede decir que parte importante de la militancia política de lo que representaba a la izquierda chilena en el exilio se vio puesta en juego a través de organizaciones nuevas que se constituyen en la situación de exilio y, específicamente, a través del movimiento Chile Democrático.[10]

Por ser el exilio una migración forzada, no elegida, una vez que se dieran las condiciones políticas para volver, el retorno aparecía como un momento necesario, “como una afirmación no sólo del deseo de vivir en su país, sino del uso de la libertad para volver a ocupar un lugar en el cuerpo social, político y afectivo que los había expulsado” (Maletta, Szwarcberg y Schneider 1983, 307). Uno de nuestros informantes lo planteaba del siguiente modo:

En gran medida, las expectativas y posibilidades concretas de retorno al país se vieron condicionadas, al menos, por dos situaciones. Por un lado, la fractura que se produjo dentro de las estructuras político partidarias de los partidos de clase chilenos durante los últimos años de la dictadura militar y los primeros posdictadura. Fractura que nuestros informantes caracterizan como una “fragmentación política” que se dio entre los dirigentes de los partidos políticos en el exterior y sus militantes medios y de base, también en el exterior. Por el otro, las medidas o “políticas de retorno” que se implementaron una vez restaurada la democracia, que no logran responder completamente a las “necesidades del exilio”, según afirman los mismos sujetos de dichas políticas.

En los relatos de algunos de nuestros informantes, ambos hechos se implican mutuamente, no sólo a la hora de tratar de explicar la imposibilidad o las dificultades del retorno al país, sino también como elementos que hacen y constituyen parte de su experiencia migratoria actual.

El deseo de retorno y la fractura política de la izquierda

A partir de los levantamientos populares de 1983 en Chile, ciertos sectores de la izquierda chilena comenzaron a vislumbrar la posibilidad del fin del régimen militar. En función de ello, tanto en Chile como en el exterior, la dirigencia de los partidos que habían formado parte del gobierno de la Unidad Popular, así como la de cierto sector de la intelectualidad chilena que acompañó dicho proyecto político, retoman una autocrítica y revisión del accionar de la izquierda chilena que ya se había comenzado a elaborar casi inmediatamente después del golpe de Estado de 1973. Revisión que, por otra parte, resultaba necesaria para pensar una estrategia común que permitiera consensuar cómo acabar con la dictadura y encarar la transición democrática.[12] En el exilio, a esta reflexión crítica se le sumó la necesidad de pensar y elaborar estrategias de retorno una vez que estuvieran dadas las condiciones políticas para hacerlo (Dávila y Fuentes 2003).

A su vez, sectores intelectuales de izquierda planteaban que para volver a recuperar el sistema democrático, la izquierda debía cambiar sus consignas políticas, a saber: adherir a un socialismo democrático, revalorizar la democracia liberal, rechazar la militarización de la acción política y revisar la posibilidad de una alianza en el largo plazo con el centro político, representado por el Partido Demócrata Cristiano.[13] Se puede decir que estos elementos constituyeron los pilares centrales de la llamada “renovación” de la izquierda chilena (o, al menos, de una parte de ella) durante el último período de la dictadura de Pinochet, que se consolidó en los años posteriores al fin de la misma. De este modo, se llevó adelante lo que algunos autores caracterizan como un “aprendizaje necesario” para encontrar una salida a la dictadura “pactada” mediante el reconocimiento de la Constitución de 1980 y la institucionalidad del régimen militar pinochetista (Valdivia et al. 2008).[14]

La etapa final de la dictadura comienza con la organización del plebiscito de octubre de 1988, en el que gana el No a la continuidad de Pinochet, con un poco más del 50% de los votos. En diciembre del año siguiente se realizan las elecciones para elegir al nuevo presidente, y la coalición entre el —renovado— Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano presenta como candidato al demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien gana por amplia mayoría, jurando el 11 de marzo de 1990 como el “Primer Mandatario de la nueva democracia”. Se terminaban así casi diecisiete años de dictadura militar, y, de este modo, el Partido Socialista formaba parte de nuevo de una coalición de gobierno en la que participaba con ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, etcétera.[15]

