Introducción
El reconocimiento de los derechos sexuales en México presenta una realidad desigual. Por un lado, la movilización por los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) ha estado históricamente concentrada en la Ciudad de México, y ha logrado avanzar de manera vanguardista a nivel latinoamericano en la formalización de derechos tan visibles como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental o la identidad de género (De la Dehesa 2015; Diez 2011; Salinas 2017; Fuentes 2015). Por otro lado, existen realidades subnacionales muy heterogéneas en lo que respecta al reconocimiento de estos derechos. Se encuentran estados como Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, donde la influencia de las jerarquías eclesiales está muy arraigada y existe muy bajo reconocimiento de derechos; y otros como Coahuila, Campeche, Colima, Quintana Roo y Durango, donde la formalización de los derechos ha avanzado de manera muy amplia. O algunos como Michoacán, en los que la influencia de la Iglesia católica es muy marcada, pero la movilización por los derechos ha logrado generar avances significativos en materia legal; hasta estados como Veracruz, donde se presentan los indicadores más bajos a nivel nacional de identificación religiosa por parte de la población, pero se mantienen las grandes brechas de reconocimiento de los derechos LGBT (López 2017). Esta disparidad estatal se suma a una amplia lista de pendientes, como la implementación de protocolos para la atención a la población LGBT en materia de educación, salud, seguridad y justicia, además de un dramático incremento de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género en todo el territorio nacional (Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT 2020; Brito 2018).
Los retos y resistencias frente a la ampliación de los derechos de la población LGBT en México y sus diferentes avances a nivel subnacional reflejan que “cada región del país ha vivido el proceso de construcción del Estado laico diferenciado” (Hernández 2019, 189). Dada la centralización de la agenda y que la estructura del modelo federal mexicano da autonomía a los estados para legislar en estas materias, los actores colectivos que defienden los derechos LGBT se han visto obligados a dinamizar sus demandas a nivel subnacional, y han planteado estrategias que combinan el litigio estratégico, el cabildeo legislativo, las protestas y los reclamos públicos, con obtención de diferentes resultados (Salinas 2017; López 2017). Ahora bien, esta misma dinámica de autonomía estatal en materia de derechos LGBT ha implicado que los grupos conservadores y los actores con veto intensifiquen sus acciones y movilizaciones a nivel subnacional para bloquear el avance de estos derechos. Las jerarquías de la Iglesia católica y de diversas iglesias evangélicas y los partidos políticos que se oponen a los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBT han impulsado acciones colectivas articuladas bajo el discurso de oposición a lo que denominan como “ideología de género”, siguiendo las lógicas de expansión de este tipo de reacciones que se han presentado en amplios sectores de las sociedades occidentales (López 2018; Bárcenas 2018; Careaga 2016). Si bien las acciones de los grupos y organizaciones conservadoras con claras fuentes religiosas han estado presentes en México a lo largo de toda la historia moderna, y durante la segunda mitad del siglo XX establecieron alianzas políticas con organizaciones semiclandestinas y partidistas (Torre 2020), en lo corrido del siglo XXI hemos asistido a una creciente coordinación de varios de estos actores para impulsar un abierto activismo de rechazo a los derechos sexuales y reproductivos.
Dos de los hechos más visibles de la articulación de grupos conservadores en el siglo XXI en México se presentaron como sendas reacciones al avance institucional de los derechos sexuales y reproductivos. Primero, en el año 2007, tras la despenalización del aborto en Ciudad de México, el entonces presidente de la República y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnaron infructuosamente la constitucionalidad de dicha reforma. Al mismo tiempo, aumentaban en todo el territorio organizaciones civiles autodenominadas “pro vida” y surgía una ola de contrarreformas constitucionales en dieciocho congresos estatales para “proteger la vida desde la concepción”, con lo que se buscaba bloquear en los estados la posibilidad de que las mujeres ejercieran el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por otro lado, en el año 2016, tras la propuesta de reforma del Ejecutivo para homologar a nivel federal derechos como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental (siguiendo los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN]), se presentó una fuerte reacción y la coordinación de muchos de estos grupos, a través de la creación del Frente Nacional por la Familia (FNF). Con la creciente articulación de organizaciones civiles y religiosas con presencia en varios estados mexicanos, combinada con un intenso activismo callejero, legislativo y mediático, se logró frenar la reforma (López 2018; Bárcenas 2018). Estos episodios de reacción y coordinación reflejaron la resistencia a que los derechos sexuales y reproductivos consolidados en la Ciudad de México avanzaran en los estados de la república. Paradójicamente, y a pesar de que persisten las resistencias y movilizaciones lideradas por actores conservadores en los estados, estos procesos han sido poco estudiados a nivel subnacional.
Por lo anterior, es necesario comprender la dinámica de la relación entre movilización y contramovilización dentro del campo de disputas por las políticas sexuales en México a nivel subnacional. Si bien hasta el momento la literatura académica ha estado concentrada en estudiar las características de la acción del activismo conservador (Morán 2018; Vaggione 2020; Kuhar y Paternotte 2017), sus implicaciones en términos de regulación de la moral y la sexualidad (Sáez y Morán 2016), la dimensión religiosa y secular de sus acciones (Lemaitre 2013; Ruibal 2014; Vaggione 2005), así como las causas que ayudan a entender su emergencia (Biroli y Caminotti 2020; Corrales 2020), es importante analizar la dinámica movimiento-contramovimiento de una manera relacional e indagar por las implicaciones de la movilización conservadora sobre el tipo de oportunidades, repertorios y estrategias de los movimientos LGBT (Dorf y Tarrow 2014). En este sentido, además de los efectos institucionales y políticos que ha señalado la literatura, ¿qué tipo de dinámicas de movilización-contramovilización se presentan en México a nivel subnacional?; ¿qué efectos tiene la acción de los contramovimientos sobre la movilización LGBT en entornos subnacionales adversos a las demandas que cuestionan los principios heteropatriarcales y heteronormativos?
