INTRODUCCIÓN
Las raíces de la disputa educativa mexicana se encuentran en el periodo de la Colonia, cuando la Iglesia. católica fue desplazada de la tutela mayoritaria de la alfabetización y la enseñanza, debido a la necesidad de inculcar a los súbditos la obediencia al Estado colonial. Aunque la Iglesia católica sostenía una serie de principios morales y religiosos de aplicación social, no había una disputa abierta con el Estado colonial, existía competencia entre ambos, lo cual permitió el desarrollo de una relación integradora. Dicha relación tenía la finalidad de convertir a México en una colonia desarrollada que compartiera valores políticos semejantes a España, entre los que se encontraba el catolicismo como elemento cohesionador y civilizador.
En el siglo XVIII comenzaron a difundirse las ideas del despotismo ilustrado en el tema educativo, impulsadas entre 1759 y 1788 por las reformas de Carlos III. Éstas promovían una educación fundamentada en la racionalidad y proponían la separación de los dogmas católicos de la enseñanza. Más tarde, con el contagio de los ideales de la Revolución Francesa, se expandió el pensamiento ilustrado, que concebía a la educación como el motor del progreso, con altos poderes de transformación social y política, que debía ser accesible a todas las clases sociales.
En este periodo el Estado mexicano se armó de una serie de ordenamientos jurídicos que comenzaron a estructurar los fundamentos de la educación como vía para la formación de la ciudadanía política, pero no estaban en discrepancia con el catolicismo como religión de Estado. Sin embargo, cuando las corrientes del liberalismo empezaron a propagarse, tuvieron como efecto que la libertad de culto y de enseñanza, así como la separación Iglesia-Estado, quedaran plasmadas en las leyes subsecuentes. Por ello, en los siglos XIX y XX, las relaciones entre la élite política liberal y la élite religiosa fueron mayoritariamente desintegradoras.
Este artículo analiza el conflicto ideológico entre el liberalismo y el conservadurismo católico en el siglo XIX en México, sobre el proyecto educativo de la Educación Positivista (1867-1911). Objetivo que parte del interés de evidenciar a la Iglesia católica y al Estado mexicano como actores políticamente relevantes en la disputa por la invención de la nación a través de la educación. Esta investigación retoma y profundiza algunos debates que forman parte de una investigación que actualmente se encuentra en curso, y que, por su importancia y complejidad histórica, se deben abordar separadamente..
En México existe una amplia tradición académica dedicada al análisis de la educación. La línea de investigación que corresponde al periodo de este análisis estudia los proyectos educativos de los gobiernos presidenciales (Lazarín, 1996). Dentro de estas investigaciones se encuentra una sección dedicada a la política educativa del gobierno juarista (1867-1872).1 En ella se profundizan el proceso de construcción del Estado secular y su impacto en el espacio educativo (Talancón, 2006). Consecuentemente, las investigaciones refieren al estudio de los ordenamientos jurídicos que establecieron la obligatoriedad y expansión de la educación (Alvarado, 2007, pp. 19-42), así como los personajes que delinearon la política educativa nacional (Muriel, 1964).
La segunda sección temática analiza la política educativa del gobierno porfirista (1876-1911).2 Los temas centrales son los análisis del pensamiento educativo sobre las reformas de la política educativa mexicana (Maciel, 1996; Díaz, 1999; Ocampo, 2010). Sobresalen también aquellos estudios dedicados a la enseñanza de la Historia para la construcción de la nación y de la identidad nacional desde el ámbito educativo (Florescano, 2005). Asimismo, hay una notable referencia dedicada al estudio del positivismo (Romo y Gutiérrez, 1983), el humanismo ateneísta (Castañeda, 2002) y la prensa infantil (Galván, 2000).
Con este artículo se pretende hacer las siguientes aportaciones. Primero, se trata de analizar de manera objetiva el rol de la Iglesia católica como actor relevante en la política educativa. Segundo, mostrar los mecanismos de dominación jurídicos, organizativos y de tipo represivo empleados por la élite dominante liberal para imponerse, y tercero, analizar a la educación positivista como un proyecto de unificación ideológica nacional.
El artículo está diseñado en tres vertientes temáticas. La primera analiza la educación positivista a partir del triunfo definitivo de los liberales durante el gobierno de Benito Juárez, de 1867-1872. La segunda se centra en el periodo porfirista de los años 1876-1911. Ambas vertientes explican la formación, introducción y reorganización del positivismo en México, la institucionalización de la educación positivista, así como la idea de nación que sería transmitida en dicho proyecto educativo. Finalmente, de forma general se explican las causas de la oposición conservadora-católica en cada periodo de gobierno, los mecanismos de resistencia implementados para combatir el avance del liberalismo positivista y la idea de nación que compitió como proyecto político a la par del Estado.
BENITO JUÁREZ Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTABILIDAD POLÍTICA
La estabilidad del sistema político comenzó a desarrollarse en el periodo conocido como la República Restaurada (1867-1876).3 La cuestión principal era llegar a un punto de conciliación con la facción conservadora. Los temas que requirieron atención fueron construir el Estado, unificar ideológicamente a la población e instruirla, y obtener independencia económica y política para evitar un nuevo golpe de Estado. Una de las primeras estrategias que empleó la élite política liberal a partir de 1867 consistió en la designación de los candidatos por los caudillos locales y por los Gobernadores para ocupar cargos públicos, los cuales eran ratificados por el Presidente. Dicha estrategia resultó de gran utilidad para Juárez. Con ella pudo convertirse en Presidente Constitucional en 1867, y más tarde le permitiría reelegirse.
Se reorganizó el gabinete en diversas ocasiones para moderar ideológicamente las políticas del Gobierno. Se redujo al Ejército de 60 mil a 20 mil integrantes, con lo cual se controló la posibilidad de revueltas iniciadas por los militares y se pudieron obtener recursos para financiar el proyecto educativo positivista. La convocatoria del 14 de agosto de 1867 contenía en el artículo 9° otras estrategias: la creación de dos cámaras y la posibilidad de que el Ejecutivo tuviera derecho de veto en las disposiciones de cualquiera de ellas. La convocatoria anunciaba el periodo de conciliación con la Iglesia católica al permitirle elegir y ser electa para las diputaciones. Ambas medidas no fueron aceptadas por los gobiernos locales. Desde distintas perspectivas, estas medidas fueron percibidas como “traición”, por la tregua con la facción conservadora y por el interés de Juárez de conservar el poder. Pese a los intentos legitimadores de la propuesta de reforma, el 8 de diciembre de 1867 el presidente decidió retirarla.