En este sentido, la izquierda que vuelve (del exilio tanto “interno” como “externo”), y que pasa a formar parte de la coalición de partidos que conformaron lo que se denominó (y aún se denomina) Concertación de Partidos por la Democracia, es una izquierda que pone de manifiesto su distanciamiento respecto de la interpretación de la realidad social de tipo marxista revolucionaria que la caracterizaba. Tironi es claro al respecto: “lo que hizo la Concertación fue enfocarse en los aspectos políticos, morales y distributivos, dejando de lado la cuestión del cambio del modelo económico” (2010, 29). Así, lo que podríamos llamar el “ala izquierda” de la Concertación (Partido Socialista y Partido Por la Democracia) se despoja “del cariz amenazante con el que quedó después de 1973” (Tironi 2010, 29).

La “fragmentación política” sufrida entre las bases militantes y la cúpula de dirigentes se entrecruza con —y en parte responde a— esta reconfiguración del escenario político-ideológico y partidario posdictadura.[16] Muchos de los que lograron retornar a partir de la restitución democrática en los noventa fueron en gran medida los dirigentes de los partidos políticos de izquierda (pertenecientes a las cúpulas partidarias), quienes no sólo logran hacerlo, sino que, a su vez, consiguen insertarse en el aparato estatal como diputados, senadores, ministros, intendentes, concejales, etcétera, mientras que muchos de los militantes (los llamados “medios” y “de base”) de dichos partidos no logran volver a su país, prolongando así su situación de exiliados.

Para muchos de estos militantes con los que nos hemos vinculado durante el proceso de investigación —y que hoy forman parte y participan activamente en la FEDACh—, este hecho significó una suerte de derrota, fracaso o desilusión, dado que el sentido del trabajo por la restauración de la democracia en Chile estaba ligado de un modo directo no sólo a sus convicciones políticas e ideológicas, sino también a sus deseos de volver a la patria. Con el tiempo, muchos de ellos elaboraron conjuntamente —en el marco de la continuidad de sus prácticas políticas en instituciones y asociaciones de migrantes en Argentina— una interpretación posible de por qué sucedió lo que sucedió entre ellos (dirigentes medios y de base) y la cúpula de los partidos. Interpretación que se vinculó con el reconocimiento del tipo de relación que caracterizaba a la organización de los partidos políticos de la izquierda chilena, partidos de clase, o como también se los denominaba, marxistas-leninistas. Una de nuestras informantes nos los representaba del siguiente modo: la cúpula de los partidos (los dirigentes) formaría parte de la burguesía o de la “intelectualidad burguesa”, mientras que los militantes medios y de base (nuestros informantes) pertenecerían a la clase obrera/trabajadora, razón por la cual —siguiendo las concepciones leninistas de la organización revolucionaria expresadas, por ejemplo, en el ¿Qué hacer? (de 1902)— no sabe o no puede saber por sí misma cómo llevar a cabo la revolución, y debe subordinarse y dejarse orientar por sus dirigentes.

Resulta significativo el hecho de que la puesta en evidencia del tipo de vínculos o relaciones que se daban dentro de los partidos de izquierda implicó poner en claro que dichos vínculos o relaciones no respondían únicamente a las características propias de una estructura partidaria verticalista, sino también a cuestiones de clase propias de la sociedad chilena.

Para muchos de nuestros informantes, de manera más específica, para los que hasta hoy siguen involucrados y participan en distintas instancias de lo que podemos denominar el movimiento asociativo chileno en nuestro país, esto se considera un importante aprendizaje político realizado durante el exilio.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, consideramos que, entre otras cosas, el exilio constituyó un momento de la experiencia migratoria chilena en el que se logró reflexionar críticamente acerca del tipo de vínculos que se daban dentro de los partidos en los que se militaba antes de la salida forzada del país, que, como ya dijimos, se ponen en evidencia cuando se restaura la democracia en Chile y se torna visible quiénes son los que, en efecto, retornan pasando a formar parte de la estructura político-administrativa del Estado.