Para responder estas preguntas, en este artículo analizo el caso de Veracruz, un estado con un bajo nivel de reconocimiento de derechos sexuales y que cuenta con la presencia visible tanto de activistas a favor como de organizaciones que se oponen a estos derechos. Siguiendo un modelo analítico que aborda la dinámica movimiento-contramovimiento de manera relacional, argumento que frente a los impactos del activismo de los grupos y organizaciones conservadoras en el estado se generan dos mecanismos de respuesta del movimiento: aprendizaje y adecuación de repertorios. Estas respuestas, que modifican estrategias y prácticas, evidencian un proceso que va de lo subnacional a lo nacional, dada la alta capacidad de veto por parte del activismo conservador para limitar reformas y cambios en materia de derechos LGBT en el estado.
El activismo conservador y los impactos sobre la movilización: precisiones teórico-metodológicas
Uno de los fenómenos sociopolíticos más importantes de la última década en América Latina ha sido la creciente conflictividad generada en torno a las demandas por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Dados los históricos avances que han conquistado los movimientos feministas y LGBT en los diferentes estados y a nivel regional en México, se ha intensificado la presencia pública de grupos y organizaciones conservadoras, autodenominadas defensoras de la familia natural, de la vida, de los derechos de los padres y los niños, entre otros (Morán 2018; Biroli y Caminotti 2020). Los actores que se movilizan para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos son diversos, pero básicamente destacan jerarquías de la Iglesia católica e iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales; organizaciones de la sociedad civil que se presentan como defensoras de valores morales tradicionales; actores políticos con fuertes vínculos con iglesias y agrupaciones conservadoras. Estos actores han sido detalladamente descritos por Vaggione (2020), quien resalta el activismo católico conservador y sus usos del secularismo estratégico, así como el avivamiento de organizaciones y grupos evangélicos y neopentecostales que lideran la oposición a los derechos a través de la generación de pánico moral y alianzas electorales (Corrales 2020).
El principal marco que une a los actores colectivos conservadores en su activismo de oposición a las políticas sexuales es el rechazo a lo que denominan ideología de género y el cuestionamiento al avance de los derechos al definirlos como parte de una “imposición y colonización cultural” (Miskolci y Campana 2017; Kuhar y Paternotte 2017). Si bien los grupos conservadores siempre se han movilizado contra las políticas de libertad sexual y reproductiva, desde mediados de los años noventa, y con más intensidad desde la segunda década del siglo XXI, se han articulado para impulsar agendas, plataformas y colectivos coordinados a nivel regional con el propósito de posicionar sus acciones bajo tres estrategias argumentativas. Primero, oponerse a lo que denominan “tendencias antinaturales” que se difunden en los programas educativos y proyectos legislativos, e irían en contravía de la diferencia natural entre hombre y mujer. Segundo, plantear ideas y argumentos científicos que se contraponen a lo que para ellos es una corriente anticientífica representada por el constructivismo de las teorías feministas. Tercero, defender la “ley natural” frente a lo que conciben como una “revolución cultural e ideológica”, y para ello superponen lo que consideran derechos naturales de la familia, libertad de pensamiento, conciencia y religión (Vaggione 2020, 257).
En tal sentido, la creciente manifestación de estos grupos y organizaciones debe ser entendida como una contramovilización (Tarrow 2004, 132), en cuanto se ha dado el paso de resistencias históricas hacia una mayor organización, coordinación y articulación de estrategias colectivas como respuesta y reacción al avance y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a nivel estatal e internacional. En todos los casos, la contramovilización se genera como resistencia frente a las políticas de igualdad de género y aquellas que se oponen a la discriminación por orientación sexual, y defiende principios del orden heteropatriarcal y heteronormativo que regulan los cuerpos y la sexualidad, y que les dan mayor privilegio a los hombres blancos y subordina a las mujeres y a las personas que no reproducen prácticas heterosexuales (Sáez y Morán 2016; Morán 2018).
De manera temprana, las teorías de los movimientos sociales y la acción colectiva señalaron la constitución conjunta de las dinámicas de la movilización y contramovilización, las cuales generan una interacción sostenida que produce influencia mutua entre los colectivos opuestos (Meyer y Staggenborg 1996; Tarrow 2004), entendidos “en una relación dialéctica donde los movimientos buscan transformar el statu quo y los contramovimientos se resisten a dichos cambios” (Dorf y Tarrow 2014, 451). Dentro del campo de la movilización y la contramovilización por los derechos LGBT, existe una relación de interacción y determinación mutua que abarca los marcos discursivos impulsados por los actores (Benford y Hunt 2003), la influencia de variables como las oportunidades discursivas nacionales-internacionales (Ayoub y Chetaille 2020) o la forma como la expansión de un contramovimiento se puede configurar en una oportunidad política para el movimiento (Dorf y Tarrow 2014).
Estas dimensiones, que hacen énfasis en los factores discursivos y de oportunidad política, son sintetizadas por Stone (2016), quien identifica tres lógicas de contramovilización del activismo conservador que generan impactos institucionales: a) la reacción instrumental que se caracteriza por el uso estratégico que hacen los grupos conservadores del discurso de la “política moral”, con el cual incorporan, como parte de su agenda política electoral, la denuncia de los cambios que quieren impulsar los movimientos feministas y LGBT e imponen “costos electorales” a quienes apoyen dichos cambios; b) la reacción reactiva que se diferencia por el impulso de iniciativas políticas concretas para hacer retroceder los avances en materia de derechos LGBT, como pueden ser el impulso de referendos o iniciativas de ley; c) una oposición proactiva que se distingue justamente por el impulso de políticas o leyes contra los derechos de la diversidad sexual, orientadas a proteger lo que denominan “los derechos de la familia, de los niños o la libertad religiosa”, y de esta manera interfieren con principios propios del Estado laico (Stone 2016; Green 2000). Si bien estos tres tipos de reacciones suelen estar superpuestos, su especificidad analítica reside en entender que la reacción instrumental hace referencia a las estrategias intencionadas del uso de discursos como el de la ideología de género para producir adhesiones de la población y presionar políticamente a los gobiernos o legislativos. Por su parte, las reacciones reactivas o proactivas, que suelen basar su legitimidad en las reacciones instrumentales, se distinguen por el tipo de orientación institucional: en el primer caso, buscan echar para atrás reformas que ya se han aprobado; en el segundo, impulsan reformas que representan bloqueos a posibles reconocimientos futuros de derechos.