Otra medida se implementó el 13 de octubre de 1870, con el decreto de la Ley de Amnistía a aquellos que hubieran propiciado la instauración del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Como resultado, el arzobispo de México, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, principal colaborador del Segundo Imperio, regresó a México el 12 de mayo de 1871, junto con otros exiliados. También se suavizó la aplicación de la ley de 1863 sobre el embargo de las propiedades a los “traidores a la patria”. Se suspendió la aplicación de las leyes de Reforma sobre el culto religioso y las tierras comunales, y se permitió la reorganización económica de la Iglesia mediante el pago de los fieles para el perdón de los pecados por haber adquirido bienes eclesiásticos con las Leyes de Reforma (Medina, 2004).
Paralelamente, el gobierno juarista permitió que la Iglesia católica comenzara a establecerse en diversos espacios. El 28 de diciembre de 1868 surge la Sociedad Católica de la Nación Mexicana, que tenía por objetivo proteger y propagar la religión católica y atender la educación confesional. Esta organización se diversificó dando lugar a la Sociedad de los Señores y la Sociedad Católica de Señoras. Esta última llegó a contar con más de sesenta filiales operando en el país y se interesó particularmente en educar a las mujeres (Pacheco, 2014).
Surgieron diversos periódicos católicos que, además de los existentes en las Entidades Federativas, lograron transmitir los valores del conservadurismo católico. Lo cual permitió que la facción conservadora católica se mantuviera pacificada y sin oponerse al Gobierno, y que desde diversas organizaciones, variados materiales didácticos, instituciones educativas y publicaciones en periódicos continuara transmitiendo sus valores religiosos, morales y políticos, que lograrían ser dominantes durante el gobierno porfirista.
LA FORMACIÓN DE LA IDEOLOGÍA POSITIVISTA
Para materializar la estabilidad política se llegó a la conclusión de que las leyes y las medidas políticas no eran suficientes para que la sociedad se sometiera al poder del Estado. Se determinó que la educación transmitiría en la población la unidad nacional, haría del liberalismo la ideología oficial y moldearía los rasgos distintivos del mexicano liberal. El positivismo lograría que sin coerción perceptible se sumara a los individuos al proyecto político, económico y social de la élite política liberal.
El positivismo que se desarrolla en México es una corriente de pensamiento fundada por Augusto Comte. Comte (1902) resumía este postulado como una herramienta que evitaría la rapiña de las revoluciones, la cual requería una “doctrina orgánica fundamental, una educación conveniente y un espíritu de cuerpo notable” (p. 10). La educación tomó relevancia, puesto que consistía en “un sistema entero de ideas para preparar a los individuos al orden social en que habrían de vivir” (Comte, 1942, p. 31). Para lograrlo, Comte (1942) proponía la estructuración de una sociedad que defendiera el “amor por principio, el orden por fundamento y el progreso como finalidad” (p. 25).
Estas ideas resultaron novedosas para los intelectuales mexicanos, quienes consideraban que el país necesitaba un sistema educativo que permitiera modernizar y pacificar. De acuerdo con Hale (2002), aunque el positivismo comenzó a hacerse visible en México a partir de 1867, desde la década de 1840 existía una simpatía de los políticos mexicanos hacia esta corriente de pensamiento, principalmente Mariano Otero (pp. 20-21). Otros consideran que el primer contacto con el positivismo se estableció con Pedro Contreras Elizalde (Noriega, 1968, p. 37), quien ingresó en 1848 a la Sociedad Positivista de París, y sería el mentor de Gabino Barreda a su llegada a París, a mediados del siglo XIX (González, 1959, p. 119). Barreda, guiado por los consejos de Contreras, tomó el curso de Filosofía sobre Historia General de la Humanidad organizado por Comte. A su llegada a México, en 1851, intensificaría su estudio sobre el positivismo (Noriega, 1968, p. 37).
En 1867, tras el triunfo de los liberales, Benito Juárez presenciaría en Guanajuato la Oración Cívica de Gabino Barreda, quien aplicó la Ley de los Tres Estadios para analizar la historia política mexicana. Tal fue el impacto de la Oración, que Juárez le solicitaría estructurar un programa para reorganizar la educación en el país (Aragón, 1898, p. 23), y prontamente se integraría una comisión con Pedro Contreras Elizalde que daría inicio a la educación positivista.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN POSITIVISTA
Durante los primeros años de la gestión juarista, los avances en materia educativa fueron escasos. En los progresos más relevantes destaca la expedición de El Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación, en 1859, que aumentó los establecimientos de enseñanza primaria gratuita. La instrucción fue considerada como la base de la prosperidad del pueblo que evitaría los abusos de poder, y el decreto estableció la libertad de enseñanza para toda clase de estudios.
En 1861 se designa a Ignacio Ramírez como Secretario de Justicia e Instrucción Pública, y el 18 de febrero de 1861 se puso a cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública la educación primaria, secundaria y profesional. Con ello, al Estado se le delegaron la vigilancia y el control de la educación pública, ratificados con la emisión del Decreto del gobierno sobre arreglo de la instrucción pública, el 15 de abril de 1861.
Durante la gestión de Ramírez se eliminaron las asignaturas religiosas y se reestructuró el contenido desde la educación básica hasta la superior, para que gradualmente se creara la conciencia nacional en los estudiantes. Del pensamiento educativo de Ramírez se puede deducir que la construcción de la nación mediante el sistema educativo tenía por objetivo generar homogeneidad cultural, crear la conciencia nacional e integrar a hombres, mujeres e indígenas al sistema educativo, puesto que con ello se podían solventar las causas que originaban el atraso del país. (Véanse: Meneses, 1998, p. 178; Clark y Speckman, 2005, p. 215; Eguiarte, 1989, p. 140; Ramírez, 1988, p. 27; Chust y Mínguez, 2003, p. 82; Vázquez, 2005, p. 60).