Límites y contradicciones de las políticas de retorno

La imposibilidad o dificultad del retorno a Chile en el contexto de la “transición democrática”, cuya explicación nuestros informantes ubican en la “fragmentación política” de la que hablamos en el apartado anterior, se yuxtapuso al alcance que tuvo el tipo de políticas públicas de retorno que se propusieron durante el primer gobierno democrático posdictadura, entre 1990 y 1994.

Durante la gestión presidencial de Patricio Aylwin, se promovió en agosto de 1990 la ley 18.994, mediante la cual se creaba la Oficina Nacional de Retorno, cuya tarea, entre otras que disponía la ley, era la de registrar a los que manifestaran interés de retornar al país y funcionar como centro de acogida inicial de quienes efectivamente lo hiciesen. A su vez, mediante la ley 19.074 de 1991 se favoreció el reconocimiento de títulos obtenidos y estudios cursados en el exterior durante el exilio, y mediante la ley 19.128 de 1992 se otorgaron franquicias aduaneras para traer herramientas de trabajo, electrodomésticos y un automóvil usado.[17]

La Oficina Nacional de Retorno tenía prevista su vigencia hasta diciembre de 1993; sin embargo, por cuestiones relativas a dificultades en la ejecución de las medidas contempladas en dichas leyes, se prorrogó su vigencia por un año más (hasta el 20 de agosto de 1994).[18] Sin embargo, esto no fue suficiente para paliar algunos límites que puso en evidencia su implementación. A modo de ejemplo, se pueden mencionar los siguientes: de las aproximadamente 2500 personas que solicitaron ser beneficiarias de la ley que reconocía los estudios realizados en el exterior, 200 fueron habilitadas para su ejercicio profesional, a lo que se sumó el reclamo por parte de muchos exiliados de que también sus hijos pudieran acogerse a la ley de reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior.[19] En el caso de las franquicias aduaneras, hubo ciertos “malos usos” de las mismas, que, en algunos casos, llegaron a venderse o traspasarse a un tercero de manera ilegal, lo que produjo la detención y el procesamiento judicial de algunos chilenos en el exilio.[20] Otro tanto ocurrió respecto a préstamos que otorgaba el Banco Estado de Chile a los retornados, quienes tenían que elaborar un proyecto productivo, y si éste pasaba la evaluación que el banco realizaba de lo que suele llamarse “factibilidad”, se les otorgaba el préstamo. No obstante, la mayor de las veces sucedía que se otorgaba menos dinero de lo necesario para que el proyecto pudiera hacerse efectivo, o no se hacía bien la evaluación de factibilidad de las propuestas.

Muchos regresaron a Chile con la promesa oficial (ya que les llegaban cartas del Consulado chileno a Suecia, Brasil, Francia, Canadá o México) de que estaban garantizadas ciertas condiciones básicas de retorno —inserción laboral inmediata, seguros de salud para el grupo familiar, becas de estudios para los hijos, etcétera—, muchas de las cuales se manifestaron en acuerdos con los Estados de los países en los que estaban residiendo, siendo la OIM su vía o canal efectivo de realización. Cuando llegaban a Chile, se encontraban con que las becas de estudio eran por un año, y no para todos los hijos; que el seguro de salud era por un monto muy por debajo del necesario para cubrir al grupo familiar; que las posibilidades de trabajo se reducían muchas veces a la elaboración de un proyecto que la mayor de las veces no era viable o del que no se hacía un seguimiento, lo cual generaba endeudamientos y, por lo tanto, empeoraba la situación inicial. En otros casos, sucedía que la retribución monetaria que obtenían por el empleo conseguido apenas si les alcanzaba para mantenerse a sí mismos, y aun menos para sostener al grupo familiar.[21] Lo que implicó que muchos de los retornados y sus familias se vieran obligados a regresar de nuevo al país del que venían. En estos casos, se producía una suerte de “segundo exilio”, un reiterado abandono forzado del país por razones, fundamentalmente, de tipo económico.[22]

Al respecto, uno de nuestros informantes que retornó a Chile desde Argentina en 1991 e intentó durante año y medio lograr cierta estabilidad laboral para traer al resto de su familia (esposa y dos hijos, que se habían quedado en la ciudad de La Plata), nos expresaba lo siguiente:

Su estadía en Chile durante ese año y medio fue difícil y, en cierta medida, frustrante, a lo que se sumaron elementos conflictivos relacionados con el trato social. En este sentido —y como ocurrió con otros exiliados latinoamericanos que retornaron a sus países una vez finalizados los años de dictadura—, aquellos que volvían se enfrentaban tanto con aquellos miembros del partido en el que militaban que se quedaron y que trataban a los que se habían ido como “traidores” —o que diferenciaban entre “los que se fueron” y “los que se quedaron”— como con otros sectores de la sociedad (amigos, vecinos o familiares) que los rechazaban, debido al prejuicio, la estigmatización y los estereotipos negativos con los que se cargaban las razones políticas de su partida y de la militancia en partidos de izquierda.[24] Situaciones conflictivas entre muchas otras vividas, que ponen en evidencia que el retorno es mucho más complejo que “el acto de volver” (Rivera 2008).

“El que quiso volver pudo hacerlo”, afirmó de forma clara y tajante un funcionario de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (Dicoex), en una entrevista que, respecto de las políticas de retorno, mantuvimos en la ciudad de Santiago en noviembre de 2010.[25] Sin embargo, los relatos de las experiencias de nuestros informantes relativizan y tensionan dicha afirmación, es decir, las posibilidades de retornar al país por la vía de la institucionalidad y los recursos del Estado, sin desconocer que existieron algunos casos “exitosos” de retorno, incluso entre aquellos que contaban con escasos recursos tanto económicos como de vínculos y/o redes familiares y de amistad en Chile.

Trabajos que analizan el alcance de las políticas de retorno plantean que el número de retornados fue bajo en relación con el total del exilio, pero resultó alto en cuanto a la capacidad institucional del Estado de dar respuesta (Cariola y Rossetti 1985). Por su parte, miembros del Comité de Retornados del Exilio-Chile (organización compuesta por más de treinta retornados del exilio y que viene funcionando desde 1995 en la ciudad de Santiago, Chile), así como de asociaciones de residentes chilenos en Argentina, plantean que en Chile no se generaron las condiciones para recibir a todos los que así lo deseaban. Apreciación que se vincula también con una suerte de mea culpa acerca de cómo, desde el exilio, se encaró el retorno a Chile. Por un lado, plantean el hecho de que:

Y, por el otro, un mea culpa por el hecho de no haber preparado o “previsto el retorno”: “Nosotros tampoco nos preparamos como para volver, o sea, había que prepararse, o sea, habría que haber hecho lo que hicieron los otros, los otros se prepararon para volver […]”.[27]

Es decir, los dirigentes de los partidos en los que militaban se prepararon, ellos —militantes medios y de base— no. La cúpula de los partidos que logró retornar formaba parte de las redes y los lazos propios de las estructuras sociales y políticas hegemónicas chilenas y de las relaciones de parentesco que implican, hecho que les facilitó no sólo el retorno sino la reinserción en el país sin mayores dificultades. En este sentido, una vez más, la

estructura de clases de la sociedad chilena condiciona situaciones y relaciones diferenciales entre distintos actores sociales.

Aquí podemos ubicar parte de la yuxtaposición de la que hablábamos respecto de lo vivido durante el exilio en el marco de la recuperación del sistema democrático en Chile durante la década de los noventa: la “fragmentación política” sufrida entre los dirigentes de los partidos de izquierda y sus bases militantes, junto con los límites de las políticas de retorno implementadas desde el Estado durante el primer gobierno posdictadura.

La visibilización que se logra acerca de quiénes, cómo y por qué algunos retornan, y otros no, tiene, a nuestro entender, gran impacto en la dinámica que adquieren durante la segunda mitad de la década de los noventa la movilización y organización de una comunidad chilena en el exterior que se consolida al compás de los distintos tipos de hechos que hemos intentado ilustrar en los apartados anteriores. A continuación, plantearemos ciertas consideraciones al respecto.