Además de los impactos institucionales de bloqueo de los derechos que generan las lógicas instrumentales, reactivas y proactivas del activismo conservador, una perspectiva relacional de la interacción movimiento-contramovimiento requiere analizar el tipo de impacto no planeado que la respuesta de los contramovimientos tiene sobre los repertorios y estrategias de los movimientos. Las teorías de la acción colectiva han dejado claro que los repertorios y habilidades de movilización responden a la capacidad de poner en marcha recursos e ideas de manera relacional en un campo de interacción entre grupos con distribución desigual de poder y capacidad de acción. Así, la interacción movimiento-contramovimiento siempre va a generar efectos no planeados sobre las lógicas y experiencias de la acción colectiva, las cuales delinean y determinan las decisiones y estrategias que siguen los actores colectivos dentro de su interacción.
Metodología
Siguiendo esta lógica, estudio el caso de Veracruz con fines descriptivos y analíticos (Gerring 2006). Se trata de una selección intencionada (Giménez 2012) por ser un caso en el que se presenta bajo reconocimiento formal de los derechos LGBT y una visible presencia tanto de la acción colectiva LGBT como del activismo conservador que se opone a sus derechos. En este sentido, Veracruz constituye un caso típico del bloqueo de los derechos sexuales a nivel subnacional, donde persisten bajos niveles de reconocimiento de derechos que reflejan la continuidad de marcos legales que reproducen valores y normas tradicionales. Si bien suele haber una interpretación que hace énfasis en una especie de cultura liberal en Veracruz frente a las prácticas sexuales no hegemónicas, dentro del campo de las políticas sexuales es uno de los estados más atrasados del país al no haber reconocido aún derechos como el matrimonio igualitario, la identidad de género o la adopción homoparental. Al mismo tiempo, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT (2020, 20), Veracruz es el estado mexicano que más crímenes de este tipo registra, con un total de 49 entre los años 2014 y mayo de 2020, situación que se refuerza por un grave contexto histórico de autoritarismo subnacional, creciente violencia y altos niveles de impunidad (Olvera 2018).
El análisis comprende el periodo 2016-2020. Parte de la conformación formal de los principales actores contemporáneos del contramovimiento conservador en el país y el estado (FNF y Más Vida Más Familia en 2016) y va hasta el fallido intento de aprobación legislativa del matrimonio igualitario en 2020. Para reconstruir analíticamente los impactos de la contramovilización sobre la movilización, sigo una estrategia de descomposición de procesos (Tilly 2001), mediante la cual identifico los principales mecanismos de respuesta del movimiento frente al activismo conservador en el estado, entendiendo por mecanismos una clase delimitada de eventos que alteran las relaciones entre los conjuntos de elementos específicos, en vías idénticas o muy similares, en una variedad de situaciones (Tilly 2001).
El material empírico está conformado por el seguimiento de prensa local, los pronunciamientos oficiales de actores y la realización de quince entrevistas a profundidad a líderes y lideresas de los principales colectivos LGBT en Veracruz. La selección de las entrevistas se basó en tres criterios: a) líderes o lideresas de colectivos y asociaciones visibles en el estado; b) cubrimiento de las diferentes ciudades del estado; c) trayectoria de por lo menos cinco años en el movimiento que permita valorar cambios y continuidades en sus repertorios y estrategias (ver tabla 1).1
Las entrevistas fueron realizadas a los líderes y lideresas de las principales organizaciones del movimiento LGBT, ya que sus testimonios permiten conocer los dilemas, decisiones y experiencias que emergen como respuesta a las acciones del activismo conservador. Las entrevistas cubren representantes de organizaciones y colectivos de Xalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica, con lo cual se buscó tener una reconstrucción no centralizada del proceso que permitiera reflejar las particularidades locales en el estado. La triangulación de la información se orientó a contrastar la reconstrucción de los procesos de interacción entre movimiento y contramovimiento en el periodo analizado con las experiencias de los y las activistas, para así identificar los mecanismos de respuesta que se repetían de manera constante.
Veracruz: actores de la movilización y la contramovilización
Veracruz es el tercer estado más poblado de México (con 8.113.000 habitantes) y tiene una marcada división subregional de seis ciudades intermedias (zonas metropolitanas) con 300.000 y 500.000 habitantes cada una: Poza Rica, Orizaba, Córdoba, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos. Esta división subregional responde a una histórica configuración socioterritorial con procesos sociales, culturales, políticos y económicos muy diversos en el estado, por lo cual las especificidades subregionales presentan a Veracruz como un estado donde la movilización social y la protesta adquieren rasgos territoriales particulares (Aguilar, Moreno y González 2020; Olvera, Zavaleta y Andrade 2012). En relación con la movilización de los derechos de la población LBGT y el entorno sociocultural en que esta se presenta, Barffusón (2016) explica que las subregiones de Xalapa y el puerto de Veracruz han tenido una tendencia de mayor apertura, entre otras razones, por ser los principales centros culturales y universitarios del estado. Por su parte, en las regiones de Poza Rica y Coatzacoalcos-Minatitlán, marcadas por la preponderancia de la economía extractiva petrolera, persiste un fuerte arraigo de prácticas patriarcales y machistas que se han explicado como parte de la “cultura petrolera” (Macedonio 2016). Mientras tanto, las subregiones de Córdoba y Orizaba se caracterizan por la histórica presencia e influencia de la Iglesia católica y por un fuerte arraigo del conservador Partido de Acción Nacional, entre otros, dado el peso de la industria y el empresariado local en la zona (Olvera 2018).