Posteriormente, Gabino Barreda se integra al gabinete presidencial en 1867. La influencia de su pensamiento positivista derivaría en la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, el 2 de diciembre de 1867, que estableció los contenidos esenciales de la educación primaria, secundaria, preparatoria, escuelas normales, y la apertura de escuelas de sordomudos, artes y oficios, entre otras. Esta legislación permitió el desarrollo de otros reglamentos para modernizar, expandir y hacer plausible la obligatoriedad y gratuidad de la educación, tal como la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal, publicada el 15 de mayo de 1869, que aumentó el número de escuelas en el país, con su respectivo reglamento del 9 noviembre de 1869. Además del Decreto de 14 enero de 1869, que reformó la Ley Orgánica de 1867 y refrendó la libertad de enseñanza. Así, a partir de 1868, el liberalismo se nutrió de la corriente positivista, y su principal medio de difusión sería la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), fundada en 1867 y ratificada mediante la promulgación de la ley reglamentaria del 24 de febrero de 1868.
Gracias a las medidas conciliatorias empleadas por la élite política liberal, el proyecto educativo pudo mantenerse en un periodo de desarrollo constante. La reestructuración de las asignaturas desde la educación primaria hasta la superior constituyó una de las estrategias más importantes. Tuvo por objetivo disminuir el poder ideológico y político del conservadurismo católico, puesto que se pretendía educar con valores cívicos y políticos que impidieran que en años subsecuentes las nuevas generaciones propagaran los valores del conservadurismo católico, que surgieran enfrentamientos civiles de mayor intensidad o que se instaurara definitivamente un gobierno conservador. Con el fallecimiento de Benito Juárez, en 1872, concluiría la primera fase de estabilidad política, debido a la agudización del anticlericalismo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876), a las críticas que recibió la ideología positivista desde diversos sectores, así como a la oposición religiosa.
LA CONCEPCIÓN DE LA NACIÓN LIBERAL DURANTE EL GOBIERNO DE JUÁREZ
En esta primera fase, ser un mexicano liberal significaba el abandono de los elementos perjudiciales del origen étnico. En cuanto a la religión, su culto se remitió al ámbito privado, y la devoción sería para el Estado. El mexicano liberal tendría hábitos de trabajo, puntualidad, ética financiera para el ahorro y la inversión, sería emprendedor, capitalista, instruido, sin vicios ni ludopatías, y un ciudadano republicano.
El positivismo se convirtió en el elemento central que edificaría la nación. Tuvo por objeto difundir educación integral al impartir materias relacionadas con la moral, la urbanidad, las ciencias, las artes, Historia Patria, Geografía Nacional y Leyes. Con ello se comenzaría a transmitir el nacionalismo, a formar la conciencia nacional, a infundir los derechos y deberes de ciudadanía, y se excluiría definitivamente la enseñanza de la religión e Historia Sagrada. Esto era parte de un proyecto científico-pedagógico que pretendía abatir el origen de los prejuicios cognitivos de los individuos. Los efectos negativos que producían la educación heterogénea y la deficiencia de instrucción en las mujeres, que transmitía conocimientos erróneos e impedía la construcción de la estabilidad social.
El positivismo se presentaba como un movimiento destructor de las clases sociales mediante la concentración de los alumnos en un solo instituto. A su vez, contradecía la visión organicista de la élite religiosa, en la que a las clases empobrecidas sin capacidades de éxito real en la sociedad, únicamente había que instruírseles en temas religiosos como la enseñanza del catecismo. Como ideología, en México se presentaba como un movimiento intelectual internacional modernizador de las sociedades que las conducía a la estabilidad social. Tendría la función de cimentar una base común de valores que erradicaran la polarización ideológica a causa de la religión y las ideologías políticas. Desde la óptica de los positivistas, se corregirían los errores de la socialización primaria, se sumaría a los futuros ciudadanos al liberalismo y se los integraría al proyecto del Estado. Lo cual reduciría los costos políticos y económicos de su implementación, ya que se transmitiría a través del poder infraestructural del Estado.
GÉNESIS DE LA RESISTENCIA CONSERVADORA CATÓLICA FRENTE A LA EDUCACIÓN LIBERAL
El momento más relevante que dio origen a la oposición conservadora católica lo constituye la Alocución de Pío IX contra la Constitución, publicada el 15 de diciembre de 1856, que tuvo por objeto responder a los debates liberales sobre las leyes que integrarían la nueva Constitución, e incitó a la comunidad católica a rechazar la Carta Magna por considerarla quebrantadora del Derecho Canónico. Así, la Alocución evidenció la superioridad de los ordenamientos religiosos respecto a los civiles y se opuso al sometimiento de la comunidad católica a la Constitución liberal. Tales declaraciones fueron consideradas por el Gobierno mexicano una violación al orden civil y a la soberanía nacional. Lo cual derivó en la persecución religiosa con la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero de 1857, a todos aquellos que se negaran a jurarla y a reconocer su validez.
Por otra parte, la Iglesia católica argumentó la imposibilidad de ejecución de las reformas educativas del Estado por escasez de recursos públicos y por lo que consideró como una “involución cultural”, al uniformar la enseñanza y decretar la obligatoriedad de la educación positivista. Con ello, la familia y las mujeres perdieron el derecho natural de educar a sus hijos. Lo cual les había sido otorgado en 1864 en la encíclica Syllabus errorum del papa Pío IX, y posteriormente en 1891, en la encíclica Rerum novarum de León XIII. Desde su perspectiva, con la secularización y laicización del Estado se tendió a la emisión de leyes que invadían el ámbito de acción de la Iglesia católica y su autoridad.
Otra vertiente remarcó la inviabilidad de las leyes educativas que instauraron el laicismo, a causa de la incompatibilidad con los valores vigentes de la sociedad, que era mayoritariamente católica. Se subrayaron las incongruencias con el precepto de la libertad de enseñanza conferida por la Constitución, en la que, por un lado, se establecía la libertad de cátedra y, por otro, se obligaba a las escuelas a implementar el plan de estudios positivista. Además, se aludió a las consecuencias que el laicismo había producido en la humanidad, en cuanto a la propagación de ideologías destructoras de los valores católicos y morales, y oficialmente se estereotipó a las escuelas del Gobierno como “impías”, produciendo una respuesta de las familias católicas, cuando gran cantidad de ellas impidieron que sus hijos acudieran al sistema de educación pública.
