El futuro del “derecho al olvido” de la Unión Europea

En su fallo histórico del 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dedujo a partir de la ley de protección de datos de Europa que los ciudadanos europeos tienen el derecho de eliminar resultados de búsqueda que muestren información desactualizada, como pasadas condenas y otras indiscreciones previas, que, a pesar de haber sido publicada legalmente, ahora es irrelevante de forma tal que puede perjudicar la privacidad.

Hoy en día, este llamado “derecho al olvido” se encuentra —en dos aspectos— en una encrucijada. En primer lugar, tras una disputa de varios años entre Google y la autoridad de protección de datos de Francia y la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés, el Consejo de Estado de Francia ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un fallo preliminar para proporcionar orientación muy necesaria sobre la implementación del derecho, en particular en términos de si la eliminación de resultados de búsqueda debería realizarse localmente en la Unión Europea o de manera global. En segundo lugar, la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos plantea el problema de si —y cómo— el “derecho al olvido” consagrado en su artículo 17 tendrá algún impacto sobre el modelo actual de implementación de la supresión en la Unión Europea. En efecto, esa provisión, al haber sido redactada antes de que el TJUE presentara su decisión sobre Google España, prevé un alcance mayor de aplicación que va más allá de los motores de búsqueda.

La presente contribución discute cómo cada uno de estos dos acontecimientos afectará el futuro del derecho al olvido en Europa. Observando que el modelo actual de implementación del derecho tras el caso de Google España —basado en ordenamientos privados individuales y en particular en los estándares y prácticas internos de Google— carece de medios de escalabilidad, el artículo concluye que cualquier expansión, ya sea de su alcance geográfico o material, podría llevar a una falla práctica. El autor propone un modelo alternativo de implementación, inspirado por los sistemas alternos de resolución de disputas existentes.