En tal sentido, como se presenta a continuación, las principales organizaciones conservadoras que se oponen a los derechos LGBT tienen particular peso en las regiones de Poza Rica, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán. Sin embargo, si bien es un estado muy diverso geográficamente, el proceso del activismo conservador sigue una clara lógica estatal en la medida en que las resistencias se escenifican en Xalapa y Veracruz, sedes de los poderes políticos del estado.
Los actores de la movilización
En un contexto de invisibilidad de las prácticas sexuales disidentes, las primeras organizaciones que empezaron a promover los derechos sexuales en el estado surgieron en los años noventa. Asociaciones como Xochiquetzal, en Xalapa, o Nuevo Lenguaje Siglo XXI, en el puerto de Veracruz (De la Dehesa 2015, 309), y, posteriormente, Fundación Hacia un Sentido de la Vida (2004), fueron las primeras que trabajaron con un enfoque centrado en la educación y concientización sobre temas relacionados con el VIH y la educación sexual (Barffusón 2016, 163). Un elemento central en la profunda investigación de Rafael de la Dehesa es que el contexto veracruzano parecía caracterizarse por un “pacto implícito” donde aumentó la persecución de las prácticas sexuales con las alternancias electorales que se dieron a nivel municipal, especialmente en municipios como Veracruz, Boca del Río, Cardel y Córdoba. Allí el ascenso del Partido Acción Nacional (PAN) y “una arena electoral más competitiva perturbaron acuerdos tácitos con autoridades estatales” (De la Dehesa 2015, 312).
Ante el aumento de la persecución y la estigmatización, diversos actores vinculados a la lucha contra el VIH y por los derechos LGBT organizaron espacios como el Foro Luna, desde donde iniciaron peticiones y negociaciones con autoridades (De la Dehesa 2015, 312-315). La continuidad de esta estigmatización se asocia, entonces, con el crecimiento de la formalización de las demandas por los derechos LGBT en Veracruz y con la incorporación de repertorios tan visibles como la realización de las primeras marchas del orgullo en Xalapa y Córdoba (en 2007), la formación de los diferentes comités locales para la organización de estos eventos y el nacimiento de asociaciones como Orgullo Xalapa y Orgullo Veracruz, orientadas al trabajo de visibilización y sensibilización sobre temas de diversidad.
Posteriormente, en la segunda década del siglo XXI, se dio un aumento significativo en la creación de asociaciones y organizaciones enfocadas en la defensa de los derechos LGBT en Veracruz. Por un lado, se realizaron marchas del orgullo en más municipios, dentro de las que resaltan las anuales en ciudades como Veracruz (2011), Coatzacoalcos (2010), Orizaba (2015), Poza Rica (2015) y Alvarado (2016).2 Por otro lado, se crearon múltiples colectivos a lo largo y ancho del estado, lo que evidencia una clara decisión colectiva de articularse a través de asociaciones que dieran identidad y organización a sus demandas. Entre otras asociaciones y organizaciones fundadas en este periodo destacan: Colectivo Ambient Tales de Diversidad Sexual, en Coatzacoalcos en 2012; Movimiento DiversoSexual de Córdoba; Centro de Desarrollo Social y Humano: Contigo México y Almas Cautivas, en Xalapa en 2013; Colectivo Igualdad de Orizaba, en 2014; Soy Humano en Veracruz, Colectivo LGBTTTI de San Andrés Tuxtla; Alianza Colibrí de Orizaba; Manos Rosas de Martínez de la Torre, Gayub de Alvarado, en 2015; o EcoSex de Xalapa, en 2017, entre otros. Dentro de este conjunto creciente también destaca la Asociación Comunidad Jarochos Alianza para la Inclusión y la Indiscriminación (2014), ubicada en el puerto de Veracruz, organización que encabeza las estrategias de litigio a través de amparos que han permitido que diversas parejas del mismo sexo puedan casarse en el estado.
El crecimiento en todo el estado de colectivos se asocia igualmente con el proceso vivido a nivel nacional en el movimiento LGBT y la consolidación de la agenda de los derechos humanos, especialmente la difusión de los principios de denuncia contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género (Diez 2011; De la Dehesa 2015). El trabajo de la mayoría de los colectivos y asociaciones está enfocado en la educación, el apoyo a la comunidad y la socialización (con el público y las instituciones) en temas de diversidad y derechos sexuales.
Los actores del contramovimiento
Para el campo de los actores conservadores que se oponen a los derechos sexuales, es importante destacar que Veracruz es uno de los estados con mayor diversidad religiosa de México.3 A pesar de esto, la Iglesia católica tiene una presencia muy arraigada y un rol protagónico en la dinámica social y política del estado. Retomando las directrices establecidas a nivel global por la jerarquía católica, la Iglesia católica en Veracruz tiene una clara postura de rechazo a los derechos sexuales y reproductivos, y difunde mensajes de oposición desde sus homilías, mediante las posturas de la vocería oficial de la Arquidiócesis de Xalapa así como a través de medios de comunicación, en los que tiene una influyente presencia. Igualmente, y aunque con menos notoriedad pública, existe un amplio conjunto de iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales con presencia en el estado y que coinciden en la creencia de que la política debe estar determinada por los principios de Dios (Vázquez 2007).
Entre los actores políticos que históricamente han tenido una posición contraria a los derechos sexuales y reproductivos se encuentran el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, tras su reciente creación, el evangélico Partido Encuentro Social (cuyo dirigente estatal viene de una trayectoria de militancia dentro del PRI y el PAN en Coatzacoalcos). Igualmente, entre los representantes estatales del partido de gobierno Morena existen claras divisiones, pues varios de sus integrantes se oponen a este tipo de derechos (E9).