Tal fue el conflicto a nivel ideológico, que para facilitar la comprensión a la comunidad católica en estos temas se recurrió a argumentar académicamente las razones de la oposición a la currícula positivista, la libertad de enseñanza, el laicismo educativo, la desaparición de los castigos corporales en las escuelas públicas (que fueron sustituidos por un sistema de premios), el enciclopedismo, y a la ineficacia de la élite política liberal para construir un sistema educativo que mejorara las condiciones físicas y morales de la niñez.
Para lograr una mayor difusión de estos argumentos se emplearon distintos medios, que oscilaron desde las alocuciones papales hasta periódicos católicos, discursos en las Diócesis y libros académicos, produciendo con ello una masificación del mensaje de la élite religiosa a un menor coste.
LA CONCEPCIÓN DE LA NACIÓN CONSERVADORA CATÓLICA DURANTE EL GOBIERNO DE JUÁREZ
Para la Iglesia católica, el principal conflicto en el tema educativo con el liberalismo positivista fue lo que consideró como la destrucción de la familia tradicional y los valores morales, al negársele el derecho a educar a sus hijos. Además de que corrompía los espacios dedicados a la sacralidad e instruía a las mujeres sin la fe católica, se les divorciaba de su función como jefas de familia y de la responsabilidad del cuidado del hogar al crearles una mentalidad enciclopédica. Aunado a ello, se cuestionaban los dogmas religiosos por carecer de evidencia empírica que justificara su existencia.
Como ideología, el liberalismo positivista propició la propagación de la masonería y el espiritismo, que, desde la óptica de la comunidad religiosa, ejercían una influencia notoria en la niñez a través de distintos medios propagandísticos. Por ello, se trató de impedir que las nuevas generaciones se educaran con los valores del liberalismo y del positivismo. De permitirlo, ocasionarían una reducción de su poder ideológico y político al producir una población defensora de la modernidad y de sus patologías, con fuertes incentivos para integrarse a los círculos de masones y de espiritistas, que a la postre se convertirían en los nuevos persecutores de la comunidad religiosa.
Para revertir tales efectos, la Iglesia católica proponía una nación educada en los valores del catolicismo, y para ello era necesario prohibir la libertad de enseñanza, con lo cual se evitaría que las bases sociales de la nación fueran educadas con pedagogías modernas que permitieran la proliferación del liberalismo positivista, el protestantismo, y produjeran la decadencia moral de la sociedad. Además de ello, el proyecto constructor de la nación tenía por objetivo generar homogeneidad cultural, crear la conciencia nacional para evitar la influencia de naciones anticatólicas y principalmente integrar a las élites y a los niños pobres y abandonados al sistema de escuelas confesionales. En el cual no sólo se inculcaba el hábito del trabajo, sino el temor a Dios y los valores tradicionales del catolicismo, que a su juicio producían una sociedad moralmente responsable.
Pensaban que era necesario occidentalizar y civilizar a la sociedad mexicana, pero fomentando el apego a los valores morales. En especial, con las clases sociales empobrecidas y con los indígenas, mediante la acción social y la enseñanza del catecismo, pretendían “liberarlos” de sus comportamientos patológicos y criminales que les impedían ser buenos ciudadanos. Esto haría transitar al país de un conjunto de individuos atomizados a una nación católica, mestiza y cooperadora que alentara el crecimiento económico y promoviera el progreso intelectual, económico, social y moral.
PORFIRIO DÍAZ Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTABILIDAD POLÍTICA
El fallecimiento de Benito Juárez en 1872 propició el adelanto del proceso electoral. Participaron en la contienda dos candidatos: Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, resultando ganador el primero de ellos. Durante su gobierno (1872-1876) se implementaron diversas legislaciones para concluir el proceso de secularización del Estado. Legislaciones que reactivarían el conflicto Iglesia-Estado.
El conflicto se incrementó debido a numerosas rebeliones en el interior del país y a que Lerdo de Tejada intentó reelegirse. Este hecho desencadenó la Revolución de Tuxtepec, en 1876, comandada por Porfirio Díaz, quien al resultar triunfante se asentó en el poder de 1884 a 1911. Los esfuerzos de la élite gobernante se dedicaron a la construcción del sistema político, las instituciones y la modernización económica del país. La construcción de la estabilidad política se basaría en la conciliación de la élite liberal con el conservadurismo católico.
Con ello, el culto religioso se incrementó considerablemente. Su punto cúspide llegó con la coronación de la Virgen de Guadalupe, en 1895, y con el desarrollo de múltiples peregrinaciones en diversas Entidades Federativas. A pesar de que las Leyes de Reforma prohibían estas manifestaciones, el gobierno porfirista permitió que se efectuaran pero sin la participación en ellas de algún funcionario, y la regulación del culto público quedó a cargo de los gobiernos locales.
La libertad de prensa que el régimen porfirista concedió al conservadurismo católico permitió que pudiera transmitir con efectividad y de forma permanente sus valores políticos, sociales y religiosos. Aunque en determinados momentos existían críticas sobre la situación del país, también había posturas legitimadoras y conciliadoras con el régimen que permitieron la subsistencia de la prensa católica. Con el fortalecimiento de la Sociedad Católica de la Nación Mexicana se financiaron periódicos nacionales y locales enfocados a distintos grupos sociales y a los niños, y a partir de 1911, las publicaciones católicas, dirigidas al sector obrero del país, se especializaron en asuntos sociales.
Con respecto a la legislación en materia religiosa, se reformó en 1898 el artículo 5° de la Constitución de 1857, que estableció que “La ley no reconoce las órdenes monásticas, ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse” (De la Torre, 1901, p. 13). También se reformó el artículo 27°, que prohibió a las corporaciones religiosas adquirir propiedades o administrar bienes raíces. Aparte de éstas, la tendencia del gobierno porfirista hasta 1911 consistió en no emitir legislaciones que agudizaran el anticlericalismo, aunque tampoco se derogaron las leyes existentes, pero sí se suavizó su aplicación.
Por otra parte, la educación privada católica tuvo un desarrollo constante. Durante el periodo se instauraron diversas escuelas lasallistas, jesuitas, de los hermanos maristas, salesianos y de educación femenina, además de las mexicanas que ya existían bajo la dirección de la Iglesia. También se reanudaron las relaciones con el Vaticano a través del eclesiástico Eulogio Gillow y se logró establecer una Delegación Apostólica. Ello no significó que se hubieran eliminado las disidencias con el papado, pero sí le permitiría a Díaz que el Arzobispado le consultara las candidaturas para ocupar las diócesis del país.