De exiliados a migrantes o el reconocimiento de la dimensión migratoria del exilio

En algunos de los relatos de los miembros de la Federación de Asociaciones Chilenas en Argentina observamos que las reflexiones que realizan en la actualidad acerca de la experiencia del exilio y de los años posteriores al fin de la dictadura ayudan a comprender el lugar en el que están hoy en cuanto sujetos y como parte de la organización de la migración chilena en Argentina. Lugar que refiere a cuestiones de tipo ideológico, a concepciones de lo político, al reconocimiento de sus derechos como ciudadanos chilenos residentes en Argentina y a la legitimidad que tiene la lucha por los derechos políticos de los migrantes que vienen llevando adelante desde hace más de veinte años. Los argumentos que se dan en el presente para explicar(se) su situación actual o la crítica y autocrítica a su pasado militante forman parte de un proceso que para muchos comienza en el exilio, debido, entre otras cosas, tanto a la distancia que implica respecto a lo propio y conocido hasta ese momento como a las experiencias de vida en los propios lugares de destino. Como plantea Franco retomando el planteo de Edward Said, “la distancia y el desarraigo ofrecen una alteridad que permite comparar y tener otras experiencias que, al descentrar al sujeto de su entorno, le permiten realizar una auténtica tarea crítica” (Franco 2008, 284).

La imposibilidad del retorno a Chile fue modificando progresivamente la percepción del exilio que se vivía y pensaba como transitorio, hacia otra en la que se ponía en evidencia lo permanente de dicha condición.[28]

Nos preguntamos acerca del efecto que esto pudo haber provocado sobre la organización de los chilenos residentes en Argentina, en especial, en lo que refiere a la lucha por derechos políticos que, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, comienza a estructurar sus acciones y prácticas colectivas.

Teniendo este interrogante en mente, hacemos referencia a lo siguiente. La restitución de la democracia en Chile y la “fragmentación política” que se produce entre la dirigencia de los partidos de izquierda y los militantes medios y de base tuvieron como uno de sus principales efectos, la interrupción de la actividad política orientada hacia Chile que muchos desarrollaron desde el exilio a través de los Comités “Chile Democráticos” en distintas partes del mundo, y que, en cierto modo, implicaba una prolongación de la militancia como parte fundamental y estructurante de su vida antes del exilio. Como nos decían nuestros informantes en una de nuestras conversaciones, una vez restituido el sistema democrático en Chile, la actividad política desarrollada en el marco del movimiento Chile Democrático ya no tenía razón de ser. Es decir, en democracia, el accionar político pierde sentido, en la medida que el fin de la dictadura era la principal reivindicación que vertebraba la acción de dicho movimiento. Interrupción o corte que se tradujo, de forma casi inmediata, en dejar de tener al país de origen, Chile, como objeto de una praxis política desarrollada en el exterior.[29]

Sin embargo, como reverso de esta interrupción, nuestros informantes residentes en La Plata, junto con otros exiliados políticos también de esa ciudad, conformaron en 1996 un centro de residentes llamado Círculo de Integración Chileno-Argentino (CICHA), cuyas actividades tenían que ver, principalmente, con juntarse para celebrar el 18 de Septiembre (día de la Independencia chilena), cuando, por ejemplo, bailaban, comían empanadas de carne, tomaban unos vinos o pasaban alguna película.

De este modo, comenzaron a vincularse y reencontrarse en el ámbito de los centros y asociaciones de residentes chilenos en Argentina, y, así, (re)encauzaron o retomaron una participación, una práctica política, una militancia en Argentina, país que, como dijimos, ya se les presentaba más definitivo que transitorio.

Podemos considerar que la participación en los centros y asociaciones de residentes les permitió la continuidad de la militancia —aunque en un contexto diferente al de antaño—, que logra hacerse efectiva tanto a través de los centros y asociaciones ya existentes como a partir de la conformación de nuevas instituciones. Mendoza, Bariloche, Mar del Plata, Bahía Blanca, y otras localidades de la provincia de Buenos Aires como Villa Gesell, Monte Grande, San Martín, San Nicolás, Azul y Olavarría, fueron testigos, durante los primeros años de la década de los noventa, de la formación de nuevas instituciones de la migración chilena. Eran lugares donde mayoritariamente se asentó parte importante de la migración política chilena, que en el primer apartado mencionamos brevemente.[30] Muchos de los que participaron en su formación y consolidación se reconocen en una trayectoria común, en la medida que fueron exiliados políticos de la dictadura de Pinochet, simpatizantes y/o militantes medios y de base de los partidos que formaron la Unidad Popular en Chile, y, en algunos casos, también partícipes en el movimiento Chile Democrático, del que también hablamos antes.