Dentro de las asociaciones civiles representantes del activismo conservador, destaca el FNF, el cual se conformó con diferentes nodos estatales en Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos desde su aparición pública a nivel nacional en 2016. A pesar de presentarse como una asociación civil independiente, sus vínculos con los jerarcas de la Iglesia católica en el estado son estrechos y explícitos, y reproduce sus mensajes y símbolos en las diferentes manifestaciones y presentaciones públicas.4 Igualmente, la asociación Consejo Veracruzano Más Vida Más Familia (previamente denominada Vida Familia), liderada por Arturo Segovia desde Coatzacoalcos, también tiene estrechos vínculos con la Iglesia católica y en el año 2016 promovió exitosamente la reforma al Código Civil que definió la protección de la vida desde la concepción. Estas organizaciones, además de actuar dentro del estado, hacen parte de redes nacionales e internacionales de agrupaciones conservadoras que defienden las ideas de la familia natural y la vida desde la concepción. Particularmente el Consejo Veracruzano Más Vida Más Familia hace parte del consejo directivo de la Coalición Sumas, una red de más de setecientas organizaciones en México que se articuló en noviembre del 2018 para, en sus palabras, hacer frente a los ataques a la familia, la vida y las libertades.
El aumento del activismo conservador y las respuestas de la movilización LGBT (2016-2020)
En el escenario de aumento de la formalización de las resistencias de grupos conservadores contra los derechos sexuales y reproductivos, se presentó la primera alternancia de gobierno estatal con la llegada del PAN a la cabeza de Miguel Ángel Yunes (2016-2018). Como lo evidencia Rafael de la Dehesa (2015), desde inicios de la década del año 2000, la llegada del PAN a diferentes alcaldías municipales en Veracruz representó un incremento público de la persecución y la estigmatización de la población LGBT con apoyo de los gobiernos. Posteriormente, en el 2018, llegó al poder estatal el nuevo partido Morena a la cabeza de Cuitláhuac García, quien, a pesar de representar una opción nueva de gobierno que se autoidentifica como de izquierda, no ha brindado apoyo para impulsar las reformas de reconocimiento de derechos demandadas por la población LGBT.
A continuación, se descompone analíticamente la interacción entre movimiento y contramovimiento en el periodo 2016-2020, a partir de los mecanismos de respuesta que evidencian un proceso creciente de vinculación de lo local a lo nacional, dada la alta capacidad de veto que han mantenido los grupos conservadores en Veracruz.
Aprendizaje y adecuación de repertorios para la coordinación y la vinculación con actores nacionales
En febrero del 2017, el gobierno de Yunes realizó una modificación a la carta matrimonial del Código Civil del Estado y, como producto de un error en la elaboración de la reforma, la nueva versión del Código Civil no especificaba que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Si bien esta modificación fue producto de un error y no parte de una intención del gobierno panista por reconocer el matrimonio igualitario, este episodio generó una coyuntura de oportunidad no buscada tanto para los grupos conservadores como para el movimiento LGBT.
Por un lado, frente a esta situación la Iglesia católica y las organizaciones civiles como Vida Familia y el recientemente creado FNF protestaron y, en menos de una semana, el gobernador retiró la modificación argumentando que había sido una confusión y que la mayoría veracruzana no apoyaba esas agendas. De esta manera, los grupos conservadores a la cabeza de las organizaciones recién creadas (FNF y Vida Familia) adquirieron visibilidad pública al circular sus denuncias contra la posibilidad de que se atacara a la “familia natural”. Por otro lado, este episodio de reacción y la inmediata respuesta gubernamental generaron un efecto de articulación de los colectivos LGBT a lo largo del estado que no se había presentado hasta el momento, pues, en palabras de una de las más visibles activistas: “nos molestó mucho que diera marcha atrás, sobre todo que fuera a raíz de las presiones de los grupos de derecha y de las iglesias. Entonces fue ahí cuando empezamos a organizarnos y empezamos a hacer encuentros” (E2). Como respuesta a la negativa gubernamental, el 11, el 14 y el 16 de marzo diversos activistas, colectivos y defensores de derechos LGBT realizaron encuentros en Orizaba, Xalapa y Veracruz para convocar a la conformación de la Coalición Estatal LGBTTTI+ del estado de Veracruz (La Coalición), integrada por 35 asociaciones y colectivos de diferentes municipios el 22 de marzo de ese 2017.
Uno de los principales argumentos presentados para la constitución de La Coalición era la necesidad de dar respuesta a la reacción conservadora cada vez más visible en el estado, especialmente desde la aparición del FNF, al cual acusaban en sus ruedas de prensa de difundir discursos de odio y desinformación (E3, E4). Como mencionamos, dada la gran heterogeneidad de realidades subregionales en Veracruz, aquella fue la primera vez que se configuraba una acción colectiva coordinada en todo el estado: la solicitud de una audiencia con el gobernador para demandar el respeto de la población LGBT. A raíz de esta petición, las asociaciones suscribieron un acuerdo de coordinación basado en una agenda común: impulso al matrimonio igualitario, ley de identidad de género, tipificación de crímenes de odio, protocolo para personas trans en el ámbito escolar, políticas públicas, impulso laboral, y acceso al trabajo y a la salud sin discriminación (E1, E4, E11). La fundación de La Coalición Estatal sirvió para que, además de la visibilidad, se crearan mesas de diálogo para promover políticas públicas institucionales, ya que, en palabras de representantes del movimiento, “era muy fácil para los gobiernos decirse incluyentes permitiéndote una marcha, una pinta, colgar una bandera, pero no querían que estuviéramos en las mesas de diálogo y trabajo con las instituciones gubernamentales” (E4). Actualmente La Coalición está integrada por más de sesenta colectivos de todo el estado y, además del trabajo de incidencia directo con legisladores, incorporó como parte de sus repertorios la realización de ruedas de prensa que permitieran hacer visibles sus demandas y puntos de vista frente a situaciones particulares, y de audiencias y actividades con órganos públicos (E2, E4, E14).5
Ante la creciente circulación de los discursos y las acciones de las asociaciones conservadoras, el movimiento LGBT en Veracruz experimentó un proceso reflexivo de aprendizaje y adecuación de sus repertorios que impactó en sus prácticas y estrategias. Estas respuestas dejan claro que el aprendizaje y la adecuación de repertorios se debió orientar a una mayor coordinación y a aumentar la capacidad de vinculación con actores y agencias nacionales, dado el cierre experimentado a nivel estatal. Así, una de las primeras acciones de La Coalición fue presentar solicitudes ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en las que se pedía actuación en el caso, razón por la cual este organismo emitió una recomendación (la primera de su tipo en México) donde instaba al Ejecutivo y al Legislativo estatal a modificar el Código Civil para superar la discriminación a la población LGBT (Aguirre y Chiñas 2017).