Finalmente, con la promulgación de la encíclica Rerum novarum, la Iglesia católica comenzó a reorganizarse y a difundir la Doctrina Social (DSI) a través de cuatro Congresos Católicos, de 1903 a 1909, que dieron lugar a la aparición de la Gran Asociación Nacional Católica, la Unión Católica Obrera y la Confederación Unión Nacional de Círculos Católicos Obreros. Esta etapa concluyó con la creación del Partido Católico Nacional, en 1911. No obstante, la etapa de Pax Porfiriana no significaría la sumisión al proyecto educativo positivista por parte de la Iglesia católica, ya que ésta encontró los medios infraestructurales para contrarrestar los efectos del positivismo.
LA REORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN POSITIVISTA DURANTE EL PORFIRIATO
Una vez que Porfirio Díaz fue declarado Presidente constitucional en 1876, se dedicaría a reorganizar al país y a encaminarlo hacia la modernización. La educación sería uno de los principales rubros de inversión. De su éxito dependían la industrialización y la formación del pueblo consciente. Para el logro de esta tarea, cinco ministros de educación transitarían en el porfiriato. Durante estos años se emitieron diversas normas de utilidad para la instauración de la educación positivista: el 28 de febrero de 1878 se promulga el Reglamento para las Escuelas Nacionales Primarias y Secundarias de Niñas; y el 12 de enero de 1879, el Reglamento para las Escuelas Nacionales Primarias de Niños (Díaz, 2004, p. 82). La importancia de éstos radica en las diferencias que establecieron para la educación de los géneros. La primera norma, dirigida a la enseñanza femenina, no incluía la educación moral y urbanidad. La segunda, dirigida a los varones, incluyó la educación cívica como parte fundamental del currículo oficial. En este periodo sobresale la creación de dos instituciones que servirían para la emergencia de la Escuela Normal para profesores en años posteriores: la Sociedad de estudios objetivos y la Academia de profesores de la ciudad de México (Moreno, 2014, p. 2).
Lo relevante de estos años es que a partir de 1880 comenzarían a aparecer diferentes manifestaciones a favor de la modernización pedagógica y de los contenidos de la educación oficial, a cargo de Justo Sierra, Enrique Laubscher, Carlos A. Carrillo y Enrique C. Rébsamen. Estos aportes originarían el surgimiento de la educación liberal nacionalista. En 1882, cuando Joaquín Baranda fue designado para ocupar el cargo de Ministro de Justicia e Instrucción Pública, las expresiones a favor de la enseñanza científica se incrementaron. En la Memoria presentada al Congreso en 1887 enfatizó la responsabilidad del Estado en la tutela educativa de la población. Durante su gestión se crearon nuevos valores para corregir las deficiencias de la sociedad mexicana y para consolidar la obligatoriedad de la enseñanza que socializaría los valores de la élite política liberal.
Este proceso de modernización educativa inició en 1882 con el Congreso Higiénico Pedagógico, en el que se entendió al aseo y al cuidado corporal “como una medida de higiene moral y social, preventiva contra la delincuencia y contra la propagación de los azotes de la humanidad” (Torres, 1907, p. 62). Para 1885 se estableció la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria, a partir del decreto del 17 de diciembre de 1885 (Carpy, 2013, p. 143). Con esta institución se lograría la defensa del laicismo educativo y de los proyectos de instrucción. El decreto estableció los primeros avances hacia la homogeneidad de los contenidos de la enseñanza pública a través de la implementación de los libros de texto, en 1888.
El año de 1889 resulta de gran relevancia, puesto que se promulga el Decreto del 23 de mayo, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, así como la exclusión de la élite religiosa de la educación pública. Marcando con ello el desarrollo institucional del laicismo educativo y la responsabilidad del Estado en cuanto a la procuración de la enseñanza. Dichas disposiciones serían refrendadas con la promulgación del Decreto del 28 de marzo de 1890. Conjuntamente, en diciembre de 1889 se realizó el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública. Esta resolución significaba una orientación popular hacia la educación pública que tendría por objetivo generar igualdad de condiciones para todos los estratos sociales (Debates del Congreso Nacional de Instrucción Pública, 1889, p. 17). Este Congreso concluyó que “la libertad de conciencia y la libertad de cultos obligaba a respetar, fuera de la escuela oficial, toda decisión de los padres sobre la educación de sus hijos” (Meneses, 1998, p. 379).
Con la celebración del Segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública, entre diciembre de 1890 y febrero de 1891, se llegaría al punto cúspide de la institucionalización de la educación positivista, que incidió en la reestructuración del plan de estudios de la ENP, incrementó las horas de enseñanza de Historia Patria y suprimió la Metafísica. En la instrucción primaria, la influencia del positivismo se mantendría vigente. Se estableció que en “los textos de Historia, Moral e Instrucción Cívica destinados a despertar sentimientos y mover voluntades, se empleará la forma puramente literaria” (Segundo Congreso Nacional de Instrucción. Informes y resoluciones, 1891, p. 22). Estos materiales didácticos sustituyeron a la enseñanza religiosa y tenían por objetivo formar la “religión de la patria”.
El resultado de las conclusiones de los dos Congresos permitió el reforzamiento de la educación positivista a través de la expedición de la Ley Reglamentaria de Instrucción Primaria Obligatoria, del 21 de marzo de 1891, y el Reglamento de Escuelas Elementales, del 31 de mayo de 1891. La Ley estableció las “normas precisas acerca de los planes y programas de enseñanza” (Ventura, 1970, p. 38), mientras que el Reglamento reguló la composición interna de las escuelas. A estas disposiciones las acompañaron otras desde 1890 hasta 1896, que reforzarían el poder del Estado en cuanto al control de la educación, la industrialización y la formación del pueblo consciente.
A principios del siglo XX surgirían tres aspectos que harían a la educación positivista entrar en una fase de desarrollo constante: la renuncia de Joaquín Baranda en 1901; la designación de Justo Sierra a cargo de la Subsecretaría de Instrucción Pública, y de Enrique Rébsamen como director de Enseñanza Normal. Con el ingreso de Justo Sierra al gabinete presidencial se lograría que la educación estuviera guiada por la ideología positivista, y a su vez, la designación de Enrique Rébsamen permitiría la socialización de los docentes en los valores del positivismo.