Podemos decir, entonces, que se produce una suerte de continuidad o de reactualización de la militancia previa realizada antes de su salida forzada de Chile (Schugurensky y Ginieniewicz 2006). Como el “fin del exilio” no supuso el fin de la política en Argentina —aunque ésta ya no sería desarrollada de la misma manera—, el sentido de lo político y de lo que se entiende por hacer política cambia, en la medida en que ya no estará circunscripta a la política partidaria o a una militancia de tipo partidario. Es decir, un sentido de la acción política más amplio que no se reduce al ámbito político partidario, sino que lo excede.

En un sentido amplio, consideramos que esta resignificación del sentido de la política y de lo político se vio favorecida por la formación y la trayectoria militante de sus integrantes, de aquellos que se iban incorporando a las instituciones ya existentes o a las nuevas que se conformaban. Observamos que se fue definiendo con mayor claridad un para qué organizarse que intentó trascender no sólo el ámbito de la política partidaria, sino también el sentido que tenía el juntarse, ya sea para festejar las fechas patrias, organizar un partido de fútbol, bailar la cueca o juntarse a tomar vino y comer empanadas, en la medida en que se “renuncia” al retorno y se reconoce que Argentina, país al que llegan por la persecución política sufrida en Chile, deja de ser un “mero intervalo de espera entre su vida anterior y su vida futura representada por la ilusión de poder volver…” (Maletta, Szwarcberg y Schneider 1983, 305). Nos referimos al reconocimiento de sí mismos, ya no sólo como exiliados, sino como migrantes, es decir, lo que podemos pensar como el reconocimiento de la dimensión migratoria del exilio y, con ello, la posibilidad de reconocerse como sujetos de derecho, no sólo frente a la sociedad de destino, sino también respecto a la de su país de origen.

En el ámbito nacional argentino fueron desenvolviendo distintas maneras de actualizar lo político, como el movimiento Chile Democrático —como ejemplo del accionar político de la izquierda chilena en el exilio—, o a través de los nuevos centros que se conformaron durante los noventa, o cuando apoyan en 1995 la iniciativa de la Embajada Chilena en Buenos Aires de formar una federación de asociaciones chilenas en el país. Implicando todos diferentes ámbitos donde desplegar una praxis política, un saber-hacer producto de sus trayectorias de vida y bagajes personales.

De este modo, podemos decir que se produce una continuidad y (re)actualización de la militancia política y social que muchos de nuestros informantes desarrollaron en Chile antes del exilio, y que, como nos han dicho en muchas oportunidades, en Argentina encontraron maneras de canalizarlas, es decir, de actualizar lo político en el ámbito local nacional.

Lo interesante de ello tal vez sea que este reconocerse como migrantes no llevó a la despolitización de las prácticas, sino que las potenció al permitir resignificar el sentido otorgado a las actividades culturales, sociales y deportivas que hasta ese momento se venían llevando adelante desde las diferentes instancias de organización de los ciudadanos chilenos residentes en el país.

Consideramos que en este proceso de desplazamiento de exiliados a migrantes, por llamarlo de algún modo, se fue conformando un campo de disputa alrededor de derechos políticos transnacionales y, a partir de ello, retomando y continuando la actividad política hacia Chile que se había visto interrumpida por la restitución de la democracia en el país transandino, en 1990.

Finalmente, cabría pensar hasta qué punto el reconocerse como migrantes implicó la constitución de un nuevo sujeto político que, en forma dialéctica y al compás de nuevas demandas y reivindicaciones que se identifican como propias de la problemática de los chilenos en el exterior, los constituyó como tales y favoreció la objetivación y desnaturalización de situaciones de subordinación y discriminación sufridas en su país de origen antes del exilio. Estamos convencidos de que esta nueva identidad que se asume, la de migrante, no fue explorada aún lo suficiente. Es nuestra intención poder profundizar en ello en un futuro trabajo.