Tras esta coyuntura, en diciembre del 2017 el Consejo Veracruzano Más Vida Más Familia presentó una iniciativa respaldada por 12.000 firmas, muchas de ellas recolectadas en la zona sur del estado, con la que buscaba modificar la Constitución mediante una reforma que incluía “elevar a rango constitucional a la familia y el matrimonio, como referentes en la elaboración de políticas públicas que la refuercen; establecer que los padres son quienes tienen injerencia en la educación de los hijos” (Congreso del Estado de Veracruz 2017), siguiendo las definiciones propias de los estándares católicos de la familia y el matrimonio natural. A pesar de haber pasado en una primera ronda de votación, y ante las críticas recibidas por diferentes organismos internacionales, la reforma no fue aprobada y el colectivo conservador rompió formalmente relaciones con el PAN. Este quiebre entre la organización civil y el partido político dejó en evidencia que el principal interés de las asociaciones religiosas era incluir la agenda contra los derechos como definitoria de la identidad de partido, lo que se relaciona con esfuerzos sostenidos que han tenido, con apoyo de la Iglesia católica, por crear sus propios partidos (Castillo 2019). Ante esta situación, el activismo conservador, de cara a la coyuntura electoral del 2018, siguió una lógica de activismo callejero-electoral que impulsó la idea del “voto de castigo” para quienes apoyaran los derechos sexuales y reproductivos (López 2018).
En medio de las crecientes demandas colectivas, y con un nivel de coordinación que no se había presentado hasta el momento, la movilización LGBT encontró apoyo en facciones legislativas como las del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para impulsar, entre los años 2017 y 2018, dos reformas a los artículos 196 y 144 del Código Penal del Estado de Veracruz, las cuales tipificaron los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género (E2, E3, E11). La iniciativa buscaba garantizar el castigo a los responsables y capacitar a los agentes ministeriales y policiales en temas de investigación y trato con las personas LGBT (“Preparan iniciativa para tipificar” 2017; Meléndez 2018). La violencia de odio basada en prejuicios por orientación sexual e identidad de género se caracteriza por un alto nivel de sevicia y crueldad, cuyas víctimas son principalmente hombres gais o mujeres transexuales, quienes son considerados los mayores transgresores de los parámetros heteronormativos (Domínguez-Ruvalcaba 2015, 8). Las organizaciones denunciaban, entre otras cosas, que el aumento de los crímenes de odio estaba asociado con las posiciones públicas de grupos religiosos conservadores, especialmente después de la emergencia del FNF y la experiencia fallida de reforma durante el gobierno de Yunes.6 A pesar de haber sido presentadas por los diputados locales como reformas de vanguardia en México, no fueron armonizadas con políticas públicas ni en los juzgados ni en los ministerios públicos (E4), por lo cual se mantiene una tasa elevada de impunidad y es difícil que las fiscalías inicien investigaciones bajo este tipo penal específico.7
Como parte de los mecanismos de aprendizaje y adecuación de repertorios, el reto impuesto por el contexto de aumento de violencia obligó al movimiento a mejorar sus estrategias de articulación interna y de conexiones nacionales para impulsar el conjunto de documentación y construcción de información para la denuncia. De esta manera, La Coalición estableció vínculos con la Coalición Mexicana LGBTTTI+ (integrada por más de doscientos colectivos a nivel nacional) y el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (liderado desde Ciudad de México por la Fundación Arcoíris) y se ha generado información que le ha permitido al movimiento un seguimiento más claro de la realidad de los crímenes de odio en el estado: “esta comunicación organizativa que hemos logrado nos ha ayudado a darle seguimiento a lo que estamos haciendo para que la información sea plana. Porque una de las primeras cosas que nos encontramos en las mesas de trabajo con el gobierno y el Legislativo era precisamente eso, nos decían: ‘Ustedes no se ponen de acuerdo’” (E4).
Si bien la mayoría de los y las activistas señala que el movimiento LGBT en el estado no plantea sus acciones para responder al FNF o a la Iglesia (E1, E4, E7, E11, E14), reconocen la necesidad que experimentaron todos los colectivos de adecuar sus estrategias de comunicación y difusión de mensajes. Desde la perspectiva del movimiento LGBT, los principales recursos con los que cuentan los grupos civiles contrarios a sus derechos son el capital económico que les permite movilizarse por todo el estado y la cercanía e impulso de la Iglesia católica (E4, E6, E2, E8, E9). El movimiento identifica que esta es una institución que no solo tiene legitimidad social sino también política (E2, E7). De acuerdo con los y las activistas, desde la conformación del FNF, los mensajes orientados a atacar a la población LGBT se difunden en las misas para llegar a los y las creyentes y como recurso de “amenaza” a las y los políticos; en ese sentido, se presentó un reto de comunicación e incidencia, pues, desde su perspectiva: “es cierto que a todo mundo le asusta, nadie quiere que hablen mal de él en misa, ¿quién va a desconfiar del padre?, ¿quién va a cuestionar la palabra del padre?” (E9).
De la misma manera, mientras el repertorio de producción de información y documentación se enfocó en el problema de los crímenes de odio, la gran mayoría del activismo centrado en la educación y denuncia experimentó un proceso de reflexión sobre la necesidad de generar estrategias de prevención y reducción de la visibilidad de sus figuras individuales, como adecuación y autocuidado colectivo frente a los peligros (E1, E2, E3, E5, E13). Como recuerda una de las líderes más visibles del movimiento (mujer trans), luego de recibir múltiples ataques de personas que se autoidentificaban como religiosas o que la acusaban de difundir en las escuelas la ideología de género: “he debido tener mayor cautela, y por otro lado siendo más y actuando más en colectivo. Buscando mayor visibilidad colectiva. La idea se volvió pues ir a reuniones en oficinas de gobierno o en otros lados siempre en grupo para no exponernos. Hemos modificado cosas de cómo nos movemos, porque no sabemos hasta dónde sean capaces de llegar estas personas” (E2).