Con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905 se produjeron una reasignación mayor del presupuesto, la independencia de la educación con respecto a otros ramos de la administración pública y la difusión masiva del positivismo a través de otras áreas culturales e institucionales. Esto se reforzaría con la promulgación de la ley del 12 de diciembre de 1901, que reglamentó la enseñanza primaria y superior, y la ley de educación primaria para el Distrito y territorios federales de 1908, que estableció la educación nacionalista y el laicismo.
También, la creación en 1908 de la Escuela Nacional de Altos Estudios tendría por objetivo la formación de profesionistas de la educación y de “hombres defensores de la ciencia”, que posteriormente daría paso a la inauguración de la Universidad Nacional, en 1910. Por otra parte, el Tercer Congreso Nacional de Instrucción Primaria, celebrado en 1910, contribuyó al desarrollo de informes en materia educativa que los distintos representantes de las Entidades Federativas presentaron sobre la situación educativa de sus regiones y las posibles líneas de acción para completar la institucionalización de la educación.
Como resultado, se produjo el desarrollo de distintas escuelas en el país dedicadas a la enseñanza de artes y oficios; a la formación de técnicos; a la alfabetización; a la instrucción de los párvulos; al aprendizaje de idiomas; a la educación femenina; a la formación de abogados, médicos, ingenieros, arquitectos y agrónomos; a la instrucción de secretarias, comerciantes y contadores, entre otras (Bazant, 2014). Sin embargo, las críticas constantes hacia la ineficacia de la educación positivista, la oposición religiosa hacia los valores del positivismo y el estallido de la Revolución en 1910 llevarían al fin de la educación positivista.
LA CONCEPCIÓN DE LA NACIÓN LIBERAL DURANTE EL GOBIERNO DE PORFIRIO DÍAZ
El positivismo se convirtió en la justificación científica del gobierno porfirista. Las decisiones educativas, políticas o económicas tenían por fin instaurar el orden político y social para transitar al progreso, y, por lo tanto, requerían el apoyo de la comunidad intelectual para lograr las metas con mayor eficacia.
El proyecto de construcción ciudadana se mantuvo con los mismos valores que en el periodo juarista. Sin embargo, se consideró que la ciudadanía no sería accesible para todos los individuos, debido a sus cualidades personales, económicas e intelectuales, y a su interés en temas de debate público o de relevancia nacional, aspecto que estaba en concordancia con la visión de la Iglesia católica. El acceso a los asuntos públicos se restringió a las minorías ilustradas poseedoras de riqueza, y los esfuerzos se dedicaron a instruir al pueblo para poder integrarlo a la nación y al proyecto económico del Estado, para que en un futuro pudieran convertirse en ciudadanos republicanos.
Se trató de incorporar desde edades tempranas hasta la edad adulta a hombres mujeres e indígenas al sistema educativo. Se proseguiría con la formación de valores comunes para la estabilidad política desde la educación básica hasta la ENP. Se forjaría en los alumnos un conocimiento enciclopédico. Se les enseñarían lenguas extranjeras y oficios. Se les crearía el buen gusto por las bellas artes. Y también se les formarían la mentalidad secular y la tolerancia a la apertura religiosa (Sierra, 1996, pp. 50-52).
En cuanto a la formación del mexicano liberal, se insistió en un individuo mestizo, capitalista, productivo, emprendedor, intelectual y físicamente sano. El mestizaje permitiría la construcción de la nación sin polarizaciones ideológicas. No existirían preferencias por algún grupo específico y se eliminarían las distinciones raciales. La comunidad científica desarrolló una serie de investigaciones inspiradas en el neomalthusianismo y la eugenesia de países como EE.UU. y Francia, para indagar las condiciones óptimas en las que se debería realizar el mestizaje para formar la conciencia nacional, disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades crónico-degenerativas por herencia genética y evitar la propagación de generaciones con impulsos naturales hacia el crimen y la violencia (Chávez, 2004).
A pesar de los esfuerzos por hacer de la educación positivista un proyecto nacional, no fue accesible para toda la sociedad, a causa de la pobreza, el número de años que duraba la educación básica, la deserción escolar, y a que los padres de familia consideraban que era más productivo que los niños se dedicaran al trabajo para contribuir al ingreso familiar.
LA OPOSICIÓN CONSERVADORA CATÓLICA FRENTE A LA EDUCACIÓN LIBERAL DURANTE EL PORFIRIATO
El primer aspecto que contribuyó al fin de la educación positivista fueron las críticas por el incremento de las asignaturas en el currículo oficial de la educación primaria y de la ENP, ya que producían agotamiento en los alumnos, y difícilmente se llegaba a la especialización (La Voz de México, 1894). Argumentaron que el capital humano que se estaba formando no podía integrarse al mercado laboral, dado que se prefería contratar a los extranjeros sobre los nacionales, y los trabajos vacantes no eran suficientes para absorber al número de egresados. Otra vertiente versó sobre el excesivo número de años que duraba la educación primaria, que sólo un reducido porcentaje la concluía y continuaba con la formación superior.
También se sumaron otras argumentaciones de índole política que afectaron al gobierno de Díaz. Éstas se orientaron a los aspectos económicos del país, la escasa participación social y la continuidad en el poder del general Díaz. Ello derivó en el estallido de la Revolución en 1910 y la renuncia al poder de Porfirio Díaz en 1911. Aunque dichas críticas se realizaban de forma pública en distintos periódicos, la resistencia más importante estuvo a cargo del conservadurismo católico.
La oposición de la Iglesia se desarrolló en varias fases. Primero, en los años en los que el Estado comenzó el proceso de secularización. La acción hostil de la Iglesia, motivada por la Alocución del Papa Pío IX contra la constitución, publicada en 1856, que deslegitimó a la Constitución de 1857, derivó en la Guerra de Reforma y el Establecimiento del Segundo Imperio. Otra fase se dio con la llegada de León XIII al pontificado de Roma. La Iglesia católica mexicana comenzó a interesarse en problemas de tipo social y a reorganizar sus bases sociales a través de la educación de los obreros, que fue permitida por la élite liberal porfirista.