Las respuestas de aprendizaje y adecuación de repertorios por parte del movimiento de cara a los retos y la influencia del activismo conservador en el estado se caracterizaron por un esfuerzo paulatino de mayor coordinación entre actores a nivel estatal, y autocuidado y vinculación estratégica con actores a nivel nacional que permitieran visibilizar las resistencias institucionales a las demandas de respeto de los derechos LGBT.
Aprendizaje y adecuación ante los bloqueos al cambio legislativo: la necesidad del trabajo jurídico nacional
Los principales efectos del creciente activismo conservador contra los derechos sexuales en México a nivel subnacional se han reflejado en los bloqueos institucionales. A pesar de que todos los años el movimiento LGBT trata de promover reformas legislativas para el reconocimiento de sus derechos en Veracruz, estas se han visto limitadas debido al veto conservador. En este sentido, desde diciembre de 2019 y hasta junio de 2020 se presentó en Veracruz una intensa discusión política y mediática en torno a la propuesta de reforma del Código Civil del estado impulsada por la diputada Mónica Robles del partido de gobierno Morena. La reforma incluía más de cincuenta modificaciones sustanciales a los derechos de las mujeres, como divorcio sin causal, libertad de orden de apellidos de hijos e hijas, reconocimiento del trabajo en la familia, pensión compensatoria, entre otras, así como el reconocimiento del matrimonio igualitario. Como parte de un acuerdo entre la diputada proponente y el gobierno estatal, se realizaron diversos foros por la Igualdad y la No Discriminación en diferentes municipios, con el objetivo de socializar y discutir el contenido de la reforma. A pesar de lo necesaria y urgente de esta dentro de los marcos constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, su propuesta generó férreas y enconadas resistencias por parte de los grupos y organizaciones conservadores que argumentaban que quería imponer la ideología de género, “el aborto” y “la destrucción de la familia”. En un proceso que fue escalando en niveles de agresividad, los grupos conservadores protestaron en los foros de discusión que se realizaron en Poza Rica, Cosamaloapan, Acayucan, Orizaba, Coatzacoalcos y Xalapa, y obligaron incluso a la cancelación de uno de estos encuentros en el puerto de Veracruz.
Los episodios de mayor confrontación se presentaron en Orizaba (18 de enero) y Coatzacoalcos (20 de enero), dos de los municipios de más influencia de la Iglesia católica y con mayor presencia de colectivos conservadores (E3, E9, E10, E11, E13). Para la realización del foro de la ciudad de Orizaba las organizaciones, a través de Más Vida Más Familia y Comunidad, Familia y Cultura, llamaron a tomar las instalaciones para impedir que, en sus palabras, avanzara el ataque contra los valores de la familia veracruzana (Molina 2020b; Figueiras 2020). Según los testimonios de las personas que participaron en dicho encuentro, los grupos que se movilizaron para protestar contra la reforma eran básicamente los mismos en todo el estado, y en el caso de Orizaba estaban directamente encabezados por sacerdotes de la Iglesia católica y representantes cristianos (E3, E9, E11). Por su parte, durante la realización del Foro en Coatzacoalcos, los grupos católicos y cristianos interrumpieron con protestas; para la diputada convocante, estas eran coordinadas por las mismas personas en todos los municipios (Chiñas 2020).
El último de los foros fue realizado en el Congreso del Estado en Xalapa el 23 de enero de 2020; allí participó el subsecretario federal de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien se pronunció a favor de la reforma, señalando que los cambios se adecuaban plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos (“Reforma al Código Civil” 2020). Finalmente, el 28 de mayo de 2020, con 35 votos a favor y 14 en contra, fueron aprobadas las Reformas al Código Civil del Estado de Veracruz, lo que significó un gran avance en materia de derechos y protecciones para las mujeres del estado. Sin embargo, y como consecuencia de las protestas realizadas por los grupos conservadores, dentro de la reforma no fue aprobada la modificación que reconocía el matrimonio igualitario; se realizó solo una modificación que permitió que fuera reconocido el concubinato entre parejas del mismo sexo y en el dictamen final del Congreso se señaló que la comisión no consideraba la modificación del matrimonio “para zanjar esta discusión y no abonar en mayores confrontaciones” (Ruiz 2020).
A pesar de que el avance legislativo del matrimonio igualitario fue bloqueado, el reconocimiento del concubinato fue interpretado por los grupos opositores como “una trampa legislativa para que sin discusión previa se llegue a Veracruz a permitir el matrimonio igualitario” (“Aprueban reforma al Código Civil” 2020). Por su parte, en el comunicado dominical del 31 de mayo, el vocero oficial de la Arquidiócesis de Xalapa acusó a los diputados de “dinamitar” el matrimonio y la familia, señalando que la reforma, que había tenido en cuenta la opinión mayoritaria, abriría el camino para que la SCJN “impusiera” el matrimonio igualitario en el estado (Hernández 2020).
Estos episodios, que se podrían describir como una derrota de la movilización LGBT en el estado ante el éxito del activismo conservador para bloquear el matrimonio igualitario, tuvieron, sin embargo, efectos no planeados sobre la movilización. Estos se caracterizaron, por un lado, por un aprendizaje de los procesos de negociación legislativa y, por otro, por una adecuación de repertorios que van de lo político a nivel subnacional a lo jurídico a nivel nacional. El testimonio de una activista con trayectoria como diputada local es claro:
Creo que esto del Código Civil ha sido como un parteaguas y he visto que a partir de esto ha empezado a haber otra vez movimiento, porque si bien creo que es un gobierno que atiende y escucha más, hay que salir igual, hay que hacer lo que haya que hacer, nos quitan el matrimonio igualitario, entonces armamos una estrategia jurídica para ver si podemos empujar para obligarlos. Porque hay un panorama donde si nos organizamos bien sí podríamos tener resultados. (E9)
En cuanto a los efectos de aprendizaje, el rechazo conflictivo del matrimonio igualitario llevó a La Coalición Estatal LGBTTTI+ a replantear las prácticas y estrategias al momento de planear la incidencia y negociación legislativa: “La estrategia que hemos optado ahora es por el diálogo no visible ante medios, ante otras personas, ya no cacaraqueamos el huevo como hacíamos antes. No es que estemos pactando en oscurito, pero las iniciativas que ahora tenemos así por la experiencia de lo que nos ocurrió con la reforma integral al Código Civil, simplemente esos grupos antiderechos nos reventaron todas” (E4).