Finalmente, en la fase del papado de Pío X, aunque hubo un regreso a la etapa intransigente y beligerante, la Iglesia católica mantuvo un discurso y una actividad en el límite del consenso, puesto que los costes de una ruptura abierta con la élite liberal serían mayores que si se continuaba con una oposición de tipo pacífico a través de la prensa, la educación católica o las asociaciones obreras. Sin embargo, una vez que estalló la Revolución en 1910, el discurso antiliberal se incrementó notablemente.
Para contrarrestar los “peligros” del liberalismo porfirista para la moral y la religión del país, la Iglesia utilizó dos estrategias: una de tipo político-religioso y otra de socialización y activismo político. De acuerdo con Moreno (2014, pp. 38-62), en la primera estrategia sobresale la conversión de México a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. El antecedente de ello se remonta a la historia francesa entre 1673 y 1675. Esta idea se retomó en México a partir del exilio al que fueron enviados los religiosos en la época de la Guerra de Reforma, los cuales encontraron asilo en Francia, Roma y España, que les permitiría aprender nuevas técnicas para masificar el catolicismo. A su regreso en 1871, el arzobispo Labastida sería un personaje importante para la difusión de estas ideas. De ello surgieron diversas agrupaciones como el Apostolado de la Oración, en 1874, y la Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, en 1884, que permitieron a los individuos ejercer un catolicismo activo y coadyuvar a la difusión de los valores del conservadurismo católico.
Otra estrategia consistió en intensificar el culto a la Virgen de Lourdes, como se hizo en Francia en 1846. Esta estrategia, al ser implementada en México, romanizaría el catolicismo, haría que las peregrinaciones en el país aumentaran y que los ingresos derivados de la venta de artículos oficiales mejoraran las finanzas de la Iglesia. La compra de artículos religiosos permitiría extender la devoción de los símbolos católicos a otras personas. A pesar de lo novedoso de esta estrategia, la Virgen de Lourdes no tuvo éxito en el país, únicamente en ciertas Entidades Federativas.
Una acción que tuvo gran aceptación fue la coronación de la Virgen de Guadalupe, en 1895. La Iglesia católica desafió las leyes de la época, puesto que la coronación simbolizó que, a falta de un monarca, la reina simbólica sería la Virgen de Guadalupe, y se ratificó que México era una nación católica (Brading, 2002). Desde la óptica de los jacobinos, esto era una violación a la Constitución y hacía que públicamente la Iglesia demostrara que era superior al Estado.
En cuanto a la socialización y el activismo político, se desarrollaron cuatro actividades. La primera de ellas incrementó las actividades religiosas relacionadas con la devoción y los rezos a determinadas horas del día, como por ejemplo a través de la Hora de Guardia, o de organizaciones católicas como el Apostolado de la Oración. Estas actividades eran una política de resistencia diaria ante la prohibición de las leyes para las manifestaciones del culto externo. La relevancia de estas prácticas radica en que mantenían vigentes los valores del catolicismo sin necesidad de acudir a la Iglesia y podían socializarse con facilidad.
La segunda comprendió la recristianización de los obreros, motivada por el crecimiento de las zonas urbanas, a causa de las políticas industrializadoras del país y la constante migración rural que se integró como fuerza laboral al naciente mercado. La Iglesia católica trató de evitar la pérdida de los valores católicos y sumar adeptos a su ideología con el incremento de las parroquias en las ciudades o de actividades sociales impulsadas por la comunidad católica (Ceballos, 1991, p. 269). Los recién llegados a las ciudades se integraron rápidamente a los valores del catolicismo, rechazaron los “excesos” de la ciudad y al liberalismo como causa principal de la decadencia moral.
La emisión de la Rerum novarum aumentó las asociaciones obreras de católicos, debido a la influencia que ejercieron las organizaciones dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús para “revertir el satánico orden liberal” (Gutiérrez, 1889, p. 10), y a la insistencia de los párrocos en difundir la DSI a las clases trabajadoras. Desde su óptica, eran el blanco de los efectos negativos de la modernidad liberal. Por ello, la recristianización tenía que extenderse hacia la familia obrera. La comunidad eclesiástica presionó para que las familias fueran consagrándose al culto del Sagrado Corazón. Con ello, las organizaciones obreras adquirieron prestigio y poder, convirtiéndose en el siglo XX en una fuerza opositora al sindicalismo oficial.
En tercer lugar, la Iglesia católica se interesó en la educación de las mujeres. Al ser las responsables de la formación de los hijos, se convertirían en un medio de resistencia ante las políticas secularizadoras del liberalismo y tratarían de impedir que el laicismo educativo se concretara en la sociedad mexicana. La Iglesia católica recurrió al discurso reivindicador del papel de la mujer para la defensa del catolicismo y la formación de la moral de la sociedad. La proliferación de las escuelas católicas femeninas fue un mecanismo altamente eficaz en este proceso (Torres, 1997, p. 69). Se educó a las familias de ingresos altos, niñas abandonadas y en condiciones de pobreza extrema. Con ello se formó católicamente a las futuras familias del país. También se utilizaron distintas asociaciones católicas y de caridad y diversos medios de difusión ideológica. Ello marcaría el antecedente para el desarrollo de las asociaciones de padres de familia y de mujeres católicas en el siglo XX para la defensa de la religión en la educación.
En cuarto lugar, la Iglesia católica se valió de los momentos de conciliación con la élite política liberal para poder incrementar el número de escuelas confesionales para varones pertenecientes a las élites y a los sectores vulnerables (Torres, 1997, p. 64), y con ello revertir los efectos del liberalismo positivista, al que se le catalogó como “hereje”, “inmoral” y “corruptor de menores”. En suma, las estrategias de la Iglesia católica para resocializar en valores a la población mexicana, en los tiempos en que la pax porfiriana era una constante del régimen político, construyeron un frente de oposición social al liberalismo positivista y permitirían que en el siglo XX surgieran diversas organizaciones católicas para la defensa de la moral, a fin de evitar la secularización del Estado y de la educación.
LA CONCEPCIÓN DE LA NACIÓN CONSERVADORA CATÓLICA DURANTE EL GOBIERNO DE PORFIRIO DÍAZ
El proyecto de nación de la Iglesia católica estuvo –con ciertos matices– en consonancia con los valores del liberalismo en cuanto al proyecto político y económico de la élite porfirista. Esto se debe a que la Iglesia católica presenció grandes transformaciones mundiales. Continuamente era el blanco de las ideologías secularizadoras y anticlericales, por lo que su poder e influencia estaban siendo contrarrestados. La Iglesia decidió convertirse en un actor propositivo y combativo ante los cambios internacionales y para aminorar los efectos del socialismo y el comunismo, que, a su juicio, estaban controlando y adhiriendo a sus filas a los obreros empobrecidos del sector industrial y evitaban que la Iglesia cumpliera con su función social decretada por derecho divino.
Es en este contexto en el que apareció la DSI.4 Los orígenes de la DSI es posible ubicarlos en distintas encíclicas papales. Por su nivel de importancia, Rerum novarum de León XIII fue la encíclica en la que versaron las acciones de la Iglesia católica en respuesta al diagnóstico sobre la cuestión social que vivía el mundo. En ella se destacaban tres puntos clave para disminuir los efectos del individualismo capitalista propugnado por el liberalismo: la propiedad privada, la justicia social y el sindicalismo.
En la encíclica, aunque para la Iglesia católica el liberalismo había producido un antagonismo de clases y la aparición del socialismo a causa de la libre competencia y el individualismo, sostenía que el Estado tenía como función proteger los derechos de los individuos y promover la prosperidad pública para lograr el mejoramiento del bienestar familiar e individual. No obstante, pensaba, al igual que el liberalismo, que su intervención debía limitarse a dos aspectos: las iniciativas privadas y los bienes necesarios.
La Iglesia, al igual que el Estado liberal, demandaba el derecho de constituir asociaciones sindicales pero acordes con la doctrina cristiana, debido a que las consideraba como instituciones mediadoras entre ella y el Estado. Propugnaba el establecimiento de un salario que cubriera las necesidades familiares, individuales, los accidentes, las enfermedades y la desocupación. Su concepción de la propiedad privada era distinta a la liberal y socialista, ya que se oponía a que el Estado eliminara el derecho original sobre la tenencia de la tierra que había sido adquirido por herencia o por su compra, o que dispusiera arbitrariamente de ella mediante su expropiación.
Se oponía a la doctrina socialista, debido a que promovía su abolición, y concordaba con el liberalismo en que la propiedad privada era la base de la libertad del hombre. Con respecto a la política, la Iglesia católica mantuvo dos posturas. Por una parte, estaba a favor de la separación de esferas entre la religión y la política, y, por otra, un sector concebía que el plano moral en el que quería incidir el catolicismo estaba ligado con la política (Blancarte, 1992, pp. 48-58).
Esta pugna medianamente quedó resuelta en 1901 en la encíclica Graves de Communi, cuando León XIII permitió que la Iglesia católica formara parte del sistema de partidos, con el advenimiento de la Democracia Cristiana (DC). Esto fue resultado de la lucha del catolicismo liderada por León XIII y Pío X contra el avance del socialismo y el comunismo. La democracia en general significaba la ruptura del igualitarismo, que, desde la perspectiva de la Iglesia, habían implantado dichos regímenes de manera autoritaria.
Sin embargo, en el tema educativo diferían en la mentalidad secularizada que la educación liberal positivista formaba en los alumnos (El Tiempo, 1898). La Iglesia creía que la idea de neutralidad y tolerancia religiosa producía la pérdida del temor a Dios y anulaba su existencia por ser un hecho no verificable (Valverde, 1907, pp. 106-108 y 127-130). Desterraba el deseo de afiliación al catolicismo (El Tiempo, 1909), anulaba la veracidad de los milagros, permitía la tolerancia de valores contrarios al catolicismo, y las mujeres perdían el deseo de formar una familia católica (El Tiempo, 1895).
La Iglesia católica discrepaba en la idea de educar a todos los estudiantes. Ello implicaba una pérdida de recursos que podrían ser utilizados para instruir a los alumnos que ocuparían una posición relevante a la postre, y que podrían hacerse económica y moralmente responsables de los menos afortunados. Sugería que se instruyera a aquellos alumnos en extrema pobreza o con capacidades limitadas con los elementos básicos del catecismo y de la doctrina religiosa, ya que, si bien en un futuro no podrían tener funciones relevantes en la sociedad, podrían ser buenos feligreses.
La idea de nación, al igual que la liberal positivista, pretendía la formación de los elementos distintivos de “lo mexicano” y “la mexicanidad”. Por lo tanto, concordaban con el capitalismo, pero con responsabilidad moral, el mestizaje, el republicanismo,5 la inculcación de hábitos de higiene, la eliminación de los vicios, la ludopatía y la permisividad sexual (La Voz de México, 1898). Agregaban al catolicismo como elemento identitario y cohesionador de la nación mexicana (El Tiempo, 1892), ya que éste regeneraría moralmente la sociedad y mantendría los vínculos con el hispanismo.
CONCLUSIONES
De acuerdo con la visión de ambas élites con respecto a los valores de ciudadanía y de la nación, el conflicto educativo tuvo una interpretación diferente. Para los liberales positivistas, la escuela confesional había producido intolerancia frente a otras ideologías y religiones, que derivó en enfrentamientos civiles desde el inicio de la vida independiente del país. Pensaban que la escasa planeación educativa había conducido a la polarización ideológica y a la ignorancia. Por ello, creían que era necesario instaurar el laicismo y la homogeneidad de valores a través del positivismo. Por su parte, la Iglesia católica interpretó el conflicto como el plan masónico de la élite liberal para destruir el catolicismo y la familia católica al educar a la mujer sin la moral religiosa. Por lo tanto, se dedicó a evidenciar los efectos negativos del positivismo en lo que consideraban como “clases inferiores”.
A pesar de la disputa educativa, ambas élites –como pudo observarse– compartían un modelo de nación similar en cuanto a los planos económico, político y social. Desafortunadamente, el debate religioso y educativo mantuvo ocultos estos puntos de convergencia que habrían consolidado la estabilidad política mucho antes de lo esperado. Sin embargo, las etapas conciliatorias, pese a su desarrollo tardío, condujeron a que el liberalismo y el positivismo se volvieran las ideologías dominantes, y que la Iglesia católica pudiera resocializar en valores a la población. De este modo, cada ideología y facción pudieron coexistir sin enfrentamientos civiles. Logrando con ello que el conflicto educativo se mantuviera en los límites del consenso.