Ante la capacidad continua de veto conservador para frenar las reformas institucionales de reconocimiento de derechos, el mecanismo de respuesta de aprendizaje y adecuación de los repertorios del movimiento LGBT refleja una necesidad de reorientar las estrategias de la negociación legislativa a nivel subnacional hacia la presión política y jurídica a nivel nacional. La experiencia de los foros obligó al movimiento LGBT a redirigir las demandas y aceptar la aprobación del concubinato para, a partir de allí, impulsar un litigio estratégico basado en la presentación de amparos para impugnar dicha reforma. El argumento principal es que, al modificar la definición de concubinato, el Legislativo fue omiso por no hacerlo también con la del matrimonio y, según los criterios de la SCJN, la reforma debería ser declarada inconstitucional (Molina 2020a):
Nos hemos ajustado, a partir de lo que pasó con el Código Civil que se atoró solo en la parte de concubinato; lo que hemos hecho es organizarnos en una estrategia estatal para solicitar la inconstitucionalidad a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, y la segunda estrategia es que estamos solicitando amparos por parejas afectadas y legítimas de manera masiva intentando llamar otra vez la atención de la Suprema Corte. (E6)
El primer objetivo colectivo alcanzado tras estas redefiniciones estratégicas se presentó el 3 de agosto del 2020, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH 2020) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Código Civil del Estado de Veracruz “por violación al derecho a la no discriminación, al impedir el matrimonio igualitario en dicho estado”, la cual sigue su trámite ante la SCJN.
Conclusiones
En este artículo he analizado los impactos del activismo conservador sobre la movilización por los derechos LGBT en México a nivel subnacional a partir del caso de Veracruz. Descomponiendo el proceso de interacción del movimiento y el contramovimiento en Veracruz entre 2006 y 2010, se identificaron dos mecanismos de respuesta del movimiento: aprendizaje y adecuación de repertorios. Esta descomposición analítica permitió explicar que los mecanismos de respuesta caracterizados por el aprendizaje y la adecuación de repertorios del movimiento LGBT trataron de hacer frente al veto sostenido de los grupos conservadores a nivel estatal, así como al aumento de la persecución, la violencia y la estigmatización. De esta manera, el movimiento LGBT experimentó un proceso de escalamiento de sus estrategias de lo subnacional a lo nacional: 1) buscando mayor coordinación (creación de La Coalición Estatal) y alianzas con redes y plataformas nacionales (como la plataforma nacional de crímenes de odio y las asociaciones expertas en materia de derechos sexuales); 2) creando espacios de exigencia con agencias públicas nacionales (con demandas ante Conapred) e interlocución y diálogo con líderes políticos que buscaron apoyo de dirigencias nacionales (el caso de Morena y el infructuoso apoyo de la Secretaría de Gobernación); 3) proponiendo una estrategia de litigio que escaló de la presentación de amparos hasta la judicialización de las demandas por el matrimonio igualitario, a través de demandas de inconstitucionalidad ante la SCJN apoyadas por la CNDH.
El caso de Veracruz presenta diversas enseñanzas para problematizar diferentes experiencias a nivel subnacional. A pesar de la diversidad y heterogeneidad interna estatal, se identifica que el activismo conservador, con fuerte arraigo en zonas como Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, tiene una clara proyección en todo el estado y una presencia tanto mediática como de incidencia política. Frente a esto, la movilización LGBT se ha enfrentado al reto de tratar de coordinar sus acciones también de manera estatal. Si bien los esfuerzos de articulación a través de La Coalición Estatal fueron novedosos, son muy específicos los actores que logran vincularse con otras organizaciones nacionales, debido a la limitada capacidad de movilizar recursos o conexiones, lo que se establece como un gran reto para la acción colectiva subnacional al momento de tratar de consolidar las agendas que aumenten la presión a nivel nacional. Esto se evidencia, igualmente, con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, el cual ha quedado en manos de pocos colectivos, lo que ha fragmentado la acción. A pesar de estas limitaciones, es claro que la conexión nacional es importante, ya que las demandas son rebasadas a nivel subnacional, de allí que las estrategias jurídicas busquen precisamente proyectar las demandas de lo subnacional a lo nacional, ante la alta capacidad de incidencia institucional y veto impuesto por los grupos conservadores en el estado.
Los resultados de la investigación evidencian que la relación entre movimiento y contramovimiento, en el marco de los conflictos por los derechos sexuales y reproductivos en México, toma matices particulares a nivel subnacional. Si bien los derechos LGBT han avanzado significativamente en Ciudad de México y en algunos estados de la república, en otros contextos subnacionales prevalecen situaciones de bajo reconocimiento y una importante presencia del activismo conservador que veta y bloquea los derechos. Dada la relevante presencia de las jerarquías católicas, la creciente movilización de organizaciones civiles autodenominadas “provida” y “profamilia” y la agencia de políticos que ceden y hacen alianzas con estos actores conservadores, el avance de los derechos LGBT presenta grandes retos. Sin embargo, la investigación demuestra que los efectos sobre las prácticas y estrategias del movimiento LGBT a través del aprendizaje y la adaptación de repertorios no pueden ser catalogados necesariamente como negativos, en la medida en que se han constituido como oportunidades para redefinir las estrategias políticas y discursivas de incidencia de lo subnacional a lo nacional. Esto evidencia que la relación movimiento-contramovimiento es siempre dinámica y transforma la propia lógica de la acción colectiva.